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DS. Senado, Pleno, núm. 44, de 08/06/2005
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO

Año 2005 VIII Legislatura
Núm. 44
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 8 de junio de 2005


ORDEN DEL DÍA:

Primero

PREGUNTAS:

-- De D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la valoración del Gobierno en relación con el cumplimiento de los compromisos acordados en la cumbre hispano-francesa que tuvo lugar en Zaragoza el día 7 de diciembre de 2004, a la vista del referéndum celebrado en Francia. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 246, de fecha 6 de junio de 2005).
(Número de expediente S. 680/000455).


-- De D. JOSÉ MENDOZA CABRERA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre la fecha prevista por el Gobierno para cumplir la resolución aprobada en el debate sobre el estado de la Nación, relativa a la creación de un grupo de trabajo con la Comunidad Autónoma de Canarias para el estudio de las consecuencias del incremento de población en el archipiélago. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 246, de fecha 6 de junio de 2005). (Número de expediente S. 680/000456).


-- De D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la valoración que realiza el Presidente del Gobierno de la manifestación de apoyo a las víctimas del terrorismo, celebrada el día 4 de junio de 2005 en Madrid (Número de expediente S. 680/000479).


-- De D. NICOLÁS FERNÁNDEZ CUCURULL, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la opinión del Gobierno en relación con las causas por las que España ha dejado de ser un destino atractivo para el capital extranjero. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 246, de fecha 6 de junio de 2005). (Número de expediente S. 680/000467).


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-- De Dª MARÍA DEL CARMEN GUERRA GUERRA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas puestas en marcha por el Gobierno para resolver la grave situación de hacinamiento que están sufriendo los internos del centro penitenciario del Salto del Negro, en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 246, de fecha 6 de junio de 2005). (Número de expediente S. 680/000464)

-- De D. IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas previstas por el Gobierno para paliar la gran avalancha de menores marroquíes que diariamente entran por las costas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 246, de fecha 6 de junio de 2005). (Número de expediente S. 680/000466).


-- De D. AGUSTÍN CONDE BAJÉN, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas que está llevando a cabo el Gobierno para averiguar la procedencia del dinero prestado como fianza en favor del ex portavoz de Herri Batasuna (HB) en el Parlamento Vasco. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 246, de fecha 6 de junio de 2005). (Número de expediente S. 680/000469).


-- De Dª MARÍA DEL CARMEN GRANADO PANIAGUA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior en relación con la formación y sensibilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de violencia de género. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 246, de fecha 6 de junio de 2005). (Número de expediente S. 680/000472).


-- De D. ENRIQUE FEDERICO CURIEL ALONSO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las previsiones del Ministerio del Interior para mejorar o ampliar las instalaciones e infraestructuras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad Autónoma de Galicia.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 246, de fecha 6 de junio de 2005). (Número de expediente S.
680/000473).


-- De D. RAFAEL BRUGUERA BATALLA, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las previsiones del Ministerio del Interior de establecer mecanismos de colaboración con las Comunidades Autónomas con competencias en materia de tráfico, para que las mismas puedan constituirse como administraciones gestoras del registro de conductores e infractores. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 246, de fecha 6 de junio de 2005). (Número de expediente S. 680/000478).


-- De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre si el Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto incluir a la Comunidad Autónoma de Canarias en los proyectos urgentes que llevará a cabo para hacer frente a los efectos de la sequía.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 246, de fecha 6 de junio de 2005). (Número de expediente S.
680/000432).


-- De D. RAMÓN COMPANYS I SANFELIÚ, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la forma prevista por el Gobierno para hacer frente a las aportaciones necesarias para las obras de las cuencas internas de la Comunidad Autónoma de Cataluña, previstas en el Real Decreto-Ley 2/2004, de 18 de junio, de modificación del Plan Hidrológico Nacional (PHN). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 246, de fecha 6 de junio de 2005). (Número de expediente S. 680/000459).


-- De D. FRANCISCO JOSÉ VÁZQUEZ VÁZQUEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las actuaciones que está desarrollando el Ministerio de Medio Ambiente en la «Costa da Morte» de la Comunidad Autónoma de Galicia. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 246, de fecha 6 de junio de 2005). (Número de expediente S. 680/000470).


-- De D. LUIS ÁNGEL LAGO LAGE, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las acciones llevadas a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente en la provincia de Lugo, dentro del programa de Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua (programa AGUA). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 246, de fecha 6 de junio de 2005). (Número de expediente S. 680/000471).


-- De Dª ISABEL LÓPEZ AULESTIA, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones

Página 2289


sanitarias, al objeto de incluir la psicología. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 246, de fecha 6 de junio de 2005). (Número de expediente S. 680/000461).


-- De D. ANTONIO ROMÁN JASANADA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las previsiones de la Ministra de Sanidad y Consumo de impulsar la creación de la especialidad de medicina de urgencias.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 246, de fecha 6 de junio de 2005). (Número de expediente S.
680/000465).


-- De Dª MERCEDES AROZ IBÁÑEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre la opinión del Gobierno en relación con el nivel de gasto social en España. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 246, de fecha 6 de junio de 2005).
(Número de expediente S. 680/000477).


-- De D. EDUARDO CUENCA CAÑIZARES, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la valoración del Gobierno respecto al funcionamiento del servicio de cercanías de la entidad pública empresarial RENFE-Operadora, en la Comunidad de Madrid. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 246, de fecha 6 de junio de 2005).
(Número de expediente S. 680/000437)

-- De D. JOSÉ MENDOZA CABRERA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre el grado de cumplimiento por parte del Gobierno del Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, en lo que se refiere a su artículo 16, que obliga al Estado a designar un organismo para el cumplimiento de dicho Reglamento. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 246, de fecha 6 de junio de 2005). (Número de expediente S. 680/000457).


-- De D. GONZALO JAVIER PIÑEIRO GARCÍA-LAGO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las previsiones del Gobierno para defender los intereses de los pescadores españoles ante Francia y la Comisión Europea, respecto a la protección de la pesca de la anchoa. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 246, de fecha 6 de junio de 2005). (Número de expediente S. 680/000468).


-- De D. PEDRO RODRÍGUEZ CANTERO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las prioridades de España en la negociación del nuevo Reglamento de Desarrollo Rural. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 246, de fecha 6 de junio de 2005).
(Número de expediente S. 680/000475).


-- De D. CÁNDIDO RODRÍGUEZ LOSADA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las actuaciones en materia de regadíos que está realizando o va a realizar el Gobierno en la Comunidad Autónoma de Galicia. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 246, de fecha 6 de junio de 2005). (Número de expediente S. 680/000476).


-- De Dª ROSA NÚRIA ALEIXANDRE I CERAROLS, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre los criterios para decidir el contenido y las personas responsables de impartir la asignatura «Educación para la ciudadanía». (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 246, de fecha 6 de junio de 2005). (Número de expediente S. 680/000458).


-- De D. MANUEL PEZZI CERETO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las líneas principales de la estimación de inversión adicional destinada a la mejora del sistema educativo para el período 2006-2010 que han de afrontar las administraciones educativas. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 246, de fecha 6 de junio de 2005). (Número de expediente S. 680/000474)

-- De D. IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre la manera en que el Gobierno tiene previsto actuar en relación con la actitud hacia el Senado por parte del Embajador de España en la República Bolivariana de Venezuela. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 246, de fecha 6 de junio de 2005). (Número de expediente S. 680/000460).


-- De Dª ELENA ETXEGOYEN GAZTELUMENDI, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre la posición del Gobierno y las medidas que tiene previsto impulsar para lograr una solución urgente, justa y definitiva del conflicto del Sáhara occidental. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 246, de fecha 6 de junio de 2005). (Número de expediente S. 680/000462).


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Segundo

INTERPELACIONES:

-- De D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para dar cumplimiento a las previsiones existentes en relación con la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid, Zaragoza, Lleida y Barcelona. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 246, de fecha 6 de junio de 2005). (Número de expediente S. 670/000054).


-- De D. DAVID ISASI GARCÍA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la situación en la que se encuentra la Organización Común de Mercado (OCM) del azúcar y las negociaciones llevadas a cabo.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 246, de fecha 6 de junio de 2005). (Número de expediente S.
670/000058).


-- De Dª MARIA ASSUMPTA BAIG I TORRAS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la educación artística desde la educación infantil hasta los estudios superiores. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 246, de fecha 6 de junio de 2005). (Número de expediente S. 670/000057).


-- De D. LLUÍS BADIA I CHANCHO, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la política energética que tiene previsto desarrollar el Gobierno para evitar las graves repercusiones que puedan tener los problemas energéticos actuales sobre la economía española. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 246, de fecha 6 de junio de 2005). (Número de expediente S. 670/000056).


Tercero

ACUERDO POR EL QUE SE FIJA EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:

-- Acuerdo del Gobierno por el que, en cumplimiento de los artículos 8 y 13 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran, para el período 2006-2008 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2006. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 247, de fecha 6 de junio de 2005). (Número de expediente S. 702/000002). (Número de expediente C. D. 430/000002)

Cuarto

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

-- De la Comisión de Justicia, en relación con la Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III B, número 6, de fecha 3 de junio de 2005). (Número de expediente S. 624/000005) (Número de expediente C. D. 122/000110).


-- De la Comisión de Justicia, en relación con la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III B, número 7, de fecha 3 de junio de 2005). (Número de expediente S. 624/000006) (Número de expediente C. D.
122/000015).


SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.


Encuentro del grupo de amistad del Senado con la Cámara de Consejeros del Reino de Marruecos (Página 2297)

El señor Presidente anuncia la presencia en la tribuna pública del grupo de amistad, al que la Cámara da la bienvenida.


PREGUNTAS (Página 2297)

De D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la valoración del Gobierno en relación con el cumplimiento de los compromisos acordados en la cumbre hispano-francesa que tuvo lugar en Zaragoza el día 7 de diciembre de 2004, a la vista del referéndum celebrado en Francia (Página 2297)

Página 2291


El señor Mur Bernad formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Mur Bernad. En turno de dúplica, lo hace el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero).


De D. JOSÉ MENDOZA CABRERA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre la fecha prevista por el Gobierno para cumplir la resolución aprobada en el debate sobre el estado de la Nación, relativa a la creación de un grupo de trabajo con la Comunidad Autónoma de Canarias para el estudio de las consecuencias del incremento de población en el archipiélago (Página 2298)

El señor Mendoza Cabrera formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Mendoza Cabrera.


De D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la valoración que realiza el Presidente del Gobierno de la manifestación de apoyo a las víctimas del terrorismo, celebrada el día 4 de junio de 2005 en Madrid (Página 2299)

El señor García-Escudero Márquez formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor García-Escudero Márquez. En turno de dúplica, lo hace el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero).


De D. NICOLÁS FERNÁNDEZ CUCURULL, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la opinión del Gobierno en relación con las causas por las que España ha dejado de ser un destino atractivo para el capital extranjero (Página 2301)

El señor Fernández Cucurull formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo Fernández Cucurull. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).


De Dª MARÍA DEL CARMEN GUERRA GUERRA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas puestas en marcha por el Gobierno para resolver la grave situación de hacinamiento que están sufriendo los internos del centro penitenciario del Salto del Negro, en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) (Página 2303)

La señora Guerra Guerra formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Guerra Guerra. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez).


De D. IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas previstas por el Gobierno para paliar la gran avalancha de menores marroquíes que diariamente entran por las costas de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Página 2304)

El señor Cosidó Gutiérrez formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cosidó Gutiérrez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez).


De D. AGUSTÍN CONDE BAJÉN, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas que está llevando a cabo el Gobierno para averiguar la procedencia del dinero prestado como fianza en favor del ex portavoz de Herri Batasuna (HB) en el Parlamento Vasco (Página 2306)

El señor Conde Bajén formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Conde Bajén. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez).


De Dª MARÍA DEL CARMEN GRANADO PANIAGUA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior en relación con la formación y sensibilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de violencia de género (Página 2307)

Página 2292


La señora Granado Paniagua formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez).


De D. ENRIQUE FEDERICO CURIEL ALONSO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las previsiones del Ministerio del Interior para mejorar o ampliar las instalaciones e infraestructuras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad Autónoma de Galicia (Página 2308)

El señor Curiel Alonso formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez).


De D. RAFAEL BRUGUERA BATALLA, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las previsiones del Ministerio del Interior de establecer mecanismos de colaboración con las Comunidades Autónomas con competencias en materia de tráfico, para que las mismas puedan constituirse como administraciones gestoras del registro de conductores e infractores (Página 2309)

El señor Bruguera Batalla formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez).


De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre si el Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto incluir a la Comunidad Autónoma de Canarias en los proyectos urgentes que llevará a cabo para hacer frente a los efectos de la sequía (Página 2310)

El señor Melchior Navarro formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).


De D. RAMÓN COMPANYS I SANFELIÚ, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la forma prevista por el Gobierno para hacer frente a las aportaciones necesarias para las obras de las cuencas internas de la Comunidad Autónoma de Cataluña, previstas en el Real Decreto-Ley 2/2004, de 18 De junio, de modificación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) (Página 2311)

El señor Comanys i Sanfeliú formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Companys i Sanfeliú. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).


De D. FRANCISCO JOSÉ VÁZQUEZ VÁZQUEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las actuaciones que está desarrollando el Ministerio de Medio Ambiente en la «Costa da Morte» de la Comunidad Autónoma de Galicia (Página 2313)

El señor Vázquez Vázquez formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).


De D. LUIS ÁNGEL LAGO LAGE, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las acciones llevadas a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente en la provincia de Lugo, dentro del programa de Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua (Programa AGUA) (Página 2314)

El señor Lago Lage formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).


De Dª ISABEL LÓPEZ AULESTIA, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, al objeto de incluir la psicología (Página 2315)

La señora López Aulestia formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora López Aulestia. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez).


De D. ANTONIO ROMÁN JASANADA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las previsiones de la Ministra de Sanidad y Consumo de impulsar la creación de la especialidad de medicina de urgencias (Página 2316)

Página 2293


El señor Román Jasanada formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Román Jasanada. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez).


De Dª MERCEDES AROZ IBÁÑEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre la opinión del Gobierno en relación con el nivel de gasto social en España (Página 2318)

La señora Aroz Ibáñez formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Aroz Ibáñez.


De D. EDUARDO CUENCA CAÑIZARES, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la valoración del Gobierno respecto al funcionamiento del servicio de cercanías de la entidad pública empresarial RENFE-Operadora, en la Comunidad de Madrid (Página 2319)

El señor Cuenca Cañizares formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cuenca Cañizares En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


De D. JOSÉ MENDOZA CABRERA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre el grado de cumplimiento por parte del Gobierno del Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, en lo que se refiere a su artículo 16, que obliga al Estado a designar un organismo para el cumplimiento de dicho Reglamento (Página 2320)

El señor Mendoza Cabrera formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Mendoza Cabrera. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


De D. GONZALO JAVIER PIÑEIRO GARCÍA-LAGO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las previsiones del Gobierno para defender los intereses de los pescadores españoles ante Francia y la Comisión Europea, respecto a la protección de la pesca de la anchoa (Página 2321)

El señor Piñeiro García-Lago formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana). En turno de dúplica, lo hace el señor Piñeiro García-Lago. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana).


De D. PEDRO RODRÍGUEZ CANTERO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las prioridades de España en la negociación del nuevo Reglamento de Desarrollo Rural (Página 2323)

La señora González Lahidalga formula la pregunta del señor Rodríguez Cantero. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana).


De D. CÁNDIDO RODRÍGUEZ LOSADA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las actuaciones en materia de regadíos que está realizando o va a realizar el Gobierno en la Comunidad Autónoma de Galicia (Página 2324)

El señor Rodríguez Losada formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana).


De Dª ROSA NÚRIA ALEIXANDRE I CERAROLS, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre los criterios para decidir el contenido y las personas responsables de impartir la asignatura «Educación para la ciudadanía» (Página 2325)

La señora Aleixandre i Cerarols formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Educación y Ciencia (Sansegundo Gómez de Cadiñanos). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Aleixandre i Cerarols. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Educación y Ciencia (Sansegundo Gómez de Cadiñanos).


Página 2294


De D. MANUEL PEZZI CERETO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las líneas principales de la estimación de inversión adicional destinada a la mejora del sistema educativo para el período 2006-2010 que han de afrontar las administraciones educativas (Página 2326)

La señora Hernández Gutiérrez formula la pregunta del señor Pezzi Cereto.
En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Educación y Ciencia (Sansegundo Gómez de Cadiñanos).


De D. IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre la manera en que el Gobierno tiene previsto actuar en relación con la actitud hacia el Senado por parte del Embajador de España en la República Bolivariana de Venezuela.


Esta pregunta ha sido aplazada.


De Dª ELENA ETXEGOYEN GAZTELUMENDI, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre la posición del Gobierno y las medidas que tiene previsto impulsar para lograr una solución urgente, justa y definitiva del conflicto del Sahara occidental.


Esta pregunta ha sido aplazada.


INTERPELACIONES (Página 2327)

De D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para dar cumplimiento a las previsiones existentes en relación con la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid, Zaragoza, Lleida y Barcelona (Página 2327)

El señor Mur Bernad realiza la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Cierra el debate la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


De D. DAVID ISASI GARCÍA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la situación en la que se encuentra la Organización Común de Mercado (OCM) del azúcar y las negociaciones llevadas a cabo (Página 2333)

El señor Isasi García realiza la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Cierra el debate la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana).


De Dª MARIA ASSUMPTA BAIG I TORRAS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la educación artística desde la educación infantil hasta los estudios superiores (Página 2339)

La señora Baig i Torras realiza la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Educación y Ciencia (Sansegundo Gómez de Cadiñanos). Vuelve a intervenir la señora interpelante. Cierra el debate la señora Ministra de Educación y Ciencia (Sansegundo Gómez de Cadiñanos).


De D. LLUÍS BADIA I CHANCHO, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la política energética que tiene previsto desarrollar el Gobierno para evitar las graves repercusiones que puedan tener los problemas energéticos actuales sobre la economía española.


Esta interpelación ha sido aplazada.


Se suspende la sesión a las catorce horas y veinticinco minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.


ACUERDO POR EL QUE SE FIJA EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (Página 2343)

Acuerdo del Gobierno por el que, en cumplimiento de los artículos 8 y 13 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran, para el período 2006-2008 y el límite de

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gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2006 (Página 2343)

El señor el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira) presenta el acuerdo. El señor Sánchez Sánchez-Seco consume un turno en contra. El señor Bru Parra consume un turno a favor. En turno de portavoces, intervienen los señores Cuenca Cañizares, por el Grupo Parlamentario Mixto; Gasòliba i Böhm, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Albistur Marin, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; la señora Aroz Ibáñez, por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, y los señores Bru Parra, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Sánchez Sánchez-Seco, por el Grupo Parlamentario Popular.
Los señores Sánchez- Sánchez-Seco, Gasòliba i Böhm y Bru Parra vuelven a hacer uso de la palabra en virtud del artículo 87. Cierra el debate el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).


Se rechaza el acuerdo del Gobierno por 115 votos a favor y 121 en contra.


El señor Presidente anuncia su traslado al Congreso de los Diputados para su ratificación, en su caso.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 2357)

De la Comisión de Justicia, en relación con la Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Pena (Página 2357)

La señora Martínez García, Presidenta de la Comisión, presenta el dictamen.


Se inicia el debate de la propuesta de veto.


El señor Ferrández Otaño defiende la propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Popular. El señor Lerma Blasco consume un turno en contra. En turno de portavoces, intervienen la señora López Aulestia, por el Grupo Parlamentario Mixto, y los señores Ayala Fonte, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; Badia i Chancho, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Zubia Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; Bofill Abelló, por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés; Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Ferrández Otaño, por el Grupo Parlamentario Popular. Los señores Lerma Blasco, Bonet i Revés y Ferrández Otaño vuelven a hacer uso de la palabra en virtud del artículo 87.


Se rechaza la propuesta de veto por 106 votos a favor y 126 en contra

Comienza el debate del articulado.


El señor Gutiérrez González defiende las enmiendas números 1 a 7 del Grupo Parlamentario Popular. El señor Díaz tejera consume un turno en contra. En turno de portavoces, intervienen los señores Badia i Chancho, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Bonet i Revés, por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés; Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Gutiérrez González, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 1 a 7, del Grupo Parlamentario Popular, por 104 votos a favor y 123 en contra.


Se aprueba el texto del dictamen por 123 votos a favor y 104 en contra.


El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.


De la Comisión de Justicia, en relación con la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina (Página 2377)

El señor Gutiérrez González, vicepresidente Segundo de la Comisión, presenta el dictamen.


Comienza el debate del articulado.


La señora Martínez García defiende la propuesta de modificación que sustituye a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. La señora Salanueva Murguialday consume un turno en contra. En turno de portavoces, intervienen las señoras Aleixandre i Cerarols, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Etxegoyen Gaztelumendi, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; el señor Bofill Abelló, por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, y las señoras Martínez García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Salanueva Murguialday, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se aprueba la propuesta de modificación por 119 votos a favor y 100 en contra.


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Se aprueba el texto del dictamen por 219 votos a favor de los 219 emitidos.


El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


Se levanta la sesión a las veintiuna horas y cinco minutos.
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Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.


-- ENCUENTRO DEL GRUPO DE AMISTAD DEL SENADO CON LA CÁMARA DE CONSEJEROS DEL REINO DE MARRUECOS (S. 828/000003).


El señor PRESIDENTE: Antes de comenzar con el orden del día les comunico que en la tribuna de público se encuentra el grupo de amistad marroquí, al que damos la bienvenida a nuestro país. (Los senadores, puestos en pie, aplauden dirigiéndose hacia la tribuna de público.--Algunos señores senadores exhiben una pancarta en la que se lee: Sahara en libertad.)

PREGUNTAS:

-- DE DON JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ACORDADOS EN LA CUMBRE HISPANO-FRANCESA QUE TUVO LUGAR EN ZARAGOZA EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 2004, A LA VISTA DEL REFERÉNDUM CELEBRADO EN FRANCIA (S. 680/000455).


El señor PRESIDENTE: Primer punto del orden del día: Preguntas.
Las preguntas del senador Anasagasti y de la senadora Etxegoyen han sido aplazadas.
Pregunta del senador Mur.
Su señoría tiene la palabra.


El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señor presidente del Gobierno, y gracias por comparecer en esta sesión de control, que me permite formularle esta pregunta.
Señor presidente, el pasado día 29 el «No» francés --luego llegaría el holandés-- al Tratado de la Unión Europea ha supuesto un duro revés para los planes de la Europa de los Veinticinco.
En el rechazo francés hay una afección y una dimensión española que conviene conocer y ponderar. Por ello, a la vista de las nuevas circunstancias, tanto en Europa como en Francia, ¿cree el señor presidente que se podrán cumplir los compromisos de la cumbre hispano-francesa que se celebró en Zaragoza el pasado 7 de diciembre? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Mur, como su señoría sabe, la cumbre de Zaragoza, que se celebró durante el pasado mes de diciembre, puso un especial énfasis en la cooperación transfronteriza entre España y Francia, algo muy necesario para nuestro país y especialmente para algunas regiones.
España y Francia acordaron coordinar esfuerzos y hacer una planificación conjunta de las actuaciones necesarias para garantizar ese progreso en materia de infraestructuras fronterizas de transporte. Concretamente se analizaron tres campos: los enlaces ferroviarios, las conexiones por carretera y cuestiones relativas al transporte y la seguridad marítimos.
Esas iniciativas se precisaron con más detalle, como también yo voy a hacer a continuación.
Respecto de los enlaces ferroviarios, se hizo referencia a la línea de alta velocidad Figueres-Perpignan, al enlace Vitoria-Dax, a la vieja línea Zaragoza-Pau-Canfranc y al nuevo proyecto ferroviario transpirenaico de gran capacidad.
En lo que a las conexiones por carretera se refiere, se volvió a hablar del enlace Zaragoza-Somport-Pau, del de Lleida-Toulouse, por Vielha, del de Pamplona-Ortez, así como de la conexión Barcelona-Puigcerdá-Toulouse, la de San Sebastián-Irún, la de Hendaya-Bayona y la de Barcelona-Perpignan.
Como he dicho, también se abordaron cuestiones relativas al transporte y seguridad marítimos, asuntos en los que imagino que el interés directo de su señoría será algo menor. El Gobierno va a hacer todo cuanto esté en su mano para dar cumplimiento puntual y completo a los compromisos asumidos, y estamos trabajando en ello junto al Gobierno francés.
Esperamos contar con la colaboración de todas las administraciones, desde luego con las administraciones de los dos países de ambos lados de la frontera y también con la colaboración de las comunidades autónomas interesadas de manera singular en que esa cooperación transfronteriza tenga una nueva etapa en la que elementos tan positivos y de progreso para nuestro país se puedan ver concluidos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el senador Mur.


El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente, por los datos que hoy nos ha confirmado. Pero la crisis, la incertidumbre francesa nos afecta muy directamente. Su situación económica y social alejan indefinidamente los proyectos de abrir nuevas vías de comunicación a través de los Pirineos.
Francia es uno de nuestros mejores clientes y sus problemas no son una buena noticia para nuestras exportaciones. Usted sabe muy bien que grandes obras públicas, grandes infraestructuras en nuestro país están pendientes de los fondos europeos, que inevitablemente se irán recortando. Vamos a ver que pasa la próxima semana. Esperemos que no varíe la política antiterrorista, aunque el cambio de interlocutores conllevará cambios en la estructura intermedia que no agilizará la cooperación práctica.
En la Cumbre de Zaragoza, señor presidente, se creó un buen clima de cooperación, pero algunos de los protagonistas

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ya no están. El primer ministro Raffarin ya no es primer ministro y otros han cambiado de responsabilidad. Hubo acuerdo en el túnel de baja cota por el Pirineo central, usted lo acaba ahora de confirmar.
Hubo presencia de los presidentes autonómicos de este lado de los Pirineos. Se acordó otra reunión con participación de las comunidades autónomas y de las regiones francesas, pero esta cumbre bilateral, llamada Cumbre de los Pirineos, con los primeros ministros, las comunidades autónomas y las regiones, que tendría un carácter anual y se iba a celebrar en Barcelona en el primer semestre, se ha suspendido, no hay fecha, se ha pospuesto indefinidamente.
Señor residente, el tiempo pasa, los proyectos no avanzan, el paso central del Pirineo no se concreta y mientras permítame que le diga que nos preocupa en Aragón que otras iniciativas avancen quizá más rápidas, y me estoy refiriendo en este momento al eje ferroviario Algeciras-Duisburg a través de Portbou, el llamado proyecto Ferrmed, que va ganando apoyos.
Señor presidente, desde el sábado del referéndum, desde el «No» francés las cosas son un poco más difíciles. Necesitará usted más determinación y más esfuerzo. En esa línea, puede contar con nosotros.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente y señor Mur.
Quiero recordar un aspecto políticamente relevante de lo que fue la Cumbre de Zaragoza porque en ella estuvieron los presidentes de las comunidades autónomas españolas y una representación de los presidentes de las regiones francesas fronterizas y nos proponemos dar un paso más en esta dirección. Como usted ha recordado, se había programado para finales de mayo un nuevo encuentro hispano-francés, con la participación operativa no sólo del primer ministro francés y del presidente del Gobierno de España, sino con una nutrida representación de ambos gobiernos y de los presidentes de las administraciones autonómicas y regionales respectivas. La reunión, en efecto, iba a tener lugar en Barcelona y fue aplazada por razones de salud del anterior primer ministro francés.
El Gobierno se propone reactivar con carácter inmediato la convocatoria.
Así se lo he expresado ya en una reciente conversación telefónica al nuevo primer ministro francés, señor Villepin, que ha estado de acuerdo en volver a tomar la iniciativa. Por tanto, tendremos en una próxima fecha una convocatoria de este encuentro para relanzar nuestra cooperación transfronteriza.
Es necesario y conveniente que nuestras comunidades autónomas puedan asociarse más a estos asuntos. Hablamos de grandes infraestructuras que han de desenvolverse en el medio físico, a la vez privilegiado y complejo de la cordillera pirenaica, lo que requiere sin duda alguna inversiones, imaginación y respeto inequívoco al medio ambiente, a la preservación de formas tradicionales de vida orientadas por el máximo respeto a la riqueza del patrimonio físico y cultural que albergan los valles pirenaicos.
Por otra parte, pensamos que las interconexiones de transporte no agotan el catálogo de posibilidades para la cooperación transfronteriza. De hecho, ya hay proyectos en curso muy importantes en el terreno de la energía, de la educación o de la sanidad. Debemos, pues, trabajar conjuntamente para eliminar las barreras que separan a España y a Francia, lo que nos beneficiará a todos, y de manera muy singular a España y a algunas de nuestras comunidades autónomas. Eso supondrá, sin duda alguna, un esfuerzo importante por parte de ambos gobiernos y, como usted sabe, los objetivos y lo tratado en ese cumbre han tenido ya algún resultado práctico. Teníamos un problema serio con el paso de camiones por el túnel de Somport, y como usted sabrá sin duda alguna, afortunadamente desde el pasado lunes se ha reabierto la posibilidad de que los camiones de tres toneladas y media vuelvan a transitar desde el túnel de Somport, que enlaza Francia a España por los Pirineos, y a partir del 20 de junio estará todo el tránsito restablecido.
Quiero tranquilizar a su señoría y a la Cámara sobre lo que han supuesto los cambios en la política interna en Francia como consecuencia del resultado del referéndum. Tengo la firme convicción de que Francia es un socio de la Unión Europea, un amigo de España, y más allá de los cambios de gobierno y de los avatares internos hay una política de Estado, y no tengo ninguna duda de que la cooperación transfronteriza, que la cooperación, por supuesto, en materia antiterrorista, que se desarrolla de una forma excelente entre España y Francia, va a continuar con absoluta normalidad. Eso es lo que sucede en países democráticos avanzados, como son España y Francia.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.


-- DE DON JOSÉ MENDOZA CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA CUMPLIR LA RESOLUCIÓN APROBADA EN EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN, RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA EL ESTUDIO DE LAS CONSECUENCIAS DEL INCREMENTO DE POBLACIÓN EN EL ARCHIPIÉLAGO (S. 680/000456).


El señor PRESIDENTE (Rodríguez Zapatero): Pregunta del senador Mendoza Cabrera.
Tiene la palabra su señoría.


El señor MENDOZA CABRERA: Gracias, presidente. Buenos días, señor presidente del Gobierno.
Con motivo del último debate del estado de la nación, se aprobó una resolución por la que se instaba a su Gobierno a crear un grupo de trabajo con la Comunidad Autónoma

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de Canarias para analizar las consecuencias del incremento demográfico en dicha comunidad y sus posibles soluciones. ¿Cuándo prevé el señor presidente del Gobierno poner en marcha este grupo de trabajo? Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Mendoza Cabrera, en efecto, el debate sobre el estado de la nación, como usted ha recordado, tuvo como consecuencia la aprobación de varias resoluciones presentadas por los distintos grupos parlamentarios hace exactamente tres semanas. La resolución aprobada el 17 de mayo, relativa a Canarias, a la que hace referencia, contenía un doble mandato: la creación de dos grupos de trabajo entre Canarias y el Estado. Hoy se refiere usted concretamente al primero de ellos, que debe estudiar las consecuencias del incremento poblacional en el archipiélago y las medidas necesarias para su debida integración. Dicho grupo se va a crear en el mes de julio, y en él participarán representantes de los dos gobiernos.
Por parte del Gobierno del Estado, el equipo de trabajo va a estar coordinado y dirigido por la Vicepresidencia Primera del Gobierno, y estoy convencido de que va a ser un grupo por el que el gobierno de Canarias va a mostrar el máximo interés y a poner la máxima colaboración para abordar esta preocupación de la que somos conscientes y que compartimos que existe en cuanto al futuro del archipiélago.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, presidente.
Tiene la palabra el senador Mendoza.


El señor MENDOZA CABRERA: Gracias.
Agradezco su respuesta y su celeridad para poner en marcha el grupo.
Supongo que es usted consciente de que el incremento demográfico en Canarias en los últimos años se está convirtiendo en un problema realmente preocupante. En los últimos cinco años se ha incrementado la población en más de 200.000 habitantes --estamos hablando sobre un total de 1.900.000 en un área en la que el 40 por ciento son espacios protegidos y, por lo tanto, no es posible su utilización--, lo que demanda un incremento de utilización de los recursos, uno de los cuales, que es el suelo, es del que menos disponemos y el que estamos obligados a dejar a las generaciones futuras, que tiene una alta incidencia en los servicios públicos, que se encuentran desbordados: sanidad, educación, en las infraestructuras.
Insisto, agradezco la respuesta concreta, la serenidad, la concreción en cuanto a quiénes van a ser los responsables por parte de su Gobierno de este grupo de trabajo y espero que, a la mayor brevedad, podamos tener, en primer lugar, un diagnóstico común y, en segundo lugar, apuntar posibles soluciones para ir poniendo en marcha y su evaluación posterior sobre la eficacia de las mismas.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACIÓN QUE REALIZA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LA MANIFESTACIÓN DE APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO, CELEBRADA EL DÍA 4 DE JUNIO DE 2005 EN MADRID (S. 680/000479).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador García-Escudero.
Tiene la palabra su señoría.


El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: Gracias, señor presidente. Buenos días.
¿Qué valoración hace el presidente del Gobierno de la manifestación de apoyo a las víctimas del terrorismo que se celebró el pasado día 4 de junio en Madrid?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente; gracias, señor García-Escudero.
La valoración que hace el Gobierno es la que corresponde a un Gobierno de convicciones democráticas. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): En primer lugar, de profundo respeto a lo que es el ejercicio de un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución y en nuestro sistema político y, en segundo lugar --como conoce su señoría y ha expresado-- la actitud del Gobierno es la de escuchar las razones de los manifestantes, de los promotores de la convocatoria y, por supuesto, de dialogar con ellos. Ésa es la reacción que creo, sinceramente, es notablemente distinta de la que vivimos en los últimos tiempos (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Hemos visto por parte del Gobierno respeto, ausencia de insultos y voluntad de diálogo.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra su señoría.


El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: Señor presidente, si la democracia española tiene una deuda con alguien es precisamente con las víctimas del terrorismo de ETA, con los cerca de mil muertos y sus familiares, con las

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miles de personas que han quedado dañadas para siempre, con tantos y tantos que tuvieron que irse del País Vasco dejándolo todo y empezar una nueva vida. Esa deuda no se salda sólo diciendo que siempre van a estar en nuestra memoria y en nuestro corazón porque esa deuda es impagable. Y si hay alguna manera de resarcirla, aunque sólo sea parcialmente, es actuando como se ha venido haciendo hasta ahora, es decir, ayudándoles en todas sus necesidades sin escatimar ningún tipo de esfuerzo y luchando contra ETA de manera eficaz utilizando todos los instrumentos que nos da el Estado de Derecho.
Nosotros pensamos que ése es el único homenaje permanente para ellos y ésa es la dignificación de tanto sacrificio. Porque consideramos que ellos deben ser el referente moral y político en la lucha contra ETA y pensamos también que ningún Gobierno puede cambiar o adoptar ninguna actitud en la lucha antiterrorista sin contar previamente con el apoyo de esas víctimas. Y usted, en un año, parece haber abandonado una política en la lucha contra ETA que se había demostrado eficaz; no sé si por ingenuidad o vanidad, usted ha levantado una serie de expectativas absurdas que han terminado en una resolución que habla de negociar con la banda terrorista ETA. (El señor Cucurull Alonso y varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista hacen signos negativos.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.


El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: La resolución que se aprobó en el Congreso de los Diputados establece un condicional hipotético: que ETA abandone la violencia, y esa hipótesis hoy parece bastante aventurada, porque lo único cierto es que hasta ahora quien solamente ha dado muestras de cesión ha sido su Gobierno. Fíjese, el entorno de ETA vuelve a estar en el Parlamento Vasco, e incluso se permite elegir quién va a presidirlo. Batasuna ha vuelto a la calle de manera desafiante. Su partido ha hablado con el entorno de Batasuna, su Gobierno ha intentado dividir a las víctimas, y todo eso parece una invitación permanente para que ETA se siente a negociar, y sin embargo ETA sigue poniendo bombas y sigue extorsionando. ¿Cree usted que el final de ETA está más próximo que hace un año? Hace un año, para ETA solamente había un mensaje, que abandonara las armas, que dejara de matar y que se disolviera. Y se estaban utilizando una serie de instrumentos que se habían demostrado eficaces (El señor Carracao Gutiérrez: ¡Eso es demagogia!): el Pacto Antiterrorista, la Ley de Partidos, el apoyo a las víctimas, la presión social, las actuaciones de las fuerzas de seguridad y de los jueces, la colaboración internacional, y no sabemos realmente en qué ha quedado todo eso ahora, porque la situación no es exactamente mejor.
Usted ha sembrado, en materia de política antiterrorista, un desconcierto y una incertidumbre sin parangón, desde que comenzó la democracia. (El señor Agramunt Font de Mora: ¡Muy bien!) Y en muy poco tiempo usted ha herido muchas sensibilidades en materia antiterrorista también, y yo le pido hoy que rectifique, porque el pasado sábado centenares de miles de españoles se manifestaron, sumando sus voces a las voces de las víctimas, y el Partido Popular estaba allí, donde ha estado siempre (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--El señor Carracao Gutiérrez: ¡Demagogos!), junto a las víctimas. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Y ustedes nos están reprochando precisamente eso: haber estado donde siempre, junto a las víctimas.
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) En vez de eso, ¿por qué no se preguntan por qué son las víctimas quienes le reprochan a su Gobierno el sentirse abandonadas? ¿Quién ha cambiado de postura, señor Zapatero? Usted mantiene que no hay negociación con ETA, pero, ¿por qué no le cree la mayoría de los españoles? ¿Por qué se tolera una manifestación simultánea de Batasuna, con el señor Otegi a la cabeza, diciendo que usted y su Gobierno no están cumpliendo? ¿Cumpliendo qué, señor Zapatero? Usted le debe una explicación a la sociedad española, una explicación clara y firme. Usted les tiene que decir si considera que todavía están en vigor el Pacto Antiterrorista y la Ley de Partidos, igual que lo pensamos nosotros. Usted les tiene que decir también si cree que la única manera eficaz de terminar con ETA es utilizar todos los instrumentos que nos da el Estado de Derecho, sin ceder a ningún tipo de presión, porque si no fuera así, empezaría a cundir la idea de que tanto sacrificio ha sido inútil, y se empezaría a generar un mensaje demoledor: que la utilización de la violencia puede al final tener réditos políticos.
Usted ha dicho que va a recibir a las víctimas. Hágalo, y cuando les reciba, míreles a los ojos, escúcheles con atención, y dígales la verdad, y no haga bueno a Tayllerand, cuando decía que las palabras sólo sirven para ocultar los verdaderos pensamientos. (Fuertes y prolongados aplausos de los señores senadores del Grupo Parlamentario Popular, puestos en pie.--El señor Agramunt Font de Mora: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor García-Escudero, no puedo estar más de acuerdo con usted en el sentimiento que ha expresado en torno a las víctimas del terrorismo de ETA, y de cualquier terrorismo en nuestro país o en cualquier país del mundo. Ese sentimiento de reconocimiento, de dolor, de apoyo moral, de apoyo en todos los terrenos, es tan fuerte en mí que me lleva a que nunca haya hablado en nombre de las víctimas, ni nunca haya usado a las víctimas en el debate político sobre el terrorismo. (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) En segundo lugar, le tengo que decir que sufrimos el terrorismo de la banda terrorista ETA desde hace más de 30 años. Esto ha provocado un inmenso dolor a mucha gente,

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a todo el país. Es, sin duda alguna, desde la transición democrática el problema más grave, quizá el único grave, que tiene nuestro país.
Así lo he pensado desde el primer día que obtuve la investidura como presidente de Gobierno y, en coherencia con ello, desde el primer día he puesto a todo mi Gobierno a trabajar con un doble y consecutivo objetivo: primero, combatir el terrorismo con toda nuestra energía, como Gobierno democrático y, segundo, trabajar por el objetivo de ver el fin de la violencia y la paz en Euskadi y en España. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Quiero decirles que hay algunas cosas en este año que, en efecto, han cambiado --usted lo decía--. La primera, y permítame que le intente trasladar una reflexión, es que afortunadamente, desde mi punto de vista, las circunstancias de lo que ha representado el terrorismo de ETA de hace unos años a hoy son distintas. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Varios señores senadores de dicho Grupo: ¿Distintas por qué?) Como digo son distintas, y eso, sensatamente, sin el apasionamiento partidario que habitualmente exige y comporta la democracia, nos debería permitir poder dialogar en torno a ello con una cierta capacidad de reflexión. La segunda es que éste es el primer Gobierno que comprueba que la oposición no le apoya en la lucha antiterrorista. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista. Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--El señor Sanz Pérez hace signos negativos.) Sí, señoría. Es el primer Gobierno de cualquier país democrático... (Fuertes rumores.)

El señor PRESIDENTE: Por favor, les ruego que guarden silencio.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.
... y de todos los que ha habido desde la transición democrática hasta aquí que comprueba que la oposición hace oposición en lo que representa la lucha contra la violencia. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular hacen signos negativos.) Ciertamente esto es novedoso.
En tercer lugar, éste es --igual que en el punto anterior-- el único Gobierno hasta el día de hoy --después de haber conocido ayer lo que dijo el señor Fraga--, y no ya desde la democracia, sino desde la transición democrática, que no ha negociado con ETA. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Todos los demás lo han hecho, incluido el Gobierno del Partido Popular. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Fuertes rumores en el Grupo Parlamentario Popular.--El señor Piqué i Camps: No es verdad.) Eso es así. Le tengo que decir.


El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.


El señor PRESIDENTE DE GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.
Le tengo que decir que yo sinceramente respeto --fíjese, ni siquiera lo pongo como un elemento de contradicción moral-- que aquellos, como fue el Gobierno del señor Aznar, que se sentaron a negociar con ETA, hoy mantengan la posición que mantienen. Igualmente respeto la que ha mantenido hoy usted en esta Cámara. Pero seamos justos con la historia, seamos decentes con la verdad de los hechos, señor García-Escudero.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular: ¡Pinocho!) En cuarto lugar, este es el Gobierno que en su primer año de gestión ha tenido unos resultados más eficaces en la persecución --esto es evaluable-- y detención de presuntos miembros de ETA y dirigentes fundamentales, 178 en un año y un mes de gestión de este Gobierno.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) En quinto lugar, señor García-Escudero, este Gobierno ha hecho un ejercicio de transparencia democrática, tal y como prometí en mi investidura. (Protestas desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) No voy a juzgar cómo se hicieron otros procesos, no es mi tarea. Mi tarea es decir, como he dicho a la Cámara, como he dicho a la ciudadanía de este país, que si existe una oportunidad de que el Gobierno pueda contrastar que ETA tiene la voluntad de abandonar las armas y dejar la violencia para siempre, por supuesto que dialogará para buscar y llegar a la paz, que es lo que quiere la inmensa mayoría de los españoles. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Varios señores senadores desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular: ¡Pasará a la historia!) Y por último le diré que trágicamente no podemos conocer la última voluntad de las víctimas del terrorismo de ETA, pero tengo la profunda convicción de que la voluntad de la inmensa mayoría de los españoles es ver conseguido el logro de que no haya más víctimas del terrorismo de ETA. (Varios señores senadores desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular: ¡A ver, a ver!) Puedo asegurarle, señor García-Escudero, que el Gobierno, con el objetivo y la reiterada invitación a que este afán sea, como ha sido siempre, desde el primer día de nuestra democracia, un afán de todos los partidos políticos, de todos los ciudadanos, trabaja por el fin de ETA, por el fin del terrorismo, por el fin de la violencia y por la paz en Euskadi, lo que será, sin duda, el mejor tributo que podremos entregar a las víctimas del terrorismo. (Fuertes y prolongados aplausos de los señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista puestos en pie.--Rumores y protestas desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

-- DE DON NICOLÁS FERNÁNDEZ CUCURULL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA OPINIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LAS CAUSAS POR LAS QUE ESPAÑA HA DEJADO DE SER UN DESTINO ATRACTIVO PARA EL CAPITAL EXTRANJERO (S. 680/000467).


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Pregunta de don Nicolás Fernández Cucurull, que tiene la palabra.


El señor FERNÁNDEZ CUCURULL: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor vicepresidente.
Según los datos recientemente aportados por el Gobierno, en el pasado ejercicio de 2004 la inversión extranjera neta en España se redujo a un 47 por ciento, porcentaje que aumenta hasta casi el 90 por ciento si consideramos la inversión extranjera directa, es decir, aquella que supone transferencia de tecnología y capital y, por tanto, generadora de empleo. Dichas cifras parecen indicar que se ha producido una pérdida de confianza en nuestro país por parte de los agentes económicos internacionales.
Por ello, señor vicepresidente, y en atención a los datos que acabo de señalar, nos gustaría saber cuáles son, en opinión del Gobierno, las causas por las que España ha dejado de ser un destino atractivo para la inversión extranjera.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, España sigue siendo un destino muy atractivo para la inversión extrajera. De hecho, en el año 2004 hemos alcanzado una cifra récord de inversión extranjera total, por encima de la conseguida en el año 2003, que supuso una caída respecto del 2002. Estamos hablando de inversiones de 74.000 millones en el año 2002; de 58.000 millones en el 2003, y 114.000 millones en el 2004. Así pues, no hay pérdida de confianza.
Es cierto que lo que ha cambiado en cierta medida es el tipo de inversión que se está produciendo en España. Hay menos inversión directa y más inversión de otras características, como inversión financiera. La inversión en cartera ha ido adoptando progresivamente un mayor protagonismo, y ha pasado de 36.000 millones a 106.000 millones, lo que creo es un muy buen reflejo del elemento confianza.
¿Qué ha pasado con la inversión directa? La inversión directa bruta ha seguido a unos ritmos relativamente satisfactorios, que han sido en el año 2004 prácticamente los mismos que en el 2003, por debajo de los años 2000 a 2002, pero muy por encima de los años anteriores. Lo que sí es cierto es que hay una concentración de inversión directa en otras zonas, especialmente en China, y una recompra de empresas extranjeras por empresas españolas, lo cual ha dado lugar a la caída de la inversión directa.
Esos elementos, en mi opinión, no son de especial preocupación, aunque sí son elementos que hay que seguir con interés.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Tiene la palabra su señoría.


El señor FERNÁNDEZ CUCURULL: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, en sus recientes intervenciones públicas, al igual que hoy, ha efectuado usted un continuo ejercicio de optimismo sobre los datos de la economía española. Nosotros podemos llegar a entender que dicho ejercicio forme parte de sus responsabilidades como ministro, pero me reconocerá que este eslogan de «Todo va mejor» no va a arreglar por sí mismo los desequilibrios de nuestra economía. Los datos que hemos aportado sobre la evolución de la inversión extranjera en España son, a nuestro juicio, un síntoma de que existen factores que generan incertidumbre. Y ya que usted no lo ha hecho, voy a enumerar una serie de factores que, en opinión de mi grupo, pueden estar generando esa incertidumbre. El errático cambio en la política exterior, los tic intervencionistas de su Gobierno en las grandes empresas, las reformas en contra de la liberalización y de la competitividad en materia de horarios comerciales o del salario mínimo interprofesional, el aparcamiento de las reformas fiscales necesarias en materia de IRPF o sociedades, la excesiva dependencia energética de nuestro país, las reformas que han desmantelado el Pacto de Estabilidad o las que han descafeinado el Pacto de Lisboa, la inquietud que se transmite a los mercados por la apertura de un debate sobre financiación autonómica sin ninguna propuesta clara y definida por parte del Gobierno, el excesivo incremento del gasto público --como prueba el nuevo objetivo de estabilidad presupuestaria--, los riesgos que para España se derivan de una mala negociación de las perspectivas financieras europeas, el caótico proceso de regularización de inmigrantes, las ocurrencias en materia de suelo y vivienda o la paralización o aplazamiento de grandes obras de infraestructura. Frente a todo ello, señor vicepresidente, usted nos ha presentado el pomposamente denominado Plan de dinamización, el cual se limita a pequeñas reformas en el sector energético, en la distribución de tabaco o en los servicios funerarios. ¿De verdad quiere usted hacernos creer que con esas medidas ya se van a dar las condiciones para el aumento de la productividad y la competitividad? No, señor Solbes, ustedes están maniatados por las alianzas parlamentarias y, aun siendo conscientes de la necesidad de abordar reformas de mayor calado, no las van a poner en marcha porque han supeditado todo, incluida la economía, al mantenimiento de los acuerdos que sostienen al Gobierno.
Señoría, soy de los que piensa que ni antes era todo perfecto ni ahora todo va mal. Sin embargo, no olvide que gracias al modelo económico que se puso en marcha por los gobiernos del Partido Popular, y que su partido tanto denostó, disponen ustedes ahora de un crecimiento inercial en términos de renta y empleo que les proporciona margen suficiente para abordar las reformas necesarias. Póngalas en marcha, señor Solbes, porque, de lo contrario, España continuará generando una incertidumbre cada vez mayor para los inversores.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor presidente.
Señoría, usted ha empezado hablando del exceso de optimismo. Yo nunca he dicho lo de «España va bien». (Risas desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Yo he dicho que los datos son buenos, pero que hay que tener muchísimo cuidado, porque aunque los datos sean buenos siempre hay riesgos y problemas. Tampoco he dicho nunca que todo va mejor. Yo he dicho que estamos intentando resolver y mejorar todos los problemas que ustedes resolvieron mal, que no es exactamente lo mismo.
(Protestas desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Usted dice que la caída de inversión extranjera es un síntoma ineludible de desconfianza. No entiendo muy bien por qué hay confianza cuando hay inversión directa y desconfianza cuando hay inversión en cartera. No sé si usted me lo podría explicar. ¿Qué es más fácil, irse cuando uno invierte en la Bolsa o cuando se está en una empresa? Si hubiera desconfianza, lógicamente, no estaría entrando la gente en la Bolsa. La inversión en cartera, que asciende a ciento y pico mil millones --cantidad sustancialmente superior a la de otros años--, está demostrando confianza.
Vamos un poco más lejos. ¿Qué está pasando con la inversión directa? En Europa ha caído la inversión el 47 por ciento, exactamente igual que en España, mientras que el año anterior había caído el 50 por ciento. ¿Qué sucede? Que hay menos inversión directa en el mundo, cosa que usted seguramente debería saber, y que, además, se está concentrando específicamente en Asia.
También ha enumerado un listado de cosas que según ustedes van mal, razones por las cuales creen que no viene inversión. Yo le voy a decir por qué sí viene inversión. Viene inversión, primero, porque la situación macroeconómica es estable, tenemos el crecimiento más alto de la Unión Europea; segundo, porque tenemos un capital humano cualificado y apostamos por él; tercero, porque nosotros apostamos por el euro antes de que ustedes consiguieran entrar en él gracias a nuestra ayuda. (Protestas desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Cuando ustedes quieran lo debatimos con toda tranquilidad, de ese asunto puedo hablar con cierto conocimiento de causa. Además, las infraestructuras físicas y de telecomunicaciones están dando, sin duda alguna, ventajas importantes y los costes de producción siguen siendo favorables.


El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya, señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): De la retahíla de cosas que ha dicho que estaba mal, hay dos que me parecen un poco duras de aceptar dichas por ustedes.
Una es que somos culpables de intervención en el sector privado, y otra que hay excesiva dependencia energética desde que nosotros entramos en el Gobierno en el mes de marzo o abril del año pasado. Si ésa es su forma de razonar, que Dios nos coja confesados.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DOÑA MARÍA DEL CARMEN GUERRA GUERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS PUESTAS EN MARCHA POR EL GOBIERNO PARA RESOLVER LA GRAVE SITUACIÓN DE HACINAMIENTO QUE ESTÁN SUFRIENDO LOS INTERNOS DEL CENTRO PENITENCIARIO DEL SALTO DEL NEGRO, EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS) (S. 680/000464).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Guerra Guerra.
Su señoría tiene la palabra.


La señora GUERRA GUERRA: Buenos días, señor presidente, buenos días, señor ministro.
Le voy a dar unas pequeñas pinceladas en cuanto a la pregunta que le quiero formular esta mañana.
La prisión del Salto del Negro, en Gran Canaria, estaba diseñada para 600 ó 700 internos, y en la actualidad hay unos 1.200 o mil trescientos.
Mensualmente se trasladan a la península internos porque no pueden quedarse en esa prisión, por lo que sufren dos penas: por un lado, la pena que les ha impuesto la sociedad y, por otro lado, la pena de desarraigarse de sus familias y no mantener ningún contacto con ellas.
Otro aspecto importante son las condiciones en las que viven los internos, así como los funcionarios de prisiones, puesto que los espacios son ocupados por internos. La plantilla de la que está dotada la prisión es para atender a 600 ó 700 internos, pero en la actualidad están trabajando, como les decía, con 1.200 ó 1.300 internos.
Con estas pequeñas pinceladas, señor ministro, quiero preguntarle, ¿qué está haciendo su Gobierno para solucionar el problema de la prisión del Salto del Negro, en Gran Canaria?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias, señor presidente.
Senadora, el centro penitenciario del Salto del Negro, en Las Palmas de Gran Canaria, albergaba, según datos estadísticos del pasado 16 de mayo, una población de 1.281 internos, cuando dispone de 723 celdas. Es evidente, por tanto, que nos encontramos ante una situación de clara sobreocupación.
Para abordar este problema, que se mantiene constante, con una cierta tendencia a la baja, la Administración penitenciaria

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ha recurrido desde hace tiempo, como solución paliativa pero no definitiva, al traslado de personas internas a otros establecimientos penitenciarios, incluidos los peninsulares.
La situación del Salto del Negro es consecuencia muy clara de que en los últimos años no ha habido ninguna inversión, singularmente las inversiones previstas en el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios, que preveía una actuación en un doble sentido: por un lado, la construcción de un centro penitenciario con 1.008 celdas funcionales y 206 complementarias y, por otro, la construcción de un centro de inserción social en Las Palmas, con 50 plazas, pero no se hicieron.
Con el fin de resolver este problema, la actual Administración penitenciaria, a través de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, ha avanzado las siguientes gestiones: en primer lugar, la ubicación de un centro penitenciario en instalaciones militares de la zona de La Isleta, de similar funcionalidad, haciendo la oportuna reforma de las mismas y, en segundo lugar, la posibilidad de ubicar en la misma zona un centro de inserción social con 150 celdas funcionales. Para ello estamos realizando las gestiones oportunas que darán su fruto próximamente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra la señora Guerra.


