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DS. Senado, Pleno, núm. 95, de 03/10/2006
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO

Año 2006 VIII Legislatura
Núm. 95
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 3 de octubre de 2006


ORDEN DEL DÍA:

Primero

ACTAS

-- Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 19 y 20 de septiembre de 2006.


Segundo

ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE

-- Elección de un miembro suplente de la Diputación Permanente. (Número de expediente S. 560/000001).


Tercero

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN -- Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) para alcanzar los objetivos de la Unión Europea y converger en el año 2010. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 558, de fecha 2 de octubre de 2006). (Número de expediente S. 671/000093).


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Cuarto

MOCIONES

-- Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a dar cumplimiento al contenido de diversas mociones aprobadas por el Pleno de la Cámara en materia de inmigración. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 558, de fecha 2 de octubre de 2006). (Número de expediente S. 662/000139).


-- Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para facilitar la integración del cabotaje marítimo en las cadenas intermodales de transporte. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 558, de fecha 2 de octubre de 2006). (Número de expediente S.
662/000141).


-- Del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para desarrollar la producción de energías renovables. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 558, de fecha 2 de octubre de 2006). (Número de expediente S. 662/000140).


Quinto

CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

-- Denuncia del Convenio sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho marítimo, 1976, hecho en Londres el 19 de noviembre de 1976. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 255, de fecha 28 de abril de 2006). (Número de expediente S. 610/000147) (Número de expediente C.
D. 110/000147).


-- Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre cooperación en el campo de la exploración y del uso pacífico del espacio ultraterrestre, hecho en Madrid el 9 de febrero de 2006. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 262, de fecha 26 de mayo de 2006).
(Número de expediente S. 610/000150) (Número de expediente C. D.
110/000150).


-- Acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno macedonio relativo a la readmisión de personas en situación irregular, hecho «ad referendum» en Skopje el 6 de febrero de 2006. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 263, de fecha 2 de junio de 2006). (Número de expediente S. 610/000151) (Número de expediente C. D. 110/000151).


Sexto

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN RELACIÓN CON CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

-- En relación con el Convenio de colaboración entre el Gobierno Vasco y la Generalitat de Cataluña en materia de cesión de uso de la infraestructura jurídica del sistema informático procesal. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 555, de fecha 27 de septiembre de 2006). (Número de expediente S.
592/000004) (Número de expediente C. D. 093/000004).


Séptimo

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

-- De la Comisión de Educación y Ciencia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 71, de fecha 26 de septiembre de 2006). (Número de expediente S. 621/000071) (Número de expediente C. D. 121/000082).


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SUMARIO

Se abre la sesión a las dieciséis horas.


ACTAS (Página 5584)

Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 19 y 20 de septiembre de 2006 (Página 5584)

Se aprueban las actas.


ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE (Página 5584)

Elección de un miembro suplente de la Diputación Permanente.
................................... (Página 5584)

La excelentísima señora doña María Dolores de Cospedal García es elegida por asentimiento de la Cámara.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN (Página 5584)

Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) para alcanzar los objetivos de la Unión Europea y converger en el año 2010 (Página 5584)

La señora Gallego Esperanza defiende la moción. La señora Aleixandre i Cerarols defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Pezzi Cereto defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. La señora Gallego Esperanza expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas.


En turno de portavoces, intervienen la señora Aleixandre i Cerarols, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; el señor Maqueda Lafuente, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y la señora Baig i Torras, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, así como el señor Pezzi Cereto, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Gallego Esperanza, por el Grupo Parlamentario Popular.
Se aprueba la moción consecuencia de interpelación, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por asentimiento de la Cámara.


MOCIONES (Página 5590)

Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a dar cumplimiento al contenido de diversas mociones aprobadas por el Pleno de la Cámara en materia de inmigración (Página 5590)

El señor García Carnero defiende la moción. El señor Mendoza Cabrera defiende la enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios de Senadores Nacionalistas Vascos y de Senadores de Coalición Canaria. El señor García Carnero expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda.


En turno de portavoces, intervienen los señores Jorquera Caselas, por el Grupo Parlamentario Mixto; Mendoza Cabrera, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, y Badia i Chancho, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como las señoras Etxegoyen Gaztelumendi, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y Burgués Bargués, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y los señores Alonso García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y García Carnero, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se rechaza la moción por 118 votos a favor y 121 en contra.


Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para facilitar la integración del cabotaje marítimo en las cadenas intermodales de transporte (Página 5601)

El señor Guillén Izquierdo defiende la moción. El señor Bravo Durán defiende la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Bustillo Navia-Osorio defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular. El señor Badia i Chancho defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Guillén Izquierdo expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas.


En turno de portavoces, intervienen los señores Urrutia Elorza, por el Grupo Parlamentario Mixto; Ayala

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Fonte, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; Badia i Chancho, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Bravo Durán, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; Aragonès Delgado de Torres, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y Bustillo Navia-Osorio, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se pospone la votación de la moción a la espera de la presentación de una propuesta de modificación.


Del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para desarrollar la producción de energías renovables (Página 5607)

El señor Albistur Marin defiende la moción. El señor Presidente anuncia que se ha presentado una propuesta de modificación. El señor Chivite Cornago anuncia la retirada de la firma de su grupo parlamentario de esa propuesta. El señor Companys i Sanfeliú aclara que mantiene la enmienda presentada por su grupo parlamentario. A continuación, el señor Companys i Sanfeliú defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.El señor Chivite Cornago defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. La señora Elices Marcos defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
El señor Albistur Marin expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas.


En turno de portavoces, intervienen los señores Urrutia Elorza, por el Grupo Parlamentario Mixto; Melchior Navarro, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; Companys i Sanfeliú, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Albistur Marin, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, así como la señora Elices Marcos, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y los señores Chivite Cornago, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Marqués López, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se aprueba la moción, en los términos de la propuesta de modificación, por 128 votos a favor y 101 en contra.


Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para facilitar la integración del cabotaje marítimo en las cadenas intermodales de transporte (Votación) (Página 5619)

Se aprueba la moción, en los términos de la propuesta de modificación, por asentimiento de la Cámara.


CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 5619)

Denuncia del Convenio sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho marítimo, 1976, hecho en Londres el 19 de noviembre de 1976 (Página 5619)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre cooperación en el campo de la exploración y del uso pacífico del espacio ultraterrestre, hecho en Madrid el 9 de febrero de 2006 (Página 5619)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno macedonio relativo a la readmisión de personas en situación irregular, hecho «ad referendum» en Skopje el 6 de febrero de 2006 (Página 5619)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN RELACIÓN CON CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Página 5620)

En relación con el Convenio de colaboración entre el Gobierno Vasco y la Generalitat de Cataluña en materia de cesión de uso de la infraestructura jurídica del sistema informático procesal (Página 5620)

Se aprueba el dictamen de la Comisión General de las Comunidades Autónomas por asentimiento de la Cámara.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 5620)

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De la Comisión de Educación y Ciencia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte (Página 5620)

La señora Aránega Jiménez, presidenta de la Comisión, presenta el dictamen.


Comienza el debate de totalidad.


La señora Ministra de Educación y Ciencia (Cabrera Calvo-Sotelo) presenta el proyecto de ley.


En turno a favor hace uso de la palabra la señora Hernández Gutiérrez.


Se inicia el debate del articulado.


La señora Aleixandre i Cerarols defiende las enmiendas números 17 a 20, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Maqueda Lafuente defiende las enmiendas números 1 a 15, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


La señora Hernández Gutiérrez consume un turno en contra.


En turno de portavoces, intervienen los señores Urrutia Elorza, por el Grupo Parlamentario Mixto; Maqueda Lafuente, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; la señora Baig i Torras, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; el señor Pezzi Cereto, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Blasco Soto, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se procede a votar.


La señora Aleixandre i Cerarols renuncia a someter a votación las tres enmiendas presentadas por su grupo parlamentario.


Se rechaza la enmienda número 15, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 11 votos a favor y 196 en contra.


Se aprueba por asentimiento de la Cámara la enmienda transaccional con número de registro 72641.


Se aprueba el dictamen por 206 votos a favor y 1 en contra.


El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


Se levanta la sesión a las veintiuna horas y quince minutos.


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Se abre la sesión a las dieciséis horas.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.


ACTAS:

-- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES, CELEBRADAS LOS PASADOS DÍAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2006.


El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Actas. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 19 y 20 de septiembre de 2006.
¿Algún senador desea hacer alguna observación a las actas? (Pausa.) Quedan aprobadas.


ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE:

-- Elección de un miembro suplente de la Diputación Permanente (S.
560/000001).


El señor PRESIDENTE: Segundo punto del orden del día: Elección de miembros de la Diputación Permanente.
En aplicación de lo establecido en el artículo 46 del Reglamento del Senado, procede la cobertura de la vacante existente en este momento.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha formulado la siguiente propuesta: la excelentísima señora doña María Dolores de Cospedal García.
¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento.) Queda elegida su señoría.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN:

-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+i) PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONVERGER EN EL AÑO 2010 (S. 671/000093).


El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Mociones consecuencia de interpelación.
Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i) para alcanzar los objetivos de la Unión Europea y converger en el año 2010.
A esta moción se han presentado dos enmiendas: la primera, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió; y, la segunda, del Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora Gallego.


La señora GALLEGO ESPERANZA: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a la tribuna para defender la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a impulsar y fomentar una serie de medidas que consideramos que no admiten más dilaciones, si de verdad queremos alcanzar la convergencia en I+D con el resto de los países desarrollados en el año 2010 y que, de acuerdo con los objetivos del Consejo de la Unión celebrado en Lisboa, y ratificado posteriormente en Barcelona, ha de ser lograr en el citado año un gasto de I+D del 3 por ciento del producto interior bruto y, para ello, debe marcarse como objetivo urgente y prioritario el incremento público y privado de I+D. Estos son los motivos que nos han movido a presentar esta moción, los mismos que ya explicamos en la pasada sesión plenaria, en el transcurso del debate de la interpelación previa.
Esta moción recoge las inquietudes y preocupaciones de un amplio sector de la sociedad, desde investigadores a empresarios, a los que el Gobierno no sabe dar una respuesta, lo que nos lleva a pensar que están en el buen camino.
La señora ministra no fue capaz de ilusionarnos, de convencernos de que alcanzaremos la meta en el año 2010; al contrario, nos repitió el mismo discurso que su antecesora, que es lo mismo que decir el de 2004. Es evidente que ya es aquí donde comienza a faltar la innovación. Señorías, la realidad en 2006 es que España dedica a I+D la mitad de los recursos que la Unión Europea, aproximadamente el 1,1 por ciento del producto interior bruto, mientras que la Unión Europea dedica aproximadamente el 2 por ciento. La inversión en I+D en el sector empresarial español es un 45 por ciento menor que el gasto medio europeo. Por último, el gasto medio en investigación y desarrollo por investigador/año en España es de 78.000 euros, mientras que en la Unión Europea es al menos de 156.000 euros. El gasto medio por científico español es el 50 por ciento del gasto medio de la Unión Europea, a pesar de lo cual su productividad es notable, para los escasos recursos que el Gobierno le asigna. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.) No me cabe la menor duda de que todos los grupos comparten con nosotros la necesidad perentoria de que España alcance en el año 2010 los objetivos marcados en Lisboa. Para lograrlo, hemos de convenir que nos encontramos ante un proceso en el que el tiempo apremia, requiere una gran inversión económica y la implicación de los diversos agentes, como son las universidades, los OPI, las empresas y los partidos políticos, así como también algunos cambios de mentalidad.
Conscientes de todo ello y con el deseo de sumar --no restar-- en un tema vital para el desarrollo de España, proponemos la necesidad urgente de impulsar medidas eficaces

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para poder alcanzar las recomendaciones de la Unión Europea en materia de I+D para el año 2010, que, como ya hemos visto, establece el gasto del tres por ciento del producto interior bruto en esta materia.
Estas medidas se basarán en el aumento real del esfuerzo, y no en el recurso a ficticios incrementos de presupuestos, activos financieros, como es el Capítulo VIII, sin el efecto necesario. Para una total transparencia, sería imprescindible diferenciar bien entre este capítulo de supuestos gastos y los demás apartados de I+D.
La señora ministra anunció en el debate de la interpelación del pasado Pleno que en estos próximos Presupuestos Generales habrá un desdoblamiento del gasto en Defensa y el gasto civil en I+D+i. Esto es algo que no solo valoramos como positivo, sino que consideramos que urge llevarlo a cabo con la mayor premura. Aguardamos que en breve se nos proporcione una información amplia y sin ambigüedades sobre este tema.
España es todavía hoy incapaz de atender la demanda de desarrollos tecnológicos avanzados que exigen los sectores productivos, que se ven obligados a adoptar tecnología extranjera, debido en gran parte a que la motivación industrial en este campo no ha llegado aún a los niveles esperados, sobre todo por ese esfuerzo que se requiere en I+D.
Los expertos atribuyen estas deficiencias a la escasa dedicación de recursos financieros y humanos para estimular la innovación en las empresas y a la baja consideración de algunos empresarios españoles hacia la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación como elementos esenciales de la competitividad. Todo esto lo confirma el hecho de que España se encuentra en el puesto vigesimosegundo en lo que a decisión sobre innovación de empresa se refiere.
Esto obliga a establecer un marco normativo y las ayudas necesarias que posibiliten que las empresas incrementen el gasto privado destinado a I+D+i, para poder alcanzar el 66 por ciento de la contribución de estas al gasto total de I+D+i en el año 2010.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señoría, vaya concluyendo, por favor.


La señora GALLEGO ESPERANZA: Es necesario un crecimiento del número de empresas tecnológicas e investigadoras y la incorporación de tecnólogos e investigadores a las empresas, ampliando en particular el programa Torres Quevedo.
Conscientes de esta situación, el Ministerio de Educación y Ciencia tutela varios programas, con mayor o menor acierto, destinados a facilitar el despegue de I+D en el sector privado. Entre ellos, el programa Torres Quevedo, que nació en 2001, es el que cuenta con las propuestas más acertadas, aunque tiene un inconveniente en el número de concesiones: a pesar de los paulatinos aumentos en los últimos años, resulta insuficiente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señoría, por favor, concluya.
Ha acabado su tiempo.
La señora GALLEGO ESPERANZA: Concluyo, señor presidente.
La conveniencia de los parques científicos y las empresas innovadoras con centros públicos de investigación supone un paso adelante para el logro de los objetivos fijados en Lisboa. No obstante, el número de parques tecnológicos resulta hoy día insuficiente. Por ello, urge promover el marco legal y el incremento económico necesario que permita el establecimiento de nuevos parques vinculados a las universidades y a los organismos públicos de investigación, para conformar unas infraestructuras tecnológicas de alta calidad en España que contribuyan a rentabilizar la creación de conocimiento, basadas en la especialización y la concentración en las áreas más estratégicas.
En el debate de aquella interpelación, la señora ministra cifró las ayudas a estos parques en 270 millones de euros con cargo a los presupuestos para 2006 y 2005, aunque lo que no aclaró una vez más, como viene siendo habitual en ella, es el grado de ejecución de dicho presupuesto, cómo se desglosan esas ayudas y si parte de las mismas se dedican a préstamos reembolsables o a la construcción de nuevos parques.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señora senadora, por favor, concluya ya. Lleva ya un cincuenta por ciento de tiempo de más.


La señora GALLEGO ESPERANZA: Solo voy a consumir medio minuto más.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Con medio minuto sobrepasa más de la mitad del tiempo que le correspondía.


La señora GALLEGO ESPERANZA: Concluyo ya, señor presidente.
Por último, consideramos que la implicación de las comunidades autónomas para alcanzar el objetivo del 2010 se hace imprescindible. Por ello, hay que promover y potenciar convenios de colaboración en materia de I+D entre el Estado y estas para la construcción y el equipamiento de nuevas infraestructuras científicas y tecnológicas que acaben con el desequilibrio autonómico de España en I+D, así como con la incorporación estable de investigadores españoles y extranjeros al sistema español de ciencia y tecnología.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora senadora. Le queda el turno de contestación a las enmiendas, aparte del de portavoces.
Se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y la otra del Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre, también por un tiempo de cinco minutos.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Muchas gracias, señor presidente.


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Señorías, está fuera de toda duda que mal que nos pese vivimos en un mundo totalmente globalizado. La globalización no es de por sí negativa, en ella existen aspectos positivos y negativos; por ejemplo, el caso de hoy es el resultado de ambos aspectos, y estamos hablando de la competitividad de nuestros profesionales, de nuestras empresas, en definitiva de nuestro país. En este mundo globalizado la mano de obra barata puede ser una eficaz herramienta que bien utilizada puede ser muy útil para un país en desarrollo. Este ha sido hasta hace poco nuestro caso. Una mano de obra barata hizo que durante años muchas empresas se instalarán en distintos lugares de nuestra geografía, pero en la actualidad estas empresas les es imposible competir con el alto nivel salarial alcanzado en nuestro país y no pueden soportar la competencia de otros países, como China o México, con gran cantidad de mano de obra extraordinariamente barata.
Si queremos no solo continuar en el mismo lugar alcanzado con tanto esfuerzo, sino sobrevivir, es el momento de realizar el cambio, cambio que debe hacerse a la mayor prontitud, y la única opción posible es optar por la calidad y por la innovación tanto a nivel empresarial, como de formación personal. Señorías, esta opción no es ninguna novedad; otros países de la Unión Europea, como Finlandia o Irlanda, optaron por ella hace más de diez años y hoy son países de primera línea. Para ello necesitamos que el Gobierno, y me atrevo a decir toda la clase política sin excepción, cierre filas en torno a la protección, al estímulo de la investigación, del desarrollo, a la innovación tanto a nivel de las empresas existentes, como las de nueva creación. Para ello necesitamos personas altamente preparadas, nuevas líneas de investigación científica y apoyo a la innovación tecnológica, muy especialmente a nivel de pequeña y mediana empresa --base de nuestro país--, para conseguir ya no solo la convergencia con Europa en el 2010, sino estar en primera línea de la Unión. Ello debe hacerse empezando por la educación secundaria --de eso hemos hablando muchas veces--, pasando por la formación profesional --ayer hablábamos de ello en esta Cámara-- y por la universidad, potenciando la investigación y muy especialmente los grupos consolidados, colaborando directamente con las empresas o indirectamente pasando por los parques tecnológicos.
Durante el pasado pleno, la senadora Gallego interpeló a la ministra de Educación y Ciencia, señora Cabrera, sobre las políticas que iba a desarrollar su ministerio en esta materia; hoy es parte de esta moción.
Señorías, más allá del baile de cifras a que nos tienen acostumbrados los dos grupos, socialista y popular, es cierto que la política de I+D+i no está dando los frutos necesarios. Continuamos esperando y estamos lejos de Europa. Esta afirmación es aceptada por todos, si no, repasen la prensa de estos últimos seis meses y verán numerosos artículos de diferentes comunidades científicas denunciando problemas de financiación, de proyectos consolidados o de la salida de investigadores de los programas Ramón y Cajal y algunos integrados también, como el programa Consolider que se ha mostrado insuficiente, a pesar de que el programa Consolider-Ingenio constituye el mayor esfuerzo realizado por el Estado en materia de investigación y un magnífico impulso en la dirección correcta, pero ello no es suficiente, al menos por el momento. Revisen la colaboración del mundo empresarial y el científico universitario; constituye una asignatura pendiente que los OPI y los parques científicos no han logrado paliar. El Ejecutivo comunitario advirtió hace poco que de seguir con esta tendencia, la falta de innovación podría poner en riesgo nuestro crecimiento. La ministra de Educación y Ciencia, la señora Cabrera decía en su intervención --y leo--: Estamos detectando dónde están los problemas y tratando de buscar soluciones. Más adelante decía: Es necesario un mayor esfuerzo inversor por parte del sector público y también una mayor participación del sector privado. Por ello nos parece oportuna la moción del Grupo Popular y deseamos que solo pretenda ser un punto de presión, de advertencia al Ejecutivo, muy especialmente al nuevo equipo ministerial, que debería tomarlo como un estímulo para alcanzar los objetivos de competitividad y calidad e innovación, tan necesarios y que todos deseamos.
Nuestro grupo está de acuerdo con la moción. A pesar de ello, ha presentado una enmienda de adición que introduce en los apartados dos y tres la referencia a las comunidades autónomas, tanto en el apoyo a las empresas como en la financiación, desarrollo y creación de parques tecnológicos y científicos, puesto que creemos que son las comunidades autónomas las que tienen mejor información y saben perfectamente las necesidades de cada uno de los lugares.
Terminaré con unas palabras del profesor Corchón en la lección inaugural del presente curso académico. El catedrático de Economía decía --y leo--: Debo terminar esta lección con una nota de preocupación. Una universidad competitiva a nivel europeo necesita mucho dinero, aunque desde luego menos que un club de fútbol que quiera ser competitivo a nivel europeo, sobre todo, como he argüido a través de esta lección, unos esquemas de incentivos adecuados que remuneren la excelencia medida de manera objetiva por órganos independientes.
Señorías, órganos independientes. Tomemos nota. Él acababa diciendo: A partir de ahora, si queremos seguir jugando la «champions» de la ciencia, el dinero se deberá repartir de manera distinta a como lo hemos hecho tradicionalmente en la universidad española o si no --concluía--, que inventen ellos.
Es evidente que no podemos permitir que inventen ellos. Esto es cosa nuestra, de todos, de todos ustedes y de todos nosotros.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora senadora.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Pezzi.


El señor PEZZI CERETO: Gracias, señor presidente.
Señorías, en el pasado los países que conseguían desarrollo económico lo basaban en tener materia prima --hierro, carbón, etcétera--, en tener capital o en la fuerza del

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trabajo. Hoy los países punteros ponen su desarrollo económico fundamentalmente en la inteligencia, en las personas, hombres y mujeres, preparados para introducir en el sistema económico un valor adicional que por la vía de investigación las empresas lo convierten en desarrollo gracias a la innovación.
Los países punteros son los países innovadores, y los países innovadores son los que tienen un buen sistema educativo, una muy buena universidad y son capaces de desarrollar un sistema de investigación potente que pone en manos de la industria, de los empresarios, ese valor añadido que significa hacer las cosas, hacer los objetos de forma diferente y, por tanto, innovando para darle un valor añadido.
La Unión Europea así lo comprendió, y en la estrategia de Lisboa en el año 2000 centra en el valor de las universidades, de la investigación, del desarrollo y de la innovación la gran clave del futuro de la Unión.
Queríamos una Europa de excelencia en educación, en investigación y en innovación para ser competitivos y poder tener un lugar en el mundo, pero la verdad es que con el paso de los años nos hemos ido dando cuenta en toda Europa, gracias también al informe Kok, elaborado en el 2004, que de las 40 directivas de Lisboa solo siete eran aplicadas por todos los miembros de la Unión Europea en el 2005. Había que hacer algo y el Consejo Europeo de primavera del 2005, sobre la base del informe Kok, relanza la estrategia de Lisboa y pide a los Estados miembros que hagan un documento que permita un plan de reforma que, basado en el crecimiento y en el empleo, lleve a cumplir la estrategia de Lisboa.
Se hizo en España a través del programa nacional de reformas, estructurado en torno a 24 Directrices Integradas para el Crecimiento y el Empleo 2005-2008 y, como ustedes saben, ese plan de reformas incluye el apartado llamado Ingenio 2010, que es el eje cuarto, basado en las estrategias de I+D+i.
El programa «Ingenio 2010» es extraordinariamente riguroso con el diagnóstico. Tenemos problemas en I+D+i en España tanto en la inversión del PIB, en la masa crítica de nuestros investigadores, en el volumen de investigación, en las publicaciones como en la producción científica aplicada a la industria.
Está claro que el programa del Plan Nacional de I+D+i 2004-2007 elaborado por el Gobierno del Partido Popular no ha dado resultado. De ahí que el programa nacional de reforma y el de «Ingenio 2010» intenten resolver esas dificultades. ¿Cómo? Aumentando los fondos de I+D+i. En 2005 aumentaron el 27 por ciento de los presupuestos. En 2006, en un 32. En los presupuestos enviados a las Cortes aumentan el 33 por ciento, 6.400 millones. Por tanto, el doble de lo que destina el Partido Popular. Hay, además, otras actuaciones que van en la misma línea. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) A nosotros nos parece que la moción que presenta el Grupo Popular es muy interesante porque va en la misma línea que la presentada por Convergència i Unió en otros momentos, por Entesa, y las resoluciones del debate del estado de las autonomías. Por lo tanto, globalmente no tenemos inconveniente en aceptarla, pero pensamos que está redactada deficientemente. Como Convergència i Unió ha puesto en evidencia, quiere que el Gobierno haga parques tecnológicos y, por tanto, no tiene en cuenta la realidad regional y de las autonomías de nuestro país, circunstancia que habría que corregir.
En segundo lugar, obvia algo importante: el Plan Nacional de I+D+i acaba en 2007. Pongámonos manos a la obra para rectificarlo.


El señor PRESIDENTE: señoría, le ruego concluya.


El señor PEZZI CERETO: Acabo.
Y, en tercer lugar, la Unión Europea ha fijado el tres por ciento, señorías. En «Ingenio 2010» hemos marcado el dos por ciento. No hagamos trampa. No nos hagamos trampa sabiendo que no vamos a poder cumplir los objetivos. ¿Saben ustedes por qué? Les contesto, aunque desarrollaré esta cuestión en la segunda intervención, porque del tres por ciento dos puntos del PIB lo tiene que cumplir las empresas y solo un punto el Gobierno, las administraciones públicas. En el 2010 posiblemente las administraciones públicas hayan cumplido sus objetivos y no las empresas.
Lea usted, señoría, el informe Cotec, el último informe de 2006, y verá como su presidente dice que el problema de la innovación no lo tienen las administraciones públicas básicamente, sino nuestras empresas. Por tanto, ayudémoslas y no les marquemos objetivos que no van a poder cumplir.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para manifestar la posición sobre las dos enmiendas que se acaban de debatir, tiene la palabra la senadora Gallego.


La señora GALLEGO ESPERANZA: Gracias, señor presidente.
Voy a intervenir desde el escaño teniendo en cuenta la benevolencia que ha tenido el señor presidente a la hora de computar mi tiempo en el turno anterior.
Aceptamos la enmienda de adición presentada por CiU porque consideramos que complementa la moción presentada por nuestro grupo. No obstante, quiero decirle a la senadora de CiU que no es un baile de cifras. Las cifras en I+D son la base del argumento. Si no, no nos sería posible demostrar lo que estamos diciendo: la deficiencia que arrastramos en I+D en España.
Lamento mucho, senador Pezzi, no poder aceptar su enmienda de sustitución. No es posible y no porque --como él alega-- esté mal redactada o haya una trampa. La trampa pretendió hacérnosla él a nosotros cuando quería sustituir el producto interior bruto de España con el de la Unión Europea. Sabe que eso no es lo mismo, sino todo lo contrario. Sabe que el producto interior bruto español en 2006 estuvo en el en torno de los 925.000 millones de euros y que seguramente en 2007 superaremos el billón. También sabe que España es el noveno país del mundo. Entonces, intentar sustituir el producto interior bruto de España por el de la Unión Europea nos parece una trampa.


