Año 2006 VIII Legislatura
Núm. 81
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA
Sesión del Pleno
celebrada el jueves, 27 de abril de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Tercero (Continuación)
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación)
-- De la Comisión Constitucional en relación con la Proposición de Ley de
modificación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la
Iniciativa Legislativa Popular. (Publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie III B, número 11, de fecha 11 de abril
de 2006). (Número de expediente S. 624/000009) (Número de expediente
C. D. 122/000050).
-- De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de
Ley de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de
Estabilidad Presupuestaria. (Publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie II, número 47, de fecha 26 de abril de
2006). (Número de expediente S. 621/000047) (Número de expediente
C. D. 121/000046).
-- De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de
Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre,
complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
II, número 48, de fecha 26 de abril de 2006). (Número de expediente S.
621/000048) (Número de expediente C. D. 121/000047).
Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta minutos.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación) <<4760)
De la Comisión Constitucional en relación con la Proposición de Ley de
modificación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la
Iniciativa Legislativa Popular <<4760)
El señor García Miralles, presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.
Se inicia el debate del articulado.
El señor Maqueda Lafuente anuncia la retirada de las enmiendas números 1
a 4 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor Guillot Miravet retira las enmiendas números 5 a 7 del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
La señora Castillo Jiménez retira la enmienda número 9 del Grupo
Parlamentario Socialista.
En turno de portavoces, intervienen los señores Mendoza Cabrera, del
Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; Casas i Bedós, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y
Guillot Miravet, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, así
como las señoras Castillo Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista, y
Corres Vaquero, del Grupo Parlamentario Popular.
Se aprueba el dictamen por asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al
Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en
forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley
de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad
Presupuestaria <<4762)
El señor Gasòliba i Böhm, presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.
Se inicia el debate del articulado.
El señor Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, da por defendidas
las enmiendas 1 a 3 del señor Cuenca Cañizares. El señor Gasòliba i Böhm
defiende las enmiendas números 43 a 62, del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió. El señor Maqueda Lafuente defiende
la enmienda número 4 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos. La señora Aroz Ibáñez defiende las enmiendas números 5 a 9 del
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. El señor Caneda Morales
defiende las enmiendas números 22 a 42 del Grupo Parlamentario Popular.
La señora Vicente González, del Grupo Parlamentario Socialista,
interviene en turno en contra.
En turno de portavoces, intervienen los señores Urrutia Elorza, del Grupo
Parlamentario Mixto; Gasòliba i Böhm, del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, y Maqueda Lafuente, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; las señoras Aroz Ibáñez,
del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y Vicente González,
del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Caneda Morales, del Grupo
Parlamentario Popular.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que la votación de este proyecto
de ley tendrá lugar después de debatir el siguiente, con el que está
relacionado.
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley
Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre,
complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria
<<4770)
El señor Gasòliba i Böhm, presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.
Se inicia el debate de la propuesta de veto del Grupo Parlamentario
Popular, en cuya defensa interviene el señor Caneda Morales. En turno en
contra interviene el señor Bru Parra, del Grupo Parlamentario
Socialista.
En turno de portavoces, intervienen el señor Cuenca Cañizares, del Grupo
Parlamentario Mixto; la señora Aroz Ibáñez, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, y el señor Caneda Morales, del Grupo
Parlamentario Popular. El señor Bru Parra y el señor Caneda Morales
intervienen por el artículo 87.
Sometida a votación, se rechaza la propuesta de veto del Grupo
Parlamentario Popular por 115 votos a favor y 120 en contra.
El señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, da por
defendida su enmienda número 1. El señor Gasòliba i Böhm defiende las
enmiendas números 12 a 26 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió. La señora Aroz Ibáñez defiende las enmiendas números
2 y 3 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. El señor Caneda
Morales da por defendidas las enmiendas números 8 a 11 del Grupo
Parlamentario Popular.
En turno en contra interviene el señor Bru Parra, del Grupo Parlamentario
Socialista.
En turno de portavoces, intervienen los señores Urrutia Elorza, del Grupo
Parlamentario Mixto; Gasòliba i Böhm, del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió; Maqueda Lafuente, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos , y Caneda Morales, del
Grupo Parlamentario Popular.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 1, del señor Cuenca Cañizares, del Grupo
Parlamentario Mixto, por 2 votos a favor, 225 en contra y 7
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas 11 a 26, menos las números 13 y 16, que
soportan transaccionales, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 7 votos a favor y 226 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 2 y 3, del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés, por 5 votos a favor, 223 en contra y 7
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 8 a 11, del Grupo Parlamentario
Popular, por 114 votos a favor y 121 en contra.
Se aprueban las propuestas de modificación con números de registro 60137
y 60138 por 120 votos a favor y 115 en contra.
Se aprueba el dictamen por 121 votos a favor y 114 en contra.
El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al
Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en
forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley
de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad
Presupuestaria (Votación) <<4783)
Se rechazan las enmiendas números 1 a 3, del señor Cuenca Cañizares, del
Grupo Parlamentario Mixto, por 3 votos a favor, 224 en contra y 8
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 43 a 62, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 8 votos a favor, 225 en
contra y 2 abstenciones.
Se aprueba la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 119 votos a favor y 116 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 5 a 9, del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés, por 11 votos a favor y 224 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 22 a 42, del Grupo Parlamentario
Popular, por 116 votos a favor y 119 en contra.
Se aprueba el dictamen por 121 votos a favor y 114 en contra.
El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al
Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en
forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Se levanta la sesión a las doce horas y cuarenta minutos.
Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Buenos días, señorías.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación):
-- DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN DE LEY DE
MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 3/1984, DE 26 DE MARZO, REGULADORA DE LA
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
(S. 624/000009) (C. D. 122/000050).
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión Constitucional en relación
con la proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica 3/1984, de
26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador García
Miralles.
El señor GARCÍA MIRALLES: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. La proposición de ley de modificación de la Ley
Orgánica reguladora de la iniciativa legislativa popular fue presentada y
tomada en consideración por el Congreso de los Diputados el 15 de marzo
de 2005.
Consta de un artículo único, una disposición derogatoria y una final. Se
proponen un nuevo preámbulo para la Ley Orgánica 3/1984 y unas
modificaciones concretas en su articulado.
En general, se trata de facilitar el ejercicio de este procedimiento de
democracia semidirecta. Entre las innovaciones más destacadas cabe
mencionar la ampliación del plazo de recogida de firmas de 6 a 9 meses,
prorrogables por otros tres, y la posibilidad de realizarla
electrónicamente. Por otra parte, los pliegos de firma podrán editarse en
las dos lenguas cooficiales de las comunidades que las tengan. Se suprime
la necesidad de que se acompañen estos pliegos con los certificados de
inscripción de los firmantes en el censo. En adelante, tras la
presentación de los pliegos, será la Oficina del Censo Electoral la que
tenga que comprobar la inscripción y el número de firmas.
Frente al silencio anterior sobre el momento en que tenía que iniciarse
la tramitación de una proposición de ley por iniciativa popular
regularmente presentada, se impone ahora un plazo máximo de seis meses
para la toma en consideración. Finalmente, se actualiza el importe máximo
con que puede ser indemnizada la comisión promotora por los gastos
originados, debidamente justificados, y por la decisión de la iniciativa
y recogida de firmas; dicha indemnización se fija en 300.000 euros,
revisables anualmente conforme a las variaciones del IPC.
En el Senado se presentaron 11 enmiendas. La Comisión Constitucional
debatió esta proposición de ley orgánica el pasado 6 de abril y aprobó
dos enmiendas transaccionales que afectan a los artículos 7.4 y 13.2 de
la Ley Orgánica 3/1984. En lo demás, se propone mantener el texto
remitido por el Congreso de los Diputados. El Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos mantiene como voto particular sus
enmiendas 1 a 4, y el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés hace
lo mismo con sus enmiendas 5 a 7. Finalmente, el Grupo Parlamentario
Socialista mantiene la número 9.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Comienza el debate de totalidad. ¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
Defensa de las enmiendas. Para defender las del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Maqueda.
El señor MAQUEDA LAFUENTE: «Egun on». Gracias, señor presidente.
Anuncio que nuestro grupo retira sus enmiendas en beneficio del
consenso.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra
el senador Guillot.
El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.
Anunciamos también la retirada de las enmiendas de nuestro grupo.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora
Castillo.
La señora CASTILLO JIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.
También nuestro grupo anuncia que retira la enmienda que mantenía viva.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la
palabra el senador Mendoza.
El señor MENDOZA CABRERA: Gracias, señor presidente.
Anunciamos nuestro voto favorable a esta proposición de ley que propone
un avance en la democracia directa. Esto es siempre una buena noticia
para quienes creemos que la democracia es la forma más adecuada de vivir
en comunidad.
Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el senador Casas.
El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo se ha sumado al consenso. De hecho, ya lo hizo en los
trámites de ponencia y comisión. Anunciamos, pues, nuestro voto favorable
y celebramos que la proposición de ley se apruebe por unanimidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra
el senador Guillot.
El señor GUILLOT MIRAVET: Nos sumamos a la felicitación por el consenso
obtenido.
Debatimos una buena ley, que impulsó el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds en el Congreso, y que aportará una
serie de ventajas que facilitarán la participación semidirecta de los
ciudadanos. Con todo, habríamos querido ampliarla en dos sentido: en
primer lugar, reduciendo el número de firmas necesarias para promover la
ILP y, en segundo lugar, modificando las materias excluidas de la
iniciativa legislativa popular.
No obstante, la ley da un paso adelante, es una buena ley, por eso la
apoyamos.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora
Castillo.
La señora CASTILLO JIMÉNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero sumarme al consenso con el que esta reforma de la Ley Orgánica
3/1984 salió del Congreso de los Diputados. Después de un debate
interesante en la Comisión Constitucional, hemos conseguido mantener y
traer al Pleno, con ese mismo espíritu, el texto que allí se aprobó.
Destacaré que la mejora de una ley que tiene 22 años supone
fundamentalmente la posibilidad de incorporar la recogida de firmas a
través de mecanismos electrónicos. También hago hincapié en la novedad
que incluye --y por tanto la mejora-- la reforma de la ley en cuanto a la
posibilidad de hacer el pliego de recogida de firmas en las lenguas
cooficiales, y, por supuesto, la ampliación del plazo para la recogida de
esas firmas. Junto a eso está la posibilidad de resarcir económicamente
por los gastos a quien promueva la recogida de firmas. Son los aspectos
más importantes que justifican la reforma de una ley que, repito, después
de 22 años, no ha tenido muchos efectos prácticos. De 34 iniciativas,
sólo ocho terminaron llegando a las Cámaras, y de esas ocho sólo una se
convirtió en ley. Sin embargo --lo han dicho los otros portavoces--
supone la posibilidad de intensificar, de hacer posible la participación
directa en la capacidad normativa de los ciudadanos.
Esta ley orgánica, por tanto, es muy importante; es el instrumento que
permite esa participación directa en un sistema democrático, y esperamos
que, con estos elementos que la mejoran y la modernizan, se utilice más y
que sea el instituto que permita llegar a los ciudadanos a la creación
de la norma que va a regular la convivencia entre todos nosotros.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Corres.
La señora CORRES VAQUERO: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días a todos, señorías. Nos reúne un asunto sin duda alguna
importante: la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds, para modificar la Ley Orgánica
3/1984, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular. Como todos
ustedes saben, la iniciativa legislativa popular es un instrumento de
participación de los ciudadanos --como aquí se ha hecho-- en la formación
de la ley. El artículo 23 de nuestra Carta Magna, de la Constitución de
1978, establece la participación directa de los ciudadanos en la vida
pública. Existe una participación directa a través del referéndum y
también una participación semidirecta a través de este instrumento que es
la iniciativa legislativa popular.
En primer lugar, quisiera señalar que en el Grupo Parlamentario Popular
aplaudimos en su día la oportunidad de la presentación de esta iniciativa
por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds, ya que
entendimos que después de 22 años era necesario mejorar y modernizar una
institución de participación democrática como es la iniciativa
legislativa popular.
El modelo de democracia español, según la Constitución de 1978, es el de
la democracia representativa, y por ello los partidos políticos de
nuestro país representan un papel medular en nuestro sistema, siendo el
cauce fundamental de participación de los ciudadanos en la vida del
Estado. El objetivo de la proposición de ley de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds es el de facilitar el ejercicio de
la iniciativa legislativa popular, eliminando las trabas y las cautelas
innecesarias, simplificando los procedimientos y reduciendo los
requisitos existentes para llevarla a cabo.
El derecho a la iniciativa legislativa popular --y quiero hacer hincapié
en ello-- implica la posibilidad de iniciar el procedimiento legislativo
a través de la recogida de firmas, si bien logra su plena efectividad en
el momento mismo del debate de su toma en consideración. Así ha quedado
recogido en el artículo 13.1 de la ley.
En el trámite en el Congreso de los Diputados se llegó a un texto
bastante consensuado sobre esta iniciativa, pero hay que resaltar que con
la tramitación de esta propuesta se ha puesto de manifiesto que es
posible llegar a grandes acuerdos entre todos los grupos parlamentarios,
y eso, sin duda alguna, es fundamental.
Ya han comentado algunos de los portavoces que me han precedido en el uso
de la palabra que en la tramitación parlamentaria de esta propuesta hemos
logrado, entre todos, incorporar bastantes mejoras respecto de la ley de
1984; entre todos hemos conseguido dotar de una mayor relevancia a esta
figura de nuestro ordenamiento jurídico; hemos podido presentar los
pliegos de firmas en cualquiera de las lenguas cooficiales de España;
hemos logrado recoger firmas a través de los métodos electrónicos,
incorporando también esta iniciativa legislativa popular a la sociedad de
la información; hemos ampliado el plazo de recogida de firmas de seis a
nueve meses, prorrogables por tres meses en casos de fuerza mayor; hemos
actualizado la cuantía económica para llevar a cabo la iniciativa; hemos
conseguido que el Congreso de los Diputados tenga que tramitar las
iniciativas en un plazo prudencial, punto importante que aparece recogido
en el artículo 13.1 cuando establece un plazo máximo de seis meses para
que las Cámaras incorporen en el orden del día del Pleno la toma en
consideración de la iniciativa legislativa popular. Creemos que el
establecimiento de este plazo máximo garantiza aún más, si cabe, a el
derecho ejercicio de la iniciativa legislativa popular para los
proponentes, ya que con ello se evita que estas queden olvidadas en un
cajón del Congreso de los Diputados. Además, hemos conseguido fomentar
entre todos el diálogo, haciendo posible que la comisión promotora de la
iniciativa legislativa popular se persone para su defensa en un momento
del procedimiento legislativo.
Señorías, agradezco que todos los grupos que habían mantenido sus
enmiendas las hayan retirado en aras del consenso final, que va a hacer
posible que hoy aprobemos un dictamen que, sin duda, ha conseguido
mejorar la Ley 3/1984, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.
Podemos sentirnos satisfechos de haber llegado a este texto de consenso,
pues todos hemos sido capaces de ceder --unos más y otros menos-- para
conseguir una buena reforma de la Ley Orgánica 3/1984; así lo hicimos en
el Congreso de los Diputados y así resultó del debate en la Comisión
Constitucional de esta Cámara con la incorporación de las dos enmiendas
transaccionales presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y apoyadas
por todos los grupos. Espero que el consenso alcanzado y el objetivo
logrado con el texto del dictamen que hoy vamos a votar siga siendo una
pauta a la hora de actuar para posteriores iniciativas que se presenten
en las Cámaras que conforman las Cortes Generales de España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por las intervenciones de los grupos parlamentarios entiendo que hay
unanimidad respecto de esta ley. ¿Se puede aprobar por asentimiento?
(Asentimiento.)
En tal caso, señorías, tal y como dispone el artículo 90 de la
Constitución Española, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el
Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre
ellas de forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad
el Rey.
-- DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE
LEY DE REFORMA DE LA LEY 18/2001, DE 12 DE DICIEMBRE, GENERAL DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (S. 621/000047) (C. D. 121/000046).
El señor PRESIDENTE: Señorías, a continuación pasamos a debatir el
dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el
proyecto de ley de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General
de Estabilidad Presupuestaria.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el senador Gasòliba.
El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gracias, señor presidente.