La señora GUERRA GUERRA: Señor ministro, puedo decirle que parte de lo que usted me acaba de decir ahora era una respuesta que tenía preparada, puesto que usted siempre alude a los ocho años del Partido Popular.
Mire usted, le voy a decir lo que hicimos en los ocho años del Partido Popular. Se realizaron dos negociaciones con municipios en Las Palmas de Gran Canaria que no llegaron a fructificar no porque el Gobierno no quisiera sino simplemente porque no dieron su fruto. Al final de la legislatura se dejó una negociación con un municipio del Partido Popular que ustedes nunca retomaron. Por otro lado, señor ministro, nosotros hicimos algo que ustedes no han hecho, y es incluir las partidas presupuestarias en los Presupuestos Generales del Estado para que en cuanto tuviésemos ocasión, poder hacer la prisión. Pero es más, le voy a decir que el pasado lunes estuvo la directora general de Instituciones Penitenciarias, la señora Gallizo, en la Comisión de Interior, y dijo tres cosas; primero, que tenían un plan preparado, aunque al final de la reunión nos dijo que el plan se estaba haciendo y no estaba terminado; segundo, que el plan tendría que pasar por el Consejo de Ministros y que tampoco sabía ella si se aprobaría. Además, señor ministro, también dijo --y se lo voy a leer textualmente--: Porque lo que se refiere a Canarias, la situación penitenciaria de las islas Canarias es apremiante, pero hasta la fecha no ha sido posible, es más, ni siquiera se ha encontrado una ubicación concreta para la construcción del mismo. Lo que sí hizo fue llamar a la prensa de Canarias para decirles que la nueva cárcel de Gran Canaria ya tenía suelo.
Señor ministro, los canarios no permitimos ni que un ministro ni un Gobierno se rían de nosotros. Si ustedes tienen suelo en Gran Canaria, es en esta Cámara donde lo tienen que decir y trasladarlo a todos los canarios que están sufriendo este problema.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias, señor presidente.
Senadora, yo comprendo lo que me dice, que ustedes tuvieron negociaciones, conversaciones, todo lo que usted quiera, pero en ocho años no construyeron lo que en el plan estaba diseñado al efecto, como era un centro penitenciario nuevo y un centro de inserción social nuevo.
Yo lo que le estoy diciendo es que nosotros ya tenemos en marcha, previas conversaciones con el Gobierno canario y con la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, las dos actuaciones a las que me he referido en mi respuesta anterior. Y, desde luego, tenga muy claro que vamos -y lo haremos público en su momento- a ir a un plan de amortización y creación de centros penitenciarios, que estamos elaborando --está muy avanzando y efectivamente se presentará en el Consejo de Ministros--, en el que diseñaremos actuaciones a corto, a medio y a largo plazo, cuestión que, por la propia vigencia de los derechos constitucionales y de los valores, a los que usted misma ha aludido, merece la consideración de todos y se puede calificar en sentido propio de una cuestión de Estado.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


-- DE DON IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA PALIAR LA GRAN AVALANCHA DE MENORES MARROQUÍES QUE DIARIAMENTE ENTRAN POR LAS COSTAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (S. 680/000466).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Cosidó. Tiene la palabra su señoría.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, en 2004 hubo un total de 1.575 menores no acompañados que entraron ilegalmente en nuestro país, 1.575 que tengamos conocimiento, puesto que no sabemos cuántos habrán sido los no detectados. En los cuatro primeros meses de 2005 se ha incrementado en un 53 por ciento el número de menores que han entrado ilegalmente en nuestro país procedentes de Marruecos.
Ante esto, que yo me atrevo a definir como avalancha de menores no acompañados que entran ilegalmente en nuestro país, que está desbordando totalmente las capacidades

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de acogida de las comunidades autónomas para atender a estos menores y que están trayendo a España a miles de niños como mano de obra barata para las bandas del crimen organizado en nuestro país, ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno para impedirlo? Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias, señor presidente.
Senador, yo no sé de dónde se saca las cifras. Yo le voy a facilitar las que me ha dado la Comisaría General de Extranjería y Documentación esta misma semana. En 2004 llegan a las costas españolas 415 menores de 18 años -la mayoría entre 16 y 18 años- procedentes tanto del norte de África como del África subsahariana. Durante los meses de enero a mayo de 2005 acceden a territorio español 147 menores, no sólo marroquíes, también del África subsahariana, mientras que, en igual período de 2004, fueron ciento catorce. El incremento se produce por el aumento, hasta ahora puntual --veremos los datos consolidados de todo el año--, que se produce el pasado mes de mayo, mes en el que acceden un total de 58, 33 a Motril y 18 a Algeciras.
Usted dice que se atreve a calificar de gran avalancha la venida de estos menores a nuestras costas y a nuestro territorio, pero 33 menores más que en el mismo período del año anterior supone ciertamente un atrevimiento calificarlo de avalancha. Pongamos, por tanto, senador las cosas en su justo término.
El Ministerio del Interior y el Gobierno son perfectamente conscientes de que la venida de menores es una cuestión muy seria que se produce por la confluencia de varias circunstancias. Por lo que a nosotros respecta --otros departamentos sociales del Gobierno tienen otras responsabilidades y las cumplen--, pero Interior tiene muy claro que los menores están vinculados y manejados por el tráfico mafioso de seres humanos y, por eso, hemos elaborado el plan integral contra el tráfico internacional de mujeres, niñas y niños, que va a realizar una evaluación de la situación y a proponer respuestas operativas concretas que falta hacía.
Para prevenir, por otra parte, la llegada de la inmigración irregular, senador, de cualquier tipo, no sólo de los menores, en la que hay que poner énfasis dada la calidad de los valores que incorporan, estamos mejorando sustancialmente el control de nuestras fronteras. Tenemos el SIVE --como usted sabe-- y vamos a poner en marcha actuaciones operativas concretas en el caso de este verano con un mayor y mejor control del acceso y de la venida de las pateras.
Por último, le diré, y supongo que estará de acuerdo, que una vez que llegan a nuestras costas los menores tienen que ser tratados como menores. Las convenciones internacionales, nuestra propia Constitución y nuestras leyes nos obligan a intentar que las repatriaciones respeten los derechos del menor aun cuando ello suponga mayores dificultades para llevarlas a cabo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el senador Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, yo no voy a entrar en una discusión de cifras con usted porque sería extraordinariamente grave y no creo que usted aportara a este Parlamento cifras que no son absolutamente rigurosas. Lo que sí le diré es que mis datos están basados en el número de ingresos que se producen en centros de acogida de menores durante el año 2004. Si esos datos son distintos me gustaría mucho que usted me lo aclarara.
En cualquier caso, la respuesta a esta pregunta no me la hace usted al contestarme hoy, sino que la hizo ayer el ministro Caldera cuando, siguiendo su política de «papeles para todos», anunció que va a dar papeles a todos los menores que han entrado ilegalmente en España con anterioridad. En mi opinión, ésta no solamente no es la solución sino que va a agravar el problema y va a disparar aún más esas cifras que anteriormente le daba porque van a producir un claro efecto llamada.
En segundo lugar, lo que tiene que hacer usted, dada su responsabilidad del ministro del Interior, que no es poca en esta materia, es primero, todo lo contrario de lo que ha hecho aquí esta mañana, reconocer la extraordinaria gravedad del problema al que nos enfrentamos; segundo, exigir a las autoridades de Marruecos que cese este flujo constante de menores que arriban a nuestras costas, algo que ha hecho ya por escrito el Presidente de la Junta de Andalucía porque, al parecer, usted no se atreve a pedírselo a su ministro del Interior; y tercero, que si llegan se aplique el compromiso que firmó Marruecos con el ministro del Interior anterior, del Gobierno del Partido Popular, que le obligaba al retorno inmediato de estos menores y que no digo yo que no se cumpla, sino que lo dice el comisario de Extranjería de Granada que declaraba y denunciaba hace muy pocas fechas a un medio de comunicación la falta de cooperación, ya que ni siquiera podían devolver los menores aunque estuvieran perfectamente identificados porque las autoridades de Marruecos no se los admitían.
En materia de cooperación con Marruecos ustedes presumen mucho, pero han hecho muy poco. Yo creo que en lo único que realmente hemos avanzado en la cooperación de este Gobierno con las autoridades marroquíes es en intentar desacreditar al anterior Gobierno de España. Eso no sé si favorecerá a los intereses de partido, pero realmente sirve muy poco a los intereses de España.
Gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
Me pasa con cierta frecuencia con usted, senador, que no consigo encontrar exactamente su hilo discursivo. Las cifras que le doy son profesionales, científicas, por decirlo

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de algún modo, son las que me facilitan los profesionales de Extranjería y Documentación de la Comisaria General que es el órgano competente para hacer estas cosas con este Gobierno y con cualquiera.
Yo creo que usted computa los menores que estaban en situación irregular en España. Me imagino que ésa será la explicación. Computa los menores que estaban en situación irregular anteriormente y no sólo los que llegaron en 2004 y los que puedan haber llegado en 2005 y, por eso, le salen esas cifras infladas que le habilitan a usted para hablar, yo creo que impropiamente, de gran avalancha: 33 personas más no son una gran avalancha, que era el objeto de su pregunta. En todo caso, le insisto en que la política de inmigración del Gobierno es clara: lucha integral total contra las mafias que trafican con seres humanos y, en cuanto a los seres humanos que son objeto de este tráfico, toda la solidaridad posible, sobre todo si son menores de edad, porque a ello nos obligan nuestros recursos morales, a ello nos obliga nuestra Constitución, a ello nos obligan nuestras leyes y todos los convenios internacionales de los que formamos parte.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON AGUSTÍN CONDE BAJÉN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL GOBIERNO PARA AVERIGUAR LA PROCEDENCIA DEL DINERO PRESTADO COMO FIANZA EN FAVOR DEL EX PORTAVOZ DE HERRI BATASUNA (HB) EN EL PARLAMENTO VASCO (S. 680/000469).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Conde.
Tiene la palabra su señoría.


El señor CONDE BAJÉN: Con la venia, señor presidente.
Señor ministro, ¿qué medidas piensa acometer el Gobierno para averiguar la procedencia del dinero que ha constituido la fianza que a su vez ha permitido a Arnaldo Otegi eludir la prisión provisional? (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.
Señorías, ruego guarden silencio.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias otra vez, señor presidente.
La fianza a la que se refiere en su pregunta, señoría, se decreta, como usted bien sabe, como consecuencia de la tramitación de un sumario que se instruye en la Audiencia Nacional.
En nuestro Estado de Derecho, una vez que un determinado asunto está judicializado, la función de la Policía, de la Guardia Civil, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es estar a disposición bajo la dependencia funcional de lo que ordenen los jueces.
Me consta, porque es notorio, que en ese sumario ni las acusaciones personadas, ni la pública ni la privada, han solicitado ninguna investigación ni tampoco el juez de la causa ha acordado nada al respecto.
De hecho, señoría, el juez, una vez que solicita la fianza y cuando recibe la que corresponde, porque esa es información judicial, la declara bastante, y eso supone que hace un análisis cuantitativo y cualitativo de la fianza prestada; el juez no ha hecho ningún reproche, ni siquiera indiciario, de ilicitud en la obtención de la misma.
Por mi parte, no me queda sino respetar y, por supuesto, confiar absolutamente en la tarea de los jueces y en la calidad, racionalidad y, desde luego, en el ajuste a la Constitución y a la Ley de las decisiones que dictan.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Conde.


El señor CONDE BAJÉN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, una vez más nos defrauda usted grandemente. Una cosa es que efectivamente sea un juez quien acuerde la fianza y que ese juez no ordene ninguna investigación, y otra es que usted y su Gobierno hagan dejación de sus funciones y ni siquiera se pregunten cómo es posible que el entorno de don Arnaldo Otegi sea capaz de allegar la friolera de 400.000 euros en sólo unas horas, sobre todo teniendo en cuenta, señor ministro, que la causa por la que está procesado el señor Otegi es precisamente el entramado económico de ETA.
Señor ministro, así no vamos bien. El Partido Popular siempre ha estado y estará con cualquier Gobierno que luche contra el terrorismo cumpliendo dos requisitos: uno, que la lucha contra el terrorismo se haga desde el estricto respeto a las normas del Estado de Derecho; jamás nos tendrán ustedes si vuelven por los caminos de los últimos gobiernos socialistas, y, dos, que se utilicen precisamente esos instrumentos para combatir el terrorismo, sin atajos, sin negociaciones y sin concesiones. (La señora Vindel López y el señor Sanz Pérez muestran un cartel en el que se lee lo siguiente: El PSOE nos vende.) Señor ministro, es lamentable que a usted, como ministro del Interior, no le preocupe saber de dónde puede salir el dinero, una suma de 400.000 euros, que permite a Otegi salir a la calle.
Es lamentable, señor ministro, que el Fiscal General del Estado no tenga la más mínima inquietud en saber de dónde ha salido ese dinero, y, sobre todo, señor ministro, contrasta profundamente la celeridad con la que algunas personas, por orden directa de cargos del Gobierno, investigan la identidad, por ejemplo, de unos manifestantes militantes del Partido Popular o la celeridad con la que la Fiscalía investiga ciertos asuntos cuando es el Partido Popular el que supuestamente parece implicado. Pero toda esa celeridad, toda esa profesionalidad, señor ministro, por lo visto decae cuando se trata de luchar contra ETA, contra su entorno y contra su financiación.
Y lo más preocupante, señor ministro, es que todo esto se debe muy probablemente a la postura que adoptan los

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socios de su Gobierno, los que le permiten a usted estar sentado hoy en el banco azul.
Declaraciones como las que hicieron los dirigentes de Esquerra Republicana de Catalunya o de Izquierda Unida cuando se acordó la prisión eludible bajo fianza del señor Otegi, son vergonzosas. Esquerra llegó a decir que Otegi era un artífice de la paz; sin duda, Esquerra Republicana reconocía en el señor Otegi la mejor tradición de su partido. Izquierda Unida, por su parte, dijo que el Estado sobreactuaba pidiendo la prisión del señor Otegi.
Claro que lo sorprendente no es que digan esto dos grupos minoritarios; lo preocupante, señor ministro, es que ellos son sus socios de Gobierno: los que permiten al señor Zapatero ser presidente, y los que permiten al señor Maragall ser presidente de la Generalitat de Catalunya. Y usted, por lo visto, no quiere saber nada.
Pues nosotros sí queremos saber, señor ministro. Le exigimos que investigue con celeridad de dónde ha salido ese dinero. Si no, señor ministro, estará usted demostrando de parte de quién está este Gobierno; con quién se siente más cómodo; de quién está más cerca.
(Protestas.--Rumores.) Nosotros tenemos muy claro con quién estamos: estamos con el millón de personas que se manifestó el sábado en Madrid exigiendo a este Gobierno firmeza en la lucha contra el terrorismo.
(Aplausos.--Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías...


El señor CONDE BAJÉN: Termino en seguida, señor presidente.
Muchas cosas han cambiado, señor ministro, en los últimos tiempos; efectivamente: una, que una manifestación de un millón de personas no ha acabado quemando las sedes de ningún partido; dos, que, por primera vez, un presidente del Gobierno no se digne condenar los atentados, y tres, que al ministro del Interior le dé igual de dónde sale el dinero que pagan los terroristas en un juzgado.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias, señor presidente.
Verá, senador, supongo que esto es cuestión de convicciones; yo le voy a exponer las mías: la firmeza del Estado de Derecho se demuestra sustancialmente con el respeto a la división de poderes y a las leyes.
(Rumores.) Los jueces, cuando piden una fianza en un procedimiento judicial para decretar una libertad, abren lo que se llama la pieza separada; esa pieza separada contiene información judicial. Insisto en que ni el juez ni ninguna de las acusaciones personadas debieron de advertir indicio de ilicitud en el origen de la fianza, puesto que no pidieron en ningún momento que se investigara; ni lo pidieron las acusaciones ni lo ordenó el juez. La información relativa a la fianza es judicial, y el respeto a la división de poderes y a las leyes --y, por tanto, a la vigencia racional del Estado de Derecho-- obliga a respetar igualmente ese estado de cosas.
Efectivamente, estoy sentado en el banco azul, y le voy a decir claramente por qué: porque los ciudadanos de este país lo han decidido así. (Protestas.--Rumores.--Aplausos.) Le voy a decir también lo que he hecho estando en el banco azul: dirigir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que, como bien decía el presidente, en un año y un mes han detenido a 178 terroristas. (Rumores.--Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DOÑA MARÍA DEL CARMEN GRANADO PANIAGUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR EN RELACIÓN CON LA FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO (S. 680/000472).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Granado Paniagua.
Tiene la palabra su señoría.


La señora GRANADO PANIAGUA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, es de todos conocida la grave situación que padecen miles de mujeres de nuestro país, sometidas a esa terrible lacra social que es la violencia de género. Desde 1997, más de 400 mujeres han muerto en España a manos de quienes son o han sido sus maridos, novios o compañeros.
Mi grupo cree que la violencia de género sólo desaparecerá cuando se acabe la desigualdad existente entre hombres y mujeres. Es la desigualdad la que está en el origen de este tipo de violencia, y es fundamental el cambio de mentalidad de nuestra sociedad. Para ello, es necesario articular medidas educativas y de sensibilización. Durante los últimos años se han producido en España avances legislativos en materia de lucha contra la violencia de género, tanto en el ámbito civil como en el penal.
Sin embargo, han resultado insuficientes para hacer frente a la grave situación que vivimos. El resultado negativo se debe, a nuestro entender, a que el asunto no se ha abordado de forma integral, como vienen solicitando las organizaciones de mujeres que luchan sin descanso contra todas las formas de violencia contra las mujeres.
El Partido Socialista, preocupado por ello, incluyó en su programa electoral el compromiso de elaborar la Ley integral contra la violencia de género; compromiso que ha cumplido, como todos saben: la ley se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» el 29 de diciembre de 2004.
Esta ley, en el corto espacio de tiempo de su vigencia, va desarrollando y poniendo en marcha los instrumentos que en ella se contemplan y que creemos necesarios para erradicar la violencia, demostrando a su vez el compromiso del Gobierno y del Partido Socialista con las mujeres que sufren este problema.


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La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género enfoca la lucha contra la violencia de un modo integral y multidisciplinar, estableciendo medidas de sensibilización e intervención en el ámbito educativo, sanitario, en el campo de la publicidad, en el laboral, etcétera. Pero además, uno de los aspectos que nos parecen sumamente importantes para garantizar una protección más eficaz de las mujeres víctimas es que los mandos policiales y, en general, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, conozcan en profundidad la ley y los instrumentos que ésta pone a su disposición.
En el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que mejorar y perfeccionar la formación que reciben las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de protección a las mujeres y su sensibilización con este grave problema debe ser una de las líneas de actuación primordiales del Ministerio del Interior. Por ello, señor ministro, el Grupo Parlamentario Socialista quiere saber qué medidas ha adoptado el Ministerio del Interior en relación con la formación y sensibilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de violencia de género.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
La protección de las víctimas y la represión de los delitos que tienen que ver con la violencia de género presenta, como usted bien sabe, unas características particularmente complejas que exigen no sólo medidas legales específicas sino también un profundo cambio de mentalidad en cuantos profesionales tienen que aplicarlas, así como en el conjunto de la sociedad, porque somos conscientes de que la violencia de género no desaparecerá totalmente hasta que exista una igualdad real de trato entre hombres y mujeres.
La formación y sensibilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación a la violencia de género constituye, por lo tanto, uno de los compromisos más claros del Gobierno y del departamento que dirijo, para dar cumplimiento a los mandatos de la Ley integral contra la violencia de género. Para ello, estamos trabajando cuatro objetivos estratégicos: en primer lugar, extender la formación específica en materia de lucha contra la violencia de género al mayor número posible de especialistas --luego le facilitaré algún dato al respecto--; en segundo lugar, formar no sólo a los especialistas sino al conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a todos los agentes de Policía y Guardia Civil dedicados a la seguridad ciudadana; en tercer lugar, homogeneizar la actuación y la formación de Policía y Guardia Civil en esta materia, para lo que se ha creado un grupo específico de trabajo dentro del Comité Ejecutivo para el Mando Unificado, un trabajo que se está plasmando en la elaboración de muchos seminarios, encuentros, actividades, cursos y jornadas de formación, así como la potenciación de nuevos proyectos formativos conjuntos, y, por último, hay un aspecto muy importante en el que insisten todas las asociaciones que desde la sociedad civil se dedican a la lucha contra la violencia de género, que es la incorporación de la perspectiva de género a la formación de nuestros agentes, que es probablemente uno de los aspectos que hasta ahora no había sido objeto del necesario énfasis.
Para que su señoría valore la magnitud del esfuerzo del Ministerio del Interior le diré que, por lo que se refiere al Cuerpo Nacional de Policía, las acciones formativas presenciales van a llegar este año a un total de 752 agentes, lo que supone triplicar las cifras del año pasado.
Y, por lo que se refiere a la Guardia Civil, el número previsto de asistentes a los actos formativos de actualización de conocimientos que en el año 2005 recibirán formación presencial relacionada con este problema, es de 12.600 guardias civiles de todos los empleos, con lo que vamos a multiplicar por 2,5 el número de asistentes respecto al año anterior.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON ENRIQUE FEDERICO CURIEL ALONSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA MEJORAR O AMPLIAR LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA (S.
680/000473).


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Curiel Alonso, para formular su pregunta.


El señor CURIEL ALONSO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, la pregunta que formulo tiene por objeto conocer las previsiones del Ministerio del Interior en lo que se refiere a la mejora y ampliación de las infraestructuras en Galicia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Amplios sectores de la sociedad gallega han mostrado su preocupación como consecuencia de dos hechos incontestables de la gestión de los gobiernos del Partido Popular y, por ello, es necesario volver a hablar de los ocho años de Gobierno de dicho partido, a pesar de que comprendo que a los colegas que están sentados en los escaños del Grupo Popular les pueda resultar incómodo.
En cualquier caso, hay dos hechos incontestables: uno, el descenso significativo --yo diría muy significativo-- del número de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, dos, el descenso de las inversiones en porcentaje del PIB en seguridad y en el Ministerio del Interior, como usted sabe mejor que yo, que se produjo paulatinamente hasta las últimas elecciones generales. Naturalmente, Galicia ha pagado una cuota aparte en relación con esa política de los gobiernos del Partido Popular, y eso ha traído como consecuencia la preocupación sobre carencias notables en relación con la seguridad ciudadana. De ahí el interés por conocer estas previsiones.


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Y termino, señor presidente, manifestando que, después de oír aquí algunas cosas, no puedo resistir la tentación de expresar al ministro, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nuestra felicitación y nuestro apoyo en la lucha contra el terrorismo y en la detención de presuntos militantes de ETA.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor senador, por sus palabras. Voy a tratar de resumir las actuaciones que tienen que ver con el objeto de su pregunta, es decir, las mejoras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Galicia.
Desde el año pasado hemos venido realizando una política decidida de mejora y optimización de los recursos disponibles. En este sentido, el Plan Director de Infraestructuras de la Seguridad y las inversiones incluidas en los presupuestos de Policía y Guardia Civil contemplan para el bienio 2005-2006, un conjunto de actuaciones que abarcan a la práctica totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma Gallega.
Voy a enumerar algunas de estas actuaciones. En La Coruña se está construyendo ya un nuevo cuartel en Buros, y tenemos en tramitación un convenio con el Ayuntamiento de Cambre, que nos permitirá la construcción de otro en esa localidad. Se está trabajando en la futura remodelación de la comisaría local de Santiago de Compostela. En Lugo hemos concluido hace muy poco la edificación del cuartel de Monterroso. Este año tenemos previsto acabar el del Mondoñedo, empezar la construcción del de Vicedo y para el año que viene iniciar la construcción del de Palas de Rei. En Orense tenemos previsto acabar el cuartel de Tamallancos y durante el 2006 empezar la construcción del de Castro Caldelas. Por otro lado, la Secretaría de Estado de Seguridad está tramitando un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Xinzo de Limia, que nos permitirá abordar la construcción de una nueva casa cuartel en la localidad. Por último, en Pontevedra entrará en funcionamiento en los próximos meses la nueva comisaría de Villagarcía de Arosa, y queremos acabar antes de que finalice el año la construcción del cuartel de La Estrada. También se está trabajando en la redacción del proyecto de obras de construcción de una nueva comisaría de policía en Vigo, cuya construcción se iniciará en el próximo año. Durante el 2006 queremos terminar también la edificación de la nueva comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra.
En total las inversiones de la Guardia Civil en este tipo de instalaciones asciende para 2005 a más de un millón y medio de euros, y las de la Dirección General de la Policía a más de un millón, a lo que hay que añadir otro medio millón más con cargo a los presupuestos de la Secretaría de Estado de Seguridad. En total inversiones de 3.055.000 euros sólo este año.
El esfuerzo en materia de infraestructuras e instalaciones implica, además, que debemos abordar, y así lo tenemos previsto ya, otros gastos de carácter complementario, pero no de menor importancia, con cargo a los créditos de inversiones, en este caso para dotar a las nuevas instalaciones de todo el equipamiento necesario: telecomunicaciones, informática, automoción, equipos en general, etcétera. Así vamos a dotar durante el próximo año a todas las comisarías de policía y puestos fronterizos de Galicia de estaciones de trabajo del sistema automático de identificación de huellas dactilares, que hasta ahora sólo tienen tres unidades en toda la comunidad autónoma. Y hemos tomado la decisión de instalar en la comunidad autónoma un laboratorio territorial de biología ADN, muy importante, que desde La Coruña dará cobertura ya en 2006 no sólo a la comunidad autónoma, sino a otras zonas del norte de España y que se va a integrar en la base nacional de datos de ADN. Además, durante 2007 tenemos previsto crear también en La Coruña un laboratorio químico toxicológico, dotando así a la comunidad de los medios más modernos en materia de Policía Científica. En definitiva, estamos haciendo un esfuerzo inversor, organizador, de creación de infraestructuras y de dotación de equipamientos, que yo me atrevo a calificar de realmente importante.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON RAFAEL BRUGUERA BATALLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE LAS PREVISIONES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE ESTABLECER MECANISMOS DE COLABORACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE TRÁFICO, PARA QUE LAS MISMAS PUEDAN CONSTITUIRSE COMO ADMINISTRACIONES GESTORAS DEL REGISTRO DE CONDUCTORES E INFRACTORES (S. 680/000478).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Bruguera Batalla. Tiene la palabra su señoría.


El señor BRUGUERA BATALLA: Gràcies, senyor president. Bon dia, senyor ministre.
La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial que, por cierto, se encuentra en estos momentos en trámite de modificación en esta Cámara para introducir el denominado carné por puntos, reserva al Ministerio de Interior, entre otras, las competencias relativas al llamado registro de conductores e infractores.
Por otra parte, es bien sabido por todos que las comunidades autónomas de Cataluña, País Vasco y Navarra tienen transferidas las competencias en materia de tráfico. No obstante, señor ministro, en la actualidad dichas comunidades no tienen la posibilidad de acceso directo, de acceso «on line», al mencionado registro para la anotación en él de los expedientes sancionadores firmes en vía administrativa instruidos, tanto por esas comunidades autónomas, como por los municipios de su ámbito territorial, como

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tampoco tienen acceso directo a dicho registro para la consulta, salvo en casos concretos.
Por descontado, no cuestionamos la necesaria existencia de un único registro, unificado y centralizado, para todo el Estado y que éste dependa y sea responsabilidad del Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Tráfico. No es esa nuestra intención en absoluto; eso sería algo ilógico y podría conducir a disfunciones y problemas de aplicación práctica que a ninguno de nosotros se nos escapa. Ahora bien, nuestro grupo parlamentario considera que las comunidades autónomas con competencias en materia de tráfico pueden ejercer el papel de administraciones gestoras del Registro de Conductores e Infractores. Por otro lado, creemos que el momento procesal óptimo para que eso se lleve a cabo está cercano; me refiero a que se aprovechen a tal fin las necesarias modificaciones técnicas e informáticas que deberán introducirse en el citado registro para adaptarlo al nuevo carné por puntos.
Ese es el motivo de que estimemos oportuno formularle en estos momentos la presente pregunta, con el fin de saber si el Ministerio del Interior, que usted preside, va a adquirir el compromiso político ante la Cámara de representación territorial de resolver satisfactoriamente esa reivindicación, que por lo menos en Cataluña venimos realizando desde hace tiempo.
En resumen, señor ministro, en nombre de Entesa Catalana de Progrés, ¿tiene previsto el Ministerio del Interior establecer mecanismos de colaboración con las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de tráfico, para que éstas puedan constituirse como administraciones gestoras del Registro de Conductores e Infractores en relación con los antecedentes de infractores derivados de la instrucción de expedientes sancionadores tramitados por dichas comunidades? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
Señoría, como usted bien sabe, el artículo 82 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece que las sanciones graves y muy graves que han adquirido firmeza en vía administrativa sean anotadas en el Registro de Conductores e Infractores, cuya gestión corresponde a la Jefatura Central de Tráfico, dependiente del Ministerio del Interior.
Por su parte, la Ley Orgánica 6/1997, de transferencia de competencias, y el Real Decreto 391/1998, sobre traspaso de servicios y funciones de la Administración del Estado a la Generalidad de Cataluña, atribuye a esta última determinadas facultades de denuncia y sanción de las infracciones de las normas de circulación y seguridad, facultades que implican instruir el expediente, así como dictar la resolución que le ponga término y hacerla ejecutar percibiendo el importe de las multas. En dicho real decreto se recoge que el ejercicio de la potestad sancionadora transferida supone que la comunidad autónoma y la Jefatura Central de Tráfico pongan a su mutua disposición los antecedentes que se deriven de las resoluciones sancionadoras que puedan afectar a las correspondientes administraciones. Por tanto, el «Servei Català de Trànsit», como órgano encargado de las competencias transferidas en materia de tráfico, puede consultar en cualquier momento la base de datos del Registro único de Conductores e Infractores.
¿Qué ocurrirá en el futuro? Como bien sabe, actualmente se encuentra en tramitación en el Parlamento, y en concreto en esta Cámara, el proyecto de ley de permisos y licencias de conducción por puntos, el cual establece el mecanismo de anotación inmediata por parte de las comunidades autónomas con competencias transferidas en esta materia, País Vasco y Cataluña, así como de sus ayuntamientos, en el caso de las infracciones graves y muy graves, recogidas en los apartados correspondientes de la legislación citada.
Actualmente el «servei català» volcaba los datos de infracciones graves y muy graves cada 15 días. A partir de ahora la comisión técnica creada al efecto para la puesta en vigor de esta ley establecerá los mecanismos para que la anotación y consulta de las infracciones por las comunidades autónomas con competencia en materia de tráfico en los ayuntamientos se puedan efectuar «on line». En el caso de la Generalitat de Cataluña, el «servei català» anotará aquellas infracciones devenidas firmes en vía administrativa que tengan la calificación de graves o muy graves, cometidas en el territorio de la comunidad autónoma, en el Registro de Conductores e Infractores de la Dirección General de Tráfico de manera automática. Del mismo modo, la consulta de dicha base de datos podrá realizarse en el momento que se desee.
Es evidente, señoría, que el Ministerio del Interior, como expresamente se recoge en el proyecto de ley al que me he referido, que está en tramitación, tiene previsto establecer mecanismos de colaboración con las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de tráfico y específicamente en la materia por la que usted se interesa, una materia importante en cuanto buena parte de la estructura de la ley va a depender de que tengamos un buen registro de sanciones. Pero lo importante, sobre todo, es tenerlo, que se incorporen los datos de un modo rápido, inmediato y que se puedan consultar también con la misma inmediatez.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DON RICARDO MELCHIOR NAVARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE SI EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE TIENE PREVISTO INCLUIR A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS EN LOS PROYECTOS URGENTES QUE LLEVARÁ A CABO PARA HACER FRENTE A LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA (S. 680/000432).


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El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Melchior Navarro.
Tiene la palabra su señoría.


El señor MELCHIOR NAVARRO: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra. El pasado 18 de mayo, en contestación a una pregunta en esta Cámara, relacionó las obras de emergencia y las obras de reconocida urgencia que el ministerio está realizando con un presupuesto superior a 300 millones de euros; relacionó 14 obras, a realizar en siete comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y ninguna, desgraciadamente, en Canarias. Afirmó, además, en el mencionado Pleno, y cito literalmente. «Como es lógico, estamos estudiando algunas otras actuaciones con carácter de urgencia o emergencia en función de la situación que se va definiendo...» En Canarias, y en particular en Tenerife, padecemos más que ningún otro territorio español una grave sequía, como usted pudo comprobar el pasado fin de semana, y le agradezco muchísimo y muy sinceramente la visita a Tenerife, donde siempre será bienvenida: Tenemos en Canarias 302 mililitros de pluviosidad, la media española es de 684, en Baleares de 595 y en la comarca del Segura es de 384 mililitros. Por ello, y existiendo un retraso en la ejecución de las obras de interés general del Estado previstas en el convenio del año 1997 a 2004, en concreto la desaladora de Granadilla, el Cabildo de Tenerife y su organismo autónomo, el Consejo Insular de Aguas, están ejecutando obras de emergencia y urgencia con gran sacrificio económico y financiero.
Además, se ha iniciado un expediente para adquirir tres contenedores de desalación de agua de mar de 1.000 metros cúbicos/día cada uno de ellos, que podría estar disponible a finales de julio del presente año, con un coste total de 2,1 millones de euros. Le solicito, señora ministra, que dicha adquisición se realice con carácter de urgencia o emergencia por el Ministerio de Medio Ambiente. Señora ministra, para el 2 por ciento de la población española, que es la población tinerfeña, en cuyo territorio la pluviosidad ha sido menos de la mitad que la media española, exactamente el 44,15 por ciento, le estoy pidiendo que invierta en obras de emergencia no el doble por habitante de la media española, que sería lo justo teniendo en cuenta que el problema es el doble, sino que invierta per cápita en obras de emergencia lo mismo que en el resto del territorio español.
Por ello, mi pregunta es: ¿Tiene previsto el ministerio incluir alguna de estas necesarias iniciativas y necesarias obras de emergencia o de reconocida urgencia para Tenerife o Canarias? Gracias, señora ministra.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.
Gracias, senador.
Como usted sabe, la cuenca de Canarias es una cuenca interna, cuya competencia fue totalmente transferida, en su momento, a la Comunidad Autónoma de Canarias. Esa es la circunstancia que se da también, por ejemplo, en el caso de las cuencas internas de Cataluña, en las cuencas transferidas en el País Vasco, en la costa de Galicia y en Baleares. Con los gobiernos autonómicos de todos estos territorios el Gobierno de la nación tiene firmados convenios, como es el caso también de Canarias, para la realización de infraestructuras hidráulicas, pero la gestión de las cuencas y la plena responsabilidad sobre ellas recae, en esos casos de cuencas internas, en sus respectivos gobiernos. Por eso tomo muy buena nota de la petición que me hace respecto a obras incluidas en el convenio, que sin duda es preciso que agilicemos porque se arrastra un retraso muy importante.
Como usted sabe, estamos trabajando con el gobierno de Canarias para recuperar el tiempo perdido y para incorporar nuevas obras, entre las cuáles entiendo que están algunas a las que usted se ha referido en su pregunta, pero en lo relativo a obras de emergencia y a la situación de sequía, aun teniendo usted toda la razón en cuanto al dato que acaba de dar sobre la pluviometría en Canarias, debo informarle de que esa pluviometría es la habitual en la islas, una pluviometría muy baja que ha llevado a las islas, desde hace mucho tiempo, a buscar una salida estable en la desalación de agua de mar. Es verdad que ésa es una situación permanente que hace que en estos momentos Canarias, desde el punto de vista técnico, no esté en situación de sequía en cuanto a menor pluviometría de años anteriores en dicho territorio. La pluviometría es tan baja como lo ha sido años atrás y, afortunadamente, en la isla de Tenerife, como comprobé este fin de semana, la abundancia de nieve ha permitido que el acuífero que en esa isla se beneficia de esas precipitaciones de nieve haya aumentado significativamente.
Todo ello, señoría, no impide en absoluto que el Gobierno esté totalmente abierto a cualquier actuación que se nos pida por el Gobierno de Canarias, pero quiero señalarle que en la reunión que mantuvieron la semana pasada todos los directores del Agua de las distintas comunidades autónomas con nuestro director general del Agua, Jaime Palop, el director general de Canarias nos transmitió que no nos pedían ninguna actuación por emergencia, porque la situación era la habitual, sino más bien la aceleración de los acuerdos, de las obras y la inclusión de otras nuevas en el convenio, tal como estamos redefiniendo en estos momentos.
Muchas gracias, señoría.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON RAMÓN COMPANYS I SANFELIÚ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LA FORMA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA HACER FRENTE A LAS APORTACIONES NECESARIAS PARA LAS OBRAS DE LAS CUENCAS INTERNAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA, PREVISTAS EN EL REAL DECRETO-LEY 2/2004, DE 18 DE JUNIO, DE MODIFICACIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL (PHN) (S. 680/000459).


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El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Companys i Sanfeliú.
Tiene la palabra su señoría.


El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Señor presidente, señora ministra, señoras y señores senadores, ¿cómo tiene previsto el Gobierno hacer frente a las aportaciones necesarias para realizar las obras previstas en el Plan Hidrológico Nacional, situadas en las cuencas internas de Cataluña? Como el tiempo es muy limitado, señora ministra, le ruego que no me diga que se hará en aplicación de la disposición adicional quinta --a eso llego yo solo--, en la que se deja claro que el Estado garantizará el acceso a la financiación con cargo a fondos comunitarios, porque eso no quiere decir que se aseguren las aportaciones necesarias para que las obras sean viables.
En el trámite parlamentario de modificación del Plan Hidrológico Nacional, presentamos una enmienda en la que sí asegurábamos los fondos necesarios para realizar las inversiones, y pedíamos que, en caso de que la financiación comunitaria fuese insuficiente --que creemos que puede serlo-- el Estado garantizase la financiación del conjunto de la obra, al igual que las otras obras incluidas en el anexo del Plan Hidrológico Nacional. Pero esa enmienda no se aprobó, por lo que nosotros entendemos que puede darse el caso de que, en efecto, se produzca una falta de financiación. En consecuencia, le pregunto, señora ministra, si ha llegado a algún compromiso con el Govern de la Generalitat para la financiación de las obras de las cuencas internas de Cataluña y cuál va a ser su posición en el caso de que los fondos europeos no sean suficientes, y si la financiación es con fondos europeos, que es lo que parece ser, ¿qué Administración se hará cargo de la cofinanciación de esos fondos? Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señoría; gracias, señor senador.
Efectivamente, el Gobierno está a punto de firmar un convenio con la Generalitat de Cataluña una vez que se ha aprobado la Ley por la que se modifica el Plan Hidrológico Nacional que aprueba definitivamente obras en las cuencas internas de Cataluña que sustituyen al previsto trasvase del Ebro en su tramo por Cataluña; obras que persiguen incrementar la disponibilidad de agua en Cataluña y también mejorar la calidad de la misma y su gestión. En su momento esas obras fueron propuestas por el Ministerio de Medio Ambiente a la Generalitat; ésta última hizo algunas propuestas complementarias que configuran ese paquete que ha quedado aprobado en el anexo de esa ley.
Efectivamente, fue la propia Generalitat de Cataluña quien pidió que, al situarse esas obras en las cuencas internas de Cataluña, se gestionaran plenamente por parte de la Generalitat. Dejan de ser obras de interés general del Estado pero, a pesar de ello, el Ministerio de Medio Ambiente está en estos momentos terminando de presentar toda la documentación necesaria para la obtención de fondos de cohesión de la Unión Europea para que exista la cofinanciación que estaba prevista en su día para el tramo del trasvase del Ebro que beneficiaba a Cataluña.
En el convenio, la Generalitat se hace cargo de la gestión y de la financiación de las obras, naturalmente con ese apoyo del Gobierno de la nación en cuanto a la obtención de una cantidad análoga a la que en su momento se hubiera obtenido por parte de la Unión Europea de haberse aceptado el trasvase del Ebro.
Señoría, ésa es la situación. Nosotros trabajamos con la Generalitat en el marco del acuerdo que nos ha propuesto la propia Generalitat y que va a ser firmado muy próximamente.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra su señoría.


El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señora ministra.
Efectivamente es como usted ha explicado, pero el consejero de Medio Ambiente de la Generalitat ha hecho últimamente unas declaraciones en las que señalaba que había un compromiso por parte del Gobierno central de una aplicación de 542 millones de euros, cifra que está muy lejos de los 905 que están previstos en los anejos y, por lo tanto, faltan más de 360 millones de euros para la total financiación.
Señora ministra, yo entiendo su buena voluntad y espero que lleguen a un acuerdo, pero considero que sería bueno que el tratamiento que se diese a ese conjunto de obras fuese similar al que se da al resto de las obras y, en este caso, si los números no fallan, faltan más de 300 millones de euros para poder financiar el conjunto de las obras que se encuentran en los diferentes anexos.
Señora ministra, esa propuesta de la Generalitat de Cataluña lo que hace es liberar al Estado de un cierto nivel de endeudamiento, pero eso no puede ser un motivo de discriminación. Por lo tanto, yo le pido --aunque no estemos en el gobierno de Cataluña-- que lo examine con el máximo interés para que esas obras tengan una financiación que las haga viables.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.
Señoría, ha sido voluntad de la Generalitat la decisión de que esas obras formen parte de la planificación hidrológica de la Generalitat a partir del momento en el que se aprueba y se publica la ley que modifica el Plan Hidrológico Nacional. Ya no forman parte de la planificación hidrológica del Gobierno de la nación y, por lo tanto, la Generalitat asume todo lo que tiene que ver con su gestión y con su financiación. Ése es el acuerdo que en estos momentos se nos ha planteado y que está a la espera de tener

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todos los trámites resueltos para poder firmarse próximamente.
Por lo tanto, yo entiendo que no hay discriminación, sino el fruto de un acuerdo en el que la Generalitat ha querido ser la que gestione directamente esas obras en lugar de hacerlo el Gobierno de la nación, y lo entiendo en términos competenciales, ya que son obras de las cuencas internas de Cataluña.
Señoría, en estos momentos no puedo decirle nada más, porque es un acuerdo que está pendiente de firma y responde a los parámetros que le estoy comentando.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON FRANCISCO JOSÉ VÁZQUEZ VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS ACTUACIONES QUE ESTÁ DESARROLLANDO EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EN LA «COSTA DA MORTE» DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA (S. 680/000470).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Vázquez Vázquez.
Tiene la palabra su señoría.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Con la venia, señor presidente.
Señora ministra, mi pregunta obedece al deseo de conocer cuáles son las actuaciones que está desarrollando su ministerio en la «Costa de la Muerte» en relación con las secuelas del «Prestige». Y obedece, sobre todo, a la preocupación respecto de que, en la mayoría de las veces, estas catástrofes ecológicas o medioambientales permanecen en la memoria de la opinión pública únicamente con la espectacularidad de las primeras imágenes, olvidando que posiblemente las consecuencias sean mucho más profundas, y valga esta expresión cuando hablamos de un problema medioambiental vinculado con el mar. Porque efectivamente en el mar siguen actuando durante muchísimos años todos los productos tóxicos que van produciendo un daño considerable en la flora, en la fauna, y consiguientemente, en los recursos económicos de la zona.
Y de alguna manera sé lo que digo, pues con mi condición de senador coincide la de alcalde de una ciudad que tiene el triste récord de ser la única del mundo en cuya bahía se han producido, no una ni dos, sino tres catástrofes medioambientales tan importantes como los hundimientos del «Urquiola», del «Erkowit», o del «Mar Egeo», momento en el que, por cierto, ocupaba ya la responsabilidad de alcalde y puedo dar un fiel testimonio de la correcta y perfecta actuación que desarrolló el gobierno de la época.
Hoy existe en la Costa de la Muerte, señora ministra, la necesidad de continuar con las actuaciones, pues se trata de una zona en la que la actividad económica, y yo diría que incluso el estilo de vida, va vinculado al propio mar, tanto desde el sector de la pesca y del marisqueo, como de las actividades económicas vinculadas a los aprovechamientos de la belleza natural de la zona. Y todavía hay problemas, la mayoría de las veces derivados precisamente de la falta de respuesta que se dio en el momento inicial del hundimiento del «Prestige». Cuando yo decía que olvidamos las consecuencias quedándonos únicamente con la espectacularidad de las primeras imágenes, me refiero también a que a veces olvidamos por qué, de las nueve catástrofes ecológicas que por hundimiento de grandes buques sufrieron las costas gallegas, es la del «Prestige» precisamente la que produjo resultados más negativos y secuelas que todavía estamos sufriendo, fruto precisamente de aquel desgraciado mes en el que no se adoptó ningún tipo de medida, sino que, por el contrario, se improvisó y se produjeron los resultados que tenemos.
Por ello, señora ministra, mi pregunta es sobre las actuaciones que está desarrollando su gabinete en esta materia.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señor presidente, y gracias también a usted, señoría.
Como usted muy bien señala, las secuelas de aquellos «hilillos», tal y como los definía el entonces vicepresidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, todavía existen incluso en materia de limpieza de playas. Por supuesto hemos hecho la labor de limpieza inmediata, la que permite que la superficie de las playas mantenga unas condiciones óptimas en cuanto a su uso público, pero de vez en cuando tenemos que seguir limpiando las secuelas de los «hilillos», porque ciertamente parte de ellos han quedado debajo de lo que se ve. Seguimos desarrollando una tarea de limpieza que estamos complementando con una tarea de recuperación y restauración ambiental de las playas y costas dañadas por el «Prestige» en la «Costa da Morte».
En esa labor de recuperación estamos intentando hacer de la desgracia una virtud, pues, entre otras cosas, estamos recuperando como senderos peatonales aquellos caminos que tuvieron que abrirse para que pudieran acceder a desarrollar sus tareas de limpieza los voluntarios y todos los medios que se pusieron a disposición en aquel dramático momento. Pero además de recuperar esos senderos peatonales, por supuesto estamos actuando en la mejora del dominio público de numerosas playas.
Así, le diré que en estos momentos tenemos en marcha actuaciones por 19 millones de euros; 7,2 millones de euros se corresponden con el plan de actuaciones urgentes derivadas de forma estricta de la catástrofe del Prestige.
De esas actuaciones ya hemos ejecutado 2,2 millones de euros en Laxe, Camariñas, Muxía, Cee, Fisterra y Carnota; estamos en estos momentos tramitando otras actuaciones de cinco millones de euros en los municipios de Arteixo, Carballo, Malpica, Ponteceso, Camariñas y Fisterra, y el resto de las actuaciones se corresponden con la planificación ordinaria de la Dirección General de Costas, donde hemos terminado recientemente actuaciones en

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Cee, Laracha, Corcubión, Ponteceso, Fisterra y Muxía, con un presupuesto aproximado de 2,5 millones de euros. Están en ejecución, con los objetivos ya citados, nuevas actuaciones en Arteixo, en Cabana y en Laxe, con un presupuesto aproximado de 5,5 millones de euros, y se está pendiente de adjudicación de la recuperación del borde litoral de Malpica, que implica un presupuesto de más de 625.000 euros, todo ello junto con la tramitación avanzada de otras actuaciones en Camariñas y en Laxe, por un valor de 3,9 millones de euros. Como le decía, alrededor de 19 millones de euros que el Ministerio de Medio Ambiente ha comprometido y está desarrollando en la «Costa da Morte» para superar las secuelas de la catástrofe del «Prestige».
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DON LUIS ÁNGEL LAGO LAGE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EN LA PROVINCIA DE LUGO, DENTRO DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES PARA LA GESTIÓN Y UTILIZACIÓN DEL AGUA (PROGRAMA AGUA) (S. 680/000471).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Lago Lage. Tiene la palabra su señoría.


El señor LAGO LAGE. Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, la Ley 22/1997, de 8 de julio, declaraba de interés general algunas obras hidráulicas en la ciudad de Lugo, y dentro de ellas destacaba, por su importancia, una obra cada día más necesaria para atender las necesidades de una población de casi cien mil habitantes, la ampliación y mejora de la estación depuradora de aguas residuales, la EDAR de Lugo.
Estas inversiones declaradas de interés general en 1997 por el Gobierno del Partido Popular tenían como horizonte de cumplimiento, curiosamente, el año 2004, y es bueno ver algunas cifras de este cumplimiento para comprobar realmente quién estuvo maltratando a Galicia en materia de inversiones. En el período 1997/2003, correspondiente íntegramente a gobiernos del Partido Popular, se invirtieron en licitaciones y ejecución exactamente 18,3 millones de euros. Desde que comienza el Gobierno socialista, 2004/2005, un año escasamente, se han licitado, contratado, y están en ejecución 84,7 millones de euros: en siete años un 18 por ciento, en un año escaso un 82 por ciento.
Estamos hablando, sin duda, de importantes inversiones y proyectos de este Gobierno en la provincia de Lugo, y es así porque son obras realmente necesarias; son obras que se meditan, a pesar --y hay que decirlo así claramente-- de la nula colaboración y la manifiesta deslealtad institucional demostrada asiduamente por el Gobierno del Partido Popular de la Xunta de Galicia, y a pesar también --y hay que decirlo igualmente-- de la habitual morosidad del Gobierno del Partido Popular de la Diputación Provincial, que no paga su 30 por ciento conveniado con la Confederación, llegando en estos momentos la deuda viva con este ministerio a cuatro millones de euros.
Señora ministra, hace unos días estuvo usted en la provincia de Lugo, y afirmaba que su ministerio aborda actualmente una renovación integral sin precedentes de la infraestructura hidráulica de Lugo que, según sus palabras, culminará en el año 2008. Viene este proyecto a sustituir otro, que era la polémica presa del río Narla, que tuvo una declaración de impacto ambiental negativa, que contaba con el rechazo de organizaciones ecologistas, de la mayoría de los ciudadanos y del propio ayuntamiento, pero que el Gobierno del Partido Popular se empeñaba en llevar a cabo.
Señora ministra, convendrá conmigo en que un ambicioso proyecto, como usted dice, hidráulico de abastecimiento de agua a una ciudad como Lugo debería tener, por lo menos, los siguientes objetivos: abastecer con agua de calidad a los ciudadanos, reutilizar al máximo posible el agua depurada, proteger el caudal hidrológico del río Miño, no encarecer el recibo del agua, en resumidas cuentas, respetar el medio ambiente.
Por tanto, nuestra pregunta es qué valoración hace su Gobierno de ese ambicioso proyecto de obras hidráulicas que su ministerio se plantea ejecutar en la provincia de Lugo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, el ministerio lo único que está haciendo es lo que tiene que hacer, en este caso con los ciudadanos de Lugo, que necesitan por supuesto agua de calidad, agua en las condiciones adecuadas --en cuanto a la distribución del agua en la ciudad de Lugo-- y también un caudal del río Miño que cumpla determinadas condiciones ambientales durante todos los meses del año. Por eso hemos acelerado las tareas, por ejemplo, de mejora de la depuración y el saneamiento en la ciudad; esa tarea supone un conjunto de cinco proyectos; en estos momentos dos colectores ya están acabados; dos están en ejecución y la mejora de la depuradora tiene próxima adjudicación. Todo ello significa 103 millones de euros, de los que el 85 por ciento van a ser aportados por el Ministerio de Medio Ambiente, y la Xunta de Galicia aporta el 15 por ciento, en este caso.
Sin embargo, en el caso del proyecto de abastecimiento, del que recientemente tuve ocasión de conocer su diseño y visitar el lugar de su emplazamiento, será el Ayuntamiento de Lugo el que ponga el 25 por ciento de su importe, mientras que el 75 por ciento restante lo aportaremos a través de la sociedad Aguas de la Cuenca del Norte, un proyecto de 35 millones de euros, que, efectivamente, responde a las exigencias que usted señalaba en su intervención y que estaremos en condiciones de licitar este mismo año.
Es un proyecto que evita la construcción de esa presa en el río Narla, que, como usted señalaba, no respetaba las condiciones medioambientales necesarias, razón por la que obtuvo una declaración de impacto medioambiental negativa, mientras que con la obra de abastecimiento que

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se va a licitar cumplimos con las exigencias deseables en materia medioambiental y diría también que en materia social, porque, efectivamente, es la primera vez que el alcalde de Lugo, un alcalde socialista, es tratado por la Administración General del Estado con el respeto que se merecen todas las instituciones, las gobierne el partido que las gobierne.
Por eso, el alcalde de Lugo, como cualquier otro alcalde o cualquier otra institución, debe y puede participar en la selección de las obras que afectan a su término municipal, en este caso no sólo por lo que se refiere a esa obra de abastecimiento sino también respecto a la obra de mejora de las riberas del río, donde el ministerio llevará a cabo dentro de sus inversiones en restauración hidrológica-forestal, una obra en el borde del río en la ciudad, que se corresponde con lo que la ciudadanía de Lugo está pidiendo.
No se trata sólo de hacer más y mejores obras y de cumplir, por lo tanto, con los objetivos en materia de depuración y de abastecimiento, sino también de intentar realizar aquellas obras que responden a la voluntad de los ciudadanos, con el máximo respeto a las instituciones locales, al margen de quien sea el partido que gobierne esas instituciones. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DOÑA ISABEL LÓPEZ AULESTIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 44/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE ORDENACIÓN DE LAS PROFESIONES SANITARIAS, AL OBJETO DE INCLUIR LA PSICOLOGÍA (S. 680/000461).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora López Aulestia.
Tiene la palabra su señoría.


La señora LÓPEZ AULESTIA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, la Ley 42/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la LOPS, mantiene la vía PIR como la única alternativa para la obtención del título de psicólogo especialista en Psicología Clínica.
Como se sabe, la vía PIR es extraordinariamente restrictiva, hasta el punto de que no solo excluye a la mayoría, sino a la inmensa mayoría de los psicólogos.
¿Piensa el Gobierno modificar esta ley, incluyendo la Psicología como profesión sanitaria, cumpliendo así --digo, de paso-- la promesa que hizo el Partido Socialista en su campaña electoral y lo que defendió en la anterior legislatura, cuando era oposición? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Sanidad.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, el día 10 de marzo pasado, la Comisión Técnica de Formación Especializada aprobó, por unanimidad, un dictamen que recoge el posicionamiento de todas las administraciones y aporta una serie de propuestas de actuación sobre la cuestión que usted nos plantea.
El dictamen destaca que la definición actual de esta licenciatura no permite afirmar su carácter esencial de profesión sanitaria regulada y, por tanto, no resulta apropiado modificar la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, sin perjuicio de replantearse esa cuestión en el marco del Espacio Europeo de Enseñanza Superior.
Por tanto, debemos seguir las recomendaciones de ese grupo de trabajo que estudió la situación y que elaboró el dictamen, un grupo integrado por los ministerios de Sanidad y Consumo y de Educación y Ciencia y las comunidades de Andalucía, Aragón, Cataluña y Madrid. Insisto en que ese dictamen fue aprobado por unanimidad.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la senadora López Aulestia.


La señora LÓPEZ AULESTIA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, lamento decirle que su respuesta es profundamente decepcionante, no para mí, que no soy psicóloga, sino para los miles de psicólogos que con esta ley encuentran prácticamente cerrado el camino para el ejercicio de la profesión que han elegido. Son miles los psicólogos que se ven afectados por esta ley. Creo que tenemos en la tribuna de invitados una importante representación del Colegio de Psicólogos de Madrid y también a alumnos de Psicología, que estoy convencida esperaban que usted les dijera que aquello que defendieron en la anterior legislatura lo iban a poner ahora en práctica. No ha sido así.
Izquierda Unida, como bien sabrá, está pendiente de presentar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley, donde se insta al Gobierno a la modificación de un artículo de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias en este sentido: Corresponde a los licenciados en Psicología la realización de diagnósticos, evaluaciones, tratamientos, rehabilitaciones y promoción de la salud mental de carácter psicológico con fines preventivos o curativos, en los distintos contextos en que las anomalías, trastornos o cualquier otro comportamiento humano puedan manifestarse y sea objeto de la Psicología.
Seguramente sería una buena noticia para los psicólogos y psicólogas el que usted dijera que el Grupo Parlamentario Socialista va a aprobar en el Congreso de los Diputados la modificación de la ley en este sentido, pero ya me ha dicho usted que no. Por lo tanto, veo a los psicólogos condenados a pensar que cuando el Grupo Parlamentario Socialista estaba en la oposición defendía unas cosas y se oponía a las leyes aprobadas por el Grupo Parlamentario Popular, mientras que ahora, una vez en el poder, cambian los papeles. Si yo presentara ahora una moción donde

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se instara al Gobierno a la modificación de la ley, el Grupo Parlamentario Popular la apoyaría --que fue el que elaboró esta ley tan lesiva para los psicólogos-- y, sin embargo, el Grupo Parlamentario Socialista se opondría a ella. Lo cierto es que esta actitud es una caricatura de lo que debe ser la política.
Señora ministra, yo esperaba otra cosa de usted y del Grupo Parlamentario Socialista, y no que siga manteniendo una ley que cierra de manera casi total el ejercicio de la profesión a la inmensa mayoría de los psicólogos, para la que se han preparado y se están preparando muchos de ellos.
Muchas gracias. (Aplausos desde la tribuna de invitados.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Ruego que quienes están en la tribuna no aplaudan.
Tiene la palabra la señora ministra de Sanidad.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, para disponer de los psicólogos que se necesitan en el sistema, y también para actualizar la definición de la unidad asistencial de psicología clínica y los centros de salud mental, no es necesario en absoluto modificar la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. El dictamen, aprobado por unanimidad por todas las administraciones, da cobertura a esas necesidades, propone la modificación de la normativa existente para la autorización de las unidades asistenciales y anima a las administraciones sanitarias a incrementar progresivamente las plazas de psicólogos clínicos en su doble vertiente: formación y dotación de recursos. Además, el informe concluye sugiriendo la modificación de las disposiciones transitorias del Real Decreto 24/1998, a fin de que puedan solicitar el título de especialista el mayor número posible de licenciados antes de su entrada en vigor. Como su señoría sabe, todo ello fue refrendado por la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, que el pasado 15 de marzo aprobó una proposición no de ley en estos términos. Para darle cumplimiento, el pasado viernes 3 de junio, el Consejo de Ministros aprobó la modificación del citado real decreto, alargando el período computable para acceder al título de especialista, ampliando en seis meses el plazo de presentación de solicitudes e incorporando supuestos hasta ahora no contemplados, como la posible opción al título de catedráticos, profesores titulares de escuelas universitarias o licenciados universitarios diplomados en las extinguidas escuelas universitarias de Psicología. Quiero resaltar que esta modificación cuenta con la aprobación de la Comisión Nacional de Psicología Clínica y con el informe favorable del Consejo de Estado.
Señora López, nosotros no estamos poniendo trabas, sino que queremos solucionar esta cuestión. Por ello hemos actuado de la manera que le he expresado, solicitando además un informe al Consejo Asesor de Sanidad.
Por otra parte, quisiera decirle que la posible inclusión de esta disciplina en el ámbito de las Ciencias de la Salud deberá plantearse en el marco del Espacio Europeo de Enseñanza Superior cuando se configuren los estudios universitarios de grado y posgrado de Psicología.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DON ANTONIO ROMÁN JASANADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES DE LA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO DE IMPULSAR LA CREACIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA DE URGENCIAS (S.
680/000465).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Román Jasanada.
Su señoría tiene la palabra.


El señor ROMÁN JASANADA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, como usted bien sabe, los médicos de urgencia, las urgencias hospitalarias y extrahospitalarias cumplen un papel esencial en el sistema. La calidad de la atención sanitaria ha mejorado con la asistencia «in situ» de la persona accidentada o aquella que enferma de manera súbita. Las urgencias hospitalarias atienden todos los años a millones de personas y constituyen un punto de contacto esencial entre el ciudadano, usuario de la sanidad, y el sistema. Cada vez las personas demandan más calidad, más rapidez en la asistencia y una inmediatez en la solución de su problema de salud, y esto lo hacen a través de los profesionales que trabajan en urgencias. Profesionales, por lo demás, bien formados, en unas ocasiones a través de la vía MIR y en otras autoformados en materias relacionadas con su puesto de trabajo en la urgencia, completado a través de talleres, congresos y demás.
Hoy comienza, como usted bien sabe, en Baleares el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Urgencias y Emergencias. Este colectivo lleva reclamando ya desde hace algunos años la especialidad de medicina de urgencias. En el año 2001 se aprobó la categoría laboral de médicos de urgencias hospitalarias en el extinto Insalud, y la aprobación de la especialidad es una gran reivindicación de este colectivo.
Sin duda, la aprobación de una especialidad no es una decisión fácil, es una decisión importante en la cual se tienen que poner de acuerdo el Consejo Nacional de Especialidades Médicas y el Ministerio de Educación, pero, sin duda, el posicionamiento del Ministerio de Sanidad es importante. Hasta hoy no se conoce un posicionamiento claro por parte de la ministra de Sanidad sobre si va a impulsar o no la especialidad, si es partidaria o no de que sea un área de capacitación específica, si todo debe quedar como está hoy en día, y por eso le pregunto si piensa impulsar la creación de la especialidad de medicina de urgencias en España.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Sanidad.


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La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO ( Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, como usted ha dicho, la creación de un nuevo título de especialista es una decisión de la máxima importancia para el sistema sanitario, y por ello creemos que lo primero que debemos hacer es escuchar a los profesionales y a los técnicos que tienen experiencia en este terreno.
Quiero decirle que hemos recibido a los representantes del colectivo de médicos de urgencias. Somos conscientes de sus aspiraciones, y tanto los servicios técnicos del ministerio, como el Consejo Nacional de Especialidades Médicas están estudiando con todo detalle el dossier que han presentado a efectos de justificar la creación de este nuevo título, porque, señor Román, creo que no se trata tanto de impulsar como de dar los pasos que nos permita conocer si es necesario y conveniente hacerlo y, en su caso, cómo deberá articularse una decisión que, en todo caso, debe ser debatida en profundidad con las comunidades autónomas en el seno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud porque, como uste bien sabe, tendría importantes repercusiones en la organización de las unidades de urgencia de los distintos servicios de salud.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra su señoría.


El señor ROMÁN JASANADA: Muchas gracias, señora ministra.
Lamento que no aclare hoy tampoco ninguna posición en temas sanitarios.
Ya es habitual que la ministra de Sanidad no se pronuncie en temas que afectan a los profesionales y a la Sanidad. Hace unos días no se pronunciaba en materia de financiación sanitaria, hoy no se pronuncia en una materia que afecta a los recursos humanos del sistema y, en concreto, a un colectivo importante.
Me alegra que diga que se va a debatir en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, como debería haberse debatido en grupos de alto nivel otras cuestiones como la financiación, el decreto de cartera de servicios de prestaciones, el plan de farmacia, etcétera.
Yo creo que hay que liderar el sistema, que usted tiene que pronunciarse en cuestiones importantes como en la de la especialidad o no y en la del área de capacitación específica o no.
El Partido Socialista en la anterior legislatura presentó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la cual urgía al Gobierno de España a impulsar la creación de una especialidad de urgencias y emergencias. En el programa y en sus promesas electorales también lo contemplaba el Partido Socialista. ¿Por qué cambian de idea según están en la oposición o en el Gobierno? ¿Lo van a mantener? A lo mejor dentro de unos meses me dice que lo mantiene, pero me gustaría haberlo escuchado hoy, y no decir que no es el procedimiento una manifestación; no decir que son muy pocas personas las que acuden a las manifestaciones, sino asumir el liderazgo del ministerio, asumir los problemas que tiene que resolver el ministerio y pronunciarse también ante lo que demanda un colectivo importante de profesionales.
Me hubiera gustado...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, por favor, señoría.