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Respecto al Plan Nacional de Investigación, supongo que conoce la ley de la ciencia, de 1986, que es una ley básica muy válida. Precisamente el primer capítulo de esta ley establece que el plan nacional de investigación hay que elaborarlo cada cuatro años. Todavía no han transcurrido los cuatro años, ya falta poco, no hay que ser tan impaciente, faltan unos meses, esperemos a 2007 y plantéenlo de nuevo, que se debatirá.
Esta moción pretende que el Gobierno se centre en cumplir los objetivos y que avance la inversión en I+D. Por ello no procede la aprobación de esta enmienda. Además, la elaboración del Plan Nacional de I+D es competencia del Gobierno. Esperemos a 2007 y ya hablaremos.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Muchas gracias, señor presidente.
Evidentemente, vamos a votar a favor de la moción porque ustedes han aceptado nuestra enmienda.
Señor Pezzi, en respuesta a sus palabras --aunque no es mi cometido, lo hago por coherencia, porque la competitividad es cosa de todos los componentes de esta Cámara--, le diré que el Gobierno debe, con un poco de imaginación, llevar a cabo políticas que faciliten y estimulen a las empresas porque el 2 por ciento del PIB depende de ellas. Hay muchas formas de ayudar a las empresas, otros países lo están haciendo y ustedes pueden copiar sus políticas, ya que en ocasiones es bueno copiar, a fin de estimularlas para que cumplan con sus objetivos y beneficien a todos.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Maqueda.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Mi intervención va a ser breve, desde el escaño.
El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación aprobado abarca los años 2004 a 2007. Lo que se pretende es el impulso, el incremento de la competitividad en las empresas y sobre todo el crecimiento del PIB. Ya desde el año 2004 el plan intentaba incrementar los recursos de manera significativa, más de un 20 por ciento, en relación con años anteriores, en concreto, con 2003. En este sentido se ha ido incrementando una media de 1,22 por ciento cada año. Las comunidades autónomas --y de ahí que la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió haya sido aceptada por el Grupo Parlamentario Popular-- tienen transferidos los parques tecnológicos y el desarrollo de la ciencia e innovación.
Además de los parques tecnológicos, también son importantes --el senador Pezzi, del Grupo Parlamentario Socialista, lo ha comentado-- el sistema educativo, las universidades, los laboratorios y, en definitiva, el desarrollo de la innovación.
En el caso del País Vasco, el estatuto de autonomía, en su artículo 10, apartado 16, atribuye a nuestra comunidad competencia exclusiva en materia de innovación e investigación científica y técnica, siempre en coordinación con el Estado. Hay que recordar que esto no siempre ha sido así. Si nos remontamos a épocas pasadas, a finales de los años setenta en el País Vasco teníamos un presupuesto aproximadamente un 80 por ciento menor en I+D que el resto de la media estatal debido a que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas no hacía los deberes en el País Vasco como hubiera sido deseable.
Ante este panorama, en los años setenta y principios de los ochenta, el Gobierno vasco desarrolló una labor importante, y a través del Concierto Económico y del Estatuto de Autonomía se lleva a cabo una significativa reconversión que viene a paliar la fuerte desindustrialización existente en el País Vasco. Gracias a este papel, nos encontramos en una situación como la actual, en la que la I+D+i y la autonomía financiera del País Vasco, en Euskadi, han ido ascendiendo a posiciones más o menos equiparables, incluso en estos momentos superiores, al resto de la media del Estado.
Para finalizar, en relación con el gasto ejecutado en I+D en España por comunidades autónomas, hay que contrastar que existen desequilibrios todavía muy importantes; en este sentido, el País Vasco se encuentra hoy a la cabeza de las regiones con un 79 por ciento en cuanto al gasto ejecutado por empresas e instituciones privadas sin ánimo de lucro, seguido de Cataluña con un 64 por ciento y de Madrid con un 55 por ciento. Hay otras comunidades que presentan una abultada proporción de gasto realizado por universidades y la Administración pública, en ambos casos superior a la media, como sería el caso de Baleares, Canarias o Extremadura.
Por todo ello, señor presidente, y por el bien de las empresas del Estado, por el desarrollo, por la competitividad, por la innovación nos parece muy adecuada la moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y les anuncio que nuestro voto será favorable a la misma.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Baig.


La señora BAIG I TORRAS: Gracias, señor presidente.
En los últimos años la sociedad, los gobiernos de las comunidades autónomas y también el propio Estado han tomado conciencia de que la inversión en investigación e innovación es realmente un camino que genera riqueza y empleo de alta calidad; inversión que vale la pena y que,

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día a día, todos vamos incrementando. Y no se trata de si en estos momentos vamos a más o a menos o si nos hemos quedado cortos, lo cierto es que estamos por debajo de la media de la Unión Europea.
La senadora del Grupo Parlamentario Popular ha dicho que no le convenció la lectura de la señora ministra y he de decirles que a mí sí me convenció, porque advertí que había un camino por recorrer y que lo estábamos haciendo muy deprisa.
Aquel mismo día, leí un artículo de Alejandro Klecker, quien decía que en investigación más desarrollo más innovación, bien pero mal. Y creo que aquí está el punto de equilibrio porque, según indican los últimos informes, en algunos aspectos vamos por el buen camino; hay puntos muy positivos, como los gastos de las empresas, que han situado a España en el puesto 32 frente al 41 en el que se encontraba hace bien poco; o que el número de investigadores por mil habitantes está creciendo en España actualmente el 7,5 por ciento anual, mientras que la Unión Europea lo hace el 2,8 por ciento, aunque es cierto que la media europea de investigadores alcanza el 5,4 por ciento y la española el 4,9 por ciento; es decir, hay un incremento, claro indicio de que el camino se está recorriendo deprisa para poder acortar distancias, y esto nos parece muy positivo.
Observamos también esta misma línea en los presupuestos de los últimos años. El representante del Grupo Parlamentario Socialista ha dicho que para el año 2007 está previsto un aumento de un 33 por ciento, hasta alcanzar los 6.400 y escasos millones de euros, el doble de lo presupuestado el año 2004; por tanto, vamos por un camino para acortar distancias y nos parece que vamos bien.
Y cuando el mismo articulista decía: bien pero mal, se refería a que, por ejemplo, la inversión se está decantando demasiado desde la iniciativa Ingenio 2010 y desde los planes de las comunidades autónomas, ya que hacen hincapié en la biotecnología, la aeronáutica y la nanotecnología que, aunque son puntales para la sociedad del futuro, se están olvidando otros sectores de la actividad que deben ser incentivados desde la innovación.
Por este camino, yendo deprisa para avanzar en el tiempo, mi grupo votará favorablemente la moción del Grupo Parlamentario Popular, a pesar de que no la vemos desde el punto de vista catastrofista apuntado en la interpelación y sobre todo después de haber aceptado la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Pezzi.


El señor PEZZI CERETO: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, señoría, permítame que haga cariñosamente un recuerdo.
Siempre me sorprende en los debates con el Grupo Parlamentario Popular su amnesia. Lo noto también en mi provincia, en Granada. Se diría que el Partido Popular no ha gobernado durante ocho años este país; parecería que siempre hubiera habido un Gobierno socialista. Oiga, señoría, ¡que no llegamos al 3 por ciento del PIB! ¿Pero es que en sus ocho años de gobierno se hizo ese progreso que permite llegar al 3 por ciento? ¡No, de ninguna manera! ¿Es que ustedes programaron llegar al 3 por ciento? No, no. Pero ustedes dicen ahora que nosotros en dos años lo tenemos que hacer. Yo creo que esa amnesia es perjudicial para ustedes. Ustedes siempre nos colocan una trampa para ver si caemos. Pues hoy estamos dispuestos a caer. El Grupo Parlamentario Socialista va a votar favorablemente a su moción sin problemas.
Ustedes dicen en su moción: que el Gobierno impulse para conseguir las recomendaciones de la Unión Europea, que señala en el 3 por ciento el gasto del PIB. Pues bien, el Gobierno ha impulsado el Plan de reforma nacional crecimiento y empleo; el Gobierno ha aprobado el eje cuarto que desarrolla el programa Ingenio 2010; el Gobierno en estos Presupuestos lleva el doble en presupuesto de I+D civil que el que en 2004 presentó el Partido Popular. El Gobierno ha cambiado las estrategias Ciber, Avanza, Torres-Quevedo, Consolider, etcétera. Ha habido impulsos masivamente; tan masivo es el impulso que el informe Cotec del 2006 muestra que la tendencia tecnológica ha cambiado en nuestro país.
Por tanto, no tengo riesgo como portavoz socialista para aprobar que el Gobierno impulse para conseguir los objetivos de la Unión Europea. Pero voy a decirle en un arrebato de sinceridad que en 2010 no vamos a llegar al 3 por ciento. Y es que el perfil de las empresas españolas no está de tal manera que pueda conseguirse el 66 por ciento de ese 3 por ciento que es un 2 por ciento. De las 700 empresas españolas más grandes, la primera que aparece como empresa puntera por inversiones tecnológicas en Europa está en el puesto cuarenta. No tenemos un tejido empresarial capaz de liderar un cambio tan profundo aparte de que se necesita más tiempo. Las administraciones públicas, las universidades, el Gobierno de la nación, las administraciones de las comunidades autónomas, las diputaciones, etcétera, sí van a conseguir llegar al 1 por ciento que les corresponde.
Pero como se ha dicho en el informe Cotec las empresas no lo van a conseguir. ¿Si les vamos a ayudar? ¡Claro que sí! Así y todo, el Gobierno ha impulsado esas medidas. Si en 2010 estamos en el 2 por ciento habremos dado un salto de gigante, y es que ni ustedes mismos preveían que llegáramos al 2 por ciento. Por tanto, bien pensados están los deberes para el futuro, sabiendo que lo que hemos puesto, negro sobre blanco, en el eje del programa Ingenio 2010 y en el Programa nacional de reforma crecimiento y empleo, es el 2 por ciento del PIB. En todo caso, vamos a aceptar su moción como acicate para la nueva redacción del plan nacional de investigación, desarrollo e innovación, que va a permitir poner el turbo para conseguir cada año más, como hemos hecho en estos Presupuestos Generales del Estado.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


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Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Gallego.


La señora GALLEGO ESPERANZA: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar quiero manifestar nuestro agradecimiento a los grupos parlamentarios que han expuesto públicamente su apoyo a esta moción.
Queremos decir que nosotros compartimos las inquietudes referentes a la implicación de las comunidades autónomas. Evidentemente, las comunidades autónomas son imprescindibles a la hora de planificar la inversión en I+D en España, porque realmente ellas son las que conocen mejor sus propias autonomías, sus necesidades y sus carencias.
Al señor Pezzi quiero decirle que nosotros no tenemos amnesia. Sabemos perfectamente lo que trabajamos durante esos ocho años y, de hecho, en alguna ocasión le hemos comentado que los tiempos avanzan y que hay que ponerse las pilas, como nosotros hicimos en aquel momento, para alcanzar metas que parecen imposibles.
Comparto con usted que existe un problema: el escollo del sector privado, pero precisamente son ustedes, señor Pezzi, los que están gobernando y ese es su reto. Nosotros pedimos en principio llegar al 3 por ciento porque era lo que se había marcado para el 2010, pero tengo mis dudas de que ustedes lleguen al 2 por ciento.
En materia de I+D hay aspectos que conviene matizar. A lo mejor a simple vista, como decía la compañera senadora, parece que todo va muy bien pero, luego, nos encontramos las matizaciones, que son precisamente las que más nos inquietan tal y como las ha presentado.
Ahora, ustedes anuncian que para el 2007 se va a aumentar considerablemente el presupuesto en I+D, ¿pero cómo? ¿Figurará en el capítulo VIII o en créditos reembolsables? ¿De qué cantidad estamos hablando? Señoría, usted sabe bien que los créditos reembolsables están suponiendo un 50 por ciento de lo que se invierte y que, realmente, no es una inversión que luego consolide. Esto es algo que ustedes deberían aclarar.
En cuanto al gasto en defensa, por fin este año la señora ministra ha anunciado que la partida destinada a defensa iba a separarse de la inversión en I+D prevista para el ámbito civil. Hizo una aclaración según la cual esta inversión en defensa no se computaría junto con la de educación e industria pero, luego, resulta que va a sumar en las cifras finales de I+D+i. Esto puede entenderse como una trampa, expresión que suele utilizar su señoría.
A fecha de hoy también hemos visto, por ejemplo, alguna treta en relación con el Programa I3, aquel que ofreció la señora ministra como salida --de urgencia, añado yo-- cuando en la pasada sesión plenaria le manifestamos nuestras inquietudes sobre el futuro de los Ramón y Cajal. Digo esto porque, al referirse al Programa I3, la ministra nos habló de los compromisos presupuestarios de los años 2005 y 2006 cuando, en el caso del 2005, tendría que haber hablado de ejecuciones presupuestarias y no de compromisos e incluso, a 27 de septiembre, que fue el día que estuvo aquí la ministra, haberse referido también a algunas del año 2006.
¿Por qué la señora ministra habló de esta manera? Pues porque dijo que había 41 millones de euros para el año 2005 cuando la realidad fue bien distinta. ¿Qué se ejecutó en el 2005 de esos 41 millones contemplados en el Programa I3? Pues se ejecutaron 27,4 millones de euros. Del año 2006 ya no constan cifras, pero ella habló de 52 millones de euros, y cuando vamos al 2006 nos remite a unos convenios del año 2005. Señoría, todo esto es lo que hay que aclarar.
Lo que necesita la I+D en España es inversión pero, también, algo que le reprochamos a la señora ministra en el último Pleno: que se elimine el oscurantismo de su ministerio y dé las cifras tal y como son.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A juzgar por las intervenciones, todos los grupos parlamentarios se han posicionado a favor de la moción. ¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada. (Aplausos.)

MOCIONES:

-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DAR CUMPLIMIENTO AL CONTENIDO DE DIVERSAS MOCIONES APROBADAS POR EL PLENO DE LA CÁMARA EN MATERIA DE INMIGRACIÓN (S. 662/000139).


El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día: Mociones.
Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a dar cumplimiento al contenido de diversas mociones aprobadas por el Pleno de la Cámara en materia de inmigración. A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y de Senadores de Coalición Canaria. (Rumores.) Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador García Carnero.
(Rumores.) Señorías, ruego silencio, por favor.


El señor GARCÍA CARNERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el pasado día 20, hace dos semanas, compareció en esta Cámara el señor presidente del Gobierno. En su respuesta al portavoz del grupo parlamentario empleó 22 minutos y, entre otras cosas, nos dijo que la inmigración procedente de Marruecos estaba razonablemente controlada.
(Rumores.) Aquella noche llegó a las costas andaluzas una oleada de 26 pateras con más de 300 marroquíes y siguen llegando desde ese momento.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, señoría.
Ruego, señorías, que abandonen el hemiciclo o guarden silencio.
(Rumores.)

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Señorías, ruego silencio.
Comience, senador García Carnero.


El señor GARCÍA CARNERO: Gracias, señor presidente.
Decía que el señor presidente nos dijo que la inmigración procedente de Marruecos estaba razonablemente controlada y ya ven lo que ha ocurrido.
Nos dijo también que la inmigración ilegal procedente de Argelia estaba bajo control; esa misma noche llegaron hasta las costas de Murcia --adonde no habían llegado nunca, por cierto-- varias pateras repletas de argelinos y ayer, por ejemplo, más de 120 con 40 menores entre ellos llegaron a las costas de Granada y Almería.
Anunció el presidente la ampliación y construcción urgente de nuevos centros de estancia temporal de inmigrantes en Canarias. Unas horas más tarde el presidente de Coalición Canaria calificó ese anuncio de disparate y de querer convertir a Canarias en un campo de concentración de África.
Dijo el señor presidente aquí ese día que había elevado el número de efectivos de la Policía Nacional en las islas Canarias, donde, por cierto, ocho policías tienen que vigilar a 1.500 inmigrantes que viven amontonados en el CETI de Hoya Fría; así, por ejemplo, esta misma mañana, señorías, un avión que intentaba trasladar 50 inmigrantes desde Hoya Fría hasta Málaga se ha encontrado que solo ha podido trasladar a 13, los otros 37 se habían fugado con esa vigilancia que había añadido el presidente, y además dice la información que se habían fugado tomando taxis a las puertas del CETI. Pero además el presidente olvidó decir que para llevar a esos policías a Hoya Fría lo que hizo fue retirar a los policías que estaban vigilando las fronteras en las carreteras secundarias de los Pirineos, por donde entran cada día miles de ilegales procedentes de la Europa del Este.
Se atribuyó el presidente como un éxito de su Gobierno las repatriaciones de ilegales, ilustró incluso su información con algunos datos, pero se le olvidó decir que solo uno de cada ocho de los subsaharianos que llegan a Canarias ha sido repatriado, los otros siete vagan por las calles de Madrid o de Murcia o de Tenerife, como pueden ser los que esta mañana huyeron.
Al día siguiente de estar aquí el señor presidente tres de sus ministros --Rubalcaba, López Aguilar y Caldera-- se desplazaron a Finlandia. Iban a pedir ayuda económica y política de otros países de la Unión Europea, pero lo que cosecharon fue el reproche y la crítica por la actitud del Gobierno español con la inmigración.
La pasada semana la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, afirmó en un programa de televisión que ya había pasado el momento álgido de los cayucos. Ese mismo día más de 300 nuevos subsaharianos llegaron y desde entonces no cesa.
Nos dijo también Zapatero que las gestiones diplomáticas con Senegal habían sido un éxito. No sabíamos si el presidente se estaba refiriendo a las acusaciones que le hizo el presidente de Senegal de ser la política de España la causante de las masivas llegadas de cayucos o la burla de que fue objeto el Gobierno español al obligar a suspender varios vuelos de repatriaciones que ya estaban embarcados. Por cierto, mientras Zapatero alardeaba de ese éxito con Senegal, era Francia, su ministro del Interior, quien suscribía un acuerdo histórico --ese sí-- con Senegal para controlar y ordenar adecuadamente la inmigración de ese país.
Hablando de Francia, señorías, la semana pasada pudimos comprobar cómo la actitud prepotente y hasta soberbia del presidente Zapatero ha protagonizado un enfrentamiento con el ministro Sarkozy, quien debería ser nuestro aliado para afrontar este problema de la inmigración. Y todo porque el ministro francés se atrevió a decirle a Zapatero que el proceso de regularización llevado a cabo en España era el causante de esta situación, algo que, por otra parte, ya le habían dicho a Rubalcaba en Finlandia los ministros de Alemania, Austria y Holanda, entre otros.
En el capítulo de enfrentamientos, no solo los ha habido con el exterior; también dentro de España los ha protagonizado el Gobierno. Recuerden, señorías, a la vicepresidenta del Gobierno acusando al Gobierno canario de inhibirse en el problema de la inmigración por su escasa inversión en la ayuda al África subsahariana y por no haber firmado el plan de acogida de inmigrantes en Canarias. Tampoco han faltado las contradicciones internas. Montilla nos dijo, nada más soltar la cartera ministerial: ojo los catalanes, que pueden perder las prestaciones y servicios sociales como lleguen más inmigrantes. Sin embargo, el ministro Caldera nos dice todo lo contrario: los españoles percibimos esos servicios sociales gracias a la presencia de extranjeros. En fin, señorías, podríamos seguir, pero creo que es suficiente.
Yo he querido iniciar mi intervención señalándole algunas estampas de los últimos días, para situarles en la realidad en que vivimos: la patética imagen que ofrece nuestro Gobierno, el Gobierno de España, ante la principal preocupación de los españoles. Hoy ya nadie duda que es la irresponsable actitud y la desastrosa gestión del Gobierno las que han provocado una situación fuera de control, cuyo alcance y consecuencias pueden resultar trágicas; de hecho, ya están resultando muy trágicas para miles de personas que mueren en su intento por alcanzar nuestras costas.
Los inmigrantes ilegales siguen llegando por miles y a diario, y el Gobierno, desbordado, incapaz de afrontar la situación, nos proporciona escenas como estas que le refería, sin duda, fruto de su nerviosismo por una situación que se le ha ido de las manos, negándose a reconocer los errores cometidos. Pese a las advertencias de todo el mundo y pese a la evidencia del fracaso, sigue manteniendo que su política es la acertada.
Señorías, en este marco tan desolador quiero plantearles la moción que hoy nos ocupa. Es una moción singular, sin duda; desconozco si existen precedentes parlamentarios, pero es ciertamente poco habitual que se plantee una moción para exigirle al Gobierno que cumpla los acuerdos que le ha mandatado el Parlamento. Lo normal, señorías, lo democrático, es que cuando el Parlamento toma acuerdos que mandatan al Gobierno, el Gobierno los cumpla. Lo inhabitual, lo irrespetuoso, lo antidemocrático es que el Gobierno ignore, haga caso omiso de los mandatos del Parlamento.


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Como habrán comprobado sus señorías, la moción que hoy sometemos a su consideración no solicita ningún pronunciamiento nuevo; insta, simplemente, a que el Gobierno cumpla de manera inmediata las tres mociones que esta Cámara aprobó, algunas hace más de año y medio, dos de ellas, incluso, por unanimidad. Si el Gobierno hubiese cumplido con su obligación, esta moción sería innecesaria, pero el Gobierno ha hecho caso omiso, ha incumplido su obligación, ha incumplido amplia y reiteradamente el Reglamento de esta Cámara, ha ignorado, cuando no menospreciado, a esta Cámara y, por tanto, a quienes representamos: todos los españoles. Y aunque lo sustancial sea el fondo, el contenido de las mociones --asunto en el que enseguida vamos a entrar--, no es cuestión menor la forma, señorías. El artículo 178.2 del Reglamento de esta Cámara obliga, estableciendo un plazo máximo de 6 meses, a que el Gobierno cumpla y dé cuenta de las mociones aprobadas por el Pleno del Senado y el Parlamento, cuya principal tarea es la elaboración de leyes que obligan a su cumplimiento a todos los ciudadanos. Por lo tanto, el cumplimiento de las normas debe ser algo prioritario. Además, señorías, ignorar los mandatos del Parlamento, lugar donde reside la voluntad ciudadana, es un inaceptable menosprecio para todos los españoles.
Entrando en el contenido de las mociones, señorías, recordarán que el pasado 15 de marzo de 2005, hace más de año y medio, esta Cámara aprobó --por 135 votos a favor, 107 en contra y 4 abstenciones-- una moción que presentaba el Grupo Parlamentario Popular, en la que se instaba al Gobierno de la nación a transferir a las comunidades autónomas y a ayuntamientos las cuantías económicas destinadas por estos para atender los servicios sociales necesarios para la adecuada integración de los inmigrantes. La valoración económica de esta actuación se estableció en 2.200 millones de euros, como consta en el expediente y como reza en el «Diario de Sesiones». Sin embargo, la cantidad que realmente transfirió el Gobierno en 2005 fue de 168 millones de euros. Por tanto, el Gobierno, para cumplir la moción, adeuda 2.032 millones de euros del año 2005 a los ayuntamientos y comunidades autónomas. En el año actual, en 2006, el Gobierno ha destinado realmente 182 millones. Así, la cuantía pendiente de transferir supera de nuevo los 2.000 millones de euros.
Así pues, señorías, en el momento actual el Gobierno les debe 4.000 millones de euros a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. Por eso le pedimos en el primer apartado de la moción que liquide esa deuda.
Además, a la vista de que en los presupuestos de 2006 no hay crédito para ello, le pedimos que lo haga de manera inmediata en 2007.
Durante estos dos últimos años el Gobierno ha provocado la llegada incontrolada de centenares de miles de inmigrantes. Ahora bien, quienes les han atendido, quienes les han proporcionado escuelas, quienes les han prestado atención sanitaria y ayudas para acceder a una vivienda, y quienes se están ocupando de su integración son las comunidades autónomas y los ayuntamientos, a los que, como les he señalado, el Gobierno adeuda 4.000 millones de euros que esta Cámara aprobó hace más de año y medio.
Esta actitud del Gobierno, cicatera con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos y de ignorancia deliberada de los mandatos del Parlamento, tiene su continuidad en las previsiones presupuestarias de 2007. Los presupuesto de 2007 que presentó el Gobierno hace unos días en el Congreso siguen sin atender esa situación; siguen sin hacer caso de la moción que aprobó esta Cámara. Entendemos que la cantidad que debería consignarse para 2007, al margen de los 4.000 millones de años anteriores, es de 2.900 millones; cuantía que debería consignarse atendiendo al incremento de inmigrantes que se ha producido desde hace dos años: más de millón y medio de inmigrantes ilegales. Para que sus señorías se hagan una idea aproximada de estas magnitudes, les pondré un ejemplo. La Comunidad Autónoma de Madrid ha destinado 1.300 millones de euros para la atención e integración de inmigrantes en 2006. La aportación que la comunidad ha recibido del Gobierno ha sido de 40 millones de euros; es decir, que el Gobierno ha aportado el 3 por ciento de los gastos que ha efectuado la comunidad.
En todo caso, no pretendo reabrir un debate que se produjo hace año y medio y que se zanjó con la aprobación de la moción referida. El debate de hoy, el que ahora nos ocupa, se refiere a la exigencia de que el Gobierno cumpla los acuerdos que adoptamos y que no ha cumplido hasta el día de hoy. Esa es la exigencia que presentamos, y estoy seguro de que sus señorías la compartirán conmigo.
Por otra parte, pronto se cumplirá un año de la aprobación de otra moción que tampoco se ha cumplido. El pasado 2 de noviembre, hace ya más de 11 meses, esta Cámara aprobó por unanimidad la moción que propuso el Grupo Parlamentario Popular y que instaba al Gobierno a elaborar, de acuerdo con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, un plan social de integración de inmigrantes y a dotarlo con cantidades adecuadas. Hasta el momento no se ha presentado a la Cámara tal plan y, por lo que sabemos, no se ha consensuado nada ni con los ayuntamientos ni con las comunidades autónomas.
Por otra parte, no sé si saben sus señorías que el ministro responsable de la inmigración, el ministro Caldera, ostenta el triste récord de incomparecencias en el Senado. Por lo visto, al señor ministro le da pavor comparecer, dar cuenta de su gestión, someterse a la crítica y a las preguntas de la oposición. Es evidente que a Caldera no le gusta explicar su gestión ni a la oposición ni a nadie. Él, que se llenó la boca anunciando hasta con seis meses de antelación un proceso de regularización; él, que llenó páginas y páginas de los periódicos de medio mundo contando las bondades de su regularización; él, que se consideraba a sí mismo el ejemplo a imitar por toda Europa, ahora, cuando ha comprobado el estrepitoso fracaso de su gestión, no quiere afrontar la situación; no quiere que le pregunten en el Parlamento; no quiere responsabilizarse del desastre que él mismo ha provocado. Caldera, señorías, está huido, está desaparecido del Parlamento. De lo contrario, ¿cómo se explica que tenga nueve peticiones de comparecencia sin atender, y todas ellas referidas a la inmigración? Algunas de estas nueve comparecencias han sido pedidas por el Grupo Parlamentario Popular, otras por el Grupo Parlamentario

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de Coalición Canaria, otras por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, algunas de ellas se pidieron hace varios meses, otras hace más de un año e incluso hay alguna que se pidió hace más de dos.
Pero el colmo de los despropósitos de Caldera es que fue él mismo quien pidió una comparecencia que tampoco ha celebrado; fue al inicio de su gestión, cuando preveía que se iba a convertir en ejemplo para los gobiernos de toda Europa, pero luego, cuando el éxito no fue tal, sino más bien lo contario, decidió no comparecer. Y lo cierto, señorías, es que Caldera no viene al Parlamento a petición de los grupos parlamentarios que así lo solicitan, pero tampoco cuando es a petición propia. El señor ministro no se complace ni a sí mismo.
Por todo ello, señorías, mi grupo parlamentario propone que el ministro Caldera comparezca de manera inmediata ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas y ante la de Trabajo para cumplir con esas nueve peticiones, así como para presentar y debatir el plan de integración social de inmigrantes tal y como el Pleno del Senado aprobó el pasado mes de noviembre y que, como ya hemos señalado, todavía no ha cumplido.
Finalmente quiero recordar que el pasado día 23 de mayo, también a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, y por unanimidad, esta Cámara aprobó una moción para que el Gobierno remitiese trimestralmente los datos referidos a inmigración para que pudiésemos tener un conocimiento real y actualizado de la situación y ver su evolución. Se trata, como bien recordarán, de conocer los datos referidos a inmigrantes empadronados, afiliados a la seguridad social, inscritos en las listas de desempleo, nacionalizados, repatriados, autorizaciones de residencia y órdenes de exclusión. En la moción que aprobamos se solicitaba que esos datos se enviasen a la Cámara cada tres meses. Hoy, cuatro meses y medio después, ninguno de estos ha sido facilitado por el Gobierno.
Por ello, señorías, con esta moción pedimos nuevamente que esos datos sean enviados por el Gobierno de forma inmediata. Tal y como he manifestado al inicio de mi intervención, ninguna de estas peticiones es nueva; todas han sido ya debatidas y aprobadas por el Pleno del Senado, pero ninguna ha sido cumplida por el Gobierno. pero a la gravedad del incumplimiento en sí mismo --que lo es--, hay que añadir la agravante de ser este un asunto de máxima preocupación para los ciudadanos españoles.
Los españoles están, y con toda razón, muy preocupados por el incesante incremento de inmigrantes ilegales. Por cierto, yo no sé si sus señorías saben que también en Marruecos, que según el Gobierno está controlado, hay más de 600 asiáticos en el CETI de Ceuta. Estos llegan a Marruecos en avión, allí cogen una motora, una barquita pequeña o incuso una moto acuática y se cuelan en Ceuta, y de ahí al CETI.
Pues bien, decía que los españoles están preocupados, y con toda la razón. ¿Qué imagen nos da el Gobierno? De desbordamiento por unos acontecimientos que no puede controlar, pero se niega a reconocer sus errores. Es incapaz de afrontar la situación, no acepta las correcciones que le hacen los países más experimentados en este fenómeno, y además de todo eso, desoye lo que le manda el Parlamento.


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.


El señor GARCÍA CARNERO: Termino, señor presidente.
Señorías, hemos comparecido en muchas ocasiones a lo largo de estos dos años, tanto en Pleno como en comisión, para criticar la acción del Gobierno y para ofrecerle soluciones alternativas que constantemente ha denegado atender. Con esta moción de hoy simplemente exigimos al Gobierno que respete al Parlamento, que cumpla con lo que le ha mandado esta Cámara, porque los mandatos de esta Cámara, señoría, son mandatos de los españoles a los que representamos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para la defensa de la enmienda presentada por los grupos de Senadores Nacionalistas Vascos y de Coalición Canaria tiene la palabra la senadora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente, pero va a defender la enmienda el senador Mendoza.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Mendoza.