Señorías, como presidente de la Comisión de Economía y Hacienda me cabe
el honor de presentar el proyecto de ley de reforma de la Ley 18/2001, de
12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria.
Quiero recordar que el proyecto de ley tuvo su entrada en esta Cámara el
3 de marzo de 2006, tramitándose por el procedimiento ordinario una vez
finalizado el plazo de presentación de vetos y enmiendas, que expiraba el
15 de marzo y que fue ampliado al 22 de marzo de 2006.
A este proyecto de ley se presentaron un total de 62 enmiendas
distribuidas de la siguiente forma: de la 1 a la 3, del senador Cuenca
Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto; la número 4, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; de la 5 a la 10, el
Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés; de la 11 a la 21, del
Grupo Parlamentario Socialista; de la 22 a la 42, del Grupo Parlamentario
Popular; y de la 43 a la 62, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió.
La ponencia acordó incorporar las enmiendas 11 a 21, del Grupo
Parlamentario Socialista, con una modificación técnica en la número 13,
así como el mantenimiento del resto del texto remitido por el Congreso de
los Diputados. Igualmente, acordó aplazar el debate del resto de las
enmiendas presentadas para una fase ulterior del procedimiento. La
representante del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés
retiró la enmienda número 10. La comisión aceptó como dictamen el texto
propuesto por la ponencia. Se han presentado cinco votos particulares, a
través de los cuales se mantienen para su debate y votación en el Pleno
las siguientes enmiendas: las números 1 a 3, del Senador Cuenca
Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto; la número 4, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; las números 5 a 9, del
Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés; las números 22 a 42,
del Grupo Parlamentario Popular; y las números 43 a 62, del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Comenzamos con el debate de totalidad. ¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en
contra? (Pausa.) Pasamos, a continuación, a debatir las enmiendas. En
primer lugar, las del
Grupo Parlamentario Mixto, para cuya defensa tiene
la palabra el senador Urrutia.
El señor URRUTIA ELORZA: Gracias, señor presidente.
Voy a hacer acto de presencia en lugar del señor Eduardo Cuenca
Cañizares, al que se está haciendo una entrevista en la radio. No sé si
es el procedimiento habitual, pero voy a dar por defendidas las enmiendas
1 a 3. Disculpe, señor presidente.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el senador Gasòliba.
El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gracias, señor presidente.
En el trámite del siguiente proyecto de ley orgánica, en el tendrá lugar
el debate de un veto, nos podremos extender con mayor amplitud sobre la
Ley General de Estabilidad Presupuestaria. En este proyecto de ley se
prevé una reforma de la Ley 18/ 2001 con un carácter técnico, pero como
se ha visto en la dictamen de la comisión, precisamente el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha presentado
un número importante de enmiendas. Estas enmiendas responden a una serie
de puntualizaciones que queremos hacer con vistas a dos aspectos que la
ley no recoge con la suficiente precisión. La primera es una mejor
adaptación de acuerdo con nuestras enmiendas, acorde con la delimitación
del sector público definido a nivel europeo y afectado por el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento, y basado en la financiación por la inclusión o
no del ente del Sistema Europeo de Cuentas.
Nestras enmiendas se dividen en tres bloques, y uno de ellos es éste.
Consideramos que con ellas mejoramos la adaptación a la metodología e
incluso a la terminología de la Unión Europea en toda aquella área que
lleva a los pactos de estabilidad y crecimiento y al ajuste a éstos.
El segundo bloque hace referencia a cuestiones internas. De ahí nuestra
enmienda número 45 referida al principio de estabilidad presupuestaria
para que, de conformidad con el Pacto de Toledo, se garantice el
mantenimiento del sistema de Seguridad Social y su viabilidad futura.
Como es lógico, cuando tratamos las cuentas públicas de un año dentro del
ámbito de estabilidad presupuestaria hemos de tener en cuenta un aspecto
tan esencial, como es el sistema de Seguridad Social y de pensiones que,
por otra parte, me permito recordar que es una de las cuestiones más
críticas en los informes de la Unión Europea, tanto de la Comisión
Europea como en el informe anual del Banco Central Europeo.
Finalmente, hay otros aspectos que sustanciamos en nuestras enmiendas, a
partir de la número 48, para poner de relieve el papel que debe
desempeñar el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En este proyecto,
el Gobierno asume una representación, así como el establecimiento de unas
directrices que entendemos que no corresponde aplicar si no se da
previamente acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde
están representadas tanto la Administración General del Estado como las
comunidades autónomas. Tener en cuenta los acuerdos y la situación de
cada comunidad autónoma debería conllevar un papel más relevante del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, y ello nos ha movido a presentar
una serie de enmiendas que constituyen el tercer ámbito que motiva
nuestras propuestas de modificación. Aunque tienen una traducción que
podría parecer técnica, obedecen a dos cuestiones de fondo: por una
parte, una mejor adaptación a las directrices y a la terminología,
incluso a un mejor ajuste respecto de las instituciones de la Unión
Europea, dentro del marco donde se discuten y aprueban los planes de
estabilidad y crecimiento; y, por otra parte, una mejor adaptación y
ajuste respecto a los acuerdos de las diversas administraciones públicas,
incluidas las comunidades autónomas, en cuanto a compromisos internos
--ya he hecho referencia a uno muy específico, el Pacto de Toledo--, que,
en su mayoría, llevan a reconocer un papel más relevante del Consejo de
Política Fiscal y Financiera para exponer la situación y alcanzar
acuerdos entre las comunidades autónomas y la Administración Central del
Estado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el senador Maqueda.
El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente.
Intervengo para defender la enmienda número 4, que el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos mantienen a este proyecto de ley.
Hemos propuesto la supresión de la disposición final tercera, como
defendimos en la comisión, debido a que en el Congreso de los Diputados,
con fecha 17 de mayo de 2005, se había aprobado por una amplia mayoría
una resolución mediante la cual ya se instaba al Gobierno a utilizar
normas con rango de ley para introducir normativas básicas en el
ordenamiento jurídico español. Entendemos que, en su cumplimiento, el
Gobierno del Estado debería comprometerse a que fuera esencialmente la
ley la que estableciera los diferentes principios y directrices
generales, cuya aplicación corresponde desarrollar y ejecutar a las
comunidades autónomas en el ámbito de las competencias que tienen
reconocidas.
De este modo, entendemos que se dota de claridad, estabilidad y certeza
normativa al ordenamiento jurídico, finalidades estas que únicamente
aceptan excepciones de carácter puntual cuando las medidas que vayan a
poner en práctica las comunidades autónomas no garanticen suficientemente
la preservación de la norma básica, pero que incluso en tales
circunstancias debieran quedar a la discusión del poder legislativo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa de Progrés, tiene la palabra la
senadora Aroz.
La señora AROZ IBÁÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, Entesa Catalana de Progrés mantiene cinco enmiendas a este
proyecto de ley. Son enmiendas que provienen del Congreso, de dos de los
grupos que integran nuestra coalición, y debo decir que no hay una
posición común respecto a ellas pero corresponde a esta portavoz
defenderlas.
Las propuestas planteadas hacen referencia a tres aspectos concretos. En
primer lugar, la consideración de que el cumplimiento o incumplimiento
del objetivo de estabilidad presupuestaria en el sector público local se
haga en términos agregados, es decir, que se contemple el conjunto del
sector local. El segundo aspecto es que sea preceptivo un informe previo
de las comunidades autónomas respecto del al objetivo a fijar para los
entes locales en aquellos casos en que las comunidades autónomas ostenten
competencias en materia de tutela financiera. Y el tercer aspecto es
atribuir a la ley, en concreto a la Ley general de presupuestos, la
fijación de la tasa de variación del producto interior bruto nacional
real que determine el umbral de crecimiento económico por debajo del cual
se podrá excepcionalmente presentar déficit por parte de las comunidades
autónomas y corporaciones locales y, asimismo, la fijación de la tasa de
variación del PIB nacional que determine que se deberá presentar
superávit. Esta es una propuesta alternativa a lo contemplado en el
proyecto de ley, que atribuye al Consejo de Ministros la fijación de
dichas tasas de variación del producto interior bruto.
Lo que se pretende con estas enmiendas es, en síntesis, de clarificación
de los procedimientos de fijación del objetivo de estabilidad
presupuestaria, y en relación con la última propuesta, se trata de
favorecer el debate parlamentario en la fijación de los umbrales de
crecimiento que dan lugar al objetivo de estabilidad presupuestaria.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Gracias, presidente.
Señorías, creo que nos han cambiado el guión, porque estas dos leyes
siempre se discuten conjuntamente ya que una es complementaria de la
otra. Por ello hubiese sido más lógico defender primero el veto, en el
que de una forma genérica se explica el porqué de nuestra posición
negativa a esta reforma. En cualquier caso, voy a pasar a defender las
enmiendas porque si no, no tendrían luego sentido.
La enmienda número 22, en la que se solicita la supresión de la
exposición de motivos, resume nuestras teorías, porque a lo largo de
estas reformas se van dando una serie de causas que, en definitiva,
justifican el déficit vistiéndolo de distintas maneras. Y es que esta
ley, que en su día fue un instrumento fantástico de política económica,
con sus numerosas flexibilizaciones deja de serlo y se acomoda a las
situaciones y circunstancias de cada momento.
Por otra parte, aumenta el intervencionismo del Estado al pedirse
muchísima información, que además no creemos que sea buena para la
transparencia, sino todo lo contrario.
Tampoco nos gusta, como recoge la exposición de motivos, que se
establezca como forma de fijar el déficit las relaciones bilaterales.
Pienso que eso siempre da lugar a arbitrariedades y a que unas
comunidades autónomas tengan más capacidad de presión que otras si en un
momento determinado tienen ganas de tener déficit.
Por último, como síntesis de esta exposición de motivos, mencionaré la
referencia que se hace a los ciclos económicos. Entendemos que nadie ha
definido lo que es un ciclo económico, siempre es aleatorio, y es una
causa más de ambigüedad para justificar cualquier tipo de déficit.
La enmienda número 23, al artículo único, propone la supresión de la
expresión «... a lo largo del ciclo económico» por las razones que he
expuesto, es decir, porque nadie sabe lo que dura un ciclo, y podríamos
pensar que durante una década en que una economía no tuviera un alto
crecimiento, todos los años se podría justificar un alto déficit, dejando
la economía hipotecada gravemente para el futuro.
La enmienda número 24 solicita la supresión del último párrafo del
artículo único, apartado dos, que viene a recoger lo que decíamos sobre
el aumento de control. Y es que hoy en día, tal y como está la ley, ya se
tiene toda la información. Se hace hincapié en que las cuentas de la
Seguridad Social, como las del resto de la Administración del Estado,
deben estar separadas a efectos de transparencia, y posteriormente, con
los distintos componentes, se pueden hacer las composiciones que se
quiera; pero la transparencia queda salvaguardada porque se sabe cuál es
la situación de uno y cuál la situación de una y otra.
La enmienda número 25 propone la supresión del apartado cuatro
precisamente porque recoge el espíritu de la ley. Se ha cambiado la
expresión «equilibrio presupuestario» por «estabilidad presupuestaria»,
que resulta más ambigua, y da pie a cualquier interpretación, dejando al
margen al equilibrio.
La enmienda 26 pretende la supresión del apartado cinco, debido a que
mediante este apartado desaparece la obligación del equilibrio anual.
Ahora se admite el déficit y se introducen factores muy discrecionales de
estabilidad a lo largo de un ciclo, sin que haya una manera objetiva de
definir en qué momento de ese ciclo nos encontramos, porque realmente no
existe. Incluso se permite a las comunidades tener un margen de déficit
más amplio que el del Estado, y dependerá del Gobierno de turno.
La enmienda 27 pretende suprimir el apartado seis. De nuevo en este
apartado se da pie a la arbitrariedad porque se fija una finalidad que no
hay forma de que sea objetiva y ni siquiera real, sino que está
condicionada a futuribles nadie puede asegurarse que sean ciertos.
La enmienda 28 suprime el último párrafo del apartado siete. En este
apartado se da por supuesta la existencia del déficit, es como si
necesariamente tuviera que haber déficit, y aleatoriamente se pudiera
evitar.
La enmienda 29 pretende la supresión del apartado ocho. Vuelve a preverse
un déficit, y se renuncia al objetivo de no alcanzarlo como algo
prioritario.
La enmienda número 30 pretende la supresión del apartado nueve, que es el
equivalente al apartado 4, por el cambio de la expresión «equilibrio
presupuestario» por «estabilidad presupuestaria».
Las enmiendas números 31, 32 y 33, suprimen los apartados diez, once y
doce. Se trata de un simple cambio de numeración de artículos.
La enmienda número 34 propone la supresión del apartado trece, porque lo
que en la ley actual se recoge como excepcional, que es el déficit, con
esta redacción se modifica, y se da por supuesto el déficit,
considerándose excepcional el equilibrio. Es un cambio flagrante del
espíritu de la ley.
La enmienda número 35 pretende la supresión de una frase que aparece en
el apartado quince. En nuestra opinión, sobra la expresión «incumpliendo
el objetivo de estabilidad», porque presentar un déficit de por sí ya
supone incumplir el objetivo de estabilidad.
La enmienda número 36 propone la supresión del apartado dieciséis por los
mismos motivos aludidos en los apartados cuatro y nueve.
La enmienda número 37 suprime los apartados diecisiete, dieciocho,
diecinueve, veinte y veintiuno, que suponen el traslado de toda esa
relajación, por distintos motivos, de las comunidades autónomas a las
entidades locales.
La enmienda número 38 pretende suprimir el apartado veintidós porque se
hace una referencia a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que en
nuestra opinión no es necesaria.
La enmienda número 39 suprime la disposición transitoria primera por
considerar que es otra flexibilidad adicional e innecesaria que permite
que haya déficit cuando haya bajo crecimiento. Es tan evidente que a lo
largo de la legislatura, y por comparación con otras economías, la
exigencia del control del gasto y del equilibrio genera el crecimiento y
no al revés, que esta disposición implica una regresión en la cultura
económica de este país.
La enmienda número 40 pretende la supresión de la disposición transitoria
segunda, porque vuelve a utilizarse, de otra manera, pero con los mismos
efectos, el ciclo económico y su evolución para justificar el déficit.
En la enmienda número 41 se suprime la disposición final segunda. A la
consideración de la ley como legislación básica del Estado se hacen
multitud de salvedades que entendemos que no son necesarias. Como
explicaremos en el veto, creo que es una de las justificaciones de esta
reforma.
En la enmienda número 42 se suprime el segundo párrafo de la disposición
final sexta. Al igual que todas las anteriores, es necesaria esa
supresión porque se vuelve a dar una facilidad e incluso una invitación a
incurrir en déficit.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra la senadora Vicente.
La señora VICENTE GONZÁLEZ. Muchas gracias, señor presidente.
Quisiera manifestar, en primer lugar, por si hay alguna duda, que el
Partido Socialista y el Gobierno socialista siempre han apostado por la
estabilidad presupuestaria, primero, porque era un compromiso electoral,
y segundo, porque esa estabilidad ha sido defendida a lo largo de estos
dos años de legislatura por los diferentes miembros del Consejo de
Ministros y los compañeros que sustentamos el Grupo Parlamentario
Socialista.
Entendemos que la estabilidad presupuestaria constituye la mejor forma de
asegurar el gasto social y la inversión pública que sean sostenibles en
el tiempo. Además, la disciplina fiscal otorga confianza a los agentes
económicos, refuerza las condiciones para conseguir estabilidad de
precios, crecimiento y empleo y garantiza que el Estado siga cubriendo
las necesidades colectivas básicas.
En este sentido, en términos generales, está establecida la reforma de la
Ley General de Estabilidad Presupuestaria que estamos defendiendo, al
entenderse que la disciplina fiscal debe referirse al ciclo económico
para permitir el libre juego de los estabilizadores automáticos y el
consiguiente efecto anticíclico del presupuesto. Además, la disciplina
presupuestaria debe afectar al conjunto del sector público a todos los
niveles de la administración.
Queremos que la estabilidad presupuestaria sea real y no puramente
nominal. No nos vale una ley que proclame el déficit cero sobre el papel,
como en ocasiones anteriores --y no hace falta que me remita a ello--, y
que no logre que se equilibrio presupuestario se dé en la realidad.
