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DS. Senado, Pleno, núm. 107, de 20/12/2006
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO

Año 2006 VIII Legislatura
Núm. 107
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 20 de diciembre de 2006


ORDEN DEL DÍA:

Primero

PREGUNTAS

-- De D. FÉLIX AYALA FONTE, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre las acciones que prevé impulsar el Estado para cooperar con la Comunidad Autónoma de Canarias en el desarrollo de los planes de contingencia para su Zona Marina de Especial Sensibilidad (ZMES). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 680/001097).


-- De D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la opinión del Gobierno en relación con la reapertura de la línea férrea entre Zaragoza, Canfranc (Huesca) y Pau (Francia), a la vista del informe de la entidad francesa Réseau Ferré de France (RFF) correspondiente al año 2003. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 680/001100).


-- De D. LLUÍS ARAGONÈS DELGADO DE TORRES, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre la valoración del Gobierno en relación con la propuesta de la empresa Star Alliance de agrupar las operaciones de sus aerolíneas en la futura terminal sur del aeropuerto de El Prat, en Barcelona. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 680/001107).


Página 6446


-- De D. JUAN JOSÉ ORTIZ PÉREZ, del Grupo Parlamentario Popular, sobre las causas por las que el Ministerio de Fomento, aun conociendo las irregularidades de la compañía aérea Air Madrid Líneas Aéreas, S. A., no ha actuado hasta ahora. (Número de expediente S. 680/001123).


--De Dª MARÍA DEL MAR ANGULO MARTÍNEZ, del Grupo Parlamentario Popular, sobre las gestiones que está realizando el Gobierno para solucionar el caos generado como consecuencia de la suspensión de la actividad de la compañía aérea Air Madrid Líneas Aéreas, S. A. (Número de expediente S.
680/001122)

-- De D. FRANCISCO JAVIER MAQUEDA LAFUENTE, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar la viabilidad de la empresa Babcock Power España, S.A., ante el incumplimiento del plan industrial reconocido por la propia dirección de la empresa Austrian Energy & Environment AG (ATB/AEE). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 680/001103).


-- De D. JORDI CASAS I BEDÓS, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la valoración del Gobierno acerca del nivel de endeudamiento de las familias españolas. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 680/001105).


-- De D. MANUEL PEZZI CERETO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre los objetivos establecidos por el Gobierno para el Año de la Ciencia en España en 2007. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 680/001111).


-- De D. VÍCTOR MANUEL URRUTIA ABAIGAR, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las medidas que está adoptando el Ministerio de Educación y Ciencia para activar la incorporación de investigadores al sector privado. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 680/001112).


-- De D. JOSÉ SEGUÍ DÍAZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las previsiones del Gobierno en relación con la anunciada subida de tarifas eléctricas. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 680/001121).


-- De Dª INMACULADA LOROÑO ORMAECHEA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre los motivos que han impulsado al Gobierno a aprobar un Real Decreto por el que se mejora la prevención de la parasitosis por anisakis en productos de la pesca ofrecidos en establecimientos de restauración o de colectividades. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 680/001101).


-- De Dª ROSA NÚRIA ALEIXANDRE I CERAROLS, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre si tiene previsto el Ministerio de Sanidad y Consumo alguna legislación de control sobre los denominados alimentos ecológicos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 680/001104).


-- De D. ANTONIO ROMÁN JASANADA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas previstas por el Gobierno ante el incremento del consumo de cocaína en España. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 680/001116).


-- De D. FRANCISCO XESÚS JORQUERA CASELAS, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre los medios que está utilizando el Gobierno para el seguimiento y neutralización de las manchas de fuel en la zona del hundimiento del buque petrolero «Prestige». (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 680/001102).


-- De D. FRANCISCO JAVIER IGLESIAS GARCÍA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los motivos por los que no se utilizó la presa de Irueña, de Fuenteguinaldo (Salamanca), para conseguir laminar las avenidas de agua de este otoño a su paso por Ciudad Rodrigo (Salamanca). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 680/001119).


Página 6447


-- De D. EDUARDO CUENCA CAÑIZARES, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para combatir la especulación y corrupción urbanística en los gobiernos locales.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 680/001073).


-- De D. PERE MACIAS I ARAU, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre los trámites para la creación del Museo Nacional de Arquitectura y Urbanismo. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 680/001078).


-- De Dª ANA MARÍA CHACÓN CARRETERO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la presencia y participación internacional del Gobierno en materia de políticas urbanas y de vivienda. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 680/001113).


-- De D. EDUARDO DE ORDUÑA PUEBLA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre los resultados del Gobierno en relación con las políticas de vivienda y suelo. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 680/001114).


-- De D. HILARIO CABALLERO MOYA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las condiciones de vida en las que nuestras tropas en misiones en el exterior desarrollan su actividad. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 680/001109).


-- De D. ARTURO GONZÁLEZ LÓPEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la asistencia sanitaria que tienen nuestras tropas en las distintas operaciones que se desarrollan en el exterior. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 680/001110).


-- De D. IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las medidas previstas por el Gobierno para propiciar la democratización y el respeto de los derechos humanos por parte del régimen de Teodoro Obiang Nguema en Guinea Ecuatorial. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 680/001076).


-- De Dª ELENA ETXEGOYEN GAZTELUMENDI, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las razones del Gobierno para la abstención de su representante en la última reunión de la IVª Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, que aprobó una nueva resolución reafirmando el derecho de autodeterminación del Sáhara occidental.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 680/001079).


-- De D. JOSÉ MENDOZA CABRERA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre las modificaciones urgentes que prevé promover el Gobierno en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con respecto al derecho marítimo internacional vigente. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 680/001098).


-- De D. JOSÉ CASTRO RABADÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las previsiones del Gobierno acerca del ejercicio de la Presidencia de la Organización sobre Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) por parte de España en el año 2007. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 680/001108).


-- De D. DIONISIO GARCÍA CARNERO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los acuerdos para el control de la inmigración ilegal que ha firmado el Presidente del Gobierno con el Presidente de Senegal.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 680/001118).


-- De D. JOSEP PIQUÉ I CAMPS, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los resultados de la visita del Presidente del Gobierno a Argelia. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 680/001120).


Página 6448


-- De Dª MARIA BURGUÉS BARGUÉS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre la fecha prevista por el Gobierno para desafectar los terrenos de dominio público ferroviario con el objeto de desarrollar el proyecto de urbanización Plan Especial de la estación de Lleida, aprobado por el Pleno de su Ayuntamiento. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 680/001106).


Segundo

INTERPELACIONES

-- De D. LLUÍS MARIA DE PUIG OLIVE, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las perspectivas de solución y los planes internacionales europeos y españoles para tratar de aportar una ayuda positiva a la situación de Oriente Medio. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 670/000135).


-- De D. AGUSTÍN CONDE BAJÉN, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas que piensa impulsar el Gobierno para garantizar la independencia del poder judicial. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 670/000136).


-- De Dª MARÍA MERCEDES COLOMA PESQUERA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre el desarrollo y avance logrado por el Gobierno en materia de disponibilidad de servicios públicos a través de Internet en España. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 670/000137).


-- De D. RAFAEL BRUGUERA BATALLA, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre la valoración del Gobierno en relación con el incremento de la prostitución en nuestro país y las políticas que piensa llevar a cabo para un mayor y eficiente control. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 613, de fecha 18 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 670/000139).


Tercero

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

-- De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III B, número 18, de fecha 4 de diciembre de 2006). (Número de expediente S.
605/000003). (Número de expediente C. D. 127/000004).


Cuarto

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO

-- Proposición de Ley de modificación de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, para ampliar las deducciones por maternidad. (Autor: Grupo Parlamentario Mixto). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III A, número 47, de fecha 26 de octubre de 2006).


-- Proposición de Ley alternativa de modificación de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, para ampliar y universalizar las deducciones por maternidad y/o por cuidado de ascendientes y/o discapacitados. (Autor: Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió).
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III A, número 47, de fecha 11 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 622/000045).


Quinto

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN RELACIÓN CON CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

-- En relación con el Convenio específico de colaboración entre las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla y León para la ejecución de una política conjunta en materia de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera así como de transporte por ferrocarril, en relación con determinados municipios de las provincias de Ávila y Segovia. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,

Página 6449


Senado, Serie I, número 616, de fecha 19 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 592/000008). (Número de expediente C. D. 093/000008).


Sexto

SOLICITUDES DE CREACIÓN DE COMISIONES ESPECIALES

-- Solicitud de creación de una Comisión Especial para el estudio del problema de la violencia escolar y, en general, del deterioro de la convivencia en los centros educativos. (Primer firmante: D. Pío García-Escudero Márquez). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 608, de fecha 12 de diciembre de 2006). (Número de expediente S. 650/000003).


Sexto bis

CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

-- Convenio entre el Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Abu Dhabi el 5 de marzo de 2006. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 312, de fecha 5 de marzo de 2006). (Número de expediente S. 610/000184). (Número de expediente C. D.
110/000183).


SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.


PREGUNTAS (Página 6455)

De D. FÉLIX AYALA FONTE, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre las acciones que prevé impulsar el Estado para cooperar con la Comunidad Autónoma de Canarias en el desarrollo de los planes de contingencia para su Zona Marina de Especial Sensibilidad (ZMES) (Página 6455)

El señor Mendoza Cabrera formula la pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Mendoza Cabrera. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


De D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la opinión del Gobierno en relación con la reapertura de la línea férrea entre Zaragoza, Canfranc (Huesca) y Pau (Francia), a la vista del informe de la entidad francesa Réseau Ferré de France (RFF) correspondiente al año 2003 (Página 6456)

El señor Mur Bernad formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Mur Bernad. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


De D. LLUÍS ARAGONÈS DELGADO DE TORRES, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre la valoración del Gobierno en relación con la propuesta de la empresa Star Alliance de agrupar las operaciones de sus aerolíneas en la futura terminal sur del aeropuerto de El Prat, en Barcelona (Página 6457)

El señor Aragonès Delgado de Torres formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


D. JUAN JOSÉ ORTIZ PÉREZ, del Grupo Parlamentario Popular, sobre las causas por las que el Ministerio de Fomento, aun conociendo las irregularidades de la compañía aérea Air Madrid Líneas Aéreas, S.A., no ha actuado hasta ahora (Página 6458)

El señor Ortiz Pérez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ortiz Pérez. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


Página 6450


De Da MARÍA DEL MAR ANGULO MARTÍNEZ, del Grupo Parlamentario Popular, sobre las gestiones que está realizando el Gobierno para solucionar el caos generado como consecuencia de la suspensión de la actividad de la compañía aérea Air Madrid Líneas Aéreas, S. A. (Página 6459)

La señora Angulo Martínez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Angulo Martínez. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


De D. FRANCISCO JAVIER MAQUEDA LAFUENTE, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar la viabilidad de la empresa Babcock Power España, S.A., ante el incumplimiento del plan industrial reconocido por la propia dirección de la empresa Austrian Energy & Environment AG (ATB/AEE) (Página 6461)

El señor Maqueda Lafuente formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Maqueda Lafuente. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).


De D. JORDI CASAS I BEDÓS, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la valoración del Gobierno acerca del nivel de endeudamiento de las familias españolas (Página 6463)

El señor Casas i Bedós formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Casas i Bedós. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).


De D. MANUEL PEZZI CERETO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre los objetivos establecidos por el Gobierno para el Año de la Ciencia en España en 2007 (Página 6464)

El señor Pezzi Cereto formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Educación y Ciencia (Cabrera Calvo-Sotelo).


De D. VÍCTOR MANUEL URRUTIA ABAIGAR, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las medidas que está adoptando el Ministerio de Educación y Ciencia para activar la incorporación de investigadores al sector privado (Página 6465)

El señor Urrutia Abaigar formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Educación y Ciencia (Cabrera Calvo-Sotelo).


De D. JOSÉ SEGUÍ DÍAZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las previsiones del Gobierno en relación con la anunciada subida de tarifas eléctricas (Página 6466)

El señor Seguí Díaz formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Clos i Matheu) En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Seguí Díaz. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Clos i Matheu).