El señor MENDOZA CABRERA: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señoras y señores senadores. Como ha sido costumbre en esta legislatura, mi grupo siempre que se presenta una moción en relación con el drama de la inmigración pretende llegar a acuerdos con todos los grupos parlamentarios y hacer de esta política una política común, en la que nadie trate de sacar ventaja ni de las críticas ni de la gestión.
Siempre hemos insistido en que es una cuestión que debe estar por encima de la batalla estrictamente política. Ha sido este un comportamiento que hemos mantenido a lo largo del tiempo, en ocasiones con unos frutos positivos --hay que reconocerlo--, y hemos llegado a acuerdos y hemos podido sacar adelante criterios comunes que después se pueden exigir al Ejecutivo, y en otras ocasiones, como en los últimos tiempos, con menor fortuna y, a nuestro juicio, no porque las discrepancias sean sustantivas, ya que tanto en el Pleno anterior como en este ha habido un enorme acuerdo con los proponentes, en este caso con el Grupo Parlamentario Popular.
¿Cuáles son las diferencias? En el caso concreto de esta moción que nos ocupa, el Grupo Parlamentario Popular propone unas cantidades que nosotros no entramos a calificar de mucho o de poco, sino que decimos que existe un Consejo Superior de Inmigración, donde está la Administración general del Estado, las comunidades autónomas y los representantes de los ayuntamientos, y que es en ese consejo donde se deben pactar entre ambas administraciones las cantidades y los criterios de su distribución. Es decir,

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queremos dar voz a quienes luego tienen que gestionar el problema en el lugar concreto, sean municipios, sean comunidades autónomas.
Con los otros dos elementos que plantea la moción del Grupo Popular nosotros estamos totalmente de acuerdo, tanto en lo que se refiere a la información trimestral sobre la situación de la inmigración, nacionalizados, etcétera, como respecto de algo que está absolutamente injustificado, y es que, a pesar de que pasan los meses, el ministro Caldera no ha venido a responder a las comparecencias que han sido solicitadas por esta Cámara.
Por tanto, salvo el diseño de un marco para discutir la cuantía de las cantidades y los criterios para su reparto, hay acuerdo. Sin embargo, me temo cuál va a ser el final de esta moción, que inicialmente estaba firmada por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos y por mi grupo y que ahora ha sido firmada por todos los grupos minoritarios, menos por los dos mayoritarios. Desgraciadamente, parece ser que de forma definitiva, porque estamos en vísperas electorales, no va a haber forma de que nos pongamos de acuerdo sobre la inmigración ni con el Grupo Parlamentario Popular ni con el Grupo Parlamentario Socialista, y con ambos por razones diferentes.
En fin, nuestro comportamiento va a seguir siendo el mismo: tratamos de ofrecer soluciones en positivo, tratamos de evitar juicios de valor y tratamos de exigir aquellas cuestiones que entendemos que deben ser exigibles. En la conciencia de cada uno está cuáles son los criterios con los que tiene que dirigir su política sobre este tema dramático para el conjunto de la sociedad española.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para posicionarse sobre la enmienda presentada y debatida, tiene la palabra el senador García Carnero.


El señor GARCÍA CARNERO: Muchas gracias, señor presidente.
Senador Mendoza, desde el afecto personal que su señoría sabe que le profeso, y aunque entiendo --se lo digo sinceramente-- que, por su parte y quizá por la de su grupo, existe una voluntad constructiva, la verdad es que la enmienda que presentan no construye nada, señoría.
Aquí --y lo señalaba en mi anterior intervención-- no se está debatiendo ya si la cantidad es de dos mil o de cuatro mil millones; se está debatiendo otra cosa: el prestigio y la dignidad de esta Cámara. Señoría, lo claro y evidente es que esta Cámara aprueba las mociones, y el Gobierno tiene la obligación de cumplirlas, porque el Reglamento de la Cámara establece que hay que hacerlo en un plazo de seis meses, aunque el Gobierno las ignora sistemáticamente. De manera que, ¿de qué nos sirve, senador Mendoza, que hoy aprobemos una moción que el Gobierno incumple? De nada.
Yo deseo que la moción se apruebe, para eso la presentamos, pero deseo sobre todo salvar la dignidad de esta Cámara, que el Gobierno mancilla reiteradamente, incumpliéndola, ignorándola; da igual lo que aquí se apruebe, y hay que hacerle saber al Gobierno, primero, que esta Cámara es el Parlamento, que el Parlamento hace normas, que esas normas son de obligado cumplimiento para los ciudadanos, y que los primeros que han de cumplir las normas son los parlamentarios y, por supuesto, el Gobierno.
Para eso se presenta esta moción.
Si esta moción no sale adelante, señoría, nosotros habremos puesto todo lo posible de nuestra parte, y desde luego seguiremos manteniendo que los acuerdos que toma el Parlamento son de obligado cumplimiento para el Gobierno, y que cuando el Gobierno no cumple esos acuerdos está ignorando no al Grupo Parlamentario Popular o a los grupos aquí representados, está ignorando la soberanía popular, que no reside en el Gobierno, sino en el Parlamento. Quien representa a los ciudadanos es esta Cámara, junto con el Congreso de los Diputados, las Cortes Generales conjuntamente, y el Gobierno las ignora, hace de su capa un sayo.
Por eso, señoría, pensando en la buena voluntad que su señoría pueda tener, tengo que decirle que raya en la ingenuidad. ¿Qué ha hecho hasta el día de hoy el Consejo Superior de Política de Inmigración? Nada. Nada porque su señoría sabe que está perfectamente controlado por dos ministerios del Gobierno. Nada. Y nada va a seguir haciendo. Pero, por encima, por delante de eso está el defender la dignidad de la Cámara.
Yo, si la moción sale adelante, sentiré la satisfacción de haber dado un paso más para obligar al Gobierno a que cumpla los mandatos, y si no sale adelante, señoría, la pregunta que me haré será ¿qué es lo que ha ocurrido para que esta Cámara se desdiga de sus propios acuerdos? ¿En beneficio de quién? En beneficio, única y exclusivamente, de no erosionar al Gobierno. Porque, al final, la cantidad que estamos señalando, que son cuatro mil millones de euros, no se ha puesto voluntariamente por nosotros, sino que es una cantidad que consta en el expediente, que así la valoramos, y que así la aprobó la Cámara, y no se trata de establecer regateos ni de trasladar a otro órgano, mucho menos soberano que el Parlamento, que decida o que modifique las acciones del Parlamento. Esa es la razón por la que no podemos aceptar la enmienda, señoría.
En cuanto a los otros dos puntos con los que su señoría está de acuerdo, el de las comparecencias del ministro Caldera clama al cielo; es una vergüenza. Este señor tiene nueve comparecencias sobre inmigración solicitadas por varios grupos políticos y por él mismo, como le decía antes, y no viene; y no pasa nada; y no se le cae la cara de vergüenza.
Por tanto, señorías, o hacemos algo, o el Parlamento hace valer sus decisiones, o el Parlamento le hace saber al Gobierno que es soberano, que es donde reside la voluntad de los ciudadanos, y que son estos los que mandan, los que deciden en democracia, o el Gobierno hará, como viene haciendo, de su capa un sayo.
Yo no sé si la moción saldrá adelante o no; quizá con el voto de otros grupos y aun estando de acuerdo, se pueda beneficiar a quien sostiene al Gobierno, que hasta ahora todavía no sabemos qué es lo que opina.
Esperaremos a conocerlo para opinar.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Iniciamos el turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS : Intervendré muy brevemente, desde el escaño, para manifestar nuestro apoyo a las enmiendas defendidas por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Compartimos los criterios de fondo que informan la moción que se somete a debate porque en nuestra opinión hay que compensar a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas por los gastos que destinan a la integración social de los inmigrantes. Desde nuestro punto de vista y, por respeto a esta Cámara, es necesario cumplir las mociones que el Senado ha aprobado y, además, ya es hora de que el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales comparezca en esta Cámara para dar cuenta del desarrollo de su política en materia de inmigración.
Insisto en que compartimos el fondo de la moción, pero entendemos que el contenido de la enmienda presentada por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos y Coalición Canaria es razonable, ya que para que las cantidades que figuran en la moción no sean un simple brindis al sol es lógico remitir su definición a un acuerdo en el marco del Consejo Superior de Política de Inmigración; además, un tema tan importante como este debe ser fruto de un esfuerzo de consenso y de entendimiento entre todas las fuerzas políticas.
En este sentido, creo que el Grupo Popular daría buen ejemplo si manifestase su disposición a aceptar esta enmienda, que pretende mejorar la moción que se somete a votación, alcanzar el consenso entre los grupos de la Cámara y que no busca hacer de esta cuestión tan importante una simple arma arrojadiza para la contienda electoral sino el consenso y vincular al Gobierno con él.
Por lo tanto, le pido al Grupo Popular que recapacite y modifique su posición ya que, si no acepta esta enmienda, que a nuestro juicio es plenamente razonable, el Bloque Nacionalista Galego votará en contra de la moción.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Mendoza.


El señor MENDOZA CABRERA: Gracias, señor presidente.
Intervendré muy brevemente, desde el escaño, para agradecer el apoyo de los grupos que han firmado nuestra enmienda.
Por otro lado, he de decir también, con todo el aprecio que le tengo al senador García Carnero, que no es indiferente la definición del marco en el que se establezcan las cantidades, porque la intención del grupo que sustenta al Gobierno, como ha intentado usted expresar, es que las cantidades sean las que marca el presupuesto. Y nosotros decimos que hay un Consejo Superior de Política de Inmigración donde están presentes las comunidades autónomas y los representantes de los municipios, que son los que tienen que pactar el monto y su distribución. Por tanto, no se trata de un brindis al sol, sino de una concreción que nos ayudaría a hacer que el Gobierno adoptase un procedimiento que, además, nosotros entendemos que es el correcto.
En cualquier caso, dado que ya han manifestado que no van a apoyar nuestra enmienda, votaremos en contra de la moción.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Badia.


El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señor presidente.
Ciertamente, en los últimos meses hemos debatido ampliamente en esta Cámara sobre inmigración.
Es evidente, como ya han mencionado otros portavoces, que hoy la inmigración es un motivo de preocupación y debate fundamental para la mayoría de nuestros conciudadanos y lo cierto es que, nos guste o no, estemos en el Gobierno o en la oposición, el problema nos sobrepasa y llegamos tarde a las soluciones porque la realidad ha superado todas las previsiones. Pero parece que no queremos ser conscientes de que este no es un problema exclusivamente del Gobierno. Estamos ante un problema que es responsabilidad de todos los grupos políticos, no solamente del Gobierno.
Por otra parte, es un tema urgente y prioritario, sobre el que existe una gran división de opiniones, si bien no se puede hacer de él, como ya se ha dicho, un tema de confrontación política. Estamos hablando de dos cuestiones fundamentales: los flujos migratorios y la integración de inmigrantes, con los riesgos que todos conocemos y suscribimos. Estamos hablando de un tema en el que se produce una colisión de derechos, el derecho a emigrar y el derecho a limitar la emigración. Este es el tema que tenemos planteado. Se trata de países emisores, con derecho a la emigración y a su defensa, y países receptores, con planteamientos bien claros a limitar esa emigración.
Y ante el problema, ¿qué hacemos? Somos incapaces de diseñar un modelo de actuación, somos incapaces de llegar a acuerdos políticos conjuntos, somos incapaces de adoptar decisiones concretas. Pero sí somos capaces de hablar, de formular frases ocurrentes, de hacer políticas sin soluciones específicas. En definitiva, mucho hablar, mucho discutir, pero no concretamos nada.
Entiendo que la moción incide nuevamente en todo ello. Y es evidente que estamos plenamente de acuerdo en su filosofía, como ha manifestado el senador Mendoza Cabrera. Estamos plenamente de acuerdo por lo que se refiere a la comparecencia del señor ministro y suscribimos las palabras del portavoz del Grupo Popular. Estamos plenamente de acuerdo en cuanto a la tramitación de la información. Evidentemente, no estamos de acuerdo en los matices que afectan al tema presupuestario, que entiendo que la enmienda de modificación que se plantea por parte del

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Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y Coalición Canaria concreta y aclara desde el rigor.
Pero, señorías, permítanme, para acabar, que haga una reflexión que entiendo que es importante. En el tema de inmigración, internacionalmente se están adoptando decisiones, decisiones duras. El Gobierno americano ha adoptado el acuerdo de construir un muro de 2.200 kilómetros en la frontera con México --por cierto, con la abrumadora mayoría del Senado americano--. Aquí es fácil criticar a los Estados Unidos desde un punto de vista ideológico, pero lo que está claro es que ha tomado decisiones, y no me toca a mí decir si son positivas o no. El Gobierno francés, el que da lecciones, o las toma --ya no sé--, también va a considerar propuestas concretas, seguramente no cómodas. Todo ello es fácilmente criticable, pero, en todo caso, incómodo.
Hoy Miguel Roca publica un artículo que creo que es importante, en un periódico de difusión nacional y habla de todo esto desde un punto de vista bastante aséptico. El mensaje final del artículo de Miguel Roca dice: no hacer política en este tema es la peor política.
Espero y deseo que hoy no se trate de un paso más para que seamos incapaces, entre todos, de avanzar en este tema, sino que empecemos a hacer política de verdad en un asunto tan importante, porque nuestros conciudadanos nos lo van a exigir.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Señor presidente, señorías, una vez más nos vemos aquí hablando y debatiendo del tema de la inmigración, no solamente de la dignidad de la Cámara. Y una vez más debo comenzar señalando lo evidente, que el texto de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular comienza con una afirmación incuestionable: que la inmigración ilegal es motivo de preocupación en nuestra sociedad y que la llegada de inmigrantes a este país, singularmente en los últimos años, es un fenómeno incesante, que demanda atención, pero también y sobre todo demanda respuestas.
Señorías, senador García Carnero, poco más, porque hay otras afirmaciones que ya no son tan verdad y que solo cabe defender desde una postura partidista y, por tanto, políticamente interesada.
Sin entrar a analizar el grado de cumplimiento por parte del Gobierno de las mociones aprobadas por el Pleno de esta Cámara, que, desde luego, comparto con usted y me atrevo a aventurar que el resultado no arrojaría un saldo favorable al Gobierno precisamente --pero ese sí es otro debate--, debo señalar, señorías, que, al menos en lo que se refiere a las tres mociones concretas a las que alude la iniciativa que hoy nos ocupa, tal y como bien ha apuntado el senador Mendoza en el turno de defensa de la enmienda que ambos grupos parlamentarios hemos presentado a la moción del Grupo Popular, el incumplimiento no es tal, o al menos no en el modo que ha sugerido el portavoz popular.
Las mociones aprobadas el pasado año, concretamente con fecha 15 de marzo y 2 de noviembre de 2005, respectivamente, lo fueron sin concretar ni especificar suficientemente cuantía económica alguna, pero es que tampoco se acordó --y esto es lo más importante-- la fórmula para procurar con destino a comunidades autónomas y a ayuntamientos la dotación económica necesaria y suficiente, de un lado, para compensar a estas administraciones del gasto por ellas destinado --y cito textualmente-- a la atención de las prestaciones en materia de vivienda, sanidad, educación y, en general, a los servicios necesarios para la adecuada integración de los inmigrantes; y, de otro --y de nuevo cito textualmente--, para elaborar, de acuerdo con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, un plan de integración social de los inmigrantes, así como para consignar la dotación económica suficiente a la misma --cierro comillas.
Sinceramente considero que la propuesta alternativa recogida en la enmienda presentada por mi grupo y el de Coalición Canaria sitúa en el camino correcto la solicitud del Grupo Parlamentario Popular de hacer cumplir lo aprobado en su día por esta Cámara, con la participación, en este caso, de todos los agentes e instituciones implicados a través del Consejo Superior de Política de Inmigración, sin olvidar tampoco algo que no sé si se ha dicho, aunque solamente sea de pasada y con todas las cautelas que tiene esta afirmación, la previsión de 3.000.000 de euros largos que el anteproyecto de presupuestos generales del Estado tiene contemplados para el próximo ejercicio, cantidad que en caso de considerarse insuficiente, que seguramente lo sea, bien puede solicitarse sea incrementada, vía enmienda al proyecto, por cualquiera de los grupos presentes en esta Cámara.
Y por lo que respecta a la tercera de las mociones a las que alude su moción, la aprobada el pasado 23 de mayo, tal y como ya consta y ha sido mejor y más intensamente explicada por los portavoces que me han precedido, el Gobierno viene remitiendo a esta Cámara en los últimos seis meses la información solicitada sin dilación y seguramente sin mayores problemas. Esto tenemos que reconocerlo porque es así.
En definitiva, afirmar que el mandato inherente a las mociones aprobadas es --y abro comillas-- ignorado sistemáticamente por el Gobierno, como reza la iniciativa popular y como así lo ha definido desde esta tribuna el senador García Carnero, es una interpretación en este caso, y como decía al comienzo de mi intervención, interesada y partidista y que no se compadece --yo creo que ni medio ni bien-- con la realidad de las cosas.
De nuevo estamos, aunque con un tono bastante más sereno hoy que otras veces, ante un discurso otra vez demagógico y con doble lenguaje, algo de lo que yo desde luego siempre suelo señalar desde esta tribuna que tenemos que huir en cualquier tema, y mucho más en este, como de la peste.
Pero cuestión aparte, y en eso le tengo que dar la razón, es aquello que afecta a la actitud del ministro Caldera que, visto lo visto, se resiste a comparecer en comisión para informar y atender a las peticiones que en materia de inmigración

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distintos grupos parlamentarios de este Senado le han planteado. Cuando hace unos días comentaba desde esta tribuna que a altos dirigentes de este país les había faltado mano izquierda y humildad a la hora de enfrentar el problema de la inmigración, me refería también muy especialmente al ministro Caldera, que sinceramente no ha estado muy afortunado en sus declaraciones a lo largo de los últimos meses, y la misma crítica cabe realizar cuando, como es el caso precisamente, es de no hablar de lo que se trata. Mano izquierda y humildad cabe exigir del ministro Caldera, además de respeto a esta Cámara y a estos senadores a fin de que una vez por todas acuda a la comisión que corresponda, conforme lo exige la responsabilidad de su cargo de Gobierno, porque obras son amores y, vista desde luego su actitud, querer lo que se dice querer, el ministro Caldera nos quiere poco y nos quiere mal; algo además, que únicamente --y así lo digo con todas las palabras--, a mi entender únicamente a él desmerece, y no estamos hablando de cualquiera, sino del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno de España.
Por eso, no puedo por menos de señalar --al menos he tenido una conversación previa al debate de esta moción-- que al parecer el Grupo Parlamentario Socialista no puede si quiera criticar o atender a esta solicitud por parte del resto de los grupos de que el ministro Caldera de una vez por todas comparezca ante esta Cámara, y la verdad es que esto me apena porque tengo la sensación de que vamos a atender a un discurso vacío, hueco, que lo único que puede manifestar es la impotencia por parte del Grupo Parlamentario Socialista de no querer desautorizar a un ministro, pero lo cierto es lo cierto y lo evidente es lo evidente. Desde luego, lo lamento profundamente.
En cualquier caso, habida cuenta de que el senador García Carnero ha dejado claro que no va a aceptar la enmienda que el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y yo misma en nombre de mi grupo hemos presentado, no podemos en modo alguno votar a favor de la moción del Grupo Parlamentario Popular.
El senador García Carnero, a la hora de justificar la no aceptación de nuestra enmienda, ha subrayado una y otra vez su querencia, al hacerlo, de defender la dignidad de esta Cámara. No seré yo, desde luego, quien le desdiga --no soy quién para hacerlo--. Pero únicamente permítame que le apunte una cuestión o una reflexión en voz alta.
Intentar acercar posturas, analizar o intentar analizar los hechos con objetividad, procurar trabajar en favor del acuerdo, buscar un consenso lo más amplio posible --la unanimidad vendría después--, ¿es o no es dignificar esta Cámara parlamentaria? ¿Es o no es dignificar la labor de los diferentes senadores que en un momento determinado tenemos la responsabilidad de salir a defender una determinada postura a iniciativa de cualquier otro senador? ¿Es o no es dignificar esta Cámara? Yo creo que sí, sinceramente.
Y sin pretender dar lecciones a nadie, una y otra vez he señalado ante esta tribuna --porque mire usted que estamos hablando de inmigración, y hoy también lo estamos haciendo-- que afrontar el problema de la inmigración --así se lo decía hace unos días-- requiere de responsables políticos, en el Gobierno y en la oposición, que estén a la altura de las circunstancias y de la sociedad a la que todos representamos.
Esta portavoz y su grupo parlamentario, desde la humildad de nuestra cualidad de grupo minoritario, al igual que otros, hemos procurado remar en favor de este acuerdo, aun cuando hoy teníamos claro que estábamos remando a contracorriente. Y dicho con el mayor de los respetos, no sé si con igual contundencia, pero sobre todo con igual sinceridad, el Grupo Parlamentario Popular, y tal vez también el Grupo Parlamentario Socialista, pueden decir lo mismo que esta senadora.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra la senadora Burgués.


La señora BURGUÉS BARGUÉS: Gracias, señor presidente.
En las mociones anteriores que cita el Grupo Parlamentario Popular en la moción que hoy debatimos, los grupos políticos ya habíamos llegado a un acuerdo. Entre otras cosas, nos referimos a la importancia que tiene para solucionar este problema la coordinación y cooperación de las instituciones pero también de los grupos políticos que permita trabajar de una forma eficaz. Estamos razonablemente de acuerdo con que exista una política de descentralización de recursos en materia de inmigración hacia ayuntamientos y comunidades autónomas; y digo razonablemente porque sí estamos de acuerdo en el fondo, pero diferimos en las cuantías económicas y en la forma.
Son las administraciones, las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que gestionan las políticas de acogimiento y de integración. Para ello es preciso disponer de recursos que den respuesta a las nuevas demandas en educación, en vivienda, en sanidad, en servicios de información, orientación, etcétera. Probablemente la mayoría de senadoras y senadores tienen experiencia en sus municipios de recepción de extranjeros que han ido a vivir a sus ciudades, y conocen también la complejidad que supone que esta llegada de la nueva población sea aceptada por los vecinos siguiendo el principio de una sociedad pluralista donde todas las culturas sean respetadas y aceptadas sin formar comunidades aisladas, segregadas de la cultura autóctona, que llevan al fracaso de la integración, como hemos visto en experiencias en otros países europeos.
El proceso de adaptación e integración de los inmigrantes requiere de un esfuerzo bidireccional, un esfuerzo de ambas partes, pero es la vía más factible hacia la convivencia, y es la interculturalidad.
Para llegar a la convivencia y cohesión social es necesario combinar políticas de vivienda y urbanismo, sanidad y educación y políticas de relación entre la población inmigrante y la autóctona. Este encuentro se da en la proximidad, en los municipios, y para realizar todo esto es preciso que haya recursos económicos.


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Creo que así lo ha entendido este Gobierno que ha empezado una política de descentralización económica. Me dirán que quizá no sea suficiente. Es posible. Pero es a partir de 2005 y no con los anteriores gobiernos del Partido Popular cuando hay un fondo interterritorial de 120 millones de euros y de 180 en el año 2006.
Los ayuntamientos han visto incrementada la ayuda para la integración de los inmigrantes en un 20 por ciento en 2006 y los recursos en educación en un 70 por ciento. Estos son datos de Cataluña, pero sucede en general para todos los ayuntamientos.
La enmienda de modificación que presentan los grupos de Coalición Canaria y de Senadores Nacionalistas Vascos propone que sea el Consejo Superior de Política de Inmigración quien fije las cantidades que el Gobierno debe transferir tanto para compensar diferencias como para fijar la cuantía necesaria para el ejercicio de 2007.
Nos parece positiva y razonable. Es el marco más adecuado. El tema es lo suficientemente importante como para que todos procuremos colaborar y no pongamos palos en la rueda ni busquemos beneficios particulares. Se ha dicho aquí --y yo lo repito-- que debemos buscar una solución con proyección de futuro. Debemos mirar al futuro y no quedarnos en el hoy.
Para ello sería bueno --ya lo he dicho en otras intervenciones y cuando defendimos las anteriores mociones presentadas en este Pleno-- que existiera un verdadero pacto de Estado y que colaboren todos los grupos políticos de acuerdo con las comunidades autónomas y ayuntamientos.
Este es el objetivo del Consejo Superior de Política de Inmigración. Por lo tanto, me parece bien la propuesta de la enmienda presentada: un pacto que nos permita trabajar para procurar la mejor integración de las personas inmigrantes, que se reconozcan sus derechos y que también se puedan exigir los deberes que están obligados a cumplir. Además, hay que extender este acuerdo a la Unión Europea para que Europa sea un espacio donde encontrar soluciones comunes --el Gobierno de España lo está procurando-- e incrementar la cooperación con los países en desarrollo para solucionar el problema de su pobreza y el desequilibrio económico con los países más avanzados.
Lamentamos que el Grupo Parlamentario Popular no acepte la enmienda de modificación que se ha presentado y con la que todos los partidos minoritarios estamos de acuerdo. De hacerlo significaría que se suma a la línea de la búsqueda del consenso. No es así. El Gobierno cumple con el compromiso de ayuda a las comunidades autónomas y ayuntamientos con el incremento del fondo interterritorial. Por lo tanto, votaremos en contra de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, pero nos hubiera gustado que hubiera unanimidad en este tema, como tantas veces ha sido pedida.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Alonso.


El señor ALONSO GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, senador García Carnero, coincido con la senadora Etxegoyen en que en sus intervenciones al menos el tono se ha modulado de forma considerable y eso siempre se agradece.
Casi con seguridad me atrevería a decir que usted y yo, senador García Carnero, leemos medios de comunicación diferentes y seguro también que escuchamos medios de comunicación diferentes. Tengo la impresión de que usted y yo también estuvimos en diferentes sesiones de control al presidente del Gobierno. Y le planteo esto porque cuando los ministros de Interior, Justicia y Trabajo van a solicitar ayuda económica y política al conjunto de países de la Unión Europea trasladan la preocupación de la que dejó constancia el presidente del Gobierno en esta Cámara; preocupación no por el problema --porque un problema es algo que tiene solución en el tiempo, más compleja o menos compleja--, sino por el fenómeno.
Puede servir perfectamente el símil que empleamos en otras ocasiones, porque si la práctica totalidad de los países del mundo fuimos capaces de tomar conciencia de las consecuencias que se derivaban del cambio climático y nos pusimos de acuerdo sobre los derechos de emisión de CO2 que íbamos a trasladar a la atmósfera para frenar las consecuencias que se derivaban de dicho cambio climático, ante un fenómeno de esta naturaleza, también lo debemos hacer. El conjunto de países de la Unión Europea debemos articular medidas, porque el fenómeno trasciende el ámbito de uno o más países de los que conformamos la Unión Europea.
Debemos hacer memoria. Senador García Carnero, el último acuerdo de financiación autonómica, aún vigente, data de julio del año 2001, cuando gobernaba el Partido Popular. Cuando ustedes gobernaban, el acuerdo de financiación autonómica que el conjunto de las comunidades autónomas de régimen común aprobaron por unanimidad contemplaba la integración social de los inmigrantes.
Pero circunscribiéndonos al ámbito de la moción que hoy nos ocupa, se trata de dar contenido de manera inmediata a las mociones 671/000029, 671/000056 y 662/000126, aprobadas por el Pleno de esta Cámara con fechas 15 de marzo de 2005, 2 de noviembre de 2005 y 23 de mayo de 2006, respectivamente.
Seguramente, senador García Carnero, si seguimos medios de comunicación diferentes, leeremos diferentes boletines oficiales de las Cortes, porque ambas mociones se hallan en su conjunto totalmente desprovistas de concreción económica, por cuanto que se limitan a solicitar del Gobierno la transferencia a ayuntamientos y comunidades autónomas de las cantidades necesarias para la adecuada integración de los inmigrantes así como la consignación de la dotación económica en un plan de integración social de los inmigrantes. Esto es lo que, efectivamente, ha aprobado esta Cámara.
En la moción 662/000126 se pide que se informe de los datos de la situación de la inmigración, de la Seguridad Social, de la Tesorería y demás. Yo me he tomado la molestia de contar el número de preguntas escritas que el Grupo Parlamentario Popular ha formulado al Gobierno desde la aprobación de esta moción. Ha sido un total de 84 preguntas

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escritas, a las que el Gobierno ha contestado dando cumplida información, con una particularidad: que se plantean preguntas con carácter general, tal y como recoge la moción, y posteriormente, como la competencia corresponde a las comunidades autónomas, ustedes les plantean la pregunta también.
Esta moción insta al Gobierno a que informe trimestralmente a esta Cámara. La moción es de mayo de este año, el segundo trimestre natural finaliza en el mes de junio, y el siguiente corresponde a julio, agosto y septiembre. es decir, que cuando ustedes presentan esta iniciativa, acaba de finalizar ese trimestre natural.
Señorías, la moción habla de transferir a los ayuntamientos y comunidades autónomas la cantidad de 4.000 millones, por una parte, y de 2.900 millones, por otra. Ustedes, que han tenido responsabilidades de gobierno, y legítimamente les asiste el derecho de sentirse alternativa de Gobierno, han dejado el gasto social de este país respecto al conjunto de los países de la Unión Europea con una diferencia de 7 puntos.
Nosotros, con la ley de dependencia vamos a ser capaces, en un período razonable de tiempo, de reducir en algo más de un punto de pib esa diferencia. Señoría, que ahora, de un plumazo, planteen algo más de siete décimas de producto interior bruto para dar respuesta a la integración social de los inmigrantes, cuanto menos me parece una irresponsabilidad o, en todo caso, no tener noción de las magnitudes económicas en la materia.
En el año 2004 se crea el Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de los Inmigrantes, así como para su refuerzo educativo. En los primeros presupuestos del Gobierno socialista de dicho año se dota con 120 millones de pesetas. De la misma manera, la cantidad transferida por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a las comunidades autónomas para acogida e integración, según previsión presupuestaria, ascendió en su caso a 7,6 millones. Senador García Carnero, en los presupuestos de 2005 se incrementa para el año 2006 un 52 por ciento y las comunidades autónomas han de destinar el 40 por ciento a las actuaciones presupuestarias puestas en marcha por sus ayuntamientos. A su vez, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, se crea la aplicación presupuestaria 19.07.231B.461, como usted conoce, para financiar la actuación de los ayuntamientos a través de una convocatoria de subvenciones a programas innovadores en materia de integración, puestos en marcha por estos; la cantidad concedida en el año 2005 ascendió a 6 millones 388.000 euros y en el año 2006, a 6 millones 797.000. Y en los Presupuestos Generales del Estado para 2007 la dotación para dicho fondo de apoyo asciende a 200 millones.
Señoría, habla de dar cumplimiento a las mociones para el prestigio de la Cámara y he de decirle que el Gobierno tiene sumo respeto por esta Cámara y observamos que no hay incumplimiento de las mociones, en el encargo al Gobierno no hay desviación de ningún tipo.
¿Hay que realizar más esfuerzos? Seguramente. ¿Hay que multiplicarlo por una cantidad superior? Con toda seguridad. ¿Hay que seguir implementado a este respecto? Por supuesto. Eso lo ha puesto de manifiesto en esta Cámara el presidente del Gobierno, pero no se hace concreción de cantidad alguna del presupuesto, entre otras cosas, porque el presupuesto a destinar no lo fija el Gobierno sino la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Pregunta usted qué ha hecho el Consejo Superior de Política de Inmigración, y he de decirle, senador García Carnero, que el Consejo Superior de Política de Inmigración no tiene competencias para fijar presupuesto alguno. La competencia que tiene es exclusivamente de reparto.
Y puesto que están ustedes proponiendo, para el prestigio de la Cámara y como último punto de la moción, que de forma inmediata comparezca el ministro de Trabajo ante la Comisión de Trabajo y ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas, le diré que, precisamente por tener en cuenta el prestigio de la Cámara, es respetuoso con ella, y conoce que quien tiene la competencia para fijar las comparecencias son las mesas de las comisiones. Por tanto, no basta con solicitar la comparecencia y por el mero hecho de registrar la solicitud...