Recuerden que se dijo en alguna ocasión que el Estado nunca había tenido
déficit cero y que las comunidades autónomas, a pesar de lo que le dice
la estabilidad presupuestaria, tampoco. Pero hoy sabemos, y tenemos datos
concretos y reales, que en anteriores ocasiones hubo once comunidades
autónomas que registraron déficit; por cierto, muchas de ellas gobernadas
por el Partido Popular, pero sólo es un añadido al que me remito. Y
también más de la mitad de las entidades locales sufrieron déficit. Por
eso hay razones para modificar estas leyes en general, y en concreto la
Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Como éste es el turno de posición respecto de las enmiendas que se han
presentado con anterioridad, voy a fijar la posición del Grupo
Parlamentario Socialista.
En primer lugar, en cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
presentadas por Izquierda Unida, aunque el señor Cuenca no las haya
podido defender, anuncio de antemano que nuestra posición es la misma que
mantuvimos en el Congreso para ser coherentes con lo que hemos estado
explicando.
En primer lugar, la enmienda número 1 pretende que para fijar el objetivo
de estabilidad de los entes locales se solicite un informe a las
comunidades autónomas que ostenten tutela financiera. Pues bien, he de
indicar que el objetivo de estabilidad presupuestaria responde a una
actuación de política general y no a una manifestación del ejercicio de
tutela financiera, como pretende la enmienda. Además, hay que recordar
que es el Estado el que establece en exclusividad las bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica. Así
lo indica el artículo 149.1.13ª de la Constitución.
En el propio proyecto de ley, basado en los principios constitucionales
de cooperación, coordinación y lealtad recíproca entre entidades
territoriales, se indica que existe un informe previo del Consejo de
Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la
Comisión Nacional de Administración Local cómo órganos de coordinación
multilateral. Por otro lado, según lo que se mantiene en la enmienda, si
se atribuye la tutela financiera de las entidades locales a las
comunidades autónomas, además de ser inconstitucional, se podría dar la
paradoja de que se establecieran objetivos distintos entre entidades
locales de diferentes comunidades autónomas.
La enmienda número 2, que es igual a la enmienda número 6 del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, pretende establecer la
aplicación de los procedimientos de la propia ley en caso de
incumplimiento del objetivo de estabilidad por el conjunto del sector
local. Quiero resaltar que el principio de estabilidad debe cumplirse por
todas y cada una de las administraciones públicas. Entiendo la
preocupación que se tiene por la financiación de las entidades locales,
pero también es cierto que con la propuesta de las enmiendas de Izquierda
Unida y de la Entesa se podrían producir situaciones injustas de
compensación entre administraciones locales; es decir, mientras unos
ayuntamientos pueden tener unas cuentas saneadas, incluso con superávit,
otros podrían incurrir en déficit permanentes y no corregirse por verse
compensados por esos ayuntamientos vecinos que sí cumplen ese principio.
Con lo cual, aunque de manera global se pueda cumplir el principio de
estabilidad, no sé si se cumpliría el principio de justicia.
Por último, en cuanto a la enmienda número 3 de Izquierda Unida,
semejante a la número 10 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de
Progrés, a cuya portavoz agradezco que la retirara en comisión, pediría a
su portavoz que también la retirara porque no tiene sentido ya que da
lugar a que se incumpla el objetivo de estabilidad una vez cumplida esta
ley. Por tanto, por coherencia le pediría que retirara esa enmienda.
En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, le anuncio al senador Maqueda que sí que la vamos a
aceptar --no está en este momento en el hemiciclo-- porque, aunque en
principio íbamos a mantener la misma posición de nuestro grupo en el
Congreso de los Diputados, es decir, la íbamos a rechazar, puede ser que
allí no se analizara lo suficiente por nuestros compañeros, pero en el
Senado sí lo hemos hecho. Y vamos a aceptarla porque la justificación es
coherente. Hay que reconocer que la ley debe establecer los principios y
directrices generales y a las comunidades autónomas les corresponde
desarrollarlos y ejecutarlos. Y en caso de duda, se establecerán
excepciones cuando las comunidades autónomas no garanticen la norma
básica. Por tanto, señorías, debemos felicitarnos por la aportación a la
ley del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos al proponer
la supresión de esa disposición.
En cuanto a las cinco enmiendas que mantiene la Entesa, como bien ha
dicho su portavoz, me voy a referir, una a una, a nuestra justificación
para, en principio, no aceptarlas.
La enmienda número 5, relativa a la aplicación del principio de
transparencia en el ámbito local, pretende que las comunidades autónomas
puedan recabar información de las entidades locales para cumplir ese
principio. Aunque entiendo que se propone en aras de la transparencia, es
al Gobierno de la nación al que le corresponde velar por el principio de
estabilidad presupuestaria en el ámbito del sector público. Es el propio
Ministerio de Economía y Hacienda el que debe informar a la Comisión
Nacional de Administración Local sobre el grado de cumplimiento de
estabilidad y el que, además, responde ante las instituciones
comunitarias. Por tanto, demos un voto de confianza al ministerio, para
que sea el que recoja la información financiera necesaria precisa para
que el cumplimiento de estas funciones, sin que intermedien otras
administraciones, porque de lo contrario se podría dificultar y complicar
la gestión de la información y el correcto cumplimiento de los principios
de estabilidad.
En relación con la enmienda número 6 de la Entesa, me remito a lo que he
manifestado al portavoz de Izquierda Unida sobre la enmienda número 2,
que es exactamente la misma, relativa al principio de estabilidad para el
conjunto del sector local. Como he dicho antes, tampoco en este caso la
podemos aceptar, porque no tiene sentido que unos ayuntamientos paguen el
no cumplimiento de otros que sí pagan.
La enmienda número 7 de Entesa, pretende determinar la tasa de variación
del PIB nacional real que determine el umbral de crecimiento económico,
según el cual el Estado y las comunidades autónomas y determinadas
entidades locales podrían presentar déficit. Sin embargo, la estabilidad
presupuestaria que hemos defendido desde el Grupo Parlamentario
Socialista, no sólo en este proyecto, sino también a lo largo de todas
nuestras intervenciones, y que está recogida en nuestro programa
electoral, ha de definirse a lo largo del ciclo económico. Por tanto,
debe ser, como bien he dicho anteriormente, el Consejo de Ministros el
que fije el objetivo de estabilidad presupuestaria, previo informe de los
órganos de coordinación multilateral, y para un período de tres años, con
lo que se eliminaría la incertidumbre que podría derivarse de toda
negociación actual, como pretende la enmienda. Así pues, no podemos
aceptarla. Y para que no le quepa duda, según el artículo 8.3 de la ley
el objetivo conjunto de estabilidad presupuestaria ha de ser aprobado en
la Cortes Generales, con lo cual sí se somete a discusión parlamentaria
dicha tasa del PIB que pretenden ustedes fijar en el objetivo de
equilibrio.
En cuanto a la enmienda número 8, ocurre exactamente lo mismo que con la
enmienda del Grupo Parlamentario Mixto: no podemos aceptarla porque el
que tiene la competencia exclusiva de planificación general de la
actividad económica es el Estado.
Por último, la enmienda número 9 establece que la tasa de variación del
PIB nacional real que determine el déficit o superávit sea fijada en la
ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año. Pero eso no hace
más que introducir incertidumbre económica, y no es el objetivo propio de
una ley de estabilidad.
En definitiva, no podemos aceptar las enmiendas de Entesa en su
conjunto.
Por lo que se refiere a las enmiendas presentadas por Convergència i
Unió, no es que no estemos de acuerdo con algunas de las consideraciones
que se hacen, pero me voy a remitir a lo que pusimos de manifiesto en el
Congreso para ser coherentes con lo que allí dijimos.
Hay una serie de enmiendas que pretenden garantizar el respeto a la
autonomía financiera de las comunidades autónomas obviando la competencia
exclusiva del Estado. Pero, como bien he dicho anteriormente, remitámonos
al artículo 149.1.13ª de la Constitución, en el que se dice que las bases
y coordinación de la planificación general de la actividad económica es
competencia exclusiva del Estado. Por lo tanto, señorías, no tiene ningún
sentido que se respete la autonomía financiera puenteando la
Constitución.
También se pretende establecer un criterio, que en principio es meramente
contable, el SEC, para el ámbito institucional de aplicación de la ley,
cuando el propio criterio establecido por la ley es de carácter
presupuestario y atiende a la organización territorial del Estado
establecida, y, por tanto, también está recogido en la Constitución. Con
lo cual no podemos aceptar el criterio del SEC, sino el criterio propio
de la ley.
Se busca recoger en la definición del principio de estabilidad las
necesidades a largo plazo del sistema de Seguridad Social y además la
definición de que exista un déficit consecuencia de la coyuntura
económica. Pero, señoría, no se puede llegar a tanta concreción en la
definición del principio de estabilidad; en todo caso sería más correcto
que eso se determinara en el objetivo de estabilidad, cosa que, por otro
lado, ya se hace en el proyecto de ley, concretamente en el artículo
único, apartado seis.
También se pretende que puedan presentarse déficit excepcionalmente
cuando el ciclo económico prevea un crecimiento individualmente inferior
a la tasa de variación del PIB. Pero el informe del ciclo está para el
conjunto de la economía española. No puede separarse la aportación al PIB
nacional de las entidades locales, de comunidades autónomas y del Estado
por un lado, porque se introducen mayores complejidades en los
percibimientos, además de que la evolución del PIB nacional y del PIB
regional no tienen por qué ser iguales. Como bien he dicho antes, el
artículo 149.1.13ª de la Constitución --perdonen que insista en este
artículo, pero es importante para mi explicación-- establece la
competencia exclusiva del Estado para las bases y coordinación de la
planificación de la actividad económica, y no puede ser el Consejo de
Política Fiscal y Financiera el que reciba la memoria plurianual ni el
que verifique el cumplimiento de las obligaciones asumidas por España en
la Unión Europea en materia de estabilidad, como se pretende en las
enmiendas. Corresponde al Gobierno, en calidad de órgano competente para
ejercer la coordinación general de la actividad económica, la valoración
del grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad. Por tanto, no
podemos admitir que sea el Consejo de Política Fiscal y Financiera el que
realice esas funciones.
Por otro lado, también se pretende un incremento del déficit del 0,05
para inversiones de las entidades locales, que sea del 0,25 del PIB
nacional, y un déficit adicional para inversiones de las comunidades
autónomas que vaya del 0,25 por ciento del PIB nacional al 1 por ciento
del PIB de la respectiva comunidad autónoma. Pero entendemos que es más
adecuado mantener las cuentas públicas dentro de unos límites razonables,
sin poner en peligro el pacto de estabilidad y crecimiento. Además, y
para proteger a las entidades locales, se pretende aplicarles el
principio de estabilidad a lo largo del ciclo y que la Comisión Nacional
de la Administración Local ejerza funciones a la hora de establecer
criterios de inversiones, cuando corresponde al propio Gobierno esa
competencia.
El proyecto de ley potencia los principios de solidaridad, cooperación,
coordinación y lealtad recíproca entre las entidades territoriales, por
lo que queda recogida la protección que propone esta enmienda.
También se pretende que la central de datos de información de riesgos
financieros de las entidades locales se establezca entre el Estado y las
comunidades autónomas, cuando la competencia es exclusiva del Estado.
Por último, se manifiesta la pretensión de dar carácter excepcional a los
municipios turísticos, algo que no podemos aceptar, porque si
incluyésemos otro tipo de demandas excepcionales no estaríamos ante la
Ley General de Estabilidad Presupuestaria, sino en la ley específica de
estabilidad presupuestaria, que entiendo no es lo que usted pretende ni
yo tampoco. Por tanto, no podemos aceptar tal especificidad. Después de
haber aprobado en el año 2005 la ley de presupuestos, en la Ley General
de Estabilidad Presupuestaria se pretende recuperar en la tramitación
parlamentaria el objetivo de estabilidad, algo en lo que no podemos estar
de acuerdo.
Por último, me referiré a las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular. Quisiera decirle al senador Caneda, para
facilitarle el trabajo, que, en vez de realizar el esfuerzo de presentar
20 enmiendas, la mayoría de ellas de supresión, hubiese sido más fácil
también presentar un veto a esta ley, pues no tiene sentido que hayan
presentado tantas enmiendas de supresión sin una justificación real. Por
tanto, y como no aportan nada, no podemos estar de acuerdo con ellas. Las
reformas que nosotros pretendemos no están basadas en la mentira, la
confusión o en la duda, sino en la transparencia y en la información,
tanto de esta ley como en la que posteriormente debatiremos.
En el proyecto de ley de reforma de las leyes de estabilidad hay que
resaltar varias cuestiones, algunas de las cuales son novedades
importantes: la separación de objetivos entre la Seguridad Social y el
resto de las administraciones, la existencia de mecanismos preventivos
ante posibles fluctuaciones cíclicas y la regulación más realista de los
mecanismos correctivos. En definitiva, el modelo de reforma de las leyes
de estabilidad presupuestaria, en concreto, de la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria, pretende lograr un equilibrio a lo largo del
ciclo, en el que se superen las insuficiencias detectadas en la normativa
actual y se refuerce la estabilidad presupuestaria a través de medidas
como el establecimiento de una definición del principio de estabilidad a
lo largo del ciclo, basado en el equilibrio de las cuentas entre el
Estado, las comunidades autónomas y los municipios a lo largo del ciclo,
al igual que de las cuentas de la Seguridad Social. Todo ello debe
compatibilizarse con la mejora de la productividad, un mayor consenso con
las administraciones territoriales y el máximo respeto a la autonomía de
las administraciones tributarias, respetando, por supuesto, la
Constitución y algo tan importante como es la transparencia y la
información, una de las razones importantes por las que se han reformado
las leyes de estabilidad presupuestaria.
Nuestra posición respecto de las enmiendas es clara. No podemos estar de
acuerdo con las aportaciones propuestas. Sin embargo, como ya he dicho,
apoyaremos la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos. Posteriormente, tendremos la oportunidad de debatir
una importante ley que va en esta misma dirección, y esperamos que cuente
con el apoyo del resto de los grupos por su importancia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Urrutia.
El señor URRUTIA ELORZA: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero hacer una disección de este proyecto de ley de reforma de la Ley
General de Estabilidad Presupuestaria, que va a intentar disciplinar las
decisiones de los responsables de política económica y presupuestaria de
las comunidades autónomas. En un mundo en el que las necesidades y los
gastos son cada vez más importantes y las demandas de los ciudadanos cada
vez más acumulables, es fundamental disciplinar a los responsables y a
los ciudadanos, pero no se pueden cumplir ciertos objetivos sin las
dotaciones correspondientes.
El proyecto de ley que debatimos intenta modificar la Ley 18/2001, de 12
de diciembre, y concienciar a las comunidades autónomas y a las entidades
locales de la necesidad de una filosofía de estabilidad, al objeto de
lograr la igualación presupuestaria, aunque es difícil, sobre todo en un
momento en el que las demandas del Estado del bienestar son cada vez más
importantes.
Este proyecto pretende informar y actualizar las cuentas, de forma que
tengan transparencia y claridad suficientes a fin de que, tanto el gasto
corriente como el gasto de inversión, dispongan de sus fuentes de
financiación y no se generen los correspondientes déficit.
Hay que aprovechar el hecho de que los ejercicios anuales se relacionen
con las situaciones del ciclo económico; los ciclos económicos tienen
momentos de superávit presupuestario por el aumento del crecimiento
económico y momentos de depresión; es fundamental que tanto los gestores
como los responsables de las administraciones aprovechen los momentos de
superávit y guarden para los momentos de déficit; es algo que se ha hecho
desde los tiempos bíblicos.
Con respecto al País Vasco, esta ley pretende crear un juego de fuerzas
aunque , debido al concierto económico en los tres territorios y al
convenio en Navarra, la estabilidad presupuestaria, la conformidad con
los recursos, el equilibrio presupuestario y las cuentas consolidadas en
orden han sido siempre criterios y principios que se han llevado a
conciencia.
Nos preocupa --y con esto termino, señor presidente-- la disposición
final tercera, relativa al carácter básico de las normas de desarrollo,
en la que, de nuevo, la Administración intenta incluir actuaciones en las
que, en mi opinión, las comunidades autónomas de Navarra y País Vasco
tienen una competencia básica con el concierto económico y fiscal y con
el convenio.