De Dª INMACULADA LOROÑO ORMAECHEA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre los motivos que han impulsado al Gobierno a aprobar un Real Decreto por el que se mejora la prevención de la parasitosis por anisakis en productos de la pesca ofrecidos en establecimientos de restauración o de colectividades (Página 6467)

La señora Loroño Ormaechea formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Loroño Ormaechea. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez).


De Dª ROSA NÚRIA ALEIXANDRE I CERAROLS, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre si tiene previsto el Ministerio de Sanidad y Consumo alguna legislación de control sobre los denominados alimentos ecológicos (Página 6469)

Página 6451


La señora Aleixandre i Cerarols formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Aleixandre i Cerarols. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez).


De D. ANTONIO ROMÁN JASANADA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas previstas por el Gobierno ante el incremento del consumo de cocaína en España (Página 6470)

El señor Román Jasanada formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Román Jasanada. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez).


De D. FRANCISCO XESÚS JORQUERA CASELAS, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre los medios que está utilizando el Gobierno para el seguimiento y neutralización de las manchas de fuel en la zona del hundimiento del buque petrolero «Prestige» (Página 6472)

El señor Jorquera Caselas formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Jorquera Caselas. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).


De D. FRANCISCO JAVIER IGLESIAS GARCÍA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los motivos por los que no se utilizó la presa de Irueña, de Fuenteguinaldo (Salamanca), para conseguir laminar las avenidas de agua de este otoño a su paso por Ciudad Rodrigo (Salamanca) (Página 6473)

El señor Iglesias García formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Iglesias García. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).


De D. EDUARDO CUENCA CAÑIZARES, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para combatir la especulación y corrupción urbanística en los gobiernos locales (Página 6474)

El señor Cuenca Cañizares formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Vivienda (Trujillo Rincón). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cuenca Cañizares. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Vivienda (Trujillo Rincón).


De D. PERE MACIAS I ARAU, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre los trámites para la creación del Museo Nacional de Arquitectura y Urbanismo (Página 6475)

El señor Macias i Arau formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Vivienda (Trujillo Rincón). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Macias i Arau. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Vivienda (Trujillo Rincón).


De Dª ANA MARÍA CHACÓN CARRETERO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la presencia y participación internacional del Gobierno en materia de políticas urbanas y de vivienda (Página 6477)

La señora Chacón Carretero formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Vivienda (Trujillo Rincón).


De D. EDUARDO DE ORDUÑA PUEBLA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre los resultados del Gobierno en relación con las políticas de vivienda y suelo (Página 6477)

El señor De Orduña Puebla formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Vivienda (Trujillo Rincón).


De D. HILARIO CABALLERO MOYA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las condiciones de vida en las que nuestras tropas en misiones en el exterior desarrollan su actividad (Página 6479)

El señor Caballero Moya formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Defensa (Alonso Suárez).


Página 6452


De D. ARTURO GONZÁLEZ LÓPEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la asistencia sanitaria que tienen nuestras tropas en las distintas operaciones que se desarrollan en el exterior (Página 6480)

El señor González López formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Defensa (Alonso Suárez).


De D. IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las medidas previstas por el Gobierno para propiciar la democratización y el respeto de los derechos humanos por parte del régimen de Teodoro Obiang Nguema en Guinea Ecuatorial (Página 6481)

El señor Anasagasti Olabeaga retira su pregunta.


De Dª ELENA ETXEGOYEN GAZTELUMENDI, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las razones del Gobierno para la abstención de su representante en la última reunión de la IVª Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, que aprobó una nueva resolución reafirmando el derecho de autodeterminación del Sahara occidental (Página 6481)

La señora Etxegoyen Gaztelumendi formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Etxegoyen Gaztelumendi. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé).


De D. JOSÉ MENDOZA CABRERA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre las modificaciones urgentes que prevé promover el Gobierno en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con respecto al derecho marítimo internacional vigente (Página 6482)

El señor Mendoza Cabrera formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Mendoza Cabrera. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé).


De D. JOSÉ CASTRO RABADÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las previsiones del Gobierno acerca del ejercicio de la Presidencia de la Organización sobre Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) por parte de España en el año 2007 (Página 6483)

El señor Castro Rabadán formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé).


De D. DIONISIO GARCÍA CARNERO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los acuerdos para el control de la inmigración ilegal que ha firmado el Presidente del Gobierno con el Presidente de Senegal (Página 6484)

El señor García Carnero formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor García Carnero. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé).


De D. JOSEP PIQUÉ I CAMPS, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los resultados de la visita del Presidente del Gobierno a Argelia (Página 6486)

El señor Piqué i Camps formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Piqué i Camps. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé).


De Dª MARIA BURGUÉS BARGUÉS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre la fecha prevista por el Gobierno para desafectar los terrenos de dominio público ferroviario con el objeto de desarrollar el proyecto de urbanización Plan Especial de la estación de Lleida, aprobado por el Pleno de su Ayuntamiento.


Esta pregunta ha sido retirada.


Página 6453


INTERPELACIONES (Página 6487)

De D. LLUÍS MARIA DE PUIG OLIVE, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las perspectivas de solución y los planes internacionales europeos y españoles para tratar de aportar una ayuda positiva a la situación de Oriente Medio (Página 6487)

El señor De Puig Olive realiza la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé). Vuelve a intervenir el señor De Puig Olive. Cierra el debate el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé).


De D. AGUSTÍN CONDE BAJÉN, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas que piensa impulsar el Gobierno para garantizar la independencia del poder judicial (Página 6492)

El señor Conde Bajén realiza la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Justicia (López Aguilar). Vuelve a intervenir el señor Conde Bajén. Cierra el debate el señor Ministro de Justicia (López Aguilar).


De Dª MARÍA MERCEDES COLOMA PESQUERA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre el desarrollo y avance logrado por el Gobierno en materia de disponibilidad de servicios públicos a través de Internet en España (Página 6498)

La señora Coloma Pesquera realiza la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura)

Vuelve a intervenir la señora Coloma Pesquera. Cierra el debate el señor Ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura).


De D. RAFAEL BRUGUERA BATALLA, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre la valoración del Gobierno en relación con el incremento de la prostitución en nuestro país y las políticas que piensa llevar a cabo para un mayor y eficiente control.


Esta interpelación ha sido aplazada.


Se suspende la sesión a las catorce horas y treinta y cinco minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.


El señor Presidente traslada al señor Presidente de la Junta y resto de autoridades de Andalucía presentes en la Cámara, haciéndolo extensivo a la sociedad andaluza en su conjunto, el pésame por el grave accidente ocurrido en Huelva.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 6505)

De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (Página 6505)

El señor Laborda Martín, presidente de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, presenta el dictamen. En turno de portavoces, intervienen los señores Mur Bernad, Jorquera Caselas y Cuenca Cañizares, por el Grupo Parlamentario Mixto; Mendoza Cabrera, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, y Casas i Bedós, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como la señora Loroño Ormaechea, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y los señores Aleu i Jornet, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Lerma Blasco, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Becerril Bustamante, por el Grupo Parlamentario Popular.


En turno de réplica de los portavoces hace uso de la palabra el señor García-Escudero Márquez, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se aprueba la propuesta de reforma por 242 votos a favor y 1 abstención.


El señor presidente anuncia que queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO (Página 6519)

Proposición de Ley de modificación de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto

Página 6454


sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, para ampliar las deducciones por maternidad (Autor: Grupo Parlamentario Mixto) (Página 6519)

Proposición de Ley alternativa de modificación de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, para ampliar y universalizar las deducciones por maternidad y/o por cuidado de ascendientes y/o discapacitados (Autor: Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió) (Página 6519)

El señor Cuenca Cañizares defiende la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.


En el turno de defensa de la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió interviene el señor Gasòliba i Böhm, anunciando su retirada.


En turno de portavoces, intervienen los señores Gasòliba i Böhm, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Maqueda Lafuente, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, así como las señoras Aroz Ibáñez, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Ibáñez Vázquez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Do Campo Piñeiro, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se aprueba la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto por 127 votos a favor, 104 en contra y 4 abstenciones.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN RELACIÓN CON CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Página 6524)

En relación con el Convenio específico de colaboración entre las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla y León para la ejecución de una política conjunta en materia de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera así como de transporte por ferrocarril, en relación con determinados municipios de las provincias de Ávila y Segovia (Página 6524)

El señor Presidente recuerda a la Cámara que dado que el Dictamen de la Comisión General de las Comunidades Autónomas concluye que no es necesaria la autorización de las Cortes Generales, votar sí al Dictamen entraña ratificar este criterio y votar no al Dictamen significa considerar que es necesaria la citada autorización.


Se aprueba el Dictamen por asentimiento de la Cámara

SOLICITUDES DE CREACIÓN DE COMISIONES ESPECIALES (Página 6524)

Solicitud de creación de una Comisión Especial para el estudio del problema de la violencia escolar y, en general, del deterioro de la convivencia en los centros educativos (Primer firmante: D. Pío García-Escudero Márquez) (Página 6524)

La señora Durán Fraguas, del Grupo Parlamentario Socialista, hace uso de la palabra para defender la solicitud.


Se aprueba por asentimiento de la Cámara la solicitud.


CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 65245)

Convenio entre el Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Abu Dhabi el 5 de marzo de 2006 (Página 6525)

Se aprueba por asentimiento de la Cámara y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Se levanta la sesión a las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos.


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Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


PREGUNTAS:

-- DE DON FÉLIX AYALA FONTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LAS ACCIONES QUE PREVÉ IMPULSAR EL ESTADO PARA COOPERAR CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS EN EL DESARROLLO DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA PARA SU ZONA MARINA DE ESPECIAL SENSIBILIDAD (ZMES) (S. 680/001097).


El señor PRESIDENTE: Buenos días.
Punto primero del orden del día: Preguntas.
La pregunta de la senadora Burgués ha sido retirada.
Comenzamos con la pregunta del senador Ayala.
En su nombre, tiene la palabra, senador Mendoza.


El señor MENDOZA CABRERA: Buenos días, señora ministra.
Como consecuencia de la afonía de mi compañero, el senador Ayala, formularé yo la pregunta.
La Organización Marítima Internacional aprobó en julio de 2005 de manera definitiva las medidas de protección de la zona marina de especial sensibilidad de Canarias, con el fin de evitar sucesos de contaminación marina que afecten a las costas canarias. Esta zona marítima ha comenzado a ser operativa en este mes de diciembre. ¿Qué acciones prevé impulsar la Administración general del Estado para cooperar con la Comunidad Autónoma de Canarias en el desarrollo de los planes de contingencia para la zona marítima especialmente sensible de Canarias, aprobada por la Organización Marítima Internacional en 2005 y que ya ha entrado en vigor?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, presidente y señoría.
Por aclararle la cuestión, le diré que el 22 de julio de 2005 la Organización Marítima Internacional, la OMI, aprobó una propuesta del Gobierno español para la designación de la zona marítima de especial sensibilidad de Canarias y el 1 de diciembre de 2006 ha entrado en vigor, en el plazo previsto en la propia resolución de la OMI, la implantación de dicha zona con las medidas de protección asociadas a la misma que ha llevado a cabo el propio Ministerio de Fomento con los medios operativos necesarios, que muchos de ellos los conocen ustedes al estar incluidos en el Plan Nacional de Salvamento Marítimo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Mendoza.