El señor ROMÁN JASANADA: Termino, señor presidente.
Señora ministra, cuando acude usted a las sesiones de control o cuando acude a las Cámaras, me gustaría que tuviera pronunciamientos mucho más claros y no evasivas diciendo siempre que otros son los que tienen que pronunciarse y que la ministra nunca se pronuncia en aquello que es de su competencia, que es la sanidad y, en el caso que hoy nos ocupa, los profesionales.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Sanidad.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Nosoros creemos que habría que estudiar la conveniencia de incrementar el importante número de especialidades que ya tenemos. Le recuerdo, señoría, que son 47 diferentes y que el incremento del número de especialidades es, por cierto, una medida desaconsejada por la Unión Europea. Hay que debatir también sobre la propia esencia de la especialidad, ya que, como conocerá, en amplios sectores de la sociedad científica y profesional se considera que las urgencias como tales deben ser abordadas desde un punto de vista multiprofesional por afectar al ámbito de actuación de las más diversas especialidades. Y, por ello, en la sesión de la Comisión técnica de formación sanitaria especializada, celebrada el pasado 10 de marzo, las comunidades autónomas consultadas sobre la posible creación de esta especialidad manifestaron, todas ellas, la necesidad de estudiar en profundidad este asunto, acordando constituir un grupo de trabajo específico integrado por una amplia representación --y quiero leérsela--: las comunidades autónomas de Cataluña, Madrid, Canarias, Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y La Rioja, así como, por supuesto, con representantes de los ministerios de Educación y Ciencia y de Sanidad y Consumo. Este amplísimo grupo de trabajo se ha constituido y ha iniciado ya su actividad el pasado 15 de abril. Y, paralelamente, para contar con la opinión de todos los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas --y, por lo tanto, tener esa opinión de alto nivel a la que usted hace referencia--, el ministerio ha consultado también por escrito a todos y cada uno de los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas, tanto las que están presentes en el grupo de trabajo como las que no lo están.
Por lo tanto, para su tranquilidad le diré que esta ministra está dando los pasos oportunos a fin de que se estudie en profundidad la posible creación de esta especialidad, y

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hasta tanto no esté hecho ese estudio, permítame que no me pronuncie.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


-- DE DOÑA MERCEDES AROZ IBÁÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE LA OPINIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL NIVEL DE GASTO SOCIAL EN ESPAÑA (S. 680/000477).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Aroz Ibáñez. Tiene la palabra su señoría.


La señora AROZ IBÁÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el Estado del bienestar en España, por razones históricas, ha tenido un retraso en el tiempo y ha alcanzado un menor desarrollo que en los países más avanzados de la Unión Europea. El gasto social es uno de los elementos que expresa esta realidad. Hubo un crecimiento progresivo hasta 1994, desarrollándose servicios y prestaciones, y a partir de ahí se estabiliza con un ligero descenso en línea con los otros países europeos dentro del ajuste fiscal para el acceso a la Unión Económica y Monetaria, pero estando España en peor situación. Actualmente, el conjunto del gasto social se sitúa en el 75 por ciento del promedio de la Unión, en relación con el producto interior bruto.
Y detrás de las cifras hay unos hechos que influyen decisivamente no sólo en el bienestar social, sino también en la economía y la igualdad de oportunidades. Así, por ejemplo, el gasto educativo por alumno es un 30 por ciento inferior en la enseñanza secundaria, con las deficiencias conocidas, y este es un nivel clave porque todas estas deficiencias se transmiten a niveles superiores e inciden en la formación del capital humano.
Otro ejemplo sería el capítulo destinado a la familia y a la infancia, decisivo para la igualdad de oportunidades, en el que España gasta un 2,6 por ciento del gasto frente al 8 por ciento de la Unión Europea. Pero además de esta nuestra propia realidad, hoy compartida en la gestión con las comunidades autónomas, hay otra general que también nos afecta, que es la necesaria reforma del Estado del bienestar para garantizar su sostenibilidad y la eficiencia del gasto y de los servicios. Así, no es sostenible un crecimiento exponencial del gasto sanitario como el que tenemos por muchas reformas de financiación que se hagan, es decir, que nos enfrentamos al reto de la convergencia social con la Unión Europea para tener los niveles de bienestar social de los países más avanzados de la Unión. Asimismo, tenemos que atender a nuevas necesidades, como es la atención a los mayores, y nos enfrentamos también al reto de la reforma.
Por ello, señor ministro, le planteo esta pregunta sobre el nivel de gasto social en España que doy por formulada en sus propios términos.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.
Gracias, señoría. Señora Aroz, como sabe y ha dicho usted muy bien, en nuestro modelo constitucional muchas de las competencias que supone gasto social son de titularidad de las comunidades autónomas y de las administraciones locales, por lo cual la responsabilidad del Estado en esta materia resulta en buena manera limitada. Aun con todo, tengo que indicarle que el nivel de gasto social en España es inferior a la media europea ocho puntos y que en los últimos años --como usted sabe-- con los últimos gobiernos el diferencial con la Unión Europea no sólo no se ha reducido, sino que ha aumentado. Desde el año 1995 al año 2002 el nivel de gasto social en España cayó dos puntos en relación con el PIB y en la Unión Europea se mantuvo. Por tanto, en estos momentos el diferencial llega a ocho puntos. Como es obvio, el nivel de gasto social, alcanzado en los países europeos más avanzados es resultado de un proceso histórico de desarrollo de su Estado de bienestar a lo largo de décadas.
Situadas estas cuestiones, puede afirmarse que para el Gobierno lo más importante es cumplir con los objetivos inmediatos. Primero, desarrollar las políticas sociales; ya lo estamos haciendo. Segundo, atender las necesidades de los ciudadanos. Y, tercero, ampliar y consolidar el Estado del bienestar, para lo cual existirá un nuevo pilar de ese Estado del bienestar de atención a las personas sin autonomía personal o dependientes, que supondrá un incremento notable del gasto social en España. Entre tanto, quiero recordarle que este Gobierno, señoría, ha situado la prioridad en las políticas sociales, sin ninguna duda. Por eso, en nuestros primeros Presupuestos Generales del Estado se ha aumentado casi un 10 por ciento el gasto social, concretamente un 9,7 por ciento, superando del total del gasto que generan los presupuestos del Estado el 50 por ciento el destino a gasto social.
La subida de las pensiones mínimas ha sido generalizada para más de 2.300.000 pensionistas, muy por encima de la inflación, recuperando, por tanto, una parte de poder adquisitivo. Hemos subido también las pensiones no contributivas por encima del coste de la vida. Estamos ampliando y extendiendo el capítulo de acción social con respecto a nuestros emigrantes, a los españoles en el exterior: sanidad, atención farmacéutica, pensiones asistenciales. Hemos subido las prestaciones por desempleo, que también es un componente del gasto social. Hemos reforzado el apoyo a las comunidades autónomas para la red básica de servicios sociales. Hemos aumentado las ayudas familiares para atender a las personas con discapacidad. Se han incrementado los programas de atención a mayores y se ha presentado al Consejo de Ministros la duplicación en los próximos tres años del plan de viajes para mayores, para personas jubiladas en España, desde 800.000 viajes a un millón y medio. Como usted sabe, hemos aprobado un

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fondo de 120 millones de euros en este ejercicio para la integración de los inmigrantes y un fondo de 50 millones de euros para iniciar el desarrollo de la red de atención a las personas sin autonomía personal o dependientes. Por tanto, el gasto social, sin duda, se está incrementando. Veremos la valoración posterior de la Unión Europea , pero le confirmo que el objetivo esencial, la prioridad absoluta de este Gobierno, sin ninguna duda, son las políticas sociales y, por tanto, espero que en poco tiempo podamos aumentar ese gasto social necesario para los españoles.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la senadora Aroz.


La señora AROZ IBÁÑEZ: Gracias, señor presidente.
Quiero agradecer al señor ministro su respuesta, así como expresar mi satisfacción por el compromiso del Gobierno --como no podía ser de otra manera-- con el desarrollo y consolidación del Estado del bienestar, pero quisiera plantear dos cuestiones a las que el señor ministro no se ha referido: una, el proceso de reformas que se lleva a cabo en todos los países precisamente para consolidar el Estado del bienestar y, dos, cómo se va a financiar esta expansión del gasto social, recordando en este sentido que España tiene un diferencial de cinco puntos en la presión fiscal con respecto a la Unión Europea.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON EDUARDO CUENCA CAÑIZARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE CERCANÍAS DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA, EN LA COMUNIDAD DE MADRID (S. 680/000437).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Cuenca Cañizares.
Tiene la palabra su señoría.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿qué valoración hace el Gobierno del funcionamiento de las cercanías en la Comunidad de Madrid?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Señoría, como usted sabe, este Gobierno ha hecho una apuesta decidida por el ferrocarril y, en particular, por los servicios de cercanías. Para ello, estamos impulsando mejora en la prestación de estos servicios, fundamentalmente en los de Madrid, por los que usted pregunta; con las actuaciones en curso en la red de cercanías mejoraremos la oferta y calidad de este servicio de transporte público ,que supone una alternativa al uso del vehículo privado y, por tanto, es más respetuoso con el medio ambiente, ayudando así a la sostenibilidad medioambiental.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra su señoría.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, por su contestación, creo que usted y yo vivimos en mundos distintos, y quiero explicarle lo siguiente: el 54 por ciento de los viajeros de cercanías son de la Comunidad de Madrid; en Madrid viajan en el servicio de cercanías 38 veces más que en el AVE; sin embargo, los parámetros de confort, calidad e inversión son muy distantes entre un sistema y otro.
Señora ministra, en Madrid el número de usuarios en el año 2004 respecto a 2003 ha descendido un 2,4 por ciento; 49 estaciones están todavía sin adaptar, más del 50 por ciento de las estaciones de esta comunidad; más del 50 por ciento de los tramos ferroviarios están sin proteger, aproximadamente 230 kilómetros; por ejemplo, en alguna estación, como la de Torrejón, cualquier ciudadano cruza las vías andando; 39 pasos a nivel permanecen aún sin resolver; hay una imposibilidad de conseguir mayor intensidad de trenes, dadas las características de los tramos ferroviarios, por ejemplo, por la dificultad de duplicar la línea C3, entre los municipios de Pinto y Aranjuez.
Señora ministra, necesitamos un plan de mejora y ampliación de las cercanías en Madrid; ampliación para llevar el servicio de cercanías a nuevas localidades, como Navalcarnero, Algete, etcétera, y, por qué no, ampliación también de la línea de negocio de cercanías.
Igualmente, ministra, necesitamos cerrar la línea C5; la apertura de nuevas estaciones, como Valmojado, OÆDonnell, Ciudad Pegaso, etcétera; modernización significa mejoras en las estaciones y la accesibilidad a aparcamientos disuasorios.
Y cómo no, también nos hacemos eco de lo solicitado por algunos alcaldes de su Partido en la zona sur, en este caso Alcorcón, Fuenlabrada y Leganés: el soterramiento de las vías férreas a su paso por los cascos urbanos para hacerlos más permeables.
Señora ministra, Izquierda Unida defiende este sistema de transporte, y nos lo creemos además porque somos usuarios del mismo; pero queremos una mayor inversión en la alta ocupación y mimarla un poco respecto de la alta velocidad. Sé que ustedes están muy preocupados por la alta velocidad, pero nosotros lo estamos por la alta ocupación, que utilizan diariamente miles y miles de trabajadores y trabajadoras para acudir a sus puestos de trabajo, así como estudiantes a realizar sus actividades.
Por tanto, señora ministra, prioridad en las cercanías significará modernizar, ampliar, mejorar, mayores cotas de calidad de este sistema de transporte por el que apostamos; y le estoy hablando, señoría, de accesibilidad, de mayor intensidad

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de los trenes; de seguridad en el tráfico ferroviario, de calidad, de equiparar el horario de cercanías al del metro en esta comunidad, de prolongar el horario de cercanías en los fines de semana para el regreso de los jóvenes y de los trabajadores a altas horas de la madrugada, y, señora ministra, del traspaso de las cercanías a la comunidad de Madrid.
Por consiguiente, me gustaría que dedicara a la alta ocupación algo de ese mimo que ustedes conceden a la alta velocidad, y que se preocuparan por los que vamos todos los días en ese transporte como en una lata de sardinas, donde no podemos ir con el carrito de nuestro bebé porque no podemos entrar en una estación por falta de accesibilidad, o porque no podemos acceder a algunas vías, por las características que anteriormente he citado.
Señora ministra, repito, un poco de mimo a este respecto y preocúpese por el transporte que utilizamos miles de trabajadores todos los días.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Señoría, le rogaría que se preocupara por oír y analizar lo que el Gobierno actual está haciendo, y no utilizara siempre las mismas críticas, sin tener en cuenta ni lo que se dice ni lo que se hace.
No sé si usted vive en un mundo distinto al mío; yo vivo en la realidad y estamos aplicando una política útil para los ciudadanos, que hace compatible el avance en la alta velocidad con las cercanías, con el tren convencional y con el impulso a la mercancía. En resumen, nada de lo que usted ha dicho sobre la política de infraestructuras, señoría, tiene que ver con lo que estamos haciendo desde que llegamos al Gobierno. Por ejemplo, Renfe hizo una encuesta, que está a su disposición, en abril de este año, sobre lo que piensan los usuarios del servicio de cercanías de Madrid. Pues bien, el 72,1 por ciento declaró estar satisfecho o muy satisfecho con el servicio, frente al 8,9 por ciento que se declaraba insatisfecho. Seguramente usted se ubica en este último grupo, y de ahí su intervención.
La preocupación del Gobierno por el servicio de cercanías se demostró en la partida correspondiente de los Presupuestos Generales del Estado para 2005, que subieron respecto a los del año anterior un 52,3 por ciento. En términos comparativos, el PP, durante la legislatura pasada, invirtió 54,8 millones de euros como media anual; el Gobierno socialista, durante este primer año, ha invertido 115 millones de euros: en un solo año, más del doble de la inversión media anual de la legislatura pasada. Desde luego, coincido con usted en que hay mucho que hacer y mucho que mejorar, pero no coincido en lo que usted dice de que esto no es prioritario para el Gobierno, y que no estamos haciendo nada.
Las inversiones en cercanías de Madrid se han destinado a infraestructuras, a obras en estaciones y a la adquisición de material rodante. Por cierto, siento que no se haya enterado usted, señoría, de que hay un plan de inversión específico para cercanías de Madrid. Siento muchísimo que no haya querido reconocer en esta Cámara que hemos invertido en material móvil de cercanías de Madrid para comprar 88 trenes nuevos; 500 millones de euros para material móvil de la serie Civia. Otro ejemplo: el Partido Popular dejó sin comenzar la obra del túnel Atocha-Chamartín, una de las grandes soluciones para la red de cercanías de Madrid; en sólo un año, hemos realizado el 22 por ciento de la obra.
Otro más: están previstas tres nuevas estaciones, una de ellas en Alonso Martínez, y hemos llegado a un acuerdo para la financiación con la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señoría.
Estoy segura de que, por medio de sucesivas preguntas, tendrá ocasión de ir viendo todo lo que hemos invertido en un año y cuáles son nuestros compromisos, y también de que llegará a la conclusión contraria a la afirmación con la que ha terminado su intervención.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DON JOSÉ MENDOZA CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL REGLAMENTO (CE) NÚMERO 261/2004, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 11 DE FEBRERO DE 2004, POR EL QUE SE ESTABLECEN NORMAS COMUNES SOBRE COMPENSACIÓN Y ASISTENCIA A LOS PASAJEROS AÉREOS EN CASO DE DENEGACIÓN DE EMBARQUE Y DE CANCELACIÓN O GRAN RETRASO DE LOS VUELOS, EN LO QUE SE REFIERE A SU ARTÍCULO 16, QUE OBLIGA AL ESTADO A DESIGNAR UN ORGANISMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE DICHO REGLAMENTO (S. 680/000457).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Mendoza Cabrera.
Tiene la palabra su señoría.


El señor MENDOZA CABRERA: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra. El Reglamento europeo 261/2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a pasajeros aéreos, en caso de denegación, cancelación o retraso de los vuelos, establece en su artículo 16 que cada Estado miembro designará el organismo correspondiente para el cumplimiento y desarrollo de dicho reglamento. ¿Cuál ha sido el grado de cumplimiento

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por parte del Gobierno de España de este Reglamento 261/2004?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Señoría, el organismo designado para aplicar esta nueva norma, a la que usted ha hecho referencia, es la Dirección General de Aviación Civil.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Mendoza.


El señor MENDOZA CABRERA: Gracias, ministra, por saber cuál es el organismo que se ocupa de esto.
Nos hubiera gustado enterarnos de alguna de las medidas que hayan puesto en práctica, puesto que, hasta ahora, no conocemos a nadie que haya presentado una reclamación por cancelación de vuelo, por retraso o por suspensiones, que haya sido atendido o contestado. Esto es lo fundamental, al fin y al cabo: es decir que no se está aplicando el reglamento. Es verdad que una parte del mismo es el nombramiento del organismo responsable, pero hay otra sobre cómo atender las quejas y reclamaciones. A esto es a lo que me gustaría que me respondiera.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Señoría, he respondido a lo que usted me ha preguntado, es decir, cuál era el organismo encargado de velar por la aplicación de la normativa. Si usted me pregunta otra cosa, también se la contestaré con mucho gusto.
Las obligaciones impuestas por la normativa comunitaria incumben al transportista aéreo y velar por la aplicación de la normativa al Estado miembro, que, en primer lugar, tenía que nombrar al organismo encargado de designar un responsable para velar por la aplicación del reglamento.
Posiblemente usted conocerá a personas que han reclamado y, por ello, le informaré que el número de preguntas planteadas asciende a 478 escritas, de las cuales 359 corresponden a quejas, se ha dado respuesta a 38 y 119 están en el período de análisis de su propia reclamación.
Deben tener en cuenta que la normativa entró en vigor a finales de febrero de este año y se han empezado a plantear unas reclamaciones que han tenido que ser analizadas, confirmadas y respondidas por el órgano responsable, que es lo primero que había que nombrar. Además, es necesario pedir información a la otra parte y, después, enviar una respuesta adecuada, con la información de que dispone la Dirección General de Aviación Civil.
Como sólo estamos a primeros de junio, quizá usted ha preguntado demasiado pronto cómo se está aplicando esta normativa, pero me voy a adelantar y le daré toda la información correspondiente.
La actual ley aprobada por el Partido Popular no establece la cobertura necesaria para sancionar y, por ello, le avanzo que propondremos una modificación del articulado de esa ley para que toda la investigación previa, órganos responsables y análisis de la reclamación culminen con una respuesta adecuada, si es sancionable, por parte de la Administración y, para ello, tenemos que modificar la ley actualmente vigente.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON GONZALO JAVIER PIÑEIRO GARCÍA-LAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA DEFENDER LOS INTERESES DE LOS PESCADORES ESPAÑOLES ANTE FRANCIA Y LA COMISIÓN EUROPEA, RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE LA PESCA DE LA ANCHOA (S.
680/000468).


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Piñeiro García-Lago, para formular su pregunta.


El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Con la venia del señor presidente.
Señora ministra, el sector de la anchoa atraviesa una de las mayores crisis de la historia: 250 barcos del Cantábrico, más de 3.500 personas del sector extractivo --a las que habría que añadir otros puestos de trabajo indirectos--, además de los del sector transformador, están afectadas por esta situación.
A fecha de hoy desconocemos qué es lo que piensa hacer Francia y, a pesar de que el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) ha aconsejado el cierre inmediato de la pesca de la anchoa en el Golfo, los pescadores franceses han manifestado que su costera sigue abierta normalmente e incluso están pescando los fines de semana.
Por ello, señora ministra, quiero preguntar qué previsiones tiene el Gobierno para defender nuestros intereses respecto a la protección de la pesca de la anchoa.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.
Señor Piñeiro, si usted hubiese realizado un seguimiento de las reuniones que hemos mantenido con el sector de bajura del Cantábrico-noroeste, con los responsables de pesca de las cuatro comunidades autónomas afectadas e incluso con la Comisión Europea y el Gobierno francés, o si hubiese seguido los debates de ambas Cámaras habría formulado una pregunta con otro contenido.


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El Gobierno es consciente de la gravedad de la situación, está sensibilizado por ello y está trabajando no solamente a nivel bilateral sino también ante la Comisión Europea y los organismos bilaterales para dar una solución al problema que usted plantea.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Piñeiro.


El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Señora ministra, espero que permita que este senador formule sus preguntas como lo considere oportuno. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Señora ministra, tengo perfecto conocimiento de esta cuestión porque he tenido oportunidad de reunirme con distintos sectores afectados en este momento por la crisis de la anchoa y permítame que le diga que en el año 2002, el año previo a la catástrofe del «Prestige», la costera de la anchoa solamente tuvo unas extracciones de aproximadamente 5 millones de kilos; es decir, menos de la mitad de lo que era habitual; y hago esta observación para que no caiga usted en la tentación de aducir que todo, hasta la sequía de Extremadura o de Andalucía, se ha producido por culpa del «Prestige».
La Comisión Europea todavía no ha decidido nada sobre una eventual veda a la pesca. Creemos que es más necesario y urgente que nunca que el Gobierno español adopte una postura firme y reivindicativa ante Bruselas y ante Francia. El Gobierno español tiene que actuar y hacerlo con decisión, señora ministra, no solamente con reuniones en España, tiene que dejarse oír. No puede ser que mientras los pescadores españoles han demostrado una voluntad de diálogo y colaboración especial para sacar adelante esta situación, ustedes no sean capaces de darnos una explicación sobre qué ocurre con los pescadores franceses. Es injusto, señora ministra, que nuestros pescadores, teniendo el 90 por ciento del total admisible de capturas, TAC, hayan aceptado esa parada biológica y padezcan sus consecuencias y, sin embargo, los franceses, con tan sólo el 10 por ciento, ni siquiera acuden a las reuniones de Bruselas. Parece que usted no le da una gran importancia a la postura de Francia, incluso hace unos días usted decía, señora ministra, que es muy triste que nuestros pescadores se manifiesten en Madrid. Parece ser que a su Gobierno últimamente no le gustan nada las manifestaciones, cuando hace poco más de un año estaban felices con ellas.
Yo le garantizo, señora ministra, que siempre que ustedes sean reivindicativos, el Partido Popular va a apoyar sus decisiones, si se puede conseguir esa veda. Los informes de la Comisión Europea apoyan esta parada biológica, pero para todos, señora ministra. El talante no es decir a todo que sí, señora ministra, sino saber decir también hasta aquí hemos llegado. Esto es lo que pedimos a su ministerio, que inste a la Comisión Europea para que obligue a Francia a dejar de pescar, como han hecho nuestros pescadores.
Esta mañana --y concluyo, señor presidente-- el presidente del Gobierno decía que los franceses van a ser unos buenos socios, a pesar de ese resultado en el referéndum de la Unión Europea. Decía que iban a ser colaboradores con España, que iban a ser leales y fieles con las decisiones que tome España. Vamos a verlo, señora ministra, está en su mano. Tres mil familias no han cobrado un solo euro desde el mes de noviembre. Y, por favor, si tiene que ayudar a los pescadores, no se olvide del sector de transformación, pues solamente en Cantabria, por darle una cifra, hay 2.000 familias afectadas precisamente por esa escasez de capturas.
Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.
Señor senador, como usted planteó esta pregunta hace tiempo, se le ha descolocado totalmente al llegar nosotros a un acuerdo con el sector y las comunidades autónomas. Le diré, en primer lugar, que no es cierto que Francia no haya acudido a las reuniones. Por favor, no mienta en esta Cámara. Francia ha acudido a la reunión de la Comisión de la Unión Europea al día siguiente de haberlo hecho España. En segundo lugar, España ha solicitado el 18 de mayo a la Comisión Europea una parada biológica de 45 días para la flota española que, como usted sabe, ha sido aprobada; asimismo, ha solicitado a la Comisión el establecimiento de medidas de emergencia con cierre de pesquería. La Comisión ha dicho que estaba a la espera de los informes científicos, informes que se han presentado en el día de ayer, y a partir de ahí vamos a esperar a que la Comisión tome las decisiones que públicamente ha dicho que iba a tomar. Y con respecto a las empresas, también nos hemos preocupado, señor senador, a pesar de que usted quiera desconocerlo, solicitando a la Unión Europea un contingente de 6.000 toneladas, que previsiblemente vendrán de Chile, Perú o Argentina, para intentar que la industria transformadora no se vea implicada en este problema.
Pero si hablamos de incoherencias, se las voy a decir yo a usted, porque ustedes, en marzo de 2003, establecieron la prórroga del acuerdo de Arcachón --como se conoce--, cuando en ese año había una rebaja muy importante de toneladas. Simplemente le voy a dar dos datos: en el año 2001, 23.273 toneladas y en el año 2003, 2.095 toneladas. Sin embargo, el 17 de mayo de este año ustedes dejaron de apoyar esa prórroga. ¿Por qué ponen de manifiesto continuas contradicciones? ¿Es que no tienen una posición coherente? Ténganla, y déjennos trabajar, porque nosotros sí queremos ayudar al sector, y lo estamos defendiendo. Y tan pronto se publique esa orden haremos todo lo que sea necesario para que el dinero llegue lo antes posible a manos de los pescadores, cuya actual situación reconocemos.
Gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


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-- DE DON PEDRO RODRÍGUEZ CANTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PRIORIDADES DE ESPAÑA EN LA NEGOCIACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE DESARROLLO RURAL (S. 680/000475).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Rodríguez Cantero.
Para su formulación tiene la palabra la senadora González Lahidalga.


La señora GONZÁLEZ LAHIDALGA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, próximamente el Consejo de Europa aprobará el nuevo reglamento de desarrollo rural. Como usted sabe, las zonas rurales en España ocupan alrededor del 80 por ciento del territorio y en ellas vive aproximadamente el 20 por ciento de nuestra población. Por ello, es muy importante la forma en que se apruebe dicho reglamento, pues de la negociación de sus prioridades dependerá mucho el avance o el retroceso de nuestros municipios rurales.
Nuestro medio rural tiene muchos y graves problemas, pero en mi opinión, quizá porque procedo del medio rural, de una zona muy despoblada de Castilla y León, uno de los problemas más acuciantes en estos momentos es el de la despoblación. Señorías, las zonas rurales se están despoblando; los pueblos se quedan vacíos, y la población está muy envejecida. Ese fenómeno supone una amenaza para la sostenibilidad económica, social y medioambiental de la agricultura y el medio rural, por lo que es vital que en el nuevo reglamento se incorporen criterios socioeconómicos para las zonas desfavorecidas.
Por otro lado, es importante que el plan estratégico nacional, que en estos momentos está negociando el Gobierno, sea incorporado al reglamento con el fin de que se pueda coordinar con los programas regionales, planteando la conveniencia de que se establezca el suficiente margen de maniobra a los Estados miembros para poder compatibilizar las medidas nacionales con las regionales. Y es que es prioritario que existan elementos que contribuyan a una gestión más flexible y eficaz de los programas.
En las diferentes negociaciones que se vienen manteniendo entre los Estados miembros se han alcanzado acuerdos sobre la incorporación de jóvenes y el cese anticipado de la actividad agraria. Asimismo, se ha conseguido dar un trato especial a las regiones periféricas, lo que también afecta a nuestro país, la incorporación de la directiva de aguas, y la consideración del patrimonio rural en su sentido más amplio. Y es de aplaudir la incorporación de un cuarto eje específico, muy importante para el medio rural, como es el Plan Leader, pues supone el fortalecimiento de un desarrollo endógeno de nuestros municipios rurales.
Sin embargo, quedan cuestiones pendientes, como el porcentaje de la financiación de los cuatro ejes, también el porcentaje propuesto para el Plan Leader y criterios para definir zonas desfavorecidas.
Señora Espinosa, nos consta el gran esfuerzo que está haciendo el ministerio para incorporar al reglamento medidas que favorezcan zonas tan importantes de nuestro país y, sobre todo, a las personas que en ellas vivimos y trabajamos. Y aunque no somos ajenos a las dificultades y los obstáculos que existen en estos momentos, a pesar de todo somos optimistas. Sabemos que los objetivos establecidos en la política de desarrollo rural del Gobierno socialista están siendo defendidos y abanderados sin escatimar ningún esfuerzo. Por ello, quisiera conocer más a fondo cuáles son las prioridades de España en el nuevo reglamento de desarrollo rural.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Agricultura.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.
Señoría, voy a intentar responderle lo más brevemente posible, aunque el debate sobre este tema sería muy amplio. Una vez presentado por la Comisión Europea el nuevo reglamento de desarrollo rural, la prioridad del Ministerio de Agricultura ha sido trabajar en varios frentes para que la nueva situación permitiera cumplir los objetivos básicos en materia de política agraria y desarrollo rural que los socialistas nos hemos propuesto. Esos objetivos son los siguientes: el mantenimiento de la población rural, la competitividad de las explotaciones agrarias, la diversificación de la actividad económica y la potenciación del desarrollo endógeno del medio rural.
Además, nuestro planteamiento tenía que contemplar también la estructura territorial y la distribución competencial del actual Estado de las Autonomías. Con este objetivo, España solicitó la posibilidad de poner en marcha un marco nacional que incluyera elementos comunes que deben ser posteriormente recogidos en los programas regionales. El reglamento incluirá esta posibilidad y el marco nacional contará con una decisión comunitaria, algo que no se recogía en el primer proyecto de reglamento.
También nos preocupaba la definición de las zonas desfavorecidas intermedias, para las que los borradores de reglamento no incluían criterios de tipo socioeconómico, entre ellos el despoblamiento, fundamental en numerosas áreas rurales españolas.
Como consecuencia de los criterios propuestos, que estaban basados en rendimientos medios de cultivos, la mayoría de los municipios rurales con problemas de despoblamiento y con renta inferior a la media quedaban fuera de la consideración de zonas desfavorecidas intermedias y fuera de las ayudas correspondientes. Por otra parte, podrían ser consideradas como zonas desfavorecidas otros ayuntamientos con altas densidades de población y renta per cápita, tales como zonas turísticas del Mediterráneo, núcleos periféricos de grandes ciudades o municipios urbanos o periurbanos.
En el marco del último consejo de la Unión Europea, España solicitó mantener el statu quo, de tal forma que no se pierda ni uno solo de los municipios españoles incluidos actualmente en la definición de zona desfavorecida. Esta

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propuesta fue apoyada mayoritariamente y se incluiráen el futuro reglamento. Quiero señalar, además, que la Presidencia luxemburguesa tiene intención de que este reglamento se apruebe en el consejo del próximo mes de junio, debiendo realizar una nueva propuesta que incorporará la mayoría de las peticiones de España, entre ellas, la flexibilidad en porcentajes mínimos de gastos por ejes y el reparto de la reserva del 3 por ciento entre todas las medidas de desarrollo rural.
Quiero recordar que estos tres ejes consisten en mejorar la competitividad de la agricultura, gestión del territorio, diversificación de la actividad económica en el medio rural y enfoque Leader.
En resumen, señora senadora, durante los últimos 10 meses se ha trabajado para introducir cambios en el proyecto de reglamento del consejo para el apoyo al desarrollo rural, con el objetivo de obtener un desarrollo armonioso de los cuatro ejes que nos asegure la competitividad de la agricultura y garantice, asimismo, la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en el medio rural.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DON CÁNDIDO RODRÍGUEZ LOSADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE REGADÍOS QUE ESTÁ REALIZANDO O VA A REALIZAR EL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA (S.
680/000476).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Rodríguez Losada.
Tiene la palabra su señoría.


El señor RODRÍGUEZ LOSADA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, el regadío constituye en numerosas comarcas de Galicia un elemento fundamental para garantizar el mantenimiento de la actividad agraria y, en definitiva, la viabilidad del medio rural y el futuro de sus gentes. Puedo poner como ejemplo la zona de la Laguna de Antela, en la comarca orensana de A Limia, donde el cultivo de la patata y el maíz supone una de las principales fuentes de ingreso de los agricultores de la zona.
La implementación de un plan de regadío se hace imprescindible para compaginar el ahorro del consumo de agua con el desarrollo de la actividad agraria. De este modo, se garantizan los cultivos. La situación de sequía que estamos viviendo en gran parte del territorio nacional nos impone una búsqueda de ahorro sustancial del agua, racionalizando el uso y la eficacia hídrica, pero asegurando a la vez la viabilidad de los cultivos en situaciones climáticas adversas, que es, en definitiva, el doble papel que juega el regadío. El agua, señorías, es uno de los más preciados bienes de que dispone la humanidad. La buena gestión de la misma es fundamental en el sector agrícola, sobre todo en comunidades como Galicia, donde algo más del 11 por ciento de la población trabaja en la actividad primaria.
Por eso, señora ministra, me gustaría que me respondiera a la siguiente pregunta: ¿qué actuaciones está realizando o va a realizar el Gobierno en materia de regadíos en la Comunidad Autónoma de Galicia? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.
Señor senador, quiero manifestar una vez más que la política de regadíos constituye para el Gobierno una auténtica política de Estado y que nuestro compromiso es continuar avanzando en la línea que hemos venido desarrollando desde que se inició esta legislatura. He de aclarar que en el Plan Nacional de Regadíos, aprobado en el año 2001, se tuvo muy poco en cuenta los regadíos en Galicia.
Respecto al proyecto al que usted hacía referencia de A Limia, he de manifestar que desde nuestra llegada al Gobierno se han impulsado las obras tanto de transformación de regadíos como de modernización.
Actualmente, se están llevando a cabo dos proyectos: por un lado, un proyecto de dotación de infraestructuras auxiliares para la transformación en regadío de la zona de secano de la Laguna de Antela, en Orense. Se trata de un proyecto financiado por el Ministerio de Agricultura, con un presupuesto de 4,5 millones de euros, que afecta a 2.100 hectáreas, y cuya finalización está prevista a lo largo de este año. Se están construyendo dos balsas con tres baterías de sondeo y tres centros de transformación. Hasta el momento se ha finalizado la construcción de una balsa y estamos a la espera de que la «Xunta» de Galicia logre disponer de los terrenos para iniciar la construcción de la segunda balsa programada. De esta forma se podrá cumplir con el proyecto, y los agricultores podrán disponer de esas infraestructuras para el próximo año.
El proyecto de mejora y modernización del regadío de la comunidad de regantes de la Laguna de Antela, en Orense, es otro de los asuntos en los que estamos avanzando. Es un proyecto promovido por el Ministerio de Agricultura, a través de la Seiasa del Norte, en el que se aporta el 70 por ciento; la comunidad de regantes aporta el 8 por ciento y la «Xunta» de Galicia cubre el 22 por ciento restante. Estas obras se van a iniciar en los próximos meses y afectarán a 612 hectáreas.
En resumen, he de informarle de que los dos proyectos de la Laguna de Antela actúan sobre 2.700 hectáreas, con una inversión de 8,6 millones de euros. Además, estas actuaciones son de una gran relevancia porque van a contemplar la puesta en marcha de un proyecto experimental para analizar la biodiversidad y valorar la riqueza ambiental compatible con las infraestructuras de riego y las superficies regadas.
Finalmente, he de transmitirle que el actual Gobierno, a través de la Seiasa del Norte, ha iniciado contactos con los regantes de Terra Chá para estudiar la transformación en

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regadío de una superficie de 1.340 hectáreas con una inversión de 16,6 millones de euros.
En definitiva, nuestra actuación en el ámbito de la política de regadíos se centra en potenciar y mejorar los instrumentos que permitan un aumento sustancial de la competitividad, manteniendo, al mismo tiempo, una política de respeto al medio ambiente. Sin duda, el regadío juega un papel fundamental en el desarrollo agrario y supone una extraordinaria fuente de riqueza en el medio rural.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DOÑA ROSA NÚRIA ALEIXANDRE I CERAROLS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LOS CRITERIOS PARA DECIDIR EL CONTENIDO Y LAS PERSONAS RESPONSABLES DE IMPARTIR LA ASIGNATURA «EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA» (S. 680/000458).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Aleixandre i Cerarols.
Tiene la palabra su señoría.


La señora ALEIXANDRE Y CERAROLS: Muchas gracias, señor presidente.
Bienvenida, señora ministra.
Desde la aparición en la prensa de informaciones sobre el anteproyecto de ley orgánica de Educación, ésta ha sido motivo, como es lógico, de mucho debate por parte de toda la comunidad educativa. Pero llama la atención el número de asuntos polémicos y la virulencia que han provocado. Hoy sólo le pido la definición de uno de ellos, la asignatura de «Educación para la ciudadanía»; una asignatura sin contenido conocido, que a algunos de cierta edad y de todo el país, incluso a los que se declaran de izquierdas y socialistas, nos suena a «Formación del espíritu nacional» bis, en versión socialista.
Señora ministra, no dudamos de que esta sociedad necesita educar a los escolares en comportamiento, en sociedad, en normas básicas de convivencia; siempre ha sido así. La familia y la sociedad educan al individuo en las normas que ella misma crea. La escuela le enseña y, en todo caso, complementa su educación. Se educa con normas, con ejemplos todos los días, en cada momento, valorando, estimulando, reprimiendo, si es necesario, pero no memorizando reglas en una asignatura. El niño no es sexista si su familia y su sociedad no lo son, y éste es un ejemplo. No puede hacerse a través de una asignatura, y menos si ésta sustituye a enseñanzas sobre pensamiento humano, sobre la capacidad de razonar, de tener criterio, de cuestionar, de espíritu crítico, y ésta es la base de la Filosofía, que es una de las asignaturas que iba a desaparecer.
Señora ministra, posiblemente la respuesta de hoy sea distinta a la que me hubiera dado la semana pasada, ya que, según información que nos ha llegado, anteayer, en una reunión entre el secretario general de Educación del Ministerio, el señor Alejandro Triana, y representantes de la Federación de Sociedades de Filosofía (Fesofi), se llegó a unos primeros acuerdos, entre los que se contemplaba la permanencia de la asignatura de filosofía en el Bachillerato.
Señora ministra, por eso a día de hoy le preguntamos, ¿quién y con qué criterio va a decidir el contenido de esta asignatura llamada «Educación para la ciudadanía»? Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.
Señoría, el área de Educación para la ciudadanía seguirá en sus contenidos las recomendaciones del Consejo de Europa y de la Unión Europea, que la ha incluido entre las competencias clave para desarrollar en el proyecto Educación y Formación 2010, y será impartida por profesores habilitados para impartir materias de Filosofía y Ciencias Sociales en los distintos niveles.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra su señoría.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias.
Gracias, señora ministra. Nos alegramos de que no se haya hecho caso omiso de las miles de cartas que han llegado de padres y educadores de todo el país y de que se haya implantado el sentido común. Creemos que debe ser un área, no una asignatura, como se dijo en un principio. Un gobierno socialista no puede hacer caso omiso de las Humanidades.
En esa misma reunión se habló de un pacto educativo, un pacto que la misma federación pedía no solo a los miembros del Gobierno sino también a las comisiones de Educación del Congreso y del Senado. ¿Le suena, señora ministra? Es lo mismo que le pidió nuestro grupo al iniciar la legislatura; es lo mismo que le pedimos a un Gobierno que utilizó la palabra diálogo como estandarte; esperemos que no acabe siendo un diálogo para sordos. Profesores de Secundaria, universitarios, madres, padres y alumnos de todas las asociaciones nos piden diálogo. Se lo piden a ustedes, nos lo piden a nosotros, a todos. Nos piden que pactemos, que lleguemos a una sola ley para la Educación, porque es para todos los españoles, ahora y más adelante. Le pido de nuevo que no haga oídos sordos ante las súplicas, que hable con todos nosotros también, para evitar que esta ley sea una ley más en la educación española.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Educación y Ciencia.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.


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Señoría, usted se ha referido a dos cuestiones combinadas, una es «Educación para la ciudadanía», sus contenidos, su papel en el sistema educativo y la otra son las Humanidades. Con mucho gusto le voy a contestar en relación con las dos.
En primer lugar, la propuesta que contiene la Ley Orgánica de Educación referente a «Educación para la Ciudadanía» como materia común en todas las etapas del sistema educativo, nos asemeja a numerosos países europeos que imparten educación cívica en Secundaria e incluso en Primaria. Con ese nombre de Educación Cívica o Educación para la ciudadanía encontramos materias obligatorias en Francia, Polonia, Italia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Irlanda, Lituania, Estonia, Austria o Luxemburgo, por poner algunos ejemplos.
Para la definición de los contenidos y la metodología más adecuada para impartirlos, por supuesto que estamos dialogando con todas las personas interesadas y capacitadas para ello. La base para el diseño, como siempre, será el trabajo de especialistas y, como le decía anteriormente, la importante información que nos proporciona el documento de la Unión Europea sobre competencias claves del Programa Educación y Formación 2010.
También atenderemos las recomendaciones del Consejo de Ministros de los países que forman parte del Consejo de Europa, que hace unos años señaló explícitamente: Los países deben hacer de la educación para la ciudadanía democrática un objetivo prioritario de la política educativa y sus reformas. Señoría, a veces nos preguntamos por qué tenemos problemas de convivencia en nuestros centros, en nuestra sociedad en general, por qué nuestros jóvenes no han recibido suficiente formación en todos esos valores --que estoy de acuerdo en que deben ser transversales en el sistema educativo--, que son transmitidos por la familia y por toda la sociedad, y es porque claramente no estamos haciendo lo suficiente. Por lo tanto, sigamos el camino ya marcado por muchos países democráticos y hagamos sitio para esta educación para la ciudadanía.
Paso a comentarle brevemente sus referencias a la Filosofía. Lo que esta semana hemos tratado con los profesores de Filosofía, con las asociaciones, es cómo definir más explícitamente lo que ya estaba en la Ley Orgánica de Educación, que era que todos los estudiantes de Bachillerato cursarán Filosofía, pero la definición que se incluía en la ley no resultaba suficientemente clara. Con mucho gusto vamos a corregir la definición y a aclararlo. Habíamos establecido una educación en Filosofía para los estudiantes que no pertenecían a las especialidades en las cuales se elegiría necesariamente la Filosofía también como materia específica, y con mucho gusto vamos a aclarar este asunto.
Con respecto a la Filosofía en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, el curso de Ética sigue siendo parte de la asignatura «Educación para la ciudadanía» y, por supuesto, al tratarse de un curso de Ética englobado en la nueva área de «Educación para la ciudadanía», nuestro propósito, siempre declarado, es que lo impartan los profesores de Filosofía.


El señor PRESIDENTE: Señora ministra, le ruego que concluya.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansengundo Gómez de Cadiñanos): Termino, señor presidente.
En definitiva, «Educación para la ciudadanía», transversal pero también «Educación para la ciudadanía» cívica como en otros países europeos, sin que esto signifique en ningún caso que nuestros estudiantes no van a cursar Filosofía en Secundaria y en Bachillerato.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DON MANUEL PEZZI CERETO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS LÍNEAS PRINCIPALES DE LA ESTIMACIÓN DE INVERSIÓN ADICIONAL DESTINADA A LA MEJORA DEL SISTEMA EDUCATIVO PARA EL PERÍODO 2006-2010 QUE HAN DE AFRONTAR LAS ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS (S. 680/000474).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Pezzi, que formula la senadora Hernández.
Tiene la palabra su señoría.


La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, el Gobierno Socialista que preside el señor Rodríguez Zapatero se ha caracterizado desde el inicio de su mandato por priorizar las políticas educativas desde todos los puntos de vista. El presupuesto del MEC para el año 2005 marcó claramente esta tendencia. El incremento en un 21,32 por ciento del presupuesto del ministerio no dejaba lugar a dudas: el crecimiento del presupuesto de becas en un 10,5 por ciento, los programas de refuerzo y apoyo para mejorar el rendimiento de los alumnos y alumnas y otras muchas medidas marcan claramente por donde queremos ir.
Ahora el Gobierno está en la fase final de la tramitación del proyecto de ley orgánica de Educación y, asimismo, está siendo objeto de debate el Estatuto de la Función Pública docente. Estos compromisos que vamos a cumplir tienen que venir acompañados necesariamente por una valoración económica del coste adicional de los objetivos de mejora que se van a producir en el período 2006-2010.
Resulta evidentemente novedoso --ya que no se ha producido nunca anteriormente en la tramitación de una ley educativa-- que el Gobierno sea capaz de cuantificar la inversión adicional necesaria para llevar a cabo el diseño previsto en la ley objeto de tramitación y, además, obligarse a presentar esa estimación y el modo de financiarla en la tramitación del proyecto en las Cortes Generales.
El Ministerio de Educación ha elaborado un borrador de estimación de coste adicional para los años 2006-2010, nos gustaría que nos explicara cuáles han sido las líneas principales de la estimación, los objetivos a conseguir y la cuantía inicial calculada.
Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.
Señoría, efectivamente, el documento que hemos presentado se denomina borrador de costes de los objetivos de mejora del sistema educativo y, por lo tanto, es un documento de trabajo. Entendemos que es un borrador ambicioso y coherente con el contenido de la ley orgánica, así como con las metas fijadas en la Agenda de Lisboa para nuestro continente. Su presentación supone, en primer lugar, el cumplimiento de un compromiso del ministerio con las comunidades autónomas para avanzar conjuntamente en la identificación de los objetivos prioritarios de mejora para los próximos años, así como de su financiación con el compromiso de corresponsabilidad entre las administraciones educativas.
El Gobierno valora en 6.107 millones de euros --más de un billón de pesetas-- los recursos necesarios en los próximos cinco años para abordar esos objetivos de mejora que creemos son compartidos por todas las administraciones: la extensión de la escolarización, la mejora de los aprendizajes, y el apoyo al profesorado.
El Gobierno central propone, además, aportar más del 55 por ciento de esa financiación adicional. Las contribuciones más destacadas de la Administración Central son las siguientes: la extensión general de la gratuidad en la segunda etapa de la Educación Infantil, los programas de becas y ayudas al estudio, los programas de apoyo y refuerzo del aprendizaje en Primaria y en Secundaria, el fomento del aprendizaje de idiomas extranjeros, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y la cobertura de la jubilación anticipada del profesorado.
Su señoría conoce bien que la Ley de Calidad, la LOCE, se aprobó sin memoria económica. Se pretendía que las mejoras en nuestro sistema educativo se consiguieran sin ningún gasto adicional. El anterior equipo de Gobierno barajó un documento --que luego no llegó a presentarse-- que estimaba el incremento del gasto en sólo 186 millones de euros en tres años; es decir, un incremento anual medio de 62 millones, frente a los 1.221 de media de nuestra propuesta. Consideramos que es un diferencia notable que debe ser subrayada. En definitiva la LOE entrará en el Parlamento con una memoria económica y con apoyo al sistema educativo, tal y como prometió el Gobierno.
Tenemos sobre la mesa un documento de trabajo que estima el coste de alcanzar los objetivos de expansión de la escolarización y de mejora del aprendizaje y que quiere ser útil para que todas las administraciones acordemos prioridades y necesidades de financiación. Cada punto es explicado y los cálculos son detallados en el documento para facilitar un debate transparente y ambicioso. Hemos sido ambiciosos porque el sistema educativo requiere de importantes esfuerzos de mejora, pero también hemos sido prudentes en los cálculos y algunas partidas deberán crecer aún más de lo previsto en el texto en los próximos años. Por ello creemos que en el trabajo que desarrollemos en las próximas semanas con todas las administraciones deberemos sumar programas y recursos más que restarlos.
Quiero terminar destacando que el ministerio aborda el problema pendiente del coste adicional de la extensión de la gratuidad del segundo ciclo de Educación Infantil, tanto en centros públicos como concertados, a toda la población de tres a seis años. Todas las administraciones autonómicas recibirán financiación por este concepto en proporción al número de niños de estas edades con los que cuenten. Éste es otro compromiso del Gobierno que cumpliremos en los próximos años.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


INTERPELACIONES:

-- DE DON JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS PREVISIONES EXISTENTES EN RELACIÓN CON LA LÍNEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE MADRID, ZARAGOZA, LLEIDA Y BARCELONA (S. 670/000054)

El señor PRESIDENTE: Finalizado el turno de preguntas pasamos al punto segundo del orden del día: Interpelaciones.
La interpelación del senador Badia ha sido aplazada, y por tanto, comenzamos con la interpelación del senador Mur, del Grupo Parlamentario Mixto, que tiene la palabra. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)

El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra de Fomento. Por fin hoy nos toca tramitar esta interpelación que le aseguro que, para este senador, es más importante que urgente.
Voy a hacer un poquito de historia sobre el tema que hoy vamos a abordar, pues como usted sabe, la puesta en servicio del AVE Madrid-Sevilla en 1992 supuso el comienzo de la modernización del ferrocarril en España.
Nos empezábamos a incorporar a los usos europeos, de manera especial a los de Francia y Alemania. Pero de eso, señora ministra, hace ya 13 años, y ese deseado servicio ni se generaliza ni avanza, al menos a la misma alta velocidad.
El eje Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa que hoy nos ocupa de manera especial recibió un impulso decisivo el 24 de marzo de 2001, cuando el consejo de administración de Renfe adjudicó la fabricación de 32 trenes a la empresa Siemens y al consorcio Talgo-Bombardier, dejando fuera la oferta de Alstom-CAF, que era casualmente la constructora que había hecho posible la línea del AVE Madrid-Sevilla. De esta adjudicación han pasado ya cuatro años.
Las expectativas que en ese momento se crearon, fundamentalmente por parte del Gobierno anterior, sobre la línea

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Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa --ya sé que hoy es Madrid-Zaragoza-Lleida-- son especialmente importantes para Aragón.
Nosotros estamos encantados de poder venir a Madrid en una línea de alta velocidad, pero también lo estaremos de que se nos conecte con Barcelona y con la frontera francesa. Sin embargo nos encontramos con que a día de hoy no se han cumplido ni los plazos previstos, ni los presupuestos consignados ni las prestaciones prometidas. Es decir, que no se llega en fecha, cuesta más de lo presupuestado --cuánto más, señora ministra, estoy seguro de que usted lo sabe--, y no se cumplen las prestaciones ni de velocidad ni de frecuencias ni de tiempo de trayecto.
Tenemos la impresión de que estamos pagando un precio de alta velocidad para una línea que como mucho es, hoy por hoy, de velocidad alta, y usted sabe perfectamente que no es lo mismo. Pero como todo tiene sus causas, estoy seguro de que este Gobierno, del que usted forma parte en esta responsabilidad específica, ya habrá estudiado el tema, tendrá un diagnóstico y estará fundamentalmente trabajando en la solución del problema, al menos en aquello que sea solucionable, no en los plazos, que me temo que ya no se van a poder cumplir, no en los presupuestos, cuyas desviaciones usted ya no va a poder evitar, al menos hasta ahora, pero espero que al menos pueda usted hacer algo en cuanto a las prestaciones.
Los pasados días 26 y 27 de febrero conocimos por la prensa --en especial por la prensa aragonesa, «El Heraldo, El Periódico de Aragón», porque le dieron mucho espacio-- que su ministerio estaba trabajando precisamente en ese diagnóstico. Hoy, cuatro meses después, estoy seguro de que habrá ya novedades y concreciones. Por eso hoy tenemos la oportunidad de interpelarle y queremos que usted nos hable de este tema, porque es importante, señora ministra, que el AVE llegue en 2007 a Barcelona, que en 2008 esta línea esté plenamente operativa para llegar a la Expo de Zaragoza, en velocidad y en frecuencias, porque, además, señora ministra, de manera colateral, aparte de todos estos desaguisados, que yo de manera suave he ido mencionándole, hay otros aspectos afectados por las irregularidades y los incumplimientos de esta línea. Hay otros aspectos afectados como son los terrenos de la intermodal de Zaragoza; los suelos ferroviarios del Portillo, el desarrollo pleno de la propia estación de Delicias, en Zaragoza, que fue inaugurada electoralmente, deprisa, en la primavera de 2003, y actualmente está incompleta y dejando mucho que desear en lo que respecta a los servicios actuales y a las previsiones de futuro --me consta que usted la ha visto recientemente--; usted sabe que aquélla no es una estación de primera; la imagen que proyecta no es la que nos gustaría, ni seguramente es la imagen para la que fue diseñada y por la que hemos pagado.
Persisten demasiadas incógnitas que hoy espero que usted nos despeje; cuestiones como el diseño de la línea, la definición de las características operativas de la propia infraestructura ferroviaria, la construcción de las infraestructuras para cumplir las prestaciones, en condiciones de seguridad, regularidad y fiabilidad; es preciso analizar y, en su caso, revisar todos los obstáculos que impidan el fin, el objetivo que estaba propuesto: el sistema de radio GSM, la señalización del sistema RTMS, en sus niveles 1 y 2, el posible riesgo de las cavidades y otros fallos geológicos, los desmontes, las arcillas, los terraplenes, los puentes, los túneles, las revisiones de la catenaria, los problemas de la aerodinámica con el balasto, y eso sólo en el tramo en funcionamiento. Por supuesto que en los tramos en construcción todavía usted puede hacer más cosas, puesto que en éste, como mucho, podrá usted tomar medidas de rectificación. Seguro que usted en el tramo en construcción habrá tomado medidas para, al menos, evitar los errores cometidos en el tramo que ya está construido.
Por eso, señora ministra, le agradezco toda la información que hoy pueda proporcionar a esta Cámara, porque en todo caso nos será de mucha utilidad y, sobre todo, despejará incógnitas y dudas sobre esta línea que hoy persisten, tanto tiempo después, en la opinión pública.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.
Para contestar a la interpelación tiene la palabra la señora ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, entiendo perfectamente y comparto su interés por plantear esta interpelación sobre el AVE a Lleida, a Barcelona y a la frontera francesa. Es de especial interés para Aragón, para Zaragoza, pero también hay que reconocer que es de especial interés para Cataluña y para todo el país.
Esta infraestructura, unida al resto que está realizando el Gobierno, y que ha diseñado en el PEIT para Zaragoza, la va a convertir en un nodo de comunicaciones ferroviarias de especial importancia, sobre todo en la alta velocidad.
Saben ustedes que fue un gobierno socialista el que inició la alta velocidad en España, concretamente en 1994 fue un gobierno socialista el que decidió la realización de un proyecto de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. En el año 1996, tan sólo dos años después del año de referencia, ya estaba concluido el estudio informativo de los tramos Zaragoza-Lleida, pendiente de DIA, y Calatayud-Ricla. Además, estaba adjudicada la redacción de los proyectos de muchos de sus tramos, y licitadas las obras de algunos de ellos.
Desgraciadamente, en los ocho años que transcurrieron a continuación, responsabilidad del Partido Popular, como también se afirma en el análisis que usted ha hecho de esa línea, se produjeron atrasos y hubo ineficiencia en la realización de inversiones.
No es casualidad que el entonces presidente de Gobierno, José María Aznar, no tuviera esa confianza en el AVE, porque poco antes, el día 30 de julio de 1992, pueden ustedes comprobar que manifestaba en «Interviú» que la alta velocidad era un delirio de grandeza de Felipe González. (El señor Castell Campesino: ¡A Sevilla!) No querría tener ese delirio de grandeza y, por tanto, dejó la alta velocidad.