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.


El señor ALONSO GARCÍA: Concluyo, señor presidente.
Decía que no basta con solicitar la comparecencia para que el ministro tenga que comparecer. Es el Reglamento del Senado, con el cual el Gobierno es muy respetuoso, el que fija quién tiene esa competencia, y esta es exclusivamente de las mesas.
Para finalizar tengo que darle un dato, señoría, que puede que no le importe mucho pero quizá deba tenerlo muy en cuenta puesto que el turno de intervenciones lo va a cerrar usted. En la VII Legislatura, siendo ministro del Interior el señor Rajoy, hubo 18 solicitudes de comparecencia, y una de ellas a petición propia: pues no compareció a lo largo de toda la legislatura.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador García Carnero.


El señor GARCÍA CARNERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, voy a leerles un teletipo que me acaba de llegar: Catorce pateras más con 146 inmigrantes procedentes de la zona del Magreb llegan a Almería. Se lo digo simplemente para que vayan tomando nota de cómo evolucionan las cosas y para que quede constancia aquí de ello.
(Rumores.) Senador Alonso, voy a coincidir con usted en dos cosas de su largo, tedioso, pesado y aburrido discurso. (Risas.--Fuertes rumores.) Ya se animan; esto está mejor.
Coincido con usted en dos cosas: Una. Es verdad que usted y yo seguramente leeremos cosas distintas y hasta viviremos en mundos distintos. (Rumores.) Pues bien, yo pensaba que estábamos debatiendo sobre inmigración, pero resulta que usted me ha hablado de la ley de dependencia y del cambio climático. Es evidente que vivimos en mundos distintos.


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Dos. Ha dicho usted una cosa que sí es aprovechable. Me refiero fundamentalmente a los firmantes de la enmienda; lo dice el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno y tiene razón: El órgano al que ustedes le piden en su enmienda que fije la cantidad, es decir, el Consejo Superior de Política de Inmigración, no tiene competencias para fijar presupuestos, no la tiene. (Rumores.), pero sí tiene competencias para fijar los criterios de distribución de esos presupuestos. Y por otra parte es bastante sensato que eso sea así. Los presupuestos se aprueban en una ley por el Parlamento. Por tanto, quien fija las cuantías es el Parlamento, y quienes establecen los criterios son otros órganos dependientes. Esas son las dos únicas cosas de provecho que he podido sacar de la participación del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Porque decirnos que la manera de responder a una moción que aprueba el Pleno de la Cámara es mediante preguntas individuales y que ya ha contestado el Gobierno a 84, es algo que es mejor no comentar, porque tendríamos que hablar de absoluta incompetencia.
Creo que les ha hecho usted un flaco favor a sus propios compañeros del Grupo Parlamentario Socialista, y es que para defender a Caldera --que sabe todo el mundo que no quiere venir al Parlamento ni atado, ni a tiros viene este tipo aquí-- (Rumores.) les echa la culpa a sus propios compañeros, que son los que presiden la Mesa de la Comisión General de las Comunidades Autónomas y la Mesa de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales. Son dos compañeros socialistas y dice que la culpa es de ellos, que Caldera no viene por culpa del presidente de una comisión y el de otra, que son quienes lo fijan. Pues no. Caldera no viene porque no le da la gana. No quiere comparecer y no quiere dar cuenta. Esa es la verdad y estoy seguro de que los presidentes socialistas de ambas comisiones, cuya larga trayectoria parlamentaria y buen hacer conozco bien, están haciendo todo lo humanamente posible por traerle, pero ni ellos lo consiguen.
Caldera no viene ni a rastras, esa es la verdad. (Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista: Baje la voz.) Si bajo la voz, dicen que es aburrido, por lo tanto, seguiré con este tono. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio, por favor.


El señor GARCÍA CARNERO: Muchas gracias, señor presidente.
Ahora nos dice el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que en la primera moción, la de los 4.000 millones --la recuerdan, ¿verdad?--, no hubo concreción. ¡Pero si a ellos les daba igual que hubiera o no concreción! ¡Si la votaron en contra! Senadora Etxegoyen, voy a hacer dos correcciones a su intervención. En primer lugar, que más quisiéramos nosotros contar con 3.000 millones de euros en los presupuestos de este año para poderlos transferir a las comunidades autónomas y ayuntamientos. ¡Qué más quisiéramos! Quizá el dato que le han facilitado a usted es aquel que incluye todos los gastos (los sueldos de los policías, etcétera), referidos a la inmigración, que es un concepto bien diferente. La cantidad real que se destina en el borrador de los presupuestos de este año se limita a 250 millones. Vea que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha estado muy calladito al respecto y ha dado el asunto como bueno, pero no lo haga bueno, señora Etxegoyen. (Rumores.) Otra cuestión que quería comentarle es que sí se especificó la cuantía.
En todas las mociones que comportan un gasto económico la Secretaría General de la Cámara solicita del grupo proponente una cuantificación económica, que consta y se archiva en el expediente. Además, leyendo simplemente el «Diario de Sesiones» también puede verse la cuantía. Sí, senadora. Pero, sobre todo, le repito que puede conocerse porque consta en el expediente. Por tanto, sí había esa cantidad económica.
Quería decirle algo a usted y al senador Mendoza. Ustedes manifiestan que están sustancialmente de acuerdo con la moción, pero al final la senadora Etxegoyen no ha anunciado el sentido de su voto y el senador Mendoza ha dicho que iba a votar que no. Señoría, existe otra forma de votar: la abstención. Cuando dice que vota no y no se abstiene tiene que reconocer, senador Mendoza, que está intentando solapadamente favorecer al Gobierno; es decir, que el Gobierno no pierda esta moción. Es más, me temo que la enmienda es un puro pretexto para engancharse a votar que no.
En este sentido y desde el cariño personal, quiero decirle algo al senador Mendoza. ¿Qué más tiene que hacerles este Gobierno a ustedes con el tema de la inmigración para que de una vez lo suelten? ¿Qué más tiene que hacerles? Les ha acusado de todo y tiene Canarias como todo el mundo sabe. ¿Qué más tiene que hacerles el Gobierno para que dejen de echarle una mano? (Rumores.) Yo puedo entender que alguien no esté de acuerdo con el contenido de la moción y presente una alternativa pero, cuando sustancialmente se está de acuerdo, ¿por qué hay que votar en contra, senadora Etxegoyen? Para apoyar al Gobierno. La cosa está bien clara: votar sí significa apoyar el texto de la moción y votar no supone echarle una mano al Gobierno en el incumplimiento de los acuerdos que adopta esta Cámara. Quien vota no, decide apoyar al Gobierno, que incumple los acuerdos que toma está Cámara soberana, decide echar un capote al Gobierno.
Me consta que sus señorías ya lo conocían, pero quiero señalarlo simplemente para que quede constancia de ello y de que, por lo tanto, el voto negativo es un voto a favor del Gobierno, que no quiere cumplir los acuerdos, que no quiere pagar a los ayuntamientos lo que esta Cámara acordó, que no quiere que Caldera comparezca aquí desde hace dos años, cuando hay nueve peticiones para informar, y que no quiere suministrar los datos que esta Cámara aprobó.
Esa es la realidad, como la realidad, señorías, es que, por más vueltas que le den, la inmigración es la mayor preocupación de los españoles, cada día más. Ahora, señorías, es el momento de retratarse frente a los problemas, se lo digo sinceramente. Hoy todos los españoles perciben que ese es un serio problema, que es un problema que se ha generado de manera creciente, alarmantemente creciente, en los dos últimos años, que hay un Gobierno que

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está absolutamente desarbolado, que no sabe qué hacer con este asunto, que somos el hazmerreir de media Europa y de África, donde nos toman el pelo. Nos toman el pelo hasta países africanos, hasta países subsaharianos, y les he citado ejemplos con aviones llenos que hay que devolver --esa es la verdad-- y que ni siquiera somos capaces de controlar. Ya les he hablado antes del CETI de Las Raíces, donde se acaban de marchar 37 en taxis al sur de la isla. Esa es la realidad, señorías.
Y ese Gobierno, que no hace caso a los gobiernos que tienen más experiencia, que no hace caso a las propuestas del Partido Popular, no hace caso a los acuerdos del Parlamento. Si ustedes permiten que los «nos» a esta moción superen a los «sis» (Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Noes y síes!), estarán amparando, estarán dando cobertura a esa actitud. No sé, señorías, si a corto plazo le merecerá la pena a alguien, pero les aseguro que a medio y largo plazo, a nadie. Si perdemos la moción nosotros nos quedaremos con la conciencia tranquila de haber hecho lo que debíamos: exigirle al Gobierno que cumpla, no lo que el Partido Popular quiere, sino lo que la Cámara acuerda, y por haber defendido nuestras creencias, que es el interés general de lo que hoy más preocupa a los españoles, por encima de la dependencia o de la sumisión a ningún otro criterio. (Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Tiempo!) Si esta tarde, ya casi noche, la moción no sale adelante habrá que replantearse a partir de ahora, señorías, para qué sirven los acuerdos que toma esta Cámara.
Muchas gracias (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 118; en contra, 121.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA FACILITAR LA INTEGRACIÓN DEL CABOTAJE MARÍTIMO EN LAS CADENAS INTERMODALES DE TRANSPORTE (S.
662/000141).


El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a continuación a la moción del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para facilitar la integración del cabotaje marítimo en las cadenas intermodales de transporte.
Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillén.
A esta moción se han presentado tres enmiendas: una del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, otra del Grupo Parlamentario Popular y otra del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. (Rumores.) Señorías, les ruego que abandonen el hemiciclo o que guarden silencio.
(Continúan los rumores.) Señoría, espere un momento, por favor. (Continúan los rumores.) Señorías, tenemos un largo Pleno por delante y veo que hay muy poca prisa. (Continúan los rumores.) Señorías, les ruego silencio.
Comience, señoría.


El señor GUILLÉN IZQUIERDO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, que el importante papel de las infraestructuras, y dentro de ellas de forma destacada las infraestructuras del transporte, es uno de los factores determinantes de la capacidad productiva de toda economía y, por tanto, también de la economía española, parece fuera de toda discusión. La movilidad eficiente de las personas y de las mercancías, tanto en un entorno urbano como interurbano, la reducción de los costes del transporte y la eliminación de los problemas de congestión que lastran el buen funcionamiento del sistema económico son elementos decisivos para la productividad y la competitividad de nuestra economía. El Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte coloca la sostenibilidad ambiental en un escalón parejo a la movilidad y hace una apuesta por un desarrollo de las infraestructuras que ayuda al aumento de la productividad de nuestras empresas y a la calidad en la prestación de los servicios del transporte.
El PEIT trata de forma similar las necesidades del transporte de viajeros y de las mercancías, procurando un equilibrio entre el transporte urbano y el metropolitano hasta el transporte nacional e internacional, así como de todos los modos de transporte.
En este ámbito, cobra especial relevancia el concepto de intermodalidad y la necesidad de racionalizar el desarrollo de un sistema logístico a escala nacional. Ambas funciones son claves para aumentar la competitividad portuaria, lo que es una buena noticia para el desarrollo de nuestros puertos. Tanto el PEIT, que sigue la pauta que marca el libro blanco del transporte de la Unión Europea, como el Plan sectorial marítimo-portuario que está elaborando el Ministerio de Fomento contienen diferentes ejes estratégicos de actuación que se consideran clave en materia portuaria. A aquellos que contribuyen a mejorar la competitividad del sistema portuario o a la mejora de infraestructuras que ayuden a lograr la intermodalidad con otros medios de transporte mediante la mejora de los accesos terrestres a los puertos, en particular por carretera y ferrocarril, se unen otros que buscan resolver el déficit de infraestructuras en materia portuaria y potenciar la intermodalidad marítimo-ferroviaria en un escenario de reciente liberalización del transporte de mercancías por ferrocarril.
Sin embargo, de todos los ejes que contiene el plan, el que más nos interesa, por ser soporte de la moción que debatimos, es el desarrollo del transporte marítimo de corta distancia, porque contribuye de manera favorable a la movilidad sostenible en el ámbito europeo, porque ayuda a la

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descongestión de los ejes viarios, muchos de ellos saturados en estos momentos, porque contribuye a la reducción de gases contaminantes que enviamos a la atmósfera, y porque ayuda a conseguir los objetivos medioambientales indicados en el protocolo de Kioto.
Sin embargo, el desarrollo del short «sea shipping» debe superar una serie de obstáculos que la Comisión Europea expuso ya en la comunicación de 1999 y en el Programa de fomento del tránsito marítimo del año 2003, y que impiden que este modo de transporte se desarrolle con mayor rapidez.
Entre estos obstáculos destacan la incapacidad para integrarse plenamente en la cadena intermodal de distribución puerta a puerta, la imagen de sector anticuado que todavía tiene este modo de transporte, la complejidad de los procedimientos administrativos o la propia eficacia portuaria. Es verdad que el desarrollo de este modo de transporte corresponde principalmente a las empresas. Sin embargo, no es menos cierto que las administraciones tienen un papel claro que desempeñar en la creación de normas generales adecuadas y en el mantenimiento de este modo en uno de los primeros lugares del orden del día político.
Por eso el Grupo Parlamentario Socialista ha querido debatir esta moción en el Pleno de la Cámara, en la que se insta al Gobierno a incentivar la creación de nuevos servicios de línea competitivos y a mejorar los existentes mediante el establecimiento de un marco de apoyo financiero adecuado que tenga por objeto desarrollar el transporte marítimo de corta distancia con garantías de calidad, de seguridad, de integración territorial, de cohesión y de respeto a los principios de libre concurrencia, características todas ellas indispensables para el éxito de este modo de transporte.
Por otro lado, nuestro moción insta también al Gobierno a estudiar la puesta en marcha de las autopistas del mar en la fachada atlántica, para impulsar el transporte de mercancías con Francia. Como sus señorías saben, el desarrollo de las autopistas del mar como parte integrante de las redes transeuropeas de transporte, formadas por corredores marítimos de calidad acreditada, que comprenden buques, líneas marítimas, puertos y servicios portuarios, debe considerarse como un elemento más del desarrollo de un sistema intermodal del transporte de ámbito intereuropeo. El Gobierno está interesado en desarrollar, junto con su homólogo francés, una primera autopista del mar que una los puertos atlánticos de ambos países. Los estudios realizados por diferentes entidades para la promoción del cabotaje marítimo de corta distancia en el arco atlántico han demostrado, en primer lugar, la rentabilidad económica y, en segundo lugar, la viabilidad de este modo de transporte.
De ahí que el segundo punto de nuestra moción inste al Gobierno a estudiar la puesta en marcha de esta red de transporte.
Estoy convencido de que esta moción, por la importancia que tiene el transporte marítimo en el presente y por la que ha de tener en el futuro, por el propio contenido que en ella se expresa y por su oportunidad política, gozará del apoyo de sus señorías, teniendo en cuenta, además, que en la Comisión de Fomento celebrada el martes pasado fuimos capaces de consensuar una moción en este aspecto, así como porque, tras haber leído las enmiendas que sus señorías presentan y que a continuación van a defender, creo que tenemos base suficiente para acordar una enmienda transaccional que recoja los planteamientos que los diferentes grupos parlamentarios puedan aportar al desarrollo de este modelo de transporte.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Bravo.


El señor BRAVO DURÁN: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar debo señalar que a mi grupo parlamentario le ha parecido muy bien la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista sobre las autopistas del mar, si bien, tras su análisis, hemos llegado a la conclusión de que su texto podría ser mejorado, razón por la cual hemos presentado una enmienda de sustitución cuyo sentido es el siguiente. En el punto primero introducimos el apoyo tributario específicamente junto al financiero, ambos complementarios, lo cual consideramos que es importante tener en cuenta si verdaderamente queremos crear un marco atractivo para implicar a la iniciativa privada en el desarrollo de esta alternativa al transporte de mercancías por carretera, además de estar en línea con la iniciativa parlamentaria de Convergència i Unió, que el pasado día 26 de septiembre --bien reciente está caliente todavía-- debatimos en la Comisión de Fomento con un texto que, finalmente, fue aprobado por todos los grupos parlamentarios.
En el mismo punto primero introducimos los términos de fiabilidad, rapidez y economía de costes por considerarlos básicos si queremos que el transporte marítimo de corta distancia llegue a ser competitivo junto al ferroviario y frente al carretero, que tanto perjudica por congestión y por razones medioambientales, al menos si queremos que las empresas usuarias lleguen a considerar este nuevo sistema más ventajoso para el traslado de sus productos hacia sus clientes y de sus proveedores hacia sus centros de producción.
Un segundo punto insta a que en el sistema de ayudas financieras y tributarias que hemos comentado se introduzcan fórmulas graduables de discriminación positiva cuando el inicio o el destino del transporte sean zonas periféricas --Ceuta y Melilla son las más claras, pero no tienen por qué ser las únicas; también están las islas Baleares o las Canarias, tan alejadas-- por ser precisamente esta una de las conclusiones a las que llegaron los grupos de trabajo de transportes en la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa en la sesión que celebraron en Sevilla el pasado 15 de mayo.
Un tercer punto toma como referencia el punto segundo de la moción originaria, que nos ha parecido demasiado discriminatorio --a pesar de tener su razón de ser-- respecto al resto de la costa y del resto de los puertos de este país. Me consta que el Gobierno está manteniendo con Italia conversaciones ya muy avanzadas, similares a las que

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ha mantenido con Francia, que han dado lugar, el viernes o el sábado de la semana anterior, a la creación de una comisión intergubernamental bilateral con Francia para concretar las líneas y los puertos franceses, tanto del Cantábrico como del Atlántico, afectados por este proyecto. Me consta también el especial interés demostrado por los puertos de Barcelona, de Tarragona, de Cartagena y de Valencia por participar y desarrollar estos sistemas de transporte marítimo, incluso de zonas interiores incluidas en el «interland» o área de influencia de algunos puertos, como es el caso de Zaragoza. Habrá a quien le suene raro; en teoría, Zaragoza no tiene mar, pero lo cierto es que sí lo tiene, y bien cerca: en Barcelona. En Zaragoza han sido capaces de crear lo que se denomina la terminal marítima de Zaragoza, una interesantísima experiencia conjunta del puerto de Barcelona, de Mercazaragoza y de inversores privados, con una superficie superior a los 120.000 metros cuadrados para tráfico de contenedores. Interesante experiencia.
Señorías y señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, aplaudimos su iniciativa parlamentaria y gustosos y entusiastas nos implicamos en ella, hasta el punto de tratar de completar y de mejorar el texto, si usted lo entiende así y llega a aceptar la propuesta que le hemos hecho.
Muchas gracias por su atención, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Bustillo.


El señor BUSTILLO NAVIA-OSORIO: Señor presidente, muchas gracias.
Venimos hoy a debatir aquí el transporte de cabotaje. Me sigo resistiendo a llamarlo del «short sea shipping» porque toda la vida lo hemos llamado de cabotaje, y así lo voy a seguir llamando.
La verdad es que cuando se registró esta moción lo primero que tuve fue una sorpresa, porque en ese mismo momento, mientras se estaba presentando en el registro, estábamos debatiendo y aprobando por unanimidad una moción que, inicialmente, había presentado CiU y que, con posterioridad, fue transaccionada por todos los grupos y se aprobó por unanimidad. El asunto era lo suficientemente importante como para que fuera ratificado por el Pleno. El presidente tiene la potestad, de acuerdo con el artículo 177.2, de traer al Pleno mociones aprobadas en comisión para darles mayor énfasis, mayor fuerza, mayor ambiente. Después hemos visto que no, que no tenía nada que ver lo que se estaba aprobando en la comisión con la moción que se estaba presentando, aunque el punto primero recoge algo de lo que se aprobó en la comisión.
Entrando en la moción, ya he dicho que estamos de acuerdo con el primer punto. No hay nada de qué hablar. El señor Bravo ha hecho una pequeña incursión en dos o tres cuestiones, que no tienen mayor importancia y que se podrían admitir, pero el segundo punto habla de impulsar el transporte de mercancías con Francia en la fachada atlántica. ¿Por qué? ¿Por qué solo Francia y la fachada atlántica? ¿Porque es lo que ya estaba acordado por el ministerio? Como acaba de decir el señor Bravo, incluso está formada la comisión. Pero hay otros muchos puertos en España y en Europa que están interesados. Además, por si no lo saben, el Programa Marco Polo del año 2005 tiene 12 proyectos, y de esos, cinco son españoles, y de los cinco solamente uno es de la fachada atlántica, que creo que es el de Santander con Dunkerque; otro es de Bilbao con los países escandinavos; otro es de Valencia con Piacenza, y no me acuerdo de cuál es el quinto.
Pero es que, por otra parte, el propio Programa Marco Polo y las recomendaciones de la Comisión Europea están priorizando, con independencia del tráfico de cabotaje entre países de la Unión Europea, fomentar el tráfico con países externos a la Unión Europea y la fachada mediterránea del norte de África.
Por lo tanto, ese punto segundo se nos quedaba muy corto, ya que solamente contemplaba Francia y su fachada atlántica, ni siquiera la fachada mediterránea, cuando creemos, por una serie de circunstancias, que el transporte de cabotaje en el Mediterráneo tiene mucho que decir y mucho que desarrollar, no solo con el norte de África, sino con otros puntos, porque ahora mismo todas las importaciones procedentes de Asia es entrar a través del canal de Suez a puertos del Mediterráneo español: Valencia, Cartagena, Barcelona y Tarragona. Hay posibilidades de transformar ese transporte de larga distancia o bien en transporte por ferrocarril o bien en transporte de cabotaje. Por eso ese segundo punto se nos quedaba muy corto.
Pero es que, además, entendíamos, de acuerdo con las recomendaciones de Puertos del Estado, de la Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo, las del propio ministerio, y las que se desprendían del Seminario Autopistas del Mar, de febrero de 2004, que tuvo lugar en Algeciras, así como alguna otra más, que había puntos en los que hacer hincapié, como los equipamientos logísticos de los propios puertos, sobre todo desde el punto de vista de los accesos ferroviarios. Porque no podemos olvidar que, aunque estamos tratando precisamente del cabotaje marítimo, esto entra dentro de la gran filosofía del transporte intermodal para poder paliar los accesos por carretera.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.


El señor BUSTILLO NAVIA-OSORIO: Termino, señor presidente.
Por eso hemos presentado una enmienda con varios puntos. En ella hacíamos referencia a lo que ya se aprobó, pensando que aquí se podía ratificar, asó como a esa mejora de las infraestructuras portuarias que tan necesarias son para el fomento del cabotaje.
No quiero entrar en más detalles. Podríamos haber hablado también de lo primordial, quizá, para el desarrollo y potenciación del transporte de cabotaje, que es el desarrollo y la potenciación de las líneas ferroviarias de mercancías. Lo que ocurre es que como, en primer lugar, estábamos hablando del cabotaje marítimo, y, en segundo lugar, hay una subcomisión que está estudiando el tráfico marítimo, no hemos querido introducir más puntos en la enmienda.


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No obstante, creo que vamos a llegar a un acuerdo y que vamos a lograr una enmienda transaccional aprobada por todos los grupos parlamentarios.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Badia.


El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intentaré ser lo más estricto posible en las aportaciones que nos parecen positivas, para mejorar la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista en un asunto tan importante como la intermodalidad, y en particular en todo lo que se refiere al transporte marítimo de corta distancia.
Realmente, desde un punto de vista optimista, la propuesta es complementaria, de la que se hizo en su momento en la Comisión de Fomento de esta Cámara, pero en cualquier caso me gustaría referirme a tres cuestiones fundamentales que plantea la propuesta socialista y que entendemos que son mejorables, y espero y deseo que en el debate de la moción podamos llegar a un acuerdo todos los grupos de la Cámara.
El primer punto se refiere a no limitar las actuaciones de apoyo. Se ha dicho ya aquí por anteriores portavoces, especialmente del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y del Grupo Parlamentario Popular, que no podemos limitar unas actuaciones o un tema tan importante como es el «short sea shipping», el transporte marítimo a corta distancia, al tema atlántico, y más cuando este senador que les habla fue presidente de una institución tan importante en este momento como es Mediterranean Port Community, que aglutina puertos italianos, franceses y españoles, y cuyo objetivo fundamental es el desarrollo del transporte marítimo a corta distancia. Por tanto, nos parecía imprescindible que la moción recogiera el apoyo no solo al hecho atlántico, sino también y muy fundamentalmente al hecho mediterráneo, donde ya existen propuestas concretas. Hoy existe transporte marítimo a corta distancia desde el puerto de Barcelona al puerto de Livorno, desde el puerto de Tarragona también al puerto de Livorno o desde el puerto de Cartagena y desde el puerto de Valencia. En el Mediterráneo, por tanto esta es una necesidad, es una realidad indiscutible.
Respecto al posicionamiento en la Comisión Europea, que a nosotros también nos parece fundamental, la moción debería de hacer referencia a algo tan importante como es equilibrar los costes entre el transporte marítimo a corta distancia y el transporte por carretera al programa Marco Polo, que está vigente en la Unión Europea desde hace bastantes años y que ha de ser el punto de partida o la palanca imprescindible para relanzar este tipo de transporte marítimo a corta distancia.
En cualquier caso, vamos a hacer los esfuerzos necesarios para que la moción sea aprobada por unanimidad, pero como he dicho, he querido referirme a estos puntos porque son imprescindibles para que un transporte alternativo tan importante como es este, cuente con el soporte y el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para manifestar la posición de su grupo parlamentario sobre las tres enmiendas que se acaban de debatir, tiene la palabra el senador Guillén.


El señor GUILLÉN IZQUIERDO: Muchas gracias, señor presidente.
Como he dicho en mi intervención inicial, creo que hay soporte para pactar esta moción con todos los grupos parlamentarios, y en breve estaremos en disposición de presentar a la Mesa la enmienda pactada.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Mientras nos presentan esa enmienda, vamos a iniciar el turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Urrutia.