El señor MENDOZA CABRERA: Gracias, señora ministra.
Como debe conocer, porque ha sido remitido a su ministerio, el propio Gobierno de Canarias tiene también su propio plan. Lo que pretendíamos saber es si existe la voluntad por parte del ministerio de colaborar con la Administración autonómica, de tal forma que la eficacia para la atención de esta zona de especial sensibilidad sea la máxima.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias.
Por supuesto que sí. No solamente tenemos la intención de colaborar, sino que estamos colaborando. Lo que bien sabe usted es que hay dos niveles y dos comités con responsabilidades distintas: uno es del Gobierno central y otro es del Gobierno canario. Y en el comité y en el plan del Gobierno canario está colaborando el Ministerio de Fomento, el Gobierno de la nación.
El Comité de Protección del Medio Marino de la OMI, tras la conformidad del subcomité de seguridad de navegación, aprobó el 22 de julio de 2005 una serie de medidas para preservar los ecosistemas y biodiversidad del medio marino en Canarias, que supone, y así lo hemos hecho, la restricción de la navegación en determinadas áreas que solo podrán ser utilizadas para la pesca artesanal y para el tráfico interinsular. Se prohíbe, por tanto, la navegación de buques en tránsito. Se establecen unas rutas obligatorias para el tránsito y un sistema de notificación de entradas y salidas de los buques que transporten hidrocarburo. ¿Qué hemos hecho? Hemos establecido el sistema de notificación a través de los centros de coordinación se salvamento marítimo y además hemos instalado todo el sistema AIS, como usted bien sabe, para permitir el control de la navegación en toda esta zona.
La propuesta del Gobierno español tiene, por consiguiente, dos grupos de medidas, de control y preventivas, a las que se está dando cumplimiento para poner en marcha el contenido de la ZMES.
Respecto a las medidas de control de navegación, como le decía, hemos adquirido e instalado un equipamiento electrónico y sistemas de identificación automática para la cobertura de los dispositivos de separación de tráfico. Y como usted bien sabe, también hemos incluido una serie de instrumentos en el Plan Nacional de Salvamento Marítimo, como es una base logística en Tenerife, un buque polivalente de 300 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento de hidrocarburos, hemos fletado un avión Barón Beechcraft que ya ha entrado en servicio mientras entra en servicio el de ala fija, y dotado con la última tecnología para detección de incidentes de contaminación. El año próximo vamos a ubicar en Canarias un helicóptero propio, dotado también con la última tecnología para este tipo de incidentes.
Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DON JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA OPINIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA REAPERTURA DE LA LÍNEA FÉRREA ENTRE ZARAGOZA, CANFRANC (HUESCA) Y PAU (FRANCIA), A LA VISTA DEL INFORME DE LA ENTIDAD FRANCESA RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE (RFF) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2003 (S. 680/001100).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Mur. Tiene la palabra su señoría.


El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra. Aunque quizá la actualidad del momento está en los aviones, yo tengo que referirme a los trenes y, en este caso, a la línea férrea Zaragoza-Canfranc-Pau. Querría saber qué opinión tiene el Gobierno a la vista del informe de la red francesa de ferrocarriles de enero de 2003.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Señoría, perdóneme el comentario, pero usted me pregunta por un informe de la red de ferrocarriles francesa, que es el equivalente a ADIF en España, pero de 2003 y hay informes posteriores. Le comentaré al resto de los senadores que en este informe se decía que era viable esta conexión desde el punto de vista técnico, pero inasumible por su rentabilidad.
Nosotros no estamos de acuerdo con este informe, somos partidarios de la reapertura y estamos trabajando para la mayor permeabilización de la parte central de los Pirineos. Poro esa no es la situación actual, se han elaborado otros informes y hemos llegado a otros acuerdos en el mismo sentido que la postura del Gobierno español. En los tres últimos años se han acercado la posturas notablemente en las tres cumbres hispanofrancesas. Ambos países estamos de acuerdo en que la reapertura de esta conexión ferroviaria es posible y estamos trabajando para llevarla a cabo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Mur.


El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.
Gracias, señora ministra. Me alegro de que usted conozca este informe y alguno más porque es cierto que, al menos, hay cinco informes consecutivos sobre este mismo asunto, lo mismo que hay varias cumbres en las que tanto España como Francia han llegado a acuerdos diversos. Haré un poco de memoria para hacer recordar a sus señorías. En la Cumbre de Santander del año 2000 y la del Perpiñán de 2001, los Gobiernos francés y español llegaron a un compromiso para reabrir la línea, que ya debía estar en servicio este año 2006. Llegaron las cumbres de Málaga en 2002 y la de Carcasona en 2003 y se echó el freno a estos acuerdos. Pero luego llegó la Cumbre de 2004 que tuvo lugar en Zaragoza --para nuestra desgracia por el resultado de la misma--, la de 2005 en Barcelona y la del otro día en Girona, y sabe que no solamente sigue el freno echado, sino que los informes ya van a la contra. Al final, Francia redacta informes en distinto sentido para valorar como le conviene económica y socialmente la reapertura de la línea. Nosotros ya sabemos que en Francia no tenemos unos aliados, ya sabemos que no tienen ningún interés y que para ellos es secundario, pero para nosotros, para España y para las autonomías del norte de España, en particular para Aragón, es fundamental.
Este informe no ha sido utilizado en el momento oportuno porque si en la Cumbre de Zaragoza en 2004 se hubieran hecho valer los datos que en él se contienen, seguramente ustedes hubieran tenido argumentos para poder avanzar. Y ahora me dice que se sigue trabajando, no lo dudo, faltaría más, ya sé que ustedes están trabajando en la parte española que es de su responsabilidad. Señora ministra, le he dicho más de una vez que si nosotros hiciéramos los deberes en la parte española, Francia no tendría tantas excusas. No utilicemos como excusa a Francia. A nosotros nos compete llegar bien y llegar pronto a Canfranc. Y para eso no hace falta hacer modificaciones de proyectos que ya tenemos hechos, no hace falta alargar las cosas, no hace falta decirnos que la travesía central del Pirineo es la solución, que como muy pronto será para 2030. Y esta solución del Canfranc, señora ministra, usted lo sabe muy bien, es perfectamente compatible, complementaria, y nos vendría muy bien al menos hasta el año 2030.
Por tanto, señora ministra, tengo que sacar una conclusión: aquí no hay razones económicas, ni técnicas, ni sociales; hay razones políticas. La reapertura de la línea Zaragoza-Canfranc-Pau sufre un veto político, señora ministra y, por ello, le pido soluciones políticas.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la señora ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Señoría, si nos remontamos a la historia, he de recordarle que esta línea está cerrada desde 1970, y digo esto porque parece que estemos hablando de algo que haya ocurrido anteayer y con un Gobierno socialista. Si usted tiene interés en que hable sobre qué estamos haciendo en esta línea desde la parte española, no tiene más que preguntar.
Usted me ha pedido que le hable de nuestras relaciones con Francia y he tratado de abordar el tema desde ese ángulo, pero es incluso más fácil para mí, porque es mi responsabilidad, hablar de la parte española y, además, porque hemos hecho importantes esfuerzos. Así, hemos multiplicado

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por 16 la inversión media anual ejecutada en el tramo por el que usted está preguntando, en la parte española; se ha aumentado en más del triple la dotación presupuestaria media anual para esta línea; se han licitado, adjudicado e iniciado las obras de la variante de Huesca, cuya finalización está prevista para el año 2007; se ha finalizado el proyecto de la playa de vías de la estación y túnel de Canfranc, y en 2007 está previsto licitar las obras en la playa de vías; se ha avanzado en la redacción del resto de los proyectos de renovación integral y mejora de la línea y, en el año 2007, vamos a licitar las obras del tramo Caldearenas-Jaca; y, además, en el año 2007 se iniciará el estudio de viabilidad técnico-medioambiental del tramo del nuevo trazado entre el final de la variante de Huesca y Caldearenas.
En definitiva, señoría, en la actualidad trabajamos como no se había hecho con anterioridad, para hacer posible la reapertura de la conexión ferroviaria transfronteriza Canfranc-Pau, y también lo hacemos con el Gobierno francés, con el que ya hemos iniciado los trabajos de grupo que, como usted sabe, acordó el Gobierno francés actual con el Gobierno actual de nuestro país.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DON LLUÍS ARAGONÈS DELGADO DE TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE LA EMPRESA STAR ALLIANCE DE AGRUPAR LAS OPERACIONES DE SUS AEROLÍNEAS EN LA FUTURA TERMINAL SUR DEL AEROPUERTO DE EL PRAT, EN BARCELONA (S. 680/001107).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del señor Aragonès.
Tiene la palabra su señoría.


El señor ARAGONÈS DELGADO DE TORRES: Gracias, señor presidente. (El señor senador inicia su intervención en catalán, según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones»): «Bon dia, senyora ministra.
Permetim, en primer lloc expresar-li la meva més sincera felicitació en motiu de lÆarribada de lÆAVE al Camp de Tarragona. Sens dubte una bona noticia pel nostre territori.» Señora ministra, la estaba felicitando por la puesta en marcha de la estación de la Secuita y la consecuente llegada del AVE a nuestro territorio.
Entrando en materia, quiero comentarle también la futura puesta en marcha de otra infraestructura, concretamente de la nueva terminal en el aeropuerto de El Prat; nueva terminal que constituye o puede constituir una gran oportunidad, ya que la capacidad de tráfico aumentaría de los actuales 30 millones de pasajeros hasta alrededor de los 55 millones.
Tanto la sociedad civil como las diferentes administraciones públicas catalanas venimos reclamando que se potencie la oferta de vuelos de Barcelona, sobre todo tras la espantada de Iberia, que está eliminando rutas en Barcelona al considerarlas no rentables; y con mucha más fuerza aún, a partir del fiasco de Air Madrid y la repercusión que todo ello está teniendo sobre el aeropuerto de El Prat.
Nuestro objetivo irrenunciable es que el aeropuerto de Barcelona sea una gran centro de conexión internacional de vuelos aéreos, como ya sabe usted. Aspiramos y necesitamos que Barcelona sea un «hub» internacional, centro de interconexión de vuelos del sur de Europa.
Es necesario que AENA adjudique la nueva terminal del aeropuerto de El Prat de manera preferente y, lógicamente, de acuerdo con los parámetros concursales establecidos, a las compañías aéreas que se comprometan a articular un «hub» o distribuidor de vuelos intercontinentales.
Por otra parte, la Generalitat debe intervenir en todas las decisiones estratégicas que se adopten por la Administración del Estado y que afecten al aeropuerto de El Prat. Señora ministra, exigimos que la Generalitat sea consultada y participe tanto en los criterios de adjudicación de la nueva terminal a las diferentes compañías, como en la asignación de espacios dentro de la terminal.
El final del proceso de despliegue del nuevo Estatuto ha de comportar una fórmula que permita a la Generalitat participar --y, desde nuestro punto de vista, con capacidad de decisión--, en la gestión del aeropuerto de Barcelona. Sin embargo, y como paso previo, la Generalitat ya debería participar en este proceso de adjudicación de la terminal sur.
Estamos convencidos de que sería un paso importante en este sentido. No queremos que AENA interfiera de manera negativa en el proceso de adjudicación aplicando otra vez más criterios de centralización política y estratégica. Creemos que esto ya forma parte del pasado.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.


El señor ARAGONÈS DELGADO DE TORRES: Termino formulándole la pregunta que dice lo siguiente. (El señor Aragonès Delgado de Torres termina su intervención en catalán, según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones»): «¿Com valora el Govern la proposta dÆStar Alliance dÆagrupar les operacions de les seves aerolínies a la futura Terminal Sud de lÆAeroport del Prat?»

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señoría, por su felicitación. Es gratificante ver que los esfuerzos del Ministerio de Fomento se reconocen en este Senado.
Antes de contestar a su pregunta debo decirle que ni Air Madrid ni la postura estratégica de una compañía aérea como Iberia ha afectado ni va a afectar a El Prat. Lo digo porque parece que todos los que no toman decisiones aciertan y que los que sí las toman, como es el caso de AENA, se equivocan.