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El AVE es simplemente un lujo y un delirio de grandeza de Felipe González, decía el señor Aznar en aquella entrevista el 30 de julio de 1992, lo digo para que ustedes puedan comprobar la realidad de los hechos que estoy relatando.
Por tanto, su ministro, Álvarez-Cascos decidió, como usted ha dicho, hacer todo de nuevo, como establecer un sistema, el RTMS, que no se ha probado en ningún país del mundo. Es un sistema de señalización que ustedes dejaron sin estar operativo y que está costando mucho poder poner en servicio. Ahora le diré exactamente qué es lo que hemos hecho al respecto.
Todo era nuevo, porque todo tenía que tener el marchamo del Partido Popular. Y lo han conseguido. El AVE a Lleida tiene el marchamo del Partido Popular, aunque, en realidad, son sucedáneos lo que ponen en la práctica. Y al día de hoy todavía estamos invirtiendo para mejorar la línea Madrid-Sevilla.
¿En qué condiciones recogimos el AVE a Lleida? En un nivel de calidad muy inferior a lo que la alta velocidad puede proporcionar, con una velocidad casi a la mitad de la comprometida y unos retrasos con relación, por ejemplo, a su llegada a Barcelona de más de tres años.
El tramo Madrid-Zaragoza-Lleida se puso en servicio con múltiples carencias y así lo ha puesto de manifiesto la auditoría técnica que encargamos al efecto sobre costes para resolver estas carencias, por valor de más de 75 millones de euros, porque incluso hay carencias identificadas, pero dice la auditoría técnica que seguirán apareciendo cuando se sigan utilizando o se pongan en funcionamiento los sistemas que dejaron fuera de servicio. Así, podrá suceder como, por ejemplo, respecto al sistema de detección de objetos en la vía, que, cuando se ha puesto en servicio, nos hemos dado cuenta de que no era un sistema aplicable. Y ahora le diré por qué, ya que ha sido lo penúltimo que ha aparecido en relación a la operatividad del AVE a Lleida.
La propia auditoría establece la necesidad de fijar medidas extraordinarias de vigilancia y mantenimiento, lo que generará costes adicionales y nuevos acontecimientos que iremos viendo a lo largo del tiempo.
Entre las deficiencias por las que usted me pregunta, señoría, el material móvil de Talgo no estaba homologado y el de Siemens no había sido entregado. No estaban validados los sistemas de señalización en vía, no estaban validados los sistemas de señalización a bordo, no se habían realizado las pruebas de compatibilidad entre los equipos de señalización de vía y los equipos a bordo y no estaba aprobado el sistema de detección de caída de objetos a la vía, con los riesgos adicionales que esto supone, porque también en este caso habían cambiado la tecnología. Cuando se han podido realizar las pruebas de fiabilidad, se ha concluido que las continuas falsas alarmas de este sistema lo convertían en inviable para la explotación ferroviaria.
Existían múltiples problemas en la plataforma, según dice la auditoría técnica. Por ejemplo, había inestabilidad de taludes, se habían adoptado medidas constructivas inadecuadas en zonas de riesgo geológico --me refiero a las dolinas, que tanto sonarán al Partido Popular--, había problemas relativos al asentamiento de terraplenes, arcillas expansivas en la zona de Pina de Ebro que no fueron adecuadamente tratadas, había fisuras en el revestimiento de algunos túneles, fisuras incluso en el puente del río Ebro. Todo esto dice la auditoría técnica, señorías.
Asimismo, la red de caminos de acceso para mantenimiento de la red no es suficiente. Se detectaron problemas de succión de balastros a velocidades superiores a 300 kilómetros por hora. No existía cobertura para la telefonía móvil, como fácilmente se ha podido comprobar por todos los que han viajado en ese AVE. La estación de Zaragoza-Delicias, como usted ha dicho, tenía importantes carencias de climatización por su dimensión, orientación y falta de medidas técnicas adecuadas. Además, el sistema de protección contra incendios ni siquiera fue aceptado por los bomberos de Zaragoza.
El resto de la línea acumulaba también defectos importantes en cuanto a su nivel de ejecución, pues era muy bajo, concretamente con el 38 por ciento en la línea Lleida-Barcelona y el 1 por ciento en la línea Barcelona-Frontera francesa. Además, no había acuerdo para entrar en Barcelona y apenas se habían iniciado las obras reales. ¿Qué hemos hecho? En relación con el material móvil, el antiguo GIF --ahora Adif-- y Renfe llegaron a un acuerdo para poder hacer los 100.000 kilómetros que ha de tener el material rodado para ponerlo en explotación comercial. Con anterioridad, los dos presidentes de las empresas públicas se impedían mutuamente homologar este material. Por lo tanto, aunque Talgo-Bombardier los había entregado, no se podía homologar, porque uno no dejaba pasar al otro por la vía férrea por la que se tenía que utilizar. El 14 de mayo de 2004 se llegó a un acuerdo y el 7 de junio empezaron a llevarse a cabo las pruebas de homologación del material, de tal forma que, como bien sabe, el 26 de febrero de 2005, pudimos poner en servicio 8 nuevas unidades de Talgo-Bombardier. Además, hemos penalizado a Siemens por el retraso y hemos establecido nuevos acuerdos.
En relación con los sistemas de señalización le diré que la prueba de validación del equipamiento correspondiente a las vías ha finalizado en marzo de 2005. En cuanto a las pruebas de compatibilidad entre los equipos de vía y equipos a bordo han finalizado en mayo de 2005. Por otro lado, las pruebas de validación del equipamiento embarcado están muy avanzadas, pero Talgo-Bombardier, que es la empresa que lo tiene que validar, está encontrándose con problemas en el software. Durante este verano querríamos realizar las pruebas finales de fiabilidad, tanto de los equipos en vía como de los equipos embarcados, que sería lo que permitiría avanzar más rápidamente, junto con el nuevo sistema de detección de objetos caídos a las vías. Otro defecto es la imposibilidad de que el sistema contratado de caída de objetos a la vía operara comercialmente. Ahora le explicaré con detalle por qué. Hemos suscrito un nuevo contrato de nueva tecnología, que esperamos dé resultados aplicables en la operatividad diaria. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el sistema contratado por el Partido Popular, aplicado e instalado sin probar, significaba que las alarmas saltaran incluso cuando caía cualquier tipo de objeto que no impidiera el tráfico

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ferroviario, lo que provocaba que se parara continuamente el tráfico ferroviario sin ningún motivo, porque lo que había caído en la vía no era un objeto peligroso, sino cualquier otro tipo de objeto que no impedía el tráfico. Por lo tanto, la parálisis del tráfico ferroviario en esa línea estaba garantizada con el sistema contratado por el Partido Popular.
Señorías, en la plataforma hemos llevado a cabo prácticamente todas las obras de refuerzo de los túneles de Montblanc, que están al 90 por ciento, y estamos actuando sobre otros 123 puntos de la plataforma, zonas geológicamente complicadas. Además, hemos solucionado el problema de la telefonía móvil, hemos completado todos los trabajos pendientes, hemos hecho las gestiones correspondientes y, desde el 24 de enero de 2005, la línea ya tiene cobertura.
En cuanto a la estación Zaragoza-Delicias, el proyecto para la mejora de la climatización ha sido adjudicado el 9 de mayo de este año y estamos trabajando para completar el defectuoso sistema contra incendios, de tal manera que las obras fueron adjudicadas por 3,6 millones de euros el 8 de marzo. Hemos concluido la estación de autobuses, cerrando un convenio con la Diputación General de Aragón, y el 1 de marzo de 2005 hemos otorgado la autorización provisional para que comience su explotación. A finales de mayo hemos licitado también la explotación del hotel.
En relación con los accesos de Barcelona, el 14 de junio de 2004 me reuní con el presidente de la Generalitat y desbloqueamos el acceso a Barcelona. En una sola reunión conseguimos más avances que el Partido Popular en 8 años, de tal manera que ya hemos concluido todos los proyectos. En diciembre de 2004 hemos concluido todos los proyectos, licitado todas las obras, adjudicado todas las obras e iniciado todas las obras en mayo de 2005.
Se ha avanzado igualmente en las nuevas estaciones de Camp de Tarragona, y en la intermodal del Prat, de tal manera que en la de Camp de Tarragona hemos tenido que rescindir el contrato que había cerrado el Partido Popular porque no preveía ni la dimensión adecuada ni su funcionalidad, y, por tanto, ya se había quedado atrasado el proyecto y hemos tenido que hacer uno nuevo. Hemos adjudicado un proyecto nuevo y hemos iniciado las obras en febrero de 2005.
En la estación intermodal del Prat hemos adjudicado las obras del tramo Sant Boi-Hospitalet, que incorpora la parte ferroviaria de la nueva estación intermodal, que integrará la actuación de alta velocidad a la cercanía y el acceso al metro.
En relación con Barcelona-Frontera francesa, hemos adjudicado todos los proyectos que faltaban por adjudicar, siete de 18; hemos iniciado las obras de cinco tramos más, ahora hay siete tramos en obras y cuando llegamos sólo había dos en obras. Hemos multiplicado por 45 lo ejecutado por el Gobierno del Partido Popular entre Barcelona y frontera francesa.
(El señor Chiquillo Barber pronuncia palabras que no se perciben.) Nuestro compromiso, señoría, es: llegar a Tarragona en 2006; establecer un intercambiador de tal manera que el recorrido hasta Barcelona se reduzca en una hora; llegar a Barcelona en 2007, y conectar con Francia en 2009. Para ello hemos adoptado las siguientes medidas: hemos agilizado el proceso de licitación y adjudicación de las obras, celebrando un consejo de administración de la Adif extraordinario y monográfico para esta línea, en la que hemos adjudicado tres de los cuatro tramos de acceso a Barcelona; hemos reducido el plazo para la firma de los contratos de obra a un máximo de 17 días desde la adjudicación, plazo muy inferior al previsto por la ley; hemos activado medidas previas al inicio de las obras como son las firmas de las actas de comprobación de replanteo en un período mucho más reducido del que está establecido legalmente; hemos convocado y reunido a los presidentes y a los responsables de las empresas constructoras para exigirles el compromiso de ejecución e instarles a asumir la responsabilidad de los plazos comprometidos, y durante la ejecución de la obra hemos nombrado a un coordinador general a fin de que coordine las decisiones que implican a varias administraciones, para que no se produzca ningún retraso, y hemos creado un grupo mixto de coordinación y seguimiento Adif-Renfe-Operadora para minimizar la afección sobre las infraestructuras existentes y evitar que los servicios ferroviarios tengan cualquier tipo de efecto negativo.
Me va a permitir, señoría, que le dé una información mucho más detallada sobre los sistemas de detección de caída de objetos a la vía, entre otras cosas, porque desinformaciones interesadas han trasladado una idea distinta de lo que realmente había pasado. Este sistema tiene como cometido detectar la caída de objetos en la vía que sean peligrosos para el tráfico ferroviario y, por tanto, se trata de un sistema necesario cuando se circula a más de 200 kilómetros por hora.
Cuando llegamos, el 31 de marzo de 2004, había un sistema, contratado por el Partido Popular, que no tenía finalizada su puesta en uso pero que estaba instalado. Era un sistema basado en una tecnología óptica, de tal manera que se detectaba la caída de cualquier objeto, peligroso y no peligroso, y, por tanto, paraba la circulación ferroviaria sin ningún sentido.
Alguien ha comentado que eso no había sido detectado por la auditoría técnica, y no es cierto, es que no estaba operativo porque no podía estarlo, y la auditoría técnica dijo que para circular a más de 200 kilómetros por hora tenía que funcionar perfectamente el sistema, que, como no ha funcionado, lo hemos tenido que abandonar.
Nosotros hemos sido los que hemos realizado las pruebas de fiabilidad porque estaba instalado pero no se había comprobado que funcionara, y cuando hemos llevado a cabo las pruebas de fiabilidad, ineficacia e inviabilidad es la valoración que le puedo hacer del sistema dado el número de falsas alarmas que se producen al identificar incluso papeles o plásticos en las vías como un motivo para paralizar el tráfico ferroviario.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señora ministra, vaya concluyendo, por favor.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Voy terminando. Muchas gracias, señor presidente.


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Señoría, hemos decidido sustituir el sistema. Hemos analizado las tecnologías alternativas, una es la óptica, que es la que había contratado el Partido Popular, y otra es la de malla, que es por la que hemos optado nosotros. La de Sevilla es la de malla, pero con una tecnología quizá distinta que nos supondría retrasar dos años la instalación del sistema porque se tiene que instalar, podríamos decir, paralizando el tráfico ferroviario y, por lo tanto, hubiera supuesto mucho retraso. Hemos elegido una tecnología de malla distinta de la de Sevilla, muy parecida, pero que supone menor coste y acelerar el proceso.
Por lo tanto, señoría, nuevo sistema, distinto al que había establecido el Partido Popular.
Reclamaremos los costes adicionales a quien se considere procedente, desde el punto de vista jurídico --por lo tanto, no vamos a pagar dos veces por lo mismo-- y reclamaremos responsabilidades. No son las mismas tecnologías y, si me permiten ustedes, frente a lo que se ha dicho, tampoco son las mismas empresas; solamente coinciden la montadora, que no es responsable ni en un caso ni en el otro de que no funcione esa tecnología.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora ministra.
Tiene la palabra el senador Mur.


El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señora ministra, pues sus informaciones han sido extensas, interesantes, ilustrativas y se ha tomado usted la molestia de profundizar en el asunto.
Yo ya tenía ganas de que en sede parlamentaria pudiéramos hablar con seriedad de un asunto importante que trasciende incluso a lo que debe ser la batalla política, y no quiero hacer de esto una batalla política sino que las cosas funcionen, porque esta línea es muy importante para el conjunto del Estado, pero fundamentalmente lo es para Aragón y para Zaragoza porque nos articula con la frontera francesa, con Barcelona, con Madrid y a través de Madrid con Andalucía y, evidentemente, para nosotros es de muchísima relevancia y le puedo asegurar que no es ni un sueño ni un lujo, aunque quizá fuera un sueño por aquello de que lo hemos estado deseando mucho tiempo y parece que tarda en llegar.
Nos habla usted del sistema RTMS, que parece que es uno de los problemas que han estado impidiendo que se avanzara en otras cuestiones, es normal que cuando una cosa falla hace inevitable que otras puedan ir funcionando. De sus informaciones, señora ministra, del tramo Madrid-Lleida, el bajo nivel de calidad, las múltiples deficiencias que la auditoría, al parecer, está detectando evidencian que esto es preocupante. También es preocupante el que usted nos hable de unos sobrecostes de más de 75 millones de euros hasta ahora, que en las antiguas pesetas serían unos 13.000 millones, es decir, unas cantidades que a veces nos cuesta concretarlas.
Yo me pregunto cuántas obras se han dejado de hacer por falta de presupuesto, cuántos arreglos, cuántas carreteras, cuántas cosas que con 13.000 millones de las antiguas pesetas se podían haber hecho. Parece que no pasa nada. Usted, de momento, ya nos ha dicho que vamos a buscar responsabilidades para ver quién tiene que pagar todos estos desfases. Le deseo mucha suerte porque desde luego lo que está claro es que esto se ha gastado --bien o mal-- y que alguien tendrá que pagarlo.
El panorama, señora ministra, es preocupante. Parece que ustedes han tomado medidas en el tramo Lleida-Barcelona-frontera francesa, y deseamos que aprendan de los errores que se han cometido.
Respecto a los plazos que usted nos ha dado, lo único que puedo decirle es que quiero que se cumplan. Algunas de las medidas parecen de manual, señora ministra, como la de nombrar un coordinador general de la obra, en una obra que implica tantísimas contratas y tantísimos trabajadores al mismo tiempo. Lo que me extraña es que no se hubiera hecho antes.
Le voy a preguntar dos cosas muy concretas. Me gustaría que nos explicase ese expediente informativo interno que se ha abierto por parte de Adif sobre, precisamente, los problemas de seguridad de la señalización, y a qué obedecen esos problemas. Hay que profundizar un poco más. No vale decir que hay una empresa general que luego subcontrata tecnología a otras empresas. Quizá --le doy simplemente un apunte-- usted tenga que profundizar en que no debe contratar tantos contratistas generales y debe tener usted más libertad para contratar directamente tecnologías, no vaya a ser que por esos contratos globales haya empresas que dejen fuera a otras de la competencia simplemente porque no son de su grupo empresarial y eso merma, entre otras cosas, la calidad y puede encarecer el precio.
Hay otras secuelas, señora ministra, que quiero aprovechar para ponerlas de manifiesto aquí, en la línea hasta Lleida. El GIF, que ha sido sustituido por el Adif, dejó problemas sin resolver en varios municipios aragoneses --usted lo sabe bien-- por afecciones en caminos vecinales, por obras mal realizadas. Hay procesos judiciales en marcha. Se deben varios millones de euros a 14 municipios de la provincia de Zaragoza y de la provincia de Huesca al menos.
Señora ministra, ya sé que los procesos judiciales y los contenciosos siguen adelante, pero Fomento debería estudiar este expediente sin obligar a los municipios a que sólo puedan confiar en los tribunales.
Señora ministra, en definitiva, hay errores detectados, soluciones en marcha, deseos de que se cumplan, pero no podemos sólo conocer y lamentar los errores y las negligencias. Hay que buscar soluciones. Usted lo está haciendo. Haremos un seguimiento para comprobar que esas soluciones van bien, pero hay que buscar responsables. Esto no puede ser fruto de la casualidad. Esto no puede ser fruto no se sabe de qué fuerzas extraterrestres. Esto tiene causas. Esto tiene responsables y detrás de todo esto hay personas y empresas.
Señora ministra, yo le animo a que siga usted profundizando. De todas maneras, como esto no es más que una parte del trámite parlamentario, espero que en la moción que ya le anuncié que vamos a presentar le podamos hacer

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alguna propuesta interesante que no tendrá más finalidad que la de corregir, por supuesto, todos los errores para que por lo menos sepamos dónde han ido a parar y cómo se han gastado --entre comillas-- esos miles de millones de las antiguas pesetas, hoy menos, porque se dice en euros, que al parecer nos va a costar esta línea .
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori):Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Señor presidente, señoría, antes le comentaba que el señor Aznar decía que el AVE era un delirio de grandeza de Felipe González. Yo le diré que el AVE a Lleida es un delirio de incompetencia porque no ha habido una sola decisión acertada. (Rumores desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Con esa obsesión de separarse del AVE y de la iniciativa del Partido Socialista, señoría, establecieron un sistema de señalización que no era el que se estaba utilizando, no era el probado sino que era un novedad, y nos pusieron de conejillos de indias para todo el mundo, para toda Europa por supuesto.
Es un sistema que está costando muchos esfuerzos y mucho dinero y el que funcione esa idea genial de cambiarlo todo ha supuesto mucho dinero a los españoles y muchos inconvenientes a los usuarios que podían estar circulando a una mayor velocidad, lo que es imposible mientras que el sistema de señalización que se inventaron --entre comillas-- no funcione.
Efectivamente, señoría, hay que exigir responsabilidades. Hay responsabilidades políticas que las tienen que exigir los ciudadanos. Los ciudadanos deciden basándose en la información que tienen. Por eso es tan importante que en el Senado se traten estos temas y que los ciudadanos sepan que van a 200 kilómetros por hora porque hubo un Gobierno incompetente que no fue capaz de resolver las cuestiones por las que los ciudadanos no solamente habían votado sino que les pagaban los sueldos a todo ese Gobierno.
Hay una responsabilidad jurídica que no la puedo exigir yo desde el Ministerio de Fomento, pero se pueden tomar las medidas. Hay otro tipo de responsabilidades que estamos exigiendo, es decir, si hay determinados fallos en la construcción que son imputables a los que han hecho la construcción, no se preocupe usted que no lo estamos pagando nosotros, sino que lo están pagando los que hicieron mal el sistema. También puede ser --como pasa con el sistema de detección de objetos caídos a la vía-- que el sistema es el que es y solamente con ese afán de hacer una cosa distinta hayan elegido un sistema que será muy bueno para cualquier otra cosa menos para el tráfico ferroviario. (Protestas desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El sistema detecta lo que se cae en la vía, pero es que detecta tanto que detecta los plásticos. Por lo tanto, la detección elevada a grados máximos no es útil. (Rumores desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Qué nerviosos se ponen los señores del Partido Popular en cuanto se les dicen dos cosas que son verdades. Es una realidad que no controlan sus nervios y es una realidad que lo hicieron muy mal.
Por tanto, lo que hacemos ahora, señoría, que es por lo que usted me pregunta, es corregir con mucho esfuerzo todos esos errores, pero en multitud de casos con un sistema que nunca hubiéramos aceptado de haber podido adoptar una decisión; es decir, tengo que aplicar ese sistema, en el que no creo, porque considero que era mejor el otro, pero me lo he encontrado hecho, decidido e implantado.
No es el caso del sistema de detección de objetos caídos a la vía, porque es inviable y, por ello, en sentido figurado, hay que echarlo al cubo de la basura, porque no es útil para el tráfico ferroviario, y buscar una solución.
Y le he dicho que dentro de la misma tecnología hay dos soluciones: una, la que se aplica en Sevilla, pero que se hace a tráfico parado y, por tanto, en una línea en uso, como la Madrid-Lleida, supondría dos años de retraso, señoría; hemos buscado una tecnología similar, a cargo de la empresa LOGITEL, que supone menos coste, con la que no es necesario parar el tráfico y en un período de tiempo mucho más corto. En la actualidad, el único problema a este respecto lo tiene Talgo-Bombardier con el «software» de la señalización a bordo. Y cuando funcione el sistema de detección de objetos caídos a la vía empezaremos a subir la velocidad.
Por supuesto que vamos a aprender de los errores. El problema es que en muchas ocasiones nos tenemos que tragar y digerir esos errores porque tenemos que subsanar los de aquellos que pensaron que iban a descubrir el Amazonas y lo único que hicieron fue cometer un error tras otro.
No coincido tanto con ustedes en la idea de contratar o de poner en marcha esa tecnología; concretamente, la tecnología del sistema de detección de objetos caídos a la vía la ha desarrollado la Universidad Politécnica de Madrid, el GIF se quedó como propietario de la misma y después intervinieron dos empresas montadoras, pero no ha funcionado; es una tecnología desarrollada internamente, pero no garantiza un buen resultado. Creo que es mucho mejor recurrir a lo que ya está probado, no pretender deslumbrar a nadie con ideas geniales, y en lo que respecta a las infraestructuras, hay que apostar sobre seguro.
Señoría, la auditoría técnica nos ha dado dos datos muy importantes: uno, identifica dos causas comunes a toda esta serie de deficiencias, además de los atrasos, porque si hubiera habido atrasos pero hubiera salido bien, todo se podría perdonar; pero como, además de retrasar mucho la ejecución lo han hecho rematadamente mal, no hay manera de asumir esa situación, y, dos, falta de análisis preliminares más profundos a nivel de estudios; el proyecto careció de una planificación global del análisis de los riesgos geológicos y geotécnicos a lo largo de las distintas fases. Con esto le quiero decir que me encuentro con una plataforma hecha, y cuando llueva tendré que ver cómo se comportan las arcillas, pero hasta que no llueva no lo voy a saber.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Vaya terminando, señoría.


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La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Termino, señor presidente.
Por tanto, no es empezar de nuevo, señoría, y no tenemos una bola de cristal para saber en cuánta profundidad se equivocó el PP con respecto al AVE a Lleida, no voy a decir a Barcelona-frontera francesa porque prácticamente lo dejó todo comprometido, pero no hizo nada.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora ministra.


-- DE DON DAVID ISASI GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA LA ORGANIZACIÓN COMÚN DE MERCADO (OCM) DEL AZÚCAR Y LAS NEGOCIACIONES LLEVADAS A CABO (S.
670/000058).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pasamos a la siguiente interpelación.
Tiene la palabra el senador Isasi.


El señor ISASI GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra, señorías. Venimos hoy a hablar otra vez, después de prácticamente un año, de la futura reforma de la Organización Común de Mercado del azúcar; la primera comunicación surgió el 12 de junio, y fue confirmada posteriormente el 14 de julio, con lo cual espero que al menos en este asunto el Partido Popular no sea responsable de lo que sucede con la remolacha, aunque quizá se termine diciendo también; pero, como en esas fechas usted ya era ministra, espero que no se nos achaque lo que está pasando o lo que no está pasando con el azúcar y con la remolacha de este país.
La comunicación tenía una serie de puntos que, resumidos, serían los siguientes: desaparición del mecanismo de intervención, reducción del precio --que suponía para España pasar de 48 euros, en números redondos, a 27--, eliminación de las cuotas A y B, reducción de la cuota en 2,8 millones de toneladas para toda Europa, introducción de la transferencia de cuotas entre países y compensación del 60 por ciento únicamente de las pérdidas de rentas. Todos estuvimos de acuerdo, con leves matices, en que la comunicación contenía una posible reforma nefasta para el sector remolachero español y una postura absolutamente inasumible para el sector agrario y azucarero. Hablábamos de 20.000 agricultores --20.000 familias--, de entre 120.000 y 130.000 hectáreas de remolacha y de unos 3.000 empleos directos en la industria transformadora.
Esto sucedía en verano y, en septiembre, ante las dudas, el nerviosismo y la preocupación de los remolacheros y agricultores españoles, se presentaba en esta Cámara una interpelación referida a los aspectos citados. El debate de la interpelación sembró dudas e inquietud en el ánimo del senador que les habla y entre los miembros del grupo al que pertenece, porque la ministra no expresaba en parte alguna de su intervención el rechazo frontal de la reforma, y ahí está el «Diario de Sesiones» para comprobarlo. Ante tal tibieza, la moción siguió a la interpelación, puesto que teníamos dudas sobre lo que pasaría después.
La moción se debatió el 28 de septiembre y quiero recordarles a sus señorías que esta Cámara la aprobó. Tenía tres apartados: en el primero se expresaba el rechazo absoluto de la propuesta de reforma y de su toma en consideración, tal como lo había expresado el presidente Rodríguez Zapatero, tras el Consejo de Ministros, el 23 de julio en León, tomándola como un asunto de Estado. En el segundo bloque se desgranaban aspectos concretos a los que me he referido con anterioridad, por los que no era posible que el sector remolachero y azucarero español aceptara la reforma. Los puntos pretendían aproximar la cuota nacional a los niveles de consumo español, y es interesante recordar a este respecto que España es un país que no tiene siquiera una cuota de producción; estamos hablando de 250.000 toneladas de azúcar, cifra bastante lejana de la de su consumo. Pretendían también la compensación del 100 por cien de las rentas perdidas, y no del 60 por ciento; la prohibición absoluta de la transferencia de cuotas entre países; que hubiera una limitación para la reducción de precios, para garantizar al menos la rentabilidad del cultivo; la introducción de unos límites máximos suficientes para las importaciones de los países con los que se mantienen acuerdos preferenciales; y el mantenimiento del sistema de cuotas A y B en todos los países.
Había, por fin, un tercer bloque de lo que podríamos llamar las medidas complementarias nacionales, que proponía lo siguiente: que el Gobierno de España asegurase el mantenimiento de todas las industrias transformadoras, evitando el cierre de las mismas por la relación tan directa que estas mantienen con el área de producción del cultivo y por la imposibilidad de realizar transporte de remolacha a distancias largas por el coste que el mismo tiene. Se proponía, además, el establecimiento de dos planes: uno de futuro para aquellas explotaciones de remolacha y caña de azúcar que tuvieran que abandonar la producción, y otro de dinamización y reconversión económica local para los municipios que sufrieran las consecuencias de tal abandono. Por tanto, ése fue el contenido de la moción que se aprobó, e insisto, con el apoyo de diversos grupos parlamentarios de esta Cámara.
Posteriormente, en un plazo más o menos breve, el 27 de octubre, la señora ministra comparece ante la Comisión General de Comunidades Autónomas y las respuestas que nos ofrece nos inducen a incorporar los avances que se habían ido sucediendo a los efectos de la posible propuesta de reforma que íbamos a recibir, y que parece ser que ya está en camino. Así, en esa comparecencia anunciaba que España estaba liderando un grupo de once países: Lituania, Italia, Grecia, Portugal, Finlandia, la República Checa, Letonia, Hungría, Irlanda, Polonia y, obviamente, España.
El siguiente anuncio se ha producido hace sólo un par de semanas, con la circulación de una serie de borradores --y hay que calificarlos como tales porque la propia Comisión ha anunciado que será el próximo día 22 cuando presente su propuesta--, absolutamente intranquilizadores

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sobre la futura reforma, elaborada no ya por el comisario Fischler sino por la nueva comisaria que hoy dirige los destinos de la agricultura europea. En este sentido, la propuesta que se hará oficial dentro de unos días, a lo largo de este mes de junio, no solamente no mejora sino que todavía empeora más la situación porque, según las cifras de que disponemos, el precio de intervención derivado puede experimentar en España una reducción de entre el 52 y el 57,2 por ciento, sobre el que tenemos actualmente. Eso significa, lisa y llanamente, la desaparición de todas y cada una de las hectáreas de remolacha españolas; insisto, de todas y cada una de las hectáreas de remolacha o caña de azúcar de España, es decir, la desaparición de todo el sector, de 20.000 agricultores cultivadores de remolacha, así como propiciar problemas económicos aproximadamente a 1.000 pueblos de España.
Por tanto, esta propuesta da lugar a que estemos absolutamente preocupados por el futuro que le aguarda a la agricultura española y, más concretamente, a los cultivadores de remolacha y a la industria transformadora.
Hemos pasado de una comunicación que podríamos calificar de nefasta o ruinosa, en un momento dado, a lo que tendríamos que terminar llamando la ruina nacional remolachera o algo por el estilo, porque cada vez que se negocia --o no se negocia--, el resultado es todavía peor. No entiendo este sistema de negociación que en lugar de avanzar únicamente consigue que sigamos retrocediendo.
No me puedo creer que en el ministerio o la propia señora ministra estén llevando a cabo actuaciones tan ineficaces --por calificarlas suavemente--, que en lugar de avanzar hacia nuestros objetivos únicamente conseguimos retrocesos. No me lo puedo creer, y se lo digo sinceramente, pero dado que no me lo creo tengo que empezar a pensar que detrás hay algo más. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Por qué los agricultores españoles --y cualquiera--, tienen la sensación de que en el Ministerio de Agricultura ya se da por perdida la negociación? ¿Por qué? ¿Acaso hay negociaciones de otro tenor que se tienen que compensar con esto? ¿Acaso lo que se está negociando --como se rumorea por ahí y espero que no sea cierto--, es que las prórrogas para el fondo de cohesión se compensen con cosas como ésta? ¿Por qué todo tiene que ir para Francia? Y no me vengan a decir ahora que esta reforma no es beneficiosa para Francia, cuando ayer la segunda productora azucarera francesa ya ha salido diciendo que a 25 euros tonelada la remolacha continuará siendo atractiva en Francia, por cierto, con una gran implantación en Alemania porque la casa matriz está allí. O sea, estamos planteando una reforma que va a beneficiar a alguien a costa de los agricultores españoles, y que cada día o mes que avanzamos resulta mejor para nuestros socios y peor para nosotros. Yo no entiendo nada, o cada día entiendo menos.
Decía al principio de mi intervención que el 23 de julio del año pasado el presidente Rodríguez Zapatero en un Consejo de Ministros en León, en su tierra, se comprometía a tratar la cuestión de la reforma de la OCM de la remolacha como un asunto de Estado. Ya que usted no lo hace, ¿qué es lo que ha hecho el presidente? Porque si lo que hacemos es seguir dando pasos atrás, yo no entiendo a dónde nos quieren llevar. No entiendo dónde queremos ir con todo esto. Esto termina con que no son unas negociaciones y unos interlocutores creíbles. No se puede pretender negociar menudencias, comas o acentos, esa no es la solución. Aquí hay un riesgo cierto de desaparición de todo el cultivo en España. Tenemos que plantear -- y si no es usted capaz, deberá ser el presidente del Gobierno pues a ello se comprometió-- un rechazo frontal de esta reforma o, al menos, una variación radical, de arriba abajo, de lo que se está poniendo encima de la mesa. Desde mi persona y desde el Grupo Parlamentario Popular estamos dispuestos a hacerle una oferta final por si no quiere desvelar sus cartas para negociar, pero comprométase usted hoy aquí, en sede parlamentaria, si es que sirven para algo sus compromisos, a mejorar sustancialmente esta reforma para los agricultores españoles. Dígalo claro, y no me salga por los cerros de Úbeda contándome no sé qué historias. Salga a esta tribuna y diga: yo tengo mis estrategias, tengo mis herramientas y tengo mis armas, y como yo soy la responsable de esa negociación --si es que lo es--, me comprometo aquí a mejorar sustancialmente la reforma -- no volvamos otra vez a las comas y los acentos-- y empeño y comprometo mi palabra en ello. Y que quede constancia en el «Diario de Sesiones». Si usted hace esto hoy aquí, concitará el apoyo de mi grupo parlamentario.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Para responder a la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la palabra la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.
Antes de responder a las cuestiones que usted ha planteado en su interpelación, de la misma forma que usted ha hecho he de recordar algunas cosas de mis comparecencias ante esta Cámara relativas a este asunto los días, 15 de septiembre de 2004 para responder a una interpelación presentada por su grupo parlamentario y, posteriormente, el 27 de octubre de 2004 ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en las que ya expuse la posición de España ante la futura reforma del azúcar. En aquellas dos ocasiones les informé que para el Gobierno esta reforma era una cuestión de Estado. También lo ha manifestado el presidente del Gobierno, usted lo ha dicho y lo reiteramos hoy una vez más.
Hoy la posición sigue siendo la misma, el Gobierno tiene como objetivo fundamental el mantenimiento de la actividad económica de las zonas rurales, que dependen del cultivo de la remolacha y que no disponen de otras alternativas. Consideramos necesario que los ajustes que se hayan de producir se distribuyan de una forma equilibrada entre las distintas zonas de producción de la Unión Europea. Es sabido que este cultivo es imprescindible para el equilibrio económico de las explotaciones que lo producen.


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Como usted sabe, son zonas dependientes de la actividad agraria en las que los cultivadores de remolacha, muy especializados, han hecho en los últimos años un considerable esfuerzo de mejora tecnológica y reducción de costes; y en general tienen en la agricultura su actividad principal. Por ello, nuestra principal preocupación es que tras la reforma la renta de esos agricultores pueda alcanzar un nivel suficiente para el mantenimiento del tejido social y económico asociado a ese cultivo.
Por otra parte, seguimos manteniendo que los posibles recortes en la producción europea deben recaer en mayor grado sobre las zonas más excedentarias.
Además, se debe profundizar en las implicaciones del panel de la OMC. Y permítame que me detenga en este aspecto, al que usted no ha hecho una referencia detallada durante su intervención, porque realmente es la única novedad que se ha producido a nivel internacional desde mis anteriores comparecencias ante esta Cámara. En cualquier caso, y por si no lo conoce, mi obligación es explicarlo con el mayor detalle posible.
Señoría, el 28 de abril de 2005 el órgano de apelación de la Organización Mundial de Comercio presentó la resolución del recurso interpuesto por Brasil, Tailandia y Australia sobre la vigente Organización Común de Mercado del sector azucarero. El procedimiento, que acaba de llegar a su fin tras las diferentes fases de consulta, ha supuesto una exhaustiva revisión de la compatibilidad de los instrumentos de la Organización Común de Mercado del azúcar con las reglas y compromisos de la OMC, y en general se ha constatado el incumplimiento de las medidas de comercio exterior del azúcar de la Unión Europea respecto de los citados compromisos. Así, el panel concluye que la Unión Europea ha superado sus compromisos de exportación en la medida en que no ha computado el azúcar exportado, equivalente a las importaciones procedentes de los países ACP y de la India. Igualmente, el panel concluye que las exportaciones de azúcar C que se exportaban sin restitución se deben considerar exportaciones subvencionadas.
Por ello, el informe del grupo especial, confirmado por el órgano de apelación, recomienda que la Unión Europea adecue el reglamento de la OCM del azúcar a las obligaciones que le corresponden respecto de las subvenciones a la exportación. En consecuencia, la Unión Europea debe asumir la supresión de las exportaciones que no viene declarando, tanto las equivalentes a las importaciones de los países ACP-India, por un volumen del orden de un millón 600.000 toneladas, como las exportaciones de azúcar C, por una cantidad de alrededor de dos millones 200.000 toneladas. Ésta ha sido la interpretación pública presentada por la Comisión Europea sobre el impacto del panel en las exportaciones comunitarias.
Es evidente que el pronunciamiento de la Organización Mundial de Comercio va a tener un importante efecto sobre la reforma de la OCM del azúcar, puesto que las orientaciones de reforma que la Comisión Europea presentó en julio de 2004 no contemplaban la eliminación de la producción y exportación del azúcar C ni de azúcar de los países ACP.
España está estudiando junto a la Comisión y otros Estados miembros la interpretación de este panel para que sea lo menos restrictiva posible.
Ésa es la primera actuación de España tras el conocimiento de unos hechos ya ciertos.
Como usted habrá podido comprobar por lo que le acabo de explicar, actualmente nos encontramos con muy pocas variaciones respecto de la situación que le describí durante los meses de septiembre y octubre. De ahí mi sorpresa ante su actitud, al hablar de lo que puede haber detrás de esta reforma. Pues bien, señor senador, no hay absolutamente nada. ¿Se da todo por perdido? Tampoco, señor senador.
Nosotros estamos trabajando sobre hechos ciertos, y no en función de la rumorología. Y no confunda usted los fondos de cohesión con la reforma del azúcar, ni diga que detrás de todo esto han existido negociaciones con otros países. Me gustaría que, si es posible, nos dijera con qué fondos cuenta hoy la actual OCM del azúcar para poder intercambiarlos por fondos de cohesión. Si no conoce los datos exactos quizá pueda darnos una aproximación. Insisto, no hay nada detrás y, desde luego, por parte del ministerio no se da nada por perdido, todo lo contrario, y en ningún momento se está mezclando esto con fondos de cohesión.
Para que toda la información que se pueda dar sobre esta OCM pueda constar en el «Diario de Sesiones» de esta Cámara, paso a darle cuenta de todas las actuaciones y negociaciones que el Gobierno ha desarrollado, aun cuando usted debería conocerlas o quiera negarlas en esta Cámara.
Recordará que en mis comparecencias anteriores le informé de que en aquel momento estábamos ante una simple comunicación de la Comisión y no una propuesta, lo que también ha reconocido en su primera intervención. Y el contenido de esta comunicación es sobradamente conocido por todos ustedes y por ello pasaré a informarle de lo ocurrido con posterioridad. Aquella comunicación produjo un debate en el que quedó patente que no había mayoría suficiente en el Consejo para alcanzar una posición común. Un número muy importante de países planteó las mismas cuestiones que España defendía. En estos momentos estamos a la espera de que la Comisión presente su propuesta legislativa y es previsible, como también usted decía, que lo haga el próximo día 22 de junio.
Y quiero aclararle una cuestión, señor senador. Este Gobierno no va a responder a filtraciones. Cuando tengamos la comunicación oficial por parte de la Comisión, tendrá mi compromiso. Tiene que entender que no me voy a comprometer en ningún momento con filtraciones, pero sí me comprometeré con declaraciones o propuestas firmes. Y en el momento, insisto, en que la propuesta de la Comisión sea oficial, no dude que le daré todas las explicaciones e informaciones que tanto usted como el resto de esta Cámara consideren oportunas. Mientras tanto, no me pidan que hable sobre cuestiones que se han filtrado a los medios de comunicación porque no me parece serio. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Considero que la seriedad y la rigurosidad son dos valores que un representante político no puede perder nunca de vista. Por ello, vuelvo a reiterarle que no voy a fijar la posición del Gobierno sobre

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una propuesta que aún no se ha planteado de manera oficial.
Además, quiero señalar que una vez que se plantee la propuesta legislativa por parte de la Comisión se abrirá un proceso de negociación en el que España sí va a defender los intereses de España y no tenga ninguna duda, señor senador. Espero contar con ustedes, como usted ha ofrecido, para que al final la negociación sea una negociación positiva para el sector azucarero español.
Las posiciones que el Gobierno va a defender pasan porque el previsible ajuste de cuotas recaiga sobre las zonas de producción que provocan los excedentes y que no se autorice la posibilidad de transferencia de cuotas entre Estados miembros, con una reducción de precios menor que la planteada inicialmente y más espaciada en el tiempo y que la ayuda que se conceda a los productores se mantenga acoplada para permitir la viabilidad económica del cultivo. En términos generales, esta es la posición que expliqué ante esta Cámara, que va a defender el Gobierno y que ahora ratifico ante todos ustedes aunque muy resumidamente.
Como usted sabe, señor senador, desde el inicio del debate sobre esta reforma se ha planteado la necesidad de configurar una alternativa que lograse el mayor consenso posible con la finalidad de lograr el mantenimiento de la producción en nuestro país. He de reconocer, y me produce una gran satisfacción, que el Gobierno haya contado con el apoyo de todas las comunidades autónomas, de la mayoría del sector y de la mayoría de las organizaciones profesionales e incluyo, por supuesto, de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que han demostrado que por encima de cualquier otro interés tienen claro que es necesario mantener una posición común que permita enfrentarnos a una reforma que reconozco y reconocen que es compleja. Por eso el Gobierno se ha sentido avalado en todo momento por las instituciones, las organizaciones profesionales y por el conjunto del sector.
Durante el último año, efectivamente, el Gobierno ha tomado la iniciativa, y está realizando todos los esfuerzos para que se tengan en cuenta los principios defendidos por España y que ya fueron expuestos en anteriores ocasiones.
Quiero destacar una serie de iniciativas a modo de resumen. Desde septiembre de 2004, se han mantenido reuniones con la mayor parte de los países de la Unión Europea, y en ellas se ha tratado siempre la propuesta de reforma de la OCM del sector del azúcar. Se ha enviado una carta a la comisaria de Agricultura de la Unión Europea, firmada por diez Estados miembros --no he tenido el tiempo de puntear los que usted citó, pero se los puedo repetir: Grecia, España, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Hungría, Portugal, Eslovenia y Finlandia-- en la que presentan una oposición a la posible propuesta de reforma en los términos que usted planteaba en principio.
Durante las reuniones del Consejo de Ministros de Agricultura, celebradas el 22 y el 23 de noviembre, España expuso sus criterios sobre una futura reforma de la OCM. A esta reunión asistió por primera vez, formando parte de la delegación española, el consejero de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León. El 24 de enero de 2005, se celebró una conferencia en Madrid a la que asistieron delegaciones de los países ACP y PMA, donde se constató una posición común, y quiero recordar algunos de los aspectos que compartimos con estos países.
En primer lugar, que la reforma de la Organización Común de Mercado en el sector del azúcar debe garantizar un nivel de precios que remunere adecuadamente tanto a los productores comunitarios como a los suministradores de los países ACP y PMA. En segundo lugar, se propugna una modificación de las orientaciones presentadas para la reforma de la OCM con el fin de atender a los objetivos primordiales de mantenimiento de la producción azucarera en sus áreas tradicionales de cultivo de la Unión Europea y de los flujos de comercio actuales de los países ACP a precios adecuados.
Además, en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca, celebrado en Bruselas el 28 de febrero de 2005, a petición de la delegación española se manifestó la necesidad de que la Unión Europea tuviera en cuenta la falta de alternativas al cultivo de la caña de azúcar en estos países y la importancia de unos precios comunitarios remuneradores que les permitiera llegar a ser competitivos a medio plazo, así como la necesidad de asegurar la estabilidad y el equilibrio de los flujos comerciales de importación con mayores períodos transitorios.
También se han mantenido contactos y se ha participado en actividades organizadas por ONG como Oxfam Internacional, que defiende los intereses de estos países y promueve una reforma menos radical y más espaciada en el tiempo.
Por otra parte, he de decirles que entendemos que, antes de cerrar la negociación de la OCM del azúcar, sería oportuno conocer los resultados de las negociaciones de la OMC de Hong Kong.
Para cerrar la negociación de esta reforma pensamos que es necesario conocer primero un aspecto tan importante como el nivel de protección arancelaria que resulte de la Ronda de Doha y los tiempos en los que la Unión Europea tenga que aplicar sus compromisos.
En definitiva, señor senador, mantenemos nuestra posición inicial de defensa del futuro del sector del azúcar en España sin variación alguna.
Vamos a continuar en esta línea de trabajo, intentando aunar posiciones para lograr una reforma lo más equilibrada posible y, por supuesto, vamos a abrir líneas de negociación con la Comisión, con otros Estados miembros, sobre la base de las propuestas que finalmente se presenten para mejorarlas y hacerlas compatibles con nuestros objetivos.
Insisto en que nos gustaría contar con todos ustedes, como así lo he expresado. Quiero finalizar insistiendo en que nos encontramos ante un proceso de negociación complejo que exigirá trabajo y compromiso, y esto, desde luego, lo tienen garantizado por parte del ministerio.
Contarán con toda la información en el momento en que sepamos la postura oficial, y entonces conocerán puntualmente la postura del Gobierno, pero no le exijan que se manifieste sobre unas filtraciones.
Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra el senador Isasi.


El señor ISASI GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, la verdad es que es decepcionante, porque hoy le he ofrecido una mano tendida desde mi grupo y la ha rechazado, y lo ha hecho con el argumento peregrino de que no sabemos la propuesta de la Comisión.
¡Pero si yo no le he dicho nada de la propuesta de la Comisión! Lo que yo le he puesto encima de la mesa son los puntos mínimos españoles para poder ir adelante. ¿O es que no los tenemos? ¿O es que sólo los vamos a tener cuando haga la propuesta la Comisión? ¿Ésa es la previsión después de un año? ¿Que a 8 de junio, cuando estamos a catorce días vista, no tenemos una postura española? ¿Eso es lo que me está diciendo? Pues, la verdad, no lo entiendo.
Yo pensaba además que la postura del Gobierno de España era la postura del Legislativo de España, con una moción que se había aprobado aquí. Eso es lo que pensaba yo. Se lo pregunté seis veces en una comparecencia y no me contestó si hacía suya esa moción. Y hoy sé positivamente que tampoco me va a contestar.
Lo mismo sucede con lo que estaba contando del apoyo con todas las comunidades, cuando hace una semana el consejero de Castilla y León se niega a acompañarla. ¿Por qué se niega a acompañarla, señora ministra? ¿Porque no quiere plantear a la Comisión la retirada de esta propuesta? Ahora resulta que esto ya no es «Alicia en el país de las maravillas» y empieza a ser otra cosa.
Porque hablar y largar, hablamos y largamos todos muchos. Pero decía en mi primera intervención: Consejo de Ministros, 23 de julio. Nota oficial de Moncloa --no es de prensa, para que no se diga que es que se ha entendido mal--. Pregunta: quería saber qué significado le quiere dar a la reunión que se celebrará en septiembre en Madrid, con Francia y Alemania. Respuesta: El significado es fundamental para nuestros intereses. Pero fíjese, le voy a poner un ejemplo determinante. Acabo de saludar a los representantes de las organizaciones agrarias que estaban celebrando una reunión de trabajo... etcétera, con la ministra --resumo--, que tiene por delante una acción política de negociación difícil --que efectivamente lo es-- en la que vamos a poner todo nuestro empeño, porque éste para mí es un problema de Estado. ¿Qué me decían las organizaciones agrarias? Por favor, presidente, que esto esté en tu agenda siempre que hables con Francia y Alemania. Son dos países decisivos para que podamos tener una reforma razonable en el sector del azúcar, y le puedo asegurar que así va a ser.
Pendiente para la reunión de septiembre. Es la nota de prensa de Moncloa --no de ninguna prensa--, y hoy está colgada en la página de Internet. En nueve páginas, todavía no he encontrado una sola referencia agraria, y muchos menos de remolacha, en la entrevista con el canciller alemán y con el presidente de la República Francesa. Nada. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡Qué barbaridad!) Una mentira tras otra.
(Rumores.) En todas las notas de prensa del Ministerio de Agricultura, desde el 27 de octubre hasta el día de hoy, en reuniones con ministros de Agricultura de otros países miembros sólo se habla de uno: una reunión con el ministro de Hungría. No sé dónde están todos los demás.
He hablado al principio de mi intervención de una moción aprobada en este Senado, un Senado que tiene un Reglamento, que pienso yo --y lo corroborará el señor presidente-- es para cumplir. Dice el Reglamento en su artículo 178.2: «Dentro de los seis meses siguientes a la aprobación de una moción, el Gobierno o el órgano correspondiente deberán informar sobre el cumplimiento dado a las mismas. Dicho informe será publicado por la Cámara» Y en el asterisco se lee: Constitución Española: artículo 109.
¿Dónde está? ¿Le importa? ¿Qué le importa el Senado? ¿Qué le importa lo que se hace aquí? A muchos se les llena la boca hablando de la importancia que se le da al Senado y de adónde vamos a ir a parar porque celebramos aquí el primer encuentro fotográfico de presidentes autonómicos --porque con un minuto y medio o dos minutos de tiempo para cada uno no se puede hablar más que de un rally fotográfico--, y sin embargo cuando se trata de hechos tenemos lo que tenemos. ¿O es que me van a decir que el informe es algo que ha entrado procedente del Ministerio de la Presidencia el 25 de mayo, no seis ni siete, sino ocho meses después, donde se dice textualmente lo siguiente: Tengo el honor de acompañar con el presente escrito el informe de cumplimiento de los compromisos parlamentarios correspondientes al segundo período de sesiones de la presente legislatura en virtud del propósito expresado por la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Presidencia y portavoz del Gobierno --que no por el artículo 178.2 del Reglamento del Senado-- en su comparecencia en la Comisión Constitucional de esa Cámara Alta celebrada el 17 de junio del presente año? ¿Es ése el informe que se supone tenía que haber recibido en seis meses sobre el cumplimiento de todos y cada uno de los puntos de la moción, o eso es otra cosa? Un informe que dice...


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.


El señor ISASI GARCÍA: Voy terminando, señor presidente.
Un informe en el que figura por todo texto lo siguiente: Se ha liderado la formación de un bloque de Estados miembros cuya posición común deberá influir en las futuras propuestas de la comisión y en la negociación subsiguiente prevista para el segundo semestre de 2005.
De los planes españoles, ni palabra; del rechazo a la reforma, ni palabra; de cada uno de los puntos de la moción, ni palabra. Pero lo que es aún más grave es que se trata de un documento que fue publicado como una comunicación más de un mes antes en la página de Internet de La Moncloa punto por punto y coma por coma. Ése es el respeto y ésa la consideración que se tiene a este Senado por parte de su señoría y del señor presidente de este Gobierno.
Pero lo que esperan los remolacheros españoles son soluciones, lo que esperan los trabajadores de la industria transformadora son soluciones y no palabras en el sentido

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de si hago o dejo de hacer tal o cual cosa, pero no me comprometo nunca. Hoy tenía usted mi mano aquí tendida y lamentablemente la ha rechazado, señora ministra. Luego echen ustedes las culpas a quienes quieran, pero la responsable es usted y nadie más que usted.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Agricultura.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.
Señoría, hoy tengo que reconocer que es cierto aquel viejo dicho popular que dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡Ahí, ahí!) Yo en ningún momento he dicho que ésta no fuera una reforma difícil, en ningún momento he dicho que el presidente del Gobierno se desdijera de sus palabras y en ningún momento he dicho que rechazase su ayuda, sino todo lo contrario, se la he pedido.
Les voy a decir algunas cosas. A fecha de hoy no consta en ningún momento en las actas de las reuniones del ministerio que el consejero de Castilla y León haya dicho que niega que me acompañe a los consejos, sino todo lo contrario, se ha hablado con él para que se reúna con el resto de las comunidades autónomas y coordine la posición. Cosa distinta será lo que haga a partir de hoy.
He hablado en varias reuniones del tema de la Organización Común de Mercados del Azúcar, y el último ejemplo de ello es el de Italia. El ministro italiano se ha desplazado a España para mantener una reunión cuyo único punto del orden del día era el de la Organización Común de Mercados del Azúcar. Usted está hablando del cumplimiento de una moción, pero yo le pregunto lo siguiente: ¿Cómo quiere usted que dé cumplimiento a la moción del 28 de septiembre cuando no se ha iniciado si quiera una negociación, cuando no tenemos una propuesta formal por parte de la Comisión Europea? ¿Qué plan vamos a presentar si no conocemos qué es lo que se nos va a poner encima de la mesa? Me parece a mí que éste es cuando menos un planteamiento poco serio por no calificarlo de otra forma.
Sé que ustedes vienen a esta Cámara con un único objetivo: mantener su posición de radicalismo político con el único fin de lograr un ambiente de debate enrarecido donde no es posible acordar posiciones ni siquiera cuando está en juego la viabilidad de un sector fundamental para la economía de muchas zonas de España. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-- Un señor senador desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!) Además, como ustedes tienen muy pocos argumentos para hacer un debate serio y con propuestas alternativas, basan su escasa munición en disparar contra Francia y Alemania, cuando no se trata de eso, señor senador, y usted lo sabe; se trata de analizar la situación en la que ahora nos encontramos, y de plantear alternativas viables y serias. Posiblemente nos tengamos que replantear su postura en futuras ocasiones.
Señoría, Francia y Alemania defienden sus intereses, pero España va a defender los suyos, y este Gobierno sabe perfectamente lo que tiene que defender en la futura negociación de la OCM del azúcar, y eso es lo que va a hacer, cuyas líneas generales ya he comentado --para no repetirlo insistentemente-- y constan en el «Diario de Sesiones» de esta Cámara.
Vamos a tener reuniones, y las tendremos también con Francia y con Alemania, no se preocupe; aunque quiero recordarle que aparte de Francia, Alemania y España, hay otros veintidós países más dentro de la Unión Europea.
Nosotros no estamos atados por nada ni por nadie, a diferencia de lo que le ocurría al Gobierno anterior (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.), que sí era prisionero de las decisiones de otros gobiernos. Siento decirles que, ante su actitud, me obligan ustedes a recordar las fotos de las Azores y todo lo que significaron. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) No se preocupe, que este Gobierno no va a caer en aquellos viejos errores. España hoy tiene más gente en la Unión Europea que le puede apoyar, que desde luego defiende posiciones iguales o similares a las españolas, y el resultado de esta reforma no depende de la amistad o del amiguismo, porque estos conceptos no forman parte del acervo comunitario, señoría, sino de una forma de entender la política en la que este Gobierno... (Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular: Y lo que ocurre en esta Cámara, ¿qué?--El señor Isasi García: ¡Conteste a lo que se le ha dicho!--Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.
Continúe, señora ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Muchas gracias, señor presidente.
Insisto, señorías, en que este Gobierno no cree en el clientelismo ni en el amiguismo; nosotros creemos en el acuerdo y en una negociación basada en la búsqueda de intereses comunes, y en esa línea vamos a trabajar.
Desde luego, le vuelvo a repetir, señor senador, que será oficial la propuesta el día 22 --es la información que tenemos a fecha de hoy-- y que hasta ese momento yo no voy a hacer ninguna declaración al respecto.
(Rumores.) La haré a partir de ese momento, la negociación se abrirá posteriormente, y le insisto en que continuaremos trabajando para lograr que la reforma permita mantener la actividad del sector azucarero en España. Yo sigo estando abierta a hablar con ustedes, sigo ofreciéndoles que colaboren, aunque ya su señoría de antemano lo haya rechazado; siempre tendrán nuestra mano abierta, desde una perspectiva de colaboración y de aportación, pero no con un punto de vista absolutamente destructivo, como parece que mantienen hasta este momento. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Protestas en los escaños del

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Grupo Parlamentario Popular.--El señor Isasi García: ¡Contéstame! ¡Qué vergüenza!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DOÑA MARIA ASSUMPTA BAIG I TORRAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE LA ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA DESDE LA EDUCACIÓN INFANTIL HASTA LOS ESTUDIOS SUPERIORES (S. 670/000057).


El señor PRESIDENTE: Interpelación de la senadora Assumpta Baig, del Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la educación artística, desde la educación infantil hasta los estudios superiores. (Rumores.) Para la defensa de la misma, tiene la palabra la senadora Baig.
(Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio.


La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, vivimos en una sociedad que constantemente nos está mandando mensajes para informarnos, comunicarnos, y también para influirnos, negativa o positivamente, como puede ocurrir con la publicidad. (Rumores.) También los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, nuestro ambiente en general, nos hacen vivir, afortunadamente, acompañados de la música, con más o menos calidad. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, ruego guarden silencio.
(Pausa.) Senadora Baig, puede continuar.