En conjunto, nos parece una ley necesaria, que va a disciplinar a los
gestores y a los tenedores de las cuentas anuales y que intentará poner
orden en las demandas de los ciudadanos, aunque sería fundamental que
siguiera cumpliéndose el Estado del bienestar y que la democracia del
Estado español fuera extendiendo el bienestar y la riqueza a los
ciudadanos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el senador Gasòliba.
El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a intervenir brevemente. He expuesto ya la posición del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en el
turno de defensa de nuestras enmiendas, pero quiero insistir en que la
deriva de la posición del actual Gobierno resulta cada vez más
preocupante en el sentido de que intenta --entiendo que es muy cómodo
para el ministro de Economía y Hacienda-- centralizar al máximo sus
decisiones y obviar la posición y la autonomía financiera y
presupuestaria que se debería reconocer a las comunidades autónomas. El
encaje es difícil, porque hay unos compromisos que debemos cumplir con la
Unión Europea y que yo apoyo: los programas de estabilidad y crecimiento,
que han tenido una buena orientación y nos han llevado a un compromiso
adecuado para conseguir una situación equilibrada desde el punto de vista
presupuestario y del control del gasto. Sin embargo, esta política, que
apoyo, no debe llevar a obviar la capacidad de decisión de las
comunidades autónomas, y esto es lo que ocurre en cada propuesta anual
cuando revisamos el programa de estabilidad presupuestaria en el ámbito
español.
Hay tres cuestiones que nos preocupan. La primera es que las propuestas
de estabilidad presupuestaria no se ajustan adecuadamente dentro del
marco de la Unión Europea. La segunda es que el Gobierno asume unas
competencias y capacidades que corresponden al Consejo de Política Fiscal
y Financiera. Y la tercera se refiere a aspectos de orden interno: hay
pactos tan fundamentales como el Pacto de Toledo que comienzan a sufrir
distorsiones, y esto es alarmante. De ahí que lamente que el Grupo
Parlamentario Socialista, como grupo que sustenta al Gobierno, apoye esta
postura, que es contraria al reconocimiento
y al ejercicio de la autonomía financiera de las comunidades autónomas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el senador Maqueda.
El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente.
Quiero dar las gracias a todos los grupos que han manifestado su apoyo a
la enmienda número 4 de nuestro grupo. Especialmente, le agradezco sus
palabras a la senadora Vicente. Estamos de acuerdo con ella en que esta
enmienda no tendría que haber llegado viva al Senado, sino que tendría
que haberse aprobado en el Congreso, porque es de justicia respetar las
atribuciones de las comunidades autónomas.
Nos alegramos de que el proyecto de reforma de la ley de estabilidad
presupuestaria haya alcanzado el consenso que vamos comprobando por las
intervenciones.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de
Progrés, tiene la palabra la senadora Aroz.
La señora AROZ IBÁÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré brevemente para fijar la posición de nuestro grupo sobre las
enmiendas de los demás grupos parlamentarios. Coincidimos con el Grupo
Parlamentario Socialista en su apoyo a la enmienda del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, pero no vamos a apoyar
las enmiendas de los demás grupos.
Quiero hacer un comentario breve sobre la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, del senador Cuenca, que coincide con una enmienda de
nuestro grupo que retiramos en el trámite de ponencia. Nuestra enmienda
tenía una homóloga en la ley orgánica complementaria de la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria, y con ambas se pretendía adelantar a los
Presupuestos Generales del Estado para 2006 la posibilidad de que las
entidades territoriales incurrieran en déficit. Lógicamente, pretendíamos
acordar la propuesta con el Gobierno, en coherencia con la filosofía y el
objetivo de la reforma, que basa la fijación de los objetivos en el
consenso. Puesto que el acuerdo no se produjo, lo lógico era retirar las
enmiendas, y así lo hizo nuestro grupo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora
Vicente.
La señora VICENTE GONZÁLEZ: Intervengo muy brevemente, señor presidente,
para responder al senador Gasòliba que dice que pone en duda que esta ley
respete la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Señoría,
este proyecto de ley y el que a continuación debatiremos, respetan la
autonomía financiera, pero también la Constitución, con lo cual no
podemos rechazar una parte de la misma porque no tendría mucho sentido.
Quiero manifestar que esta reforma de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria pretende lograr una estabilidad presupuestaria a lo largo
del ciclo y presenta una mayor transparencia, mayor información y una
regla fiscal más efectiva, que es lo que estábamos buscando.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Muchas gracias, señor presidente.
Ha dicho muy bien la portavoz socialista que el Grupo Parlamentario
Popular pide la supresión en esta ley. No nos gusta la reforma; y
comprendemos que no haya venido el ministro a presentarla. Entre los
muchos que en su día elogiaron esta ley estaba precisamente el
vicepresidente Solbes. Esta ley ha marcado un hito en toda Europa sobre
el control de gastos, y no creo que la reforma obedezca a razones
económicas.
En cuanto a los puntos que se ha comentado que aporta, ya le he dicho en
el turno de enmiendas, y luego lo explicaré en la defensa del veto del
siguiente proyecto de ley, que no creo que sean ciertos. Todos podemos
defender lo que queramos, pero el hecho de que se pida mucha más
información es la mejor forma de que no haya transparencia. Evidentemente
ahora se puede separar la Seguridad Social de las cuentas del Estado,
pero cuando se inició el recorte de gastos en 1996 la Seguridad Social
estaba en una situación crítica y no era el momento. Ahora se puede
separar, pero ya he dicho que ello no aporta transparencia, porque
siempre se han sabido cuáles eran los ingresos y gastos de la Seguridad
Social y del resto de las cuentas del Estado. Por tanto, no creo que esto
sea una aportación nueva.
Este proyecto de ley responde simplemente a una petición de los
ayuntamientos y comunidades autónomas de tener más déficit, y se hacen
una serie de apaños. Se hace un desarreglo de la ley vigente bajo
circunstancias absolutamente ambiguas, como que sea bueno para la
economía o como que pueda haber un desfase con el desarrollo de la Unión
Europea en la sociedad de la información. Es decir, se hacen una serie de
apaños que pueden ser interpretados como quiera cada uno de los
interlocutores y que justificarán el déficit.
Por todo ello todas nuestras enmiendas son de supresión y no apoyaremos
ninguna que vaya a facilitar el déficit, aunque se vista del color que se
quiera.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Si les parece bien, pasamos a debatir el siguiente proyecto de ley, que
tiene que ver con el que acabamos de debatir, y después someteremos a
votación los dos proyectos de ley; primero el que vamos a debatir ahora,
y después el
que acabamos de debatir, votando primero el veto, y
realizando después el resto de las votaciones.
-- DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE
LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/2001, DE 13 DE DICIEMBRE,
COMPLEMENTARIA DE LA LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (S.
621/000048) (C. D. 121/000047).
El señor PRESIDENTE: Señorías, a continuación pasamos a debatir el
dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el
proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de
diciembre, Complementaria de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el senador Gasòliba.
El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gracias, señor presidente.
Señorías, como presidente de la Comisión de Economía y Hacienda tengo el
honor de presentar el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley
Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, Complementaria de la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria.
El proyecto de ley tuvo su entrada en esta Cámara el 3 de marzo de 2006,
tramitándose por el procedimiento ordinario una vez finalizado el plazo
de presentación de vetos y enmiendas, que expiraba el 15 de marzo y fue
ampliado hasta el 22 de marzo de 2006.
A este proyecto de ley se presentó un veto por parte del Grupo
Parlamentario Popular y un total de 26 enmiendas distribuidas de la
siguiente forma: la número 1, por parte del senador Cuenca Cañizares, del
Grupo Parlamentario Mixto; de la 2 a la 4, por parte del Grupo
Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés; de la 5 a la 7, por parte
del Grupo Parlamentario Socialista; de la 8 a la 11, por parte del Grupo
Parlamentario Popular, y de la 12 a la 16, por parte del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
La ponencia acordó incorporar las enmiendas 5 a 7 del Grupo Parlamentario
Socialista, así como el mantenimiento del resto del texto remitido por el
Congreso de los Diputados. Igualmente acordó aplazar el debate del resto
de las enmiendas presentadas para una fase posterior del procedimiento.
La representante del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés
retiró la enmienda número 4.
La comisión aceptó, como dictamen, el texto propuesto por la ponencia.
Se han presentado cuatro votos particulares, a través de los cuales se
mantienen, para su debate y votación en el Pleno, la propuesta de veto
del Grupo Parlamentario Popular y las siguientes enmiendas: la número 1
del senador Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto; las números
2 y 3, del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés; las números
8 a 11, del Grupo Parlamentario Popular, y las números 12 a 26, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos a continuación al debate de la propuesta de veto del Grupo
Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el senador Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Muchas gracias, señor presidente.
Ahora sí subo a la tribuna a defender el veto presentado a una ley que ha
sido uno de los pilares de la política económica del Gobierno del Partido
Popular. Creo que ha sido un excelente instrumento para poder tener el
crecimiento largo y sostenido del que hoy disfrutamos todos, incluso el
Gobierno socialista, que presume de él.
Lo normal en toda reforma hubiera sido que asistiera el ministro para
hacer su presentación, y, en segundo lugar, que hubiéramos tenido la
oportunidad de mantener conversaciones con alguien del Partido Socialista
--yo sueño con ello--, aunque no hay ninguna posibilidad si ellos no
quieren. Prueba de que cuando quieren nos llaman para hablar, es que
hemos aprobado por consenso leyes como la de tropa y marinería, la ley
antitabaco o la de violencia de género; realmente, cuando han querido que
se produjera el consenso, lo ha habido. En este caso no nos han llamado
porque se quiere hacer un ejercicio que está muy de moda: ser anti PP
cuando conviene, cuando creen que es positivo y prefieren alejarse.
Seguramente Woody Allen haría una buena terapia analizando esos deseos de
autoafirmación que les hacen decir: yo soy más progre, soy de izquierdas
y no puedo negociar con el Partido Popular.
Dado que el padre de esta ley es el Partido Popular, lo normal hubiera
sido que se le hubiera invitado para realizar las reformas, para
adaptarla, si es que fuera necesario, y quizá así habría quedado mejor.
Cuando ambos partidos, de forma moderada, nos hemos ido alternando, no
nos ha ido mal a lo largo de todos estos años, por lo que esa buena
costumbre debería conservarse.
Fue en 1996 cuando se empezó a hablar de control del gasto, y cuando la
economía estuvo realmente saneada fue cuando se puso en marcha la ley,
que es el instrumento legal que confirma este espíritu. Desde entonces
han mejorado muchas cosas, y aunque hoy esta ley mutile la que existía y
de forma encubierta --como luego explicaré-- aunque se rompa totalmente
el espíritu de la ley, hay algo de lo que me siento contento --y lo dije
en su defensa cuando comenzó a gestarse--: que ha logrado cambiar la
cultura económica de este país. Hoy muy pocos, salvo algunos excéntricos
--que es bueno que existan, siempre que sean pocos y no gobiernen--
defienden la bondad del déficit. Hace diez años se decía eso, pero hoy
nadie lo defiende abiertamente, y, si se dice, es de forma oculta y con
cierto pudor. Eso es bueno; algo hemos ganado, porque el crecimiento
desde el año 1996 hasta el 2004 no se debe al mayor gasto público; se
bajó el gasto, de forma que recursos que antes se absorbían por el sector
público se liberaron
para el sector privado, que es el que ha motivado
todo el crecimiento. Eso es lo que nosotros queríamos preservar. Si había
que reformar la ley, lo podíamos hacer, pero preservando este espíritu,
que es el que ha permitido la sostenibilidad del sistema de protección
social. Hoy es muy fácil hablar del superávit de la Seguridad Social,
pero no lo era hace diez años, cuando estaba en quiebra. Hoy entre todos
hemos hecho este cambio, pero debemos ponernos normas, debemos
autolimitar el control para no volver a las andadas.
La credibilidad que ha ganado España en los mercados no ha sido porque
sí, sino por normas como esta. Creemos que no es bueno cambiarla, y mucho
menos sin intentar llegar a un acuerdo. Queremos que nos escuchen por qué
pensamos que no es bueno modificar esta ley. A fin de cuentas, este
modelo de crecimiento, y no sólo en este aspecto de la estabilidad, sino
también en otros muchos, fue criticado por el Grupo Parlamentario
Socialista. Curiosamente, siguen criticándolo, aunque parasitan su éxito,
porque el éxito de este modelo y los superávit que estamos teniendo son
los que les permiten tener alegrías con los gastos.
En estos años hemos pasado de unos récords históricos negativos (máximo
de deuda, máximo de déficit, máximo de paro) como nunca había tenido
España a unos récords positivos en todo. ¿Por qué cambiarlo, por qué ir
dinamitando todo lo que ha hecho el Partido Popular solo porque lo haya
hecho el Partido Popular? ¿Por qué primar una vez más el triunfo de los
políticos sobre los ciudadanos? Es una vuelta al pan para hoy y hambre
para mañana. Recuerdo cuando en 1991 y 1992 se llegó a una alegría
desmesurada del gasto porque decíamos: ¡qué bien vamos!, ¡cómo va todo!,
¡vamos a gastar!, y se llegó a otro récord histórico, la recesión de
1993. Esperemos que el incremento de cultura de todas las
administraciones y gobernantes no nos haga caer en eso. Vamos bien, pero
con muchos problemas que luego comentaremos. A esto hay que dedicarse y
no a derribar lo hecho.
El objetivo de equilibrar los ingresos y los gastos cada año no es un
capricho o una obsesión del Partido Popular, sino un ejercicio de
prudencia y responsabilidad necesario para que el crecimiento sea
sostenido y, además, honrado con el futuro, que no hipotequemos a los que
vienen después. Esta ley fue una magnífica herencia para el Gobierno
socialista, cuyo valor hoy aminoran notablemente. Son evidentes los
resultados en todas las áreas económicas, pero podemos fijarnos de forma
especial en la tasa de actividad, en la que este país ha subido más del
50 por ciento su número de trabajadores, o en la convergencia con Europa,
que en estos años ha sido realmente admirable. ¿Todo ello hace pensar que
haya que cambiar la forma de presupuestar y la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria o, como sucede en la próxima reforma del IRPF, aspectos
que van contra la productividad del país? Creo que no. Habría que ejercer
menos de anti PP y crear más.
¿Qué les puede llevar a querer modificar esta ley? ¿Las presiones
nacionalistas? Yo no acabo de entender por qué los grupos nacionalistas
admiten con absoluta normalidad --como, por otra parte, debe ser-- una
directiva comunitaria y rechazan siempre una norma básica española. ¿Qué
tiene de malo una norma para todos y que defendemos entre todos? ¿Qué
tiene de malo que conduzcamos por la derecha? Luego cada uno tiene su
autonomía financiera, su capacidad de ingresos y de gastos, pero --valga
el símil--conduzcamos todos por la derecha. Ésta es una norma básica de
la economía española, pero como es del Gobierno de España se dice que no.
Hay normativa y directivas comunitarias que son mucho más contundentes y
que influyen más en la política interna de cada autonomía, pero no se
ponen en duda. Este antiespañolismo, que además puede ser también una
necesidad de autoafirmación --como antes he dicho en relación al PSOE por
sentirse de izquierdas--, no lo entendemos. Y no lo entendemos, después
de 25 años, cuando a cualquier sitio que vayamos comprobamos que a España
se le admira por su transición política, por la social, por su
crecimiento económico, por el incremento de la tasa de actividad, por su
respuesta ante los atentados terroristas, sobre todo ante los del 11M, e
incluso por sus éxitos deportivos. Somos un país bastante normal,
decente. No hay por qué ser tan antiespañol simplemente porque queramos
reafirmar una autonomía. Me imagino que es porque da votos porque, desde
luego, sentido no tiene. Ayer decía el portavoz de un grupo parlamentario
que no es verdad que seamos el país más descentralizado de Europa, porque
en Francia los trenes regionales los manejan las regiones. ¡Eso es lo
único que manejan las regiones! Somos un país muy descentralizado, con un
20 por ciento del gasto en el Gobierno central, que es para todos. Esa
política de vaciar totalmente de competencias al Estado no tiene ningún
sentido.