El señor URRUTIA ELORZA: Gracias, señor presidente.
Nos ha parecido oportuna la aportación realizada por el Grupo Socialista y, por ello, la vamos a apoyar.
Desde mi punto de vista, el cabotaje marítimo puede ser interesante para ofrecer un cambio radical a la modulación del transporte por carretera y una salida airosa a la inflación que existe en este momento en el transporte, con dificultades en el medio ambiente, muertes, y el agotamiento en el sector terrestre.
Nos parece necesario tener en cuenta varios aspectos fundamentales, por ejemplo, el apoyo fiscal y financiero, al objeto de equilibrar y posibilitar ese tipo de transporte. Asimismo, el acceso de mercancía a través del cabotaje marítimo o del «short» sea puede favorecer, no solo el movimiento en vía de área mediterránea, sino también a través del transporte atlántico, así como la apertura de todas las rutas que en este momento tienen un movimiento un tanto limitado debido a la existencia de otras variables. También sería interesante --y con ello apoyamos uno de los aspectos que ha considerado el Grupo Popular--, mejorar las infraestructuras propias de los puertos que en este momento son cabecera de salida de esas rutas, así como tener en cuenta que la competencia de muchos de esos puertos no depende de los territorios autonómicos sino de la Administración central.
Además, nos parece fundamental --con esto termino, señor presidente--, que el acceso de las mercancías a los puertos se realice a través del transporte ferroviario, limitando así el colapso que se está produciendo en el transporte por carretera.
En resumen, señor presidente, apoyaremos esta iniciativa e intentaremos consensuar esa enmienda.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


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Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Ayala.


El señor AYALA FONTE: Gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario considera positiva la presentación de esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista.
El transporte marítimo de corta distancia debe ser prioritario para las administraciones públicas competentes. Es importante que el cabotaje marítimo se desarrolle paralelamente al transporte ferroviario para reducir el transporte de mercancías por carretera, evitando esos puntos de congestión que se producen constantemente en las cercanías de los puestos fronterizos; pero para ello los puertos tienen que ser competitivos y, en consecuencia, hay que adoptar medidas para prestar una oferta de servicios con una buena relación calidad-precio.
A pesar de que en Canarias no existe esa competencia con otros sectores del transporte, puesto que prácticamente la única alternativa para el transporte de mercancías es el cabotaje marítimo, es un objetivo de la Comunidad Autónoma de Canarias la creación de una auténtica autopista del mar que una todas las islas para llegar a algo imprescindible: reducir las tarifas y todas aquellas cargas innecesarias que incrementan los costes, prestando así un servicio de alta calidad a los usuarios.
Asimismo, es también importante que los puertos se conviertan en verdaderas plataformas de transporte intermodal, especialmente la marítima-ferroviaria en el territorio peninsular.
Por último, nos alegramos de que se haya incluido en la enmienda transaccional la sugerencia del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en relación con los territorios periféricos e insulares.
No comparto la opinión del senador Bustillo respecto de que esa aportación signifique una cosa pequeña, sin importancia. Tengan en cuenta, señorías, que si comparamos el tamaño del territorio de Canarias y su población con el resto de España hay más puertos en el archipiélago que en el resto del Estado. Para los isleños, tanto de Canarias como de Baleares, los puertos son imprescindibles, cosa que no ocurre en el territorio peninsular. Por tanto, nos parece muy acertada y de gran importancia la inclusión de la propuesta del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos en esta iniciativa.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Badia.


El señor BADIA I CHANCHO: Gracias, señor presidente.
Señorías, creo que debemos celebrar la unanimidad alcanzada en una propuesta tan importante como esta, relativa al transporte marítimo a corta distancia.
Pero debo referirme asimismo en este punto al texto aprobado por la Comisión de Fomento el pasado día 26 de septiembre, en la que, también por unanimidad, se aprobó una enmienda transaccional a una moción presentada por el Grupo Catalán de Convergència i Unió. Ya entonces se marcaba un posicionamiento claro respecto de la estrategia de futuro en una cuestión tan importante como esta. Incluso el comisario europeo de Transportes, el señor Parrot, ha señalado la necesidad de que haya un compromiso específico para apoyar el transporte marítimo a corta distancia.
Profundizando en el tema, creo que son cuatro cuestiones fundamentales las que debemos tener presentes a partir de este momento para hacer realidad el objetivo que se pretende con la moción.
En primer lugar, es evidente que lo que perseguimos con este tipo de transporte es la disminución del peso de la carretera. Es indiscutible que no podemos seguir creciendo económicamente si no fijamos una estrategia respecto del transporte por carretera, y el transporte marítimo a corta distancia es una alternativa viable.
La segunda cuestión es el apoyo al medio ambiente. Es evidente que el compromiso de Kioto nos plantea problemas en cuanto a su cumplimiento.
Por tanto, la alternativa, del transporte marítimo a corta distancia también profundiza en este aspecto y nos permite cumplimentar lo previsto en el citado protocolo.
La tercera cuestión es la disminución de la accidentalidad en la carretera. Y la cuarta, también fundamental, es la disminución de costes y la competitividad en el transporte de mercancías en Europa.
Aquella moción se aprobó por unanimidad, y hoy vamos a aprobar esta iniciativa del mismo modo. Es evidente que este apoyo a la movilidad sostenible en materia de política europea de transportes, el fomento del transporte marítimo como complementario a la carretera y el apoyo al transporte marítimo para que realmente sea competitivo, son cuestiones fundamentales.
Entiendo que la moción hoy debatida recoge todo eso, pero ello nos debe servir también para solucionar otros problemas importantes: los costes actualmente no competitivos del transporte marítimo frente al transporte por carretera; la necesidad de encontrar y profundizar en líneas de transporte que de alguna manera garanticen la viabilidad de este tipo de transporte, el apoyo institucional. Se ha dicho ya que el Programa Marco Polo y todo lo que lo rodea supone un avance importante y una apuesta financiera para dar apoyo a este tipo de transporte; pero creo que deberíamos hacer una apuesta institucional para que los puertos españoles, las comunidades portuarias, también tuvieran acceso a dicho programa.
Finalmente, no debemos olvidar en este asunto todo lo que suponen los accesos a los puertos y la viabilidad de esta intermodalidad. Es evidente que los accesos a los puertos españoles muestran graves defectos en lo que se refiere a la vía por carretera y graves problemas también en relación con el ferrocarril. Es más, no podemos continuar con situaciones como las recientemente producidas, con un claro caos circulatorio en todo el corredor mediterráneo, lo que ha puesto en grave peligro la viabilidad y la competetividad de puertos tan importantes en el modelo portuario español como los de Algeciras y Valencia, situados entre los más punteros del Mediterráneo.


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Entiendo, pues, que sería un mal negocio o una mala alternativa que potenciásemos el transporte marítimo a corta distancia y no fuésemos capaces también de acometer alternativas como estas, que son imprescindibles para consolidar una auténtica propuesta de transporte en lo que a la comunicación entre España y Europa se refiere.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Bravo.


El señor BRAVO DURÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, mucho ha llovido desde que el 16 de junio de 2004, recién iniciada la presente legislatura, y con motivo de una interpelación que mi grupo parlamentario presentó, la señora Ministra de Fomento nos hablara en esta Cámara por primera vez de un proyecto de creación de unas autopistas del mar orientadas a intentar descongestionar fundamentalmente los pasos fronterizos por carretera de Irún y de la Junquera.
La ministra nos informó de las primeras conversaciones con su homólogo francés y de las diferentes posiciones, encontradas verdaderamente, de ambos Gobiernos, así como de la posibilidad real de acercar sus posiciones. Ya desde antes existía en este país, concretamente desde febrero de 2002, gobernando el Partido Popular -- es justo reconocerlo, por cuanto fue Puertos del Estado el mayor contribuyente a su creación, impulso y financiación--, la llamada Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia, con el objetivo de promocionar el desarrollo de la alternativa logística que ahora debatimos, de carácter sostenible y basándose en la colaboración y la cooperación de los distintos modos de transporte. Conviene recordar que, con anterioridad, en la Comisión Europea, en el libro blanco que el senador del Grupo Socialista ha citado: La política europea de transportes de cara a 2010 --terminaba el título: la hora de la verdad--, se había introducido este concepto de autopistas del mar, entendidas como enlaces marítimos para salvar los grandes obstáculos geográficos, como los Pirineos o los Alpes, en las redes transeuropeas. Este concepto ha ido evolucionando y sobre todo calando en los diferentes Estados miembros y entre los diversos operadores, hasta el punto de que ya hay un interesante número de experiencias reales y de nuevos proyectos; pero se requiere dar un definitivo y claro impulso a este, llamémosle innovador en muchos aspectos, modo de transporte de mercancías, incomparablemente más sostenible y de menor impacto ambiental que el tradicional por carretera.
También este nuevo sistema está necesitado de cuantiosas inversiones para hacerlo competitivo y que esté integrado en los demás modos de transporte, fundamentalmente en el ferroviario. Muchas son las instituciones y las empresas que se han decantado por apoyar y desarrollar estas rutas en régimen de «short shipping», término que al senador del Grupo Popular, el señor Bustillo, no le gusta; debo decirle que a mí tampoco, por eso me quedo también con el término de cabotaje, que siempre hemos utilizado. Hay iniciativas como la terminal marítima de Zaragoza, en conexión con el puerto de Barcelona, de la que ya he hablado en mi anterior intervención, y también hay pronunciamientos expresos, como los realizados en A Coruña, Vigo, Tarragona, Cartagena, Valencia, etcétera.
En definitiva, señorías, iniciativas como esta, del Grupo Parlamentario Socialista, solo pueden contar con nuestro apoyo y nuestra colaboración más leal. Finalmente, hemos podido llegar a un acuerdo transaccional que recoge de alguna manera el sentir de todos los grupos parlamentarios, lo que vuelve a demostrar que es posible que rememos todos en la misma dirección en los temas importantes. Por ello, solo me queda manifestar la satisfacción de mi grupo parlamentario por el acuerdo alcanzado.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el señor Aragonès.


El señor ARAGONÈS DELGADO DE TORRES: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo tan solo para manifestar también nuestro acuerdo con el fondo de la moción, en cuanto pretende impulsar las autopistas del mar como el elemento de transporte más sostenible, lo que permite diversificar los medios de transporte y eliminar congestiones en otros medios, como ya muy bien han dicho los senadores que me han precedido en el uso de la palabra.
Este último punto, el de la congestión, es importante ya que, por lo que se ve, no siempre se programan las inversiones necesarias para corregir esa saturación; y bien lo sabemos los que padecemos, como se ha dicho anteriormente también, la congestión en el corredor mediterráneo.
De todos modos, la moción es positiva y defiende bien la necesidad de mejorar la operatividad y la conectividad del transporte marítimo. Sin embargo, debemos manifestar nuestra sorpresa por la expresa limitación que se hacía inicialmente, antes de la transaccional, en el punto segundo de la moción, que solo hablaba de la fachada atlántica y del transporte de mercancías con Francia. Creemos que la transaccional mejora el redactado en este sentido puesto que el impulso debe darse a la puesta en marcha de todas las autopistas del mar, incluidas las mediterráneas, por descontado.
En este sentido, no partimos de cero por cuanto el grupo de investigación Transmar, dirigido por profesores de la Universidad Politécnica de Cataluña --por cierto, con el apoyo del Ministerio de Fomento--, ha identificado unas diez rutas mediterráneas viables para desarrollar el concepto de autopista del mar siempre y cuando se desarrolle de manera integrada la intermodalidad, especialmente con el ferrocarril.
Finalmente, y siempre estando de acuerdo, insisto, con el fondo de la moción, también nos gustaría que se diera un mayor protagonismo a los puertos en el diseño y desarrollo de estos elementos de transporte, sobre todo unos puertos más autónomos y con mayor capacidad de desarrollo conjunto de las demás infraestructuras de su territorio, aunque eso supone una concepción muy diferente, desgraciadamente,

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a la que tradicionalmente viene manteniendo el Ministerio de Fomento.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones.) No hace uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Bustillo.


El señor BUSTILLO NAVIA-OSORIO: Gracias, señor presidente.
Intervendré brevemente desde el escaño, para aclarar tres cuestiones. En primer lugar, señor Ayala, no sé en función de qué manifiesta usted que yo he dicho algo que no he dicho. Creo que antes de mi intervención alguien le ha comentado que yo me oponía a algo, y eso no es cierto. En mi intervención no he hecho mención a las regiones periféricas. Es que estoy completamente de acuerdo. El único comentario que he hecho al señor Bravo sobre las periféricas es que hay regiones peninsulares que, desde el punto de vista del cabotaje, son tan periféricas o más que las Baleares. Pero no he mencionado las Canarias; de manera que no ponga en mi boca cosas que yo no he dicho. No sé quién le habrá informado a usted de esas cosas.
Lo segundo que quiero aclarar es que, efectivamente, como todos hemos venido a reconocer, al principio la moción se quedaba corta. La verdad es que, como también he tenido ocasión de manifestar anteriormente, el interés por el cabotaje marítimo empezó a crearse en 2001 ó 2002. Hubo una reunión en Gijón de todos los ministros de transportes en 2003, donde se sentaron muchas de las bases de lo que era el transporte marítimo. En cuanto a las autopistas del mar, en una reunión que hubo en Algeciras, concretamente en febrero de 2004, se establecieron una serie de cuestiones sobre la integración de las autopistas del mar en la red de transporte. Anteriormente, en 2003, el informe Van Mier había conseguido que las autopistas del mar fueran incluidas en las redes transeuropeas de transporte, porque hasta ese momento no estaban consideradas. Eso ocurrió concretamente en 2003.
Del seminario que hubo en Algeciras en 2004 hay tres o cuatro cosas que creo importante resaltar porque tienen esencia para la transaccional y lo que se ha venido hablando. Una de ellas es la siguiente. Se dice: La creación de las autopistas del mar no debe responder a criterios de preselección artificial de líneas marítimas y puertos de origen o destino.
Antes se habla de que todos los puertos de interés general del Estado están incluidos en la red transeuropea de transportes, pero también se dice que todos los puertos que no son de interés general del Estado tienen el mismo derecho y la misma posibilidad de poder incluirse en esta. Y así se recoge precisamente en el informe sobre integración de las autopistas del mar, que dice así: El modelo competencial portuario hace prácticamente imposible desde el punto de vista político predeterminar un puerto a favor de otro, y todos los puertos pueden ser aptos para el transporte de mercancías a corta distancia.
Hay más cosas importantes que también se recogen, en concreto, al hablar de definición «versus» financiación, es decir, aquellos puntos en los cuales convenía incidir más desde el punto de vista de que el Estado prestara su ayuda, su financiación, con independencia de que pudieran ser puertos generales del Estado o no, por la vía de las comunidades autónomas, o por otra, para que pudieran también financiarlos.
Se hablaba precisamente de cosas en las que el señor Bravo, el senador Badia y yo mismo hemos incidido en las enmiendas que hemos presentado. Se hablaba de la frecuencia, regularidad y puntualidad de los servicios puerta a puerta, es decir, de que la plataforma logística de esos puertos sea completa para poder ofrecer esos servicios. También se hablaba de las infraestructuras y equipamientos eficaces de los puertos, y de las terminales intermodales. Todo incide en lo mismo.
Otros artículos se refieren a los servicios portuarios eficaces, poniendo énfasis en el coste. Señorías, hay una denuncia de los consignatarios de buques y los cargadores, que dicen que, por ejemplo, cargar determinadas sustancias en España cuesta más del doble que cargarlas en Italia. Por tanto, la mejora de la calidad-precio es un tema que también habría que abordar más adelante.
Por todo lo dicho, damos el apoyo a la transaccional que se va a presentar a la Mesa y nos congratulamos de que, al final, hayamos podido llegar a un acuerdo, porque este tema tiene la suficiente importancia como para ser tratado en profundidad.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Finalizado el debate, como todavía no tenemos el texto, la votación se realizará después del debate de la siguiente moción.


-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA DESARROLLAR LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES. (S. 662/000140).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para desarrollar la producción de energías renovables.
A esta moción había enmiendas de los Grupos Popular, de Convergència i Unió, Socialista y Entesa. Hay una enmienda transaccional firmada por todos los grupos, con excepción del Grupo Parlamentario de la Entesa.
Tiene la palabra el senador Albistur para defender la moción.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor presidente.


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Señorías, el Pleno del Senado, en sus sesiones celebradas el 5 de octubre de 2004, el 4 de octubre de 2005 y hoy, 3 de octubre de 2006 --destaco estas fechas para que se vea que somos constantes, coherentes y reincidentes en un tema que es clave para la economía del Estado, clave para el sector energético y clave también para la inducción de la inversión, que ha sido significativa en España en comparación con la que ha habido en otras partes de Europa en materia de energías renovables--, decía que el Pleno del Senado en esas sesiones aprobó por unanimidad de todos los grupos representados en la Cámara sendas mociones que afectaban en particular al desarrollo de las energías renovables y a la adecuación del Real Decreto 436/2004, que fue recibido con gran esperanza por todas las personas y por todos los profesionales y los inversores que tenían una sensibilidad particularizada en el tema de las energías renovables y que, además, por qué no decirlo, tenían unas expectativas de negocio, de creación de riqueza, de empleo y de inversión en un sector que hasta entonces había sido un desiderátum y empezaba a tener, de alguna manera, una cierta vigencia en la economía regional en España y dentro de la economía del Estado. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.) Algunas comunidades autónomas ya habían sido pioneras en esta materia, en concreto, Navarra y el País Vasco, y en otras comunidades se estaba empezando a experimentar en diferentes zonas con cuestiones relativas a la energía fotovoltaica o aspectos relativos a la biomasa.
Las resoluciones aprobadas en aquellas mociones han merecido escasa atención por parte del Gobierno; de hecho, hoy Convergència i Unió vuelve a presentar una enmienda en la que se recuerda que ya hace dos años se aprobó por unanimidad una moción en la que se pedía la modificación e implantación de determinadas ventajas en una cuestión clave desde el punto de vista medioambiental y agrícola: los purines, que, después de conversaciones con el sector y con los agentes económicos correspondientes, todavía no se ha resuelto. Por eso digo que ha merecido escasa atención por parte del Gobierno, porque la totalidad de las propuestas están todavía pendientes de respuesta y de resolución, por una parte, y de información al Senado, por otra. Después de haber interpelado en comisión y preguntado en Pleno al Gobierno, después de haber presentado otro tipo de iniciativas y de haber solicitado reuniones con el sector, todavía no conocemos la respuesta.
Se creó una comisión interministerial para, entre otras cosas, tratar esta cuestión, y no sabemos cuáles son los resultados de dicha comisión, cuyos trabajos tenían que haber finalizado en diciembre del pasado 2005.
Por ello, en esta moción volvemos a pedir que el Gobierno informe al Senado, al menos semestralmente.
La consolidación en el sistema energético ibérico --hablo del conjunto peninsular, es decir, incluyendo Portugal, porque así debemos tratar en adelante la cuestión de las energías renovables--, parece ser un proyecto inacabable. Aunque se le abrieron las puertas en el año 1980, con la ley de conservación de la energía, que fue la primera ley de la democracia en la que se trató abierta y claramente la ordenación del sector eléctrico, que hasta entonces tenía un marco en el que se establecían negociaciones directas entre las empresas y el Gobierno, sin acuerdo parlamentario alguno, basándose toda la legislación en aquellos acuerdos. Y se pasó a un Estado moderno con una ley concreta en la que se controlaba la producción en la distribución y el consumo.
Los problemas que indujeron a aquella ley de la conservación de la energía eran prácticamente los mismos que tenemos actualmente sobre la mesa. Se trataba de asegurar el suministro y de diversificar las fuentes energéticas, dos problemas que hoy siguen siendo claves en la economía, en la energía, en el Estado y en Europa. Todas las respuestas políticas y legislativas posteriores han demostrado ser insuficientes, ya que nuestra dependencia y el riesgo en el suministro se han agravado, incrementándose también el coste para nuestra sociedad. De hecho, en el año 2002 la dependencia energética del Estado español era del 73 por ciento y, según estadísticas de Eustat realizadas en el primer semestre del año 2006, a finales del año 2005 era del 85 por ciento, por lo que se ha incrementado en estos últimos cuatro años.
Con la Ley 54/1997 el Gobierno y las Cortes Generales fueron pioneras en Europa en la aplicación del libro blanco de las energías renovables de la Comisión Europea, es más, esta ley se adelanta prácticamente seis años a la directiva de la Unión Europea del año 2003 en lo que respecta a la incorporación en su ordenamiento jurídico del objetivo de cubrir el 12 por ciento de la energía primaria con fuentes renovables para el año 2010.
Desde dicha ley, la promoción de las energías renovables no es un acto de voluntarismo político ni de apetencia o sensibilidad de determinados grupos, asociaciones civiles o grupos políticos sino una obligación de nuestro marco normativo, según el artículo 30 de la Ley 54/1997, para dotarnos de fuentes de energías limpias y autóctonas, para compensar los costes energéticos de la dependencia del suministro, y para conservar el medio ambiente, la generación de riqueza y nuevos puestos de trabajo.
En marzo del año 2004, siete años más tarde, entra en vigor el Real Decreto 436/2004, como necesidad o condición del desarrollo de la citada Ley 54/1997, que establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica con fuentes renovables; este real decreto consolida y aplica el denominado sistema de primas, establecido ya en la ley, siete años antes, en el artículo 30.4 de la Ley 54/1997.
El sistema de primas tampoco es un capricho. Hace referencia a la tarifa, y es la clave del éxito de la energía renovable, tanto en España como en Alemania; otros países de la Unión Europea poseen otros sistemas de primas distintos.
El liderazgo mundial de las empresas españolas de energías renovables se debe a la garantía retributiva y a la estabilidad a largo plazo del sistema de primas que favorece la inversión y la financiación de proyectos.
El PER del periodo 2005-2010 basa sus nuevos objetivos en la inversión privada, es decir, inducida, de 23.500 millones de euros. El Real Decreto 7/2006, del cual hablaremos a continuación, y el borrador , que todavía no ha nacido

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pero que pretende desarrollar este real decreto, ha constituido sin embargo una señal negativa para los mercados donde se originan estos 23.500 millones de euros y, por tanto, para la consecución de los objetivos de todas las tecnologías, por lo que existe una incoherencia inexplicable entre dicho real decreto y el acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de agosto del año 2005, que aprobó el Plan de Energías Renovables 2005-2010 y los nuevos objetivos de renovables por cada tecnología.
El sistema puesto en marcha por el Real Decreto 436/2004 no ha tenido aún el recorrido suficiente para que el sector adquiriera el ritmo de crecimiento que necesitaba para alcanzar el 12 por ciento del consumo de renovables en 2010, tal como establece la Ley del Sector Eléctrico del año 1997; a pesar de que el consumo de renovables se ha incrementado en cerca de 3 millones de toneladas equivalentes de petróleo, el grado de cumplimiento del anterior Plan de Fomento de 1999 apenas llegó al 28 por ciento de los objetivos marcados para aquella fecha.
Si comparamos el esfuerzo realizado en renovables en el año 2005, con la nueva potencia instalada, con el necesario para que en el año 2010 alcancemos los objetivos del último Plan de Energías Renovables de 2005-2010, sería necesario multiplicar por siete como media cada año la nueva potencia instalada de renovables en todas las tecnologías para alcanzar el 12 por ciento en la fecha propuesta.
En el mes de julio el Gobierno publica el Real Decreto-ley 7/2006, en el que se modifica la retribución y las primas establecidas para la generación eléctrica en régimen especial. La confirmación de este hecho se produce en el Real Decreto 809/2006, quince días más tarde, sobre revisión de la tarifa eléctrica. El Real Decreto-ley 7/2006 y el Real Decreto 809/2006, además de introducir incertidumbre entre los inversores por el comentario al que anteriormente he hecho referencia y los proyectos de las comunidades autónomas, constituye, como he dicho, una señal negativa para los mercados. Pero la consecuencia más grave es la incoherencia existente e inexplicable entre los citados reales decretos y el acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de agosto de 2005, que aprobó el Plan de Energías Renovables y los nuevos objetivos de renovables por cada tecnología. El plan aprobado por el Gobierno decía textualmente: El mantenimiento de los actuales niveles de retribución en unos casos y la mejora de esta retribución en otros, tal y como se propone en el PER, son condición sine qua non para alcanzar los objetivos propuestos. Se constata también una inconsecuencia en la práctica del Gobierno respecto a las energías renovables. Estas energías se han desarrollado durante estos años siguiendo la normativa del Gobierno anterior. En este caso el Gobierno del Partido Socialista ha hecho seguidismo del Partido Popular, a nuestro modo de ver bien hecho, porque ha resultado eficaz y porque además ha sido impulsor de la inversión. Y si tenemos verdaderamente responsabilidad política energética, este es el camino por donde había que ir.
Sin embargo, ¿cómo piensa resolver ahora el Gobierno la inconsecuencia e incoherencia entre el Plan de Energías Renovables 2005-2010 y el Real Decreto-ley 7/2006? Esta es la pregunta clave y también relevante. Porque cuando la tendencia del consumo de energías renovables en España no ha dejado de bajar en los últimos años a pesar de las inversiones realizadas por el incremento del consumo total de la energía, resulta que en el año 2003 las energías renovables representaban el 7 por ciento del consumo de la energía primaria. Era un esfuerzo importante. Nos estábamos acercando casi a ese 12 por ciento. Sin embargo, en 2004 se baja al 6,5 por ciento, en 2005 al 5,9 por ciento. Y la falta de señales adecuadas en este año de 2006 es preocupante, puesto que el Plan de Energías Renovables está basado precisamente en alcanzar los objetivos en la inversión privada.
En definitiva, señorías, después de dos años de debate en esta Cámara, de comparecencias de los responsables de la política energética, de promesas de reforma del Real Decreto 436/2004 y de cooperación con las comunidades autónomas para el desarrollo de las energías renovables, la cuestión sigue siendo si de verdad se quiere desarrollar o no esta forma de producción energética. Suponemos que la respuesta del Gobierno será afirmativa, pero hay que demostrarlo. Si es ésa su respuesta --esperamos que sea así--, es urgente que el Gobierno tome decisiones adecuadas respecto de sus propios planes y resoluciones aprobados anteriormente, como la Ley 54/1997, por unanimidad por todos los grupos parlamentarios.
Quisiéramos que esta moción también se apruebe. Entendemos que habrá dificultades, pero de eso hablaremos un poco más tarde.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador. (El señor Chivite Cornago pide la palabra para una cuestión de orden.) Hay cuatro enmiendas presentadas. Como se ha comunicado anteriormente, tres grupos parlamentarios han firmado una enmienda transaccional.
Entiendo, por tanto, que su enmienda desaparece.
Tiene la palabra el senador Chivite para una cuestión de orden.


El señor CHIVITE CORNAGO: Efectivamente, en la enmienda transaccional que ha sido presentada y firmada por varios grupos parlamentarios nosotros hemos plasmado nuestra firma como Grupo Parlamentario Socialista por entender que les era necesaria al resto de los grupos para tramitar esta propuesta. Comoquiera que esto no es así puesto que hay más grupos y pueden perfectamente proceder a su tramitación sin la firma del Grupo Parlamentario Socialista, lógicamente solicitamos la retirada de nuestra firma y el mantenimiento de nuestra enmienda. (El señor Companys i Sanfeliú pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Si lo desea, senador Companys, puede intervenir.


El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Señor presidente, nosotros no hemos firmado nada. Tenemos aún algunas enmiendas vivas y, por tanto, queremos defenderlas.


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El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Hay una firma del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


El señor COMPANYS I SANFELIÚ: En cualquier caso queremos defender nuestras enmiendas, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): ¿Entonces no suscriben la enmienda transaccional, que sigue teniendo las condiciones reglamentarias para que sea tramitada como enmienda transaccional? (Denegaciones.) Veo que el representante del Grupo Parlamentario Popular no tiene manifestación que hacer sobre esa firma.
Entonces se dan por retiradas estas dos firmas y la enmienda transaccional sigue siendo una enmienda viva.
Pasamos a defender las tres enmiendas que quedan.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Companys.