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Hasta ahora el aeropuerto de El Prat --y lo sabe usted perfectamente--, que es exclusiva responsabilidad de AENA, ha tenido un acumulado en esta legislatura de un 22 por ciento, un crecimiento mayor que el de los diez mayores aeropuertos de Europa. Ese es el acierto de AENA, señoría, al margen de cualquier otra reivindicación autonómica respetable y sobre la que podemos hablar en cualquier momento, pero no descalifique usted la actuación de una empresa que es la única responsable del crecimiento de El Prat, la única responsable de la ampliación de El Prat, la única responsable de que se convierta en un «hub». Lo demás, francamente, son rayas en el agua.
Usted no puede achacar los aciertos de AENA a cualquier otra circunstancia que no sean sus propias decisiones, y a los ejemplos me remito, porque el Ministerio de Fomento valora muy positivamente el interés mostrado por otra compañía aérea, Star Alliance, para operar en el aeropuerto de El Prat. Para el Gobierno es una satisfacción, y para mí como ministra, comprobar que las compañías aéreas pujan y apuestan por un aeropuerto donde estamos realizando la mayor cuantía de inversión si lo comparamos con el resto de los aeropuertos españoles en este ejercicio y en los siguientes. Por lo tanto, que apuesten las compañías aéreas para llevar a cabo sus planes de expansión es un refrendo de que estamos acertando en el aeropuerto de El Prat y también es una garantía para el futuro de dicho aeropuerto.
Este hecho demuestra nuestro acierto y, además, la consolidación del aeropuerto de Barcelona como un «hub» internacional, un ejemplo más de lo atractivo que resulta nuestro país para la industria de transporte internacional.
Como decía, al finalizar el 2005 El Prat tuvo la mayor tasa de crecimiento, con un acumulado al final de la legislatura de un 22 por ciento. Esa es la clave de por qué las compañías se quieren instalar.
¿Qué hemos hecho? Adelantar las actuaciones en El Prat para mejorar su posición para competir con el resto de los aeropuertos europeos.
¿Cuál es la obligación del Gobierno? Tenemos dos obligaciones. Una, ofrecer infraestructuras --siempre hablando de El Prat-- atractivas para que se pueda desarrollar como un «hub». La segunda, en relación con la Dirección General de Aviación Civil, establecer las rutas adecuadas para que así sea. Eso es lo que estamos haciendo, y el resto corresponde a la empresa privada.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DON JUAN JOSÉ ORTIZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS CAUSAS POR LAS QUE EL MINISTERIO DE FOMENTO, AUN CONOCIENDO LAS IRREGULARIDADES DE LA COMPAÑÍA AÉREA AIR MADRID LÍNEAS AÉREAS, S.A., NO HA ACTUADO HASTA AHORA (S. 680/001123).


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ortiz para formular su pregunta.


El señor ORTIZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente, Señora ministra, una de sus últimas lindezas dirigidas al Partido Popular ha sido acusarnos de no tener ni idea de lo que ha hecho Fomento con Air Madrid. Pues bien, ahora tiene su oportunidad para que nos ilustre no solo al Grupo Parlamentario Popular sino a todos los grupos de la Cámara y al conjunto de los ciudadanos y nos explique, si es que puede, las actuaciones de su ministerio en relación con esta crisis contestando a la pregunta que le tengo formulada.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señoría.
Su pregunta era otra. Su pregunta es: ¿Por qué el Ministerio de Fomento, aun conociendo las irregularidades de la compañía aérea Air Madrid, no ha actuado hasta ahora? Esa es su pregunta. Niego públicamente la mayor porque el Ministerio de Fomento, en estricto cumplimiento de la normativa vigente, ha estado actuando durante todo el tiempo. Es más, señoría, es el único que ha actuado, y no ustedes, que ni siquiera hicieron una sola inspección de cualquier tipo que nos hubiera permitido detectar la situación de Air Madrid. (Rumores.) Hemos obrado en consecuencia y, señoría, siempre de acuerdo con los informes de la Inspección de la Dirección General de Aviación Civil. Vuelvo a recordárselo: hemos sido nosotros los que hemos enviado a los inspectores; hemos sido nosotros los que hemos detectado las deficiencias; hemos sido nosotros los que hemos realizado las actuaciones y somos nosotros los responsables de controlar y garantizar la seguridad de los pasajeros. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra su señoría.


El señor ORTIZ PÉREZ: Señora ministra, no me ha defraudado su respuesta.
Sabía que en vez de aclarar las circunstancias iba usted a descalificar al Partido Popular, como es su costumbre y su deporte favorito. Que yo sepa, cuando gobernábamos nosotros, no creo que Air Madrid fuera una compañía operativa en aquel momento.
Solamente me voy a referir a hechos que son de dominio público. Sabemos que en mayo de este año Aviación Civil renueva la licencia para que Air Madrid siga operando. Suponemos que fue porque el ministerio consideró que esta compañía cumplía con los requisitos técnicos de seguridad y de solvencia financiera. ¿O no es así, señora ministra? Sabemos también que, pocos días después de esta renovación, Fomento ordena una primera inspección general de la actividad de la compañía, un segunda en agosto, y una tercera en septiembre, y sabemos que en el transcurso de estas inspecciones se detectan numerosas irregularidades.


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Por otra parte, sabemos que no solo desde mayo --fecha de la renovación de la autorización--, sino desde antes, se acumulan abundantes quejas y reclamaciones de clientes de dicha compañía a las que usted, como es habitual, no contesta. Y sabemos que el día 15 de noviembre incluso el Defensor del Pueblo abre una investigación de oficio y requiere a su ministerio para que explique qué actuación está realizando para atender esta situación y conocer si Air Madrid cumplía los requisitos de seguridad, y usted sigue sin contestar. Sabemos, además, que desde hace un año la Asociación de técnicos de mantenimiento denunció ante Aviación Civil la escasa fiabilidad de las labores de mantenimiento de las aeronaves de la compañía.
En resumen, señora ministra, todo lo que sabemos nos dice que su ministerio renovó la autorización de Air Madrid cuando existían dudas más que razonables sobre esta compañía. Los hechos nos demuestran que nos tenemos que preocupar sobre cuáles han sido las condiciones reales de seguridad para los pasajeros. En definitiva, son los hechos los que demuestran que su ministerio y usted, como máxima responsable del departamento, han actuado tarde y mal, como en el conflicto de El Prat.
Porque lo ha hecho a destiempo y por procedimientos cuyas consecuencias pueden comprobarse en el caos reinante en muchos aeropuertos y en sus improvisaciones de última hora. (Rumores.) Señora ministra, ahí está todo este monumental desbarajuste, mientras usted se dedica a cortar cintas de las obras proyectadas e iniciadas por el Gobierno del Partido Popular aunque, bien pensado, esto es casi lo mejor, porque las pocas veces que usted toma iniciativas son para crear incertidumbre, desbarajuste y crisis, algo de lo que usted tiene un acreditado historial.
Señora ministra, para terminar, usted como persona tiene el derecho a equivocarse, pero como ministra tiene la obligación de solventar los problemas de los ciudadanos de este país.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Señoría, muchas gracias por el consejo. Usted como senador tiene la obligación de decir aquí la verdad. ¿O no la sabe? Porque sabemos que todo lo que ha dicho es una información incierta. Señoría, sabemos que prácticamente todos los informes de Air Madrid los aportó el Partido Popular en su época de Gobierno y sabemos que fue la presidenta de la Comunidad de Madrid la que se hizo la foto amadrinando la compañía. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Sabemos que el actual Ministerio de Fomento --no el anterior-- no ha parado de actuar desde que Air Madrid empezó a tener irregularidades o deficiencias en su funcionamiento. Y, señoría, no olvide que lo poco que usted conoce es porque se lo hemos transmitido nosotros. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Es decir, que las deficiencias han sido detectadas por los servicios de Inspección que envió el Ministerio de Fomento a través de la Dirección General de Aviación Civil para conocer qué estaba pasando con la compañía. Repito que el Ministerio de Fomento ha detectado las deficiencias a través de su servicio de Inspección, que no el servicio de inspección del Partido Popular, que es el que lo sabe todo. (Risas.) Lo sabe todo y lo hace todo, pero lo único que hace es montarse en el avión para salir en la foto. (Rumores.) El Ministerio de Fomento instó a Air Madrid para que subsanase las deficiencias detectadas por la Inspección, de acuerdo con el procedimiento vigente, señoría, aunque parece que tampoco lo saben.
Sabemos que no saben que existe un procedimiento. Cuando Air Madrid no ha reconducido su conducta sabemos que el Ministerio de Fomento, señorías, ha sancionado a la compañía, le ha abierto un expediente que ha terminado en una suspensión de la autorización del certificado como operador.
Pero ya sabemos que ustedes no saben cuál es la diferencia entre la licencia, que fue lo que se le concedió en 2004, y el certificado para operar, que es algo totalmente distinto, señoría. Eso fue lo que se renovó en el 2005 y en el 2006. Sabemos que no saben nada. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE Dª MARÍA DEL MAR ANGULO MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE LAS GESTIONES QUE ESTÁ REALIZANDO EL GOBIERNO PARA SOLUCIONAR EL CAOS GENERADO COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA AÉREA AIR MADRID LÍNEAS AÉREAS, S.A. (S. 680/001122).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Angulo Martínez. Tiene la palabra su señoría.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Doy por formulada la pregunta en sus propios términos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señor presidente.
La senadora no quiere consumir tiempo haciendo la pregunta para que yo no pueda explicarle bien lo que ha preguntado, ¿y cómo le voy a contestar a una pregunta que no formula? (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Me pregunta cuáles son las gestiones que está realizando el Gobierno para solucionar el caos generado... (Rumores.)

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Uy qué nerviosos se ponen ustedes por cualquier cosa, señorías. Calma, calma, que si no... (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Señorías, son hechos muy complejos que no se pueden resolver a gritos. (La señora Vindel López: ¡Anda, anda!-- El señor Sanz Pérez: Y tú no los puedes resolver.) Hagan ustedes el favor de tener un poquito de paciencia. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--El señor Sanz Pérez: ¡Incompetente!)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio, por favor.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Señor presidente, le ruego que no me insulten porque, aunque no lo recogen los micrófonos, me están insultando. (Rumores.) Como ya le he indicado, señoría, se ha producido una situación excepcional causada por una actitud irresponsable de una compañía aérea, Air Madrid. Por cierto, en el Reino Unido este año se han suspendido tres certificados de vuelo, tres autorizaciones para volar de tres compañías aéreas. Lo digo porque el Partido Popular, que nunca lo hizo porque no inspeccionaba, jamás tomó esa decisión. (Rumores.) Nosotros hemos preferido la seguridad a la popularidad, señorías. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: Tarde, tarde.) Hemos preferido decir que no puede seguir volando, a pesar del coste político que conlleva, a salir en la foto con el avión, como la señora Aguirre.
(Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) La señora Esperanza Aguirre salió en la foto de Air Madrid amadrinando el primer vuelo, y lo vuelvo a repetir por si ustedes no habían conectado la fecha y habían creído que fue el Partido Socialista. (Rumores.) Hemos presenciado una actitud irresponsable de una compañía aérea que ha dejado abandonados y desatendidos a sus clientes, y nosotros hemos creado un operativo para atenderles.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra su señoría.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Ni una sola gestión ha nombrado, señora ministra. Ha ofrecido una explicación pequeña para describir gestiones aún más pequeñas, propias de un Gobierno pequeño; tremendamente pequeño cuando se trata de dar respuestas reales a problemas reales de los ciudadanos; especialmente pequeño ante una situación acuciante que requiere una presencia especial, máxime cuando alcanza dimensiones de drama humano y social. Entonces, el Gobierno es tan pequeño que desaparece. (Rumores.) Solo desde la pequeñez, señora ministra, se puede, como han hecho ustedes, tratar de eludir responsabilidades, tratar de aludir a razones exclusivamente humanitarias. Tantos pasajeros literalmente tirados en los aeropuertos, ¿cómo no van a ser su responsabilidad? Claro que es su responsabilidad. Una vez más, en estos últimos meses un problema se convierte en una auténtica tragedia. Una vez más, vemos la precariedad.
Personas que no ven atendidas sus necesidades y, una vez más, el desconcierto, el caos y el desorden.
Un desorden que lleva a la suspensión de un vuelo a Argentina porque se presentan escasamente doce personas. ¿Tampoco es responsabilidad del Gobierno informar y asegurarse de que esos vuelos que fletan vayan llenos? ¿Tampoco es su responsabilidad tramitar las quejas que se formularon durante meses por los ciudadanos y dar respuestas al Defensor del Pueblo? ¿Cuál es su responsabilidad, señora ministra? ¿Repartir octavillas y poner carteles diciendo qué compañías conviene utilizar y cuáles no? Estamos hablando de miles de personas que se han quedado en tierra, que necesitan volver y reagruparse con sus familias, más en vísperas de Navidad. Y eludir responsabilidades y dar la callada por respuesta no es el mejor plan; un plan de menos de una semana para dar solución a un problema que puede alargarse durante meses.
Y usted habla de la seguridad antes que la popularidad. ¿Cómo es posible que en la página web del ministerio, donde, en teoría, la señora ministra de Fomento informa de ese dispositivo especial, el 90 por ciento lo ocupe una foto suya? (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Señora Álvarez, se puede y se debe hacer más, y usted lo sabe. Pero hasta ahora no hemos visto más que el desprecio del Gobierno, desprecio a los afectados por la suspensión de los vuelos, porque se sienten abandonados, y desprecio a los casi 1.300 trabajadores de la empresa que han visto frustada en horas su propuesta de relanzar un plan de viabilidad.
¿La pérdida de esos puestos de trabajo tampoco es su responsabilidad? (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, rogaría silencio, por favor.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Desprecio a la oposición, porque desde el Gobierno no se han tomado la molestia siquiera de comparecer para explicar una situación que, por lo visto, viene ocurriendo desde hace meses. Y desprecio a todos los ciudadanos, sobre los que recae el coste de tanta desidia y de tanta irresponsabilidad del ministerio, que, como mínimo, merece que vengan ustedes con un poco de respeto y de forma inmediata al Parlamento a explicar por qué se ha desencadenado esta situación.
Y es la misma desidia que vimos en Guadalajara, que vimos en El Prat y que tuvimos que ver este verano en Galicia. Es la misma desidia, que nos está costando muy cara en dinero y en descrédito, porque las imágenes de estos días, señora ministra, sobre una situación absolutamente