En definitiva, no entendemos estas razones de los nacionalistas y, por
tanto, no las compartimos, como tampoco las de una izquierda excéntrica
que defiende abiertamente el déficit. Por comparar, ni Japón, ni ningún
otro país que haya optado por tener más deuda y pretender crecer con más
gasto público ha obtenido buenos resultados, por lo que querer repetirlo
en nuestro país me parece muy poco razonable.
Sus señorías repiten constantemente que durante el Gobierno del Partido
Popular ninguna de las administraciones, sobre todo las comunidades
autónomas, cumplía la ley y terminaba con déficit cero. Evidentemente. El
hecho de tener un objetivo no significa que todo el mundo lo cumpla. Las
comunidades autónomas, también las gobernadas por el Partido Popular, han
mostrado desviaciones, pero en el simple objetivo de pretender conseguir
este equilibrio ya se ha recorrido mucho camino en España. Era importante
intentar lograr este equilibrio, que existiera la idea de que eso es
bueno. No entendemos que por el hecho de perseguir este objetivo en todas
partes haya que presentar al Gobierno central como enemigo de las
autonomías, un Gobierno central que, desde nuestras tesis no victimistas,
no va contra nadie.
Hay que tener respeto a la autonomía, y en casi todas las leyes se pone
«sin perjuicio de», para que nadie se sienta herido en su devenir
autonómico, pero al reflexionar comprobamos que el único centralismo que
queda en la España de 2006 es el de algunos gobiernos autonómicos
con sus territorios. Hoy nadie decir con seriedad que en España
se vive en un régimen centralizado. Ni desde el Partido Popular ni
desde el Partido Socialista se puede hacer esa afirmación. Apenas
le quedan competencias a este Gobierno central y mucho menos
será después de los próximos estatutos.
Hay actividades sobre las que es más sencillo legislar desde la distancia
que desde la cercanía. Hay que controlar los gastos, pero cuando se
realizan transferencias a una comunidad autónoma, que lo primero que se
hace es aumentar las plantillas y subir los sueldos. Por tanto, para
algunas materias, resulta mucho más difícil controlar algunos gastos
desde la proximidad. Admitamos, pues, las normas básicas, que entiendo
que son buenas para todos, porque la propensión al gasto puede recaer en
todas las administraciones, y televisiones españolas hay muchas. Lo que
pasa es que Radiotelevisión tiene cuenta de resultados, mientras que
muchas consejerías y ministerios no la tienen, y puede haber lugares
donde la eficacia de los recursos públicos no se haga con el debido
control.
Por eso, no podemos estar de acuerdo con esta reforma que motiva el
aumento de gastos, tan difícil luego de evitar. La propensión al
incremento de gastos estructurales queda para siempre y resulta muy
difícil de corregir. Esta reforma conlleva esta tendencia, por lo que
significa un paso atrás en los logros obtenidos en nuestra cultura
económica. Por eso, pensamos que es más sensato seguir armando la
estructura de crecimiento que, primero, el Partido Socialista y, luego,
el Partido Popular, con colaboración de otros partidos, han hecho y deben
seguir haciendo en España.
En la actualidad, se han generado algunos problemas: tenemos un déficit
exterior récord, tenemos una caída de la tasa de ahorro récord, tenemos
un endeudamiento familiar récord, la productividad ha caído como nunca en
España, y va a caer más en el próximo año, y la tasa de inflación, sobre
todo el diferencial con el resto de Europa, también se ha disparado.
Hay que tomar medidas ante estos peligros que van apareciendo, para que
se corrijan estos récords que venimos batiendo en solo dos años, porque
la inercia solo dura un tiempo. No se debe continuar en el mismo empeño
--lo digo una vez más, porque creo que solo es una política anti Partido
Popular-- de tenerse que cargar todo lo que haya hecho el Gobierno
anterior.
Pero, aparte de las genéricas, quiero citar las causas concretas. Pensaba
referirme a 18 causas, pero como el senador Maqueda me ha dicho que sea
breve, únicamente lo haré a nueve.
La negociación del objetivo del déficit pasa a producirse de forma
bilateral en esta ley entre el Estado y las comunidades autónomas, es
decir, queda abierta al clientelismo partidista, a las necesidades, a las
debilidades del Gobierno que tenga que hacerlo. Hay muchas posibilidades
de que la urgencia política y el interés del voto prime sobre el interés
general. Lo podemos vestir de forma muy bonita, pero esa es la realidad.
El concepto de estabilidad cíclica del que se habla es, per se, generador
de déficit. ¿Dónde están los déficits que tienen todas nuestras
comunidades autónomas? ¿Dónde están los déficits espectaculares que
teníamos que tener todos después de diez años de crecimiento? No lo hay.
En los años de bondad no habrá superávit, mientras que en los años con un
mínimo problema habrá déficit --lo habrá incluso sin ese mínimo problema,
como explicaré.
Me resulta muy difícil admitir que hoy, en 2006, se programen pérdidas.
Las pérdidas tienen que ser excepcionales, y por causas excepcionales,
como contempla la ley actual, puede haber un déficit, pero no prever ya
que vamos a tenerlo. Eso es lo que hace esta ley.
La ambigüedad con que se cuantifica el déficit invita a que se produzca.
Frases como «si concurren circunstancias que lo justifiquen» o
«convergencia con la Unión Europea en I+D y sociedad de la información»,
cuando todas nuestras comunidades están lejos de la media, son puertas al
déficit político. Y una frase genérica que dice: «Siempre que contribuya
a mejorar la economía.» ¿Quién va a decir que lo que va a hacer no
contribuye a mejorar la economía? ¿Voy a decir que va a contribuir a
empeorarla? Ésas son causas de déficit en la nueva ley.
Por otra parte, nos aleja de Europa porque Francia, Alemania o Italia son
países que cambiaron el pacto de estabilidad porque no pudieron, por
impotencia, porque no han sido capaces de hacer un contrato, porque
tienen problemas serios. Nos interesa estar en el club al que pertenecía
España, donde estaban el Reino Unido, Irlanda, Finlandia, Dinamarca o
Suecia, países con gran tradición de equilibrio presupuestario y a los
que siempre les ha ido bien. En los diez años en los que España ha ido
bien, con equilibrio presupuestario, Francia, Italia y Alemania han ido
mal. ¿Por qué tenemos que imitarles? ¿Por qué, si somos nosotros los que
tenemos razón en nuestra forma de actuar?
Castra la posibilidad de hacer política fiscal. He dicho antes que al
Gobierno le quedan muy pocas competencias, pero cuando surja un conflicto
entre autonomías para determinar a cuál se le endosa el déficit, ¿a quién
se le va a endosar? Pues al Estado, al Gobierno central. Esto también me
parece obvio.
Creemos que ese uno por ciento que se admite va a ser el punto de partida
y no el punto final. Unas veces será por deuda histórica, otras por
desfase de infraestructuras, otras por exceso de inmigrantes, porque no
cubren la ley de dependencia o porque la sanidad requiere mucho. Hay
infinidad de justificaciones para que todo el mundo diga que ese año
tiene que tener déficit.
También creemos que hay una discriminación en los ayuntamientos. Primero,
porque no va a ser nada fácil que la Comisión Nacional de Administración
Local llegue a decir quién tiene que tener déficit. Como esto no va a
pasar, lo va a tener que decidir el Gobierno y el Gobierno lo va a
decidir de forma arbitraria. Eso ya nos parece mal, pero también nos
parece mal que en función de la población de cada ayuntamiento unos
puedan tener déficit y otros no, porque eso es discriminación.
Déficit para invertir --octavo punto--. Creo que es una regresión
absoluta que se pueda decir que este déficit es bueno porque es
productivo. Si quiere invertir dentro del cien de su presupuesto, dedique
una parte a gastos corrientes,
otra a despilfarro y otra a la inversión, y si tiene necesidades
haga un poco menos de despilfarro. En todos los
sitios se puede mejorar la gestión, pero no me diga que justo después del
cien es cuando tengo que pensar qué euro voy a dedicar a invertir. Las
inversiones tienen que estar programadas en el presupuesto ordinario.
Por último, y no menos importante en este resumen, debo decir que hoy
todos conocemos las dificultades que vamos a tener debido al
envejecimiento. La esperanza de vida --lo leía hace unos días-- ha vuelto
a subir espectacularmente en España. Vamos a tener una esperanza de vida
de 89-90 años dentro de poco. Estamos ya en 83 años en mujeres y hay que
considerar que los avances en la sanidad y en tecnología van a provocar
unas necesidades financieras cuantificables en gastos de pensiones y
asistencia por alzhéimer. Lo sabemos perfectamente.
Pues bien, con este panorama, los políticos que primen la relajación del
control de gasto y que defiendan el déficit son unos irresponsables
absolutos. Dentro de diez o quince años miraremos atrás, pero hoy nos
estamos engañando. Si la Seguridad Social se contabilizara como el resto
de los presupuestos, por devengo, tendría unas necesidades apabullantes,
y si sabemos que vamos a tener este problema, ¿cómo, después de unos
presupuestos que gastan más de lo que sube la riqueza, se puede traer una
ley que incita al déficit?
El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego concluya.
El señor CANEDA MORALES: Termino, señor presidente, y disculpe.
En nuestra opinión, esta ley acaba con el concepto de equilibrio
presupuestario, sustituye un criterio sencillo y objetivo de control del
déficit por uno absolutamente subjetivo y bilateral, es decir arbitrario.
A través de una exhaustiva reglamentación de obligaciones de información
disminuye muchísimo la transparencia real y por eso vetamos esta ley que,
en definitiva, viene a entorpecer los avances que habíamos conseguido en
la limitación de la discrecionalidad de los gobiernos y en la contención
de los excesos de todos, tanto de los gobiernos del Partido Popular como
del resto de los grupos.
Muchas gracias (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno en contra, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Bru.
El señor BRU PARRA: Muchas gracias, señor presidente.
Realmente estoy un poco perplejo después de tanta pasión en un asunto
esencialmente técnico y que no es para tanto, porque esta manía
persecutoria de acoso y derribo de esta Cámara contra el Grupo
Parlamentario Popular no la veo por ninguna parte, excepto en la
apasionada imaginación de su señoría. Por cierto, permítame que le
explique algo que sabe perfectamente, y es que usted, como miembro del
órgano de dirección de esta Cámara es responsable colegiadamente de la
ordenación de los debates, y el debate de esta ley se ha situado el
jueves por la mañana porque así lo ha decidido quien puede decidirlo, que
es la Mesa de la Cámara en reunión conjunta con la Junta de Portavoces, y
los jueves por la mañana hay Comisión Delegada de Asuntos Económicos que
preside el señor ministro de Economía, que estaba encantado, como
siempre, de venir a presentar sus leyes si hubiera podido, y ayer hubiera
podido venir, pero hoy jueves tiene sus obligaciones gubernamentales, y
que yo sepa, entre las múltiples virtudes que adornan a mi paisano, don
Pedro Solbes, todavía no figura el divino don de la ubicuidad, por lo que
no puede estar aquí, y esa fue una decisión de la que usted
colegiadamente forma parte. Dicho lo cual, don Pedro Solbes no está aquí
porque no puede estar, no por otro motivo.
Respecto a la reforma de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, yo
creía que usted se iba a centrar más en el asunto en concreto y que no
iba a iniciar una diatriba que nos va a llevar por un derrotero que yo no
quería, pero, evidentemente, usted marca la clave del debate, ha marcado
clave de sol y yo le voy a seguir en la clave que usted ha marcado, pero
antes vamos a entrar en asuntos concretos, y al «Diario de Sesiones» me
remito.
Cuando ya en el año 2001 se planteó el debate de la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria en esta Cámara, siendo ministro de Economía
don Cristóbal Montoro, yo marqué claramente cuál era la posición de mi
grupo en aquellos momentos, y dije que en absoluto estábamos en contra de
la estabilidad presupuestaria, y mucho menos del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento alcanzado en Amsterdam en 1997. Pero aquella Ley de
estabilidad presupuestaria iba mucho más allá de lo que nos obligaba el
pacto de estabilidad y crecimiento. Nosotros veíamos que era una ley
problemática, que nacía sin consenso, que no respetaba la autonomía
financiera de las comunidades autónomas, que iba a motivar --como
sucedió-- una cantidad innecesaria, a nuestro juicio, de recursos de
inconstitucionalidad, que perseguía un objetivo de estabilidad
presupuestaria con independencia de la coyuntura y del ciclo económico,
que tenía un marcado carácter y un sesgo procíclico
--como ocurrió--, que no garantizaba su cumplimiento por parte de las
comunidades autónomas y las administraciones locales --y así ocurrió,
porque de las diecisiete comunidades autónomas diez no la cumplieron y
una gran parte de las administraciones locales tampoco pudieron--, que no
garantizaba el cumplimiento ni la separación de ámbitos de los agentes
del Estado, que era marcadamente asimétrica puesto que solamente concedía
capacidad de generación de déficit a un agente, que era el Estado, y
simplemente marcaba a otro con capacidad de financiación, que era la
Seguridad Social.
En fin, hace cinco años, estando en la oposición y compartiendo el
objetivo de estabilidad presupuestaria, marcamos ya una serie de
problemas sobre la ley y unas líneas generales de reforma que había que
seguir. Lo decíamos hace cinco años y ahora simplemente reformamos una
ley en línea con lo que decíamos entonces. Por lo tanto, no se trata ni
de confabulación, ni de conspiración, ni mucho menos de furor
antipopular, manía o acoso y derribo. Y
mucho menos de eso que usted dice y proclama sobre que existe una
tendencia a eliminar una ley que, según usted, vino a salvar a
la Seguridad Social de la quiebra. Ésa es una
falsedad absoluta que usted reitera con la mayor impudicia e
inverecundia, porque en España la Seguridad Social jamás ha estado en
quiebra. Es una de las típicas mentiras de la parafernalia del Partido
Popular.
Tampoco puede afirmar con total impunidad parlamentaria que el equilibrio
presupuestario conduce al crecimiento, lo cual es absolutamente falso.
Más bien sucede al contrario: es el crecimiento el que conduce al
equilibrio presupuestario, entre otras cosas porque en España incluso
disponemos de estudios sobre la materia y sabemos que, coyunturalmente,
el déficit o superávit responde al ciclo con una elasticidad cercana al
0,4 por ciento. O sea, aproximadamente, por cada punto de variación del
PIB responde con un 0,4 por ciento; si cae el crecimiento un punto, el
déficit aumenta un 0,4. Ilustres económicos han realizado estudios al
respecto y todo el mundo sabe que es al contrario, que es el crecimiento
el que conduce a equilibrar las cuentas.
Pero ustedes siguen empeñados en hablar de sus magníficos resultados y de
la estabilidad presupuestaria, que con ustedes nunca pasó de ser una
entelequia y una pura proclama propagandística virtual porque jamás
consiguieron superávit. (Rumores.) Ustedes dejaron déficit, y eso sin
contar con la cantidad de pufos que dejaron bajo las alfombras, cercanos
a los 15.000 millones de euros. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.-Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular). Aquí, simplemente, se ha conseguido un superávit
real con el Gobierno socialista, exactamente un superávit del 1,1 por
ciento, y por primera vez en la historia de España por parte de la
Administración del Estado. Ustedes jamás se acercaron ni remotamente al
superávit, solo en su propaganda. ¡Jamás! (Rumores.)
Así es que dejen ya de repetir cuestiones que son falsas, porque con
ustedes simplemente creció la deuda y el endeudamiento en España.
Contésteme usted por qué --con datos suyos, con datos de la Dirección
General del Tesoro-- en España, desde el día 31 de diciembre de 1995, la
deuda pública no hizo más que crecer. ¿Cómo es posible que con ustedes
hubiera superávit, si la deuda pública no hacía más que crecer? Desde el
día 31 de diciembre de 1995 al 31 de diciembre de 2004, la deuda pública
aumentó en 79.777 millones de euros. ¿Cómo es posible? ¿Qué misterio hay
en esto? ¿Cómo es posible que no haya déficit y la deuda pública se
dispare? Senador Caneda, explíqueme que no haya déficit en España y, sin
embargo, la deuda pública crezca. ¿Qué misterio hay en todo esto? Pues,
señoría, que no hay más cera que la que arde, y si hay deuda --y con
ustedes la deuda pública en España se disparó-- es porque hay actividades
públicas que no han sido cubiertas por los ingresos tributarios, ni más
ni menos. O sea, que en España, durante los ocho largos años del Gobierno
Popular, simplemente lo que pasó fue que aumentó la deuda, subieron los
impuestos y se recortó el gasto social, produciéndose un claro retroceso
sobre todas las medias europeas. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio.