La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, señor presidente.
Ahora resulta difícil, incluso, poder escuchar el silencio, y en esta sala bastante más.
En esta sociedad, tan influenciada por la imagen y la música, resulta difícil entender que en estos aspectos las materias artísticas no adquieran prioridad y que les resulte tan difícil hacerse un espacio propio como cultura visual, plástica y musical dentro del sistema educativo.
La educación artística en su faceta musical, en la visual y plástica es un aprendizaje necesario, por no decir imprescindible, que ayuda a la formación y a la educación global e integral de la persona. La educación artística es acompañar al niño o niña, al joven a transformar su espontaneidad natural por una desarrollada y creadora. El aprendizaje en los diferentes campos artísticos permite a la juventud conocer y dominar los códigos, las técnicas, los gestos, según de la enseñanza artística de que se trate, para estructurarse como un sujeto creador, interpretador y también como un sujeto que goza y se emociona delante de cualquier manifestación artística de forma individual o compartiéndola con los demás.
Centraré esta interpretación en el marco de las enseñanzas artísticas, música y plástica, en Educación Infantil, enseñanzas obligatorias y posobligatorias, así como la ordenación de las enseñanzas artísticas específicas.
Señora ministra, en estos últimos tiempos en el mundo educativo hay la percepción que, después del gran paso positivo que se dio con la aprobación de la LOGSE en 1990, reconociendo a estas enseñanzas artísticas como enseñanzas educativas, se echó el freno y el paso del tiempo y las revisiones, como el decreto de las Humanidades y los cambios de leyes educativas, la LOCE y ahora en el anteproyecto de la LOE, se retrocede respecto a la importancia de las mismas, su peso curricular e incluso en el horario en el proceso de la formación global de los alumnos. La percepción la concretan en una progresiva reducción de su presencia en la educación primaria y secundaria y --lo que aún parece más erróneo-- en la presencia discontinua de la misma en la ESO y en la educación posobligatoria. Es una percepción que puede resultar creíble cuando en estos últimos años se ha dado tanta importancia a unas materias sobre las otras sin buscar la interrelación entre las que podría aportar conocimientos más amplios y transversales; por ejemplo, se habla mucho del lenguaje, de la comprensión lectora en el tema de la lectura, y se podría acompañar también de la comprensión de la educación visual y plástica.
¿Señora ministra, cuál es su opinión respecto al peso específico que deberían tener las enseñanzas artísticas en los currículos escolares? ¿Cuál es la valoración de los especialistas que tiene en la Educación Primaria? ¿Cree necesario ampliar con el especialista de educación plástica y visual, como ya existe el de música, en los centros de Educación Infantil y de Primaria? ¿Valora positivamente la formación inicial de maestros y profesores en el campo de las enseñanzas artísticas? ¿Continuará esta área como asignatura de segunda, entendiendo como áreas de primera las materias instrumentales? ¿Será posible contemplar una metodología de trabajo en ámbitos curriculares en los que tratar globalmente las diversas materias para romper el tabú de las áreas de primera y las áreas de segunda? ¿Se incrementarán los ciclos formativos relacionados con estudio de arte, diseño e imagen? Muchos son los interrogantes que aún podría formular, pero también necesito tiempo para tratar la ordenación de las enseñanzas artísticas que, dicho de paso, valoramos positivamente que ya no sean enseñanzas de régimen especial.
Desde Cataluña le queremos preguntar por qué regula como enseñanza artística-profesional el grado elemental de las enseñanzas de música y de danza. Nuestra visión, acompañada de nuestra experiencia desde principios de los años noventa, nos confirma que ha sido más positivo estimular la creación de escuelas de música que continuar con los conservatorios elementales. Las escuelas de música públicas, que en Cataluña son de titularidad municipal, tienen más objetivos que los conservatorios, ya que además de preparar a aquellos que piensan continuar con estudios profesionales, contemplan el gusto por la música y la

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danza para disfrutar personalmente en su tiempo libre y como formación del público, además de todo tipo de música, desde la clásica al jazz, a la música popular y otras. En estas materias, en las que los alumnos han de iniciarse a una edad tan temprana, es imposible determinar el número de los que las continuarán como estudios profesionales, resultándoles mucho más atractivo y estimulante empezar disfrutando y gozando de la música. Desde las escuelas de música se ha comprobado que hay menos alumnos que aborrecen la música y la danza y más que continúan estos estudios como amantes de estas enseñanzas, sin contemplarlo como salida profesional y sin que por ello hayan disminuido el número de alumnos que llega a los ciclos superiores.
Antes de terminar, permita que dedique un tiempo a las enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas realmente complejas por sus particularidades y matizaciones. De hecho, desde la LOGSE, como enseñanzas de régimen especial vinculadas vía convenio con las universidades, no se desarrolló la normativa y actualmente no encuentran su propio encaje. A mi parecer, aun veo más desacertado contemplarlas como enseñanzas de secundaria, como creo que hacía la LOCE. Todo ello nos lleva a reflexionar sobre si el tratamiento específico de las singularidades de las enseñanzas artísticas superiores debe abordarse contemplando aspectos generales en el marco de una ley básica de la educación, para después desarrollarlo en profundidad con los requisitos propios de una ley específica, o si también podríamos abordar la inserción de estas enseñanzas en la construcción del espacio europeo de educación superior, donde seguro podrían gozar de autonomía académica y organizativa, pudiendo incluso organizar departamentos comunes transversales del conjunto de enseñanzas artísticas y dar paso a las universidades de las artes, como hay en algunos países europeos.
Muchas gracias, señor presidente, señora ministra, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Educación y Ciencia.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.
Señoría, el anteproyecto de la ley orgánica de educación persigue mejorar la formación de todos nuestros jóvenes, buscando la educación de calidad para todos, tal y como he tenido ocasión de explicarles y compartir con ustedes en las últimas semanas en esta Cámara.
Hoy, con mucho gusto, voy a subrayar los aspectos, tanto del anteproyecto de la LOE como de los desarrollos posteriores previstos, que refuerzan las enseñanzas artísticas. La ley orgánica de educación apuesta de manera decidida, y con una estrategia que consideramos coherente, por la mejora de la formación de nuestros jóvenes. Se parte de una definición, evaluación, apoyo y refuerzo de las competencias básicas y, a partir de ellas se pretende la construcción de todo un edificio de aprendizajes mejor, basado en el logro de esas competencias básicas.
La educación artística figura entre las prioridades del anteproyecto de ley orgánica de educación, y voy a intentar explicar por qué. En primer lugar, la educación artística forma parte de la formación integral que debemos aspirar a dar a nuestros ciudadanos. Desde este supuesto, es un elemento sustancial del planteamiento de las distintas etapas del sistema educativo.
Conviene aclarar, eso sí, que el modelo de sistema educativo que propiciamos no se agota en el anteproyecto que hemos presentado. En nuestra opinión, una ley, para ser eficiente y flexible, está obligada a remitir determinadas concreciones a su desarrollo reglamentario, a fin de no generar excesivas rigideces ni para el Parlamento ni para las administraciones educativas. Así ocurre en el caso de la educación artística.
Voy a explicar, a continuación, el tipo de medidas que incluimos en la ley y aquellas que tenemos intención de desarrollar en normas posteriores, sobre las que ya estamos trabajando.
La sensibilidad artística, como su señoría ha expresado, se educa desde las edades tempranas. Por ello, entre los objetivos de la Educación Infantil figurará el desarrollo de habilidades comunicativas en diferentes lenguas y formas de expresión. Este objetivo así formulado es una novedad respecto de las leyes anteriores.
El desarrollo del individuo, efectivamente, se realiza a través de estímulos sensoriales, y gran parte de ellos son de naturaleza visual y táctil. La información que se recibe a través de estos estímulos ha de ser asimilada, y ello exige reflexionar de manera crítica sobre el entorno visual y plástico, y la educación debe formar en esta capacidad.
La importancia de la cultura visual en nuestra sociedad del siglo XXI exige formar ciudadanos capaces de interpretar y valorar de manera crítica los mensajes vinculados al mundo artístico en sus diferentes manifestaciones. En la Educación Primaria, uno de los objetivos es utilizar diferentes medios de representación y expresión artística. Desde este supuesto, la Educación Primaria incluye la educación artística entre las áreas que comprende esta etapa obligatoria.
La Educación Secundaria, por su parte, ha de avanzar en los objetivos propios de la educación artística. En nuestro modelo --insisto en la precisión anterior, en lo que dirá la ley y en lo que su desarrollo debe concretar--, queremos que la Educación Secundaria Obligatoria aporte a los alumnos las capacidades necesarias para analizar, interpretar y valorar las manifestaciones artísticas. Una de las finalidades de esta etapa, contempla en el proyecto, es transmitir a los alumnos los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico.
Entre los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, el proyecto incluye los siguientes: por una parte, conocer el patrimonio artístico y cultural y, por otra, apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas.
Nuestro modelo contiene, por otro lado, un avance importante en la Educación Secundaria Obligatoria: la educación plástica de la Ley de Calidad se convierte en educación

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plástica y visual. Estoy segura de que los sectores profesionales vinculados al área valoran esta novedad, tal como nos están haciendo llegar. La música, obviamente, también forma parte del repertorio de materias de esta etapa. Una y otra, la educación plástica y visual y la música, serán materias troncales, es decir, obligatorias para todos los alumnos en los tres primeros cursos de la etapa.
En cuanto al número de horas de clase para impartir esas materias en esos tres cursos, no están previstos cambios, que sí resultan necesarios con respecto al reparto de las clases por cursos.
Señorías, el elevado número de materias de los primeros cursos de la Enseñanza Secundaria está identificado por todos como una fuente de problemas en el aprendizaje de nuestros alumnos; por tanto, ésta es una de las tareas pendientes que este proyecto de ley quiere abordar.
Como es sabido, queremos que en los dos primeros cursos de Enseñanza Secundaria Obligatoria, el número de materias no sea excesivo, lo hemos limitado a dos más, como máximo, que en Primaria, y esta decisión condiciona el modo de agrupar las horas por los cursos, pero no el número total de horas. Por ejemplo, lo que se sumaba antes en tres cursos se puede sumar ahora en dos.
El cuarto curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, como saben, en la ley tiene un carácter orientador y las materias se diversifican, pero para las enseñanzas artísticas ganamos con la no consideración de los itinerarios de la Ley de Calidad, que segmentaban de una manera drástica a los alumnos. En este contexto, la educación plástica y visual y la música, como buena parte de las materias del curso, son asignaturas con las que los alumnos tienen que componer su bloque de material orientador de este cuarto curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria.
Antes de continuar, quiero decir unas palabras sobre la formación del profesorado, al que muy adecuadamente se ha referido su señoría. Debemos reforzar la formación del profesorado. Todos los análisis de los países con mayor éxito educativo nos muestran que la atención a la formación inicial y continua de los profesores es una de las claves del éxito que consiguen. Estamos en un buen momento porque la renovación de enseñanzas que sigue al proceso de Bolonia nos permite abordar la formación de nuestros maestros y profesores de una manera completa. Por lo tanto, deberemos hacerlo y entre todos acertar con la mejor formulación de la formación de nuestros profesores en una gama amplia de contenidos y, por supuesto, atendiendo a las necesidades de formación en enseñanzas artísticas.
En el Bachillerato, la educación artística mejora respecto a su situación actual. Por un lado, la modalidad de artes aparece como una de las tres modalidades posibles, mejorando la situación que se daba en la LOGSE. A su vez, cada modalidad se abre en vías diferentes que no se especifican en el proyecto. Pero puedo anunciar que, junto a la vía ya existente de bachillerato artístico de artes plásticas, es nuestra intención crear la vía del bachillerato en música y danza. Se trata de una novedad muy importante, que es coherente con el énfasis que el Gobierno desea poner en la educación artística. También conviene recordar que la LOE y los objetivos de la Agenda de Lisboa implican un crecimiento del porcentaje de jóvenes que completen Bachillerato y Formación Profesional. Por lo tanto, estamos hablando de más jóvenes accediendo a las enseñanzas postobligotorias y de unas enseñanzas postobligatorias que ofrecen esta gama de posibilidades formativas y de desarrollo de sus capacidades.
Por lo demás, entre los objetivos del Bachillerato figura, ya en el anteproyecto, el desarrollo de la sensibilidad artística y literaria y el criterio estético como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
Las mayores novedades de nuestro modelo se refieren a las enseñanzas artísticas que han venido llamándose de régimen especial y que en el anteproyecto tienen la finalidad de proporcionar una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, la danza, el arte dramático, las artes plásticas y el diseño.
La novedad fundamental de nuestro modelo consiste en la creación de un espacio propio de educación superior para las enseñanzas artísticas superiores; un espacio propio y flexible adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior. Las medidas que el anteproyecto incluye a este respecto pueden parecer pocas, pero son muy significativas, y el desarrollo reglamentario de la ley, con la colaboración de todos, propiciará el resto de las mejoras.
Voy a adelantar algunos de los proyectos que estamos desarrollando. Para empezar, diré que en el texto las enseñanzas artísticas superiores quedan excluidas del procedimiento de definición del currículo del resto de las enseñanzas. Por el contrario, la ordenación de estas enseñanzas y su evaluación se hará en el contexto de la ordenación de la educación superior española en este marco europeo.
Por otra parte, la ordenación de los centros de enseñanzas artísticas superiores y sus órganos de gobierno y participación será regulada por el Gobierno, de acuerdo --como así debe ser en nuestro Estado de las autonomías-- con las comunidades autónomas responsables de la gestión. En todo caso, no estarán afectados por el modelo que la ley establece para las otras enseñanzas; es decir, las enseñanzas artísticas superiores abandonan el espacio escolar que la Ley de Calidad había hecho que ocupasen.
Más novedades que puedo anunciar y que son el resultado de la reflexión y el análisis realizado en el ministerio, el diálogo con las comunidades autónomas y con los sectores afectados. Vamos a incorporar a las enseñanzas superiores artísticas todas las ventajas de movilidad y transparencia del Espacio Europeo de Educación Superior, desarrollando, en primer lugar, un suplemento europeo al título, aplicable a los títulos de enseñanzas artísticas superiores, que facilite la transparencia de los estudios. Como saben su señorías, este suplemento debe incluir toda la información correspondiente a los estudios cursados en, al menos, dos idiomas. Este título da transparencia y da movilidad, la movilidad de los graduados entre instituciones de educación superior y en el mercado de trabajo europeo.
En segundo lugar, vamos a impulsar la participación de los estudiantes: hasta ahora escasa, en los programas de movilidad europeos: la plena integración de nuestros estudiantes de estudios superiores en todos los programas de

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movilidad europeos, cuyo impacto se va a multiplicar en los próximos años.
En tercer lugar, puedo anticipar la creación de un consejo superior de enseñazas artísticas que realice funciones consultivas de alto nivel y que constituya el órgano de participación por excelencia de este sector, que tiene sus rasgos propios importantes.
Estamos estudiando y en breve podremos hacer una propuesta acerca de la estructuración de las enseñanzas artísticas superiores en créditos ECTS que faciliten el reconocimiento de los períodos de estudios artísticos realizados no sólo en España, sino en los 45 países adheridos al proceso de Bolonia.
En definitiva, como les decía, una incorporación plena de estas enseñanzas superiores a todas las ventajas que el Espacio Europeo de Educación Superior proporciona para que los estudiantes se puedan mover y los graduados tengan la mayor transparencia y facilidades de movilidad en todos los países que forman parte de dicho espacio.
Voy a referirme a una última cuestión a la que también ha aludido su señoría. Queremos restar limitaciones académicas a las enseñanzas elementales de música y de danza, suprimiendo su carácter regulado para hacerlas más flexibles y atractivas. En el ministerio conocemos el buen hacer de las escuelas municipales de música y, por supuesto, deben ser apoyadas.
En definitiva, no debe quedar ninguna duda sobre la importancia que la educación artística tiene para este Gobierno en todas las fases de la educación básica y también en las enseñanzas postobligatorias.
Además de lo que se ve reflejado en el anteproyecto de ley, les he adelantado algunos de los proyectos que el ministerio va a desarrollar en este campo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra la senadora Baig.


La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora ministra, ha sido de gran ayuda esta interpelación porque ha permitido conocer el posible desarrollo de la ley, concretamente aspectos que van a ser muy positivos también dentro de las enseñanzas, sobre todo, de las artísticas superiores, respecto de las que había tantas y tantas dudas.
Las informaciones que nos ha proporcionado han sido muy positivas y podrían estimular en gran parte a muchos jóvenes que desean dedicarse a estas tareas. Históricamente ha existido la percepción de que el estudio de estos campos artísticos suponía entrar en unos caminos profesionales que no daban rendimientos económicos o incluso abordar aspectos sociales que podrían resultar polémicos, y, por ello, los padres y las madres no deseaban que sus hijos se dedicaran a ello.
El avance producido en los años de democracia ha sido importante, y el hecho de continuar las nuevas perspectivas de estos estudios para que los jóvenes, sobre todo en el aspecto de movilidad, puedan conocer otras corrientes importantes en Europa, ayudará a configurar un país mucho más sensible al conocimiento de su propio patrimonio, así como un impacto económico que se genera alrededor del arte y del valor cultural gracias a las personas creadoras de ese arte.
Debo confesarle que la interpelación ha sido muy positiva; me ha proporcionado elementos tranquilizadores, y no sólo a mí, sino también a todas aquellas personas interesadas en el campo de la educación, que tenían esas percepciones a las que me he referido. Insisto en que proporcionará una cierta tranquilidad al colectivo.
Permítame que incida en la importancia de los buenos programas de educación artística que, comparto con usted, no desarrollará ley, ni pueden estar en ella detallados. Con demasiada frecuencia hemos visto que el Ministerio de Educación planteaba estas cuestiones en las leyes, pero después olvidaba su desarrollo. Por tanto, trabajaremos en esta Cámara para mejorar incluso la propia ley, y le rogaría que pusiera a trabajar a sus asesores del ministerio lo más rápidamente posible.
Me gustó escuchar hace unos días, en un estudio realizado por la UNESCO y presentado días atrás en Barcelona, aunque aparecerá publicado el mes de septiembre, que curiosamente los países que han obtenido mejores resultados en el Informe PISA son aquellos que han elaborado programas educativos en artes, y un caso muy significativo es el de Finlandia, que coincide en estos términos: dar a la educación este trato global e integral que mejora resultados en otras áreas del conocimiento; mejora la percepción global que la comunidad tiene de la escuela; provoca cambios de actitud sobre la escuela favoreciendo la colaboración, el respeto, la tolerancia y la capacidad de una mayor comprensión social; produce un mejor impacto en la vida de la comunidad; aumenta la salud en muchos adolescentes, que pueden verse realizados desarrollando temas artísticos y no otros, y además, ayuda muchísimo a algunos jóvenes que no tienen las mismas aptitudes para aprender otros saberes del conocimiento y, sin embargo, sí encuentran satisfechas sus inquietudes en estas áreas.
Deberíamos ajustar los aspectos de la Educación Secundaria Obligatoria con los ciclos formativos y los bachilleratos para que pudiera haber los alumnos suficientes a fin de estructurar la educación artística en los estudios superiores.
Y para terminar, únicamente me queda hablar de la priorización en los programas de formación, con objeto de que los maestros y los profesores encuentren una sensibilidad en estos aspectos artísticos y su importancia en la educación. No se ha manifestado usted sobre los especialistas en Educación Primaria. Cada vez es más difícil que un especialista pueda desarrollar toda su actividad dentro de un equipo de maestros solamente.
En cambio, es interesante que dedique una parte de su labor al claustro de maestros y profesores, más que a incidir de forma general en los alumnos.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.


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La señora BAIG I TORRAS: Mientras no hayamos conseguido extender esta sensibilidad entre maestros y profesores, podrían incorporarse a trabajar con ellos artistas que quieran dedicarse también a la educación y que pueden influir en los mismos.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Educación y Ciencia.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.
Comparto con su señoría la impresión positiva sobre el impulso que podemos dar a las enseñanzas artísticas, en beneficio de nuestros jóvenes, que cada día demuestran un interés mayor por estas disciplinas.
Son disciplinas que han sufrido una gran transformación durante las últimas décadas, como usted sabe bien. Han dejado de ser enseñanzas poco regladas y con planes de estudios a veces confusos, que no propiciaban su aceptación social como vía de realización personal y de consolidación de los conocimientos y competencias suficientes como para permitir una vida profesional satisfactoria. La entrada en vigor de la LOGSE supuso sin duda un impulso notable en la regulación de estas enseñanzas, y propició una atracción por ellas que se traduce hoy en el volumen de estudiantes que tenemos; esperamos, además, que no haya creado cortapisas en un sector diferente por naturaleza a otros del sistema educativo.
Me he referido --y también lo ha hecho su señoría-- al necesario impulso de las enseñanzas de nivel superior para las personas que van a seguir una carrera profesional en el campo artístico. En el curso 2003-2004 contamos con más de 5.000 estudiantes de nivel superior en música, más de 2.000 en artes plásticas y diseño, más de 1.500 en arte dramático, y más de 400 en danza. Sin duda, con el refuerzo de estas enseñanzas en los niveles básicos del sistema educativo y con las medidas que he señalado para el Bachillerato, que combina la formación básica con la artística, así como con el impulso que están recibiendo los módulos profesionales en todo el país, podremos ver durante los próximos años un mayor número de estudiantes cumpliendo sus deseos de ampliar su formación en enseñanzas artísticas.
En cuanto a las medidas que he anunciado para la incorporación de las enseñanzas superiores en este campo al Espacio Europeo de Educación Superior, este procedimiento no sólo nos parece el necesario para impulsar estas enseñanzas, sino también el modo de que las mismas se incorporen a la perspectiva internacional que refuerza la calidad de los centros y la de la formación que reciban nuestros estudiantes. En definitiva, les convierte en el centro del proceso de formación en la enseñanza superior, que es a lo que se aspira con lo que hemos dado en llamar el proceso de Bolonia.
Por tanto, con mucho gusto seguiremos trabajando en las próximas semanas y meses para que, en el marco de todos los desarrollos que es necesario realizar en la ley orgánica de educación, las enseñanzas artísticas vean cumplidos sus propósitos de mejora y de incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Finalizado el turno de las interpelaciones, se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.


Eran las catorce horas y veinticinco minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.


ACUERDO POR EL QUE SE FIJA EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:

-- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 8 Y 13 DE LA LEY 18/2001, DE 12 DE DICIEMBRE, GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, SE FIJA EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL CONJUNTO DEL SECTOR PÚBLICO Y DE CADA UNO DE LOS GRUPOS DE AGENTES QUE LO INTEGRAN, PARA EL PERÍODO 2006-2008 Y EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006 (S. 702/000002) (C. D.
430/000002).


El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Acuerdo por el que se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria.
Acuerdo del Gobierno por el que, en cumplimiento de los artículos 8 y 13 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran, para el período 2006-2008 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2006. (Rumores.) Para la presentación del acuerdo tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.
Señorías, ruego que tomen sus asientos y que guarden silencio.
Tiene la palabra el señor vicepresidente del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor presidente.
Señorías, comparezco ante esta Cámara para presentar el objetivo de estabilidad presupuestaria para el período 2006-2008 y el techo de gasto para 2006, aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado día 2.
En el pasado año, en la presentación del objetivo de estabilidad para el período anterior, 2005-2007, tuve la ocasión

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de transmitir a sus señorías el compromiso del Gobierno con la estabilidad presupuestaria, haciendo una defensa de las ventajas de la misma. En este momento creo que los hechos han demostrado que este compromiso es incuestionable.
El ejercicio 2004 se habría cerrado con un superávit superior al del año 2003, si no hubiera sido necesario realizar una serie de operaciones no recurrentes de las que informaré más adelante; de no haber sido así, los últimos datos de ejecución indican que estamos en condiciones de alcanzar el objetivo previsto para el 2005. El refuerzo de la estabilidad presupuestaria es uno de los pilares en los que se basa nuestra política económica para el impulso de la productividad, junto con la reforma del mercado de trabajo en el marco del diálogo social, la reforma fiscal y los planes de dinamización y fomento empresarial.
El refuerzo de esta disciplina es una de las claves de la reforma de las leyes de estabilidad que el Gobierno remitirá próximamente a las Cortes Generales. Uno de los mensajes importantes que quiero transmitirles es que se va a mantener y mejorar ese compromiso de todas las administraciones con la disciplina presupuestaria. Y se va a lograr de dos formas: mediante una definición y aplicación más racional y realista del principio de estabilidad presupuestaria y, en segundo lugar, garantizando al máximo el respeto de la autonomía financiera de las comunidades autónomas.
La estabilidad presupuestaria se va a definir, tanto en el Estado como en las comunidades autónomas y entidades locales, como equilibrio entre ingresos y gastos a lo largo del ciclo económico. La aplicación de este principio se concretará en las posibilidades de presentar déficit en épocas de menor crecimiento pero, como contrapartida, con la exigencia de superávit en las etapas de expansión.
La obligación de presupuestar con superávit tendrá en cuenta, no obstante, el grado de convergencia de la economía española con la Unión Europea en materia de I+D+I y de sociedad de la información. Son novedades importantes para nuestro marco fiscal y suponen introducir la disciplina en todas las fases económicas, garantizando que los estabilizadores automáticos actúen de forma simétrica a lo largo del ciclo. Pero también dejará margen para seguir impulsando las medidas que más favorecen el crecimiento, que son cruciales para la mejora de la competitividad y el incremento de la productividad de nuestra economía.
El objetivo de estabilidad de cada ejercicio se fijará tomando como referencia el umbral de crecimiento del PIB nacional, por debajo del cual se podrá incurrir en déficit y por encima se exigirá superávit. Las cifras de referencia tendrán un margen de flexibilidad si concurren circunstancias que lo justifiquen, dando margen al Gobierno para revisarlas previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Por otra parte, no se podrá incurrir en cualquier nivel de déficit. La ley, de forma coherente con el principio de equilibrio a lo largo del ciclo, establecerá límites máximos de déficit en los períodos de bajo crecimiento. El techo global será del 1 por cien del PIB nacional para todas las administraciones y se repartirá entre ellas teniendo en cuenta el peso específico de cada una en términos de gasto.
Además del déficit por causas cíclicas, se permitirá un déficit adicional para financiar inversiones productivas con un límite conjunto de medio punto del PIB. En resumen, las administraciones públicas, en caso de bajo crecimiento, podrán tener hasta un máximo de un 1,5 por ciento de déficit del PIB, que se distribuirá atendiendo al peso de cada una de ellas.
El segundo aspecto importante que quiero resaltar es que las nuevas leyes de estabilidad respetarán escrupulosamente la autonomía financiera de las comunidades autónomas. La idea fundamental es lograr un consenso y el procedimiento para intentarlo se iniciará con un período de consultas con cada comunidad autónoma sobre la reforma; obviamente, también plantearemos la consulta con las mismas sobre sus respectivas propuestas de objetivos. Fijado el objetivo global de todas las administraciones, se celebrarán acuerdos bilaterales con cada comunidad para la determinación de los objetivos individualizados respetando el régimen especial existente para el País Vasco y Navarra.
Unido al principio de estabilidad está el compromiso con la transparencia en las cuentas públicas y, cumpliendo este compromiso, los ajustes necesarios para realizar la equivalencia entre contabilidad nacional y presupuesto se incorporan en el techo de gasto.
En la determinación del objetivo de estabilidad el Gobierno ha utilizado como previsión un crecimiento nominal del PIB del entorno del 6,6 por ciento. Las nuevas cifras de crecimiento proporcionadas por el INE para 2005 no modifican de forma sustancial los supuestos macroeconómicos en los que se basaban nuestros cálculos ya que, como saben sus señorías, cuando se fijó el objetivo de estabilidad para el Gobierno el pasado 20 de mayo el INE ya había publicado sus cifras hasta el año 2004, pero no las del 2005. La cifra algo superior del 2005 en parte se compensa con la evolución del deflactor del PIB; esa es la razón por la que mantenemos la misma cifra prevista de crecimiento. En definitiva, con un crecimiento de los ingresos totales del 9 por ciento en el año 2006 respecto al presupuesto de 2005 tendremos unos ingresos tributarios del 9,6 y del 3 por ciento de los no tributarios y nos permitirá llevar a cabo un crecimiento del gasto del 7,6 por ciento.
El objetivo de estabilidad presupuestaria --tomando en consideración estos puntos de partida-- nos permitirá un ligero superávit en el conjunto del sector público que se irá incrementando a lo largo del trienio: desde el 0,2 por ciento del PIB en el año 2006, el 0,3 en 2007 y el 0,4 en 2008. El Estado tendrá una reducción del déficit desde el 0,5 al 0,4 y al 0,3 en los años correspondientes; la Seguridad Social mantendrá su superávit en el 0,7 y el déficit de las comunidades autónomas será del 0,1 no sólo en el año 2006, sino también en 2007 para alcanzar el equilibrio en el año 2008. Si se estiman las entidades locales, para las mismas se considera una situación agregada de equilibrio presupuestario durante el período.
Como ven sus señorías, una de nuestras ideas es separar los déficit del Estado y de la Seguridad Social y, evidentemente, intentar conseguir el objetivo de estabilidad para todas las administraciones. Esa separación, lógicamente, no implicará la no contabilización a efectos de Bruselas,

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que tendrá que hacerse, pero en ningún caso supone una utilización de los recursos de la Seguridad Social ya que, como conocen sus señorías, los riesgos de sostenibilidad financiera a medio y largo plazo a pesar de los excedentes actuales nos fuerzan a ser enormemente prudentes con el comportamiento de la Seguridad Social.
Para las comunidades autónomas ese crecimiento del 0,1 del déficit en el año 2007 es consecuencia de los planes de saneamiento de carácter trianual planteados por Cataluña, la Comunidad Valenciana, Galicia y Baleares. En el informe previo del Consejo de Política Fiscal y Financiera hubo unanimidad con la abstención de una comunidad autónoma y en cuanto al informe previsto en la Comisión Nacional de Administración Local, se produjo un voto en contra de la Federación Española de Municipios y Provincias que reclamaba que se contemplase la situación individual de cada entidad local como se hace con las comunidades autónomas. El Gobierno no comparte este argumento, las leyes de estabilidad presupuestarias vigentes tratan de forma igual a la comunidad autónoma y a las entidades locales, pero es verdad que les exige equilibrio y un plan de saneamiento que en caso de incumplimiento, evidentemente, no permite calcular cuáles son los déficit y, por tanto, su contabilización.
Terminando ya mi presentación, les diré que la fijación del límite de gasto para 2006 es un hecho relevante para esta Cámara. El acuerdo del Consejo de Ministros, además de establecer el objetivo de estabilidad del conjunto del sector público, propone el límite de gasto no financiero para el ejercicio del año 2006 calculado sobre la base del déficit del Estado, el 0,4 sobre el mejor PIB nacional disponible en estos momentos para el próximo año, y con un incremento de los gastos que nos da un total de 133.947 millones de euros, lo que nos permite un crecimiento del gasto, como anteriormente he indicado, del 7,6 por ciento respecto al límite de gasto del año 2005. Ese techo es consistente con el objetivo de déficit del 0,4 por ciento, antes citado.
El acuerdo que hoy presento contiene, además, el plan económico-financiero elaborado por el Estado en cumplimiento del artículo 17 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con dicho artículo, las situaciones de déficit deben ser justificadas mediante la exposición de las causas que las ocasionan y la identificación de los ingresos y gastos que las producen. La ley exige también la formulación de un plan económico-financiero de saneamiento a medio plazo para la corrección del desequilibrio.
En el ejercicio de 2004 la Administración central, en presentación conjunta del Estado, sus organismos y la Seguridad Social, registró un déficit en términos de contabilidad del 0,25 por ciento. La responsabilidad de ese déficit corresponde al 1,23 por ciento de la Administración central frente al superávit de la Seguridad Social, y fue consecuencia fundamentalmente de deudas generadas en ejercicios anteriores, como la deuda acumulada de Renfe y el pago a Andalucía de la liquidación del período 1997-2001. Dado el carácter excepcional y no recurrente de las operaciones que han generado ese desequilibrio, no es necesario instrumentar ninguna medida de corrección ya que sólo tendrán repercusión en 2004.
Para concluir diré que la política económica del Gobierno y el compromiso de estabilidad presupuestaria van a permitir alcanzar el objetivo de superávit previsto en 2005. Además, ese compromiso de estabilidad lo vamos a reforzar con la reforma de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. El objetivo que hoy presento continúa en la misma línea: superávit para las administraciones públicas, con un crecimiento de gasto adecuado y suficiente para hacer frente al futuro. Por ello, quiero terminar mi intervención pidiendo su apoyo. Estoy convencido de que ese objetivo de estabilidad es la mejor de las opciones posibles, si entendemos la estabilidad como un equilibrio a lo largo del ciclo para ser capaces de financiar las necesidades que tiene este país y las ambiciones sobre su futuro que tiene este Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente del Gobierno.
En turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Sánchez Sánchez-Seco.


El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señor vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda. Comienzo mi intervención agradeciéndole la presentación que acaba de realizar del acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 20 de mayo respecto de lo establecido en el artículo 8 de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, a través del cual, como usted decía, se nos requiere el apoyo al objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público para el período 2006-2008, así como el límite de gasto no financiero de los presupuestos generales del Estado para el próximo año 2006.
Y tengo que agradecerle su intervención en nombre de mi grupo parlamentario, señor Solbes, no sólo por su encendida defensa de la estabilidad presupuestaria como eje fundamental para el desarrollo de una política económica adecuada que nos permita continuar por la senda del crecimiento económico y la creación de empleo que emprendieron los gobiernos del Partido Popular, sino especialmente por la deferencia que ha tenido al venir esta tarde a esta Cámara a cumplir con ese trámite. Y es que, efectivamente, cuando el año pasado vino por estas mismas fechas a presentarnos el acuerdo del Gobierno de estabilidad presupuestaria para el período 2005-2007 y el límite de gastos para este ejercicio, el de 2005, este trámite tenía cierta trascendencia y relevancia, lo que incluso podía hacer un poco más necesarios e importantes a los representantes de esta Cámara.
Pero esta situación parece que era demasiado arriesgada y peligrosa para el Gobierno y para sus socios del tripartito y utilizando la ley de presupuestos del Estado para el año 2005, probablemente consecuencia de viejas reminiscencias del pasado --por cierto, una ley de presupuestos

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que fue rechazada y vetada en esta Cámara, aunque de nuevo tampoco sirviera para mucho ese trámite--, aprovecharon para modificar, a través de una disposición adicional, la 30 concretamente, nada más y nada menos que una ley orgánica como es la ley de estabilidad presupuestaria y hurtar al Senado de la relevancia e importancia que esta ley le otorgaba en igualdad de condiciones que al Congreso de los Diputados para pronunciarse hoy, por ejemplo, respecto a los objetivos de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto del Estado.
Por tanto, señor vicepresidente, ahora, al contrario que el año pasado, usted viene a esta Cámara y nos manifiesta su opinión sobre la incuestionable claridad que supone para nosotros los beneficios de la estabilidad presupuestaria y se ha hecho la foto y después, dependiendo del resultado que esta tarde haya en esta Cámara, seguirá negociando con sus socios de Izquierda Unida y de Esquerra Republicana y no habrá mayor problema. En cualquier caso, ya que usted ha tenido la deferencia de venir a esta Cámara, donde es cordial y amablemente recibido, nosotros también manifestaremos y daremos nuestra opinión sobre el acuerdo de Gobierno que hoy nos presenta, porque parece que, por lo menos, eso sí nos lo permite por ahora esta ley de estabilidad presupuestaria, e incluso probablemente al final del debate también votaremos, a pesar de habernos hurtado la trascendencia que dicho voto tenía hace tan sólo unos meses.
En ese sentido, sinceramente tengo que decirle que mi grupo está de acuerdo con algunas de las apreciaciones que hoy ha manifestado usted aquí al principio de su intervención. Estamos de acuerdo en la evidencia de que la estabilidad presupuestaria es un elemento fundamental para el desarrollo de una política económica que genere confianza en los mercados, en los inversores, en las empresas, en las familias. El equilibrio presupuestario es la base, el requisito imprescindible para conseguir un crecimiento económico sostenido en el medio y largo plazo.
El equilibrio presupuestario --y lo ha dicho mi grupo muchas veces en esta Cámara y en el Congreso de los Diputados-- ha sido y es la gran contribución de la política presupuestaria a la estabilidad macroeconómica que posibilita seguir desarrollando el verdadero potencial de crecimiento y generación de empleo que se sigue manifestando en nuestra economía, a la vez que ha permitido una importante reducción de la deuda total del Estado. Pero el equilibrio presupuestario no es la barita mágica que por sí sola todo lo arregla. La estabilidad en las finanzas públicas es un elemento básico que necesita ir acompañado de importantes medidas y reformas estructurales en el conjunto de la economía, que afecten al ámbito fiscal, laboral, comercio exterior, etcétera.
Eso es lo que se ha hecho en los últimos años desde el Gobierno del Partido Popular a través de un modelo económico que ha contribuido a que nuestro país haya tenido un crecimiento económico equilibrado y sostenido, que se ha visto acompañado de una importante generación de empleo y un saneamiento en las cuentas públicas. Ayer o anteayer conocíamos el siguiente dato: que entre 2000 y 2004 se ha producido una reducción del valor nominal de la deuda del Estado en circulación de más de 10 puntos porcentuales en términos de PIB a pesar de que el pasado año, ya con ustedes en el Gobierno, la cifra final se incrementase ligeramente por encima de la existente a finales del año 2003.
No voy a recordar aquí de nuevo cuál era la situación que se encontró el Partido Popular en el año 1996 cuando llegó al Gobierno, pero sí conviene insistir una vez más en que gracias a muchas de las medidas adoptadas en estos ocho años España ha disfrutado y sigue manteniendo el período de crecimiento más largo de toda nuestra historia. La economía sigue viviendo de las rentas del modelo económico puesto en marcha en las dos legislaturas pasadas y el actual Gobierno realmente no ha hecho prácticamente nada aún para adaptarlo a las circunstancias coyunturales actuales.
Ustedes, señor Solbes, se han limitado a montarse en un coche ya en marcha y dejar que siga avanzando a la velocidad de crucero que llevaba, y la verdad es que no ha sido una mala decisión: ha sido una decisión inteligente. ¿Para qué se van a arriesgar a cambiar el modelo del Partido Popular si la economía avanza de una forma suave y sostenida? Pero de vez en cuando, señor Solbes, al coche hay que echarle algo de gasolina porque lo normal, lo seguro, es que si no terminará por pararse en un corto plazo de tiempo. Y no somos nosotros los únicos que manifestamos esta urgencia y necesidad en la adopción de medidas; lo dicen prácticamente todos los organismos, instituciones nacionales e internacionales. Y el Gobierno no están haciendo nada por corregir estos desequilibrios que ya eran evidentes y comenzaban a manifestarse a finales del pasado año, y lo advertimos precisamente en el debate de los Presupuestos Generales del Estado para este año en su paso por esta Cámara.
Imagínese, señor Solbes, que con la velocidad de crucero que se impulsó desde los gobiernos del Partido Popular, solo con haber adoptado algunas medidas tendentes especialmente a controlar la inflación y a apoyar al sector exterior, España estaría creciendo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, por encima del 5 por ciento del producto interior bruto. Por tanto, a los representantes del Grupo Parlamentario Popular nos cabe la tranquilidad y la satisfacción de volver a constatar algo que ya sabíamos, pero que siempre es bueno volver a cotejar y a recordar, y es que dejamos una economía española fuerte y vigorosa, con un gran potencial de crecimiento, y lo que ahora reclamamos al Gobierno, al igual que lo hicimos a finales del año pasado en el debate presupuestario, es que se tomen las medidas adecuadas y urgentes para que podamos asentar esa base económica y sólida y seguir manteniendo las tasas de crecimiento estables que nos permitan seguir avanzando y convergiendo con los países europeos. Eso no es lo que se deduce de los datos que hoy nos presenta usted, señor vicepresidente, respecto al acuerdo del Gobierno por el que se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria y el techo del gasto. En primer lugar, porque no sabemos si los datos que hoy se nos presentan tienen algo que ver con la realidad o son pura ficción, porque, según se deduce de las diversas informaciones que han ido apareciendo en la prensa en las últimas fechas, y que hoy

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usted nos ha manifestado de manera somera, parece que ya existe un pacto entre sus socios de Izquierda Unida y de Esquerra Republicana del que desconocemos el contenido exacto y las contraprestaciones a las que se han comprometido para obtener su apoyo para este acuerdo y para la modificación de la ley de estabilidad presupuestaria que nos anunciaba ahora en su intervención.
Por otra parte, en lo que se refiere a la transparencia, que usted también suele defender y que ha defendido de una forma continua, la verdad es que este acuerdo, si de algo adolece, es de falta de transparencia, porque sabíamos por la prensa también --y repito que así nos lo ha manifestado usted hoy-- que se va a modificar la ley por lo cual hoy está compareciendo usted en esta Cámara, pero solo sabemos que únicamente unos pocos --sus socios-- conocen qué idea tienen respecto a la modificación que quieren realizar, pero seguro que no será la modificación que lleven a cabo, porque ellos les harán modificar esa modificación, y tampoco sabemos en qué términos les van a hacer modificar la modificación que ustedes pretenden modificar. Es decir, está clarísimo: transparencia total y absoluta.
Pero algo parecido ocurre con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con el techo de gasto para el año 2006, que hoy nos plantea. Sabemos también por la prensa --nos lo ha dicho usted hoy-- que, como se pretende modificar la ley de estabilidad presupuestaria, se va a modificar el objetivo de déficit de las administraciones públicas y, por tanto, el límite del gasto. Pero sólo sabemos que unos pocos --sus socios-- saben qué idea tienen ustedes para esa modificación del límite del déficit y del gasto que van a presentar. También sabemos que seguramente ésa no será la modificación que realicen, porque ellos les harán modificar esa modificación que ustedes pretenden hacer, aunque no sabemos en qué términos les van a hacer modificar la modificación que ustedes pretenden realizar.
Pero, sobre todo, señor Solbes, no sabemos si esa modificación del límite del déficit y del techo del gasto que ustedes pretenden llevar a cabo con la nueva ley, y que sus socios les harán modificar --aunque, como digo, no sabemos en qué términos les obligarán a hacerlo--, modificaría a su vez el techo de gasto que hoy se presenta en esta Cámara, lo que a su vez --y ya ocurrió el año pasado-- va a ser modificado por sus socios en el debate presupuestario a cambio de su apoyo parlamentario a los presupuestos para el próximo año 2006. Y eso a su vez, señor Solbes, también puede ser modificado si se lleva a cabo lo que he podido leer en la prensa que usted ha anunciado respecto de que puede ser modificado en un breve plazo de tiempo el modelo de cesión de tributos entre el Estado y las comunidades autónomas. Si usted lo desea, le enseñaré cuáles son los datos que han aparecido en la prensa respecto del IVA y el IRPF.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.


El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Enseguida termino, señor presidente.
Así pues, lo que estamos debatiendo hoy está muy claro: el gasto que hoy se presenta ante esta Cámara es una auténtica utopía, y eso sin entrar en el fondo del asunto respecto de la falta de rigor que supone la inexistencia de un cuadro y un desglose macroeconómico que sustente las cifras presentadas.
Por otra parte, y sin entrar nuevamente en el fondo del asunto porque creo que ya está suficientemente debatido, debo decirle, señor Solbes, que aumentar el gasto público evidentemente supone dotar al Estado español de más sector público y de menos iniciativa privada. Asimismo el incremento de ingresos públicos que hoy nos plantea evidentemente supone un incremento de la presión fiscal, una presión fiscal que se ha constatado, según datos de ayer o de anteayer, que se ha venido incrementando el año pasado, algo que nosotros ya advertimos en éste y en el debate de presupuestos de dicho año. Con este techo de gasto, señor Solbes, y sobre todo con estos ingresos que hoy nos presenta para el año 2006, va usted a incrementar nuevamente la presión fiscal en el año 2006.
Termino, señor presidente, diciendo lo siguiente: Basándonos en todo lo dicho, y especialmente en que no sabemos realmente lo que hoy estamos debatiendo respecto del techo de gasto puesto que va a ser modificado y requetemodificado en los próximos meses, así como por la relevancia que tiene el hecho de que a esta Cámara se la haya eliminado del debate de la ley de presupuestos del Estado, nuestro grupo votará en contra.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Bru.


El señor BRU PARRA: Gracias, señor presidente.
Señorías, una involuntaria alteración del orden del debate me sitúa interviniendo en el turno a favor después del turno en contra, lo cual me otorga una cierta ventaja parlamentaria que no pienso utilizar. No voy a aprovechar mi intervención para responder al senador Sánchez Sánchez-Seco, sino que me voy a ceñir a la defensa de la propuesta planteada por el señor vicepresidente, que era lo que tenía pensado hacer. Si en algún caso mi intervención parece una réplica, será porque me he anticipado a las intenciones del senador Sánchez Sánchez-Seco.
Señor vicepresidente, nos encontramos de nuevo en esta Cámara en nuestra cita anual para debatir sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria para el período 2006-2008 y el techo de gasto para el Estado, que será el límite al que tengan que ajustarse los Presupuestos Generales del Estado.
Y pese a que ya anuncio que mi intervención no va a ser muy extensa puesto que creo que con la intervención del señor Solbes el asunto que nos ocupa ha quedado meridianamente claro, tengo que comenzar rechazando la tentación de dar por reproducidas mis manifestaciones con motivo del mismo debate el pasado año, ya que en su mayor parte serían sustancialmente válidas para el presente dado que los objetivos que nos acaba de presentar sólo difieren ligeramente de los incluidos en el programa de estabilidad

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2004-2008: Básicamente, retrasar hasta el 2008 la consecución de equilibrio por parte de las comunidades autónomas, prevista inicialmente para el año 2007, y esto, como usted mismo ha señalado, debido a los planes de saneamiento trienal que han tenido que presentar Cataluña, la Comunidad Valenciana, Galicia y Baleares, ninguna de ellas --conviene tenerlo presente-- gobernadas por los socialistas en los períodos en los que, pertinazmente insensibles a la propaganda gubernamental sobre el equilibrio presupuestario y el déficit cero, incurrieron en déficit, en algunos casos fuertes y prolongados déficit, lo cual, junto con el caso mencionado, provoca que el superávit del 0,4 por ciento del PIB previsto entonces para el ejercicio 2007 deba reducirse al 0,3.
Como recordarán sus señorías, el pasado año el debate transcurrió entre ciertas predicciones --profecías, más bien cabría decir, dado su carácter más apocalíptico que científico-- sobre los males que iban a aquejar a la economía española con el Gobierno socialista, y también con ciertas profesiones de fe --hoy mismo nuevamente reiteradas-- acerca del dogma de la estabilidad presupuestaria --entendida por supuesto como un patrimonio exclusivo del Partido Popular-- y acerca del mito del déficit cero, conseguido supuestamente por el anterior Gobierno, todo ello junto con la defensa de un, llamémosle, soberanismo de esta Cámara, que hoy ha vuelto a reiterarse, y que sólo existe, si tenemos presente el marco constitucional, en la mente, o más bien en la intencionalidad política, por otra parte perfectamente respetable, de quienes lo defienden y utilizan, puesto que hoy hemos vuelto a oír hablar --y creo que no va a ser la última vez-- de que a esta Cámara se le ha hurtado una facultad o una capacidad que, en mi opinión y salvo criterio mejor fundado en Derecho, nunca ha tenido, si respetamos, insisto, la Constitución Española y la posición que en ella se otorga al Senado en el proceso legislativo, concretamente en su artículo 90.
Señorías, el año transcurrido desde entonces, desde el pasado debate, ha servido, no ya para despejar, sino para zanjar, a mi juicio definitivamente y sin paliativos, todas estas cuestiones; para disipar cualquier duda más o menos razonable, que entonces quizá pudo plantearse, pero que hoy carece por completo de sentido.
En aras de la brevedad, y aunque en materia como ésta las cifras deberían de ser nuestra materia de trabajo básica, saben también sus señorías que no suelo abusar de ellas, por lo que voy a limitarme a enunciados concretos y escuetos, pero que, en cualquier caso y en su momento, puedo respaldar con las cifras pertinentes, si fuera preciso.
Acerca de la actual situación de la economía española, voy a rehuir triunfalismos e inmodestias, en parte y sobre todo porque aún nos dura el empacho de autobombo de los últimos años. Yo creo que basta con valorar y apreciar con objetividad y realismo lo que dibujan, lo que perfilan todos los datos e indicadores disponibles, que apuntan hacia una economía en suave aceleración, si consideramos las cifras absolutas, pero con un fuerte diferencial de crecimiento con los países de nuestro entorno inmediato si pasamos a las comparaciones. Las cifras de crecimiento del producto interior bruto y las previsiones futuras son más que satisfactorias.
Utilizando ya las cifras corregidas de la contabilidad nacional, para poder comparar de forma homogénea, si en el 2002 crecimos un 2,7 y en el 2003 un 2,9, en el 2004 se alcanzó un 3,1, y los datos disponibles ya para el primer cuatrimestre del presente año arrojan un crecimiento interanual del 3,3 por ciento, lo cual permite, creo yo, fundadamente sostener las cifras de crecimiento previstas, máxime teniendo en cuenta que por primera vez en muchos años está creciendo la inversión en bienes de equipo en tasas cercanas al 11 por ciento. En cuanto a creación de empleo, afiliación a la Seguridad Social, crecimiento de la población activa y tasa de actividad, estamos asimismo en máximos históricos, como saben sus señorías.
Por otra parte, todos los indicadores de confianza, genéricos o sectoriales, reflejan un clima positivo, y todos los datos muestran una tendencia persistente a esa suave mejoría de la situación económica, que yo creo que en el presente ejercicio nos va a permitir, con toda probabilidad, una tasa de crecimiento superior al 3 por ciento, que contemplábamos el pasado año para el 2005. Luego, por suerte para nuestros conciudadanos --que son los directos beneficiarios de la bonanza económica--, los agoreros se equivocaron: ni retroceso, ni dificultades, ni mucho menos cataclismos provocados por el cambio político producido en España el pasado año. El cambio político ha sido beneficioso, altamente beneficioso para nuestra economía. La política económica desarrollada por el nuevo Gobierno --del cual este debate forma parte sustancial en su conformación-- ha demostrado que era la adecuada. Hoy tenemos --y esto no es materia opinable, puesto que los datos son irrefutables y la realidad muy tozuda-- más producción, más actividad, más ocupación, lo cual, en términos relativos, es aun más apreciable, puesto que partíamos de una buena situación económica, como el propio presidente del Gobierno fue el primero en reconocer durante el debate de investidura.
Señorías, no hemos sido cicateros con nuestros predecesores. La historia --a diferencia de otros que pensaban que el mundo había sido creado de nuevo en 1996-- no comienza para nosotros en marzo del año 2004; somos plenamente conscientes de la dimensión histórica de los procesos económicos. Por ello, insisto en que el crecimiento en aceleración es tanto más apreciable cuando no se parte de situaciones bajo mínimos, cuando se parte incluso de una situación de confianza de los agentes económicos, que no sólo no se deteriora con el cambio sino que se incrementa sustancialmente, como lo indican las cifras de inversión a las que me he referido. Ese clima sostenido de confianza, junto con la adecuada política económica centrada en torno a conseguir impulsar la productividad y la competitividad, la mejora de la protección social y los servicios públicos de calidad, son los mejores activos para el futuro, sobre todo en un clima de concertación social y permanente diálogo con todos los agentes económicos y sociales como el que se está desarrollando.
Señorías, la buena situación de la economía española se refleja a todos los niveles, incluyendo, por supuesto, los

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datos de recaudación, los ingresos tributarios, que crecen considerablemente pese a que este Gobierno no ha aumentado ni un solo impuesto, ni uno; simplemente en materia fiscal se deflactó --en un acto de equidad fiscal y justicia distributiva-- la base del IRPF y se actualizaron los impuestos especiales sobre el alcohol y el tabaco. Crece la recaudación porque se ensanchan las bases impositivas como resultado del dinamismo de la economía: más empleo, más salario, más cotizaciones, mejores resultados de las empresas; luego aumenta --y aumenta espectacularmente-- la recaudación por el Impuesto sobre Sociedades. Y ello con un consumo privado que mantiene un ritmo muy dinámico, con tasas en torno al 3 ó 3 y medio por ciento; otro error de los agoreros que profetizaban en el pasado debate presupuestario que no se cumplirían las previsiones de ingresos; se están rebasando holgadamente.
Señor vicepresidente, como usted mismo ha señalado en su intervención, los hechos demuestran de forma incuestionable el compromiso del Gobierno con la estabilidad presupuestaria, entendida como el equilibrio de ingresos y gastos totales a lo largo del ciclo, y con el reforzamiento de la disciplina presupuestaria, así como con la transparencia de las cuentas públicas y la información económica.
En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista espera que cuanto antes --como nos ha anunciado-- se inicie el trámite parlamentario de la reforma de las leyes de estabilidad; una reforma que, como acaba de anunciarnos --insisto-- y en consonancia con el acuerdo alcanzado por la mayoría de los grupos políticos en el Congreso en el pasado mes de octubre, respete escrupulosamente la autonomía financiera de las comunidades autónomas e introduzca, sin merma de la disciplina y del rigor presupuestario, la flexibilidad adecuada a lo largo del ciclo económico mediante la fijación de umbrales de referencia que sirvan de indicadores a las administraciones territoriales para poder fijar adecuadamente sus objetivos, tanto por causas cíclicas que pudieran justificar un déficit transitorio como --y esto nos parece particularmente importante para estas administraciones-- para poder financiar inversiones productivas.
Señorías, señor vicepresidente, el Grupo Parlamentario Socialista entiende que el techo de gasto planteado, con un crecimiento del 7,6 por ciento --algo superior al del PIB nominal previsto--, es absolutamente razonable, porque se aparta de la anterior política pro cíclica y porque es perfectamente compatible, adecuado y suficiente con los objetivos de suplir las carencias que presentemos en cuanto a productividad, en cuanto a diferenciales de capital tecnológico, y en cuanto a educación, formación e investigación, que son los pilares fundamentales de esta nueva política económica, que atiende a las necesidades actuales, pero con la vista en el futuro, superando así el cortoplacismo característico de la política económica en los últimos años. Asimismo, entendemos adecuado el objetivo de estabilidad presupuestaria que nos plantea para el período 2007/2008, porque tanto el techo de gasto como este objetivo siguen la línea de prudencia y sensatez iniciada el pasado año. Una vez abandonada lo que llamábamos la senda virtual de una estabilidad presupuestaria predicada, pero nunca practicada, podemos seguir avanzando en la senda virtuosa de la estabilidad presupuestaria real a lo largo del ciclo, que tan buenos resultados está ofreciendo ya a la economía española.
Señor Solbes, cuente usted con nuestro decidido apoyo en tal empeño.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Cuenca.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, entenderá usted que mi intervención no puede ser la del no ambiguo --diciendo que es el mismo coche y que es todo parecido, cuando van a votar que no--, ni puede ser una intervención para decir que todo es una maravilla y que todo va bien. El que le habla es un senador de Izquierda Unida y, por lo tanto, vemos las cosas un poco distintas y algunas veces matizadas.
El debate de hoy es como consecuencia de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, aprobada por el Grupo Parlamentario Popular, más conocida como ley de estabilidad o para algunos de nosotros como ley del estacazo --por lo que respecta a las corporaciones locales-- o del dogma de déficit cero; se trata de una ley que no da ningún margen a las comunidades autónomas, nulo e inexistente a los ayuntamientos y déficit cero para la Administración Central. Lo del déficit cero también es cuestionable, porque como hemos podido ver en la propuesta que hoy nos trae, ha tenido usted que aflorar deuda de Renfe o deuda histórica en algunas comunidades, déficit que ya se había contabilizado, y por eso da ese resultado.
Me sorprendía que una ley de déficit cero, teniendo en cuenta que el Grupo Parlamentario Popular siempre ha estado en contra del intervencionismo, planteara una norma de intervención presupuestaria, nunca mejor dicho --que no se hacía ni en los países del Este desde los peores tiempos-- y que no puedo calificar más que de conservadora, porque imposibilita el desarrollo y el progreso en nuestro país, por mucho que se empeñen porque hay administraciones cercanas a los ciudadanos que están condicionadas, intervenidas e imposibilitadas a la hora de hacer política.
Señor ministro, en Izquierda Unida estamos a favor de contemplar el concepto de estabilidad en el ciclo, tal y como le hemos hecho llegar, pero dentro de ese ciclo creemos que, en función de las características del ciclo y del crecimiento, se puede asumir déficit en diferentes momentos. Creemos que no es negativo. De hecho, usted a reconocido, tanto e su presentación del año pasado como en la de este, que con ciertos márgenes de déficit no ha pasado nada ni se ha hundido nuestro país.
La Ley de General de Estabilidad Presupuestaria es una ley de control político para los ayuntamientos y comunidades autónomas, tal y como nosotros lo vemos, para dos administraciones cercanas y muy vinculadas a la política cotidiana

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y a la demanda de los ciudadanos. Esta ley dogmática del déficit cero ha sido puesta en cuestión por diferentes países de nuestro entorno.
En el debate del año pasado constatábamos, y usted lo conoce, la existencia de dos países, Alemania y Francia, los que hay que sumar ahora Italia y la decisión del Consejo Europeo del mes de marzo de permitir cierto margen presupuestario para actuaciones necesarias de inversión pública. Y un tercer elemento, que también se ve con preocupación, es la situación de Portugal y Grecia, todos ellos por encima del famoso 3 por ciento.
Después de esta realidad, señor ministro, ¿nosotros debemos ser más dogmáticos que nadie? ¿Nosotros debemos ser más papistas que el Papa? Lo del déficit 0 en Europa no se lleva y deberíamos ser, por lo tanto, un poco más flexibles. Ya le decíamos en el debate del año pasado que entre el 0 y el 3 hay mucha distancia y hay muchos recursos para inversiones y políticas sociales. Podríamos estar cumpliendo con Europa, pero también respondiendo a las demandas y a las necesidades que nuestro país tiene.
Con ese margen que tenemos entre el 0 y el 3 por ciento, debería permitirse un margen de endeudamiento a las comunidades, un poco más del que en estos momentos se ha expuesto por usted, y permitir de una vez por todas --y por parte de Izquierda Unida no vamos a dejar que esto ocurra fuera del presupuesto de 2006-- el endeudamiento de las corporaciones locales, pero no acompañado de un plan de saneamiento, porque no lo hace nadie. Por lo tanto, lo que parece lógico es que el mismo margen de endeudamiento que se permite a esas administraciones se le permita a las corporaciones locales.
Por lo tanto, señor ministro, en el presupuesto de 2006, o junto a él, se deben contemplar las reformas necesarias para que, si así fuera necesario, los ayuntamientos puedan dar déficit sin el famoso corsé de la Ley de la Estabilidad Presupuestaria. Señor ministro, para Izquierda Unida es fundamental este margen para los ayuntamientos en el presupuesto de 2006.
A nuestro juicio, como he dicho antes, no es negativo estar entre el 0 y el 3 por ciento, si ello es como consecuencia de acercarnos a Europa en información, en I+D+I y en todo lo que tiene que ver con las inversiones públicas.
Ya he dicho anteriormente que si ha sido posible aflorar el déficit de Renfe y la deuda de algunas comunidades, eso nos demuestra que hay margen suficiente para poder hacer apuesta pública en política sociales y, por lo tanto, facultar la labor a algunas administraciones, en este caso, a las corporaciones locales.
Por consiguiente, para Izquierda Unida sería fundamental permitir a las corporaciones locales un cierto margen de endeudamiento, si ellas lo creyesen necesario.
Basta ya de machacar a los ayuntamientos, porque no se les ha reconocido hasta ahora la deuda por los servicios impropios que se les vienen reclamando; no se define de una vez por todas una ley de financiación de las corporaciones locales y, además, se sigue, como con el Partido Popular --excepto que se traiga en los próximos meses-- con una ley que encorseta, que maniata y que imposibilita el trabajo de las corporaciones locales. Además señor ministro, si interpreto bien los textos del Partido Socialista, eso iría en contra de la filosofía y del discurso municipalista de su propio partido. Es importante que eso se lleve a cabo.
Nosotros vamos a apoyar la propuesta que usted trae, pero siendo conscientes de que sin dejar de de ser importante, el debate de hoy lo es más el del presupuesto, pues ahí es donde veremos claramente si las palabras pasan a ser hechos y actuaciones y, por lo tanto, a ello, señor ministro, le emplazamos. Por decirlo de alguna forma, aunque es muy difícil, nosotros vamos a tener --entre comillas-- una cierta fe en usted y en sus propuestas de aquí al debate presupuestario. Esperemos que usted consiga, de una vez por todas, que seamos creyentes, en nosotros es algo difícil, pero inténtelo usted por lo menos en cuanto a fe política.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria no hace uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Gasòliba.