El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, subo a la tribuna para defender la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió a la moción que estamos debatiendo en este momento.
Nos pasamos el día hablando de lo interesante que son las energías renovables, de la aportación que hacen al equilibrio medioambiental, del ahorro de CO2 que supone para el cumplimiento de Kioto y, a la vez, la Unión Europea presiona cada día más para que avancemos en la independencia energética, a través de un mayor compromiso medioambiental, con una política de protección de las energías renovables. Por lo tanto, un crecimiento en ese tipo de energía es positiva porque nos da cierta independencia energética a la vez que hace posible, como he dicho antes, el cumplimiento de los acuerdos de Kioto.
Si realmente nos lo creemos y queremos que el sector de las energías renovables apueste claramente por la investigación, por que nuestras industrias sean punteras en un mundo de producción de tecnología y de energía eléctrica, así como asegurar la viabilidad de los esfuerzos que el sector está haciendo, hay que apostar por la estabilidad de unos sistemas productivos que permitan que afluya el capital privado que haga factible las amortizaciones de las inversiones necesarias. Resumiendo, una inversión importante como es la que representa la puesta en marcha de una instalación de energías renovables solo será posible si de alguna forma se asegura un plan serio de amortización de las instalaciones, y eso es lo que el Real Decreto 7/2006, en su disposición transitoria segunda, a nuestro entender, no deja claro. Es más, a pesar de que en el Congreso prácticamente todos los grupos de la Cámara votaron afirmativamente la convalidación del Real Decreto 7/2006, tras el debate se quedaron encima de la mesa varios temas preocupantes.
Se dijo que el citado real decreto daba excesiva discrecionalidad al Gobierno, que faltaba planificación y debate y que era el tercer real decreto ley que se utilizaba en esta legislatura para modificar el sistema eléctrico, y eso genera desestabilización y falta de seguridad jurídica. Manifestaron que eran necesarias normas claras que facilitasen el desarrollo potencial de las energías renovables. Para que quede claro, incluso los socios del Gobierno --y me estoy refiriendo básicamente a Izquierda Unida-- manifestaron en el Congreso que el Gobierno no tenía modelo energético, ni disponía de un marco regulatorio previsible y estable. Asimismo, apuntaron que no podía ser que todo el sector tuviese que estar pendiente de las decisiones, vía decreto, del ministro de turno y terminaron asegurando que el Real Decreto 7/2006 era un parche que no resistía la legislación actual. Eso no lo decimos nosotros, repito que es lo que manifestó Izquierda Unida en el debate llevado a cabo en el Congreso de los Diputados.
Ya sé que el Grupo Parlamentario Socialista va a decirnos que la voluntad del Gobierno es mantener y aumentar las primas, e incluso puedo creerles, pero no me pueden negar que este sistema de legislar produce inestabilidad y consiste en no conocer las reglas del juego y, sobre todo, como sucede con ese real decreto, en el cambio de las normas a mitad del partido con efectos retroactivos.
Señoras y señores senadores, la amortización de cualquier inversión en este sector supone, como mínimo, quince años y esto no puede quedar al albur de la buena voluntad del ministro de turno. Queremos el máximo de seguridad para el sector, partiendo de la base de que todos estamos de acuerdo en la necesidad de potenciar las energías renovables y en que es ciertamente un sector emergente pero con grandes perspectivas de futuro, no solo a nivel de producción de energía, sino también de exportación de la misma.
Además, lo grave de la situación es que, como ha dicho hace un momento el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, hace menos de un año el Consejo de Ministros aprobó una serie de normativas y objetivos en relación con las energías renovables y no se ha hecho absolutamente nada. El marco que actualmente estamos aplicando es el Plan de Fomento de 1999 pero, mientras, estamos legislando a través de reales decretos y órdenes ministeriales. Eso no es propio de un Estado moderno, lo normal es que planifiquemos, no a través de la discrecionalidad y mediante órdenes ministeriales y decretos leyes, sino fomentando un verdadero debate con el sector para que los grupos parlamentarios y las comunidades autónomas podamos aprobar conjuntamente una ley que no solo sea pionera en este tema sino que marque un terreno de juego en donde las energías renovables jueguen el papel que la sociedad espera de ellas. Por eso esta enmienda. En primer lugar, se insta al Gobierno a que, mientras se aplican los distintos puntos planteados en la moción por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, paralelamente en el plazo de seis meses se presente un proyecto de ley consensuado con los grupos políticos, con las comunidades autónomas y con el sector que regule y fomente la producción de energías renovables; así dispondremos de una normativa con rango de ley que dé seguridad y obligue a las partes, pero sobre todo que evite que este sector pueda convertirse en moneda de cambio de intereses

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coyunturales. El texto que proponemos dice que el Gobierno en el plazo máximo de seis meses presente un proyecto de ley de energías renovables, que se elabore teniendo en cuenta la problemática real del sector, que marque una senda clara y unívoca a medio y largo plazo, que dé estabilidad y que esta normativa sea el fruto del diálogo y el consenso entre el Gobierno, las comunidades autónomas, los grupos parlamentarios y el sector.
En segundo lugar, la enmienda intenta resolver el problema...


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, vaya concluyendo.


El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Termino en cinco segundos, señor presidente.
Decía que esta enmienda intenta resolver el problema de las plantas de purines, recogidas en el Real Decreto 2818/1998, tanto las operativas como las que están en proyecto, para que no queden paralizadas y se les prorrogue el período transitorio hasta 12 años. Por lo tanto, la segunda enmienda es proceder con carácter inmediato a la prórroga del período transitorio de las plantas de purines recogidas en el Real Decreto 2818/1998, sobre la producción de energía eléctrica en régimen especial, tanto las que están operativas como las 15 que están en proyecto, hasta 12 años contados desde el acta de la puesta en marcha, sin perjuicio de que en su momento opten por migrar al nuevo régimen económico que resulte de la disposición adicional primera del real Decreto 436/2004.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores senadores.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Chivite.


El señor CHIVITE CORNAGO: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender la enmienda presentada por mi grupo a la moción que hoy trae al Pleno el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos sobre energías renovables. La verdad es que la enmienda que presentamos surge de una voluntad real, constructiva, que es la que siempre anima a nuestro grupo, y parcialmente de la coincidencia en el fondo con la iniciativa que esta tarde llega a esta Cámara.
Nuestra enmienda tiene la voluntad de acercar posiciones con la intención de alcanzar el consenso, tal y como se ha venido produciendo --como así exponía el senador Albistur-- en precedentes iniciativas tanto en la comisión como en el Pleno, todas ellas relacionadas con las energías renovables. Nuestra enmienda, señorías, sigue el formato de la moción principal, de ahí que comprenda, al igual que la iniciativa, seis apartados.
En el apartado primero proponemos un texto alternativo --no se lo voy a leer por ahorro y economía de tiempo puesto que está escrito en la enmienda-- y nuestra propuesta se fundamenta en que no pueden mantenerse los incentivos fijados para la producción de electricidad de energías renovables establecidos en el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción eléctrica en régimen especial, y no pueden mantenerse por un doble motivo. En primer lugar, porque este real decreto está actualmente en revisión precisamente para alcanzar los objetivos fijados en el Plan de Energías Renovables 2005-2010 y, en segundo lugar, el propio Real Decreto establece en su artículo 40 que debe revisarse en el año 2006 a la vista del cumplimiento del Plan de Fomento de Energías Renovables establecido por el Gobierno anterior porque, tal y como reconoce la propia moción en su exposición de motivos, el cumplimiento de ese primer plan ha sido escaso. Por otra parte, dado que en el apartado cinco de la iniciativa se pide la revisión del Real Decreto-ley 7/2006 y del 809/2006 para su correcta adaptación y adecuación a las directrices del Plan de Energías Renovables 2005-2010, creemos que lo contenido en la propuesta inicial puede resultar equívoco más que clarificador.
Señorías, también hemos presentado al apartado dos un texto transaccional y proponemos su modificación porque resulta recomendable suprimir la frase «... del citado marco jurídico ...», ya que da la impresión de hacer referencia al artículo 30.4 de la Ley 54/1997, con los inconvenientes que ello conlleva para el punto anterior.
Señorías, también al apartado tres hemos hecho una propuesta de cambio de redacción porque, a nuestro modo de entender, creemos que el apartado de la iniciativa resulta innecesario por reiterativo al encontrarse recogido en las propuestas contenidas en el apartado primero. Respecto al apartado cuarto proponemos una nueva redacción. En relación con las medidas que propone el Plan de Energías Renovables, debe tenerse en cuenta que dicho documento fue elaborado en el primer semestre de 2005 y, desde entonces, señorías, ustedes saben perfectamente que ha habido cambios en varios aspectos importantes del sector eléctrico, lo que significa que alguna de las medidas propuestas en aquel plan han quedado obsoletas y es necesaria su revisión y reconsideración en términos de retribución.
Planteamos también la supresión del apartado quinto. Nuestra propuesta se basa y fundamenta en el propio Real Decreto 7/2006 y en el Real Decreto 809/2006, y está en consonancia con las directrices del propio Plan de Energías Renovables de España 2005-2010 que tanto hemos mencionado aquí, tanto quienes me han precedido como yo mismo, en relación con su cumplimiento.
Señorías, también proponemos una modificación en el apartado sexto, en el sentido de que el informe sea anual en lugar de semestral, por ir en consonancia con los informes que tiene que elaborar, tanto el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, el IDAE, como las distintas comisiones interministeriales al efecto.
Señorías, como habrán podido comprobar, desde el Grupo Parlamentario Socialista seguimos en la línea de fomentar el diálogo para alcanzar el acuerdo, siendo coherentes

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con la acción del Gobierno y sus compromisos programáticos. En ese afán de cooperación y consenso constructivos hemos intentado, a través de una propuesta transaccional y ofreciendo a través del diálogo una aceptación de las diferentes posiciones, integrar las propuestas de los diferentes grupos. Lamentablemente, no ha sido posible.
En ese sentido, aquí y ahora, desde esta tribuna solicito al grupo proponente la aceptación de nuestra enmienda, que pretende ser una contribución positiva al fomento e impulso de la generación y utilización de las energías renovables, fin principal de nuestra acción parlamentaria, creo que coincidente con la acción del Gobierno y con el conjunto de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara.
Gracias, señorías.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor senador.
Para defender la enmienda presentada por el Grupo de la Entesa Catalana de Progrés, la senadora Elices tiene la palabra.


La señora ELICES MARCOS: La doy por defendida, dado que era muy similar a la defendida anteriormente por el señor Chivite.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora senadora.
Por el grupo proponente, el señor Albistur tiene la palabra para indicar la posición de su grupo.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor presidente.
Previamente querría aclarar una duda, señor presidente. Supongo que la defensa de la enmienda de Convergència i Unió no impide que se vote finalmente la transaccional. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, hace signos negativos.) Por lo tanto, como ya está incluida dentro de la enmienda transaccional, queda admitida, porque a ese acuerdo hemos llegado, se sobreentiende.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): La transaccional va a votarse en todo caso.


El señor ALBISTUR MARIN: Sí, de acuerdo, pero no hay que votar otra vez la enmienda del Grupo de Convergència i Unió.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Se formula la propuesta que presenta el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que ya no es la original, sino la propuesta transaccional que debe presentar él necesariamente y que debe contar con la firma de la mayoría de los grupos.


El señor ALBISTUR MARIN: De acuerdo, eran necesarios cuatro grupos y hemos pedido la firma de los mismos para poderlo tramitar.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Tiene la firma de cuatro grupos que representan la mayoría de los senadores.


El señor ALBISTUR MARIN: Yo la voy a aceptar, pero como está integrada en la transaccional, se votará la enmienda transaccional.
Respecto a la enmienda presentada por el Grupo de Entesa y el Grupo Parlamentario Socialista quiero decir única y exclusivamente que tengo que reconocer la voluntad de llegar a un acuerdo manifestada por el senador Chivite en su exposición. Sin embargo, entendemos que el nudo de la cuestión --el ahora punto primero de la futura moción a aprobar, es decir, la parte resolutiva, antes punto número 5--, que trata precisamente de la revisión del Real Decreto 7/2006 y el Real Decreto 809/2006 que a continuación se promulgó, lo único que hace es introducir una enorme incertidumbre en el sector. Para decirlo con palabras de los representantes del sector, con los que estoy de acuerdo, no se trata de ganar más o menos dinero, sino de disponer de un marco regulatorio estable y predecible, que permita echar números y calcular la rentabilidad de unas inversiones muy cuantiosas que se amortizan a largo plazo. No olvidemos que el PER está basado en una inversión privada de 23.500 millones de euros y que solo el 15 por ciento viene de primas aprobadas por el sector público; que no dadas por el sector público, puesto que al final las paga el consumidor por medio de la tarifa.
Además, este 15 por ciento --algo más de 4.000 millones de euros que suponen las primas durante todo el período-- se compensa con la menor importación de las toneladas equivalentes de petróleo que, a un precio de 60 dólares/barril y con aproximadamente siete barriles por tonelada, superan el valor de la primas aprobadas para apoyar la inversión privada.
Creemos que esta incertidumbre que introduce el real decreto ley debe desaparecer y consideramos importante su revisión. Por eso mantenemos nuestra posición.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.
Queda claro que lo que se va a someter a la fijación de posición de las grupos es la enmienda transaccional que ha presentado el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos junto con el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y el Grupo Parlamentario Mixto.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Urrutia.


El señor URRUTIA ELORZA: El Grupo Parlamentario Mixto, y en este caso Eusko Alkartasuna, apoyará la enmienda transaccional por varios motivos.
Primero, porque se viene debatiendo sobre este asunto desde hace varios años y es fundamental que lo tengamos en cuenta y que nos posicionemos a favor de la energía renovable, sobre todo en un momento en que aumenta la dependencia de las fuentes de energía cuyo precio va en aumento.


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Esta dependencia de las fuentes de energía está afectando enormemente a los precios, sobe todo a los de los consumidores tanto domésticos como industriales. Y no afecta solo al bolsillo y al IPC, sino también al precio del coste industríal y al de la energía eléctrica de las empresas.
Además, debido a la situación industrial, al auge económico, el consumo va en aumento, y también el consumo doméstico. Tenemos que empezar a hacer las correcciones pertinentes y la planificación correspondiente de la oferta y la demanda del sector energético. Además, tenemos que considerar el medio ambiente y los compromisos de Kioto. De hecho, estamos superando las limitaciones. Es normal, pues, que apostemos con rotundidad por las energías renovables, y más teniendo en cuenta que el Plan de Energías Renovables para el año 2010 proponía un porcentaje del 12 por ciento. En este momento, si mis noticias son correctas, no llegamos ni al 6 por ciento, y estamos terminando 2006; solo nos quedan tres años.
Las decisiones del Gobierno sobre el sector energético no afectan solo al consumidor industrial o doméstico, sino también a los inversores, a los mercados y a las decisiones de la Administración sobre la tarifa. En el pasado año 2005 hemos tenido déficit de tarifa, así como la problemática que ha surgido, tanto desde el punto de vista de presupuesto como desde el punto de vista del cierre contable, de las auditorías de las empresas eléctricas y de los resultados y beneficios.
Termino, señor presidente, diciendo, como creo que también ha dicho los senadores que me han precedido en el uso de la palabra, que también las comunidades autónomas, y sobre todo el País Vasco, nos hemos posicionado rotundamente a favor de las energías renovables y estamos apostando por ello en inversiones que tienen que dar recorrido y soluciones.
Por ello, y para terminar, diré que procuraremos que el plan de energías renovables siga adelante. El Gobierno, la Administración y el Partido Socialista deben hacer un esfuerzo para que en este período de seis meses se defina y concrete este PER. Nosotros nos posicionamos a favor del mismo, y ojalá se den las soluciones necesarias para que el mercado de la energía no viva las situaciones que en este momento se le están planteando, no solo desde el punto de vista industrial, sino desde el punto de vista de la economía individual.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria tiene la palabra el senador Melchior.


El señor MELCHIOR NAVARRO: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria apoya y agradece esta enmienda transaccional, así como la iniciativa del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos que, con esa defensa y con los amplios conocimientos y el rigor a que nos tiene acostumbrados el senador Albistur, propone algo sumamente importante para nosotros, al igual, supongo, que para el resto de los senadores de esta Cámara. Me refiero al desarrollo, al fomento y a la utilización de las energías renovables.
Una fuente de energía renovable implica que es inagotable, que es limpia, que evita las emisiones de CO2 y de otras partículas, así como el cambio climático --Protocolo de Kioto-- cuyos efectos negativos todos conocemos.
Asimismo es una fuente de energía propia, no hay que importarla y en principio nadie puede especular con ella o utilizarla como instrumento político y, por tanto, contribuye de una forma importante a la estabilidad socioeconómica de un territorio; es, además, como también se ha dicho, intensiva en cuanto a mano de obra, pues genera puestos de trabajo; es un complemento importante a la sacrificada actividad agraria, llámese biocombustible, plantas de purines, aerogeneradores, plantas fotovoltaicas, etcétera; es además una fuente de energía que claramente contribuye a conseguir la paz en el mundo.
No sé cuántas ventajas de esta energía he nombrado, pero probablemente haya aún más. No obstante, a estas importantísimas ventajas hay que añadirle, además, la de que evita que consumamos una materia prima escasa y fundamental para la humanidad, como son los combustibles de origen fósil. Pero si esta última ventaja que he nombrado es importante para cualquier territorio, mucho más lo es para un territorio insular, donde, además, la energía y el agua constituyen un binomio fundamental. En un territorio continental el agua es normalmente fuente de energía renovable, en tanto que en un territorio insular el agua demanda energía y, por tanto, la consume tanto para desalar, como para bombear, etcétera, y por ello es doblemente importante.
Así pues, en nombre del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, quiero manifestar mi agradecimiento a los senadores del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos que hayan presentado esta moción, así como a todos los que han firmado la transaccional.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Companys.


El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Señor presidente, señoras y señores senadores, estaba leyendo hace unos días un informe de Greenpeace sobre el potencial de las energías renovables en la España peninsular, redactado por el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad Pontificia de Comillas, en donde se analiza de forma pormenorizada la viabilidad de un sistema de generación de electricidad con la máxima contribución posible de las energías renovables. La capacidad de generación de electricidad con fuentes renovables es muy importante, tanto que, según dicho estudio, la suma de todos los techos de generación nos proporcionaría una capacidad equivalente a 56 veces la actual demanda de electricidad y

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a 10 veces la demanda de energía total, proyectando esas demandas al 2050.
En consecuencia, no estamos hablando de una cuestión baladí, y si bien estos datos nos demuestran que efectivamente tenemos capacidad suficiente para cumplir, como mínimo, con los compromisos de la Unión Europea, lo cierto es que, visto lo que está sucediendo, da la sensación de que el Gobierno es lento en las reacciones, en algunos casos diría que incluso erróneo en los planteamientos o que no se toma en serio la potenciación de este tipo de energías, quizá porque en el fondo lo que pasa es que quien está mandando es el Ministerio de Economía, que nada tiene que ver con el de Industria y nada tiene que ver con las energías renovables.
Y mientras tanto, nos movemos en un plan de fomento, que en la línea del Libro Blanco de la Unión Europea pretende que las energías renovables cubran el 12 por ciento de la demanda total de energía en el año 2010, cantidad que se prevé que pase al 20 por ciento en cada uno de los Estados en el año 2020. Y, mientras tanto, aquí estamos haciendo discursos, diciendo buenas palabras y lo que pasa en realidad es que, como se ha dicho anteriormente y lo vuelvo a repetir, en el 2003 estábamos en el 7 por ciento, en el 2004 en el 6,5 por ciento y en el 2005, que son las últimas cifras que tengo, en el 5,9 por ciento. Por lo tanto, avanzamos como los cangrejos, retrocediendo.
Se ha abusado de los decretos como mecanismos para regular el sector y en el caso del Real Decreto 7/2006, el tercero del sector eléctrico en los dos últimos años de legislatura, desliga los ingresos que conlleva la actividad económica de producción de energía eléctrica con energías renovables de la tarifa media de referencia del mercado eléctrico; es decir, para que se entienda bien, suprime los parámetros objetivos que establecían la retribución de las instalaciones de generación renovable.
Como consecuencia, además de dejar al sector en manos de la discrecionalidad del ministro de Industria por lo que se refiere a lo que se debe pagar por producir un kilovatio verde y renovable, el Gobierno está enviando un mensaje confuso y atemorizador a los propios actores del sector y de forma especial a las entidades financieras que deben financiar las inversiones ya que, en aplicación de esta discrecionalidad, se elimina la posibilidad de calcular de una forma certera la tasa de retorno de las inversiones. Coloca al sector en una zona de riesgo, que dificulta enormemente las inversiones de capital, frenando de una forma clara el potencial de innovación del sector y, de esta manera, se dificulta la presencia de esas industrias en los mercados internacionales a través de su tecnología.
Pero aparte de no consultar con el sector, lo realmente grave es que se cambian las normas de juego --como he dicho antes-- a mitad de partido, con el agravante de que con la aplicación de la retroactividad también se modifican los derechos adquiridos, hecho que no solo afecta a las actuaciones anteriores, sino que debilita la credibilidad del Gobierno de cara al futuro. Por lo tanto, con la aplicación de la disposición transitoria segunda del real decreto aplica retroactividad que puede colisionar incluso con el artículo 9.3 de la Constitución, pero sobre todo crea inseguridad jurídica.
El sector de la energía renovable está pidiendo que el Plan de Energías Renovables se incorpore a la legislación vigente y acabe con la situación de inestabilidad actual. Y es por eso que mi grupo parlamentario ha presentado esas enmiendas, en las cuales insta al Gobierno a la presentación de una ley de energías renovables que se elabore teniendo en cuenta las problemáticas reales del sector, que proyecte una ley a medio y largo plazo para dar estabilidad y que dialogue con las comunidades autónomas, con los grupos parlamentarios y con el sector para que, fruto de ese diálogo, salga esa ley innovadora y consigamos una normativa con rango de ley que obligue a las partes pero, sobre todo, señoras y señores senadores, que evite que ese sector una vez más se pueda convertir en moneda de cambio de intereses puntuales.
Y, en segundo lugar, resolver los problemas de la crisis y paralización de proyectos de plantas de tratamiento de purines como consecuencia de la finalización del período transitorio a 31 de diciembre de 2006 y que pone en riesgo no solo los proyectos iniciados sino las 20 plantas en funcionamiento, instándose a una prórroga total de 12 años desde la puesta en marcha para poder financiar los costes de construcción.
Queda un tema de la máxima importancia, y es el que hace referencia al tratamiento de la biomasa. En el caso de la biomasa térmica, el propio PER reconoce la falta de rendimiento y viabilidad económica de las plantas de generación eléctrica con biomasa y recomienda un incremento en la retribución que permita su viabilidad, pero como no se ha adecuado el Reglamento 436 de 2004, las primas están desfasadas, no rentables y resulta que debemos exportar una parte de nuestra biomasa a otros países que sí han adaptadado sus normativas. Un caso sería el orujo de aceituna, que estamos exportando para que lo quemen otros países y consigan energías alternativas.
Por lo tanto, creemos que el Gobierno debe predicar con el ejemplo y si está convencido de que quiere apostar por las energías renovables, lo más normal sería que el Grupo Parlamentario Socialista diese soporte a esta moción.
Ya sé que en el posicionamiento de los diferentes grupos se nos va a decir que los grupos nacionalistas en ese momento estábamos a favor de que el Estado legislara sobre todo eso. ¿Qué quiere que le diga? Casi prefiero una ley clara, transparente, negociada con las comunidades y con el sector que tener toda una serie de reales decretos que salen de la noche a la mañana, y muchos de los cuales son contradictorios. Por tanto, señor presidente, señoras y señores senadores, prefiero la claridad de una ley pactada que el confusionismo a que nos están llevando los reales decretos.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores senadores.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.


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Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, lo iba a decir en negativo, pero lo voy a decir de forma positiva. Me gustaría que el Gobierno en su conjunto, y yo diría que hasta todos los grupos parlamentarios, el que sostiene al Gobierno y el resto de grupos que formamos la oposición, leyéramos cuáles son en estos momentos las líneas de actuación en el mercado energético internacional.
Se recordará el tema de Gazprom, por un lado, y lo que está sucediendo con los países del Este y la negociación rápida que ha hecho la señora Merkel con Rusia, por otro. Pero resulta que el brazo largo de Gazprom atraviesa el Mediterráneo y llega a Argelia, y nos vamos a encontrar --y ya nos estamos encontrando-- con que Argelia está empezando a pedir la revisión del contrato de suministro de gas a España. Y eso está condicionando el futuro gasoducto de Nigeria --porque es una noticia de ayer-- para que entre por Almería, ya que es una pinza --aparte de que es un importante suministro de gas para España-- para la Unión Europea que cualquier día se puede cerrar por un acuerdo entre Rusia y Argelia.
Quisiera también que se leyera, de verdad, qué significa la estadística de Eurostat cuando nos dice, en el primer semestre de este año, que el año pasado la dependencia energética de España fue del 85 por ciento, pero aquí no se ha movido ni un ápice, ni una pluma ha caído del cielo, ni se ha movido un hilo, porque este no era el tema importante de nuestra economía, de nuestra vida social.
Señorías, entre los servicios que nos proporciona el Senado, la información, que es magnífica, es de los mejores que tiene esta Casa --en otros se debe mejorar mucho más--, y hay un informe elaborado por el Senado francés --lo que nosotros llamaríamos una ponencia-- sobre la ordenación y el desarrollo durable del territorio --y eso en un Estado centralista-- a partir de las energías renovables. Yo les invito a que lo lean, porque aquí los senadores franceses, aparte de hablar de lo que nosotros estamos hablando, han introducido entre las energías renovables los purines, las basuras, la generación de calor, la biomasa, etcétera, temas en los que todavía nosotros estamos en la inopia. Y en un municipio como el mío, en una provincia como la mía aún estamos en discusión sobre si son galgos o podencos. Lo digo por hacer algo de autocrítica. Pero les invito a que lo lean, porque es francamente interesante. Lo encontrarán ustedes en la información que reciben de la Unión Europea, y si les resulta más cómodo yo se lo envío: lo tengo en CD-Rom, lo tengo metido en el ordenador y tengo copia. Estaré encantado de pasárselo, porque francamente merece la pena leerlo.
Mi pregunta en este tema es clave: ¿cómo se va a aclarar la incoherencia entre el PER 2005 y el Real Decreto 7/2006? No es un buen ejemplo para la economía dejar a todo un sector económico en la más absoluta discrecionalidad e incertidumbre hasta el 24 de diciembre del año 2006, con el cambio de un ministro y de un secretario general incluidos. Aparte de la lógica preocupación para el inversor y para los empresarios, también para las comunidades autónomas, crea una mala imagen en un sector que se observa con envidia --y esto era hasta ahora así-- en el exterior, porque aquí partimos de un doble error, que está en el fondo de la cuestión: no reconocer la verdadera naturaleza de las primas ni reconocer las externalidades, o sea, los beneficios económicos y sociales de las energías renovables. ¿Qué son las primas en las renovables? Se trata de algo muy sencillo: no son una subvención, no son dinero público, no son un coste del sistema ni un incentivo para el enriquecimiento de unos cuantos --como se ha dicho--, sino una señal enviada al mercado para invertir 23.500 millones de euros, como mínimo --según el Plan de Energías Renovables--, de los bolsillos privados. Por primera vez en este Estado se había buscado una fórmula que resultase idónea y, todo ello, con el fin de fomentar la inversión en tecnologías renovables, porque era necesario ampliar su demanda para que estas nuevas tecnologías fuesen competitivas.
Asimismo, las energías renovables son una retribución por las externalidades que provocan, así como los beneficios económicos y sociales. Dado que solo dispongo de dos minutos más de intervención, no les voy a leer el listado que he traído, pero se lo puedo proporcionar si ustedes lo desean.
En este momento, el sector está paralizado por la incertidumbre creada por el Gobierno y pendiente de que decida antes del 24 de diciembre, según el real decreto ley que ya hemos mencionado. España, además, está dando una mala imagen ante países e inversores que nos veían como una referencia en renovables. Si analizamos lo que está pasando en Europa, se podrá constatar que países como Alemania, Grecia, Italia o Francia están superando ya los niveles que teníamos anteriormente.
La reducción del coste tarifario, olvidándose de la seguridad de abastecimiento, puede resultar peligroso a la larga porque lo primero ha de ser la seguridad del suministro --y recuerden lo que les he citado sobre Argelia y Gazprom--. El debate debe centrarse en la seguridad de abastecimiento y no en si se trata de energías baratas o caras porque, como he dicho anteriormente, todas son caras cuando nuestra dependencia es del 85 por ciento. Además, debemos tener un cuenta un dato: estamos exportando biomasa para que la quemen en Francia y para que la quemen y produzcan energía en Alemania, porque las ventajas fiscales en ambos países son superiores; estamos exportando biocombustibles para que los consuman los automóviles en Alemania y, sin embargo, aquí no avanzamos y seguimos produciendo solo 12.000 toneladas.
En definitiva, señorías, la cuestión es si de verdad se quieren poner en marcha las energías renovables o no y, si la respuesta es afirmativa, es urgente que el Gobierno envíe ya una señal adecuada.
Para terminar, les diré que he recordado las dos mociones anteriores y, en este sentido, creo que debemos tener un respeto a las decisiones que se adoptan y se aprueban en esta Cámara, así como a las acciones de nuestros propios grupos políticos. No puedo decir que el Gobierno haya tenido respeto a esta Cámara porque no ha habido respuestas,

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informaciones ni se ha dado cumplimiento a las mociones anteriores. No quiero entrar en polémica con el Gobierno porque lo que espero del mismo es que gobierne y resuelva los problemas pero, al menos, tengámonos respeto a nosotros mismos y exijamos que se cumplan nuestras propias resoluciones, que es lo que queremos. Esperemos que sea así.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Elices.