El señor BRU PARRA: Muchas gracias, señor presidente.
Insisto en que son temas en los cuales yo no quería entrar. Si usted se
ha metido por esa pendiente, yo le sigo; insisto: clave de sol, clave de
sol; clave de fa, clave de fa. Yo quería hablar de estabilidad
presupuestaria, y usted se ha medito por un sendero que, con las cifras
en la mano, es peligroso para ustedes, pero no rehúyo en absoluto su
debate. Con ustedes, el gasto social en España retrocedió un 7,2 por
ciento respecto a la media europea. Con datos de Eurostat, en España, en
1995, el gasto social suponía un 62 por ciento de la media europea y solo
cinco años después había bajado a un 60 por ciento y respecto al gasto
público en educación suponía el 4,7 por ciento del PIB en 1995 y en 2000
había caído a 4,2.
Ustedes hablan mucho de superávit y con ustedes simplemente había déficit
social. Se produjo un retroceso en gasto social durante los ocho años del
Gobierno Popular absolutamente en todo. Por ejemplo, según sus datos, en
privatizaciones ingresaron 5,5 millones de euros; en pérdida de capacidad
adquisitiva de los funcionarios por congelación de sus salarios, 2
millones de euros; en ahorro financiero por pago de interés, 2 millones
de euros. Ustedes no solamente tenían que haber conseguido superávit,
sino tenían que haber repartido un dividendo extra a los ciudadanos
españoles. (Rumores. Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular:
¡Venga!)
Sigamos con el tema que debía habernos ocupado aquí y del que, con
independencia de sus diatribas propagandísticas, no teníamos que habernos
salido. Esta ley simplemente intenta reformar lo que estaba mal hecho en
la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, y es que sitúa el objetivo
de estabilidad presupuestaria en el ciclo, en el sentido de que cuando la
situación económica sea de auge, permitir que haya superávit, que actúen
los estabilizadores automáticos, pero sin que ocurra, como con ustedes,
que los estabilizadores automáticos conducían a sesgos procíclicos. Y, al
contrario, si la situación no fuera de auge, que se permitiera
transitoria y coyunturalmente una situación de déficit; un déficit,
senador Caneda, que en ningún caso significa un recurso discrecional ni
arbitrario porque la ley prevé que esté reglado, con unos umbrales
perfectamente establecidos. Por lo tanto, el recurso al déficit en modo
alguno es arbitrario ni discrecional, porque están perfectamente
establecidos los cauces, los ámbitos, los umbrales de la forma en que va
a establecerse.
En cuanto a la estabilidad --que a usted le preocupaba-- el presupuesto,
del recurso a la productividad, también está perfectamente establecido;
es una situación que se produce en todos los países europeos, la llamada
norma de oro, la «golden rule», por la cual se permite una situación de
un limitado endeudamiento, siempre que la inversión a la cual se dirige
ese endeudamiento o ese déficit se dirija a mejoras en la productividad,
que en ningún caso puede suponer más allá de un 0,5, del cual una parte
tiene
que ser un 30 por ciento, concretamente, procedente de ahorro de
esa propia institución.
Por otro lado, una parte importante de la reforma de la ley --y así lo
han reconocido los grupos de esta Cámara-- viene a respetar algo que la
ley anterior no respetaba, que era la autonomía financiera tanto de las
autonomías como de las entidades locales. Y así, tanto las enmiendas que
se han aprobado en la anterior ley --concretamente la enmienda número 4,
del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, dirigida a
suprimir la disposición final tercera-- como las transaccionales que se
van a aprobar en esta ley con el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, van dirigidas precisamente a respetar y a
consolidar esa autonomía financiera de las autonomías y de las entidades
locales.
En esta ley también se consagra algo importante, que es la separación de
objetivos entre los componentes de las administraciones tanto del Estado
como de la Seguridad Social, que ya no podrán compensar sus situaciones
financieras y, por tanto, la Seguridad Social ve cómo podrá dedicarse a
consolidar sus fondos de reserva sin que su superávit tenga que ir a
compensar el posible déficit de la Administración General del Estado.
En definitiva, es una ley bastante más rigurosa, que no separa ni rompe
nada de la ley anterior, excepto en los cinco puntos que le acabo de
señalar, senador Caneda: respecto a situar el objetivo de estabilidad
encajado dentro del ciclo, pero sin que eso suponga que ni el posible
superávit ni el déficit sean una situación discrecional del rector de la
política económica --del «policy maker»--, sino que lo sitúa como
absolutamente reglado, no arbitrario. Que permite, insisto, el recurso a
un déficit muy limitado siempre que esto vaya dirigido a inversiones, a
mejora de infraestructuras, a fomento de investigación y desarrollo, en
definitiva, a un tipo de gasto dirigido a mejora de la productividad. Que
consolida y mejora la autonomía financiera. Que en modo alguno rompe ni
supone una situación --como decía usted-- de subasta con ningún tipo de
administración porque la relación está perfectamente reglada a través del
Consejo de Política Fiscal, y en el caso de que no se llegue a acuerdo
con la autonomía siempre queda la cláusula de cierre en manos del
Ministerio de Economía y Hacienda. Y se me olvidaba incluso la
introducción de una situación también muy común en toda Europa, como es
el mecanismo llamado de alerta temprana, por el cual el Ministerio de
Economía, si detecta que otra administración autonómica o local está en
fase de incurrir en un situación alarmante desde el punto de vista de las
cuentas públicas, puede, con comunicación o a la Comisión Nacional de
Entes Locales o al Consejo de Política Fiscal y Financiera, avisarle de
la situación en que se encuentra para prevenir --por decirlo en términos
coloquiales-- antes que curar.
Por lo tanto, ni se produce ruptura o vaciamiento de las competencias del
Estado, ni se produce ninguna situación en la cual se vaya a dar
discrecionalidad o arbitrariedad alguna, ni se rompe ninguna otra
situación, ni va a haber ningún tipo de alegría, despilfarro, ni nada por
el estilo, porque insisto en que la norma general es mayor rigor en las
cuentas públicas y sostenimiento del equilibrio presupuestario,
situándonos simplemente en una posición tradicional que además ha sido la
norma en la política europea de los años dorados --la política
socialdemócrata razonable de 1945 a 1975--, que ha permitido el mayor
crecimiento en la historia económica mundial y, por supuesto, en la
europea.
Yo comparto con su señoría, senador Caneda, la aversión al déficit por el
déficit; por lo tanto, a mí no me predique esa aversión. Yo le aconsejo
que donde tiene tierra de infieles donde predicar y convertir es en mi
tierra. ¡Vaya a la Comunidad Valenciana, donde está el mayor déficit de
comunidades autónomas, y predique allí, en mi tierra, predique allí esa
aversión al déficit y al despilfarro! ¡Vaya allí porque allí hay infieles
por convertir --de su partido, no del mío--! Vaya allí, porque allí
encontrará el mayor déficit per cápita de comunidad autónoma de España.
Vaya allí, donde desde el año 1998 no se respeta la LOFCA, y el señor
Zaplana endeudó hasta las cejas a la Generalitat Valenciana, como
continua haciéndolo el señor Camps. Allí hay infieles poco ortodoxos con
las cuentas públicas. Allí tiene usted clientela para convertir, no aquí.
Vaya a la Comunidad Valenciana y predique cómo está el déficit.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Cuenca
Cañizares.
El señor CUENCA CAÑIZARES: El señor Caneda ha planteado una serie de
definiciones, y cuando habla de irresponsable o de excéntrico quiero
decirle que aquí hay uno. Según su criterio en cuanto al déficit, aquí
tiene a uno de los que califica de irresponsables y excéntricos por
defender el déficit, y no lo oculto. Le digo esto por varias razones.
Creo que ser de derechas no es nada malo, se lo aseguro, esté tranquilo;
se trata de una posición ideológica, de la defensa de unos valores y unos
intereses. Sin embargo, lo peor es tener un déficit como el que usted
tiene, y es que usted no ha sido cargo público en un ayuntamiento, pero
con su discurso ni se presente, porque no asistiría ni al pleno de un
ayuntamiento aunque gobernara por mayoría absoluta el Partido Popular.
Usted no conoce lo que está diciendo. ¿Cómo se puede usted permitir
satanizar aquí a los ayuntamientos, si no ha pisado ninguno? ¿Cómo puede
usted decir lo que ha dicho? ¿Cómo puede llamar excéntricos o
irresponsables a alguno de nosotros por defender no sé qué déficit?
En primer lugar, quisiera aclararle algunas cuestiones. En el marco
europeo aceptado por todos hemos hablado de establecer el déficit entre
el 0 y el 3 por ciento. Por lo tanto, tan legítimo y posible es el 0 que
un déficit del 2,9,9,9 período. Sin embargo, yo no le diré, como le han
dicho anteriormente, que vaya usted a lugares donde gobierna su partido
para comprobar el déficit. Le han hablado de Valencia, pero si quiere le
hablo de la ingeniería en Madrid y de cómo hacen ustedes para escamotear
la deuda. Mejor me lo callo y no lo hablamos.
Me preocupan sus afirmaciones respecto a los ayuntamientos. Además, me
imagino que usted, como padre de
familia, entiende qué es eso del déficit. Cuando es necesario que
papá vaya a pedir un dinero al banco porque en casa hay que hacer
una inversión o, en términos coloquiales y domésticos, comprar
un chándal o los libros, no creo que en casa nadie le
esté llamando a usted irresponsable porque tenga que atender a las
necesidades o prioridades que tiene. Pues con los ayuntamientos ocurre lo
mismo, señor Caneda, pero, además, con un agravante durante los últimos
ocho años que han gobernado ustedes, y es que esos ocho años han sido lo
peor para los ayuntamientos, por un motivo: les han cargado de gran
cantidad de competencias y obligaciones y no les han asignado las
prestaciones económicas correspondientes. ¿Cómo vamos a atender los
ayuntamientos la política de inmigración, la escolarización de 0 a 3 años
o las políticas sociales, si no es acudiendo a ese déficit entre el 0 y
el 3 por ciento? Ustedes han seguido cargando y cargando a los
ayuntamientos de competencias y obligaciones, y ahora vienen a decirnos
que todos ellos son irresponsables. ¿Cómo no vamos a ser irresponsables?
Un alcalde o un concejal, como un buen padre de familia, tiene que
atender la demanda que le plantea su ciudad y las necesidades urgentes de
sus ciudadanos y ciudadanas, que no comprenden discursos como el
planteado por usted aquí. Usted no lo ha vivido y es muy fácil desde la
tribuna, desde la ausencia de la gestión, decir que son irresponsables
los que defienden no se qué endeudamiento. ¿Por qué tiene que ser muy
bonito un déficit cero o un déficit positivo cuando hay carencias
sociales? ¿Qué le decimos a un municipio cuando por problemas de
inmigración o de desintegración social tiene que corregir sus tasas e
invertir en recursos y en políticas sociales? ¿Qué le decimos? Les
daremos la receta del señor Caneda, que con ella vamos a ir muy lejos.
Pero estoy convencido de que los alcaldes y los concejales de su partido
dirán: son cosas del señor Caneda, porque al que gobierna o al que tiene
que trabajar no le queda más remedio que actuar.
También es positivo que el déficit esté entre el 0 y el 3 por ciento,
porque lo ha marcado Europa. Usted ha dicho que lo peligroso es pasar del
3 por ciento, pero nadie está diciendo aquí que a cualquier
administración, en este caso a los ayuntamientos, le apetezca tener todos
los años un déficit entre el 0 y el 3 por ciento. O usted ¿qué cree? ¿Que
un gobernante con responsabilidad en un ayuntamiento está contento de
tener cada año entre el 0 y 3 por ciento de déficit? Esto tiene unas
causas y unos mecanismos, y cada gobernante se plantea como corregirlos
para al próximo año. El problema es que las recetas que ustedes nos han
planteado hasta ahora han sido dañinas porque es como dar a entender que
al año que viene no habrá política de inmigrantes, que al año que viene
no habrá escolarización de 0 a 3 años, que al año que viene no habrá que
atender las políticas de la mujer, de la juventud, deportes, etcétera.
Esto es lo que ustedes plantean como receta pero, ¿quién lo atiende? Pues
con su receta, nadie.
Por tanto, lo lamentable es que encima me cueste comentar que esta ley
tenga que ser de izquierdas. Y es que con su discurso ¿cómo no vamos a
poder separar a unos con su discurso del Partido Socialista? Porque usted
está al monte, políticamente hablando. Están ustedes arriba en el monte y
así es imposible pactar con ustedes. Hay que gritarles: ¡Bajen, bajen!
La realidad es que hay más de 8.000 ayuntamientos que están en
dificultades y ustedes durante ocho años se han dedicado a: pum, pum,
pum. Es cierto que entonces las comunidades autónomas tenían
posibilidades y ahora tienen todavía más. Sin embargo, hay una
administración pobre, que siempre paga el pato, cuando a las comunidades
les cargan servicios o prestaciones o cuando como el Estado se las ha
cargado ¡Venga, hombre! ¡Menos ya! ¡Menos ya! ¡Menos ya! Si no, cuando
acuden ustedes a la FEMP ¿qué les cuentan? Para que vean, señorías, son
distintas realidades.
Por tanto, señor Caneda, voy a votar en contra de su veto, no porque
considere que la ley sea revolucionaria o de izquierdas, hasta ahí no voy
a llegar, sino porque después de escuchar su discurso no me cabe la menor
duda. Y espero que su partido le ponga cuatro añitos a trabajar en un
ayuntamiento --de alcalde, no crea que le degrado-- y luego vuelve usted
y nos lo explica. (Aplausos.--Risas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.)
¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. (Pausa.)
Tiene la palabra la señora Aroz.
La señora AROZ IBÁÑEZ: Gracias, señor presidente.
En la tramitación de las leyes que hoy se reforman, mi grupo
parlamentario Entesa Catalana de Progrés presentó dos vetos proponiendo
una regulación de la estabilidad presupuestaria más flexible y que fuese
respetuosa con la autonomía financiera de las comunidades autónomas y de
los entes locales; es decir, proponíamos una regulación con los criterios
que hoy constituyen los objetivos de la reforma.
Por tanto, señorías, la lógica y la coherencia nos llevan a no apoyar
este veto del Grupo Parlamentario Popular que va precisamente en contra
de dichos criterios.
La reforma obedece a un compromiso del Gobierno cuyo cumplimiento merece
nuestro reconocimiento. La regulación del año 2001 tenía virtudes --justo
es reconocerlo-- y ha tenido efectos positivos, como señaló el
Vicepresidente Segundo del Gobierno, señor Solbes, en el debate en el
Congreso, y estoy de acuerdo con el senador Caneda en que quizá la más
importante de estas virtudes sea la de haber consolidado la cultura de la
estabilidad presupuestaria. Pero también justo es reconocer --y así le
ruego que lo haga usted, senador Caneda--, que esta regulación de 2001
tenía unas deficiencias políticas, jurídicas y económicas que son las que
la reforma que hoy tramitamos pretende solventar.
Los objetivos de la nueva regulación de la estabilidad presupuestaria,
con los que coincidimos plenamente, se
sintetizan, a nuestro juicio, en los siguientes puntos: en primer
lugar, la adecuación del principio de estabilidad al ciclo
económico para reforzar, así, la función estabilizadora de la
política fiscal. En segundo lugar, la separación del
Estado y la Seguridad Social, dentro de la fijación del objetivo de
estabilidad. En tercer lugar, mayor efectividad en el compromiso de las
entidades territoriales con la disciplina fiscal, partiendo del respeto a
su autonomía financiera y sobre la base del consenso y la
corresponsabilidad. Y, en cuarto lugar, la mejora de la transparencia
presupuestaria con nuevas obligaciones de información.
No es la primera vez que hablamos de estos criterios, señorías. Hemos
tenido ocasión de debatirlos. En concreto, lo hicimos en el trámite de
aprobación de los acuerdos de estabilidad presupuestaria en 2004 y 2005,
y poco hay que añadir a lo que se dijo entonces y a lo que expuso nuestro
grupo. En todo caso, quiero destacar algunos argumentos, coincidiendo con
el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el senador Bru, para
rebatir algunas consideraciones que se han expuesto.