El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, nosotros no podemos darle nuestra confianza, como ha anunciado el anterior interviniente, porque la agotamos el año pasado.
Usted se comprometió con el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, primero en el Congreso y después en el Senado, a efectuar una modificación de la ley actual y a respetar unos principios que en el acuerdo que hoy nos presenta no se han cumplido. Por tanto, nuestro grupo votará en contra, como ya hemos hecho en el Congreso, y este acuerdo no contará con nuestro apoyo.
El pasado año, cuando nuestro voto en esta Cámara era decisivo, estableció una serie de acuerdos que, insisto, lamentablemente no se han cumplido; nosotros lo lamentamos profundamente porque confiábamos en usted y en que los acuerdos serían respetados.
Usted sabe también que a esta ley y a su aplicación se han presentado 11 recursos de inconstitucionalidad, y que la Generalitat de Catanluya en su momento presentó 3, basados en una serie de argumentos: no es una ley obligada por la legislación europea ni por los acuerdos del Pacto de Estabilidad --puede ayudar, pero, evidentemente, no es una normativa que tenga que aplicarse en esta forma para respetar nuestros compromisos europeos--. Mi grupo siempre ha entendido que el Partido Popular planteó esta ley para ejercer un control y una presión en las comunidades autónomas, y que limitaba y limita sus capacidades para su propia autonomía financiera. Un año más tarde, pasados los primeros cien días de actuación del actual Gobierno, estamos igual. Aunque el actual Gobierno, teóricamente es mucho más sensible, mucho mejor orientado hacia el respeto a las comunidades autónomas, con mayor

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comprensión hacia ellas, incluso en lo relativo al papel a realizar y a la capacidad de representación territorial de esta Cámara, nos encontramos en la misma situación; es decir, se está aplicando una ley en los mismos términos planteados por el Grupo Parlamentario Popular que, por lo visto, parece que también votará en contra, aunque supongo que por otras razones.
¿Qué querríamos nosotros? Obviamente --y en esto coincidimos--, una flexibilización presupuestaria a lo largo del ciclo, pero también aplicada a las comunidades autónomas en función de sus responsabilidades y de su capacidad para cumplir sus compromisos y más capacidad de endeudamiento en este ciclo, siempre que se cumpliesen. ¿Por qué se admite ahora como sensato --y usted lo ha vivido directamente-- compensar la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo? ¿Por qué se admite a nivel de la Unión Europea? ¿Por qué se admite a nivel del Estado y no para las comunidades autónomas o para las corporaciones locales, algunas de las cuáles están asumiendo responsabilidades de atención social sobrevenidas en el ejercicio de sus competencias pero que no estaban previstas ni en la negociación de financiación autonómica ni en la capacidad de recursos financieros necesarios? Hay dos casos que se derivan básicamente de lo mismo: el fenómeno acelerado de la inmigración, que requiere unas atenciones sociales, tanto sanitarias como educativas, no previstas hace tan sólo cuatro años. Tanto las entidades sociales como las comunidades autónomas deben hacerse cargo de estas atenciones sociales, en algunos ámbitos con un incremento exponencial de los gastos que las mismas implican, pero, en cambio, no tienen el recurso para compensarlas con el superávit de la Seguridad Social. Es decir, que nos encontramos con que el Estado se permite incrementar su nivel de déficit compensándolo con cierta tranquilidad gracias al incremento de los ingresos de la Seguridad Social, en los que sí hay un beneficio gracias a los inmigrantes que se van incorporando al mercado de trabajo y por tanto a la misma, pero ni las corporaciones locales ni las autonomías pueden tener la misma compensación y se van agravando sus déficit y sus dificultades para cumplir el Pacto de Estabilidad.
Lo anterior me lleva a una reflexión: esta Cámara, de manera transversal, tendría que votar en contra de esta propuesta. Si esta Cámara tiene una representación territorial reconocida, tendría que rechazarla de manera transversal, y sin tener en cuenta las posturas políticas. Es una ley que no respeta las necesidades justas ni las capacidades reconocidas en el ejercicio del autogobierno, para entrar en el marco de la estabilidad presupuestaria, que por otra parte defiendo. El año pasado teníamos un instrumento para influir y que, a la vez, hubiese el acuerdo entre el Congreso y el Senado, nosotros lo aceptamos, confiando ingenuamente en los acuerdos, pero hoy, cuando volvemos a discutirlo, resulta que no tenemos esta capacidad de presión y de decisión política.
En cuanto a los techos de gasto, por ejemplo, no están contemplados los costes económicos que conlleva la aplicación de leyes aprobadas en la legislatura pasada, como decía antes, pero sí se exige a las comunidades autónomas su cumplimiento; incluso el cumplimiento de su participación en algunas que requieren una inversión muy alta de las comunidades autónomas que tienen asumidas las correspondientes competencias. Volvemos a insistir, pues, en el mismo aspecto: se conduce a las comunidades autónomas dentro de un marco negativo, que es exactamente el mismo que diseñó y aplicó el Gobierno del Partido Popular durante la legislatura pasada.
Cuestión diferente, como usted sabe --y ésta es nuestra posición--, es si es adecuado este recurso continuado a que sea de hecho el superávit de la Seguridad Social el que vaya cubriendo los déficit del Estado y sus organismos, teniendo en cuenta posibles dificultades en el futuro.
Creemos que sería mucho más ortodoxo y conveniente no recurrir a este mecanismo porque aunque en su conjunto ofrece el que se puedan prever una serie de superávit, sin embargo el comportamiento del Estado y sus organismos no lo asegura, y con las dificultades que tenemos a medio plazo para cubrir las necesidades por pensiones, no creemos que sea lo más conveniente. Por lo tanto, creemos que el Estado también debería someterse a la misma disciplina a que está obligando, en el horizonte de 2008, tanto a las comunidades autónomas como a las entidades locales.
Por todos estos argumentos, señorías, señor vicepresidente del Gobierno, nosotros no podemos darle nuestro apoyo y creo que sería una señal importante que ustedes rectificasen cuanto antes. Usted ha anunciado una modificación de la ley que, como se ha puesto de relieve, se hace en unos términos que nosotros desconocemos y, en todo caso, nos extraña que algunos de los partidos que apoyan al actual Gobierno hayan aceptado que se reitere la aplicación de esta ley contraria a los intereses de las comunidades autónomas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el primero de diciembre del año 2004 se debatía en este Senado una iniciativa con la que se pretendía corregir las actuaciones de este Gobierno en su intento de sustentar legal y políticamente las bases de sus objetivos económicos en lo relativo a la consecución de la estabilidad presupuestaria. La oposición, que votó mayoritariamente a favor de la toma en consideración de la iniciativa propuesta por el Partido Popular, pretendía devolver a las Cámaras un respeto y una competencia que les correspondía pero que había sido sustraída por otra iniciativa interesada y partidista del Gobierno y del partido que le apoya, poniendo en evidencia su clara minoría en esta Cámara. Esta Cámara hoy le va a escuchar, señor ministro, pero su votación va a resultar testimonial e inútil, por decirlo directamente. Se trata de un trámite que ni siquiera se puede calificar de políticamente correcto, ya que después de haberse aprobado el 19 de octubre pasado una proposición no de ley en el Congreso por la que se instaba al Gobierno a

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elaborar una nueva ley de estabilidad presupuestaria, no sólo ustedes no lo han hecho, sino que se han aferrado a lo que ustedes aprobaron en la disposición trigésima de la Ley de presupuestos para 2005, el veto --es así de cierto y claro-- al Senado para poder vetar las propuestas del Gobierno en materias que afectan al acuerdo del Gobierno por el que se plantean los objetivos de estabilidad presupuestaria.
En esta Cámara no estamos para acatar. Estamos para debatir y, como consecuencia, recabar acuerdos y diferencias. Nuestro grupo no acepta la posición del Gobierno, propuesta única aparentemente debatible pero obligatoriamente aprobable.
Señor vicepresidente y ministro de Economía y señores del Partido Socialista, la coherencia política es cada vez más frágil. Coincidíamos, como decía hace un año durante el debate del acuerdo de estabilidad para 2005 y la proposición de ley del Partido Popular, sobre la necesidad de trabajar por la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Nada de eso ha sucedido durante este año. Nuestro grupo reclamaba, además, un respeto institucional y legal que no fue tenido en cuenta cuando se aprobó la ley en el año 2001; ley que ustedes mantienen y, además, la han adornado vetando las acciones del Senado. En aquella ley no se respetó ni se reconoció las consecuencias legales e institucionales que se derivan del concierto económico como especificidad. Lo hizo un Gobierno del PP y lo mantiene un Gobierno del Partido Socialista con el agravante de no haber reconocido el compromiso entonces del voto favorable del Grupo Vasco, que hizo posible la aprobación del acuerdo de estabilidad para el año 2004. La consecuencia es que lo acordado entre el presidente y el «lehendakari», y que genéricamente se traducía en pago de los gastos derivados del desastre del «Prestige», pactar las discrepancias en el cálculo y liquidación del cupo, la financiación de la ampliación de la «Ertzaintza» y el procedimiento a seguir en la Comisión Mixta del Concierto para establecer la referencia de déficit correspondiente a la comunidad autónoma vasca, todo ello ha quedado en incumplimiento, en incremento del desacuerdo y la confrontación entre las administraciones, desairando las relaciones entre ambos presidentes de gobierno y la disposición de este grupo parlamentario a buscar acuerdos.
Puedo concluir que, un año después, nos sentimos distantes del Gobierno y mantenemos una posición de desacuerdo activo porque ustedes no han demostrado coherencia política alguna, sino oportunismo. Seguimos sin reforma de la ley y ustedes no son de fiar, al no haber cumplido sus compromisos.
En este simulacro de debate parlamentario el Partido Socialista demuestra que sólo pretende cumplir un trámite y no acordar ni consensuar con el resto de los grupos una propuesta que ya tiene asegurada en el Congreso.
En tal supuesto, ¿para qué hemos venido a debatir a esta Cámara? ¿No forma parte de su programa político vigorizar y reformar esta Cámara? ¿No consideran ustedes que una Cámara de supuesta representación territorial debería debatir, con las cautelas que establece el artículo 90 de la Constitución, unos objetivos económicos que cada vez implican más a las comunidades autónomas, particularmente en el capítulo de ingresos, y equilibra la responsabilidad de éstas en cuanto a los objetivos de estabilidad presupuestaria con la responsabilidad del Gobierno del Estado? En momentos políticos como el presente, cuando se pone en cuestión la financiación autonómica y municipal, se plantea una mayor corresponsabilidad fiscal de los agentes territoriales y locales y se oyen cada vez más voces pidiendo la descentralización de la Agencia Tributaria, ¿ustedes se conforman con un trámite administrativo como es solicitar informe al Consejo de Política Fiscal y Financiera, en lugar de abrir una comparecencia de las comunidades autónomas en esta Cámara, subrayando así su carácter de Cámara de representación territorial y empezando a poner en práctica la voluntad y promesa de su renovación? Pese a las apariencias administrativas y formalismos correspondientes, la realidad es que no hay acuerdo con las comunidades autónomas, ni con las del régimen común ni con las del régimen foral. En el caso de la comunidad autónoma vasca, y quizá sea extensible a la de Navarra, no hay acuerdo alguno sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria que deben adoptarse por acuerdo bilateral en la Comisión Mixta del Concierto Económico. En consecuencia, la comunidad autónoma vasca va a permanecer al margen de los acuerdos que ustedes van a adoptar en la Cámara de los diputados cuando pasen el trámite del Senado.
Como el debate del tema principal, acordar los objetivos de estabilidad presupuestaria, está desvirtuado, voy a fijar brevemente nuestra posición respecto a los temas que considero más interesantes.
En principio, los datos económicos les favorecen, en particular si toman posiciones seguras o conservadoras, teniendo en cuenta las variaciones al alza de las previsiones de ingresos, la ausencia de reformas fiscales y reducción de impuestos y el reducido gasto público, con excepción de los gastos corrientes, donde hay una política continuista.
Según datos de su propio ministerio, la presión fiscal se incrementa pero, por primera vez, la mayor presión fiscal ha sido inducida por las comunidades autónomas. Debido a una política de financiación en perpetua revisión, las comunidades autónomas han introducido nuevos gravámenes e impuestos indirectos para financiar los gastos en servicios públicos necesarios cuya transferencia no fue acompañada de una adecuada base financiera. El resultado es que las comunidades autónomas han liberado al Estado de una parte significativa del déficit, al financiar el gasto más susceptible de generar déficit como es la educación, la sanidad, la asistencia social y un largo etcétera. Sólo así se puede entender que el Gobierno haya aceptado flexibilizar el objetivo del déficit cero para las comunidades autónomas, retrasándolo hasta el año 2008. La rigidez de la actual financiación y los déficit transferidos no permitían otra solución.
En la actualidad un debate político sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria está necesariamente influido por los cambios en el modelo territorial, reformas estatutarias y su modelo de financiación. En ese debate se incluye la continuidad de nuestro modelo de bienestar, cada vez más responsabilidad de las comunidades autónomas; la necesaria

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continuidad de la inversión en infraestructuras; la sustitución de los fondos europeos, que han financiado el desarrollo y la convergencia con Europa, por recursos propios; la adecuación del Fondo de Compensación Territorial, hoy dormida en una gaveta del Partido Socialista o del Partido Popular en esta Cámara. Mientras no se conozcan cuáles son las propuestas del Gobierno en estas materias y mientras no se introduzcan en el debate que hoy nos incumbe, es prácticamente imposible emitir una valoración económica y una prudente opinión sobre el acuerdo del Gobierno que hoy se plantea para su aprobación.
Sin embargo yo no puedo evitar una reflexión final. Está quedando de manifiesto que la política fiscal que se viene practicando desde 1999, y que continúa en los mismos términos en la actualidad no ha sido la correcta porque, como consecuencia, se ha favorecido el consumo, el ahorro privado hoy es negativo, más del 50 por ciento de los recursos destinados a la inversión se concentran en el sector inmobiliario y estos recursos se han obtenido con un alto endeudamiento. La idea milagrosa del déficit cero que nos vendió el señor Montoro no basta ni es un talismán.
Sin apelar a más déficit ni a más gasto, no obstante es necesario realizar inversiones productivas que generen competitividad; es necesario innovar; es necesario invertir en conocimiento e implantar una política fiscal que estimule el ahorro; es necesario además priorizar proyectos, realizar estrategias públicas de estímulo del crecimiento de la producción y el empleo.
Nuestro grupo parlamentario ha defendido la estabilidad presupuestaria como condición necesaria para una política económica de impulso al desarrollo. En consecuencia, nuestro grupo quiere participar en un debate político que no se limite a trámites parlamentarios y formalismos, sino que contemple la compleja realidad administrativa del Estado, incorpore las diferencias interregionales e interterritoriales, aborde reformas económicas y sociales y siga apostando de forma realista por una convergencia con los denominados estándares europeos.
Nuestro grupo va a votar en contra de este acuerdo presentado por el Gobierno. Las decisiones pueden ser diferentes en el futuro si el Gobierno propone, negocia y aprueba con un consenso amplio una nueva ley de estabilidad presupuestaria que reconozca un papel y una función decisoria a esta Cámara. Si además se reúne la Comisión Mixta del Concierto y en ella se acuerdan referencias en materia de déficit de estabilidad para la comunidad autónoma vasca; si se integra en la colaboración de un acuerdo como el ahora presentado el modelo territorial y su financiación adecuada; si se restablece en la ley el reconocimiento al hecho diferencial en materia fiscal y financiera de las comunidades autónomas de Navarra y Euskadi; si eso es así nuestro grupo tomará decisiones que a ustedes les resulten positivas porque entonces serán positivas para todos, y esperemos que así ocurra.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Aroz.


La señora AROZ IBÁÑEZ: Gracias, señor presidente. Señorías. Gracias, señor vicepresidente, por su presencia en la Cámara.
Celebramos hoy el debate del acuerdo del Gobierno sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para los períodos correspondientes. Este debate se lleva a cabo en el marco del realizado el pasado año y bajo los mismos principios económicos, y es por ello que la posición de mi Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés será, al igual que el pasado año, un voto favorable.
El marco es el compromiso del Gobierno para la modificación de las leyes presupuestarias en las que se sustenta el acuerdo con arreglo a unas líneas de reforma con las que coincidimos, que son fruto del acuerdo parlamentario de mayo del pasado año en el Congreso y en el que participaron los tres grupos que forman parte de mi grupo parlamentario.
Por tanto, estas líneas de reforma son claras, conocidas y desde luego no se puede acusar al Gobierno y a los participantes en el mismo de que no haya habido una gran transparencia sobre esas líneas de reforma. El señor vicepresidente se ha referido a las mismas.
Esa reforma viene a superar y solventar las importantes deficiencias políticas, jurídicas y económicas de las actuales leyes presupuestarias y, de forma central, la vulneración de las competencias de las comunidades autónomas y los ayuntamientos en materia financiera y la imposición de una situación discriminatoria al permitir la existencia de déficit en la Administración central del Estado y negársela a las administraciones territoriales.
Ya el año pasado hablamos de los parámetros y requisitos según los cuales se debe producir la reforma de esas leyes, a los que se ha referido el señor vicepresidente del Gobierno. Sin embargo, no está de mas recordarlos. Esos parámetros son los siguientes. La estabilidad presupuestaria, tomando en consideración la evolución del crecimiento económico, es decir, a lo largo del ciclo. La determinación de los objetivos de déficit de las comunidades autónomas y corporaciones locales, respetando sus competencias en materia de política fiscal. La modificación de aquellos procedimientos fijados en la ley que dificultan la labor de elaboración de los presupuestos por parte de todas las administraciones públicas. Y la garantía de transparencia en las cuentas públicas con el fin de permitir una mayor eficiencia de los agentes económicos y sociales. En cuanto a los dos requisitos que se deben tener en cuenta en la nueva regulación son el no imponer más restricciones de las necesarias y el que la ley sea asumida por todas las administraciones como propia.
Todo ello supone, señorías, una ley mejor, una ley más racional, como ha dicho el señor vicepresidente del Gobierno, pero no por ello menos rigurosa en lo que al objetivo de la estabilidad presupuestaria se refiere. En definitiva, una ley con más efectividad.
Por tanto, reitero el apoyo de Entesa Catalana de Progrés a ese compromiso de reforma, que esperamos se produzca en breve, así como nuestro compromiso con el objetivo de estabilidad, una posición de fondo de mi grupo por

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considerar que es un elemento indispensable de una buena política económica y la mejor garantía para el crecimiento sostenido y el empleo, al igual que para la sostenibilidad del Estado del bienestar. En ese sentido, quisiera valorar positivamente el cumplimiento de los objetivos para el presente ejercicio de acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria que vamos conociendo.
En relación con el acuerdo sobre el que debemos pronunciarnos, hay que decir que éste, junto con el cuadro macroeconómico plurianual, define el objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto del sector público, cuya situación es, como se ha dicho, de superávit creciente a lo largo del trienio. Así, pasará de dos décimas del producto interior bruto a cuatro décimas a final del trienio debido al cómputo conjunto para el Estado y la Seguridad Social previsto en la ley hasta que se culmine el proceso de separación de fuentes de financiación. También contempla situaciones específicas en el Estado, como las comunidades autónomas con un ligero déficit, tal como ha señalado el señor Solbes, y las corporaciones locales. Por tanto, el acuerdo es coherente con el criterio de relacionar el objetivo presupuestario con el crecimiento económico, y también realista, al contemplar el déficit de las comunidades autónomas.
Por lo que respecta al techo del gasto financiero del Estado para el ejercicio de 2006, al igual que en el ejercicio actual, crece por encima del producto interior bruto nominal --un 7,6 por ciento frente al 6,6 por ciento--, aunque las buenas previsiones de ingresos, con un crecimiento del 9 por ciento, van a permitir cubrir dicho incremento. Se amplía, por tanto, por segundo año consecutivo el margen de maniobra del Gobierno para avanzar en objetivos sociales, algo de lo que nos congratulamos. Por ello, también apoyamos el techo del gasto establecido.
Como último comentario, señorías, señor vicepresidente, quisiera destacar, y es importante porque el año pasado no pudimos concitar un apoyo unánime de los tres partidos que forman nuestro grupo, la coincidencia y el apoyo de nuestro grupo al conjunto de los principios de la política económica del Gobierno. Tenemos, señor vicepresidente, la profunda convicción de que con esta política se puede avanzar decisivamente a lo largo de la legislatura en los objetivos de crecimiento económico, de empleo y de convergencia social con los países más avanzados de la Unión Europea. Éstos son los objetivos por los que apuesta mi grupo parlamentario, Entesa Catalana de Progrés, y para los que tiene el apoyo de nuestro grupo.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Bru.


El señor BRU PARRA: Gracias, señor presidente.
Voy a ser breve porque no ha habido ninguna aportación que modifique el sentido que tenía este debate. Aquí no ha habido una manifestación por parte de los grupos que legítimamente han planteado que no van a otorgar su confianza al acuerdo, pero que no han discutido el acuerdo en sí, no han discutido la bondad ni del techo de gastos ni, por supuesto, del objetivo de estabilidad. Es más, en un caso concreto, en el del senador Gasòliba, su grupo el año pasado, como él mismo recordó, votó a favor de este acuerdo, y el acuerdo para el horizonte 2005-2008 no es sensiblemente diferente del que ellos mismos votaron el año pasado. Hay razones tanto en el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos como en el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió que están al margen o paralelas o en otra dimensión política del presente debate y que yo entiendo, no comparto pero respeto. Retengo de estas intervenciones que no existe una oposición a la bondad del objetivo de estabilidad presupuestaria que aquí hoy nos presenta el Gobierno, sino que por motivos no objetivos, al margen de ellos, por compensaciones, no compensaciones o en algún caso concreto por una ley con la que parece que estemos de acuerdo, tenemos unos acuerdos alcanzados en octubre del año pasado en el Congreso de los Diputados que fijan el horizonte de esa ley y que simplemente ha sufrido un retraso lógico en una ley de esta dimensión, de esta envergadura, ya se plantearon en la pasada hasta 11 recursos de inconstitucionalidad, y, en consecuencia, parece prudente que sufra un cierto retraso, aunque ya el señor vicepresidente ha anunciado que en breve la presentará ante las Cortes Generales.
Nada más y muchas gracias, señor presidente. (El señor Gasòliba i Böhm pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Gasòliba, tendrá la palabra cuando termine el turno del Grupo Parlamentario Popular. Me imagino que la pide por el artículo 87.
Tiene la palabra el senador Sánchez Sánchez-Seco, del Grupo Parlamentario Popular.


El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, está bastante debatido ya el asunto y es bastante obvio.
Hemos coincidido diferentes grupos en la percepción que, por otra parte no podía ser de otra manera, del hurto que se le ha hecho a esta Cámara respecto al año pasado en cuanto a la relevancia y a la trascendencia de este debate, que, por otra parte, se ha manifestado aquí por el senador Bru que no le correspondía, pero había una ley orgánica que así lo establecía. Por tanto, la trascendencia que tenía la votación que se llevase en el Senado estaba establecido por una ley orgánica y debería aplicarse no ahora, sino después de la aplicación de esta disposición trigésima de los presupuestos generales del Estado para este año, donde --como decía anteriormente-- se ha vuelto a las andadas de aquellos que crearon esa ley de acompañamiento que ahora no se ha llevado a efecto en estos presupuestos pero que soterradamente sí se ha realizado, como es obvio y se puede comprobar a través de esta disposición adicional, que tiene una importante trascendencia, como hoy espero que se pueda ver después de la votación.
En cuanto al incremento del gasto público que hoy se nos presenta, como decía antes, es evidente que es excesivo,

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un punto más que el producto interior bruto nominal, y ello supone calentar más la economía en un momento en que se coincide en que la demanda interna existente es muy elevada y que habría que reducir ese gasto tratando de adoptar, además, medidas complementarias para controlar la inflación, uno de nuestros principales desequilibrios.
Además, los datos de ingresos anunciados llevarán a cabo también, como decía al finalizar mi intervención anterior, un incremento de la presión fiscal.
Según el avance de la actuación presupuestaria del Estado en 2004, el pasado año se produjo un incremento de la presión fiscal en torno a medio punto, pasando del 34 por ciento al 34,5 por ciento del producto interior bruto, y este año 2005 ya advertimos en la presentación de este mismo acuerdo del pasado año, así como en el debate presupuestario que, de acuerdo con sus previsiones, todavía se iba a producir un mayor aumento de la presión fiscal que, según vemos que van evolucionando los datos económicos, y más con la revisión que se ha realizado, se va a confirmar y a constatar casi con toda probabilidad. Y el próximo año, si llevan adelante las previsiones de ingresos que hoy conocemos, todavía se va a aumentar más la presión fiscal sobre los ciudadanos. Esto, supone un incumplimiento de las promesas electorales del Partido Socialista, algo que ya no nos sorprende a ninguno de los que estamos aquí presentes o fuera de esta Cámara.
Ya han anunciado, además, que la reforma del tipo único en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se ha anulado prácticamente, y que respecto a las reducciones de impuestos --decía antes el senador Bru-- no se ha tocado ningún impuesto. Es evidente; lo que han hecho es aplazarlo sine díe. No se sabe hasta cuándo. Parece ser que hasta el año 2007 aproximadamente, es decir, cuando a lo mejor ya no exista posibilidad de modificar estos impuestos, lo cual, por otra parte, según la base de las modificaciones que parece que pretendían realizar, es una buena noticia.
En cuanto a la situación económica es evidente, y está reconocido tanto por organismos nacionales como internacionales, que las medidas reformistas y estructurales que se adoptaron en los últimos ocho años fueron las adecuadas, y a las pruebas y a los resultados me remito en lo que decía que ha sido y sigue siendo, afortunadamente, el período más largo de la historia de España en el crecimiento económico, en la creación de puestos de trabajo y en la bajada de impuestos que ha tenido lugar en estos últimos años.
En cuanto a la transparencia, se ha dicho que es algo fundamental, y en mi intervención anterior quedó bastante claro que esa transparencia, hoy día, brilla por su ausencia, porque desconocemos en qué sentido se va a desarrollar la ley de estabilidad presupuestaria. Aquí se nos ha expuesto algún boceto y algunos apuntes de cómo puede ir, pero la experiencia nos dice que la realidad será bien distinta, y ello afectará no solamente a lo que significa el Plan de Estabilidad Presupuestaria para las distintas administraciones públicas, sino incluso al propio techo de gasto del Estado, de las comunidades autónomas y las corporaciones locales.
Por último, de las intervenciones que se han realizado, en especial de la portavoz del Grupo de Entesa Catalana de Progrés y del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, se deduce que se ha producido una incorporación al conjunto de valedores de la estabilidad presupuestaria. Sabíamos, porque lo hemos podido constatar en su trayectoria profesional, que el señor vicepresidente del Gobierno sí que era un defensor de la estabilidad y del equilibrio presupuestarios. No habíamos podido constatarlo en los dos portavoces ni en los grupos Socialista y de la Entesa, y nos agrada ver --aunque quizá no sea la expresión más adecuada por las connotaciones que ello conlleva, desgraciadamente-- que se han incorporado al club. Así que bienvenidos al club de la estabilidad presupuestaria. Lo ideal, lo lógico y lo bueno sería que esa incorporación supusiera que a partir de ahora se cumpliera ese superávit de las administraciones públicas, pues ello redundaría sin duda en la economía española y en beneficio de todos los ciudadanos españoles.
Nada más y muchas gracias. (El señor Gasòliba i Böhm pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Entiendo, senador Gasòliba, que ha solicitado usted la palabra por el artículo 87.


El señor GASÒLIBA I BÖHM: Sí, señor presidente, porque el senador Bru ha interpretado lo que yo he querido decir y deseo reiterar mi posición, que no coincide con su interpretación.
El senador Bru ha utilizado una argucia dialéctica sobre un presupuesto falso: que yo no había entrado en el tema de fondo del acuerdo que defiende el Gobierno. Yo considero que sí lo he hecho y quiero recordar que he puesto en tela de juicio el que se pueda conjugar el superávit de la Seguridad Social con el déficit del Estado. Asimismo he dicho que precisamente en este período habría que obligar al Estado y a sus organismos a llegar a un superávit o al equilibrio presupuestario.
En cualquier caso celebro que esto me haya dado la oportunidad de reiterar mis argumentos, que espero hayan quedado más claros para el senador Bru.
Muchas gracias. (El señor Bru Parra pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Bru.


El señor BRU PARRA: Gracias, señor presidente.
Lo tengo tan claro como que está previsto en los objetivos de la reforma que acaba de explicar el señor vicepresidente, primero, porque no se enjuga nada, ya que usted sabe, senador Gasòliba, que contablemente un déficit tapa a otro, lo cual no quiere decir que una sola peseta de la Seguridad Social se gaste en otra cosa que en prestaciones o fondos de reservas, y segundo, porque el señor ministro ha dicho que en la nueva ley esto se va a separar. Ésa es la intención del Gobierno, que veo que usted respalda calurosamente.
Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente, y gracias también a ustedes, señorías, por sus intervenciones.
Voy a intentar hacer unos comentarios rápidos, pero me gustaría partir de aquello que estamos discutiendo en estos momentos. Estamos fijando única y exclusivamente el techo de gasto para el próximo año, que se basa en dos conceptos, partiendo del PIB calculado del año 2006: cuáles son los ingresos tributarios previstos y cuál es el margen de déficit previsto para el Estado. Ésa es la idea fundamental.
Señorías, les recuerdo que el margen previsto para el Estado es el mismo que el del año pasado y el mismo que se aprobó en el período del Partido Popular, con lo cual es difícil entender de qué está hablando el Grupo Parlamentario Popular cuando se refiere a unas discrepancias con este techo de gasto y a unas modificaciones de esta situación.
El segundo punto que he creído percibir es un cierto malestar por la famosa disposición 30 del presupuesto. Se dice que se modifica una ley orgánica y que ahora tiene menor nivel. Señorías, esa ley tiene el mismo nivel que tenía, pues no se puede modificar una ley orgánica sino con otra. Así pues, estamos hablando de lo mismo.
Considero que el interés de este debate no es la consecuencia de la existencia o no de esa disposición, pues la misma viene a resolver una carencia existente en el modelo anterior. Es decir, que no se hurta nada al Senado, lo único que se dice es cómo se resuelve una posible discrepancia entre el voto del Congreso y el del Senado. Y para ello había dos fórmulas: una era la de no hacer nada, y en consecuencia se tendría que presentar el presupuesto dando libertad al Gobierno para hacer lo que estime oportuno, y la otra era clarificar ese punto y decir que, como sucede en no pocas ocasiones, en caso de discrepancia el Congreso se tendría que volver a pronunciar. Y eso es lo que se hizo; nada anormal, nada ilógico, sino todo absolutamente coherente.
El señor Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular, dice que está preocupado por la evolución de la economía, que es necesario adoptar medidas complementarias y que hay recalentamiento. Su señoría sabe que hay dos ideas fundamentales ahí: la primera sería aumentar los impuestos; la segunda sería reducir las inversiones. Dígame usted cuál prefiere. Yo creo que eso nos permitiría ver mejor cuáles son las alternativas, en cuanto al fondo.
Su señoría habla de aumentar la presión fiscal; posiblemente usted se acordará de debates en la anterior legislatura sobre la presión fiscal nominal y real. Si quiere reabrimos el debate, porque seguramente usted ahora estará en la posición en que antes estaban mis compañeros, y yo estaré en la que estaban los suyos, pero evidentemente no hay ninguna modificación de la presión fiscal nominal, como lo muestra el hecho de que no se han modificado los impuestos, sobre todo porque además si se añaden los últimos estudios por parte del ministerio, verá que han sido las comunidades autónomas las que han aumentado más la presión fiscal.
Por tanto, no me traiga aquí un debate que no es el nuestro, sino otro.
Evidentemente que la herencia de los ocho años es positiva. Decía esta mañana que si en algún momento tienen ustedes tiempo y ganas, podríamos discutir del punto de partida y de los elementos que nos llevaron a esa herencia, que también podrían ser interesantes.
Su señoría habla también de la transparencia que pretendemos. La transparencia es absolutamente clara. Hoy les he dicho qué es lo que pensamos hacer; lo que vamos a exponer en la ley es una serie de normas, que ustedes tendrán ocasión de debatir y de clarificar, y la transparencia se ha pretendido siempre por nuestra parte, y seguimos pretendiéndola hoy.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió nos ha planteado el problema de la Seguridad Social. Yo creo que el señor Bru lo ha dejado muy claro; pero hay algo más: si usted hubiera seguido mi exposición hasta el final --tal vez no he sido suficientemente claro-- hubiera oído que he dicho que el objetivo, el techo de gasto va acompañado de un plan de saneamiento por parte del Estado. ¿Por qué? Porque aceptamos que tenemos déficit, y queremos corregir el déficit ya antes de que entre la ley en vigor, y ésa es la razón por la que hablamos de un plan de saneamiento. Pretendemos separar totalmente la Seguridad Social del resto.
El señor Cuenca me ha planteado algunos temas de interés, vinculados a la evolución del déficit y a la posibilidad de endeudamiento de las corporaciones locales. (Rumores.) Yo, señor Cuenca, tengo una discrepancia con usted; a lo mejor si hablásemos con más calma llegaríamos a aproximar las posiciones. (Rumores.) Creo que el déficit es malo, incluso para hacer cosas que hay que financiar...


El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego guarden silencio.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Es evidente que en algunos casos no hay más remedio que hacerlo, pero ése es el último recurso. Por tanto, no es que tenga nada en contra de que haya un cierto endeudamiento. Puede existir un cierto endeudamiento; es imprescindible en grandes infraestructuras, porque los procesos de inversión son distintos de los procesos de financiación (Rumores.), pero para otros temas de gasto corriente me preocupa más, y creo que no hacemos ningún favor ni a comunidades autónomas ni a corporaciones locales incentivando el endeudamiento.
A mí, como responsable del Gobierno y del presupuesto del Estado, me gustaría tener superávit. Yo creo que eso no me daría más margen de maniobra para los gastos, ya liberado de obligaciones de futuro, mediante la reducción de los costes de los intereses que ahora tenemos. Por tanto, ésa es mi posición. (Rumores.) Al señor Albistur le comentaría que nuestra intención ha sido poner en marcha lo que pactamos el pasado año (Rumores.); y ése sigue siendo nuestro objetivo...


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El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio. Apenas se oye al vicepresidente del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Es cierto que la aplicación de ciertas normas y de ciertos acuerdos es siempre cosa de dos, y su señoría conoce que hemos hecho muchos intentos por llegar a un acuerdo, aunque no haya sido posible. Tomo nota de sus preocupaciones, de sus ofertas --me parecen razonables--, y habrá tiempo para comentarlas.
Por último, querría agradecer a la portavoz de Entesa su intervención y el apoyo a la política económica del Gobierno. Yo creo que ha resumido muy bien lo que pretendemos: más desarrollo económico, más empleo, más convergencia social, y para eso creo que el objetivo de estabilidad nos va a ayudar.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señorías, sometemos a votación el acuerdo por el que se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a favor, 115; en contra, 121.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazado el Acuerdo del Gobierno por el que, en cumplimiento de los artículos 8 y 13 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran, para el período 2006-2008, y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2006.
Según el artículo 8.2 de la Ley 18/2001, modificado por la Ley 2/2004, si aprobado el objetivo de estabilidad por el Congreso de los Diputados el mismo fuese rechazado por el Senado, el objetivo se someterá de nuevo a votación por el Congreso de los Diputados, aprobándose, si éste lo ratifica, por mayoría simple.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

-- DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL (S. 624/000005) (C. D.
122/000110).


El señor PRESIDENTE: Cuarto punto del orden del día: dictámenes sobre proyectos de ley. De la Comisión de Justicia en relación con la proposición de ley de modificación del Código Penal.
Para la presentación del mismo, tiene la palabra la senadora doña María Antonia Martínez.


La señora MARTÍNEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la proposición de ley orgánica que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado, tuvo su entrada en la Cámara el día 5 del pasado mes de mayo, fecha de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas terminó el día 17 del mismo mes.
A esta proposición de ley orgánica se han presentado una propuesta de veto por el Grupo Parlamentario Popular y siete enmiendas del mismo grupo parlamentario.
La ponencia la han compuesto don Félix Ayala Fonte, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; don Luis Badia i Chancho, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; don Miquel Bofill Abelló, por Entesa Catalana de Progrés; don Hilario Caballero Moya y don Arcadio Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista; don José Ferrández Otaño y don Carlos Gutiérrez González, por el Grupo Parlamentario Popular; don Anxo Manuel Quintana González, por el Grupo Parlamentario Mixto y don Joseba Zubia Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se reunió el pasado 25 de mayo y emitió informe en el que se acordó diferir el debate en comisión sobre el pronunciamiento tanto de la propuesta de veto como sobre las enmiendas presentadas, manteniendo el texto de la proposición de ley en los mismos términos en que fue remitido por el Congreso de los Diputados.
La comisión se reunió el pasado día 31 de mayo. En dicha sesión, procedió, en primer lugar, a introducir dos modificaciones en la composición de la ponencia, de la que pasaron a formar parte doña Isabel López Aulestia, en sustitución de don Anxo Manuel Quintana González, y doña Elena Etxegoyen Gaztelumendi, en lugar de don Joseba Zubia.
Tras rechazar la propuesta de veto y las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, la comisión emitió dictamen sin introducir modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados.
Esta proposición de ley orgánica, tal y como se somete a debate y votación del Pleno del Senado, consta de un artículo único y una disposición final, precedidos de una exposición de motivos.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos a la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra el senador Ferrández.


El señor FERRÁNDEZ OTAÑO: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo nuevamente a esta tribuna, como lo hiciera a finales de la pasada legislatura, para intervenir en relación con un asunto que, como todos ustedes conocen, fue objeto de un amplio debate en el seno de esta Cámara, debate que hoy se reproduce a consecuencia de la proposición de ley con la que se pretende la supresión de los artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis del Código Penal, que

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fueron objeto de la reforma del Código Penal aprobada en su día por mayoría absoluta de ambas Cámaras, donde se sancionaba como delito, por un lado, la conducta de la autoridad o funcionario que, careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convoque o autorice la convocatoria de cualquier clase de proceso electoral o referéndum, así como la de aquel funcionario o autoridad que facilite, promueva o asegure la realización de los citados procesos, una vez acordada su ilegalidad, la del interventor o de quienes faciliten, promuevan o aseguren la realización de los procesos, una vez requeridos para que cesen en su conducta, y, por otro, la de aquella autoridad o funcionario público que financie con bienes de naturaleza pública de cualquier clase a asociaciones ilegales o partidos políticos disueltos o suspendidos por resolución judicial, por llevar a cabo conductas relacionadas con los delitos de terrorismo, así como a los partidos políticos, personas físicas o jurídicas, entidades sin personalidad jurídica y, en particular, grupos parlamentarios o agrupaciones de electores que de hecho continúen o sucedan la actividad de estos partidos disueltos.
Como es de sobra conocido por sus señorías, las razones que justificaron la reforma del Código Penal en la pasada legislatura derivan, por una parte, del desafío constitucional y la amenaza pública y manifiesta al Estado de Derecho de quienes con absoluto desprecio a la ley y de forma absolutamente ilegal... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría.
Apenas se oye a quien está en el uso de la palabra. Yo rogaría silencio o que salieran del hemiciclo. Prosiga.


El señor FERRÁNDEZ OTAÑO: Gracias, señor presidente.
Decía que, de forma absolutamente ilegal y manifiesta incompetencia, pretendía someter a referéndum una propuesta claramente inconstitucional y secesionista, rompiendo las reglas de juego pactadas entre todos en el año 1978.
En aquel momento, aquella conducta, que ponía en grave riesgo nuestro actual sistema democrático, la unidad nacional de España y la pacífica convivencia ciudadana, aconsejó al Gobierno responder con el derecho, y lo hizo con el apoyo de la mayoría absoluta de ambas Cámaras, individualizando en el Código penal una conducta que hasta aquel momento no había tenido precedentes, pero que, sin duda, merecía la utilización de cuantos instrumentos jurídicos estuvieran a su alcance, más allá de la pura acción de hecho, a fin de contrarrestar de forma proporcional al tamaño del desafío.
Del mismo modo, la conducta de determinadas autoridades contraria a la ley, al derecho y a la lógica, incumpliendo las sentencias del Tribunal Supremo y amparada en interpretaciones virtuales, que permitía la financiación o subvención de asociaciones vinculadas con el terror, aconsejó la utilización por parte del Estado de los mecanismos a su alcance para evitar tamaño despropósito y lo hizo con todo el peso del derecho, individualizando igualmente una conducta que el legislador no pudo prever en su momento, porque nadie en su sano juicio podía pensar durante la redacción del vigente Código Penal sería necesario tipificar como delito el que una autoridad o funcionario financie con bienes de naturaleza pública a asociaciones ilegales o partidos políticos disueltos o suspendidos por resolución judicial, por llevar a cabo conductas relacionadas con delitos de terrorismo. Nadie con un mínimo de dignidad y de respeto acierta a comprender cómo es posible que nada menos que una autoridad pueda financiar con fondos públicos el terror, amparándose en una laguna legal.
Ésas fueron las razones que en su día aconsejaron al Gobierno del Partido Popular la reforma del Código Penal en los artículos a que se ha hecho referencia.
Pues bien, en el caso de hoy, y bien que lo siento, mi intervención se centra en la defensa y justificación del veto presentado por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición de ley que hoy se somete a nuestra consideración, con la que se pretende precisamente todo lo contrario, es decir la derogación y la supresión de los referidos preceptos, supresión que viene justificada tanto en la exposición de motivos como en las intervenciones de distintos responsables políticos y portavoces de distintos grupos parlamentarios, porque las conductas recogidas y tipificadas en la ley no tienen la entidad suficiente como para merecer el reproche penal, entendiendo además que en nuestro ordenamiento jurídico hay otras formas de control de la legalidad distintas de la vía penal.
Tales afirmaciones, señorías, no obstante, contrastan y se contradicen con la dispuesto en la propia exposición de motivos, en cuanto que en ésta se dice que «el ordenamiento prevé una sanción penal para aquellos que hagan efectivas ayudas públicas a asociaciones o partidos disueltos o suspendidos si constituyeran actos de participación en asociación ilícita». Pero es que la justificación de la exposición de motivos contradice aún más a quienes, y entre ellos el propio ministro de Justicia, afirman que el Código Penal dispone de un número interminable de tipos penales suficientes para combatir tales conductas, y entre otras enumeran: la usurpación de funciones, la prevaricación, la desobediencia, la malversación, la sedición, la rebeldía, la asociación ilícita o la extralimitación de funciones. ¡Nada menos! Y yo les pregunto, ¿en qué quedamos, señorías? ¿Estas conductas no tienen suficiente entidad como para merecer el reproche penal, como se dice en la exposición de motivos? ¿O el ordenamiento ya prevé sanciones penales para esta conducta? Señorías, me gustaría que se aclararan y que nos aclararan a todos los ciudadanos a qué debemos atenernos, porque si un presidente de comunidad autónoma, o cualquier otra autoridad, convoca un referéndum o un proceso electoral de forma ilegal para romper la Constitución y el Estado de Derecho, siendo además manifiestamente incompetente, yo les pregunto, a la vista de la exposición de motivos, que justifica precisamente la derogación de los preceptos que hemos citado, ¿estará cometiendo un delito, como dice el ministro de Justicia, y, por tanto, su actuación sería perseguible de oficio por el Ministerio Fiscal? O, por el contrario, como dicen otros, ¿estaríamos

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hablando de una infracción administrativa cuya resolución debiera corresponder a la jurisdicción contencioso administrativa o al Tribunal Constitucional? La verdad es que a la vista de las contradicciones, en el Grupo Parlamentario Popular tenemos nuestras dudas, pero si, por cualquier razón, concluyéramos que se trata de un delito, como dice el ministro de Justicia, yo les preguntaría, ¿a cuáles de todos los delitos que dice el ministro de Justicia nos estaríamos refiriendo? Porque, ¿cómo es posible que una misma conducta pueda ser tipificada como constitutiva de seis delitos diferentes? ¿Dónde está la seguridad jurídica que permite determinar claramente, cuando una conducta esté tipificada en el Código Penal, a qué tipo corresponde exactamente? Si, por el contrario, como parece a juicio de otros --quizá la mayoría--, la conducta pudiera encuadrarse dentro de las denominadas infracciones administrativas, ¿qué soluciones piensan dar sus señorías precisamente cuando una autoridad manifiestamente incompetente convoque un proceso electoral o un referéndum, y una vez que esa convocatoria haya sido anulada por el Tribunal Contencioso-administrativo o por el Tribunal Constitucional se mantiene en sus trece y continúa en su iniciativa de mantener esa convocatoria ilegal de referéndum inconstitucional? ¿Estaríamos hablando de que la conducta de esta persona habría que calificarla de improcedente, desde el punto de vista administrativo?¿Habría que inhabilitar a la autoridad que hubiera tomado esta decisión? Ustedes no pueden pensar que una conducta tan grave, como puede ser la convocatoria de un referéndum manifiestamente ilegal por persona manifiestamente incompetente, no puede tener única y exclusivamente el reproche de la inhabilitación de la autoridad que haga esa convocatoria. Y si esto es así ¿qué razones son las que les impulsan a derogar unos preceptos que no buscan sino establecer defensas, nada más que defensas, contra los ataques y desafíos de visionarios que no pretenden sino la desmembración del Estado y la ruptura unilateral del marco constitucional, apoyados en virtuales derechos históricos, o contra la incomprensible actuación de aquellos que contribuyen a financiar con fondos públicos a asociaciones terroristas o colaboradoras de los terroristas, previamente ilegalizadas.
Yo se lo voy a explicar.
Parece lógico pensar, puesto que así se han manifestado públicamente, que las minorías nacionalistas independentistas pretenden la derogación de estos preceptos porque son conscientes y sabedores de que, sin la tipificación penal de esta conducta, el desafío a la Constitución y al Estado de Derecho que supone la convocatoria de un referéndum ilegal por una autoridad manifiestamente incompetente para la ruptura de la unidad de España, les sale gratis. ¿Por qué les sale gratis? Porque nada les impide seguir forzando la máquina hasta sus últimas consecuencias puesto que no hay consecuencias, y si es así para aquellos que, incumpliendo la Constitución y poniendo en grave riesgo la convivencia ciudadana, deciden de forma manifiestamente incompetente e ilegal convocar un referéndum, evidentemente para aquellos que defienden la independencia de una parte del territorio nacional les parecerá mucho más razonable que el Estado no utilice todos aquellos instrumentos de que dispone para tratar de evitar esa conducta. Por lo tanto, desde el punto de vista de los independistas, parece razonable que no quieran que se incluya en el Código Penal la tipificación de este tipo de conductas.
Cuestión diferente es la de aquellos que no son independistas --entre los que yo considero que debe estar el Grupo Parlamentario Socialista-- y que, a nuestro juicio, deberían opinar de manera diferente en relación con estas cuestiones, obligado como está a garantizar el cumplimiento de la Constitución, máxime cuando las conductas anteriormente descritas pretenden, por la vía de hecho, romper las reglas de juego poniendo en serio peligro la unidad de España y la pacífica convivencia de los ciudadanos.
Sin embargo, a la vista de la proposición de ley que hoy debatimos, parece evidente que, frente a la responsabilidad que les es exigible en asuntos que son la esencia de nuestro actual sistema democrático, ustedes anteponen sus intereses partidistas a los de los ciudadanos porque, señorías, la verdadera y única razón que a ustedes les lleva a hacer el planteamiento que hacen con este proyecto de ley es que en la actualidad tienen un Gobierno excesivamente debilitado que necesita de sus socios nacionalistas independentistas para seguir gobernando, y esa es la única razón que a ustedes les lleva a romper todo aquello que había servido durante muchos años para mantener en materias tan importantes, como la unidad de España, el Estado de Derecho, la convivencia ciudadana, los criterios que habían mantenido hasta ahora y que unilateralmente han roto ustedes en esta legislatura, y lo han hecho, única y exclusivamente, porque necesitan del apoyo de aquellos otros grupos que, contrariamente a la opinión de la inmensa mayoría de los ciudadanos, pretenden la independencia de una parte del territorio de España. Ésa es la única razón, como digo, por la cual ustedes apoyan el que no se tipifique estas conductas en el Código Penal, a sabiendas, además, de que el Código Penal, en estos temas, es uno de los instrumentos de que dispone el Estado y que, por lo tanto, y en defensa y garantía de la Constitución y del Estado de Derecho, el Gobierno está obligado a utilizar esos instrumentos en defensa, como digo, de todos los ciudadanos. Porque, señorías, no podemos olvidar que el Estado de Derecho nos exige a todos, incluido el «lehendakari» del Gobierno vasco, el cumplimiento de las leyes, y máxime de nuestra carta magna. Por lo que cualquier ataque a nuestra Constitución supone romper las reglas de juego que entre todos nos dimos en el año 1978, implica poner en peligro la pacífica convivencia ciudadana y supone un desafío a nuestro sistema democrático que, a nuestro juicio --y esperemos que al suyo también--, es un hecho muy grave que merece ser sancionado por la trascendencia de esa actuación.
Señorías, no se trata de criminalizar el debate político, como se dijo cuando se debatió en esta Cámara, ni de amordazar el pensamiento, como también se dijo, sino de actuar con todo el peso de la ley frente a aquellos que pongan en serio peligro la convivencia y la libertad del resto de los españoles, no pensamientos, que todos son libres y legítimos y, por lo tanto, no se trata de amordazar los pensamientos.


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Si en 1978 todos coincidimos a la hora de darnos unas reglas de juego, sobre la base de esas reglas se deben hacer las propuestas que se tenga por conveniente porque no vale, apelando a la autonomía del pensamiento y de las ideas, romper de forma unilateral la baraja y proceder pasando por encima de la Constitución, pretendiendo además que esa conducta no tenga consecuencias, porque, señorías, libertad de pensamiento, sí, libertad de ideas, sí, pero dentro de las reglas y, si estas no gustan y se está en disposición de hacerlo, cámbiense, pero mantengámonos dentro de las reglas que todos nos dimos en 1978; no se las salten a la torera porque esa irresponsable conducta debe ser sancionada, pues es la única fórmula que existe de sancionar ese tipo de conductas para impedir que nos convirtamos en una jungla política y además así nos lo exigen la inmensa mayoría de los españoles.
Señorías, la posibilidad de realizar un referéndum o una consulta popular aparece recogida en nuestra Constitución y en ella se establecen las formas de hacerlo. Nosotros solamente decimos que se mantengan dentro de la Constitución a la hora de plantear cuantas cuestiones tengan por conveniente. Y, si no, como ésa es una conducta especialmente grave, a nuestro juicio, y para evitar que eso se produzca, en un momento determinado decidimos incluir en el Código Penal este tipo de conductas.
Y es que con la inclusión de los tipos penales que hoy se quieren derogar no se pretendía eliminar el debate político ni se pretendía limitar la capacidad de iniciativa política. La reforma del Código Penal que hoy se pretende derogar no fue si no la respuesta legal y democrática frente a aquellos que con absoluto desprecio a la legalidad pudieran financiar con fondos públicos organizaciones declaradas ilegales por su vinculación con la banda terrorista. Fue la respuesta serena y contundente a la campaña de desobediencia civil promovida por algunos. Fue la contestación al reto y al desafío al Estado de Derecho que suponía utilizar la vía de hecho de forma ilegítima, antijurídica, antidemocrática e inconstitucional para conseguir, mediante un procedimiento aparentemente previsto en nuestro ordenamiento jurídico, un resultado prohibido expresamente y con el agravante de que ataca la base de nuestro ordenamiento constitucional y los valores y principios democráticos de respecto a la convivencia, al pluralismo y a la igualdad sin discriminación.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Turno en contra. Senador Lerma, tiene la palabra.


El señor LERMA BLASCO: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, estamos debatiendo algo serio y, evidentemente, como tal lo vamos a tomar porque de lo contrario probablemente tendríamos ocasión de reírnos mucho por considerar un poco infantil la conducta del Partido Popular .
¿Cree de verdad algún senador del Partido Popular que si alguien se arriesgase a convocar una consulta ilegal, con todo lo que ello comporta desde la constitución de las juntas electorales, pasando por los funcionarios que son no de la Administración vasca, sino de la Administración central, el Poder Judicial, etcétera, se sentiría realmente preocupado porque ustedes le amenazaran con meterle tres años en la cárcel, que es la pena que le tendrían que imponer? ¿Se pararía por eso la consulta popular? La situación es un poco de risa.
Por lo tanto, no vamos a entrar en esa consideración. Simplemente les diré que como ustedes han hecho una defensa jurídica de su actuación --que es difícil--, voy a seguir por esa vía, aunque de Derecho no sé lo suficiente, como seguramente todos ustedes piensan. ¿ Pero es que en Derecho es posible establecer las penas exclusivamente con nombres y apellidos? ¿Es posible legislar para personas concretas como ustedes están haciendo en técnica jurídica? ¿Es que es posible, al mismo tiempo, introducir, como ustedes lo hicieron, esta modificación del Código Penal en una ley de arbitraje? ¿Es que en técnica jurídica se puede soportar ese tipo de actuación? Pero es que, al mismo tiempo, no es un problema de técnica jurídica tampoco. ¿Acaso es posible atajar, como ustedes querían, esos graves problemas y ese inmenso peligro para España planteando una pena de tres años de cárcel para el lehendakari o para quien convocare un referéndum ilegal o una consulta popular ilegal? ¿Es que es posible pensar --como les he dicho anteriormente-- que se iba a parar el escándalo que iba a provocar con ese tipo de actuación? ¡Si solamente la convocatoria sería ya una declaración real de independencia! ¿Cómo se iba a frenar tan sólo con la amenaza de tres años de cárcel que ustedes plantean en esta modificación del Código Penal? Eso es absurdo. No puede convocar un referéndum ilegal ni el lehendakari ni ninguna persona. No tiene capacidad real para hacerlo y , desde luego, a mí me parece que nunca ha sido su intención. Ustedes sí que han podido provocar esa escalada verbal desde que introdujeron estas enmiendas en el Código Penal, pero la situación real, una vez ustedes han dejado el Gobierno y se ha reanudado el diálogo y se ha intentado responder a la política con la política, es bien distinta. Ahora ya tenemos una perspectiva suficiente para juzgar adecuadamente lo que ustedes han hecho con la modificación del Código Penal. No estamos hablando ya de un futurible.
Ahora seguimos sin coincidir y hemos presentado una alternativa al «lehendakari» actual, o la presentaremos el próximo día 20 probablemente, una propuesta diferente al pueblo vasco acerca de cómo se tiene que organizar, pero lo que resulta bastante evidente es que a lo largo de estos meses hemos podido vivir una situación bien distinta a la que ustedes habían descrito, e intentado incluso provocar, de choque de trenes sin otra solución que la explosión evidente.
¿Cuál ha sido la actuación? La actuación ha sido muy clara: El Parlamento vasco ha aprobado una propuesta de reforma del estatuto vasco. Se puede discutir si era propuesta de reforma del estatuto o de la Constitución, pero la Mesa del Congreso lo calificó claramente y el lehendakari la sometió a discusión en el Congreso, donde tuvo ocasión de explicar su pretensión y, lógicamente, los demás grupos fijamos también nuestra posición y, una vez hecho, esto se votó. ¿Dónde se ha salido del marco constitucional el Parlamento

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vasco? Yo no lo veo por ningún sito. ¿Y qué ha dicho posteriormente? Ustedes no han refrendado mi actuación, con lo cual, yo voy a someter al pueblo vasco a la consulta sobre quien tiene razón en sus planteamientos. ¿Y qué ha hecho? Pues utilizar la ley para convocar las elecciones al Parlamento vasco. Y éste es el resultado que ha dado y ahora, como es natural, en función de las cosas que han pasado, democráticamente resolverá y probablemente tendrá que elaborar una nueva propuesta de reforma de estatuto. En cualquier caso, en eso no vamos a entrar. Lo cierto es que sin cambiar ninguno de opinión, el diálogo se ha restablecido, se ha respetado la Constitución y no se ha planteado problema alguno de los que ustedes hipotéticamente pretendían solucionar con la reforma del Código Penal. Quizá hubiera sido oportuno, antes de conocer todos estos hechos, que ustedes hubieran mostrado una cierta prevención y hubieran planteado estas propuestas. Pero es que después de vistos los hechos, vuelven a plantear la misma situación. ¿Quieren llevarnos a esa nueva confrontación innecesaria que nadie ha planteado en este país nunca? Parece absolutamente absurdo.
Por otra parte, ¿qué están planteando? ¿Cuál es su crítica? ¿Es que con esta derogación lo que hacemos es dejar indefenso al Estado frente a los intentos de secesión de alguien? Pues no es verdad. Lo único que hacemos es utilizar una técnica jurídica adecuada, aplicar gradualmente las penas y no emplear en primera instancia el mazazo, sino aumentar las penas progresivamente, tal y como contempla nuestra Constitución. Y si primero podemos utilizar el Derecho administrativo o si primero podemos utilizar el Derecho constitucional, no empecemos por el Código Penal, podemos acudir a él. Así, frente a su modificación del artículo 506 bis.1 tenemos en el Código Penal el 404 o el 506, el que usted quiera, pero, naturalmente, utilizado de forma gradual. Eso si pretende usted meter en la cárcel a la persona que convoque el referéndum.
El siguiente. Frente a la modificación de los artículos 506 bis.2 y 521 bis, ¿qué podemos utilizar? Pues mire usted, no hay ninguna indefinición.
Está todo muy claro: el 410, el 556 o el 508.1; es decir, tiene usted la posibilidad de graduar con toda tranquilidad.
Y frente al artículo 576 bis.1, puede usted utilizar --usted no, afortunadamente-- el 433, el 434, el 518 ó el 576. El Grupo Parlamentario Popular ha pretendido introducir el delito político de nuevo en el ordenamiento español. Es increíble que se hayan atrevido a plantearlo de nuevo, pero lo han hecho. Insisto, en su indefensión, frente al artículo 576 bis.1 tenemos el 433, el 434, el 518 o el 576.
¿Qué más quiere usted? Si lo tenemos muy claro. Tenemos instrumentos suficientes en el ordenamiento constitucional, en el administrativo y en el penal español para juzgar todos esos comportamientos que ustedes presuponen y que la práctica ha demostrado que no se han dado y que, me atrevo a decirle, tampoco se van a dar. Pero estamos convenientemente pertrechados para el caso de que se plantearan, porque la cuestión es lo suficientemente importante como para tomarla en consideración, pero gradualmente y no con nombres y apellidos, como ustedes han hecho en esta ocasión.
Considero que no es necesario que vuelvan a insistir en ello. Y no solamente es que estuvieran fuera de tiempo, porque ya sabíamos lo que iba a pasar con las enmiendas que habíamos presentado en el Congreso, es que en las que hemos presentado en el Senado hemos creado un nuevo tipo de delito; por si era insuficiente lo que había sucedido en el Congreso o por si estaba insuficientemente desfasado, todavía se han atrevido a plantear una nueva modificación.
Parece poco sensato y poco razonable que sigan por esta vía, porque si realmente queremos tener una convivencia en común, habrá que decir a la gente con toda claridad que queremos vivir juntos porque todos podemos mantener nuestra opinión, independientemente de que estemos de acuerdo o no con la opción planteada. Y si todos tenemos claro que en España se puede discrepar sin que a uno le amenacen con llevarle a la cárcel, todos tendremos una mejor convivencia y mucho más fácil de llevar.
Y naturalmente en esto, como en otros aspectos --pero no voy a entrar ahora en su consideración--, es en lo que ustedes se han equivocado. Las cuestiones políticas se solucionan con la política, y la política empieza por dialogar y escuchar lo que dice el adversario, y a continuación, sin pretender hacerle cambiar de opinión, --porque eso a determinadas edades es muy difícil--, organizar las cosas para que se pueda convivir opinando de forma distinta o discrepando.
Ésta es la situación. Tenemos reglas de juego que se han respetado, anteriormente, cuando ustedes plantearon la modificación, y después, cuando ya conocido el comportamiento, han seguido insistiendo en las enmiendas. Y con ese proceso de radicalización sólo van a conseguir el aislamiento y gente que se quiera centrifugar, y no el objetivo que ustedes dicen pretender, que es la convivencia en común de todos los ciudadanos españoles e intentar mejorar las relaciones entre todas las comunidades autónomas y el Estado, que es lo que sin duda nos hará mucho más fuertes de lo que ahora somos y no tendremos necesidad de estar replanteando permanentemente lo que es España, porque España es claramente un proyecto de convivencia en común, donde todos podemos discrepar, todos podemos defender con libertad nuestra opinión, y todos estamos de acuerdo en respetar esas reglas de juego.
Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora López Aulestia.


La señora LÓPEZ AULESTIA: Gracias, señor presidente.
Voy a intervenir con la mayor brevedad posible. Nuestro grupo, en su momento, se opuso a esta modificación del Código Penal efectuada por el Partido Popular en solitario; por tanto, saludamos esta proposición de ley que enmienda aquella decisión que para nosotros fue un despropósito y, por supuesto, nos opondremos al veto.


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Votaremos en contra de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y a favor de la proposición de ley.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Ayala.


El señor AYALA FONTE: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria fue uno de los proponentes en el Congreso de los Diputados de este proyecto de ley de modificación del Código Penal, por lo que hoy no puede apoyar, obviamente, el veto presentado por el Grupo Parlamentario Popular ni las enmiendas que presenta el mismo grupo, que se debatirán a continuación.
Los artículos que se propone suprimir esta iniciativa los introdujo el Gobierno anterior de forma precipitada, sin consenso y con la única finalidad de penalizar un hecho concreto que suponían que iba a ocurrir en una determinada comunidad autónoma. Como acaba de decir el portavoz socialista, hay en el ordenamiento jurídico instrumentos legales suficientes para garantizar o proteger el Estado de Derecho y para atajar cualquier posibilidad que en este sentido pueda tener algún cargo público o alguna institución autonómica sin competencias para ello.
Nada más, y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Badia.


El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, se han dicho algunas palabras fuertes en lo que llevamos de debate. Alguien se ha preguntado si esta actuación estaba dentro de las reglas, y si estábamos hablando de una conducta responsable. Por mi parte, estoy plenamente convencido de que estamos actuando dentro de las reglas y de que estamos desarrollando una conducta responsable tratando un tema de importancia.
Estamos debatiendo sobre la derogación de una modificación del Código Penal, que, desde nuestro punto de vista, no debería haberse producido como se produjo al final de la legislatura pasada, y que estaba inducida políticamente. No estamos, por tanto, ante una discusión jurídica, sino ante un debate político, centrado además en un territorio muy concreto --el País Vasco-- y criminalizando un debate político, se quiera o no reconocer.
La iniciativa tuvo errores claros en su momento. El primero, el de la reforma precipitada de una ley orgánica, con todo lo que ello supone. No podemos estar de acuerdo, pues, con la urgencia. En todo caso, estaríamos de acuerdo en que hubo urgencia injustificada. Por otra parte, se llevó a cabo la reforma de una ley orgánica sin consenso, en un trámite confuso, que supuso un procedimiento final en el Senado convalidado después en el Congreso, deprisa y corriendo. Hoy damos marcha atrás respecto a una opción que en aquel momento fue de carácter partidista.
Además, la situación producida y el debate que sostenemos hoy tendría que servirnos para reflexionar sobre las modificaciones del futuro Código Penal: cuando optemos por modificar una ley orgánica, el consenso debe ser vital. Nuestro grupo parlamentario se posicionó en su momento: considerábamos la modificación innecesaria, porque, tal como ha dicho el portavoz socialista, nuestro ordenamiento jurídico, por la vía constitucional y sobre todo por la contencioso-administrativa y la penal, ya prevé una reacción jurídica ante tales conductas. Además, estamos plenamente convencidos de que contamos con instrumentos para asegurar la legalidad, para asegurar el respeto a las instituciones democráticas y para garantizar la convivencia ciudadana. Por todo ello, vamos a votar en contra tanto del veto como de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Debo referirme además a que el nuestro fue el primer grupo en presentar en el Congreso de los Diputados, sobre la base de nuestro compromiso electoral, la proposición de ley que debatimos hoy, con el fin de dar marcha atrás a un proceso urgente, que no era positivo para la convivencia ni para el desarrollo normal de la vida democrática. En definitiva, no podemos llevar el debate político al Código Penal, y hoy reordenamos una situación partiendo de la lógica y la convivencia, y no del extremismo. Además --lo he dicho anteriormente--, deberíamos meditar sobre cuestiones que no pueden repetirse por parte de nadie. Entendemos que la modificación del Código Penal debe ser producto de debate, de la suma de opiniones y del intento de buscar el más amplio consenso.
Asimismo, entendemos que cualquier modificación de las leyes fundamentales ha de nacer de la propia concienciación de la ciudadanía a la hora de abordar temas como éste. En todo caso, esperemos que, entre todos, podamos sacar consecuencias del debate que hoy mantenemos y veamos que el modelo utilizado en su momento, que respetamos y con el que no estamos de acuerdo, no ha sido y no es válido. Por eso, repito, no vamos a apoyar las propuestas del Grupo Parlamentario Popular tanto de veto como de enmiendas presentadas.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Zubia.