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descontrolada y un Gobierno desbordado dañan gravemente el necesario prestigio de nuestro transporte.


El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego termine, por favor.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.
Daña nuestra imagen como destino turístico o como destino de inversiones.
Nos daña a todos. Esa tampoco es su responsabilidad, señora ministra.
Probablemente, como ya ha hecho en otras ocasiones, le escucharemos hoy decir que el Gobierno es perfecto, que Fomento no tiene ninguna responsabilidad y que su gestión ha sido, como siempre, impecable. Eso es lo que nos dirá.


El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya, por favor.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Nos dirá que ha triplicado presupuestos y medios, pero usted lo único que ha triplicado ha sido el desbarajuste.
¿No le parece un poco raro que, haciendo las cosas tan bien, a los usuarios, a todos los ciudadanos, con la gestión de Fomento nos vaya tan mal? ¿No le parece un poco raro que siempre acabe todo en un caos?

El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Señora ministra, no trate de echar balones fuera. Desde el Partido Popular nos hemos limitado a ponerle frente al espejo de su gestión.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Como ya le he indicado, señoría, se ha producido una situación excepcional, motivada por la actitud irresponsable de una compañía aérea y el Gobierno ha reaccionado excepcionalmente, con una respuesta adecuada para ayudar a los pasajeros en la medida de sus posibilidades y ha puesto en marcha un dispositivo humanitario de ayuda.
La solidaridad no puede ocultar la responsabilidad de Air Madrid, que a lo mejor es lo que les tiene a ustedes tan nerviosos. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular hacen signos de protesta.) Hemos aplicado y desarrollado un dispositivo. El día 12 de diciembre iniciamos las actuaciones informativas para los pasajeros afectados a fin de que pudieran conocer la situación de la compañía: informamos a las embajadas y a las autoridades aeronáuticas extranjeras, incluso a los portavoces de la Comisión de Infraestructuras. Hablé personalmente con el señor Ayala. Pusimos en marcha un «call center» para atender las consultas de los pasajeros e informamos a través de los medios de comunicación.
El día 15 de diciembre, cuando Air Madrid decide unilaterlamente suspender todos sus vuelos y se desentiende de su obligación de atender a los pasajeros, establecimos un mecanismo para el traslado de los pasajeros en la medida de las posibilidades y por razones humanitarias.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON FRANCISCO JAVIER MAQUEDA LAFUENTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA VIABILDAD DE LA EMPRESA BABCOCK POWER ESPAÑA, S.A., ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL PLAN INDUSTRIAL RECONOCIDO POR LA PROPIA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA AUSTRIAN ENERGY & ENVIRONMENT AG (ATB/AEE). (S.
680/001103).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Maqueda Lafuente.
Tiene la palabra su señoría.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente segundo, bienvenido de nuevo a la Cámara. Le pregunto sobre qué medidas piensa adoptar el Gobierno para garantizar la viabilidad de la empresa Babcock Power España ante el incumplimiento del plan industrial reconocido por la propia dirección de la empresa ATB/AEE.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Veo que hay una general disposición a que el Gobierno resuelva todo, incluso lo que corresponde hacer a las empresas privadas. Les recuerdo que Babcock Power España es una empresa privada, y ese es un punto importante.
Desconozco el reconocimiento del incumplimiento del plan industrial de Babcock, que según su señoría ha realizado la dirección de Austrian Energy, la empresa ATB/AEE, propietaria de Babcock.
Posiblemente su apreciación se derive de la lectura de una de las notas contenidas en el informe de la auditoria de Babcock en el ejercicio del 2005, donde, si bien se mencionaban algunos problemas en el incumplimiento del plan industrial, se señalaba a continuación --y cito textualmente-- que el grupo ATB/AEE, la actual Austrian Energy ha elaborado una readaptación del mencionado

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plan industrial con el mismo horizonte temporal, en el cual se mantiene la viabilidad futura de negocio a partir del ejercicio de 2007 --y cierro las comillas de la cita.
Tras este comentario, debemos concluir que el accionista continúa defendiendo la viabilidad de Babcock en los términos del plan industrial vigente después de su adecuada adaptación.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Maqueda.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Solbes, no he venido ni mucho menos --hemos hablado muchas veces de este tema-- a atacar ni al Gobierno ni al Partido Socialista en la gestión de la empresa Babcock Wilcox, sino a ofrecerle nuestra colaboración, que sabe que se la hemos ofrecido en repetidas ocasiones desde el Gobierno Vasco y desde las administraciones vascas, para ayudar entre todos a sacar adelante la Margen Izquierda por los repetidos desastres que ha sufrido.
En la empresa Babcock Wilcox --lo sabe usted, y pensaba que me lo diría y posiblemente me lo comentará ahora-- ha habido una reunión sorprendente recientemente de la SEPI con todos los sindicatos de la empresa. Usted sabe que Comisiones Obreras y UGT son mayoritarios en la empresa y que el resto de los sindicatos vascos no fueron llamados nunca a esa reunión con la SEPI. ¿Por qué ahora que es una empresa privada, desde el 2001 --como dice usted y también el señor Martínez Robles--, hay tanto interés en el Gobierno, en la SEPI, por incluir a los sindicatos vascos y traspasar a los trabajadores el problema de viabilidad que tiene la empresa de viabilidad? Compruebo que ha leído el informe de auditoría, que yo se lo había traído para dárselo, que dice textualmente --yo también le leo--: Lo que ha sucedido ha hecho imposible el correcto cumplimiento del plan.
Cuando hablábamos en el mes de abril, usted me decía que lo que se estaba haciendo en esos momentos por parte de SEPI era cumplir su obligación.
Por supuesto que estaban cumpliendo su obligación, pero lo más grave de la afirmación de los austriacos --informe que aquí tengo también y yo se lo dejo-- es que con lo que se ha hecho es imposible el correcto cumplimiento del plan. Cuando hablamos en abril le interpelé sobre si podíamos modificar el plan, y usted me decía textualmente que no era posible, que no lo iba a aceptar la Comisión Europea. Evidentemente eso es así.
Sabe usted que en enero de 2007 finaliza el plan, que se ha propuesto que ochenta trabajadores, de los 400, abandonen la plantilla. A nosotros eso nos preocupa y, le insisto, el señor Martínez Robles dice que la empresa es absolutamente privada desde 2001. ¿Por qué ahora ATB pretende presentar un nuevo plan industrial? ¿Por qué la SEPI acaba de dar 4,9 millones de euros justificados por inversiones que en realidad son para pagar la nómina en Navidad y pagar a los proveedores que --lo sabrá usted--, como condición para entregar materiales, piden por adelantado estas entregas? Señor Solbes, usted que ha estado en la Comisión Europea sabe que para una modificación se necesita el acuerdo de todas las partes. No creemos que sea necesario que los trabajadores asuman su responsabilidad. Dentro de dos ¿años qué es lo que se va a hacer? Dilatar el problema y así la empresa austriaca pueda vender los activos que parece, a nuestro modo de ver, que es la intención que tiene a futuro.
Le ofrezco nuestra colaboración para ver si entre todos conseguimos que la Margen Izquierda pueda salir adelante.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Maqueda, por su colaboración, que agradezco sinceramente, pero querría hacer algún comentario adicional.
Es verdad que el plan no se ha cumplido, pero es verdad que, según dice la auditoría, las modificaciones y su readaptación van a permitir que se cumpla la viabilidad del negocio a partir del ejercicio 2007.
¿Hay algún dato adicional que nos puede avalar ese punto de vista? Yo creo que hay un dato que es muy importante, las actuaciones operativas y comerciales que ha llevado a cabo ATB en el momento actual les ha permitido disponer de una cartera de pedidos de 170 millones de euros, que es una carga de trabajo significativa e importante para los dos próximos años. Por tanto, yo no sería tan pesimista como usted respecto al futuro. Yo creo que en estos momentos se dispone de esa carga de trabajo y lo que hay que plantearse es que más hacer y qué podemos hacer para el futuro; qué podemos hacer, partiendo de que es una empresa privada, privatizada por SEPI, con unas determinadas condiciones, condiciones de un plan de ejecución que termina el 31 de enero del 2007.
Y esa fecha del 31 de enero del 2007 es la que nos explica la reunión con los sindicatos, porque es verdad que a partir de ese momento SEPI ya no estará, pero los sindicatos seguirán estando ahí.
¿Qué tenemos que hacer nosotros antes del 31 de enero del 2007? Primero, evidentemente evaluar el cumplimiento de las obligaciones de ATB, y en caso de incumplimiento, por supuesto, adoptar las sanciones previstas en el acuerdo. A partir de ese momento la negociación será empresa-sindicatos como en cualquier otra empresa. Esa es la razón por la que SEPI está intentando ahora poner en marcha, antes del 31 de enero, una adaptación del plan industrial, de acuerdo con los elementos de viabilidad, que abarque un período adicional de dos años en línea con lo que se estableció en la Resolución número 54, aprobada con motivo del debate del estado de la nación del año 2006. Esa adaptación requerirá el acuerdo empresa-sindicatos, cosa que, como su señoría conoce, hasta ahora no ha sido posible. Pero el próximo día 27, e incluso en estos mismos

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días, se celebrará otra reunión conjunta en la que participarán empresa, representantes sindicales y SEPI sobre este asunto. Nuestro interés, evidentemente, es que se llegue a un acuerdo en esa fecha.
Muchas gracias.


-- DE DON JORDI CASAS I BEDÓS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DEL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS (S. 680/001105).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Antes de pasar a la pregunta del senador Casas i Bedós quiero felicitarle por haber pasado el examen de idoneidad para ser senador.
Tiene la palabra su señoría para exponer su pregunta.


El señor CASAS I BEDÓS: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que me ha sido muy fácil, porque con el tiempo que llevo de prácticas en la Cámara he aprendido mucho de sus señorías. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.