En primer lugar, y hay que decirlo con toda claridad, contundencia y
objetividad, la nueva regulación no implica, señor Caneda, relajar la
disciplina fiscal. Hay que decir que el supuesto normal que se contempla
es el equilibrio o el superávit presupuestario y, excepcionalmente, el
déficit. La flexibilidad que se introduce no busca relajar la disciplina,
sino permitir que la política fiscal tenga mayor eficacia como
instrumento de estabilización y de apoyo al crecimiento económico. Por
eso se consideran dos circunstancias que justifican la posibilidad de
incurrir en déficit: una situación económica desfavorable y aumentos de
inversión que tengan impacto positivo en el crecimiento. En segundo
lugar, la nueva regulación evita la discrecionalidad porque, como ya se
ha dicho, se establecen unos umbrales de crecimiento que sirven de
referencia para graduar en cada situación los objetivos de superávit, de
equilibrio o, excepcionalmente --insisto--, de déficit. En tercer lugar,
se respeta la autonomía presupuestaria de las entidades territoriales.
En relación con el procedimiento de fijación de los objetivos, se ha
referido usted a que se establecen mecanismos bilaterales que podrían dar
lugar a acuerdos espurios en función de los intereses de cada comunidad
autónoma. Sin embargo, hay que decir que, junto a los mecanismos
bilaterales, que nosotros valoramos positivamente, hay también mecanismos
de coordinación multilateral como el Consejo de Política Fiscal y
Financiera y la Comisión Nacional de Administración Local, que tendrán
que emitir informes preceptivos antes de que se fije el objetivo de
estabilidad presupuestaria.
Finalmente, y en cuanto a los programas de inversión, la nueva regulación
es coherente, como ha señalado el senador Bru, con la regla de oro de las
finanzas públicas, que justifica incurrir en déficit siempre que este se
destine exclusivamente a financiar formación bruta de capital. Además,
establece suficientes cautelas para no poner en peligro la situación
económico financiera de las administraciones públicas. Estas cautelas ya
se han recordado aquí, y no voy a insistir en ellas.
Acabo, señorías, señor presidente, expresando la satisfacción de mi grupo
por esta reforma, que hace más eficaz y transparente la regulación de la
estabilidad presupuestaria, es respetuosa con la autonomía de las
entidades territoriales y potencia la cooperación y el consenso entre
todas las administraciones públicas. Por todas estas razones, señorías,
señor Caneda, no vamos a apoyar el veto que ha presentado el Grupo
Parlamentario Popular.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
¿Por el Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.). Tiene la palabra el
senador Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Muchas gracias, señor presidente.
Hago uso de la palabra simplemente para hacer un comentario. Creo que el
señor Bru ha tomado demasiado café esta mañana, porque he dicho bastante
tranquilo mi opinión sobre la ley. A usted solo le ha faltado decir que
España entró en el euro con el PSOE. Todas esas aseveraciones que hace
merecen una película de Woody Allen, porque debe ser un tema de
complejos.
No entiendo que no vea usted la evidencia. He dicho que hay cosas que
hacen ustedes bien y pienso que en nuestra época ha habido cosas que han
ido bien. No hace falta que diga que somos los más malos del mundo ni que
todo lo han hecho ustedes, señor Bru.
En 1996 la situación de la Seguridad Social era la que era y tenía unas
deudas tremendas. Eso es verdad; y el que en 1996 trabajaban 12 millones
de españoles y ahora más de 18 millones es una realidad. Esas cosas han
pasado, pero encima he dicho que ha sido la sociedad y no el Gobierno
quien las ha hecho. No entiendo, pues, por qué sale como un toro
desbocado.
La ley tiene cosas que consideramos buenas. Efectivamente, el fondo de
contingencia, la plurianualidad, el techo del gasto aportaron a la forma
de presupuestar de este país una modernidad que ha sido muy buena; y lo
mantengo: ha sido uno de los pilares del cambio de la economía española.
Eso es así, pero comprendo que haya gente que opine de otra forma.
El señor Cuenca se ha dado por aludido cuando he hablado de comunidades
autónomas porque él lo siente como de ayuntamientos. A usted le gusta el
déficit y a mí no, pero no pasa nada. Yo creo que el déficit es malo per
se y si no es por algo excepcional, y excepcional no es tener un 3 por
ciento todos los años.
De la intervención del senador Bru puede dar la sensación de que en las
administraciones sobran los dirigentes, porque si estamos creciendo hay
superávit, y, si no, hay déficit. Es decir, que el que alguien gestione
bien o mal no tiene importancia. En estos ocho años nuestros principales
clientes y proveedores, Alemania, Italia y Francia, han estado en épocas
de crecimiento bajo o negativo y, sin embargo, España ha ido bien de
forma sostenida, y quiero creer que la labor de las personas influye en
que las cosas salgan bien o mal, y en que no se deja al albur de que
cuando las cosas vayan bien tendremos superávit. No, creo que hay que
intentar que las cosas vayan bien controlando el gasto.
Cuando me habla del ayuntamiento, señor Cuenca, estoy casi de acuerdo con
el trasfondo de sus palabras, pero, por supuesto, no con la forma
agresiva de decirlas. Es verdad que los ayuntamientos están ejerciendo
competencias que no les corresponden, pero ¿esto también se debe al
Partido Popular? Creo que habría que pensar que a lo mejor las
comunidades autónomas se están quedando con unos fondos que deberían
estar en los ayuntamientos, que son los que de verdad están ejerciendo
las competencias.
Quiero que reflexione sobre una cosa. En ningún momento he hecho en mi
intervención una distinción entre los gobiernos del Partido Popular, del
PSOE, de Izquierda Unida o del Partido Nacionalista. Estoy hablando en
general de lo que entiendo que es mejor para la gestión, y han ido bien
los del Partido Popular en comunidades autónomas que han tenido déficit.
¡Claro que los hay! Si yo no creo que porque alguien pertenezca a un
partido tiene un concepto u otro de la gestión. Simplemente mantengo que,
como bien ha dicho la senadora Aroz con la elegancia que le caracteriza,
está en desacuerdo conmigo.
Creo que esta reforma invita a la flexibilización excesiva y da un sinfín
de justificaciones al déficit, y es muy difícil, por las razones, por
ejemplo, que ha expuesto el senador Cuenca, que en algún momento alguien
no se agarre a ellas. Como creo que es verdad que el control de gasto
tiene que ser una norma, un objetivo a cumplir para no dejar hipotecas a
las siguientes generaciones, estamos a favor de este veto y en contra de
la reforma de la ley.
Muchas gracias. (El señor Bru Parra pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señoría, entiendo que pide usted la palabra por el artículo 87. (Pausa.)
Tiene su señoría la palabra.
El señor BRU PARRA: Muchas gracias, señor presidente.
Un minuto, y por seguir con el símil taurino, senador Caneda, yo creo
que, lejos de salir cual astado, he procurado salir cual picador para
templar el excesivo furor de su señoría, pero, en todo caso, le voy a
decir dos cosas.
Yo he reconocido públicamente, por escrito en la prensa y en esta
tribuna, que la herencia recibida ha sido buena, pero en la herencia,
junto con otras cosas, hay déficit sociales. Y otra cuestión: la historia
económica de España no comienza en 1996. Yo he reconocido, por supuesto
también el presidente Zapatero y el ministro Solbes, que la herencia fue
buena. Ahora bien, todas las instituciones económicas, OCDE, Banco
Mundial, FMI, dicen y expresan que el ciclo económico alcista en España
comienza en 1994; aún estoy esperando a un solo miembro del Partido
Popular que reconozca esa situación. (Aplausos desde los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.--El señor Caneda Morales pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Caneda, que entiendo que solicita también la
palabra.
El señor CANEDA MORALES: Muchas gracias, señor presidente.
Senador Bru, yo lamento que a usted le guste la controversia, pero yo sí
reconozco siempre esa situación, y hoy he vuelto a repetir las bondades
de los gobiernos precedentes, sean del PSOE o sean del PP, en su
conjunto.
En cualquier caso, si desde 1994 España está teniendo un ciclo alcista, a
lo mejor en que tengamos doce años de crecimiento sostenido, como no está
teniendo nadie, a l mejor tienen algo que ver las políticas del Partido
Popular (El señor Bru Parra: A lo mejor.) Yo insisto en que no hago esas
distinciones que usted se empeña en hacer: hay una política que considero
buena, y esta ley era uno de los pilares de esa buena política.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Vamos a proceder a votar el veto presentado a esta ley que estamos
debatiendo; posteriormente seguiremos con el debate de las enmiendas de
esta misma ley y, a continuación, votaremos la ley que acabaremos de
debatir, así como la que hemos debatido al inicio de la mañana.
Señorías, sometemos a votación la propuesta de veto del Grupo
Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, 115; en contra, 120.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a debatir las enmiendas. En primer lugar, tiene la palabra el
senador Cuenca, para defender la presentada por su grupo. (Rumores.)
Señorías, rogaría silencio, o abandonen el hemiciclo, por favor.
El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, señor presidente.
La doy por defendida en sus justos términos. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación, para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador
Gasòliba.
Señorías, por favor, abandonen el hemiciclo o guarden silencio.
El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gracias, señor presidente.
Señorías, en la línea de las enmiendas que ya he defendido en el anterior
proyecto de ley, me reafirmo en esa misma posición respecto a este
proyecto de ley orgánica por considerar que no respeta de manera adecuada
la autonomía que corresponde en el ámbito financiero y presupuestario a
las competencias reconocidas a las comunidades
autónomas. Esto se sustancia en una serie de enmiendas, en algunas
de las cuales me centraré con especial atención.
La enmienda número 12 modifica el apartado uno del artículo único, y
tiene como fundamento la clarificación de la posibilidad de permitir
incurrir en déficit a una comunidad autónoma en el supuesto de que su
crecimiento sea inferior a la tasa de variación prevista en el artículo,
con independencia del crecimiento del resto de las comunidades autónomas.
Por otro lado, se considera oportuno elevar la capacidad de deuda siempre
que se destine a desarrollar inversiones productivas como garantía de
crecimiento. No se debe considerar de la misma forma el déficit provocado
por el aumento de inversión que el provocado por el gasto corriente.
Asimismo, la instrumentación del principio de equilibrio presupuestario
de las comunidades autónomas debe corresponder al Consejo de Política
Fiscal y Financiera, órgano colegiado entre el Gobierno central y las
administraciones autonómicas. Aquí estamos trasladando a nivel de
comunidades autónomas y al propio proyecto de ley un debate que ya hubo
en la Unión Europea sobre qué se consideraba déficit y si de este se
debía excluir la parte de inversión destinada a gasto corriente. Aquí es
lo mismo, hay comunidades autónomas que pueden gastar sin romper el
equilibrio presupuestario ni incidir en el conjunto del déficit porque
puede compensarse con la situación de otras comunidades autónomas. De ahí
que solicitemos una intervención más directa del papel del Consejo de
Política Fiscal y Financiera para que se pueda llegar a entender que en
algunos ámbitos el gasto no tiene la misma trascendencia porque si es en
inversión puede ser, como se dice en terminología económica, una
inversión productiva. Por lo tanto, es una discusión muy de fondo,
evidentemente de compensación entre las comunidades autónomas, y en torno
a la definición de gasto y de inversión productiva que debería
contemplarse en este proyecto de ley.
También haré una especial referencia a la enmienda número 13, con la que
hemos llegado a una transacción con el Grupo Parlamentario Socialista
apoyada por todos los grupos parlamentarios, con la excepción del Grupo
Parlamentario Popular, que mejora la propuesta inicial del texto del
Congreso de los Diputados y hace referencia a la regulación del principio
de equilibrio presupuestario en las comunidades autónomas y lo que
corresponde al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Entendemos que
con nuestra propuesta respecto al artículo 3.3 queda mejor precisado el
objetivo. Y nos congratulamos de que al menos en este aspecto se haya
podido llegar a un acuerdo, que, por otra parte, ya estaba prefigurado en
el debate celebrado en el Congreso de los Diputados.
Lo mismo sucede respecto a la enmienda número 16, que para nosotros
resulta de gran trascendencia, puesto que en ella se reconoce
específicamente y se establece con claridad el principio de
bilateralidad. Dado que hay diferentes niveles y competencias, así como
situaciones de las comunidades autónomas, es preciso establecer la
posibilidad en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de
alcanzar acuerdos específicos entre el Gobierno central, concretamente,
el Ministerio de Economía y Hacienda, y los representantes de las
comunidades autónomas en dicho Consejo. Creemos que esto significa una
clarificación y un avance conceptual muy importante, lo que, por otra
parte, ha de dar lugar a un mejor encaje de los, previsiblemente, nuevos
estatutos de autonomía en diversas comunidades.
También querría llamar la atención específicamente sobre la enmienda
número 19, respecto de la que supongo que el Grupo Parlamentario
Socialista cambiará de opinión y apoyará. La senadora Vicente esgrimía la
autoridad de la Constitución Española. Precisamente nosotros presentamos
esta enmienda para garantizar el principio de autonomía financiera de las
comunidades autónomas, que también regula, respeta y reconoce la
Constitución Española.
Después de varias sentencias del Tribunal Constitucional en esta línea,
yo no haría tanto uso del recurso a la Constitución Española. Ampararse
en ella no me parece un buen argumento, sobre todo si tenemos en cuenta
estas sentencia, porque también la Constitución Española reconoce el
principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas. Por
tanto, en buena lógica, sería coherente que el Grupo Socialista apoyase
esta enmienda, que recuerdo a sus señorías que es una modificación del
apartado cinco del artículo único del texto que contemplamos.
La enmienda número 20 sigue en la línea de respetar la autonomía de las
comunidades autónomas. Pretendemos que los acuerdos en el ámbito de la
estabilidad presupuestaria, por lo que responde a las competencias
asumidas por las comunidades autónomas, se alcancen en el seno del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, no como progresivamente se va
determinando en los diversos proyectos de ley del actual Gobierno, que
muestra esta deriva de querer volver a una posición de excesiva
injerencia, correspondiente a una posición centralista y centralizadora,
que no está de acuerdo ni con la política que dice que desarrolla el
Gobierno socialista ni con las propias competencias reconocidas en las
comunidades autónomas. En el apartado seis volvemos a reiterar el papel
que debe desempeñar, y que se debe reconocer, el Consejo de Política
Fiscal y Financiera.
Proponemos un nuevo apartado al artículo único que delimita mejor el
concepto de estabilidad presupuestaria de acuerdo con lo que también
hemos establecido y comentado en el anterior proyecto de ley. Hay un
marco que lleva a la utilización de determinados conceptos que se
sustancian en la posición que el Gobierno español presenta y defiende
ante la Unión Europea con los acuerdos existentes con los respectivos
pactos de estabilidad y crecimiento. Es bastante incoherente e ilógico
que lo que se presenta ante la Unión Europea no tenga luego una
traducción fiel en nuestros proyectos de ley. En este caso, con este
nuevo apartado al artículo único, lo que hacemos es subsanar lo que
entendemos que es esta disfunción, y ajustamos la ley a los acuerdos del
Gobierno español en la Unión Europea.
Finalmente, las enmiendas números 25 y 26 hacen referencia a un nuevo
apartado al artículo único y a una disposición final y tienen la misma
base. En este caso no resulta adecuado otorgarles el carácter de orgánico
a determinados
preceptos porque se trata de una ley general presupuestaria y
debería ser tratada como tal y no como orgánica.
Insisto en que nuestras observaciones y enmiendas responden a tres
preocupaciones. En primer lugar, respetar adecuadamente las competencias
de las comunidades autónomas y reivindicar el papel del Consejo de
Política Fiscal y Financiera. Celebramos haber llegado a un acuerdo
plasmado en las dos enmiendas transaccionales que permiten reconocer el
principio de bilateralidad con los representantes del Consejo de Política
Fiscal y Financiera y haber mejorado su papel, como se reconoce en la
enmienda transaccional relativa a la enmienda número 13.
Un segundo aspecto es adecuarnos mejor a los compromisos del Gobierno
español en el pacto de estabilidad y crecimiento que se establece
anualmente en el seno de la Unión Europea.
El tercer aspecto, obviamente, es aquel que hace referencia a que hay
cuestiones que tendrían que quedar fuera del ámbito de una ley orgánica.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra
la senadora Aroz.