El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.
Subo a esta tribuna dispuesto a no utilizar más que un brevísimo período de tiempo --el más breve del que sea capaz--, fundamentalmente porque no quiero que mi intervención dilate ni un solo minuto de más la entrada en vigor de esta proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal. Pero también porque es sobradamente conocida por todas sus señorías la posición que mi grupo parlamentario mantiene respecto de esta iniciativa y, por ende, en relación con la propuesta de veto y las enmiendas --hasta siete-- que conserva vivas para ese trámite el Grupo Parlamentario Popular.


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Es una posición conocida por cuanto que esta proposición de ley trae causa de la introducción en el Código Penal, a últimos del año 2003 --hay que recordarlo--, justamente a finales de la pasada legislatura, de los famosos artículos 506.bis, 521.bis y 576.bis. Esta introducción, como se recordará, contó con el rechazo frontal de mi grupo y del resto de los grupos de esta Cámara --justo es decirlo--, pero que fue realidad, triste realidad, dada la mayoría absoluta --como ha recordado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular-- de que disponía en ese momento el Partido Popular en ambas Cámaras.
Un rechazo frontal el de entonces que nos lleva ahora, en pura y lógica coherencia, a un apoyo total a esta iniciativa, que precisamente lo que hace es suprimir los referidos artículos. Lo dicho para oponernos a su introducción es hoy perfectamente válido para justificar la oposición a un veto que pretende, sencillamente, mantener vigentes los artículos que ahora se trata de suprimir.
Dijimos entonces, y hoy reiteramos con más fuerza si cabe, que con la introducción de los tipos penales que ahora van a suprimirse se incumplía el principio penal básico de generalidad, ya que resultaba evidente --lo ha recordado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista-- que lo eran para caso y destinatario concretos --no hace falta que cite las personas en cuestión-. También dijimos que igualmente se incumplían tanto el principio de intervención mínima del Derecho penal como el principio de proporcionalidad de las penas.
Dijimos entonces, y hoy también lo reiteramos, que responder a una propuesta política por la vía del Código Penal, además de equivocado e inútil, como lo ha demostrado el tiempo transcurrido, era la mejor demostración del fracaso de la política misma, que las penalizaciones contempladas vulneraban los derechos constitucionales de libertad de pensamiento, de expresión y de participación política, y que estábamos ante una reforma que nos colocaba frente a una auténtica y objetiva situación de excepción; ante una reforma que quedaba apenas a un paso de tipificar directamente el pensamiento político; en suma, ante una reforma contra la democracia misma. Y dijimos entonces, y hoy también queremos reiterarlo, que, en definitiva, aquello era una barbaridad, amén de una torpeza, que veían acompañadas, además --y también es bueno recordarlo--, de un clamoroso abuso de procedimiento dada su introducción vía enmienda en el Senado y en lo que era un proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de arbitraje. Es tanta barbaridad, señorías del PP, como si hoy procediéramos a la supresión de estos artículos del Código Penal introduciendo una enmienda en la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina, cuestión que vamos a debatir seguidamente en esta Cámara. Pero hacerlo hubiera sido perfectamente válido siguiendo su argumentación de hace tan sólo año y medio.
Lo cierto es que, pese a todo y contra todos, ustedes, señores del Grupo Parlamentario Popular, se empeñaron en hacerlo. Lo hicieron en solitario pero, como tenían los votos suficientes para ello, lo sacaron adelante.
Hoy se mantienen, también en solitario, en su apuesta y en solitario se oponen a su supresión. Y lo que es peor, pretenden introducir de rondón en su enmienda número 6, además de una nueva redacción del artículo 506 bis, un nuevo artículo 509 bis, que es la demostración más evidente del mantenella y no enmendalla y, además, aumentalla. Sin comentarios.
Hoy, afortunadamente y a diferencia de entonces, no tienen los votos necesarios para sacar adelante su veto e impedir que las Cámaras aprueben esta proposición de ley que va a devolver las aguas del Código Penal a su cauce. Hoy, por fin, pasaremos página a un triste episodio de la vida parlamentaria más reciente. Es verdad que ha habido que esperar año y medio, pero por fin ha llegado el día.
Sinceramente, y no quiero ocultarlo, a mi grupo le habría gustado que esta tramitación parlamentaria no hubiese sido tan larga en el tiempo, en definitiva que se hubiera agilizado, pues los seis meses y medio que han transcurrido desde el debate de toma en consideración de la proposición de ley originaria en el Congreso de los Diputados se nos antoja un poco mucho para aprobar una iniciativa de artículo único con una redacción tan simple como la de quedan suprimidos los artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis del Código Penal. Tiempo de tramitación, además, que en nada se parece al que necesitó el Grupo Parlamentario Popular para la introducción de aquellos artículos, ya que le bastaron tan sólo 18 días.
En cualquier caso, señorías, no es momento de reproches. Es momento de satisfacción por dar término a una tramitación parlamentaria que va a poner fin a la vigencia de unos artículos que nunca debieron formar parte de un Código Penal que algunos han dado en llamar el Código Penal de la democracia.
Termino, señor presidente, señalando que mi grupo parlamentario votará en contra de la propuesta de veto y de todas y cada una de las siete enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Evidentemente, en coherencia con ello, votará a favor del texto de la proposición de ley, es decir de la supresión de los mencionados artículos del Código Penal.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.


El señor BOFILL ABELLÓ (El señor Bofill Abelló pronuncia palabras en catalán, que se reproducen según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones.): «Gràcies, senyor president. Senyores, senyors, en el rerefons del debat que avui ens ocupa hi ha dues qüestions polítiques fonamentals. En primer lloc, les discrepàncies polítiques sÆhan de resoldre per la via del diàleg i lÆacord democràtic o per la via repressiva pena? En segon lloc, els pobles, com el català o el basc, han de tenir la possibilitat dÆexpressar lliurement la seva opinió, la seva voluntat, sobre allò que els afecta, sobre allò que els seus representants democràticament elegits vulguin consultarlos?» En el trasfondo del debate que hoy nos ocupa hay dos cuestiones políticas fundamentales. En primer lugar, ¿las

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discrepancias políticas se han de resolver por la vía del diálogo y el acuerdo democrático o por la vía represiva penal? En segundo lugar, ¿los pueblos, como el catalán o el vasco, han de tener la posibilidad de expresar libremente su opinión y su voluntad sobre aquello que les afecta, sobre aquello que sus representantes democráticamente elegidos quieran consultarles? Antes de entrar en ello, es bueno recordar que con el debate hoy abierto sobre la modificación del Código Penal para suprimir unos artículos introducidos en la pasada legislatura sin respetar los mínimos procedimientos democráticos, vulnerando la Constitución, forzando el Reglamento de esta Cámara y abusando de una mayoría absoluta, se está en cierta medida desagraviando a las Cortes Generales. Basta recordar que estos nuevos artículos del Código Penal se introdujeron, como se ha dicho anteriormente, subrepticiamente y vulnerando el derecho de los senadores a presentar enmiendas, al tramitarlos como enmiendas a la ley orgánica complementaria de la Ley de Arbitraje; es decir, como decía en el debate de entonces nuestro portavoz Isidre Molas, como enmiendas de la primera ley que encontraron a mano en mitad de la tramitación. Es un atropello innecesario al Senado, decía una persona tan cualificada jurídicamente y tan ponderada como el actual vicepresidente de esta Cámara, que continuaba en su argumentación afirmando que la tramitación como enmienda de esta iniciativa legislativa constituye un fraude a la Constitución. No se trata hoy de reproducir el debate que se dio en esta Cámara, pero sí que es necesario ver el contraste, ver cómo hoy sí que podemos debatir por los cauces adecuados lo que entonces simplemente se impuso por una mayoría automática.
Los ciudadanos no querían ese modo de gobernar sin debate, sin diálogo, sin respeto a las formas, sin respeto a las opiniones diferentes, sin respeto a la diversidad. La mayoría de ciudadanos y ciudadanas del Estado --y aún más si cabe los de Cataluña-- no querían ese modo de gobernar, con talante, sí, pero con talante prepotente, y lo dijeron bien claro no sólo en la calle, sino allí donde es definitivo en democracia: en las urnas. Dijeron bien claro que querían un cambio de rumbo y de talante.
Los resultados electorales son los que son y hoy constatamos con satisfacción que compartimos la política de regeneración democrática que figuraba en nuestro programa con todos los grupos del arco parlamentario excepto todavía con el PP, y digo todavía porque no excluimos que finalmente abandone la crispación y se sume a una política de diálogo. Y es que ha sido la política de diálogo democrático, de acuerdo con los resultados electorales de elecciones en que todas las propuestas se puedan expresar y someter a sufragio democrático, ha sido esta política la que ha dado los mejores logros para el conjunto durante los últimos 30 años.
Hoy vamos a derogar dos medidas legislativas que introducían el delito político en nuestro ordenamiento democrático dentro de lo que, desde nuestro punto de vista, se venía configurando durante la anterior legislatura como una auténtica legislación de excepción. La financiación de actividades de una organización disuelta o de los que han sido miembros de una organización disuelta --que no es lo mismo que una organización terrorista-- es un acto político que no debe sancionarse por la vía penal; es un acto político y/o administrativo según los casos, cuyo carácter legal o ilegal por otra parte dependerá principalmente de la naturaleza de las actividades financiadas y no de los antecedentes de los demandantes de la ayuda o subvención, y menos aún de su ideología política.
La convocatoria de un referéndum es un acto político aunque la convocatoria pudiera ser ilegal porque no se siguieran los cauces previstos en la legislación vigente para hacerlo, y esa posible ilegalidad se podría resolver por la vía del diálogo político entre el poder autonómico o local convocante y el Gobierno del Estado, y si se considerare necesario se podría dirimir dentro del Estado de Derecho como un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional o se podría suspender la convocatoria por la vía contencioso-administrativa, por ejemplo. Es decir, que hay cauces --como ya se ha dicho anteriormente-- en un Estado democrático para resolver los conflictos políticos sin necesidad de crear una legislación penal de excepción de carácter político.
Cuando nos situamos en esta vía de enfrentamiento radical entre poderes igualmente legítimos la democracia está fracasando. Vincular la convocatoria de un referéndum, de una consulta popular, aunque sea tangencialmente, con el terrorismo es una auténtica barbaridad. Se podrá considerar oportuno políticamente o no, se podrá considerar que la competencia de convocarlo es de una u otra administración o representante del poder democrático, pero oponerse de plano a una consulta y calificarla de delito merecedor de pena de cárcel es una barbaridad, desde el punto de vista democrático es un paso hacia el autoritarismo.
El Estado de Derecho más que limitar y prohibir la expresión democrática de los ciudadanos debería preocuparse sobre todo de garantizar que se den las condiciones para esa expresión democrática de los ciudadanos, como lo hace cada vez que se convocan elecciones sean éstas locales, autonómicas o generales. Pero la convocatoria de una consulta o un referéndum, el ámbito de esa consulta, su carácter, es una decisión política que en caso de conflicto de competencias debe resolverse por los canales previstos y en primer lugar por la vía del diálogo político y la búsqueda de puntos de encuentro que permitan finalmente que se logre el principal objetivo de la democracia, que no es otro que los ciudadanos puedan hacer oír su voz y decidir el rumbo de su país y sus instituciones. Porque en el fondo --como decíamos al empezar-- ésta es la cuestión: quién decide qué.
Nosotros creemos que en lugar de prohibir lo que hay que hacer es regular, posibilitar la convocatoria de referendos y consultas populares que pueden ser un buen instrumento para el ejercicio de la democracia también en los municipios y comunidades autónomas.
Desde Cataluña, no sólo no renunciamos a ese importante instrumento democrático, sino que en los trabajos de la ponencia redactora de la propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña, que ya ha finalizado un primer redactado, se contempla expresamente, y cito textualmente, la transferencia

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a la Generalitat mediante el artículo 150.2 de la Constitución la competencia del Estado sobre la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. (El señor Bofill Abelló pronuncia palabras en catalán, que se reproducen según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones») «És evident doncs que votarem en contra del veto i de les esmenes del Grup Popular i a favor de la supressió dÆaquests articles del Codi Penal que no hi haurien dÆhaver figurat mai.» Decía que es evidente, pues, que votaremos en contra del veto y de las enmiendas del Grupo Popular y a favor de la supresión de esos artículos del Código Penal, en el cual no deberían haber figurado nunca.
Antes de terminar quisiera dirigirme a los senadores del Grupo Popular.
Señorías, no teman la democracia; no teman la decisión democrática de los pueblos; no teman que los ciudadanos se expresen en su diversidad; no teman la libre expresión y decisión de naciones como Cataluña. Dejen de estar crispados, porque no va a pasar nada; antes al contrario: encontraremos --de hecho ya estamos encontrando y construyendo-- nuevas y mejores formas de convivencia.
«Moltes gràcies, senyories, senyor president.» Muchas gracias.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Díaz Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente.
Señorías, si hubiera que caracterizar de alguna forma este debate yo diría que es un debate de manual por ser un ejemplo de cómo no hay que hacer las cosas. Daría la impresión de que se estuviera obteniendo algún tipo de comisión de los psicoterapeutas de todos los pueblos de España si fomentásemos la angustia y el nerviosismo de obligar a todos los operadores jurídicos a que permanentemente tuvieran que analizar todo tipo de leyes para saber lo que indican sus disposiciones transitorias o finales. ¿Se imaginan que hubiera que estudiar la ley de trasplante de órganos para averiguar si en alguna de sus disposiciones transitorias o finales se modifican los arrendamientos rústicos o urbanos? Pues en este caso, con la modificación, no sólo de un artículo, el 8, sino de una letra, la g), de la ley de arbitraje privado, sin exposición de motivos alguna, se introducen tres artículos: el 506 bis, el 521 bis y el 576 bis, dictándose con nombre y apellidos cuál es su destino.
Se podría hacer un esfuerzo por encontrar alguna suerte de atenuante y que se pudiera decir que existe una situación especialmente grave y que hay que hacer las cosas con cierta alevosía, con cierta nocturnidad, y sin ninguna premeditación, para introducir, de rondón, de matute, alguna disposición. Y así, podríamos pensar que en diciembre de 2003 vivíamos alguna suerte de crisis, aunque yo la desconocía. Pero es que ahora, a fecha 25 de mayo de 2005, lo grave no son sólo esos tres tipos: los artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis, sino que se plantea un artículo 509 bis; y si el artículo 576 bis tenía un apellido concreto: Ibarretxe, este artículo 509 bis tiene otro: Atutxa.
Yo tenía conocimiento de que había un cierto urbanismo a la carta según el cual se recalifican o reclasifican terrenos en función del nombre y apellidos del operador. Pero no tenía conocimiento de que hubiese un Derecho Penal a la carta, «ad hominem, intuitu personae», es decir, un tipo penal expreso en función de la persona. Hablando en términos metodológicos, creo que ese no ha sido un modelo, o más bien que ha sido el antimodelo de cómo hacer las cosas.
En la actualidad a mí esto de trabajar en el Senado me gusta porque aprendo un montón de cosas, de materias que no tienen nada que ver con mi oficio y quien tiene curiosidad, estudia y aprende. Pero teniendo conocimiento de que en el ámbito del derecho público hay propuestas de rehuir, lo que algún autor, como don Ramón Parada, llama la desbandada del Derecho Administrativo, las fórmulas de control para agarrarse a fórmulas técnicas, en el ámbito del Derecho del Trabajo se trata de rehuir técnicas del Derecho de Trabajo y Seguridad Social para buscar fórmulas mercantiles que también rehúyen controles.
Pero en este ámbito penal hay un debate de fondo hoy en todas las sociedades modernas entre el Derecho Penal clásico y el Derecho Penal moderno. En el Derecho Penal clásico estamos más acostumbrados a trabajar sobre la figura del bandolero, de la propiedad, de las lesiones individuales. Ahora se plantean debates en torno a la criminalidad organizada, a la criminalidad contaminante, a la criminalidad de género y a veces las fórmulas del Derecho Penal clásico son insuficientes en el Derecho Penal moderno. Pero en cualquiera de los casos reajustar las categorías a la sociedad moderna con nuevos ataques tiene que ser manteniendo las conquistas que han hecho posible que el Derecho Penal sea la última ratio, es decir, la última posibilidad de respuesta de la sociedad democrática ante determinados ataques no a cualquier bien jurídico, sino a los bienes jurídicos fundamentales y no cualquier ataque al bien jurídico fundamental, sino sólo algunos ataques a esos bienes jurídicos fundamentales.
Si se hace un esfuerzo, la mayor parte de los tipos penales van dirigidos a proteger los derechos fundamentales y otros derechos no fundamentales que están en la Constitución, sobre todo los artículos del 14 al 29, con la inclusión del 30, del Capítulo Segundo, Sección 1ª, Título I. Y sobre ese conjunto de derechos, ya son muchos los autores clásicos que plantean que usemos el Derecho Penal como la última ratio, y nunca como la primera. Esto es una conquista del Derecho Penal clásico,y se puede citar a múltiples autores al respecto, incluso a un clásico alemán, Roxin, que decía que no sólo teníamos que utilizar el Derecho Penal como un mecanismo de protección subsidiaria a otras ramas del ordenamiento jurídico, sino utilizar las técnicas del Derecho para defendernos del Derecho Penal.
Hago mías las palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, mi compañero Joan Lerma, que planteaba que primero hay otras instancias, hay otras ramas del ordenamiento jurídico --el Derecho Administrativo, el Derecho Constitucional-- y como última ratio, de forma subsidiaria, el Derecho Penal.
Se trata de impedir la hipertrofia cuantitativa, la hipertrofia cualitativa del Derecho Penal. Si hay dificultades

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para que el Derecho Penal clásico se ajuste a los retos y desafíos de la sociedad moderna, ajustémonos, afilemos los lápices, pero no perdiendo las conquistas que durante siglos han acumulado tantos y tantos juristas, tantos y tantos demócratas no sólo para reconducir el Derecho Penal a lo que debe ser el Derecho Penal, la última ratio nunca la primera, sino en ocasiones para defendernos del Derecho Penal, como planteaba Roxin.
Me parece que el uso del Derecho Penal como un instrumento de dirección política o como un instrumento de dirección social es pervertir el Derecho Penal, es pervertir conquistas jurídicas históricas, conquistas humanitarias históricas, conquistas procesales históricas, conquistas penales históricas. No sirve en términos jurídicos, no sirve en términos penales y, por último, tampoco sirve en términos políticos. En última instancia, es mucho más útil, es mucho más eficaz la proporcionalidad, la ponderación y plantearse que en cada momento los asuntos de naturaleza política tienen una respuesta política. Decía Norberto Bobbio que una de las crisis de la democracia representativa no es tanto porque fuera democrática, sino porque era insuficientemente representativa. Pues esto es lo mismo. Algunos problemas políticos no se abordan con menos políticas, se abordan con más políticas, con mejor política, con más inteligente política y con más eficaz política.
No al uso del Derecho Penal como un uso funcional, simbólico.
Restrinjámonos a lo que debe ser el Derecho Penal, hagamos posible que tantos ilícitos administrativos y tantos ilícitos constitucionales tengan respuesta administrativa y constitucional, pero no vayamos a un Derecho Penal a la carta, a un Derecho Penal «ad hóminem», porque es malo para el respeto que le debemos a la herencia jurídica y democrática de nuestros ascendientes y no es bueno para que se sientan orgullosos de nosotros nuestros descendientes en términos democráticos y en términos jurídicos.
Me parece, sinceramente, que ha sido un modelo de cómo no hacer las cosas en términos del cómo; ha sido un modelo de lo que no se debe hacer en términos del qué. Lo mejor que podíamos hacer es hablar lo menos posible sobre esto, recuperar el prestigio y la honra de este Senado, perdidos al haber metido de forma alevosa y con nocturnidad, sin premeditación, estos tres tipos penales, y planteémosnos que el Código Penal está para los asuntos criminales, no para los asuntos políticos.
Muchas gracias, señor presidente, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Ferrández.


El señor FERRÁNDEZ OTAÑO: Gracias, presidente, señorías.
Voy a tratar de contestarles de manera global y no individualizada a cada uno de los portavoces, porque entiendo que muchos de los planteamientos que se han formulado son comunes y, por lo tanto, lo razonable es que hagamos referencia a los planteamientos que aquí se han debatido.
Comenzaré por la cuestión de las formas, de cómo se tramitó esta ley, cuestión a la que han hecho referencia tanto el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos como Entesa Catalana de Progrés, como el segundo portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. El primero, obviamente, puesto que estuvo en el debate en el que se sustanció la reforma del Código Penal en su día, conoce exactamente la posición respecto a cómo se tramitó y las formas. El señor Díaz Tejera no estaba y, como es obvio, no pudo saber cómo se produjo ese debate, pero se lo voy a recordar.
Da la casualidad de que las formas con las que se aprobó este asunto que tan cuestionado ha sido por usted --ha hablado de alevosía, premeditación, etcétera--, en primer lugar, contaban con todos los informes de los letrados de esta Cámara, que decían que el modo en el que se tramitaban nuestras enmiendas era perfectamente legítimo y legal, y que, por lo tanto, no existía ningún tipo de ilegalidad en los planteamientos que hacían. Pero es que esa posición de los letrados de esta Cámara estaba avalada, como ya se dijo en su día, por el Tribunal Constitucional en la sentencia 17/1981, de 1 de junio, en la 99/1987 y en la 194/2000, que establecen que el Senado no tiene la capacidad de enmienda diferente o disminuida de la que el Reglamento y la Constitución atribuyen a esta Cámara, y esa capacidad plena deriva de un principio general que es la plena capacidad legislativa de esta Cámara, del mismo modo que dichas sentencias establecen que ni por su objeto ni por su contenido existe límite alguno a la facultad que los miembros de las cámaras tienen para presentar enmiendas, por lo que, con la misma rotundidad que sus señorías han afirmado todo lo contrario, yo afirmo que esta Cámara tiene absoluta capacidad de enmienda de todos los senadores, y que no tiene más límite que los que se establecen en la Constitución y en el Reglamento.
Al señor Díaz Tejera le hace mucha gracia eso de los órganos y de que hablemos de que tenemos que ir a no sé qué ley, etcétera. Pero es que en esta Cámara, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, se han tramitado durante muchísimo tiempo esas cosas que a usted le hacen tanta gracia. El Grupo Parlamentario Popular no ha sido el primero que, a través de una enmienda a una ley, ha modificado otra que, en principio, no tenía nada que ver con la que se estaba debatiendo. El Grupo Parlamentario Popular no ha sido el primero. El Grupo Parlamentario Socialista, durante muchos años en los que gobernaba --hace ya tiempo, por cierto-- utilizaba esta práctica habitualmente, y le voy a decir cuándo.
En la V Legislatura, con la Ley 9/1996, por la que se adoptaban medidas extraordinarias o excepcionales y urgentes en materia de abastecimientos hidráulicos, modificó la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; obviamente porque tiene mucho que ver. Pero es que también cuando se tramitaba la Ley 19/1992, de 7 de julio, por la que se modificaba la Ley 47/1984, Reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una serie de enmiendas que propugnaban la adición de tres artículos y una disposición adicional para regular fondos de titularización hipotecaria; evidentemente

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sin ninguna conexión. A usted le hace mucha gracia eso de que los estudiosos van a tener que ir a la ley de donación de órganos para saber exactamente lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero eso es algo que hemos hecho nosotros como lo hicieron ustedes cuando han gobernado, es una práctica habitual que los letrados de esta Cámara decían que era perfectamente legal y algo que compartía el Tribunal Constitucional. Así pues, lo de la ilegalidad lo vamos a dejar.
Pero es que, además, da la casualidad de que ustedes precisamente tienen en esta legislatura el ejemplo más emocionante de cómo se debe tramitar una ley orgánica. Me estoy refiriendo a cuando el senador Badia decía que las leyes orgánicas hay que consensuarlas, y supongo que se refería a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En la tramitación de esa ley el Grupo Parlamentario Socialista, que perdió una votación en el Congreso, optó por la genial idea de decir que esa misma ley se iba a debatir la siguiente semana, una práctica que por lo visto debe ser habitual, pues el señor Moratinos ya les ha aconsejado a los franceses que como han perdido el referéndum, vuelvan a repetirlo hasta que lo ganen.
Y eso es precisamente lo que ustedes querían hacer con la Ley Orgánica del Poder Judicial, repetir la votación la semana siguiente sin modificar absolutamente nada. Pero como obviamente alguien les dijo que eso era un despropósito demasiado grande, tuvieron la genial idea de convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros a la luz de una tarde de domingo, tras lo cual se aprueba por segunda vez el mismo proyecto sin modificar ni una sola coma y se traslada al Consejo General del Poder Judicial. Acto seguido, y sin esperar a que éste emitiera su informe, pues obviamente no es cuestión de que el órgano rector de los jueces opine sobre temas que arruinan su independencia --obviamente no era necesario el informe del Consejo General del Poder Judicial--, lo remiten a las Cortes, donde lo votan sin publicarlo previamente. ¡Ole! Pero ahí no queda la cosa, sino que, como esto no les parecía suficiente, cuando el proyecto viene al Senado se tramita en lectura única, con lo que el Grupo Parlamentario Popular no puede presentar ninguna enmienda, algo que contradice lo que ustedes venían afirmando anteriormente respecto de que el derecho de enmienda es un instrumento esencial de integración en el pluralismo político. Pero ustedes entendieron en ese caso que eso no debía ser así.
Señorías, después de lo que les acabo de contar no me den ustedes ni una sola lección de procedimiento, pero ni una, porque en esta legislatura ustedes han sido capaces de llevar a cabo el procedimiento legislativo más irregular, espurio y desleal de toda la historia parlamentaria española, pero con una particularidad, y es que cuando en su día nosotros tomamos aquella iniciativa... (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.), cuando tomamos la iniciativa de reformar el Código Penal, lo hicimos para hacer frente a algo que opinábamos, y seguimos opinando, que es uno de los mayores desafíos producidos en nuestra historia democrática, que atentaba contra lo más esencial de nuestro Estado de Derecho y que además se producía por parte de una persona manifiestamente incompetente y de forma inconstitucional y antidemocrática, y sin embargo ustedes reformaron la Ley Orgánica del Poder Judicial con la única finalidad de que el Poder Judicial pudiera servir a sus intereses partidistas, no dudando para ello en atacar de forma directa la independencia de los jueces en la mitad del mandato de su órgano rector.
Ésa es la diferencia entre ustedes y nosotros, porque nosotros adoptamos esta decisión para tratar de combatir los ataques de otros grupos políticos respecto de cuestiones que entendemos son de vital importancia para la estabilidad democrática de nuestro país, en tanto que ustedes lo hacían simplemente para controlar el Consejo General del Poder Judicial y durante el mandato del propio órgano rector.
Aquí también se ha hablado de delito político. En su día les expliqué a todos ustedes, y hoy se lo vuelvo a repetir, que aquí únicamente se sanciona con este artículo a la autoridad que sea manifiestamente incompetente, luego si ustedes identifican que el señor Ibarretxe es destinatario de este artículo es que están pensando que éste es manifiestamente incompetente, porque si no lo fuera los jueces no le podrían condenar. Insisto, los jueces sólo le condenarían si fuera manifiestamente incompetente, luego si ustedes están identificando al señor Ibarretxe con este artículo es que saben positivamente que es manifiestamente incompetente para convocar un referéndum. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--El señor Zubia Atxaerandio hace signos negativos.) Y convocar un referéndum en el que se pide la secesión de una parte del territorio español es un ataque directo a la Constitución Española, es un ataque a las reglas del juego que nos dimos en 1978 y es un ataque muy directo a la convivencia ciudadana. Y eso es lo que hicieron ustedes.
Dice el senador Lerma que quién va a pensar que por tres años no va a cometer este delito. Quizá es que a usted le parece que como el delito de rebelión es de son cinco años, no lo cometería, pero éste, que son tres, sí lo podemos cometer, porque eso no tiene nada que ver. ¡A mí no me diga bobadas! ¡No me diga cosas raras! Porque es que usted está diciendo cosas muy raras.
Evidentemente, ha dejado patente que conoce poco los temas jurídicos, pero comprenderá que no se puede justificar que no se tipifique un delito por el hecho de que la pena sea sólo de tres años. Y ¿el delito de rebelión, cuya pena es de cinco años, sí le tipificamos? ¡Claro, es que al que se quiere rebelar, esos cinco años le atan, le dejan constreñido! También han dicho ustedes que estábamos solos. Yo les iba a decir una cosa, pero me la voy a callar, aunque ya saben ustedes cuál es. (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) En relación con esta cuestión...


El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio, por favor.


El señor FERRÁNDEZ OTAÑO: Me voy a dirigir al Grupo Parlamentario Socialista. Es la primera vez que en estas cuestiones nosotros estamos solos, porque hasta ahora siempre habíamos estado con ustedes, o ustedes habían

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estado con nosotros (Rumores.); siempre hasta ahora. Y les quiero decir una cosa más: los partidos políticos nacionalistas, independentistas, que son los que propugnan la derogación de estos artículos, y son quienes les presionan a ustedes --que están en minoría en el Gobierno-- para poder derogar estos artículos, estas minorías han dicho siempre exactamente lo mismo que hoy aquí sobre todas las reformas en las que hemos ido juntos. Cuando se aprobó la ley de partidos dijeron lo mismo, pero nos lo dijeron a los dos. Cuando se aprobaron las modificaciones del Código Penal para luchar contra la violencia callejera, nos dijeron exactamente lo mismo, pero estábamos juntos en eso. Ustedes, voluntariamente, han decidido apartarse del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-- Protestas en los escaños del resto de la Cámara.); han decidido voluntariamente apartarse de cuantos pactos habíamos firmado, en aras de luchar siempre contra el terrorismo. Y ustedes lo han hecho voluntariamente, única y exclusivamente, porque necesitan sus votos para gobernar; (Rumores.), únicamente por eso. Porque no me dirán ustedes que no es una conducta que debe ser tipificada como delictiva que un presidente de un parlamento autonómico subvencione a un partido que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Supremo, no se cumpla esa sentencia, se siga financiando a ese partido con fondos públicos en el parlamento (Fuertes rumores y protestas.--Una señora senadora: ¡Eso es falso!), y que ese partido utilice el dinero de esos fondos, entre otras cosas, para pagar la fianza del señor Otegi y que salga de la cárcel después de haber sido procesado por el Tribunal Supremo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Fuertes rumores y protestas en el resto de la Cámara.) Para eso vale, entre otras cosas...


El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio, por favor.
El señor FERRÁNDEZ OTAÑO: ... que el presidente del Parlamento Vasco subvencione a un partido político ilegalizado (Una señora senadora: ¡Qué barbaridad!) y ustedes no han hecho nada al respecto.


El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.


El señor FERRÁNDEZ OTAÑO: A pesar de que ese delito estaba tipificado, a pesar de que el señor Lerma ha dicho que hay catorce mil artículos en el Código Penal que pueden condenar esta conducta, esto se ha estado haciendo y aquí nadie ha condenado a nadie. El Fiscal General del Estado, que yo sepa, no ha condenado absolutamente a nadie por subvencionar a un partido político ilegalizado con fondos públicos. No ha condenado a nadie; ni siquiera ha procesado a nadie ni ha hecho ninguna actuación al respecto. Luego, no será tan fácil encontrar un tipo penal en el Código Penal para condenar a una persona que está subvencionando, con fondos públicos, a un partido declarado ilegal, que utiliza esos fondos para sacar de la cárcel a un señor que ha sido procesado por el Tribunal Supremo o por la Audiencia Nacional como perteneciente a banda armada, y que además se le declara dirigente de la misma. Resulta que a esa persona se le ha pagado la fianza --al menos es lo que suponemos, porque ustedes no lo investigan-- con el dinero que ha recibido de los fondos públicos del Parlamento Vasco. (Rumores.) Eso es lo que se hace con el dinero, y ésa es la tipificación que ustedes no quieren reconocer.
(Rumores.--Varios señores senadores pronuncian palabra que no se perciben.) El señor Lerma decía en su intervención que las cosas han cambiado, que ya se ha reanudado el diálogo, y que la situación es bien distinta; tan distinta, que el lehendakari, el día 1 de febrero, dijo: «Pase lo que pase hoy en esta Cámara, se vote lo que se vote en esta Cámara, no será ni el comienzo ni el final de un camino que no tiene vuelta atrás, y que terminará en un momento determinado con una consulta democrática a la sociedad vasca.» Ése es el fruto del diálogo que ustedes han conseguido: que el lehendakari del Gobierno Vasco no atienda a las resoluciones del Congreso de los Diputados porque a él lo único que le importa es lo que le diga el pueblo vasco. (Rumores y protestas.) Esa conducta debe ser tipificada, porque pone en serio peligro la convivencia ciudadana.
Y les digo más. Resulta que Esquerra Republicana de Catalunya (Protestas.), que también en su momento argumentó... (Fuertes protestas y rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor FERRÁNDEZ OTAÑO: Esquerra Republicana de Catalunya, que en su momento también argumentó al respecto de la conveniencia o no de que estuviera incluida en el Código Penal esta conducta, en el año 1995, y por boca de su portavoz en el Congreso de los Diputados, dijo: Evidentemente, nosotros queremos recordar desde Esquerra Republicana que nuestro objetivo democrático, que nuestro objetivo final es precisamente que el Parlamento catalán, por mayoría absoluta, ejerza algún día el derecho de autodeterminación y declare a Cataluña como un Estado independiente. Y concluyó afirmando que intentarían llevar a cabo esa independencia a través de esos actos ahora que el Código Penal no penaliza.
Evidentemente, para Esquerra Republicana de Catalunya el hecho de que esta conducta no esté tipificada penalmente es algo bueno para conseguir sus objetivos, que son la independencia --que yo respeto--, pero eso no es lo que debe opinar el partido que está en el Gobierno, que tiene que tratar por todos los medios de garantizar la unidad de España, de garantizar la Constitución y de garantizar todos los derechos de los ciudadanos, algo que ustedes no han hecho única y exclusivamente por mantenerse en el poder, que es lo único que les preocupa, aunque para ello tengan que ceder a las presiones de los independentistas, secesionistas y nacionalistas que les están apretando a ustedes en todo momento. (Fuertes y prolongadas protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-- Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular) Nada más y muchas gracias. (Rumores.--El señor Lerma Blasco pide la palabra.)

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señorías, ruego guarden silencio. Señor Lerma, entiendo que me pide la palabra en virtud del artículo 87. (Rumores.) Señorías, guarden silencio.


El señor LERMA BLASCO: Señor presidente, no intervengo evidentemente para abrir el debate, que no debería haberse abierto en la intervención del Grupo Parlamentario Popular, que tenía la palabra para fijar su posición y no para contestar a los otros grupos, aunque que no es más que una muestra de su forma de ser y de su comportamiento habitual, que es el de no entender el Estado de Derecho. (Rumores.) Ésta es la situación que se viene planteando habitualmente cada vez que se produce la intervención del Grupo Parlamentario Popular, y es que ignora que hay división de poderes en el Estado y no sabe a quién le corresponde cada cual. Por eso hace las intervenciones que hace y por eso él mismo se excluye de este proyecto común de convivencia que todos estamos intentando organizar.
Nada más y gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--El señor Bonet i Revés pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Senador Bonet, entiendo que es por el mismo artículo.
Tiene la palabra su señoría.


El señor BONET I REVÉS: Sí, señor presidente. No acostumbro a hacer uso de la palabra cuando repetida y constantemente se hacen alusiones a un partido político y se hacen, además, como si fuera un partido estigmatizado, un partido sujeto a una especie pogrom. Esquerra Republicana es un partido democrático, tan democrático como el PP y esto lo quiero recalcar.
Para finalizar, debo señalar que considero que ha sido a una auténtica verborrea a lo que hemos asistido aquí y, por lo tanto, no quiero entrar a valorar las sandeces que se han dicho. (Aplausos y protestas.--El señor Ferrández Otaño pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señorías, ruego guarden silencio. Tiene la palabra su señoría.


El señor FERRÁNDEZ OTAÑO: Comenzaré por contestar al portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya diciéndole que no voy a hacer aprecio de lo que dice, porque usted no lo merece. (Fuertes protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.


El señor FERRÁNDEZ OTAÑO: Porque no ofende quien quiere sino quien puede y usted, evidentemente, no puede. (Fuertes protestas y rumores.) Bastante ofendió el dirigente de su partido, señor Rovira, don Carod, cuando fue a negociar con ETA que se matara al resto de los españoles menos a los catalanes. Eso sí que es una ofensa. ¿Comprende usted? Eso sí que es una ofensa. (Aplausos y protestas.) Por lo tanto, no voy a contestar a lo que usted ha manifestado.
Respecto a la intervención del senador Lerma, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, debo decirle que el Partido Popular no se ha quedado solo en esta aventura, quienes se han quedado solos han sido ustedes; quienes promueven la derogación de estos artículos son ustedes; quienes no ilegalizan al Partido Comunista de las Tierras Vascas son ustedes; quienes adoptan un acuerdo en el Parlamento español, en las Cortes, para negociar con la banda terrorista ETA son ustedes. (Fuertes y prolongadas protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.


El señor FERRÁNDEZ OTAÑO: Señorías, comprendo que les moleste que les diga las cosas, pero es que da la casualidad de que el fin de semana pasado hubo un millón de personas... (Fuertes rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio. Termine, señor Ferrández.
No voy a dar más turnos de palabra.


El señor FERRÁNDEZ OTAÑO: Resulta que este fin de semana ha habido un millón de personas aquí en Madrid que les han dicho a ustedes que lo que están haciendo está mal (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.), y las personas que se lo decían no eran cualquiera, sino las víctimas del terrorismo, aquellos contra los que ustedes van con las decisiones que están adoptando últimamente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Fuertes protestas en los del Grupo parlamentario Socialista.--Varios señores senadores pronuncian palabras que no se perciben.) El señor Boneti Revés pide la palabra.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Llamen a votación. (Rumores.) Señorías, las posiciones han quedado claras durante todo el debate.
Además, en el debate de las enmiendas van a tener la oportunidad de manifestar lo que entiendan que tienen que decir.
Por tanto, llamen a votación.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 232; a favor, 106; en contra, 126.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado al veto.
Pasamos al debate de las enmiendas.
En primer lugar, para la defensa de las enmiendas números 1 a 7, tiene la palabra el senador Gutiérrez. (Rumores.)

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Señorías, ruego guarden silencio o salgan del hemiciclo.
Espere un momento, señoría. Hasta que no se guarde silencio no vamos a empezar.


El señor GUTIÉRREZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Iniciamos ahora el trámite de enmiendas. Después del debate de la propuesta de veto, creo que debemos descender a lo que técnicamente puede representar esta ley y las consecuencias jurídicas que conlleva.
Antes de entrar en el fondo de la cuestión, quiero felicitarme por algo que han mantenido en su discurso los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista y que muestra una clara contradicción con los demás grupos parlamentarios. Porque el Grupo Parlamentario Socialista --y después lo debatiremos--... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Gutiérrez.
Señorías, por favor, guarden silencio. Apenas se oye a quien está en el uso de la palabra. Quien no quiera escuchar porque tenga otras cosas más interesantes de las que hablar, que salga del hemiciclo.
Continúe, señoría.


El señor GUTIÉRREZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Decía que el Grupo Parlamentario Socialista, y así lo han reiterado el senador Lerma y el senador Díez, está de acuerdo con que las conductas a las que ahora nos referiremos tienen un reproche penal, y este reproche penal está consolidado en el contexto del Código Penal; esté donde esté, en un artículo o en otro, de forma confusa o de forma oscura, pero está en el Código Penal. Y en eso, a priori, coincidimos. Después veremos si es o no necesaria la reforma; nosotros opinamos que la del año 2003 sí y ésta no, y ustedes pueden opinar lo contrario, pero yo me congratulo de que en esto estemos de acuerdo. Y esto es algo que no se concita en absoluto con las posiciones del Grupo Parlamentario de Entesa, que mantiene que es un delito político. Si es un delito político --y algún sector de la doctrina también lo mantuvo--, ¿quiere ello decir que el Grupo Parlamentario Socialista ampara el delito político por cuanto la conducta tiene un reproche penal? Existe una contradicción muy clara --como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular-- en las intenciones de la reforma, que creo que no son las mismas en el Partido Socialista que en los demás partidos que le dan su apoyo en las Cortes.
Dicho esto, creo que debemos entrar en el debate de las siete enmiendas que hemos presentado. No voy a entrar en cómo se hizo la reforma del Código Penal del año 2003, pero sí creo que, por lo menos, desde un punto de vista jurídico --y, señor Lerma, así lo quiere manifestar--, debemos explicar las razones de nuestras enmiendas, que no son, en absoluto, tonterías, como aquí se ha querido decir.
Ley por ley. La ley que reformó el Código Penal, del año 2003, es exactamente igual que la ley que reforma ahora la reforma del año 2003, porque lo único que hace es derogar los tres artículos que se formularon en la reforma del año 2003, con una sola diferencia, que ahora se introduce una exposición de motivos --cierto que antes no la había--, y se introduce también otra cuestión a la que después me referiré --y que la introducimos nosotros en las enmiendas-- en relación a la desobediencia. Éstos son los dos ejes que yo quiero formular en esta breve disertación, que intentaré que sea lo más clara y breve posible, porque a estas alturas del debate, poco más podemos aportar.
La reforma del año 2003 intentaba cumplir con dos objetivos. Uno, la individualización del tipo penal, lo cual no quiere decir que nazca un tipo penal, sino que ante la concreción generalista que puede tener el Código Penal, vamos a individualizar un determinado tipo. Y el segundo objetivo, porque así lo manifestamos en su momento en 2003, era un agravamiento de la pena respecto a este tipo penal individualizado frente al tipo generalista. Lo del agravamiento de la pena me interesa mucho menos, porque no es un problema de prisión o no prisión, no es un problema de de 1 a 5 años o de 3 a 5 años, como les decía en el trámite de comisión, sino que de lo que se trata es de si existe o no reproche penal. Y si concebimos que hay un reproche penal, nos podemos poner de acuerdo con la pena, incluso a lo mejor no es de prisión; es un problema conceptual, de si alcanza o no el reproche penal --y parece ser que para ustedes sí lo alcanza.
Pues bien, con el reproche penal en la mano, vamos a ver si existe o no la necesidad, en aras de una buena técnica legislativa --como decía el señor Lerma--, de la individualización frente a la generalización. ¿Por qué necesitamos la individualización? Y permítanme que lo explique en pocas palabras. Necesitamos la individualización para mantener la seguridad jurídica de la aplicación del Código Penal en igualdad a todos los ciudadanos.
Poco podemos decir de la evidencia de que la ley es escrita y sobre todo en términos penales, pero es así porque con la ley escrita se fundamenta la certeza, la objetividad, la estabilidad, la comunicabilidad y sobre todo la impersonalidad; ya no es una persona la que hace la ley, sino un parlamento y, si éste es democrático, obtiene esa legitimación democrática. Por lo tanto, la ley es escrita en aras a una determinada seguridad. Pero la ley que contempla un tipo penal no muestra su eficacia sino cuando la misma va a ser interpretada por los órganos judiciales frente a un supuesto de hecho. Y entonces nos encontramos con la dualidad supuesto de hecho-norma jurídica y ahí es donde no podemos jugar con respecto a la interpretación. Es cierto que admitimos en cualquier tema la posible interpretación del juez en la aplicación de una norma, pero el Código Penal pretendemos que sea lo menos flexible posible. El supuesto de hecho tiene que quedar perfectamente delimitado para que el juez no tenga flexibilidad porque, si la hay, podrá haber arbitrariedad, que no discrecionalidad, y eso, objetivamente y como técnica legislativa, no es bueno y, por eso, vamos a evitarlo.
Además de no ser bueno, resulta que puede infligir dos principios básicos de la democracia y del ordenamiento jurídico: el principio de legalidad y por ende el principio de igualdad. No juguemos en técnica jurídica con la ambigüedad

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porque, si lo hacemos, repito, la interpretación puede ser difusa, y eso nos puede llevar a no respetar la legalidad, pero sobre todo --y ahora me importa más-- el artículo 14 de la Constitución, sobre la igualdad de los españoles ante la ley. Y con esto no se puede jugar.
No es una broma --como decía el señor Lerma-- lo que nosotros hicimos en el año 2003. ¿Que políticamente nuestra posición ha quedado expuesta con el veto, o que la oportunidad legislativa se plasmó con el veto? Perfecto, pero existen razones jurídicas y, si no, vamos a observarlo.
Porque ustedes han dicho, con nosotros, que hay rechazo penal; porque ustedes contemplan otros artículos del Código Penal. Y si hay rechazo penal, evidentemente clarifiquemos aquello que pueda estar oscuro en el Código Penal.
En cuanto al artículo 506 bis --el señor Lerma lo ha dicho--, su precedente es el 506, que tampoco se inventa nada pues es una copia del propio artículo del Código Penal de 1973; la generalidad de una conducta, pero se inscribe en una titulación adecuada: Contra la división de poderes del Estado, y esto sí que es muy importante. Estamos ante una agresión, ante una intromisión de un poder frente al otro. Estamos en una atribución de funciones o una invasión de competencias. Estamos en el título de la división de poderes del Estado. Pero en este tipo generalista de la división de poderes del Estado se califican sus elementos de forma bastante ambigua en el artículo 506. Es una autoridad que quizá no tenga competencias frente a disposiciones generales que puedan dictarse. Necesitamos concretarlo, pero no lo digo yo --que lo digo--, sino que el propio señor Lerma ha dicho anteriormente que para tipificar la conducta del supuesto de hecho en concreto del artículo 506.bis tenemos el artículo 506. Pues, señorías, si tenemos el artículo 506, ¿por qué no especificamos más concretamente el artículo 506 a través del artículo 506 bis, que a lo único que conduce es a una individualización de ese tipo penal? Hagámoslo. ¿Y cómo se hizo en el 2003? Autoridad manifiestamente incompetente --mantenemos elementos subjetivos: manifiestamente incompetente--; evitamos la prevaricación. Ya no entra por el tipo de prevaricación porque --como ustedes saben-- tiene que tener una competencia relativa, y además, eliminamos la imprudencia, exigimos dolo. Por lo tanto, aquel que no conoce que no puede convocar un referéndum e imprudentemente lo hace no cabe en este supuesto. No tiene nada que ver porque se exige una intencionalidad. Por lo tanto, estamos simplificando, pero individualización y concretando la propia conducta en el propio Código Penal. Estamos evitando lo oscuro y lo ambiguo de otros tipos delictivos y estamos dándole al juez las armas suficientes para interpretar igual a todos los españoles, que es lo que ahora nos importa.
Si esto es así, ¿es un delito político? No es un delito político. Si ustedes quieren identificarlo, identifíquenlo con una situación determinada en un momento determinado que puede justificar una oportunidad legislativa, pero no es un delito político en absoluto, sino que implica que cualquier autoridad que, manifiestamente incompetente, convoque consultas electorales o referéndum pueda tener un rechazo penal, que es lo que me importa. Después ustedes y yo podemos discutir la pena, pero es un rechazo penal; y por ende el 506 nos habla de uno a tres años, por lo tanto, el que pueda ser una agravación en los términos de la reforma de 2003 tampoco es nada descabellado.
El artículo 521 es consecuencia del artículo 506, ambos bises. Por lo tanto, no tenemos una referencia distinta. Pero vayamos al artículo 576 bis porque también necesita de muchas aclaraciones. Es un delito que en sí mismo puede plantearse como aquel supuesto de hecho que alguno de ustedes ha calificado fuera de esta Cámara como ese supuesto de hecho imposible, inviable, inimaginable; evidentemente, que lo planteemos inimaginablemente no significa que no pueda suceder, que a lo mejor sucede, y si puede suceder, no dejemos las cosas ambiguas; vayamos a centrarlo. Claro que se puede tipificar la conducta en el amparo del artículo 506 de la propia norma penal --ya que ustedes coinciden con nosotros en que hay un rechazo penal--. Pero si lo concretamos, mejor.
Repito, la pena me da igual. Después discutiríamos la agravación o no de la pena, pero si estamos en el 506, ¿qué daño les hace el artículo 506 bis si la conducta del 506 bis ustedes la incardinan en el artículo 576? Y ésta es una contradicción de su forma de razonar en la técnica propiamente legislativa.
Y es que, además, con esta individualización ganamos mucho, porque la conducta de un funcionario que con dinero público hace llegar unos fondos en términos de colaboración con banda armada la identificamos o la conectamos con algo tan importante como la Ley de Partidos Políticos y la propia disolución de los grupos que puedan estar en el propio entorno de la banda terrorista. Y lo identificamos en la medida en que puede existir una disolución del grupo por estar en el entorno de la banda terrorista --dicho por el Tribunal Supremo al amparo de la ley de partidos-- y es ahí donde instamos un tipo que quizá justifique un agravamiento, y no podrá usted decir que no justifique un agravamiento. Y no identifiquen nada más: autoridad, dinero público, banda armada. Punto. ¿Que con la banda terrorista de ETA sucede? Cierto, pero si otro día sucede con otra banda terrorista por otra autoridad en otro territorio de España, exactamente igual existirá una conducta punible y eso técnicamente no es malo que lo identifiquemos o lo individualicemos del contexto general que ustedes, como yo, están de acuerdo en que podría incardinarse en el tipo penal del artículo 576. Por lo tanto, no es delito político. Pero es que, además, si lo incardinamos con la Ley de Partidos políticos, como se hizo en el año 2003, respondía a una línea de utilización de los instrumentos pertinentes en la lucha antiterrorista. En este caso, en la lucha antiterrorista de ETA o de cualquier otro tipo de banda armada. Si ahora lo derogamos, será un paso atrás, y ese paso atrás no responde muy bien a lo manifestado por el Presidente del Gobierno esta misma mañana en esta Cámara acerca de que se utilizarán todos los instrumentos pertinentes para la lucha antiterrorista. Y si esto se ha de solicitar así, ¿a qué viene que un instrumento, que no es más que la individualización del tipo genérico del artículo 576 de colaboración de banda armada, se elimine precisamente del Código Penal? No es que no se utilice --que es malo-- o, como ha dicho el portavoz señor Ferrández, no es que no se utilice para intentar

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ilegalizar el Partido Comunista de las Tierras Vascas, sino que, además, se deroga del propio Código Penal.
Pero vayamos a la segunda reflexión. Si estamos todos de acuerdo en que hay un reproche penal, en que hay unos tipos, y que lo único que ha buscado el Partido Popular en 2003 ha sido individualizarlo frente a la generalidad que lo contempla --porque ustedes han mantenido que lo contempla--, no podemos concebir la exposición de motivos que se plantea en esta propia ley de contrarreforma de la reforma del año 2003, porque la exposición de motivos dice que los artículos cuya derogación se lleva a cabo por la presente ley se refieren a conductas que no tienen suficiente entidad como para merecer el reproche penal.
Por tanto, ¿tienen o no tienen reproche penal? Porque si tienen reproche penal, al menos dejémoslo como estaba antes de la reforma del año 2003, porque ya sé que tal como estaba puede tener dificultades de encaje en la interpretación por parte del juez del supuesto de hecho, pero a lo mejor encajaba; pero si ahora ustedes afirman en la exposición de motivos que no hay reproche penal, no hay reproche penal. Y actualmente la conducta típica que se plantea en el artículo 576 bis, o en el 506 bis, o en el 521 bis, con esta ley en vigor, no tiene reproche penal. Lo pongamos donde lo pongamos, porque lo dice la propia exposición de motivos. Y después de que esta ley entre en vigor, no busquemos otros tipos penales que ambiguamente puedan interpretarse por parte del juez en unas conductas para obtener un reproche penal. No tiene reproche penal, con lo cual, quizá sea un gol que les han metido las minorías de este Parlamento. Porque, repito, o tiene reproche penal o no tiene reproche penal.
Señorías, créanme, si ustedes consideran que lo que nosotros hicimos fue un error --que yo no lo creo así--, no vayan a corregirlo con otro error, porque error con error es un inmenso error, y, al final, se puede pagar.
Pero si llegamos a este extremo, si pagamos este error, y si destipificamos estos tipos delictivos, insisto, para siempre, porque ya no van a tener ningún tipo de encaje en otro tipo delictivo ya que no tienen reproche penal, por lo menos intentemos introducir el artículo 509 bis. y ¿qué dice el artículo 509 bis? Que como ustedes sostienen --y yo también puedo hacerlo-- que puede haber otros mecanismos administrativos, incluso del Tribunal Constitucional, y que, por supuesto, el Código Penal es lo último si estos mecanismos se utilizan --que yo los utilizaría--, van a terminar en los tribunales contencioso-administrativos, por ejemplo, en el Tribunal Supremo o en el Tribunal Constitucional. Y lo único que ambos tribunales pueden hacer es requerir a las autoridades administrativas para que cesen en una conducta que ahora ya no es penal pero sí irregular administrativamente.
Y cuando el requerimiento se realiza desde un tribunal, judicial o constitucional, y no se acata -- que algún ejemplo hay--, estamos ante la desobediencia. Apliquemos el Código Penal, y entonces nos vamos al artículo de la desobediencia, pero ¿para qué queremos una desobediencia regulada y tipificada de forma oscura o ambigua y por qué no la independizamos, la individualizamos, nace como sección tercera en estos casos concretos, donde yo, legislador, he dicho que ya no hay reproche penal --porque estamos diciendo que no hay reproche penal si digo que hay reproche administrativo-- no se nos hace caso y que los tribunales de Justicia, administrativos o constitucionales puedan requerir para que cese una conducta que va a atentar contra un determinado bien jurídicamente protegido, penal o administrativamente, pero jurídicamente protegido? Ésta es la razón de la enmienda número 6 del Grupo Parlamentario Popular.
Como ya he dicho, señorías, no cometamos un error para intentar salvar otro pero, sobre todo, sepamos cuáles son los objetivos de la contrarreforma planteados por el Grupo Parlamentario Socialista u otros grupos, porque creo que no son los mismos, y, si no lo son, debemos andar con mucho cuidado.
Yo les decía, y con esto termino, que, sobre todo, el artículo 506 es un ataque frontal a la división de poderes. Es una cuestión de legalidad, si quieren ustedes constitucional o administrativa, el referéndum se convoca como se convoca. Y punto. Es una autorización del Congreso de los Diputados, que pertenece a la esfera del Legislativo. Y si el Congreso de los Diputados autoriza, el presidente propone y el rey convoca. Es el Congreso de los Diputados, como digo, y no lo puede hacer ninguna autoridad administrativa. Éste es el fundamento del Estado de Derecho: la división de poderes. Como decía esta mañana el ministro Alonso --el ministro del Interior--, la firmeza del Estado de Derecho se fundamenta en la división de poderes. Andemos con cuidado porque, como ataquemos frontalmente la división de poderes, puede resquebrajarse el Estado de Derecho, para decirlo en palabras del ministro. Si además se puede conseguir la asfixia económica --en la que ustedes y nosotros estamos de acuerdo-- que se le puede producir al entorno de cualquier banda terrorista, jugamos con dos elementos que no son ninguna broma, como decía el señor Lerma. Y como no es ninguna broma, es lo suficientemente serio como para que lo defendamos políticamente, y también técnicamente.
Nada más, y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el senador Díaz Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Señor presidente, señorías, en esta ocasión, para no producir yerro alguno, leo textualmente: Será castigado con las penas de prisión de 5 a 10 años y multa de 18 a 24 meses el que lleve a cabo, recabe o facilite cualquier acto de colaboración con la actividad o con la finalidad de una banda armada, organización o grupo terrorista.
¿Qué quiso decir el legislador punitivo cuando usó la expresión cualquier acto de colaboración? Pues eso ya integra lo que se ha planteado con la propuesta de introducir el nuevo tipo penal del 576 bis. ¿O es que la expresión cualquier acto de colaboración genera algún tipo de distinción o subdivisión? Ninguna; y donde no distinga el legislador, no distinga el jurista; es un borgardo del medievo

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asentadísimo para cualquier operador jurídico medio. Luego si aquí no distingue el legislador punitivo en qué tipo, si establece cualquier acto de colaboración, es evidente que no caben colaboraciones por omisión ni responsabilidad de comisión por omisión; dice cualquier acto de colaboración, y se subsume aquí esa posibilidad.
Podría seguir con el resto de los artículos, planteándome qué otras coberturas técnicas tienen, y, al final, esto sería una exhibición ad nauseam de narcisismo particular; algo así como que cada disciplina tiene su jerga. En el ámbito del Penal también hay una jerga particular; cualquier disciplina jurídica tiene su jerga particular, que sólo conocen los iniciados. Y, cuando estos quieren comunicarse entre sí, usan un lenguaje que sólo ellos van a entender. Pero, claro, no hay tiempo suficiente para entrar en cada uno de los tipos penales. Me refiero a los que estaban inicialmente en la reforma de diciembre de 2003: el 506 bis, el 521 bis y el 576 bis. Todavía no me he metido con el 509 bis, lo que podríamos llamar la reforma Atutxa.
Hay un error conceptual en la expresión de individualización. La individualización se usa en otro estadio: en el momento en que se ve si el comportamiento del sujeto activo se subsume o no en el tipo previsto por el legislador punitivo. Si ese comportamiento por acción o por omisión se subsume en el tipo y hay pruebas suficientes, llegan a la condena. Después se individualiza la pena en función de las circunstancias del individuo. Luego aquí no estamos hablando de individualización del tipo penal; con la propuesta que han hecho, no es cuestión de estar concretando ni individualizando en el Código Penal. La individualización se produce en otro momento. Lo que quiero decir, interpretando su voluntad, es que un tipo abstracto en su criterio lo quiere hacer concreto; y ése es un ánimo loable. Yo le reconozco a usted que es bueno el ánimo de que un tipo abstracto se concrete, que no haya normas penales en blanco, pero le pregunto lo siguiente: en términos reales --el ejemplo que le puse, y le puedo poner otro--, ¿cree usted que esta expresión subsume o no otras propuestas planteadas? Sinceramente, me parece innecesario el 576 bis, porque el artículo 576 tal cual está, incluso sin plantear ninguna cualificación ni tipo gravado, ya lo contempla. Luego lo que usted quería decir no era tanto individualizar, porque eso es para otro estadio. Usted lo que quería plantear es que algunas fórmulas abstractas requieren concreción, y le animo --me parece que es loable--, pero sinceramente creo que no lo necesitan porque la formulación del legislador punitivo es suficientemente clara, al menos en mi criterio.
Se plantea entonces no sólo la individualización, porque el argumento es inteligente: se pone como señuelo un fin noble para así razonar y darle mayor bondad a la propuesta concreta. El problema está en que el fin noble está para otro momento, luego desnudemos la propuesta concreta sin la añagaza, como en las carreras de galgos, que se mete por delante un conejo de cuero para que vaya el galgo detrás, pero el conejo de verdad no está ahí.
Aquí, en términos reales --vamos a dejar la individualización a un lado y la concreción ya se ha explicado--, usa otros dos conceptos, el de seguridad jurídica y el del reproche. Cojamos el del reproche. Lo que estamos planteando es que esos comportamientos sí merecen un reproche, y es que nos parece una desproporción --algo así como matar mosquitos a cañonazos-- echar mano del Código Penal para eso. Nos parece más razonable hacer uso de las técnicas administrativas y las técnicas constitucionales. ¿No se recuerda aquí un Parlamento autonómico que una vez quiso plantear una entrevista con una delegación kurda? ¿Es menester que diga en concreto qué Parlamento autonómico? ¿Es menester que diga cuánto tiempo tardó el Tribunal Constitucional en prohibir tal cosa? Diez días. Por lo tanto, hay técnicas constitucionales para garantizar la seguridad jurídica en las relaciones institucionales y que cada uno las desarrolle de acuerdo con sus competencias, y también tenemos técnicas administrativas, luego sí merece un reproche. Sinceramente, el administrativo y el constitucional dan suficiente cobertura, pero si se forzaran las cosas y se dijera que no es suficiente, veríamos cómo también el Código Penal, en el supuesto de que se plantease tal necesidad, establecería posibilidades de encaje jurídico para plantearlo --antes el compañero Joan Lerma estableció una relación concreta, y ahora podría precisarlas otra vez todas y cada una de ellas, como ya hicimos en la comisión, y podemos ser más precisos, aunque ya le he puesto un ejemplo.
Pero no sólo es la individualización, no sólo es el reproche, sino que también alude a la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es un valor que todos apoyamos, y por esa razón no nos gusta que, en general, los tipos penales no sean suficientemente claros per se, sin que busque la técnica de la norma penal en blanco y que busque una cobertura, una especie de apéndice en el ámbito de otras ramas jurídicas para que la concrete. Pero es que no estamos en este supuesto. Las formulaciones de los tipos en torno a la usurpación de atribuciones, en torno a la desobediencia... (El señor Gutiérrez González hace signos negativos.) Sí, sí. Si me diera tiempo el señor presidente cogería el artículo exacto de la usurpación de atribuciones y vería que de manera exacta lo contempla.
No llega a decir Ibarretxe, eso es verdad, y se lo concedo, como la propuesta del 509 bis no dice Atutxa, pero le desafío a que técnicamente me diga si ese supuesto que usted ha descrito con toda claridad --y se refería a este caso-- no se contempla en el 509 tal cual está. Es más, veamos las sentencias que se dictaron al respecto y podremos comprobar si en algún momento algún magistrado o magistrada, incluso las ponentes, en algún momento plantean que los tipos son oscuros, abstractos o no tienen suficientes referencias concretas para llegar a alguna conclusión. No plantean eso, y yo las he visto.
Sinceramente, no es un problema de individualización, de que haya o no reproche o de seguridad jurídica, sino que se trata de concebir que la triada legalidad-jurisdicción-democracia debe mantenerse en los términos clásicos en los que se han conquistado después de siglos y siglos de luchas. Hay que abordar fenómenos nuevos sin perder conquistas históricas. No se trata de derogar, de facto, conquistas jurídicas históricas que son garantías acumuladas a lo largo del tiempo, sino de abordar nuevos fenómenos con el engrose suficiente de los valores.