La señora ELICES MARCOS: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre de mi grupo parlamentario, Entesa Catalana de Progrés, para fijar nuestra posición en relación con la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos sobre las energías renovables y, a la vez, por qué no, para decir al senador Albistur que nosotros estamos a favor del consenso.
Nada nos gustaría más que poder apoyar esta moción porque significaría que entendemos que lo que está haciendo el Gobierno y lo que ahora nos están pidiendo los senadores nacionalistas vascos van en la misma línea, y lo cierto es que, según hemos podido apreciar en las intervenciones anteriores, tanto el Gobierno como el resto de los grupos van en la misma dirección con el fin de que las energías renovables vayan avanzando y, cada vez, nuestro país tenga una menor dependencia de las energías fósiles.
Creo que estaremos de acuerdo en que nuestro país se ha despertado muy tarde a la generación de energías renovables porque, mientras que en otros países se estaba muy adelantado, en España nos estábamos planteando cómo hacerlo. Sin embargo, creemos que en estos momentos se están haciendo todos los esfuerzos convenientes para poder llegar al año 2010 con el mayor porcentaje posible en producción de energías renovables. Se aprobó un plan de fomento de la energía renovable en el año 1999, pero el grave problema se ha visto a su término, y es que entonces solo se había cumplido en un 28 por ciento.
Creemos que la mayor participación de las energías renovables en el balance energético disminuye nuestra dependencia de los productos petrolíferos y diversifica nuestras fuentes de suministro, al tiempo que, sobre todo, promueve los recursos autóctonos. En el año 2005, no hace mucho, se aprobó el PER, el Plan de Energías Renovables, en el que el Gobierno deja bien claro el campo de actuación de cada una de las diferentes energías, tanto las de generación eléctrica, como la eólica, la hidroeléctrica y la solar, como las de aprovechamiento térmico como la biomasa, el biogas y el biocarburante.
Es obvio que no ha de ser el Estado el que lleve a cabo la ampliación de la producción de renovables. Así pues, el Gobierno pide en el PER un esfuerzo al sector privado en inversión en energías renovables. Y creemos que en la actualidad el sector privado ha reaccionado bien. El senador Albistur decía anteriormente que, en su opinión, el sector está parado, esperando a ver qué resoluciones adopta el Gobierno, si modifica o no el PER. Nada más lejos de la realidad, porque los últimos números no dicen eso, sino que nunca como ahora se ha invertido en este país en energías renovables. Cada día se dan nuevas licencias en todos sus ámbitos.
Pero no podemos olvidar que el consumo de energía primaria ha crecido de manera muy considerable, de modo que, aunque es cierto que hay más generación de energías renovables, no lo es menos que, en términos relativos, la energía renovable no crece al ritmo que sería deseable.
Como se comenta en uno de los puntos de la enmienda, es obligación del Gobierno --y entendemos que así se está cumpliendo-- velar por que las empresas privadas que entren en el sector consigan una rentabilidad razonable en los proyectos que desarrollan. Creo que nadie mejor que el Gobierno vela por ello. De otro modo, ningún empresario invertiría en el sector, y no es así lo que estamos viendo.
Hay que tener en cuenta que un crecimiento de las instalaciones de energías renovables debe complementarse con la estabilidad del sistema eléctrico, es decir, respetar la seguridad del suministro eléctrico.
Asimismo, se debe considerar la repercusión de los costes de la energía eléctrica en los consumidores y, en general, en la economía. También estamos de acuerdo en que se ha de efectuar la revisión del régimen de la electricidad por energías renovables siempre que sea necesario. Ustedes, en su moción, han acabado cifrándola en cuatro años. Nosotros creemos que es muy probable que la modificación tenga que producirse antes, decisión que está en manos del Gobierno.
También hay que tener en cuenta el continuo cambio de los procesos productivos de energía. Lo que hoy se produce con un megavatio seguro que mañana será diferente. Por tanto, creemos que el PER es totalmente activo, sujeto a cambios continuos, a fin de cumplir su objetivo.
La moción solicita en uno de sus puntos que se dé cuenta al Senado de la evolución del plan. Creemos que en el propio PER ya figura un capítulo de seguimiento mediante reuniones e informes que se someten a la Secretaría General de la Energía. No obstante, estaríamos de acuerdo en que, una vez que fueran conocidos por el secretario general de la Energía, se diera debida cuenta al Senado.
Lamentamos muchísimo, senador Albistur, no poder llegar al consenso y votar a favor de la moción, pero algunos de sus puntos no nos parecen coherentes con la política que se lleva a cabo desde el Gobierno, que consideramos adecuada, puesto que está dando sus frutos. Cada día aumenta más el uso de las energías renovables. Solo tenemos que mirar los resultados, cuántas licencias se conceden en este país, porque el sector privado confía e invierte en estas energías.
Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Chivite Cornago.


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El señor CHIVITE CORNAGO: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en este turno de portavoces para tratar de reforzar los argumentos expuestos en mi primera intervención.
La verdad es que nos podemos remontar a los debates que en esta Cámara se han sucedido en relación con las energías renovables y a las iniciativas a las que hace mención, incluso en la propia moción, el senador Albistur.
La moción vista en el Pleno de 5 de octubre de 2004, referida a la valorización energética de los purines o la moción vista también en el Pleno del 4 de octubre de 2005, aprobada por unanimidad sobre el plan de energías renovables y hoy, una vez más, debatimos otra relacionada con este tema recurrente, 3 de octubre de 2006. Parece que el mes de octubre es un mes típico y proclive al debate sobre renovables y eso está bien.
Nos podemos remontar a las referencias que hacía el proponente, señor Albistur: la Ley 54/1997, reguladora del Sector Eléctrico, que en su artículo 30.4 establecía el sistema de primas. El Real Decreto-ley 436/2004 de marzo, donde se establece la metodología de actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía procedente de fuentes renovables. El Real Decreto-ley 7/2006, de modificación del sistema de retribución y primas para la generación eléctrica en régimen especial. El Real Decreto 809/2006 de revisión de la tarifa eléctrica. Pero no solo está la legislación de referencia, sino los planes de referencia: el Libro Blanco de renovables de la Comisión Europea. El Plan de Energías Renovables, inicial, 1999-2004, con un escaso cumplimiento en esos seis años de vida que alcanzó tan solo el 28,4 por ciento de los objetivos previstos en el propio plan, elaborado e implantado por el anterior Gobierno. El Plan de Energías Renovables vigente 2005-2010, elaborado por el IDAE, presentado por el Ministerio de Industria y aprobado por el Consejo de Ministros el 26 de agosto del año pasado, con unos objetivos claros, como ese 12 por ciento de consumo energético procedente de renovables, con un 29,4 por ciento de objetivo de generación con renovables o con un 5,75 por ciento de combustible para el transporte por carretera procedente de renovables, de biocombustible. También apuntaba el señor Albistur esa importante complicidad entre lo público y lo privado, ese importante objetivo que prevé en esos seis años de vigencia 23.500 millones de euros de inversión privada.
Por tanto, estaríamos ante un plan, que tiene un horizonte de seis años, evaluándolo en el primer año de su vida. Por tanto, les pediría menos catastrofismo porque el horizonte y el futuro está por llegar y se está trabajando para ello. Se está trabajando porque realmente, señorías, aquí hay un compromiso de partido y un compromiso de gobierno, es decir, del Partido Socialista Obrero Español y del Gobierno socialista que hoy tenemos en España. Nuestro partido en su programa electoral, que el Gobierno actual asumió como programa de gobierno, se comprometía y se compromete a un desarrollo más sostenible y a revisar y a potenciar, en coordinación con las comunidades autónomas desde el respeto competencial y también con los municipios, un plan de fomento de las energías renovables --ahí lo tienen, Plan de fomento de las energías renovables 2005-2010 que ya está en marcha--; a reformar el sector energético, incentivando la generación eléctrica con energías renovables --también lo estamos haciendo--; a la reducción de las emisiones de gases para cumplir con el Protocolo de Kioto y, en consecuencia, a la reorientación de la política energética, dando prioridad real al ahorro y eficiencia energética, por cierto, del que poco o nada se ha hablado hoy aquí; y también a las energías renovables apoyando la innovación tecnológica, y lo seguimos haciendo; a la aplicación de las directivas europeas relativas a la promoción de electricidad generada a partir de fuentes renovables --también las estamos aplicando y trasponiendo--; al análisis y evaluación rigurosa de los resultados del plan de fomento de energías renovables, que también estamos cumpliendo, y a la revisión del Real Decreto 436/2004, de 24 de marzo, por el que se establece la metodología, como decía antes, para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. Y a hacer esta revisión de forma consensuada con el sector, con las comunidades autónomas y con los municipios.
Señorías, a mi juicio, estamos a un año --tan solo a un año-- de la puesta en marcha y la aprobación del Plan de Energías Renovables 2005-2010 y creo que podemos concluir, desde el Grupo Parlamentario Socialista, que lo que prometemos y aquello a lo que nos comprometemos lo cumplimos.
Señorías, la generación de energía, su transporte, el suministro, el ahorro y el consumo racional constituye para mi grupo parlamentario y para el Gobierno al que apoya una cuestión de Estado. Es un elemento estratégico, básico para el desarrollo económico y el bienestar de las personas. Por eso el objetivo de nuestro grupo parlamentario, y también del Gobierno, es asegurar el suministro de energía eléctrica para atender con garantías la creciente demanda y reducir la alta dependencia energética de nuestro país.
Es objetivo del Gobierno la constitución de un sistema energético de ámbito europeo, y dentro del mismo el sistema energético ibérico de las energías renovables. Y es también el afán de este Gobierno garantizar el suministro, y lo sigue haciendo prestando esa especial atención a las renovables, a su desarrollo y a su impulso.
Por eso, señorías, junto a la voluntad política que existe y está comprometida, está la acción del Gobierno, que está realizando los esfuerzos necesarios y adaptando las normas para acelerar el ritmo de crecimiento, porque heredamos un ritmo y una acumulación de la etapa anterior. Hay que acelerar, hay que imprimir un nuevo impulso a este sistema para, si no conseguir el objetivo previsto del 12 por ciento, al menos aproximarnos lo máximo posible a él.
Señorías, mi grupo no va a votar a favor de la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos con la modificación introducida por la transaccional, y sabe que lo lamento, señor Albistur. Sabe que he estado haciendo los esfuerzos necesarios, la negociación posible para llegar a ese consenso que permitiera no contraponer al Gobierno con lo que está haciendo sino

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colaborar, cooperar e impulsar al Gobierno con lo que ya está empeñado en hacer. Lamento profundamente no haber podido llegar a ese consenso deseable, pero en cualquier caso, señorías, sepan que este grupo parlamentario y el Gobierno al que apoya van a seguir empeñados en cumplir y hacer cumplir el Plan de Energías Renovables. Lo va a hacer desde el respeto a la ley y a las Cortes, Congreso y Senado, porque es un compromiso y para nosotros un compromiso es una obligación.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Marqués.


El señor MARQUÉS LÓPEZ: Gracias, presidente.
Señorías, nuevamente el tema energético está siendo objeto de debate en esta Cámara, en esta ocasión a través de la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos sobre las energías renovables. Hace menos de un mes debatíamos una moción consecuencia de interpelación por la que instábamos al Gobierno sobre la necesidad de una alternativa al actual modelo energético, fuertemente dependiente del exterior, basado en los combustibles fósiles, con problemas de mercado, incertidumbres, además de los problemas medioambientales. Y nos parece grave la actitud del Gobierno hasta la fecha de no definir estrategias a largo plazo en el área energética, o donde lo ha hecho, como es precisamente en el caso de las energías renovables al aprobar el Plan de Energías Renovables en agosto del 2005, incumplir las directrices programadas.
Es, pues, urgente establecer nuestro futuro modelo energético --lo hemos dicho ya varias veces--, en el que sin duda una de las alternativas a potenciar son las energías renovables. Bien es verdad que hoy tienen todavía muchas deficiencias, muchas limitaciones, pero sin duda deben ser imprescindibles en un futuro modelo sostenible. Y, por ello, estamos obligados en este momento a potenciarlas al máximo a través de los planes, el de 1999 y el de 2005, y de la normativa que las promueve y apoya, y hoy por hoy --ha quedado en esta tribuna demostrado-- sigue siendo la mejor opción; sigue siendo la referencia de apoyo el Real Decreto 436 de 2004 que aprobó el Gobierno del Partido Popular.
En España, señora Elices, fuimos pioneros en Europa en la aplicación del libro blanco de las energías renovables de la Comisión Europea con la Ley 54/1997, incorporando el objetivo del 12 por ciento de la energía primaria de renovables y los medios para obtenerlo. A esto siguió el primer plan de energías renovables del año 1999, que era el plan 1999-2006, señor Chivite, y el Real Decreto al que he aludido antes, el 436 del año 2004, estableciendo un marco tarifario al régimen especial favorable, que sin duda supuso incrementos y activación de esta producción, llegando en 2003 al 42 por ciento del plan.
El actual Gobierno propuso un nuevo plan de energías renovables, el 2005-2010, sin cambios sustanciales, apostando en principio por mantener el marco jurídico y el tarifario. Incrementó los objetivos un 22 por ciento y planteó una inversión al sector privado de 23.000 millones de euros. A este plan de energías renovables le siguió la moción que planteó el señor Albistur el 4 de octubre de 2005 que trataba de impulsar el cumplimiento de este plan, de acelerarlo. Instaba, antes del 31 de diciembre de 2005, a regular más favorablemente la producción de energías renovables para conseguir mejor los objetivos del plan. Un año después --exactamente estamos hoy un año después-- no solo no se ha producido una adecuación más positiva de la normativa del plan, sino que --como han dicho aquí otras personas-- se han aprobado dos reales decretos, el 7 de 2006 y el 809, que modifican la retribución de las primas a la generación de energía eléctrica a la baja, empeorando la situación anterior y regulando en contra del propio Plan de Energías Renovables aprobado por el Gobierno en el año 2005, que decía que era condición indispensable para el desarrollo de las energías renovables mantener o mejorar los actuales niveles de retribución de la generación eléctrica en régimen especial.
En definitiva, el Gobierno, en su primer año, no solo no mejora, sino que reduce las ayudas y empeora la situación. Por tanto, señor Albistur, nos parece oportuna la moción presentada; en primer lugar, porque se trata de cumplir el mandato parlamentario de las mociones que se han presentado aquí, que, por cierto, ni regularon antes de 31 de diciembre de 2005, ni lo han hecho conveniente ni adecuadamente después; y en segundo lugar, porque una vez más vemos en el área energética la incoherencia de las acciones que lleva a cabo el Gobierno en los planes, como el plan de energías renovables y lo que regula o lo que desarrolla.
Quiero señalar además --usted lo ha dicho--, que estos cambios, que estas alternativas, producen incertidumbre, inseguridad en el sector, un sector que bastante convulsión tiene con atender al Tribunal Supremo, a las sanciones de expedientes de la Comisión europea o a los movimientos bursátiles provocados en este momento precisamente por el Gobierno. Y es un sector que necesita tranquilidad, que necesita un marco estable. Es un sector, además, al que el propio plan de energías renovables le ha puesto como deber invertir 23.000 millones de euros. Por lo tanto, habrá que darle estabilidad, como ha dicho usted, opinión que comparto plenamente.
Y ahí están los datos de la evolución que se han mencionado aquí . En el año 2003 teníamos el 7 por ciento de renovables del total de la energía primaria, es decir, quedaban siete años para el 2010 y nos quedaban cinco puntos porcentuales. En este momento, en el 2005 ya bien avanzado, nos quedan cinco años y nos quedan seis puntos porcentuales. Esa es la situación en la que nos han dejado estos dos años del Gobierno socialista.
Pienso, por tanto, que en este tema tienen unos planteamientos idílicos y, sin duda, unas aptitudes negativas. Nosotros hemos participado en esta enmienda transaccional y hemos pedido al proponente que colocara en primer lugar el punto número 5, porque era la clave. En dicho punto se solicita la rectificación de los reales decretos 7 y 809, ambos de 2006, porque rebajan a la baja estas primas de generación de renovables, lo que supone, sin duda, una losa

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en el desarrollo futuro del sector. Por tanto, creemos que está bien colocado como primer punto. Este es, sin duda, el punto que más daño ha causado al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, porque estaba obsesionado con aceptar cualquier cosa menos este punto, pero resulta que es precisamente este punto el que indica los incumplimientos del Partido Socialista y es el que hay que situar en primer lugar porque señala lo que no se ha hecho, y posteriormente aparecen los datos que le he explicado.
Es necesario desarrollar una ley de energías renovables y para ello hay que contar con las iniciativas y con las competencias de las comunidades autónomas. Por cierto, algunas de ellas están iniciando y planteando la elaboración de leyes parciales sobre esta cuestión. En mi opinión, sería mejor que existiese una ley de energías renovables a que --como han dicho algunos senadores que me han precedido en el uso de la palabra-- se regule a base de real decreto, lo que supone que no existen normas fijas de juego y que debemos estar esperando a ver lo que dice el ministro de turno. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Por tanto, señor Albistur, señores senadores, nos parece necesaria esta moción, que trata de clarificar lo que está ocurriendo en este sector, que nos habla de los incumplimientos del Gobierno en esta área y nos indica los objetivos y el camino a seguir para poder conseguirlos.
En principio tenemos una ventaja, señor Albistur y es que en estos momentos no está el señor Montilla, tan nefasto para el sector energético, pero nos preocupa, y mucho, la postura del Grupo Parlamentario Socialista, porque ha estado intentando descafeinar esta moción interpretándola a la baja y planteando conceptos abstractos que quitan la claridad con la que usted la ha presentado y que es fundamental para lograr los objetivos. Esperemos que el nuevo ministro sea más receptivo y que podamos caminar por una senda agradable y adecuada para que las energías renovables vayan por donde fueron en los años anteriores y que en los últimos años no ha podido ser.
Muchas gracias (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Se somete a votación la moción que acabamos de debatir con la enmienda transaccional firmada por el Grupo Popular, el Grupo Mixto, Coalición Canaria y el Grupo de Senadores Nacionalistas Vastos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 128; en contra, 101.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA FACILITAR LA INTEGRACIÓN DEL CABOTAJE MARÍTIMO EN LAS CADENAS INTERMODALES DE TRANSPORTE (S.
662/000141) (Votación.)

El señor PRESIDENTE: A continuación, procedemos a votar la moción anterior, firmada por todos los grupos parlamentarios, cuyo texto supongo conocen.
¿Entiendo que puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento.) Queda aprobada.


CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

-- DENUNCIA DEL CONVENIO SOBRE LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD NACIDA DE RECLAMACIONES DE DERECHO MARÍTIMO, 1976, HECHO EN LONDRES EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1976 (S. 610/000147) (C. D. 110/000147).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto quinto del orden del día. día.
Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales.
Denuncia del Convenio sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho marítimo, 1976, hecho en Londres el 19 de noviembre de 1976.
No se han presentado propuestas.
¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.) ¿Se puede entender concedida su autorización? (Asentimiento.) Se autoriza.


-- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA SOBRE COOPERACIÓN EN EL CAMPO DE LA EXPLORACIÓN Y DEL USO PACÍFICO DEL ESPACIO ULTRATERRESTRE, HECHO EN MADRID EL 9 DE FEBRERO DE 2006 (S. 610/000150) (C. D. 110/000150).


El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Gobierno de Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre cooperación en el campo de la exploración y el uso pacífico del espacio ultraterrestre, hecho en Madrid el 9 de febrero de 2006.
No se han presentado propuestas.
¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? ¿Se puede entender concedida su autorización? (Asentimiento.) Se autoriza.


-- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO ESPAÑOL Y EL GOBIERNO MACEDONIO RELATIVO A LA READMISIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN IRREGULAR, HECHO «AD REFERENDUM» EN SKOPJE EL 6 DE FEBRERO DE 2006 (S. 610/000151) (C. D. 110/000151).


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El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno macedonio relativo a la readmisión de personas en situación irregular, hecho «ad referendum» en Skopje el 6 de febrero de 2006.
No se han presentado propuestas.
¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.) ¿Se puede entender concedida su autorización? (Asentimiento.) Se autoriza.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN RELACIÓN CON CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

-- EN RELACIÓN CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO VASCO Y LA GENERALITAT DE CATALUÑA EN MATERIA DE CESIÓN DE USO DE LA INFRAESTRUCTURA JURÍDICA DEL SISTEMA INFORMÁTICO PROCESAL (S. 592/000004) (C. D. 093/000004).


El señor PRESIDENTE: Punto sexto del orden del día. Dictámenes de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con convenios y acuerdos de cooperación entre comunidades autónomas.
En relación con el Convenio de colaboración entre el Gobierno Vasco y la Generalitat de Cataluña en materia de cesión de uso de la infraestructura jurídica del sistema informático procesal.
Este convenio procede de la Comisión General de las Comunidades Autónomas aprobado por unanimidad.
¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.) Dado que el dictamen de la Comisión General de las Comunidades Autónomas concluye que no es necesaria la autorización de las Cortes Generales, votar sí al dictamen entraña ratificar este criterio y votar no al dictamen significa considerar que es necesaria la citada autorización.
¿Se entiende aprobado por asentimiento? (Asentimiento.) Queda aprobado por asentimiento.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

-- DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CIENCIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD Y DE LUCHA CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE (S. 621/000071) (C. D. 121/000082).


El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día. Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Educación y Ciencia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte.
Para su presentación, tiene la palabra la senadora Aránega.


La señora ARÁNEGA JIMÉNEZ: Señorías, el proyecto de ley orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte tuvo su entrada en la Cámara el día 17 de julio. Consta de un preámbulo, de cuatro títulos, de 49 artículos, nueve disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y ocho disposiciones finales. El plazo de presentación de enmiendas finalizaba inicialmente el día 12 de septiembre, aunque posteriormente fue ampliado hasta el día 18 de ese mismo mes.
Se han presentado en total 20 enmiendas. De ellas, 15 correspondían al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, una al Grupo Parlamentario Popular y cuatro al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El proyecto fue debatido directamente por la comisión, que se reunió el día 20 de septiembre, aprobando como dictamen el texto remitido por el Congreso de los Diputados. Durante el transcurso de la sesión de la comisión el Grupo Parlamentario Popular retiró la enmienda presentada a este proyecto de ley. Se han presentado dos votos particulares a través de los cuales el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió mantienen todas las enmiendas para su defensa ante el Pleno de esta Cámara.
Muchas gracias, señorías.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Aránega.
Ruego silencio, por favor.
Comienza el debate de totalidad. Ha solicitado la palabra la Ministra de Educación y Ciencia para la presentación de este proyecto de ley.
Tiene su señoría la palabra. (Rumores.) Ruego silencio o abandonen el hemiciclo quienes no quieran participar del debate.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero expresar mi satisfacción por la aprobación que se va a dar en el día de hoy en esta Cámara al proyecto de ley orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte.
(Fuertes rumores.) Asimismo quiero felicitar a todos los grupos parlamentarios por el esfuerzo y el trabajo que han realizado para conseguir que este proyecto sea de todos y para todo el ámbito del deporte.


El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, ruego silencio.


La señora MINISTRA de EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Este proyecto de ley, que fue

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aprobado inicialmente por el Congreso de los Diputados el día 29 de junio de este año con un apoyo mayoritario, ha conseguido el apoyo de todos a lo largo de este recorrido.
Insisto en que quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios su esfuerzo, y muy especialmente al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. También es de destacar el hecho de que sean cuatro los departamentos ministeriales coproponentes del proyecto de ley: Educación y Ciencia, Justicia, Sanidad y Consumo e Interior.
El hasta ahora proyecto de ley ha contado con un gran consenso social y político y su texto fue remitido a la consideración de un amplísimo espectro de entidades deportivas españolas e internacionales. El Consejo General de Colegios Médicos de España, así como las asociaciones de especialistas en Medicina deportiva y las organizaciones profesionales de deportistas han manifestado públicamente su apoyo al mismo, al igual que van a hacer hoy todos los grupos parlamentarios.
Como ustedes sabrán, con este proyecto de ley vamos a hacer que el deporte sea limpio, que proteja la salud e integridad de los deportistas y enriquezca la convivencia social. Un deporte alejado de las amenazas que desvirtúan sus dimensiones ética, cultural y saludable y que acepte las reglas de la competición y los principios del juego limpio, la superación, la igualdad y la solidaridad. Además, este proyecto de ley respeta escrupulosamente el actual marco competencial de las comunidades autónomas.
Como novedades, diré que esta futura norma prevé la modificación de la Ley del Deporte, la de determinados preceptos de la Ley de Seguridad Ciudadana, también la de algún precepto de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, introduce reformas en el Código Penal y crea la Agencia Estatal Antidopaje.
Finalizo esta intervención insistiendo, una vez más, en mi felicitación a todos los grupos parlamentarios, así como al secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, por su buen hacer y su búsqueda del consenso social y político. Estoy segura de que trabajando de esta forma, es decir todos juntos, cuando este proyecto de ley se convierta en norma perdurará en el tiempo y será positivo para nuestro sistema deportivo.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
¿Algún grupo desea intervenir en el turno a favor? (Pausa.) Tiene la palabra la senadora Hernández.