La señora AROZ IBÁÑEZ: Gracias, señor presidente.
Mi grupo mantiene sólo dos enmiendas a este proyecto de ley. Provienen
del Congreso y son únicamente de uno de los grupos integrantes de nuestro
grupo parlamentario. No hay una posición común de Entesa Catalana de
Progrés respecto a estas enmiendas. En todo caso, me corresponde
defenderlas.
Se trata de dos enmiendas muy concretas. La número 2 va en la dirección
de reforzar el procedimiento bilateral para determinar el objetivo de
estabilidad de cada comunidad autónoma que se recoge en el artículo único
dos del proyecto que modifica el artículo 5.3 de la ley orgánica vigente.
Se pretende que se haga referencia a dicho procedimiento bilateral
también en el artículo cuatro, que se refiere a la función del Consejo de
Política Fiscal y Financiera.
La enmienda número 3 propone una redefinición del esfuerzo fiscal
adicional al que se hace referencia en la modificación del artículo 5 en
lo que respecta al procedimiento de fijación del objetivo de estabilidad
presupuestaria de las comunidades autónomas.
El proyecto de ley recoge el esfuerzo fiscal diferencial derivado del
ejercicio de la comunidad autónoma y de su capacidad normativa. La
propuesta que hace la enmienda es que se calcule sobre los ingresos
tributarios recaudados en cada comunidad autónoma en porcentaje de su
producto interior bruto regional, considerando que el esfuerzo fiscal
diferencial depende de diversos factores que no quedarían reflejados con
la redacción actual del proyecto, que se refiere a la capacidad
normativa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el senador Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Muchas gracias, señor presidente.
Doy por defendidas las enmiendas, puesto que el contenido y el fondo son
los mismos que los ya explicados en la ley que acabamos de debatir. (El
señor Bru Parra pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Urrutia.
El señor URRUTIA ELORZA: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a intervenir desde el escaño porque voy a ser muy breve. (El señor
Bru Parra pide de nuevo la palabra.)
Lo fundamental de esta ley es que...
El señor PRESIDENTE: Disculpe, señoría.
El senador Bru me había solicitado la palabra para el turno en contra, y
no lo había visto.
En turno en contra, tiene la palabra el senador Bru.
El señor BRU PARRA: Muchas gracias, señor presidente. Mi intervención va
a ser muy breve.
No podemos aceptar la enmienda que el senador Cuenca ha dado por
defendida y que es coincidente con algunas de las que ha defendido en
nombre de uno de los grupos integrantes de la Entesa, puesto que daría
lugar a un incumplimiento del objetivo de estabilidad para el año 2006
que ya fue aprobado por estas Cortes Generales, aparte de que
introduciría un alto grado de complejidad.
Tampoco podemos aceptar la enmienda de Entesa referida al esfuerzo
fiscal, que ha defendido, en nombre de los otros grupos que la integran,
la senadora Aroz, y no podemos aceptarla porque en nuestra opinión el
esfuerzo fiscal previsto ha de ser el derivado de la capacidad normativa
de cada comunidad autónoma y no del diferencial respecto al PIB.
Consideramos que la enmienda de Entesa al artículo 5, en lo que se
refiere a la negociación bilateral, está ya sustanciada en las enmiendas
transaccionales 13 y 16. Por tanto, el espíritu de esta enmienda se
subsume en las transaccionales que hemos aceptado con el Grupo de
Convergència i Unió.
Respecto a las enmiendas que acaba de defender el senador Gasóliba,
consideramos que la número 12 es básicamente una discusión de carácter
cuantitativo sobre si se prefiere aumentar los límites del endeudamiento
sobre el déficit previsto, sobre el cíclico o sobre las inversiones. En
nuestra opinión no es preciso aumentarlo, está bien como está, con el
0,25 es suficiente, y son más adecuados, a fin de garantizar la
estabilidad financiera de las comunidades autónomas, los topes
cuantitativos previstos en la ley.
Una segunda parte de esta enmienda --y voy a detenerme más en este punto
porque en realidad plantea una filosofía
constitucional que subyace en el resto de las enmiendas-- hace
referencia a qué criterios generales deben o no ser examinados
por el Ministerio de Economía para determinar las
inversiones. Parece que aquí de lo que se trata es de cuestionar los
límites de las competencias estatales previstas en el artículo 149.1.13ª
de la Constitución Española, relativo a las competencias exclusivas del
Estado respecto a las bases generales de la coordinación de la política
económica del Estado. Creo que es esto --la competencia exclusiva del
Estado sobre la política económica general-- es lo que subyace en la
enmienda 12 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió, así como en las números 15, 17, 22, e incluso en la enmienda 19,
aquella a la que el señor Gasòliba apelaba ante la senadora Vicente para
pedirle que compaginase la defensa de la autonomía financiera; autonomía
financiera que mantenemos y que se sustancia ampliamente con la
aceptación de la supresión de la disposición final tercera de la ley
anterior e incluso de estas dos transaccionales. Pero en caso de admitir
la enmienda 19, la autonomía financiera reconocida en la Constitución
chocaría con las competencias estatales reconocidas en el artículo 149 de
la Constitución Española.
En resumen, creo que se produce cierta colisión entre nuestra
interpretación y la que mantiene, lógicamente, el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, como grupo nacionalista que
es --y lo entendemos y lo respetamos--, respecto a los límites y alcance
de las competencias del Estado que establece el artículo 149.1.13ª de la
Constitución. Son divergencias que tenemos y que vamos a seguir teniendo.
Es más, me preocuparía que el senador Gasòliba aceptase mi posición, pero
también lo contrario: que yo aceptase la suya. La prueba es que antes
algún senador nos ha acusado de romper el Estado y, sin embargo, usted
todavía sigue hablando de posiciones o tendencias centralistas y
centralizadoras, con lo cual parece que vamos por buen camino; estamos en
la posición correcta cuando unos piensan que estamos saliéndonos de unos
ejes y rompiendo el Estado y otros que todavía, pese a que ustedes han
reconocido que hacemos un esfuerzo de aproximación, consideran
--concepción que no comparto pero respeto-- que hay resabios centralistas
o centralizadores.
En este caso concreto han de reconocer que en ese bloque de enmiendas que
he leído y estudiado con atención y cariño, en concreto las números 15,
17, 19, 22, 23 e incluso la 26, subyacen las diversas interpretaciones
que mantenemos ustedes y nosotros sobre el alcance y el contenido del
artículo 141.1.13ª de la Constitución Española. Hay divergencias que,
presumiblemente, van a seguir existiendo, y en el fondo ese es el motivo
por el que mi grupo no puede aceptar las enmiendas que ustedes han
planteado.
El caso de la enmienda 24 que usted plantea es diferente. Consideramos
que en ella proponen una modificación, no de la ley general
complementaria que estamos debatiendo aquí, sino de la LOFCA, y pensamos
que la reforma de una ley orgánica no es el momento más adecuado para
hacerlo. Pensamos que, aunque sea indirectamente, no procede introducir
una modificación de la LOFCA y, como en el fondo eso es lo que pretende
esta enmienda, no vamos a aceptarla.
Con la enmienda 25 ustedes pretenden privar a esta ley orgánica en varios
de sus apartados del carácter de ley orgánica, lo cual entra en conflicto
con el dictamen del Consejo de Estado que informa esta ley orgánica; en
él precisamente se establece que para regular la estabilidad
presupuestaria de las comunidades autónomas sin entrar en colisión con
ellas debe elaborarse una ley orgánica. Siendo respetuosos con el
dictamen del Consejo de Estado, si estamos regulando la estabilidad
presupuestaria de las comunidades autónomas y debe hacerse a través de
una ley orgánica, no podemos enmendarlo ahora y privarle del carácter de
ley orgánica que el dictamen del Consejo de Estado considera necesario
para poder regular la estabilidad presupuestaria de las comunidades
autónomas. Por estos dos motivos, uno de técnica jurídica, y otro de
modificación de la LOFCA, y respecto al bloque al que me he referido
fundamentalmente --creo que me lo reconocerá-- por esta diferente
interpretación del artículo 149.1.13ª de la Constitución Española, es por
lo que lamento no poder aceptar, senador Gasòliba, las enmiendas, aunque
realmente hemos dado un paso importante --somos gradualistas y seguiremos
trabajando en el futuro aproximando posiciones--, como usted mismo ha
reconocido, con la aceptación de las enmiendas transaccionales 13 y 16.
Mi grupo está muy satisfecho de que todos los grupos de esta Cámara
apoyen esta aproximación entre el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Socialista, a
excepción del Grupo Parlamentario Popular, al cual le agradezco, en aras
de la brevedad procesal, que haya desistido de defender sus enmiendas,
puesto que coincido con el senador Caneda en que, en el fondo, sería
repetir lo que se ha dicho en el debate sobre el veto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Turno de portavoces.
Ahora sí que tiene la palabra el senador Urrutia, y le pido disculpas.
El señor URRUTIA ELORZA: Señor presidente, no me debe pedir disculpa
alguna estando en la víspera de San Prudencio y celebrando hoy la retreta
y mañana las fiestas en Vitoria y Álava y, sobre todo, siendo usted
alavés. (Risas.)
Con respecto a las enmiendas que ha presentado mi grupo, apoyaremos las
transaccionadas, algunas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió y, sobre todo, las competenciales, solo por
referencia y cercanía en cuanto al planteamiento.
Me ha preocupado un poco lo expuesto antes por los portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular. Estamos
planteándonos una ley de estabilidad presupuestaria con vistas al futuro,
y siempre estamos mirando hacia atrás. Vamos a plantear la estabilidad,
el orden, la disciplina con vistas al futuro. Nos esperan años difíciles,
porque tenemos una serie de compromisos,
sobre todo --y el senador Gasòliba lo ha planteado-- el Estado de
bienestar y los cuatro pilares. El primer pilar es la educación
y lo que esta supone, sobre todo en el tramo de 0 a 3 años, y
pronto debatiremos la ley universitaria, con el
esfuerzo que habrá que hacer para la adaptación a Bolonia. El segundo
pilar es el tema sanitario, el envejecimiento poblacional. El tercer
pilar son las pensiones y los compromisos: el compromiso del 14 de
febrero del Ecofin. ¿Cuál es el futuro del sistema público de pensiones
por ese envejecimiento? Tenemos también la futura ley de dependencia y su
financiación. ¿Se nos escapan los fondos europeos o hay una rebaja?
Debemos ser realistas no sólo en cuanto a las comunidades autónomas y al
Estado, sino también respecto a las entidades locales. Comprendo lo que
decía mi compañero, el señor Cuenca Cañizares, y las referencias al señor
Bru y al señor Caneda. Debemos tener cuidado con los gastos y con los
ingresos. Me parece que esta ley de estabilidad debe poner orden y
juicio, y no hay que mirar atrás no sea que nos convirtamos en la mujer
de Lot al hablar de si el crecimiento se produjo en 1994, en 1996 o en
2000. Miremos al futuro, pongamos orden en las cuentas.
Desde el punto de vista de País Vasco y como representante de Eusko
Alkartasuna, diré que todos debemos mantener orden y disciplina.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
¿El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el senador Gasòliba.
El señor GASÒLIBA I BÖHM: Muchas gracias, señor presidente.
Con la intervención del senador Bru hemos entrado en el debate de dos
temas de fondo,muy interesantes y ambos conceptuales. Como dije
anteriormente, el primero es un debate que ya se produjo en la Unión
Europea en la calificación y valoración del gasto, en la valoración del
déficit y en la parte del gasto público de la llamada inversión
productiva; el fondo del debate fue la conveniencia o no de su
incorporación en la evaluación del déficit. Lo que plantea nuestra
enmienda respecto de las comunidades autónomas es precisamente eso, pero
ello nos lleva al segundo debate --también de carácter conceptual--, que
es el siguiente: Nosotros lo que defendemos es que el establecimiento de
los parámetros y de la aplicación de los acuerdos que llevan a la
estabilidad presupuestaria se haga en el marco del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, lo que, además --acorde con lo que ya se propone y
previsiblemente se tendrá que aplicar con la aprobación de nuevos
estatutos--, lleva al concepto de bilateralidad en la negociación que
haga el Ministerio de Economía y Hacienda, en el marco del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, con representantes de las respectivas
comunidad autónomas, de forma bilateral.
El senador Bru, muy hábilmente, dice: Celebro que hayamos aproximado
posiciones. No tengo ninguna reserva en manifestarlo así, pero es que se
había producido un alejamiento. A nosotros lo que nos preocupa es que de
manera progresiva, en las sucesivas propuestas del Gobierno, en sus de
proyectos de ley, hay un intento de centralizar cada vez más e imponer
más las posiciones, y aunque insisto en que entiendo que es mucho más
cómodo para el Ministerio de Economía y Hacienda y para el propio
ministro hacerlo así, ya no estamos en este ámbito, ya no estamos en una
administración centralista, afortunadamente. Pero las tendencias
continúan aflorando, y esto es lo que intentamos corregir con nuestras
propuestas, algunas de las cuales, de una manera muy limitada, han
permitido llegar a un acuerdo, pero que conste que es una aproximación
dentro de una tendencia que lleva a un alejamiento de lo que tendría que
ser el debate, las decisiones y el respeto a las competencias de las
comunidades autónomas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el senador Maqueda.
El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente.
Informo a la Cámara de que estamos de acuerdo con las transaccionales que
se han establecido entre los diferentes grupos sobre la base de las
enmiendas de Convergència i Unió y que, en consecuencia, las apoyaremos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra
la senadora Aroz.
La señora AROZ IBÁÑEZ: Gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario va a apoyar las enmiendas transaccionales a las
números 13 y 16 de Convergència i Unió, que vienen a reforzar el
ejercicio de la autonomía financiera de las comunidades autónomas, así
como los mecanismos de bilateralidad. No vamos a apoyar el resto de las
enmiendas presentadas por los argumentos con los que me he opuesto al
veto en el trámite anterior.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Gracias, señor presidente.
Simplemente quiero expresar en este caso mi deseo de equivocarme en
cuanto a los defectos que he visto en la reforma. Como ha dicho el
senador portavoz de Eusko Alkartasuna, tenemos en la sociedad española
unos retos realmente importantes, difíciles, y espero que en 2007 no
dejen de repetirse los resultados de 2005, los últimos que tenemos con
esta ley vigente. Creo que es un esfuerzo que todos tendremos que hacer.
Ojalá seamos capaces de asumir
la constitución europea en cuanto al principio de subsidiariedad y
que haya un claro reparto de las competencias de forma que, una
vez repartidas, los ayuntamientos tengan las suyas y las comunidades
autónomas las suyas, con lo cual tendremos unas normas que nos
permitirán a todos emplear energías en vencer esos
retos que se nos presentan.
No me queda nada más que lamentar no haber participado más activamente en
esta ley a la que, como saben todos, tengo un especial cariño.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos a la votación.
En primer lugar, procedemos a votar el Proyecto de Ley Orgánica de
reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de
la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Comenzamos votando la enmienda número 1 del senador Cuenca Cañizares.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a
favor, dos; en contra, 225; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, números 12 a 26, menos la 13 y la 16,
que soportan transaccionales.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 233; a
favor, siete; en contra, 226.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas números 2 y 3 del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, cinco; en contra, 223; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números 8 a 11.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, 114; en contra, 121.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos las propuestas de modificación del dictamen con
los número de registro 60.137 y 60.138.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, 120; en contra, 115.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Señorías, votamos el dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, 121; en contra, 114.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas, de forma previa a
la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
-- DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE
LEY DE REFORMA DE LA LEY 18/2001, DE 12 DE DICIEMBRE, GENERAL DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (S. 621/000047) (C. D. 121/000046)
(Votación).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a votar el dictamen de la
Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de ley de la
reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad
Presupuestaria.
Comenzamos con las enmiendas del senador Cuenca Cañizares, números 1 a
3.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, tres; en contra, 224; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió números 43 a 62.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, ocho ; en contra, 225; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, 119; en contra, 116.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
números 5 a 9.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, 11; en contra, 224.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números 22 a 42.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, 116; en contra, 119.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, 121; en contra, 114.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados, para
que este se pronuncie sobre las mismas, de forma previa a la sanción del
texto por Su Majestad el Rey.
Señorías, se levanta la sesión.
Eran las doce horas y cuarenta minutos.
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