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Estoy de acuerdo con usted en que, ante algunos fenómenos: el crimen organizado, el Tribunal de Nuremberg, etcétera, el Derecho Penal clásico tiene bastantes dificultades con el problema de la prueba; es lo que los anglosajones llaman Mr. A y Mr. B o en términos continentales se conoce como la mano que está detrás. El problema de la prueba tiene bastantes dificultades con el problema de mano pulite, y podríamos hacer referencia a la mafia o a la sentencia que se dictó contra Andreotti. Podríamos hablar con mucha amplitud.
Hay serios problemas de prueba porque la realidad actual es distinta. Un Derecho Penal contemplado para el que roba una gallina, como usted comprenderá, no tiene nada que ver con un Derecho Penal del siglo XXI.
Hay problemas muy serios de imputabilidad, culpabilidad, antijuridicidad; son muchos los problemas, pero en términos reales esto es un problema político. La discrepancia de fondo es que es malo para la política y para el Derecho Penal usarlo como un instrumento de combate de asuntos políticos. Las cuestiones políticas se solventan con más política, con leyes, con Constitución, con palabras, con debates, con urnas y con democracia. Cambiar eso, francamente, es malo.
Digo esto con entera libertad. Le miro a los ojos, nadie me ha escrito el discurso y no sigo ningún dictado. Créame si le digo que no actúo bajo presión. Le habla un ser humano libre que se expresa con entera libertad.
Yo no me siento coaccionado por nadie al decir esto, lo digo porque lo pienso y no porque vaya en el guión. Yo no estoy suscribiendo las palabras del portavoz Lerma porque el guión diga que tiene que ser así, sino porque le transmito lo que pienso. Sinceramente, creo que es malo para la política, para la convivencia de los pueblos y para el propio Derecho Penal.
Usted ha formalizado en términos públicos que está de acuerdo con que el Derecho Penal sea la última ratio, nunca la primera. Por lo tanto, no es un instrumento de dirección política o social, no hay que hacer ningún uso simbólico o funcional del Derecho Penal; es un mecanismo de protección subsidiario en defecto de, nunca en lugar de, otras ramas del ordenamiento jurídico.
Sinceramente, como le dije en comisión, creo que usted tiene mucha más capacidad técnica para hacerlo mejor.
Respondiendo a lo que antes no pude, tengo que decirle que a mí esto no me hace gracia. Al principio hice alguna interpretación al absurdo, no porque me hiciera gracia, sino porque me resulta absurdo. Puse el ejemplo de la Ley de trasplantes de órganos y de la Ley de arrendamientos rústicos porque me parece absurdo legislar así. Ahora bien, si usted me pregunta: ¿Le parece bien los ejemplos que puso? Sinceramente, le contesto que no. Pero también le pregunto: ¿Se ha reformado alguna vez el Código Penal así? ¿Se ha reformado alguna vez alguna ley orgánica así? Si se ha reformado alguna vez alguna ley orgánica o el Código Penal así, manifiesto que esa forma no es la adecuada.
Es una expresión clásica de don Tomás Vives Antón que el Código Penal es una Constitución en negativo. Abordar la Constitución en negativo, que es el Código Penal, sin premeditación, con alevosía y nocturnidad, no me parece adecuado. Lo digo aquí y en Pekín, porque sinceramente no es la forma de hacer las cosas. Creo que es malo en términos políticos y técnicos. Cuando se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial el título señalaba reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y no ley de arbitraje privado para, luego y de matute, reformar el Código Penal.
Sobre juicios de intenciones, respeto cualquier tipo de juicios y de valores.
En cualquier caso, creo que estamos ante un fenómeno de Derecho Penal preventivo; en prevención de que se puedan hacer cosas, se adoptan estas decisiones. Creo, y no voy a aludir a otras realidades, que otros asuntos que han llevado la expresión preventivo han dado malos resultados.
Rehuyamos esas técnicas porque no me parecen las más afortunadas para abordar esto.
Éstos son asuntos demasiado serios para abordarlos así y los canarios decimos --seguro que lo conocen, por ahí, doña Ana y doña Carmen y, por aquí, don Casimiro, don Marcos y don Félix--: como tengo prisa, vísteme despacio (La señora Vindel López: Aquí también.) ¿Aquí también? Pues magnífico, es un ejemplo de convivencia en el lenguaje de todos los pueblos de España. Sigamos por ahí, aprendiendo los unos de los otros y no haciendo estas cosas que, francamente, deshonran el prestigio técnico, jurídico y político del Senado.
Nada más y muchas gracias (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Empezamos con el turno de portavoces.
¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿ Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Badia.


El señor BADIA I CHANCHO: Muy brevemente, señor presidente.
En primer lugar, quiero reiterar una cuestión que he dicho en mi intervención anterior: entiendo que cualquier modificación de una ley orgánica ha de merecer el consenso. Me ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el veto que qué paso con la Ley Orgánica del Poder Judicial. Yo estoy plenamente de acuerdo, en la forma no se hizo bien, otra cosa es que pueda estarlo en el fondo, pero sigo pensando que la modificación del Código Penal que estamos debatiendo no se hizo bien porque se hizo con urgencia y, evidentemente, no abriendo las opiniones; otra cosa es que en el fondo pudiésemos estar de acuerdo o en desacuerdo.
Por lo que se refiere a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, entiendo que técnicamente el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha hecho una defensa clara de lo que suponen las mismas, pero, en cualquier caso, hay una cuestión fundamental en todo este debate que está perfectamente contemplada en la exposición de motivos de la proposición de ley y que es la clave de la propia argumentación y de la razón de la proposición de ley presentada que estamos debatiendo: que ya existen instrumentos

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para garantizar lo que provocó la modificación en su momento. Por lo tanto, no quiero entrar en las enmiendas puesto que lo que pretenden es, con la número 1, modificar esa propia exposición de motivos y con las siguientes modificar el contenido de la proposición de ley.
Desde este punto de vista, lo que tengo que hacer es ratificarme en la intervención anterior en el debate del veto y decir que, evidentemente, estamos plenamente en desacuerdo con la propuesta de enmiendas alternativas del Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, nos ratificamos en el apoyo a la proposición de ley presentada en su momento.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bonet.


El señor BONET I REVÉS: Gracias, señor presidente.
No tenía previsto utilizar este turno, pero ante la última intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular --no ésta, la anterior-- me veo obligado para decir lo siguiente.
Desde hace mucho tiempo se va viendo --en la sociedad española, en los medios de comunicación-- cómo muchos partidos y personas son objetivo de una campaña premeditada, de estas campañas que se inventaron en la técnica vamos a decir entreguerras para no herir a nadie. Es una técnica que se basa en un uso sistemático y permanente de la estigmatización de un partido o de un personaje en cuestión a base de infundios, medias verdades y difamaciones; estas campañas están destinadas a penetrar --sobre todo por repetición-- en la opinión pública y hacerle tener un sentimiento de odio y de incitación a la persecución --al «progrom» podríamos decir--. Y vemos cómo va calando: Esquerra, Carod, Maragall, Peces-Barba... Todos estos personajes y partidos son objeto de esta técnica y la pregunta es cuál va a ser el siguiente.
En esta Cámara estamos viendo desde hace mucho tiempo cómo algunos miembros del Partido Popular --no todos-- también se hacen eco de ella y la introducen en sus argumentos muchas veces, venga o no venga a cuento.
La mayor parte de las veces desde Entesa o desde otro partido hemos callado, pero tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe. Y en mi opinión hoy hemos asistido a una auténtica calumnia y difamación, que considero absolutamente impropia de esta Cámara y de la democracia, al acusar a un partido de cómplice de asesinatos. Por ello, y para bien de esta Cámara y de la democracia, espero que quien la haya dicho la retire; de hecho, le pido por favor que lo haga. Creo que no soy yo quien tiene que dar explicaciones acerca de si el partido al que pertenezco es o no cómplice, sino que debe darlas quien ha hecho esa acusación. Entiendo que a veces en el debate haya excitación, sobre todo, en un clima de incitación a la persecución como éste. Pero esta Cámara no se merece algunas de las cosas que hoy se han dicho.
También quiero manifestar, señor presidente, y pido su amparo, que yo no soy el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, algo que a veces se ha utilizado pensando: como es un partido estigmatizado, vamos a ver si estigmatizamos todo. Evidentemente, soy miembro y militante de Esquerra Republicana de Catalunya desde hace muchos años, pero aquí soy portavoz de la Entesa Catalana de Progrés, una coalición de partidos catalanes de nítida trayectoria democrática, entre los que se encuentra Esquerra Republicana, mi partido, el más antiguo, que ha contribuido como el que más a la democracia en España, no sólo ahora, sino también en los años 30. Hay que recordar que mi partido lideró el primer estatuto de autonomía, que ha sido el padre y la madre de todos los estatutos de autonomía y también el padre y la madre del actual Estado de las Autonomías. Tuvimos ministros en la República, y los volveríamos a tener --lo digo bien claro-- si realmente se produce un proceso en el que España reconozca lo que es: un Estado plurinacional.
Por último, esperando que mis palabras sean recogidas, también quiero aprovechar esta ocasión para comentar la repetida acusación de chantaje.
Señorías, las elecciones del 14 de marzo produjeron unos determinados resultados. Hubo partidos que incluyeron en sus programas propuestas de reformas institucionales, y hubo un partido que planteaba que no se tenía que reformar nada. Si analizamos ahora esos resultados electorales veremos que los partidos que incluían en sus programas esos cambios institucionales supusieron más del 60 por ciento de los votos. Por tanto, aunque el partido que no quiere reformar nada está en su legítimo derecho de expresarse y de ser tenido en cuenta, no tiene derecho a frenar esas reformas, dado que el resto de los partidos, repito, con más del 60 por ciento de los votos, las querían y las incluyeron en sus programas; y la ciudadanía, democráticamente, les apoyó.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bonet.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el senador Díaz Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en esta ocasión no he traído el Código Penal porque no era ese el debate. Sin embargo, antes se ha esgrimido un razonamiento al que no he podido responder. Y voy a hacerlo ahora, porque me parece una falta de respeto que tras exponerse un razonamiento éste no se recoja y se conteste. Este no debe ser un diálogo de besugos, en el que uno dice una cosa, otro dice otra, pero no hay manera de que se responda a los argumentos concretos. Yo procuro no hacerlo nunca.
Como digo, antes se ha esgrimido un argumento, que se refiere a la pena.
Se ha planteado que hablemos del tipo, y no así de la pena. Pues bien, permítanme que diga que ese es un planteamiento trampa. ¿Por qué razón? Porque si hablamos sólo del tipo y no de la pena, ¿por qué razón en el tipo tal cual está hay una pena y en los tipos que se pretenden incorporar hay otra distinta? Luego hay alguna relevancia.


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Si comparamos el artículo 509 bis con el 509 veremos que hay una modificación sustancial. Tal cual está el artículo 509 la pena es de multa y como se plantea en el 509 bis hay prisión. Luego la pena es importante. Si nos planteamos el 506, el 506 bis, el 576, 576 bis, vemos que hay una diferencia con respecto a la pena. ¿Por qué razón? Porque se podría preguntar por qué se pone de tres a cinco años de prisión, se podría decir por qué no se pone de uno a dos o de uno a tres. Como quiera que sería el primer hecho delictivo, el tramo es el inferior, ni el medio ni el superior, pero cuando la pena es inferior a dos años y es el primer hecho delictivo, cabe la suspensión condicional de la pena y no se cumple prisión. Por esa razón en la primera el tramo mínimo es de tres años en adelante, de tal forma que cometiéndose el hecho que se subsume en el tipo, el juez intérprete no puede dejar de poner otra pena distinta a la mínima. La mínima son tres años, luego lo que se pretendía con la incorporación de estos tipos no es sólo la condena y que pueda generar suspensión condicional de la misma, sino lo que se pretendía es el ingreso en prisión, porque inevitablemente el mínimo de tres años supone el ingreso en prisión.
Si no se pretendiese el ingreso en prisión y la pena fuera un asunto menor, se podría haber dejado la que estaba antes, que era la multa y la inhabilitación. Sin embargo, se precisa pena de tres a cinco años, obligación de pena mínima de tres años e ingreso en prisión y la inhabilitación era por el tiempo de la pena y en un máximo de tres a cinco años, con lo cual era evidente que se trataba de meter en prisión al señor Ibarretxe y al señor Atutxa porque esto es un Derecho penal a la carta, «intuito persona», de manera concreta. Es un Derecho Penal, en términos simbólicos, en términos funcionales, en términos preventivos.
Por si acaso se hace esto, que sepa que acontece esto. Ése es el razonamiento de fondo por el cual me parece que es un mal uso del Derecho Penal y no voy ahora a repetir todos los razonamientos anteriores porque entonces me echarían del hemiciclo a gorrazos, por usar una expresión coloquial. (Rumores.) En realidad no creo que el presidente lo hiciera ni ustedes tampoco.


El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que guarden silencio.


El señor DÍAZ TEJERA: Mientras esté dentro del tiempo que se marca, no creo que nadie lo haga. Estamos entre señoras y caballeros.
El razonamiento es acusar recibo del argumento con respecto a la pena, si era un asunto menor o no y responderle en concreto.
Con respecto a todo lo anterior, hay una expresión propia del foro, aquella de que hago gracia de no repetir y las doy por repetidas en este trámite sin volver a usar las mismas expresiones.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el senador Gutiérrez.


El señor GUTIÉRREZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Intentaré en este turno de portavoces delimitar un poco las cuestiones que han planteado sus señorías en relación con las enmiendas que nosotros hemos presentado y lo haré empezando por el Grupo Parlamentario Socialista, que es el que más tiempo ha dedicado y al que mejor puedo contestar.
Todavía no sé si ustedes admiten que hay reproche penal o no. Las cosas son las que son y punto. Y si nosotros aprobamos la exposición de motivos en estos términos, no hay reproche penal. Es una solución, es una opción política, es una decisión política que tiene su bagaje técnico, pero no hay reproche penal. No cabe la posibilidad de decir que es administrativo, constitucional, y como último resorte, ver si algún juez lo puede subsumir en algún tipo de norma. No; no hay reproche penal.
Punto. Lo vamos a hacer. Lo harán ustedes. Es responsabilidad suya. Pero no hay reproche penal. No cabe la posibilidad de jugar con las palabras.
Es individualización del tipo, no es individualización del supuesto de hecho para interpretarlo conforme a la norma. Eso es una individualización judicial. Yo no hablo de los jueces; estoy hablando del legislador como técnica legislativa, y el tipo genérico puede llevar al tipo concreto, y, a veces, es conveniente que haya un tipo concreto, porque hay que resaltar una conducta en términos particulares sobre la conducta en términos generales, y lo que sí es cierto es que con conducta individualizada se puede agravar o disminuir la pena, como a veces sucede en algún tipo de delitos como el de malversación, etcétera, dependiendo del supuesto de hecho que contemplamos como tipificación individual de la norma concreta. A eso es a lo que me estoy refiriéndo.
Partiendo de esta base, el Grupo Parlamentario Popular, en el año 2003, consideraba que los tipos delictivos que acoge el supuesto de hecho en los artículos 521 bis, 506 bis, 576 bis, provocan un agravamiento de la pena. ¿Cómo voy a agravar yo la pena en el artículo 506 bis? Poniendo de tres a cinco años, porque según el 506 la pena es de uno a tres años. Si la quiero agravar tendré que poner de tres a cinco años. ¿O quiere usted que pongamos de tres a cuatro? Da igual. Pero, al final, lo único que estoy haciendo es una individualización del tipo delictivo sobre el tipo genérico. No es una individualización del supuesto de hecho al amparo de la prueba que interprete el juez para poder dictar sentencia, que nada tiene que ver. Poco más se puede decir.
Respecto a la desobediencia le tengo que decir que estamos en lo mismo.
Ya sé que es una desobediencia no acatar una resolución del Tribunal Supremo o una resolución del Tribunal Constitucional en el ámbito del requerimiento. Ya lo sé, pero es conveniente tipificarlo de forma concreta, entre otras cosas porque estamos jugando con la lucha antiterrorista y, a veces, el Código Penal tipifica individualmente aquellos apartados relativos a la lucha antiterrorista o a las bandas terroristas, y para ello hay una sección. Por eso hablábamos en la enmienda de una sección aparte, una sección tercera que fuera en concreto este tipo

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delictivo como continuador de la lucha antiterrorista basada en el pacto por las libertades y contra el terrorismo. Esta es la única razón de ser. Pero dejémoslo aquí. Ya no vamos a entrar más en disquisiciones jurídicas. Creo que no tiene sentido profundizar más.
Hemos profundizado lo que hemos podido. Aquí están sus argumentos. Usted dice que los míos no sirven, y los suyos, realmente, yo no los entiendo, por lo tanto, no los puedo compartir.
Con respecto a los demás intervinientes, no quiero volver a los problemas de la forma. El portavoz del veto sí lo ha dicho claramente: la forma pudo ser buena, mala o regular cuando se hizo en el año 2003, pero las formas no implican un análisis reflexivo del contenido, y la forma --se lo dije en la comisión-- de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con la modificación de la necesidad del quórum para la elección de determinados puestos de magistrados del Tribunal Supremo, etcétera, es para nota, es de las que pueden quedar perfectamente claras en el «Diario de Sesiones».
No pensaba subir a la tribuna, no pensaba subir a este estrado. Iba a intervenir desde el escaño, como viene siendo habitual, pero quiero que la contestación al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés sea lo más solemne posible. Su representante ha subido al estrado, y yo también quiero hacerlo.
Señoría, nosotros no mantenemos ninguna campaña premeditada frente a Esquerra Republicana o frente a Entesa en su conjunto. Conocemos la diferencia: en Entesa hay más de un grupo político, y sabemos diferenciar lo que puede pensar algún representante de Izquierda Unida en Entesa, algún representante de Esquerra Republicana en Entesa o también los representantes del PSC o de Ciudadanos por el Cambio, que también forman parte del grupo. Nosotros no tenemos ninguna campaña. Quizá habría que pensar si la campaña no es de ustedes frente a nosotros, que, además, viene de antaño e incluso antes del 14 de marzo. Por lo menos ha admitido que el Partido Popular es un partido democrático. Vamos bien. Pero también ha admitido y afirmado que, junto con otros partidos en Cataluña, se haga lo que se haga, siempre es excluyendo a un partido democrático. Y créame usted, eso es persecución. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Usted me dice que nosotros hablamos cuando no viene a cuento, pero yo le puedo decir menos viene a cuento criticar al Grupo Parlamentario Popular cuando precisamente todos los grupos hemos agradecido al presidente del Gobierno que venga a esta Cámara y cuando usted utiliza una pregunta formulada en este Pleno al presidente del Gobierno para atacar directamente al Grupo Parlamentario Popular. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Y al portavoz del Grupo Parlamentario Popular --y hemos formulado una protesta-- hasta se le negó la palabra.
Nosotros no sabemos dónde están esas campañas, pero a lo mejor la campaña de premeditación es suya frente a nosotros, porque desde luego en absoluto lo es nuestra frente a usted.
Conocemos la historia de Esquerra Republicana, la de antes de la Guerra Civil, la de la dictadura del franquismo, la del inicio de la transición, la de su Gobierno en coalición con Convergència i Unió en la primera legislatura de la Generalitat de Cataluña, la de la Presidencia del Parlamento del Cataluña que ostentaba un líder de su grupo y la del Gobierno del tripartito que desde diciembre de 2003 opera en Cataluña, donde hacen lo que hacen, pero siempre excluyendo a un partido democrático de España, y esto es inaudito.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señorías, sometemos a votación las enmiendas números 1 a 7, del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 104; en contra, 123.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a continuación a votar el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 123; en contra, 104.


El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de Ley Orgánica de Modificación del Código Penal.


-- DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA PERSEGUIR EXTRATERRITORIALMENTE LA PRÁCTICA DE LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA (S. 624/000006) (C. D. 122/000015).


El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Justicia, en relación con la proposición de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Gutiérrez.
(Rumores.) Señorías, ruego silencio o salgan del hemiciclo. (Pausa.) Puede comenzar, señoría.


El señor GUTIÉRREZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
La proposición de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el día 9 del pasado mes de mayo, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas terminó el día 20 del mismo mes.
A esta proposición de ley se presentaron cinco enmiendas, distribuidas de la siguiente manera: dos del Grupo

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Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, dos del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y una del Grupo Parlamentario Popular.
La ponencia estuvo integrada por don Félix Ayala, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; don Lluis Badia, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; don Miquel Bofill del Grupo de la Entesa Catalana de Progrés; doña María Inmaculada España, del Grupo Parlamentario Popular; doña María Antonia Martínez del Grupo Parlamentario Socialista; don Anxo Manuel Quintana del Grupo Parlamentario Mixto; doña Isabel Rodríguez García, del Grupo Parlamentario Socialista; doña Amelia Salanueva Murguialday, del Grupo Parlamentario Popular, y don Joseba Zubia, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. La ponencia se reunió el día 25 del pasado mes de mayo y emitió informe, en el que se acordó diferir al debate en comisión el pronunciamiento sobre las enmiendas presentadas en esta proposición de ley, así como mantener en este trámite el texto de la misma, en los mismos términos en que fue remitida por el Congreso de los Diputados.
La comisión se reunió para dictaminar el pasado día 31 de mayo. En dicha comisión se procedió, en primer lugar, a introducir dos modificaciones en la composición de la ponencia, de la que pasaron a formar parte doña Isabel López Aulestia, en lugar de don Anxo Manuel Quintana, y doña Elena Etxegoyen, en lugar de don Joseba Zubia. Tras ello, la comisión emitió un dictamen en el que, tras la presentación de dos enmiendas transaccionales, se modificó tanto la redacción de la letra g) del apartado 4 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial como la disposición final segunda de la propia proposición de ley.
Esta proposición de ley, tal como se somete a debate y votación en el Pleno del Senado, consta de un artículo único, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales, precedidas de una exposición de motivos.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Debate de totalidad? (Pausa.) Pasamos a debatir el turno de enmiendas.
Se ha presentado en la Mesa una propuesta de modificación, firmada por seis grupos parlamentarios, que sustituye a la enmienda del Grupo Socialista que iba a ser sometida a debate. ¿Quién va a defender la propuesta de modificación? (Pausa.) Tiene la palabra la senadora doña María Antonia Martínez.


La señora MARTÍNEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
En base al voto particular mantenido por el Grupo Parlamentario Socialista, presentamos esta transacción que ha sido suscrita por todos los grupos parlamentarios de la Cámara, a excepción del Grupo Parlamentario Popular.
Señorías, a través de esta transacción pedimos la vuelta al texto del Congreso de la letra g) del apartado 4 del artículo 23, por la cual se confiere la jurisdicción extraterritorial a nuestros tribunales cuando se cometan los delitos de mutilación genital femenina, al tiempo que también modificamos el último párrafo de la exposición de motivos.
Señorías, tras las transacción alcanzada en la comisión sobre las enmiendas números 2 y 4 de los grupos del PNV y CiU respectivamente, suprimiendo la vacatio legis de seis meses que tenía esta ley, la transacción que ahora proponemos al Pleno del Senado supone otro paso más en la mejora del texto remitido por el Congreso.
Hay que reconocer que, a pesar de los apoyos que tuvo esta proposición de ley orgánica, tanto en su toma en consideración en el Congreso como en el debate del dictamen de la Comisión de Justicia, digo, a pesar de ese alto acuerdo, han subsistido tanto aquí como allí algunos matices, traducidos en enmiendas, sobre el contenido de la ley; matices y enmiendas que afectan al propio alcance de la extraterritorialidad de la jurisdicción penal española, que es precisamente la finalidad esencial de esta proposición de ley orgánica para perseguir y castigar un delito que todos repudiamos, y para cuya erradicación todos los grupos venimos pidiendo, además de estas medidas, otras de tipo preventivo e informativo en las que ahora no voy a entrar y sobre las que hemos debatido largamente.
La propuesta de transacción que presentamos supera alguna de estas diferencias, que ya pusieron de manifiesto distintos grupos parlamentarios --como decía--, tanto en el Congreso como en el Senado. Me refiero a la necesaria congruencia entre la finalidad de la proposición de ley orgánica y su exposición de motivos con su articulado; o sea, la correspondencia que debe haber entre el grado de arraigo exigido por nuestra jurisprudencia para poder perseguir a los españoles o extranjeros que cometan fuera del territorio español un delito de mutilación genital femenina.
La propuesta de modificación del último párrafo de la exposición de motivos, junto a la vuelta al texto del Congreso de la letra g) del apartado 4 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, armoniza el texto y la exposición de motivos, disipando las reservas al respecto, al tiempo que garantiza un mayor grado de seguridad jurídica, con la exigencia de que tendrá competencia la jurisdicción española siempre que los responsables se encuentren en España. Al eliminar así que se hable de residencia, sea ésta legal o ilegal, cerramos los vacíos e inseguridad que pueden ocasionar interpretaciones perjudiciales para la finalidad de la ley, salvándola además de los avatares interpretativos que actualmente tiene el principio de justicia universal contenido en el apartado 4 del artículo 23 de esta Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre todo cuando el propio Consejo General del Poder Judicial ha recomendado que se modifiquen y se revisen los criterios contenidos en el apartado 4 de este artículo.
Por otra parte, señorías, quiero señalar que el distinto uso de esta terminología residencial, de esta situación administrativa de los responsables de cometer estos delitos en el extranjero, el distinto uso --digo-- y la interpretación que hemos hecho los distintos grupos parlamentarios a lo largo de toda la tramitación, tanto en el Congreso como en el Senado, pone de manifiesto ese peligro de interpretaciones difíciles y perjudiciales para cumplir los objetivos de la ley.


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Creo sinceramente que con este texto aseguramos mejor la finalidad de la ley por la que tanto hemos trabajado todos los grupos parlamentarios --también el Grupo Parlamentario Socialista-- a lo largo de varias legislaturas, fundamentalmente en la anterior, en la que conseguimos un unánime acuerdo en la tramitación en esta Cámara de la Ley Orgánica de medidas integrales contra la violencia de género.
Sólo me queda felicitar al Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, porque ha sido la iniciativa de su grupo la que ha canalizado la firme voluntad de todos los grupos parlamentarios para que España haga frente y castigue con severidad, también cuando se cometa fuera de nuestro país, la mutilación genital femenina, como grave atentado a los derechos humanos que afecta a la integridad de las mujeres, como trato degradante e inhumano a niñas y jóvenes.
Quiero agradecer también al resto de los grupos el esfuerzo que han hecho por conseguir que esta proposición de ley orgánica pueda tener el máximo apoyo posible. Espero que el Grupo Parlamentario Popular también pueda sumarse, para conseguir el objetivo por el que durante años hemos venido trabajando todos los grupos parlamentarios.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno en contra.
Tiene la palabra la senadora Salanueva.


La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo brevemente para manifestar la posición de nuestro grupo parlamentario respecto a la transaccional presentada y firmada por el resto de los grupos.
En primer lugar, quiero señalar algo obvio y conocido por las personas que conforman la Comisión de Justicia y es que nuestro grupo parlamentario, al igual que apoyó la toma en consideración en el Congreso del dictamen final, apoyará el dictamen que hoy salga de esta Cámara, independientemente de los matices que hagamos respecto a la transaccional.
Es cierto que con el trabajo de todas sus señorías se ha mejorado el texto y se le ha dado un contenido más correcto. Nosotros compartimos desde el primer momento la propuesta de Convergència i Unió, a quien también queremos felicitar. Nos pareció muy oportuno que se intentara perseguir de manera extraterritorial y expresa la mutilación genital femenina, pero pensando --al igual que lo hacía Convergència i Unió en su exposición de motivos y en la defensa de su posición en el Congreso de los Diputados-- en un supuesto de permanencia, de estabilidad, de residencia y no con unos supuestos de transitoriedad como se pretenden a través de la transaccional. Así lo manifestó la portavoz de CIU, la señora Pigem, en el Congreso de los Diputados, donde decía que el objeto de la proposición era sin duda alguna perseguir la mutilación genital femenina para las personas residentes en España, que aprovechan los viajes de vacaciones para llevarse a sus hijas y provocarles la mutilación en sus países de origen, pretendiendo al volver a nuestro país eludir la acción de la justicia, puesto que el delito no se ha cometido en España. Por lo tanto, hay un componente de residencia que a nosotros nos parece importante. Asimismo, la portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, la señora Uría, también consideraba fundamental ese concepto de arraigo, permanencia o estabilidad. Por ello, nosotros y votamos conjuntamente con estos grupos en este sentido las enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados.
Cuando llegó al Senado el dictamen se volvieron a presentar las mismas enmiendas. Llegamos a una transaccional con el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos y con el de CiU, buscando precisamente que se acotara el concepto de residencia, dando al apartado g) un contenido distinto al que pretendía el Grupo Parlamentario Socialista. En cualquier caso, es una cuestión de matiz, pero nosotros mantendremos la coherencia que, por lo que veo, otros grupos --a pesar de que la jurisprudencia seguía siendo la misma hace unas semanas que ahora-- no han mantenido.
Nosotros preferimos hacer esa matización y esa es la razón por la que no hemos firmado la transaccional presentada.
Como digo, se trata más de un debate teórico y doctrinal, no de fondo.
Mantenemos la unanimidad que hemos mantenido en esta cuestión en las Cortes Generales a lo largo de los tiempos. Consideramos que ese concepto de residencia, de arraigo, de permanencia y de estabilidad debe mantenerse, pues nos preocupa el efecto que puede provocar la ambigüedad en la práctica. Entendemos que puede haber dificultades de aplicación y no compartimos esa visión un poco idealista --estoy convencida que con la mejor intención-- de que en España podamos actuar contra cualquiera que esté de paso por aquí, porque en la práctica va a ser muy difícil de materializarlo.
Desde el punto de vista de la dogmática y la técnica jurídica nos sigue pareciendo más oportuno mantener el acuerdo al que llegamos en comisión.
Por ello no apoyaremos la transaccional, aunque, sin duda, apoyaremos el conjunto del dictamen, porque la unanimidad final en un tema de esta naturaleza va a ser fundamental.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Muchas gracias, señor presidente.
Hoy terminamos lo que se inició en esta misma Cámara el pasado mes de diciembre con motivo de una enmienda presentada por mi grupo en el debate de la Ley de violencia de género. En aquel momento fue retirada con el compromiso de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara de aprobar en el Congreso el proyecto de ley propuesto también por nuestro grupo.
Hoy cerramos el ciclo, y propondremos el funcionamiento de una ley que no debería existir en un mundo civilizado,

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un mundo con derechos humanos, pero debe ser así, y quizá con ella demos el paso definitivo para conseguir de verdad que éste sea un mundo de derechos humanos para todos, hombres, mujeres y niñas, estén donde estén, hayan nacido donde hayan nacido. Todos han de tener el mismo derecho a su integridad física.
Hablamos de una mutilación sin sentido realizada a niñas de 10 a 12 años, de una forma infrahumana y sin condiciones sanitarias, que las deja, con suerte, mutiladas física y psíquicamente, sin contar con las graves secuelas que pueden sufrir en sus partos, si los tuvieran. He dicho con suerte, porque algunas morirán, víctimas de infecciones o de la anemia posthemorrágica producida por la ablación. Todo con un solo fin, como ya se dijo: entregarlas sometidas a su esposo.
A partir de hoy, en este país, no sólo se va a penalizar una salvaje tradición, como consta ya en el artículo 149 del actual Código Penal, reformado a este efecto en el año 2003, sino que haremos lo posible para su persecución fuera del territorio nacional. El propio Consejo General del Poder Judicial solicitó su persecución como delito de Justicia universal en su informe sobre el Convenio de Roma --lo ha mencionado la senadora Martínez--, persecución extraterritorial de una monstruosa tradición de origen preislámico que aún perdura en algunos pueblos del continente africano. Es, pues, más que un deber una obligación. Millones de mujeres han sufrido esa tortura, esa degradación, y, por desgracia, muchas continuarán sufriéndola mientras los gobiernos de sus respectivos países no sean capaces de enfrentarse, por insensibilidad o por incapacidad, a una tradición tan salvaje, con la impotencia del resto de la humanidad ante tamaña injusticia.
Sólo podemos consolarnos sabiendo que a partir de este verano las niñas que se encuentren en nuestro país --sí, señorías, estas niñas que vemos por la calle, que son compañeras de pupitre de nuestros hijos e hijas-- estarán protegidas y, si no lo conseguimos, que el escarmiento sea ejemplar, que se haga público, que todo el mundo lo sepa, muy especialmente sus conciudadanos, para que no lo hagan, porque si lo hacen han de saber que serán perseguidos y castigados con rigor. Es la mejor prevención, así no lo harán.
Señorías, esta vez no vamos detrás de nadie, esta vez somos los primeros en legislar sobre este asunto, considerándolo igual que otros delitos de terrorismo y genocidio. Cabe la posibilidad de que otros países de la Unión Europea tomen ejemplo y modifiquen sus códigos penales para perseguir una mutilación de forma extraterritorial.
En cuanto al texto remitido por el Congreso, hemos presentado dos enmiendas, junto con el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, una de ellas sobre el plazo de entrada en vigor de la ley. En el texto primitivo el plazo es de seis meses. Consideramos que seis meses desde su publicación es demasiado tiempo, que el retraso no tiene ninguna justificación técnica ni jurídica, en especial si consideramos que estamos a las puertas del período vacacional, y con él se brinda la ocasión y la posibilidad de que, aprovechando esta época, los familiares mutilen a sus hijas, a sus niñas, con la excusa de un viaje a su país, tal como vienen haciendo en nuestro país después de que la mutilación haya sido perseguida.
En comisión, el Grupo Parlamentario Socialista aceptó la enmienda presentada y, por tanto, se incorporó al dictamen de la ponencia. La ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación que, casualmente, coincidirá en el tiempo con la puesta en funcionamiento de los juzgados de la violencia de género. Nada más apropiado para ello. El mejor final para una iniciativa que empezó con una enmienda a esta ley. Ninguna violencia está más ligada al género que la mutilación de una niña por el sólo hecho de ser una niña.
La segunda enmienda estaba basada en la excepción del principio de territorialidad de la ley penal, que debía referirse a quien se encontrase en este país aunque no de forma ocasional, de manera que no se persiguiese a quien habiendo cometido delito con anterioridad, sin conciencia de hacerlo, estuviese accidentalmente en nuestro país, por ejemplo durante un viaje --lo ha explicado perfectamente la senadora Salanueva--. Este punto ha sido motivo de largos debates: arraigo, residencia..., no nos poníamos de acuerdo. Además, el proyecto llegó al Congreso de los Diputados y tenía una pequeña incoherencia entre la terminología utilizada en la exposición de motivos y el redactado del punto g) del artículo 23.4 de la Ley orgánica 6/1985.
La idea de la enmienda era evitar la complejidad de la interpretación de la ley y, con ella, subsanar la pequeña incoherencia producida, como habíamos dicho en la exposición de motivos. La ley pretende evitar el delito y castigar severamente a quien lo comete, a sabiendas de que lo es. Señorías, esta ley debe ser posible, factible, sin escapatoria, sin que pueda generar dudas en su aplicación que eviten la persecución del delincuente. Estamos seguros de que la ley saldrá del Senado mejor de lo que entró.
Para que el Congreso de los Diputados no tenga opción de deshacer lo que hemos hecho, debe ser aprobada por unanimidad. Por ello, hemos retirado la enmienda y aceptado la transaccional propuesta por casi todos los partidos, aunque no sea exactamente lo que deseábamos, pero queremos que sea aprobada por unanimidad para que de este modo el Congreso de los Diputados no pueda moralmente cambiar ni un ápice de las decisiones aprobadas por el pleno de este Senado.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la señora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Muchas gracias, señor presidente.
No utilizaré demasiado tiempo, señorías, para argumentar nuestra posición, el apoyo del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos a esta proposición de ley orgánica, que supone un paso más en la erradicación de una práctica de máxima violencia a la que están sometidas muchísimas mujeres en el mundo, que constituye una agresión directa contra su integridad física, pero también contra su dignidad, y que posiblemente sea una de las violaciones

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sistemáticas más extendidas de los derechos humanos de mujeres y niñas.
El debate que nos ocupa, a pesar de corresponderse con una propuesta concisa y corta en su articulado, tiene un considerable alcance y muchísima importancia, y me satisface comprobar que por fin abordamos esta cuestión de manera definitiva y además, al menos así lo espero, con la unanimidad de los grupos parlamentarios de esta Cámara.
Señorías, los datos oficiales nos dicen que en el mundo hay entre 120 y 135 millones de mujeres y niñas que han sido mutiladas, cifra a la que hay que añadir dos millones más cada año. Se encuentran involucrados más de 28 países africanos y alguno del Oriente Próximo, países en los que se defiende y se practica la mutilación genital, so pretexto de costumbres ancestrales o supersticiones arraigadas en su cultura. Se defiende, pues, esta aberración como algo que es necesario e inevitable cumplir. Pero debido a los movimientos migratorios, la ablación femenina se ha extendido ya a otros lugares de Asia, Latinoamérica y también a Europa, y en este juego España no es ninguna excepción.
No pretendo extenderme más en este punto porque entraríamos en una discusión que no es hoy el objeto del debate, pero sí me parece oportuno subrayar la importancia de esta iniciativa parlamentaria en el bien entendido de que, aun hablando de una práctica radicada en culturas de otros continentes, viene provocando que se den cada vez más casos en nuestro entorno europeo, si bien todo parece indicar que la mayoría de niñas y mujeres víctimas fueron mutiladas en sus países de origen o procedencia aprovechando singularmente, como ya se ha dicho, viajes de vacaciones.
Por lo tanto, la proposición de ley que nos ocupa, en la medida que pretende situarnos ante la verdadera dimensión y trascendencia de la problemática de la mutilación genital femenina, provocando la penalización de su práctica, que, aún no siendo cometida en este país, afecta a mujeres inmigrantes que viven entre nosotros, es un paso adelante en la correcta dirección hasta conseguir la plena erradicación de las prácticas ablacionistas.
Comparto con todos aquellos que han señalado en sede parlamentaria y extraparlamentaria también, que, además de las medidas punitivas que pretende esta propuesta, para conseguir el objetivo que perseguimos son imprescindibles otras de índole preventiva, actuando políticas concretas destinadas a los colectivos de inmigrantes radicados en el país y de mayor vulnerabilidad, políticas concretas en materia de educación y formación y otras campañas de información más generales. Es este un debate, señorías, que indudablemente deberemos afrontar en un futuro próximo y así al menos por lo menos, lo pongo sobre la mesa.
Entrando en materia de Derecho positivo, cabe señalar que a este grupo parlamentario le parece correcto y oportuno invocar el principio de universalidad como fundamento de la competencia de los tribunales españoles para conocer también de este tipo de cuestiones, dando así una cobertura insuficiente para adoptar como criterio general que la mutilación genital femenina representa un grave atentado contra los derechos fundamentales de mujeres y niñas. En su consecuencia, no sabe aducir causa alguna de carácter propio o cultural que la justifique, como tampoco se sostiene la impunidad con la que estas agresiones se siguen practicando.
Por lo tanto, introducir un nuevo mandato concretamente un apartado nuevo dentro del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, supone sencillamente hacer lo correcto, dando así mayor y más amplio contenido a los cuatro criterios seguidos en nuestro entorno jurídico para delimitar la competencia de los tribunales: la territorialidad, la personalidad o nacionalidad del delincuente, la protección del Estado frente a los delitos que más directa y gravemente le afectan y perjudican y, fundamentalmente, la justicia universal, la universalidad respecto de delitos que atacan intereses que afectan a todos los Estados de una comunidad, de la comunidad internacional.
En definitiva, a través de la presente proposición de ley instamos la modificación del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial incluyendo la mutilación genital femenina dentro de la lista de delitos que, de acuerdo con este principio de universalidad, pueden ser perseguidos por los tribunales españoles, con independencia de la nacionalidad de los delincuentes o del territorio en que haya sido cometido el delito.
Poco más que señalar, salvo congratularme una vez más de la previsible unanimidad que ha suscitado el texto de la propuesta como consecuencia de la labor de los diferentes grupos de esta Cámara, en la que señorías, señora Salanueva, todos hemos mantenido una postura coherente, también el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; una labor conjunta y coherente que mejora sustancialmente, al menos así lo entiendo yo, el texto inicial del Congreso de los Diputados.
Nuestro grupo votará a favor de la proposición de ley que nos ocupa y lo haremos, además, con la satisfacción de poner nuestro pequeño granito de arena en la tarea común de acabar con la práctica aberrante de la ablación femenina, con la esperanza de que su erradicación sea una realidad más pronto que tarde.
«Besterik ez. Eskquerrik asco.»

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.


El señor BOFILL ABELLÓ: «Graciès, senyor president». (El señor Bofill Abelló pronuncia palabras en catalán.) Seré breve en consideración al acuerdo en el fondo de todos los grupos, incluido el Grupo Parlamentario Popular, y al cansancio después de un día de Pleno, pero no quisiera que esta brevedad pudiera ser interpretada como una valoración insuficiente de la importancia que tiene la modificación de la Ley Orgánica para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina.
Hoy estamos completando las medidas que se adoptaron en la anterior legislatura cuando se tipificó la mutilación genital en el Código Penal con una pena de prisión de seis a doce años y con la posibilidad de inhabilitación especial

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para el ejercicio de la patria potestad o de la tutela, guarda o acogimiento por un tiempo de cuatro a diez años.
La mutilación genital está en relación con tradiciones ancestrales y se practica en algunos países de los que son originarios inmigrantes que se encuentran en el Estado español. En la práctica, en un buen número de casos este atentado contra la integridad física de muchas niñas que se encuentran en nuestro país se realiza en el país de origen, lo que generaba hasta hoy una impunidad en la comisión de un delito tipificado en el Código Penal y que merece la consideración de trato inhumano y degradante en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. De ahí la inclusión de este delito en la lista de los que figuran en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que posibilita a la Justicia del Estado español conocer de esos delitos, independientemente de si son cometidos por ciudadanos españoles o extranjeros, dentro o fuera del territorio del Estado español, cosa que nos parece correcta, habida cuenta que nos encontramos ante un delito que afecta a derechos humanos de carácter universal.
Por ello, y para facilitar el trabajo de la justicia evitando argucias legales, no nos parecían adecuadas las enmiendas que vinculaban la persecución del delito al hecho de que los responsables residieran legal o ilegalmente en España, cosa, por lo demás, incongruente porque no existe ni debe existir en el ordenamiento jurídico el concepto de residencia ilegal.
Ante una denuncia de mutilación genital femenina, la Justicia debe actuar, con independencia de que la persona denunciada esté en el Estado español legal o ilegalmente y con independencia también de que viva aquí o esté de paso. Por eso mismo consideramos adecuado suprimir en la Exposición de Motivos la referencia «de quienes tienen arraigo en nuestro país», pues genera ambigüedad e inseguridad en la definición del alcance de la persecución del delito de mutilación genital femenina.
Por todos estos motivos suscribimos la enmienda transaccional y creo que con ello cumplimos con uno de los cometidos de esta Cámara, que es el mejoramiento de los textos legales en una segunda lectura.
Dicho esto y considerando esta medida necesaria, es evidente que el verdadero problema está en el carácter tradicional, arraigado en algunas culturas y zonas geográficas del mundo, de estas prácticas que atentan contra la dignidad de las niñas y de las mujeres y contra su integridad física y psíquica personal, y que afectan a millones de personas en el mundo. Para erradicar estas prácticas evidentemente no son suficientes medidas penales en Europa, sino que son necesarias actuaciones vinculadas a las ayudas al desarrollo en esas zonas del mundo.
Por eso mismo, sería bueno que este acuerdo de hoy fuera complementado con otras iniciativas parlamentarias destinadas, en primer lugar, a explicar a los ciudadanos y a las ciudadanas que viven en el Estado español y que son originarios de países en los que estas prácticas son aún comunes, cuál es el sentido de las medidas que hoy vamos a adoptar, así como las iniciativas destinadas a aumentar las ayudas del Estado para las organizaciones que trabajan en esos países, a fin de dignificar el papel de la mujer y mejorar su situación social, laboral, cultural, económica y política.
Sería bueno también que en las comisiones de esta Cámara, como la Mixta de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades o la de Asuntos Exteriores y Cooperación surgieran iniciativas de este tipo.
«Moltes gràcies, senyor president».


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Martínez.


La señora MARTÍNEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Hago uso uso de la palabra porque entiendo que va a ser el único turno de portavoces que tendrá lugar después de defender la enmienda transaccional.
Quiero dirigirme fundamentalmente al Grupo Parlamentario Popular para decirle que comprendo la argumentación y el mantenimiento de sus criterios, y al mismo tiempo tranquilizarle en cuanto a la coherencia o incoherencia mantenida a lo largo de la tramitación de este proyecto.
He dicho anteriormente que el uso y la interpretación que del término residencia hemos hecho todos los grupos parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado, para mí ha sido una de las pruebas más evidentes de la inseguridad que el término entraña para perseguir un delito que todos queremos que se persiga por los tribunales españoles cuando se cometa en el extranjero por personas que residan en nuestro país. En ese punto hemos cambiado todos, y por eso quiero tranquilizar al Grupo Parlamentario Popular, porque su postura inicial en el Congreso tampoco fue llamarle residencia legal o ilegal, sencillamente decían «residencia».
En ese sentido podemos enmendar los errores en esta Cámara y, como digo siempre, cuando nos dejan y tenemos voluntad, mejoramos las leyes, y este es un supuesto en el que mejoramos el texto del Congreso en cuanto a la redacción del apartado g), que delimita la jurisdicción de los tribunales españoles y, al mismo tiempo, buscamos la coherencia en ese párrafo de la exposición de motivos, que era lo que en cierta manera chirriaba porque hablaba de arraigo, pero no entraba en lo que se entendía por arraigo.
Considero que el ámbito del arraigo exigido actualmente por la jurisprudencia, por los tribunales de nuestro país está precisamente en estar aquí, y esto es así porque no se puede sostener la situación administrativa de quien comete un delito de esta magnitud, que tiene un amparo y legitimación soberana en cuanto a que está fuertemente penalizado en nuestro Código Penal, después de la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 11/2003, que reformó el Código Penal en este supuesto, a cuya legitimidad además se le añade la legitimación internacional que nos da haber suscrito convenios y acuerdos que nos vinculan para luchar contra este tipo de supuestos. Por tanto, la redacción que presentamos en esta enmienda transaccional es más acorde con el cumplimiento de la finalidad última que todos nos habíamos propuesto en la ley.


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Y he aprendido mucho de todas sus señorías estudiando esta ley porque entre nosotras -- y digo nosotras porque la ley la hemos llevado las mujeres y tal vez por ello llegamos a mayores consensos, dicho sea en términos de discriminación positiva-- hemos hecho el ejercicio intelectual de suponer de qué manera pueden estar estas personas en nuestro país, qué tipo de residencia tienen, por qué están aquí, etcétera, y nos ha salido de todo: residencias legales, residencias ilegales, asilados, personas que están de vacaciones, personas que están de paso, personas de la Unión Europea que no tienen residencia pero que forman parte y son ciudadanos de la Unión, etcétera. Es una situación tan variopinta que entiendo que no puede ser la situación administrativa la que en última instancia haga que recaiga o no la jurisdicción extraterritorial sobre nuestros tribunales.
Pero hay también una razón por la cual considero que la introducción de este requisito en este apartado nos va a proporcionar más seguridad a la hora de aplicar la ley, porque los senadores que no han seguido la tramitación con más detenimiento deben saber que la ubicación que hacemos de la declaración de jurisdicción extraterritorial de nuestros tribunales, dentro del apartado 4 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, significa que incardinamos este delito dentro de un supuesto de delitos que tienen todos legitimación internacional además de interna. Resalto esto porque ninguno de estos supuestos tiene el requisito de que los responsables de esos delitos --genocidio o terrorismo-- estén o no estén en el país; no tienen ese requisito. ¿Por qué lo ponemos nosotros? Buscando precisamente que se cumpla con seguridad la finalidad de la ley.
Con esta transaccional, los requisitos que entraña la plena jurisdicción de nuestros tribunales para actos cometidos en el extranjero requieren --además de que los actos sean cometidos por españoles o por extranjeros en el extranjero-- que estén tipificados penalmente en el país, como lo está en el artículo 149.2 de nuestro Código Penal. También les decimos que tienen que estar en España, o sea que tienen que estar a disposición de los tribunales, de modo que estos puedan alcanzarlos. Por fin, en último lugar, tienen que cumplir también los requisitos --porque no están exentos-- establecidos en la letra c) del apartado 1: que no estén condenados en el extranjero, que no tengan reducción de condena, y demás.
Estos requisitos hacen que se cumplan todas las condiciones que exige la jurisdicción universal. Además, las preservamos de la interpretación jurisprudencial, fuertemente criticada por cierto por buena parte de la doctrina, que en este momento podría recaer sobre un delito para cuya persecución innovamos la jurisdicción; de modo que le damos garantías de aplicabilidad.
Como digo, existe doble legitimidad: la penal, por un lado. Y, por otro, aunque no voy a relatar los convenios internacionales que nos obligan, quiero dejar claro que el amparo internacional --la legitimidad añadida a la soberanía del territorio-- es importante, y no puede ser un mero hecho de interpretación sobre la situación administrativa que quien estando en España y comete un hecho tan deleznable ponga en cuestión la aplicación efectiva de la ley.
Lo importante es que la finalidad se cumpla, que no es otra --repito-- que la de evitar que queden sin castigo crímenes tan execrables frente a los cuales todos los grupos de la Cámara estamos de acuerdo. Se trata de que la mutilación genital femenina, aunque se cometa en países extranjeros, no se lleve a cabo aprovechando circunstancias y fraudes que, en razón de una situación administrativa de estancia o no, puedan quedar fuera de la jurisdicción que inauguramos con esta ley, a la que deseamos la mejor suerte.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Salanueva.


La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, presidente. Trataré de ser breve, porque siento la presión de los compañeros, que quieren, como yo, irse a casa en seguida.
Desde luego, señora Martínez, no dudo de que hemos intentado hacer la mejor ley, porque lo he vivido con todas ustedes; hemos tratado de mejorar el texto del Congreso, y hemos coincidido en la finalidad. Hemos imaginado todos los supuestos posibles. No obstante, hemos preferido hacer esa matización, aunque ya les hemos dicho que apoyaremos el texto del dictamen.
Decía usted que en el artículo 23.4 se exigían una serie de condiciones o requisitos a los delitos que en él se tipifican. No obstante, hubiera sido mucho más fácil llevarlo a cabo por medio de la propuesta que hizo en su momento la señora López Aulestia: igual que se tipifica el genocidio o el terrorismo, haber añadido el delito de la mutilación genital femenina. Ésa podría haber sido la salida. Pero no le demos más vueltas; no miremos atrás, sino adelante: contará con nuestro apoyo, como digo.
Es evidente que la mutilación genital femenina es una de las violaciones sistemáticas más extendidas de los derechos de mujeres y niñas. Ya se han dado cifras, pero creo que es bueno insistir, porque las cifras, que son muy frías, deberían producirnos escalofríos. Así, 135 millones de mujeres han sufrido mutilación genital. Cada año se incorporan dos millones de mujeres más; 6.000 mujeres son mutiladas al día, principalmente en África y Oriente Medio, pero también y cada vez más en países industrializadas, como Australia, Canadá o Estados Unidos. Por supuesto, también ocurre en Europa y también en España, debido a la procedencia de inmigrantes de África o el sudeste asiático.
Se trata de un ataque a la dignidad y a la integridad de la mujer, una vulneración de los derechos humanos con gravísimas consecuencias físicas y psíquicas, que en muchas ocasiones llevan a la muerte. Se producen daños irreparables, hemorragias, traumatismos, infecciones agudas, septicemias, aumento de la susceptibilidad al contagio del sida, hepatitis o infertilidad.
Señorías, tales prácticas no pueden tener justificación alguna ni en la religión ni en la cultura ni en la tradición ni en la justificación sexual. A todas luces es un tratamiento degradante e inhumano. Concita el rechazo unánime de todas las fuerzas presentes en el arco parlamentario, y así se

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ha puesto de manifiesto en las distintas resoluciones que se han adoptado en el seno de las Cortes Generales a lo largo de las distintas legislaturas. Se trata de una cuestión que quizá no hemos visto demasiado cercana hasta que el fenómeno de la inmigración no ha llegado a España.
Es cierto que en España son muy tímidas las denuncias que se producen, y por eso es fundamental que animemos y ayudemos a las mujeres para que tomen conciencia del problema porque son una de las partes fundamentales para que podamos erradicar esta cuestión.
En este momento me gustaría hacer un recordatorio especial al trabajo que está realizando la modelo internacional somalí Waris Dirie, que en su testimonio en primera persona, mujer mutilada desde los cinco años, ha publicado un libro autobiográfico titulado «Flor del Desierto», que recomiendo a todas sus señorías. Asimismo, ha creado la Fundación Desert Dawn, destinada a ayudar a los niños de Somalia y a erradicar la práctica de la mutilación genital femenina desde su residencia en Gran Bretaña.
Son muchas las normas internacionales que instan y exigen a los gobiernos a erradicar la mutilación genital femenina. Ya se han dicho algunas de ellas y en aras de la brevedad no las leeré, pero sí quiero resaltar que fue en la reforma del artículo 149 del Código Penal, mediante la Ley 11/2003, de 29 de septiembre, durante el anterior Gobierno del Partido Popular, cuando se tipificó por primera vez como delito de lesiones graves la mutilación, lo que supuso, evidentemente, un gran paso adelante. Sin embargo, señorías, esto no ha sido suficiente, porque para evitar el peso de la ley --y ya se ha comentado--, posiblemente, muchas personas, muchas familias, utilizan los viajes de verano con motivo de las vacaciones para llevarse a sus hijas a que sean mutiladas en los países de origen y así poder eludir la represión penal. Señorías, el hecho de hacerlo fuera de España no puede servir de excusa ni podemos consentirlo. Por eso está perfectamente justificada esta ley.
No sólo las medidas de carácter legislativo y judicial son suficientes, y también se ha dicho. Entendemos que no va a ser fácil erradicar este problema, pero por eso es necesario abordar otra serie de medidas de carácter multidisciplinar y de naturaleza educativa y sanitaria, acordar protocolos de actuación con los profesionales y concienciar socialmente.
En definitiva, hacerles ver a las personas que viven entre nosotros que deben respetar las normas. Tendremos que ser hábiles, pedagógicos y didácticos para hacerles entender que no hay justificación alguna para cometer semejante atentado contra la salud física y psíquica de las mujeres.
Y termino, señorías, porque al margen de las disquisiciones doctrinales que hemos podido tener, y que nuestro grupo ha querido dejar constancia, sin duda consideramos que la mutilación genital femenina es un atentado gravísimo a los derechos fundamentales de las mujeres víctimas, y nuestra responsabilidad es evitar el fraude de la ley y permitir la persecución de este delito, se cometa o no en territorio español. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que guarden silencio.


La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Termino, señorías.
En definitiva, señorías, un paso más en la lucha por la dignidad de las mujeres.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señorías, antes de proceder a la votación, quiero manifestar que la Mesa y los portavoces de la Comisión de Asuntos Exteriores se reunirán al finalizar el Pleno en el hemiciclo.
Señorías, en primer lugar, votamos la propuesta de modificación firmada por todos los grupos parlamentarios con la excepción del Grupo Parlamentario Popular, que sustituye a la enmienda socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 119; en contra, 100.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta de modificación.
A continuación, vamos a votar el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 219.


El señor PRESIDENTE: Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Se levanta la sesión.


Eran las veintiuna horas y cinco minutos.

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