El señor CASAS I BEDÓS: Señor ministro, ¿qué valoración hace el Gobierno sobre el nivel de endeudamiento de las familias españolas?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Algunos datos generales nos permiten situar mejor el problema.
Las familias españolas se han endeudado porque partían de unos tipos de interés muy baratos que permitían tener mayor margen que en el pasado.
Ese endeudamiento se ha utilizado sobre todo para la inversión. En estos momentos la riqueza inmobiliaria en manos de las familias supera cinco veces el PIB, pero la riqueza financiera supera otro punto también el PIB, lo que significa que estamos hablando de un 600 por cien del PIB. En términos comparativos el endeudamiento de las familias en el año 2005 España se sitúa en un 72 por ciento por debajo de Holanda, Luxemburgo, Portugal y Alemania y muy por debajo de los niveles del Reino Unido y de Estados Unidos.
Es verdad que desde finales de 2005 se ha producido una tendencia alcista en los tipos de interés que ha significado que las familias deban adaptarse de forma gradual al encarecimiento de la financiación, pero no creo que la evolución de estos tipos plantee hoy problemas nodales significativos. En todo caso, tampoco hay que olvidar que en estos momentos estamos hablando de préstamos hipotecarios --supongo que su preocupación irá en esa dirección, señoría--, préstamos estos que son a períodos muy largos en los que solo se están pagando tipos de interés superiores a los préstamos que se han puesto en marcha después de 2002; todo lo que viene de antes tiene tipos de interés inferiores. De todos modos nuestro tipo de ahorro sigue siendo muy alto, el 22 por ciento del PIB por encima de toda la media europea.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Casas.


El señor CASAS I BEDÓS: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, la verdad es que yo no iba por lo del crédito hipotecario ya que veo las cosas de una forma distinta.
Según los datos del último informe del Banco de España y los de algunos trabajos de servicios de estudio de entidades financieras se concluye que el endeudamiento familiar y básicamente el referido a créditos al consumo está alcanzando cotas altamente preocupantes. Al mismo tiempo hay un repunte de la morosidad que a veces queda escondido en las estadísticas porque el crecimiento y el volumen de los créditos es tan alto que el porcentaje de la morosidad incluso baja cuando en euros constantes sube.
Por tanto, eso ya nos ofrece una situación un tanto engañosa.
Pero lo que realmente pone en evidencia que esto preocupa a muchas familias españolas es la proliferación de asesores financieros --dicho entre comillas-- que prometen refinanciación bajando la cuota mensual.
Son asesoramientos financieros --dicho entre comillas-- que están triunfando creo que con publicidad engañosa y que teóricamente están resolviéndoles un problema a muchas familias que en realidad a lo que están llegando es a aquello de pan para hoy y hambre para mañana en un tiempo de alza de los tipos de interés. Ahí es adonde yo quería ir, señor ministro.
La macroeconomía española va muy bien, es verdad. En 2007 tendremos crecimiento de empleo, por tanto, habrá unos niveles de consumo aceptables, va a haber más cotización a la Seguridad Social y las grandes cifras estarán muy bien, y según dicen todos los analistas va a haber operaciones corporativas en la Bolsa y por ello habrá otro año positivo en la Bolsa. Pero hay una disfunción radical entre esto y la situación de muchas familias españolas que, fruto de muchos años de crecimiento económico y de bajos tipos de interés se han endeudado en créditos al consumo mucho más allá de sus posibilidades y con la subida de los tipos no pueden asumir esta situación.
Por lo tanto, la reflexión que quería hacer es que sería bueno moderar el discurso no vaya a ocurrir --como recordó el señor Gasòliba en el debate de presupuestos-- como en la última época del ministro Solchaga que estábamos instalados en la euforia y vino una crisis muy grave con la que la gente se encontró de repente. Sería bueno moderar el discurso y que la gente reflexione y se dé cuenta de que la situación no es tan fácil para los asalariados, de que las grandes cifras de ahorro a veces quedan concentradas

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en pocas manos, de que las grandes operaciones de Bolsa pueden dar un reflejo de que el ahorro español va muy bien, pero insisto, está en pocas manos, pues muchas familias están pasando angustia, fruto de una situación de mucha bonanza y de bajos tipos de interés.
No sé si sería bueno estudiar algunas medidas de control --es difícil, pero habría que hacerlo-- para poner freno a esta publicidad engañosa que está colocando a muchas familias --lo he podido constatar profesionalmente por algún asesoramiento que he tenido que hacer-- en situaciones francamente angustiosas porque en muchos casos es un engaño.
Se promete pan para hoy y hambre para mañana. Yo intentaría que el discurso oficial se correspondiera más con la economía real de muchas familias y no tanto con la economía financiera que es otro mundo que no afecta al día a día de muchas familias españolas.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor presidente.
Señoría, lo que usted dice es correcto, solamente me atrevería a hacer algunas matizaciones. Primera, el endeudamiento ha aumentado mucho; es verdad. El grueso de endeudamiento históricamente ha sido el hipotecario que ha ido a inversión. Es verdad, por tanto, que el equilibrio de endeudamiento hipotecario de inversión no nos debería plantear problemas.
Es cierto que estamos percibiendo en los últimos meses un incremento muy significativo del crédito al consumo y que el Banco de España está preocupado y yo creo que está planteando el tema a las entidades financieras porque ahí tenemos una dificultad.
Es cierto también --como su señoría dice-- que la morosidad ha aumentado algo, el porcentaje es bajo, pero en términos absolutos es mayor. Yo sigo pensando que el porcentaje es bajo. Los términos absolutos tienen la importancia de que hacen referencia a la renta disponible. Por lo tanto, es verdad que son mayores, pero también la renta disponible es mayor.
Estoy absolutamente de acuerdo con su señoría en que esas soluciones fáciles que en este momento se están presentando muchas veces sin dar técnicamente las razones de esa solución y que ese alargamiento de los plazos hipotecarios en algunos casos o de los plazos de crédito, en términos económicos, es un desastre para las familias y en este sentido podemos hacer dos cosas. Una, a través de la Ley Hipotecaria facilitar el paso de una hipoteca a otra...


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Y, otra, hacer publicidad para que este tipo de situaciones no se den.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente del Gobierno.


-- DE DON MANUEL PEZZI CERETO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO PARA EL AÑO DE LA CIENCIA EN ESPAÑA EN 2007 (S. 680/001111).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Pezzi.
Tiene la palabra su señoría.


El señor PEZZI CERETO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, la nueva sociedad en la que vivimos, la sociedad de la información y del conocimiento ha puesto en lugar preferente en el desarrollo económico y en nuestras vidas a la educación y la investigación, elementos clave para la innovación y, por tanto, para conseguir una economía competitiva y con elevada productividad.
El Gobierno del que usted forma parte está realizando un extraordinario esfuerzo para llevar a España al sitio que le corresponde como potencia económica en el desarrollo de la estrategia de Lisboa. Es necesario, por tanto, en el marco de esa estrategia conseguir desarrollar un marco que facilite la investigación científica y tecnológica y que esta pueda transferirse a las empresas y a la ciudadanía en su conjunto.
Me parece relevante que se realice una potente labor de divulgación de la ciencia utilizando todos los medios y soportes necesarios, especialmente este año 2007 que va a ser el año de la ciencia. Por ello, señora ministra, quisiera preguntarle, ¿cuáles son los objetivos generales establecidos por el Gobierno para el Año de la Ciencia en España en 2007? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Educación y Ciencia.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, efectivamente el presidente del Gobierno anunció en el Parlamento su deseo de declarar el año 2007 como año de la ciencia.
Se trata de una celebración doblemente oportuna, nos permite conmemorar el centenario de la creación de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que fue sin duda la primera institución de política científica existente en este país, y por otro lado, nos va a permitir marcar un hito en el desarrollo de la ciencia y la tecnología española en un momento en que nuestro sistema de I+D ha alcanzado un grado de madurez importante.
En los últimos veinte años hemos construido un sistema de ciencia y tecnología, en muchos casos homologables con los países más avanzados.
Sin embargo, son muchos los retos pendientes y estamos intentando avanzar y consolidar un sistema de ciencia y tecnología más productivo,

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mejor articulado y con mayor proyección internacional, a pesar de que partimos de una desventaja histórica en comparación con países más adelantados.
Ahora bien, de todas las dimensiones de este hecho hay una, el de la perspectiva cívica, es decir la articulación del diálogo entre ciencia y sociedad, en la que tenemos mucho camino por recorrer, y precisamente por eso, en este año de la ciencia nos hemos planteado como objetivos incrementar la cultura científica y la participación de la sociedad en ella, consolidar la imagen pública de la ciencia y la tecnología como actividades generadoras de riqueza, desarrollo y calidad de vida, dar a conocer los resultados de las políticas de I+D+I en las que, efectivamente, se está haciendo un enorme esfuerzo en los últimos años, y por último, y esto no es una preocupación solo española sino europea, incrementar las vocaciones científicas. Son objetivos ambiciosos, que solo podrán alcanzarse si conseguimos que el año de la ciencia sea una celebración de todos. Para eso se va a crear una comisión nacional del año de la ciencia, que asegurará la participación de los ministerios competentes en materia de ciencia y tecnología así como de las comunidades autónomas, que deben tener un papel activo en la celebración de este año.
En cuanto a programas de actividades a desarrollar, en este año de la ciencia, además de una financiación general va a haber un plan integral de comunicación y divulgación de la ciencia, que tiene un nuevo programa incluido en los presupuestos del año 2007, con el que se financiarán, entre otras, la promoción de estructuras permanentes, que seguirán fomentando la cultura científica una vez terminado el año 2007, porque no solo queremos realizar actividades puntuales a lo largo de ese año sino crear estructuras permanentes que mantengan la divulgación científica como uno de los objetivos fundamentales de nuestra política de I+D+I, es decir vamos a utilizar el año de la ciencia para iniciar con vocación transformadora, nuestro mundo de investigación, desarrollo e innovación.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON VÍCTOR MANUEL URRUTIA ABAIGAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE ESTÁ ADOPTANDO EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA PARA ACTIVAR LA INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES AL SECTOR PRIVADO (S. 680/001112).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Urrutia.


El señor URRUTIA ABAIGAR: Muchas gracias, señor presidente.
Como ya es conocido, señor ministro, el sistema español de investigación, desarrollo e innovación está afectado, entre otros, por problemas de carácter estructural, tales como: la herencia histórica de una cultura social que ha valorado escasamente la investigación, aquello de «que inventen otros»; la carencia de capital humano investigador de carácter permanente; una dotación presupuestaria que no ha crecido en los años precedentes del gobierno Popular en términos equivalentes a las necesidades de los sectores punteros de la economía española, economía que demanda una estrategia más decidida para impulsar la innovación científica; una limitada implicación de recursos económicos y humanos del sector privado en estrategias innovadoras. Todo ello ha hecho que nuestra posición entre los países más desarrollados, y más en concreto en la Unión Europea, sea más bien discreta. En los últimos años crecemos en todos los indicadores, muy especialmente en los referidos al ámbito público relacionado con la investigación, fundamentalmente el universitario, pero todavía queda mucho por hacer, todavía estamos lejos de los porcentajes que aportan las empresas privadas a la inversión total en investigación. En Japón supone, por ejemplo, el 75 por ciento, en la Unión Europea, el 54 por ciento, algo menos entre nosotros, el 52 por ciento en 2001.
En esta dirección apunta el presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que recientemente ha afirmado públicamente que la debilidad de la contribución empresarial en I+D es quizá el problema más grave de la realidad española.
Sabemos que los gobierno que no crean condiciones favorables en I+D corren el riesgo no solo de no atraer inversiones sino incluso de perder aquellas que tienen en la actualidad. Sabemos que no es suficiente inyectar dinero, que hay otras variables relacionadas con las políticas laborales, las fiscales, las relaciones entre los centros de investigaciones públicas y las empresas privadas, etcétera.
Como obras son amores y no buenas razones, los datos presupuestarios del ejercicio pasado y, sobre todo, los aprobados recientemente en esta Cámara, dan cumplimiento al programa del Partido Socialista, ponen en práctica las líneas estratégicas preferenciales del Gobierno y, en definitiva, consiguen que las políticas de I+D vayan en la buena dirección. Así, la partida destinada a I+D se incrementa un 27 por ciento respecto al año anterior y supone un 107 por ciento más que en 2004; el fondo nacional de I+D+I aumenta hasta alcanzar 880 millones de euros, un 38,22 por ciento más que en el presupuesto anterior.
En nuestra opinión, esas partidas permitirán continuar el impulso decidido del Gobierno para fortalecer la investigación en nuestro país y situarla con la estrategia de Lisboa marcada por la Unión Europea.
En este contexto, que refleja un avance contundente en los recursos para hacer efectivas las políticas de I+D+I, consideramos oportuno, como ya hemos indicado anteriormente, no perder de vista al sector privado y específicamente a su capital humano investigador.
Por ello, señoría, le planteo la pregunta que usted ya conoce: ¿Qué medidas está adoptando el Ministerio de Educación y Ciencia para activar la incorporación de investigadores al sector privado? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Educación y Ciencia.