La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías. Muchas gracias, señora ministra, por encontrarse hoy entre nosotros y, en nombre del Gobierno, poner al deporte en el puesto que se merece.
El 29 de junio de 2006, el día en que se aprobó este texto en el Congreso, nos dijo que el proyecto de ley era el resultado de más de un año intenso de trabajo, de diálogo y de escucha junto con los agentes implicados. A tenor del consenso alcanzado, está claro que también se han escuchado e incorporado las propuestas de los grupos parlamentarios: hasta 86 enmiendas han sido aceptadas y transaccionadas en el Congreso de los Diputados, y a ello hay que añadir los acuerdos que se alcancen en el día de hoy.
Permítanme que haga una pausa para felicitar al secretario de Estado para el Deporte y hacer extensiva esta felicitación a todo su equipo, que ha trabajado muy duro y con mucha ilusión para que, como le consta a mi grupo parlamentario y a todos los que componen esta Cámara, el consenso fuera posible, y no solo en el Congreso de los Diputados sino que se ha seguido trabajando hasta última hora para que el consenso fuera total.
Esta ley da respuesta a una preocupación ciudadana; protege los fundamentos de la competencia deportiva entre iguales; cumple con el compromiso del Gobierno de tolerancia cero contra el dopaje y la acción integral de todos los poderes públicos; armoniza nuestra legislación con el consenso alcanzado en materia de lucha contra el dopaje; sitúa a España en el grupo de países que lideran la ofensiva internacional contra el dopaje, que se ha convertido en una peligrosa lacra para nuestro tiempo y está minando gravemente la salud e integridad de nuestros deportistas, traicionando la confianza del público y las reglas del juego limpio entre iguales.
El dopaje no es un problema de las federaciones deportivas, sino una cuestión de Estado, y esta ley establece los instrumentos para que esta amenaza, no solo deportiva sino también social, pierda la meta. La AMA, la Agencia Mundial Antidopaje, ya planteó con claridad la imposibilidad de dar marcha atrás en la implicación del Estado, que es parte afectada.
El dopaje es un problema de seguridad pública y la responsabilidad de la lucha contra el dopaje debe recaer, por tanto, en los poderes públicos.
El uso en el deporte de sustancias o métodos prohibidos es incompatible con la ética deportiva y la necesaria igualdad entre los competidores y, además, vulnera los valores del deporte, propiciando el triunfo de quien utiliza la trampa y el engaño para superar al adversario. Pero, sobre todo, incide negativamente en la salud del deportista, convirtiendo en perniciosa una actividad que de suyo es saludable.
El dopaje comporta aceptar el triunfo de la trampa y el engaño, destruyendo así la capacidad del deporte para ser un influyente espejo social en el que se miran sucesivas generaciones de adolescentes para aprender a ganar, a perder, a tener coraje, a ser leales y solidarios y a superarse ante la adversidad.
El deporte se ha convertido en uno de los fenómenos sociales más relevantes del mundo global en el que vivimos. En su dimensión profesional es, con diferencia, el espectáculo que moviliza y reúne mayores audiencias en todo el mundo. Al mismo tiempo, la actividad física y deportiva que de forma individual o en grupo desarrollan millones de ciudadanos es uno de los rasgos característicos que comparten hoy las sociedades más prósperas y desarrolladas de nuestra época.
Esta ley modifica la Ley del Deporte, en particular los Títulos VIII y XI, así como determinados preceptos de seguridad

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ciudadana, algún precepto de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la reforma del Código Penal, porque se hace necesario adoptar un criterio de política criminal que, por una parte, potencie la investigación de las conductas prohibidas y mejore los resultados de las medidas represivas contra el dopaje en el deporte y, por otra, ofrezca un tratamiento punitivo adecuado para sancionar la conducta de las personas pertenecientes al entorno del deportista que intervengan o propicien el dopaje y/o el tráfico ilegal, la distribución y la venta de sustancias prohibidas. Se articulan medidas punitivas que sancionan las conductas favorecedoras del acceso descontrolado de los integrantes de la comunidad deportiva a productos, sustancias y métodos dopantes, ya que estas conductas, además de neutralizar o anular los beneficios que proporciona la actividad deportiva --lo cual se castiga a través de las sanciones administrativas--, constituyen un riesgo cierto para la salud al apartarse de los cauces, garantías y previsiones legales que regulan su adecuada y correcta comercialización, tratamiento, dispensación o administración.
Otra modificación es que se constituye la agencia española antidopaje, y su misión será hacer más ágil, dinámica y coordinada la acción integral de las administraciones públicas destinadas a perseguir y erradicar el dopaje en el deporte.
Otra novedad es la comisión de control y seguimiento de la salud y el dopaje. Se desarrollan los procedimientos de localización de deportistas con objeto de realizar controles por sorpresa, pero incorporando una serie de límites horarios y de procedimientos que preservan el derecho al descanso, a la intimidad y a la dignidad de los deportistas.
Nuevos también son el control, inspección y posible decomiso de sustancias prohibidas en botiquines de los equipos médicos que intervienen en competiciones deportivas. Regula la obligación de declarar el contenido de los botiquines utilizados por médicos y personal sanitario acompañante de los deportistas antes, durante y después de las competiciones y establece la obligación de exhibir los documentos justificativos de la utilización terapéutica de fármacos que contienen sustancias prohibidas.
Se acortan los plazos y se evitan dilaciones en las resoluciones de expedientes, para mejorar los procedimientos administrativos de control y represión del dopaje, y se introduce una fórmula arbitral de resolución de expedientes que desincentive el recurso de la justicia ordinaria en caso de expedientes sancionadores por haber dado positivo en controles de dopaje.
Se regulan las sanciones por venta ilegal de suplementos nutricionales que contengan sustancias prohibidas y peligrosas para la salud. Se pone en marcha la tarjeta sanitaria del deportista y se regula la extracción de muestras sanguíneas en los controles de dopaje.
El Gobierno se comprometió en sede parlamentaria a trabajar en pro de un compromiso internacional contra el dopaje que armonizara las disposiciones legales en el mayor número posible de países. El secretario de Estado nos anunció desde el primer día tolerancia cero contra el dopaje. Este compromiso en favor de un deporte sin dopaje es hoy un compromiso de todos y todas. Asumimos sin reservas la frase del presidente del COI de que ser un campeón entraña algo más que cruzar primero la línea de llegada; un campeón es más que un ganador, un campeón es alguien que respeta las reglas, rechaza el dopaje y compite dentro del espíritu del juego limpio.
Nos hemos empeñado todos y todas en hacer del deporte una actividad limpia, ejemplar y saludable, y sobre todo en proteger la salud del deportista, y en este marco van a volver a permitirme que dé las gracias --y no solo la felicitación-- al secretario de Estado para el Deporte, porque su capacidad de diálogo y de alcanzar acuerdos y su trabajo han hecho posible que quienes recurren al engaño en las competiciones deportivas y quienes se lucran poniendo en juego la salud del deportista tengan hoy motivos justificados para la preocupación. Nos tienen a todos y todas enfrente, contra ellos, en defensa del deporte.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Entiendo que no hay turno en contra.
Pasamos a continuación al debate de las enmiendas. En primer lugar, enmiendas 17 a 20, de Convergència i Unió.
Tiene la palabra la senadora Aleixandre.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.
Bienvenida, señora ministra, a esta Cámara. Nos alegramos de su deferencia hacia esta Casa precisamente cuando presenta usted una ley con un consenso total, de todos los grupos.
Hoy estamos realizando el último paso para la aprobación de una ley totalmente necesaria: la ley orgánica para la protección de la salud y la lucha contra el dopaje en el deporte. Aunque en esta última década ya existían sucesivas normativas de carácter reglamentario para garantizar la calidad y la homologación tanto de los laboratorios públicos como privados, así como la lista de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos --listado que era actualizado a través del «Boletín Oficial del Estado» anualmente-- y un régimen de infracciones y sanciones, no existía una ley que reuniese toda la normativa existente con un carácter orgánico.
Es una ley necesaria, no solo porque debíamos ser capaces de liberar de sospecha a la mayoría de nuestros deportistas --que ahora están permanentemente bajo sospecha de dopaje--, sino porque España firmará --y usted lo sabe perfectamente-- en los próximos meses la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, aprobada recientemente por la UNESCO, que incorpora los principios del Código Mundial Antidopaje.
Señorías, la asociación de deporte y salud ha estado presente en todas las civilizaciones occidentales, desde la Grecia clásica hasta la actualidad, y yo diría que incorporada en nuestro pensamiento involuntario. Por lo tanto, cualquier iniciativa que sea capaz de destruir este binomio debe ser impedida con todas nuestras fuerzas.


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Por desgracia, hoy es mucho más habitual de lo que la mayoría de ustedes supone la utilización de sustancias para aumentar la capacidad física del individuo, sustancias que, por regla general, producen efectos adversos a medio y largo plazo e, incluso, en algunas circunstancias pueden provocar la muerte del individuo en cuestión. Si bien la utilización de ese tipo de sustancias no es nueva en la historia del deporte, sí lo es su utilización en las cantidades y con los conocimientos científicos actuales. Lo verdaderamente preocupante es su uso sin conciencia de riesgo, no solo por parte de los deportistas de élite, sino también por deportistas no profesionales, llegando su utilización a gimnasios y centros de deporte recreativo. La mayoría de los entrenadores desconoce sus efectos adversos, lo que lo hace doblemente peligroso, ya que llega hasta la capa más sana de nuestra sociedad: los que practican deporte habitualmente, entre ellos, jóvenes y adolescentes.
Esta es una ley basada, como ha dicho la senadora Hernández, en los principios de rechazo y tolerancia cero hacia el dopaje, cuyo componente principal es la salud individual, la salud pública, así como el compromiso con los valores de juego limpio y de libre competición entre iguales. Su ámbito de aplicación se extiende no solo a los deportistas --y esto es bueno-- con licencia federativa y autonómica homologada, sino que alcanza a todos los ámbitos de la actividad deportiva, tanto competiciones oficiales como --y este punto es muy importante-- las de carácter popular y recreativo.
Pero la lucha contra el dopaje no va a ser fácil de eliminar. El deporte de competición mueve cantidades inmensas de dinero, lo que conlleva indefectiblemente fraude y picaresca. Hasta ahora, era el deportista el único responsable del delito. Sin embargo, señorías, ustedes saben que, en muchas ocasiones, los deportistas son personas que ven en la competición la salida de una vida difícil y la posibilidad de llegar a una vida llena de éxitos profesionales y económicos. La vida del deportista es corta, por tanto, hay que aprovecharla al máximo. Por esta razón son presa fácil de personas sin escrúpulos, a los que no les importa poner en peligro su salud e, incluso, su vida. Esta ley los hace responsables a todos.
Por otro lado, el número de sustancias puede ser infinito, desde las de procedencia humana en distintas concentraciones, como las hormonas o la conocida EPO, hasta las transfusiones de la propia sangre, difíciles de detectar; todo ello, junto a las nuevas moléculas, desconocidas por los laboratorios de análisis. Debo recordarles que los laboratorios solo encuentran en los análisis la molécula que van a buscar y, por lo tanto, si la sustancia dopante es desconocida será difícil de identificar por el laboratorio. Por ello, esta ley debe crear un marco sistemático y transversal de prevención que muestre a todos los implicados el peligro existente en la utilización de sustancias, más allá de la infracción de la ley, en especial, en lo que respecta a gimnasios y organizaciones de deportistas recreativas a las que acuden niños y jóvenes.
Esta ley debía ser ejemplo para otras leyes. Se trata de una ley sanitaria que a su paso por el Congreso ha contado con el consenso que para sí hubiesen necesitado otras leyes, cuya gran oportunidad se ha perdido para el futuro de este país. Me estoy refiriendo concretamente a la recién aprobada Ley de Educación, que no fue fruto del consenso. Sin embargo, esta ley sí fue fruto del consenso. Se trata de una ley prácticamente sin enmiendas y, como usted ha dicho, señora ministra, una ley de largo recorrido, ya que precisamente por el consenso obtenido tendrá una larga vida.
Después del consenso obtenido por la misma en el Congreso, y felicito al secretario de Estado por el esfuerzo realizado, nuestro grupo parlamentario presentó cuatro enmiendas, tres que voy a defender a continuación, y una, la número 20, que hacía referencia al compromiso de financiación de los laboratorios acreditados, ya que, debido a la complejidad y variabilidad permanente de las sustancias a analizar, creíamos que era necesario que la ley contemplase el compromiso de la Administración no solo de mantenerlos en perfectas condiciones, sino de dotarlos de técnicas innovadoras.
Las enmiendas que hemos dejado vivas, y que paso a defender, tienen un punto en común. Son enmiendas técnicas a favor del reconocimiento de los diferentes órganos y organismos existentes en las comunidades autónomas, así como sus atribuciones en los casos que afecta al desarrollo de la ley.
La enmienda número 17 pedía que se respetaran las competencias en materia de planificación y programación.
En la enmienda número 18, referente al artículo 5, correspondiente a la obligación de someterse a controles antidopaje, en su apartado uno, dedicado a los órganos que determinan los controles a seguir, se cita a la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y del Dopaje y nosotros añadíamos «... los órganos y organismos competentes en la materia de las Comunidades Autónomas». Nuestra petición estaba basada en el artículo 83.2 de la Ley 1/2000 del Parlament de Catalunya, del Deporte...


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya, por favor.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Sí, señor presidente, pero solo voy a hacer esta intervención; luego no utilizaré el turno de portavoces.
Decía que la Ley 1/2000, del Deporte, del Parlament de Catalunya, establece que la Comisión Antidopaje de Cataluña tiene competencias en cuanto a determinar las competiciones o pruebas deportivas en las que es obligatorio el control antidopaje. Esta fue una de las primeras leyes antidopaje del Estado español; estamos hablando del año 2000.
La enmienda número 19 propone que en el artículo 45.1.d), después de «Organizaciones y federaciones deportivas españolas...» se añada «... de ámbito estatal o autonómico...» dando cabida a las federaciones autonómicas ya existentes. Es evidente que son la mejor herramienta para llegar a todos los deportistas adscritos a ellas.
Como verán, las enmiendas tienen un solo fin: el reconocimiento de órganos y organismos existentes en algunas comunidades, como Cataluña.


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Nuestro fin no es romper el consenso ni retrasar la puesta en marcha de la ley. Por eso, aunque no sean admitidas nuestras enmiendas, votaremos a favor del dictamen.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, 1 a 15.
Tiene la palabra el senador Maqueda.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, bienvenida a la Cámara. Bienvenido, señor Lissavetzky, y bienvenido el resto del equipo.
En esta ley, importante para nuestro grupo, ha habido mucho diálogo y al final ha habido consenso. Quiero felicitar a la ministra y agradecerle que podamos seguir con el diálogo; ya se lo dije el otro día en la Comisión. Espero que en el debate sobre la LOU tengamos más colaboración, al contrario de lo que ocurrió con la LOE, y alcancemos los acuerdos necesarios en beneficio de todos los colectivos implicados.
Quiero agradecer especialmente la disposición del secretario de Estado para el Deporte --don Jaime Lissavetzky--, que ha estado pendiente en todo momento, y desde que empezó el debate en el Congreso hasta ahora ha colaborado con nosotros. Le felicito por la tramitación de la ley.
Como saben, hay una serie de artículos, especialmente los que modifican la Ley del Deporte, que tienen un peso trascendental para nuestro grupo, desde el punto de vista de las competencias en materia de deporte asignadas a la comunidades autónomas. De las 15 enmiendas que mantenemos vivas, hay dos fundamentales: la número 7 y la número 15, tal como están recogidas en boletín del Senado, que comentaré ahora.
En relación a la número 7, sobre la que hemos mantenido una negociación más larga, se ha conseguido un transacción que no satisface todas nuestras demandas, pero por la cual nos felicitamos en aras de lograr el consenso general. Felicitamos también al señor Lissavetzky por su esfuerzo. En esta enmienda demandábamos la participación de las agencias de dopaje de las comunidades autónomas, en el caso de que existieran, de modo que pudieran estar representadas directamente en la Agencia Mundial Antidopaje. No se ha conseguido el consenso. Ya le manifestamos al señor Lissavetzky que nos hubiera gustado lograrlo. Se ha transaccionado con el resto de los grupos que las agencias antidopaje de las comunidades autónomas puedan tener una representación en la Agencia Estatal Antidopaje, y manifestar en ella las sugerencias para trasladarlas a la agencia mundial. Tengan en cuenta que hay deportes, como el remo o la pelota vasca, que están organizados por federaciones autonómicas, en este caso las vascas. Entendíamos que al menos esas federaciones deberían haber tenido su representación en la AMA. No ha sido posible. La transacción ha ido por otro camino, y nos felicitamos por ello aunque no estemos satisfechos, puesto que nuestra reivindicación era otra.
En cuanto a las competencias deportivas, sabemos lo que ha dicho el Tribunal Constitucional una y otra vez, y tenemos que decir que no estamos de acuerdo en cómo se ha redactado la disposición final primera, a la que hace referencia la enmienda número 15. Saben que esta es una reivindicación que ya hemos mantenido y que vamos a seguir manteniendo en todos los debates en el sentido de que las selecciones deportivas autonómicas puedan participar adecuadamente en las representaciones internacionales.
Con esta enmienda número 15 a la disposición final primera se pretenden modificar los artículos 30 y 32 de la Ley del Deporte, el primero sobre la naturaleza jurídica de las federaciones deportivas y asunción de las funciones delegadas, y el segundo sobre la participación en competiciones estatales o internacionales de las federaciones deportivas autonómicas.
Entendemos que el título competencial 149.1.3ª de la Constitución Española --competencia estatal en relaciones internacionales-- no es el título vinculado a los artículos de la ley 10/1990 que en la enmienda se modifican, pues, además, ello no se recoge en la disposición final cuarta.
Consideramos que el objeto de la enmienda número 15 debería tener cabida en la ley del deporte, y en conclusión, que nada impide que el legislador pueda legítimamente optar para que las federaciones deportivas autonómicas tengan relaciones con las federaciones deportivas internacionales sin estar obligadas a integrarse en las federaciones deportivas españolas. Asimismo tampoco se debería prejuzgar la posibilidad de que las federaciones autonómicas representen al deporte federado en su respectiva comunidad autónoma e integren en consecuencia sus correspondientes selecciones nacionales, todo ello si la normativa autonómica así lo prevé, como es el caso.
Repito que esta enmienda número 15 lo es de concepto en cuanto que recoge nuestra forma de entender el deporte y las relaciones comunidades autónomas-Estado, un concepto que vamos a seguir defendiendo en todos los debates que mantengamos porque entendemos que es nuestro derecho y nuestro deber.
Y voy terminando. De las 15 enmiendas que habíamos presentado retiramos 13, la número 7 se ha transaccionado y la número 15 queda viva y la vamos a someter a votación, y pedimos a los diferentes grupos parlamentarios que nos presten su apoyo si es que entienden que debe defenderse la presencia de las comunidades autónomas y de las selecciones autonómicas en competiciones internacionales. Eso es algo, por cierto, que ya sucede en otros países de Europa, y nadie se rasga las vestiduras por ello.
Nosotros no entendemos por qué en el Estado español hay que hacer algo diferente a lo que ya se hace en otros Estados de la Unión, pero si alguien nos lo explicara, quizá podríamos llegar a entenderlo.
En cualquier caso, nuestro grupo parlamentario va a votar definitivamente a favor del dictamen final, porque entendemos que esta ley de protección de la salud y de la lucha contra el dopaje en el deporte es totalmente necesaria. Consideramos que se ha elaborado una ley adecuada, aunque desde nuestro punto de vista particular, como nacionalistas vascos que somos, nos hubiera gustado que se hubiera

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orientado de otra manera y se hubiera demostrado sensibilidad en materia deportiva hacia las comunidades autónomas y hacia las selecciones deportivas.
Mantenemos, pues, nuestras discrepancias políticas, aunque nos sumamos al consenso general alcanzado en la Cámara por todos los grupos parlamentarios respecto de algo tan importante como la protección de la salud y la lucha contra el dopaje en el deporte.
Nada más y muchas gracias. «Eskerrik asko».


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno en contra tiene la palabra la señora Hernández.


La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente y desde el escaño para agradecer al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos la retirada de esas 13 enmiendas, así como su flexibilidad a la hora de transaccionar la número 7 con todos los grupos parlamentarios y el esfuerzo que me consta ha hecho el senador Maqueda para que así fuera.
En cuanto a la enmienda número 15 que aún mantiene viva, siento comunicarle que a juicio de mi grupo parlamentario poco tiene esta que ver con la lucha antidopaje. Dejemos ahí el tema porque este no es momento de profundizar en ello, sino que más bien debe ser objeto de otras iniciativas parlamentarias.
La senadora Rosa Núria Aleixandre, de Convergència i Unió, mantiene vivas tres enmiendas. Le agradezco que retire la número 20, ya que venía recogido en el articulado su preocupación por la financiación. En cualquier caso, quiero decirle que a lo largo de todo el articulado de la ley hay un respeto escrupuloso a las competencias de las comunidades autónomas, y que esa sensibilidad que manifiesta sobre las competencias de las comunidades autónomas queda recogida en parte en la transaccional lograda con el Grupo Vasco.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Urrutia.


El señor URRUTIA ELORZA: Gracias, señor presidente.
Bienvenidos, señora ministra y autoridades. Este proyecto de ley ha sido consensuado casi en su totalidad. El ejercicio del deporte y la búsqueda de la seguridad deportiva hacía necesaria una política activa en cuanto a la existencia de un marco de represión del dopaje en el deporte. Era necesario para el deporte en todos los niveles, no solo en el nivel profesional, donde el dinero y la fama pueden llegar a crear problemas y tensiones incentivando a la gente al vicio del dopaje, sino también en el nivel de aficionados, donde el dopaje y las situaciones de utilización de elementos de subterfugio son una realidad.
Por eso, nos parece que con este proyecto de ley y con esta ley es fundamental que empecemos a realizar controles con verdaderas garantías, que se cumplan todas y cada una de las exigencias, que se cumplan todos y cada uno de los plazos y que no sucedan actuaciones, como en algunos casos, que han podido dejar en la estacada a ciertos deportistas con ciertos problemas.
Además, solicitamos, como bien dice el texto de la ley, la homologación y el funcionamiento de los laboratorios públicos y privados, funcionamiento total y auténtico, dotándoles de los medios y de los recursos necesarios, de tal forma que el objetivo sea un deporte limpio en todos los niveles, en el deporte escolar, en el universitario, en el profesional y en el de tercera edad.
También es necesario llegar a un grado de información y formación en los niños y en la gente más joven; que se fomente el deporte y se haga con todas las características de limpieza. No hay que buscar siempre ser el primero y batir todos los récord, sino que el deporte debe ser una competición para crear solidaridad, amistad y pensamiento de cara al futuro.
El año 1999 fue el inicio de este sistema, de este marco internacional y el ámbito --y termino con ello-- que se va a establecer a partir de este momento debe, ante todo, preservar la salud pública y privada en todos los sectores de la actividad deportiva, no solo en el deporte profesional, sino en el deporte que se realice desde la más tierna infancia. Hemos de proporcionar las medidas que eviten poner en riesgo la vida de las personas en todos los deportes y en todas las actuaciones.
Como último elemento --no tanto de apoyo, sino más bien de poner sobre la mesa--, quiero apoyar la postura del senador nacionalista vasco, el señor Maqueda, ya que la problemática de las competencias propias no solo en el dopaje, sino en el deporte a nivel de comunidad autónoma no ha quedado clara, ni ha quedado clara desde un punto de vista de estrategia por parte del Gobierno.
Felicitaciones cordiales tanto a la señora ministra como a todos los estamentos y a todas las señorías que han apoyado esta ley, con el deseo de que sea el punto de inicio de un deporte limpio en todos los niveles y en todas las escalas.
«Eskerrik asko».


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El Grupo de Coalición Canaria no desea hacer uso de la palabra.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tampoco.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Maqueda.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Brevemente. Le decía a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que, efectivamente, en esa ley si se han modificado artículos, brevemente, como decía ella, relacionados con la ley del deporte; de ahí nuestra enmienda número 15. No obstante, le tomamos la palabra y, si este no es el momento de nuestra vieja reivindicación, esperemos que en otro ámbito, dentro de otra ley, ella también sea

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portavoz y podamos llevar adelante este debate, porque, como he dicho, no es que estemos pidiendo algo que se nos ha ocurrido, sino que ya existe en Europa. Desde esa reivindicación seguiremos peleando.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra la senadora Baig.


La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, señor presidente.
Bienvenidos, señora ministra y equipo. Nosotros votaremos afirmativamente y con fuerza esta ley de protección de la salud y de la lucha contra el dopaje en el deporte, porque nos parece que el paso del tiempo y una sociedad tan competitiva como la que nos ha tocado vivir, en la que todo está permitido con tal de ganar, han incidido de tal manera que ha marginado los valores educativos en la práctica del deporte, en la formación integral de la persona, física y éticamente. Nosotros vemos con muy buenos ojos que esta ley pueda romper con esta idea de una sociedad tan competitiva, y se lleve también al deporte.
Nos gusta de este proyecto de ley el que incide en la salud de todos los deportistas, tanto en los de elite y alta competición como en los practicantes y aficionados de actividades físicas y deportivas, para que se pueda lanzar a la sociedad este mensaje de tolerancia cero, dada la lacra social que amenaza la salud y que también erosiona, lamina y destruye valores éticos que dan sentido y fundamentan cualquier competición deportiva.
Nuestro grupo no ha presentado enmiendas a este proyecto de ley porque las tres formaciones políticas que lo conforman votaron afirmativamente en el Congreso de los Diputados, dado que nuestras enmiendas habían sido trabajadas conjuntamente para establecer que la lucha contra el dopaje fuera una implicación de todas las administraciones públicas. Felicitamos al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por retirar las enmiendas relativas a las selecciones nacionales, porque nosotros queremos juego limpio en todas ellas, y nos parecía que se podía abrir alguna brecha, cuando no era así en las selecciones nacionales.
Valoramos positivamente que haya este amplio consenso de los grupos políticos. La ministra también nos ha dicho que este consenso era social, y eso nos abre las puertas a extender más fácilmente a la sociedad el valor del deporte y de los deportistas que juegan limpio, de los que compiten entre iguales, y no debe ser solo porque hay sanciones, sino por el código ético del deporte, además de por la salud individual y pública.
Termino con una cita que vi ayer, en una de las muchas revistas que recibimos los senadores, de la Fundación Miguel Indurain: Educar a los atletas, entrenadores, médicos, jóvenes y padres sobre los efectos beneficiosos del deporte y sobre los peligros del dopaje. El dopaje es tramposo, poco limpio y contrario al espíritu deportista. El uso de drogas es nocivo para la salud de los que se dopan, para los deportistas limpios que compiten contra ellos, y para la integridad, la imagen y el valor del deporte.
Por eso hoy damos un sí bien fuerte a esta ley.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Pezzi.


El señor PEZZI CERETO: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora ministra, señor secretario de Estado, equipo ministerial, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios el apoyo a este proyecto de ley orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte.
Este consenso parlamentario en el Senado desde mi punto de vista, viene a recoger el consenso social tanto del gran público que quiere asegurarse que se respetan las reglas del juego limpio en el deporte como de los afectados directamente --deportistas, expertos en disciplinas deportivas, organizaciones, etcétera--, que desean asimismo asegurar la salvaguarda de la salud de los deportistas como garantía de calidad de vida.
Esta ley tuvo un buen precedente en el Plan de Acción Integral contra el Dopaje en el Deporte, de febrero de 2005, y tiene su correlato lógico en la convención internacional contra el dopaje en el deporte.
La ciudadanía española aficionada a los deportes --y, si me apuran, la internacional--, ha seguido con curiosidad y expectación la firmeza del Gobierno de la nación en su lucha contra el dopaje, tanto por la aprobación de esta ley como por las operaciones policiales llevadas a cabo en España para desmantelar redes ilegales que traficaban con sustancias prohibidas en el deporte, que han tenido un gran impacto mediático.
Quizá la III Conferencia Mundial contra el Dopaje, que se celebrará en Madrid en el año 2007 por acuerdo de la Agencia Mundial Antidopaje, pueda dar a conocer plenamente este esfuerzo legislativo y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para conseguir la limpieza del deporte y darle realce.
Todos queremos admirar al campeón, al ganador de una prueba, pero queremos tener la convicción de que ha respetado las reglas del juego y que ha ganado sin hacer trampas. Esta ley, que viene de la mano del consenso, va a asegurarlo de manera más potente, y espero que de forma definitiva.
El Senado dice hoy que nuestro compromiso público es el de tolerancia cero con los tramposos y ventajistas en el deporte. Queremos juego limpio, queremos eliminar la lacra del dopaje, que pone en peligro los valores éticos que dan sentido a la competición deportiva.
Por tanto, felicitémonos todos, y también el Gobierno, que mandó el proyecto de ley, porque el Senado ha dado de nuevo un gran paso en la dirección adecuada en pro del deporte.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Blasco.


La señora BLASCO SOTO: Gracias, señor presidente.
En nombre de mi grupo parlamentario me gustaría agradecer la intervención de la señora ministra e, igualmente, la labor de búsqueda de consenso del señor secretario de Estado para el Deporte, don Jaime Lissavetzky, y de todo su equipo --presentes en esta tribuna--, y nos felicitamos por llegar a este punto del trámite parlamentario con un importante acuerdo de todos los grupos de esta Cámara. Dada nuestra participación, también consideramos que esta es una ley nuestra.
Señorías, hoy estamos debatiendo una ley necesaria que modifica la Ley del Deporte en lo referente a la normativa sobre dopaje, vigente en los últimos quince años. En este tiempo, esta amenaza social, sanitaria y deportiva ha experimentado un cambio vertiginoso y, por desgracia, cada vez son más las noticias de los casos positivos de dopaje.
Este proyecto de ley orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje demuestra que el deporte es un lugar de encuentro, que en él tienen cabida todos los colores y sensibilidades, y que une a la sociedad. Esta ley es un buen ejemplo de legislación completa y, una vez aprobada, será una buena herramienta para luchar contra el dopaje en el deporte.
Consideramos que esto es así porque, en primer lugar, el objetivo prioritario de la ley es la salud del deportista; se introduce la tarjeta sanitaria, respetando los derechos fundamentales en lo relativo a la privacidad y confidencialidad en la protección de datos de carácter personal del deportista. En segundo lugar, incorpora un artículo al Código Penal que pretende acabar con la impunidad que hasta ahora rodeaba al entorno del deportista y a los inductores a esta práctica de dopaje.
Sin quitar la culpa al deportista, todos sabemos que en muchos casos se ven presionados por su entorno, por lo que es lógico que paguen todos los implicados.
Por último, en mi grupo consideramos de gran importancia el hecho de que la ley no solo haga referencia al deporte de elite. Hace unos meses, presentamos una moción en esta Cámara que hacía referencia a este punto, es decir, a la actividad deportiva no competitiva, y ahora hay que destacar que la ley se amplía a aquellos deportistas que practiquen deporte no competitivo, que no son deportistas de alto nivel. La ley también hace referencia a estos deportistas que, aún sin lograr marcas, podrían ser inducidos por razones de estética, etcétera, en gimnasios u otras instalaciones deportivas, a consumir anabolizantes u otras sustancias nocivas para la salud. Así pues, las medidas que se introducen en la ley, una vez adoptadas, serán un buen instrumento para prevenir el dopaje, luchar contra él y crear buenas prácticas en las actividades deportivas.
El objetivo de nuestro grupo es la defensa del deportista y sus derechos.
Su imagen será el modelo que sigan nuestros jóvenes. El todo vale no vale para el buen deportista. La victoria a cualquier precio no enaltece ni da gloria, sino que avergüenza y desacredita al que así la obtiene. La imagen de nuestros deportistas será también la imagen de nuestro país.
Solo quisiera añadir, como deportista que soy, el sentir de muchos de mis compañeros por no verse implicados, como ha venido ocurriendo, antes de conocer los resultados reales, todos sabemos a qué casos me estoy refiriendo, porque todos somos inocentes hasta que no se demuestra lo contrario.
Para terminar, diré que, después del consenso obtenido en esta materia, ojalá el Gobierno se implicara de la misma manera en la búsqueda de acuerdos respecto a otras leyes, porque no solo saldría ganando el deporte, como sucede en este caso, sino todos los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señorías, vamos a proceder a votar las enmiendas del proyecto de ley orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte. (La señora Aleixandre i Cerarols, pide la palabra.) Tiene la palabra la señora Aleixandre.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Muchas gracias, señor presidente.
Renunciamos a la votación de nuestras tres enmiendas.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Pasamos, a continuación, a votar la enmienda número 15, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a favor, 11; en contra, 196.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos la transaccional, número de registro 72.641. Como está firmada por todos los grupos, ¿puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.) Se aprueba por asentimiento.
Votamos el dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a favor, 206; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos.) Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Se levanta la sesión.


Eran las veintiuna horas y quince minutos.

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