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La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, tiene usted razón en gran parte, por no decir en todas sus apreciaciones sobre nuestro sistema de ciencia y tecnología y la herencia histórica que ,efectivamente, estamos tratando de superar en los últimos años. De todas maneras, en los últimos veinte años y gracias a la Ley de la Ciencia de 1986, nuestro sistema de ciencia y tecnología ha dado un gran paso que hemos de aprovechar para dar un nuevo salto cualitativo en su avance.
Señoría, tiene usted razón al decir que una de las deficiencias del sistema español de ciencia y tecnología es el bajo peso del sector privado en el conjunto de actividades de I+D+I, una participación reducida que se pone de manifiesto de forma muy significativa al comparar el número de personas dedicadas a actividades de investigación y desarrollo en el sector privado frente al sector público.
La existencia de personal investigador en el tejido industrial es fundamental para poder llevar a cabo actividades de desarrollo tecnológico; hay varios programas promovidos por el Ministerio de Educación y Ciencia que tratan de salvar esta distancia entre el mundo de la investigación y el de la empresa. Pero quiero referirme fundamentalmente a uno, el programa Torres-Quevedo, para la contratación de personal de I+D de doctores y tecnólogos en empresas, centros tecnológicos y asociaciones empresariales; un programa que cuenta entre sus objetivos fundamentales el estímulo de la demanda en el sector privado de personal preparado para acometer planes y proyectos de I+D+I, fomentando su incorporación laboral efectiva.
Pretendemos además ayudar a la consolidación de empresas tecnológicas de creación reciente mediante la incorporación de personal que sirva de estímulo para el inicio y desarrollo de proyectos o planes estratégicos con importante carga de I+D+I.
Igualmente pretendemos promover una efectiva transferencia de los resultados de la investigación desarrollada en centros de I+D y su implantación en el sector productivo mediante la movilidad del personal formado en dichos centros.
El programa Torres-Quevedo libera a las empresas del coste del personal especializado en los primeros años de su actividad económica o al comenzar un nuevo proyecto de I+D, reduciendo en gran medida el riesgo de este tipo de actividades, donde una de las mayores inversiones corresponde a la contratación de profesionales capacitados para estas tareas.
Este programa está demostrando un dinamismo excepcional, fruto en gran medida de las modificaciones introducidas en las últimas convocatorias, que ha permitido un aumento aproximado de un centenar de ayudas en las primeras convocatorias hasta esta última, en la que se han concedido más de 800.
Siguiendo con las medidas impulsoras, las novedades incluidas en la nueva convocatoria de 2006 tienen, por un lado, un carácter movilizador, que responde a una necesidad real detectada en el sistema, y, por otro, persigue la creación de sinergias entre las diferentes actuaciones que lleva a cabo la Administración General del Estado, consolidando la cultura de la transferencia de conocimiento desde lo público hacia lo privado.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON JOSÉ SEGUÍ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA ANUNCIADA SUBIDA DE TARIFAS ELÉCTRICAS (S. 680/001121).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Seguí.
Tiene la palabra su señoría.


El señor SEGUÍ DÍAZ: Gracias, señor presidente.
¿Tiene el Gobierno una idea clara acerca de la anunciada subida de tarifas eléctricas? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE. Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, como usted sabe, el 13 de diciembre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio envió a la Comisión Nacional de la Energía, para que emitiera el informe preceptivo, el real decreto por el que se revisarán las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero de 2007. En la propuesta se considera una subida media de la tarifa eléctrica para los consumidores domésticos equivalente al IPC, es decir, de alrededor del 2,8 por ciento.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Seguí.


El señor SEGUÍ DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, nuestra pregunta no ha sido formulada de forma tonta o absurda. Pretendemos decirle, señor Clos, que en materia de tarifas eléctricas ustedes han hecho --permítame que se lo diga-- el ridículo más espantoso ante la opinión pública, permítame que se lo diga. Cada vez que ha comparecido usted en esta Cámara nos ha dicho una cosa distinta.
Probablemente, las habrá ido diciendo a medida que iba asimilando conceptos tras su reciente incorporación, pero lo cierto es que cada vez que usted o su secretario de Estado, Ignasi Nieto, nos han dicho algo sobre las tarifas han dejado inquietos a todos los portavoces, sin excepción. Con sus diversas versiones, en abstracto todo era posible.
Por fin, llegó el día en que ustedes se decidieron a concretar la subida.
Pactaron entonces con las compañías eléctricas que las tarifas subirían en 2007 un 10 por ciento, en dos tramos: primero un 6 por ciento, y después, en junio,

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un 4 por ciento. Pero alguien, en Economía y en Vicepresidencia, cayó en la cuenta de la gravedad económica y política de la medida. El desmentido llegó rápido, tanto por boca de la vicepresidenta como por boca del señor Moraleda, quienes garantizaron que la subida no superaría la del IPC, sin establecer si tal afirmación se refería a todo tipo de clientes o solo a los consumidores domésticos. Sin embargo, la semana pasada compareció usted en el Congreso y concretó que la subida sería del 2,8 por ciento para los consumidores domésticos y del 5,52 por ciento como media para el resto, y que las tarifas se revisarían de forma automática cada tres meses.
Comprenderá usted ahora que nuestra pregunta se haya formulado así: Por eso, insisto: ¿tiene el Gobierno una idea clara acerca de la anunciada subida de tarifas eléctricas? Hasta ahora ustedes han ido dando palos de ciego y han estado al vaivén de las olas. No han presentado un estudio serio sobre esta materia, para determinar la incidencia que la subida de tarifas tendría en nuestra economía. ¿Sabe usted, señor ministro, que con su anuncio en el Congreso de la subida de tarifas está incumpliendo la reciente moción que aprobó el Pleno del Senado, que les insta a no subir las tarifas eléctricas ni a particulares ni a las empresas por encima del IPC durante dos años? Ya veo que el respeto del Gobierno por esta Cámara sigue siendo el de siempre.
Por hacer las cosas mal, incluso han efectuado su último anuncio de subida de tarifas sin contar con el informe de la Comisión Nacional de la Energía. Cierto es que, visto lo visto, poco les va a decir en contra este organismo. Pero, por lo menos, guarden las formas, señor ministro.
En todo caso, lo que tiene que hacer el Gobierno es acometer en serio la problemática de las tarifas...


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.


El señor SEGUÍ DÍAZ: Termino, señor presidente.
... en el marco de la adaptación a las directivas comunitarias, pero también en el importante marco de la realidad económica de nuestro país.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Gracias, señoría.
Insisto: en la propuesta se considera una subida media de la tarifa eléctrica para 2007 para los consumidores domésticos equivalente a la del IPC, que será del 2,8 por ciento. Esta subida se repartirá en función de la potencia contratada, con objeto de fomentar el ahorro energético. En cuanto a los consumidores industriales, aquellos que no opten por acudir al mercado abierto, pasarán una tarifa del 5,52 superior por término medio; y habrá discriminación según consumo y medidas compensatorias fomentadoras del ahorro energético, al igual que en el caso de los consumidores domésticos. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.) El real decreto incorpora también importantes reformas estructurales destinadas a mejorar el funcionamiento del mercado de producción de la energía eléctrica, al promover una tarifa aditiva que recoja mejor los costes del sistema eléctrico. Esperamos que de esta forma se recupere el desarrollo de la comercialización en el mercado libre y que se fomente el ahorro de energía.
Es muy importante que modifiquemos nuestros hábitos de consumo a favor del ahorro energético. Este es un reto de futuro básico que debe ir en paralelo al aumento de las energías renovables. Con este nuevo paquete de medidas normativas en cuatro años nos habremos adaptado de forma gradual a las directivas europeas.
En definitiva, el real decreto trata de conciliar el menor impacto económico y social posible con la adaptación paulatina del mercado eléctrico a un mercado libre, según requiere la normativa comunitaria, evitando al mismo tiempo la creación del déficit tarifario insostenible que ustedes ya conocen.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor ministro.


-- DE DOÑA INMACULADA LOROÑO ORMAECHEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LOS MOTIVOS QUE HAN IMPULSADO AL GOBIERNO A APROBAR UN REAL DECRETO POR EL QUE SE MEJORA LA PREVENCIÓN DE LA PARASITOSIS POR ANISAKIS EN PRODUCTOS DE LA PESCA OFRECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN O DE COLECTIVIDADES (S. 680/001101).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta de la senadora Loroño. Su señoría tiene la palabra.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra. Quiero preguntarle por los motivos que han impulsado al Gobierno a aprobar un real decreto que precisamente entra hoy en vigor, por el que se mejora la prevención de la parasitosis por anisakis en productos de pesca ofrecidos en establecimientos de restauración o de colectividades.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Gracias, señor presidente.
Señoría, la razón fundamental para ello ha sido el cumplimiento de una normativa comunitaria que ha entrado en vigor el pasado día 1 de enero y que está destinada a proteger la salud de los ciudadanos, puesto que la incidencia de la anisakiasis está aumentando en los últimos años en

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nuestro país. Y así lo demuestran los estudios del Centro Nacional de Epidemiología y del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Este aumento es debido a una mayor infestación del pescado, a mejoras en el diagnóstico de la enfermedad y a la extensión de la costumbre de comer pescado completamente crudo o prácticamente crudo.
Los estudios realizados en lonjas y pescaderías indican que el parásito puede estar presente en entre el 35 y el 50 por ciento de todo el pescado que se comercializa. Y en cuanto a la prevalencia de sensibilización a los anisakis, los estudios más moderados indican que en nuestro país hay más de cien mil personas que ya están sensibilizadas.
Por otro lado, todos los estudios coinciden en que la transmisión de la anisakiasis está ligada al consumo de pescado crudo o muy poco cocinado, y en este contexto las medidas preventivas son esenciales. Entre ellas, la más eficaz es, sin duda, la congelación del pescado que se va a consumir en crudo o prácticamente en crudo durante 24 horas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Tiene la palabra la senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, se ha generado una alarma social, a mi juicio, innecesaria, cuando de hecho no estamos ante una situación de alerta alimentaria. Usted decía que ese real decreto se aprueba en cumplimiento de una norma comunitaria. La verdad es que los restauradores, y me refiero sobre todo a los de la cocina vasca, entre otros, consideran que la medida planteada, que se ha orientado directamente hacia los establecimientos de restauración o colectividades, en los que se deben congelar el pescado fresco a menos 20 grados centígrados durante 24 horas cuando se vaya a consumir crudo o poco hecho, los restauradores, decía, creen que es en cierto modo precipitada, puesto que los riesgos para la salud derivados del consumo en los centros de restauración es mínimo. Se pone así en riesgo uno de los elementos estrella por los que se caracteriza la cocina vasca, que es el pescado fresco y de calidad, al que se aplican distintos procedimientos de manipulación y elaboración altamente cualificados y reconocidos por la cocina internacional y por los comensales.
Euskadi es una comunidad con un consumo medio de pescado superior al de otras comunidades autónomas, y este real decreto coincide precisamente con una campaña lanzada por el departamento de Agricultura del Gobierno vasco promoviendo su consumo. Luego, de cara al consumidor, que así lo está percibiendo, estamos lanzando mensajes contradictorios.
Señora ministra, ¿realmente esta medida obedece a un incremento sustancial de casos de parasitosis por anisakis? ¿Es una medida recomendada, o prescrita por la Unión Europea? Vaya por delante, señora ministra, que en ningún momento esta senadora pone en tela de juicio la prevención de riesgos que amenacen la salud de las personas. En este caso la prevención más positiva y efectiva se corresponde con una información asequible, clara y concisa, orientada al consumidor, junto con pautas precisas sobre cómo manipular y tratar el pescado una vez adquirido, antes de su consumo y en función de cómo vaya a ser éste.
Señora ministra, creo que existen más riesgos en nuestros hogares que en los establecimientos de restauración o de colectividades, sometidos a controles e inspección sanitaria. Por ello, considero que su ministerio se ha precipitado, generando una alarma social innecesaria; diría más: ha creado una situación de alerta alimentaria inexistente, y en el sector de la restauración las dudas que asaltan al consumidor --valga esta anécdota-- han llegado hasta el punto de comentar: «Estas Navidades no como ostras», por la confusión generada. No se puede hacer tabla rasa en un tema como el del anisakis, y la información y la educación son las mejores armas para prevenir. No sé qué piensa hacer el ministerio respecto de ese real decreto, máxime cuando, a la vez, aparecen informaciones distintas sobre cómo hacer frente al anisakis. Por cierto, el Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria ya recoge ciertos métodos, y en su informe, aprobado...


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Senadora, concluya, por favor.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Concluyo, señor presidente.
...en febrero de 2005, hablaba de recomendaciones y no de cuestiones de carácter preceptivo.
Por todo ello, señora ministra, solo le solicito --y concluyo, señor presidente, agradeciéndole su benevolencia-- que, junto con el sector afectado y las comunidades autónomas, revise este real decreto y prevenga el riesgo con una información clara y precisa acerca de cuándo existe y qué hay que hacer para evitarlo. Transforme el real decreto en recomendaciones.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señora senadora, estamos de acuerdo en que concluya.
Señora ministra, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señora senadora, lamento contradecirle, pues el reglamento comunitario se denomina Reglamento por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal. Tras una introducción, dice textualmente --leo el diario oficial de la Unión Europea--: Los siguientes productos de la pesca deberán congelarse a una temperatura igual o inferior a -20º en la totalidad del producto, durante un período de, al menos, 24 horas. Este tratamiento se aplicará al producto en bruto o al producto acabado. A continuación, se solicitan los productos de la pesca para consumir crudos o prácticamente en crudos, se solicitan algunos más, y, también, los productos de la pesca en escabeche o salados, cuando este proceso no

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baste para destruir las larvas de nematodos. Por tanto, no se trata de una recomendación, sino de una obligación.
Por otro lado, esta norma comenzó a tramitarse en febrero del año 2006, es decir, su tramitación ha durado nueve meses, y se ha consultado a asociaciones de industrias de alimentación y bebidas, de distribuidores, de fabricantes de conservas y productos del mar, de restauración social, a las federaciones de hostelería, hoteles y alojamientos turísticos y, por supuesto, a las comunidades autónomas. Todas estas entidades no manifestaron reserva alguna; más bien al contrario. Lamento, efectivamente, que no se haya consultado uno por uno a los grandes cocineros.
Por lo tanto, termino reiterando que esta medida es aplicable nada más que al pescado que se compra fresco y se consume crudo o prácticamente crudo, lo que eso supone menos del 1 por ciento del pescado que se consume en nuestro país. Por otro lado, la congelación durante 24 horas no tiene por qué afectar a las propiedades o el gusto del pescado si se efectúa una descongelación lenta. Y si eso es así en los hogares, con muchísima mayor razón será en esos famosos restaurantes a los que usted alude en su pregunta.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora ministra.


-- DE DOÑA ROSA NÚRIA ALEIXANDRE I CERAROLS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE SI TIENE PREVISTO EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO ALGUNA LEGISLACIÓN DE CONTROL SOBRE LOS DENOMINADOS ALIMENTOS ECOLÓGICOS (S. 680/001104).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta de la senadora Aleixandre.
Su señoría tiene la palabra.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: «Gràcies, senyor president».
Bienvenida de nuevo, señora ministra. Últimamente la tenemos mucho por aquí.
En estos últimos años, y muy especialmente en los últimos meses, hemos notado un aumento de la presencia en los medios de comunicación de los llamados alimentos ecológicos. Señora ministra, usted sabe que estos alimentos son vendidos a unos precios entre cuatro y seis veces superiores a sus homónimos no ecológicos, y que de su publicidad --esto es lo preocupante-- podría deducirse que estos alimentos elaborados de forma tradicional son sanos y que los demás no lo son, cosa que, evidentemente no es cierta, ya que su ministerio garantiza la salubridad de todos los productos que pueden encontrarse en el mercado.
Somos conscientes de que se está creando una nueva industria en torno a estos alimentos, lo que podría suponer la salida de la crisis en la que se encuentran algunas explotaciones agrícolas de nuestro país. Pocas personas conocen la definición oficial, si es que la hay, de lo que es un alimento ecológico y cuáles han de ser sus requisitos de procedencia, cultivo o, en su caso, cuidado de los animales, y de elaboración, manipulación y conservación. Algunos de nosotros tuvimos la suerte de alimentarnos durante años con este tipo de alimentos, sin ningún tipo de aditivos y conservantes, producidos por agricultores y ganaderos con todo el esmero tradicional. Sin embargo, también conocíamos sus riesgos. La leche, por ejemplo, había que hervirla dos veces y su conservación era limitada, muy limitada. Todo ello induce a pensar que, como ocurrió con los productos bio, muchas empresas aprovechen el vacío normativo para abusar de los incautos consumidores, vendiendo productos que no cumplen ningún requisito de los que teóricamente deberían tener, porque, como digo, no hay definición ni información sobre en su producción, elaboración, manipulación, conservación y transporte.
Por ello, señora ministra, ¿tiene su ministerio alguna propuesta sobre la definición de lo que es un alimento ecológico y cómo puede garantizarse su trazabilidad a través de todo el proceso, desde la producción hasta la llegada al consumidor?

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Tiene la palabra, señora ministra de Sanidad.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, como usted sabe, las técnicas agrarias de la agricultura ecológica inciden en el medio ambiente, en la fertilidad del suelo, en la utilización de recursos --sobre eso existe un amplio debate--, y en las propiedades naturales de los alimentos, pero en ningún caso en su seguridad. Por ello, atendiendo a la responsabilidad de garantizar la seguridad de los alimentos que llegan a nuestros ciudadanos, los alimentos ecológicos deben cumplir las mismas normas legales que el resto.
Como sabe, el control y la certificación de la producción agraria ecológica se lleva a cabo a través de consejos o comités de agricultura ecológica territoriales, organismos dependientes de las consejerías de agricultura de las comunidades autónomas. Son productos que han de llevar un distintivo para que el consumidor los pueda distinguir en el mercado, con una etiqueta numerada y un logotipo o anagrama específico, que incluya el nombre de la autoridad u organismo de control y la leyenda «agricultura ecológica».
Es un asunto que afecta a la calidad del producto fundamentalmente y no particularmente a su seguridad alimentaria, que debe controlarse de la misma forma que la del resto de los alimentos. Por tanto, el Ministerio de Sanidad y Consumo no tiene previsto elaborar una legislación específica para los alimentos ecológicos.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora ministra.
Tiene la palabra la senadora Aleixandre.


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La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, voy a pedirle, y espero que lo hagan todos los grupos parlamentarios de la Cámara, que su ministerio empiece a definir qué es un producto ecológico, y no solamente la agricultura ecológica, que usted ha definido y está definida perfectamente. Yo me refiero a todo el proceso de manipulación que deben sufrir estos productos hasta su consumo, porque en estos momentos existe una también manipulación de los medios de comunicación al hablar de esos productos ecológicos. Por ejemplo, después de la producción --no hablo de la agricultura--, se podría indicar qué hay que hacer con ellos para su manipulación, su conservación, etcétera. Porque se está dando al usuario una serie de informaciones que sirven para engañarlo y para cobrar más caro por algo que podrían encontrar de otra manera.
Nunca hemos dudado de que el ministerio garantice la seguridad alimentaria de todos los alimentos del mercado español. Precisamente porque no lo dudamos, creemos que se pone en duda cuando se dice que el alimento ecológico es sano y el que no lo es, no. Como pensamos que el consumidor --y su ministerio también es de consumo-- puede ser engañado, antes de que ocurra, el ministerio debería tomar cartas en el asunto definiendo exactamente qué es un producto ecológico, informándose de si la Comunidad Europea tiene ya su definición. Y si no la tiene, ¿por qué no hacerla nosotros antes? No tenemos que ir a remolque de Europa. Eso serviría para saber hasta qué punto pueden fiarse nuestros consumidores, que confían en su ministerio, no solamente para que les proteja desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista del consumidor.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Tiene la palabra la señora ministra de Sanidad.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, tiene usted razón. Por supuesto, para la protección de los consumidores nosotros vamos a demandar que la información que se ofrezca a estos coincida con la realidad de los productos y sea, por lo tanto, un instrumento que permita a los consumidores elegir. Además de eso, vamos a poner en marcha en el año 2007 un plan nacional de control de la cadena alimentaria que incluya planes de control oficial y que verifique también las medidas de higiene en lo que puede ser la manipulación de todos esos alimentos a lo largo de la cadena alimentaria. Entre estas medidas y las que habitualmente se llevan a cabo desde Consumo, tanto por las comunidades autónomas como por el propio ministerio, espero que los derechos de los consumidores queden garantizados.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señora ministra.


-- DE DON ANTONIO ROMÁN JASANADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO ANTE EL INCREMENTO DEL CONSUMO DE COCAÍNA EN ESPAÑA (S. 680/001116).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta del señor Román Jasanada.


El señor ROMÁN JASANADA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, la encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas que realiza cada dos años la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha dado como resultado unas tendencias muy preocupantes en el consumo de drogas. La cocaína y el cannabis tienen una tendencia creciente. Así, 474.000 personas han consumido cocaína en el último mes, un 80 por ciento de ellos menores de 34 años. Encuestas de la Fundación de Ayuda para la Drogadicción también contienen datos alarmantes: un 20 por ciento de la población cree que la droga debe formar parte de la experiencia cotidiana. Se normaliza la visión en el consumo de drogas. Y otros estudios afirman que dos terceras partes de la población reconocen que la droga para ellos es muy accesible.
Antes estos datos, que no avalan, precisamente, la política de lucha contra la lacra de las drogas y que evidencian un fracaso en la lucha contra el consumo de cocaína y de cannabis, ¿qué medidas va a adoptar su ministerio? Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora ministra de Sanidad.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Román, lo primero que quiero debo decirle es que los datos sobre el consumo de cannabis no coinciden con los que usted ha dado; por el contrario, en la última encuesta hemos detectado una disminución del número de personas que han consumido cannabis a lo largo de toda su vida.
Es decir, de alguna manera se ha frenado la incorporación de nuevos consumidores, y ese es un resultado que, por positivo y alentador, creo que merece la pena mencionar.
Efectivamente, tiene usted razón en que los datos sobre el consumo de cocaína son preocupantes. Pero no son datos recientes; hace ya diez años que está aumentando el consumo de cocaína en nuestro país y, por otra parte, ha crecido la percepción de riesgo, percepción que tenemos que traducir en una disminución del consumo. Un 7 por ciento de la población entre 15 y 64 años ha probado la cocaína alguna vez en su vida y, por ello, el ministerio está ultimando un programa de actuación frente a la cocaína, en el que, desde luego, espera contar con la colaboración de las comunidades autónomas y con el consenso de los grupos parlamentarios, consenso que ha existido siempre en la estrategia frente a las drogas y que confiamos en que siga existiendo.
Gracias, señor presidente.


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El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra el senador Román.


El señor ROMÁN JASANADA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, respecto de los datos del cannabis, yo hago referencia a unas declaraciones suyas en las que se reconoce que el consumo habitual en los últimos 30 días era del 7,6 por ciento en 2003 y del 8,7 por ciento en el período 2005-2006, y en cuanto al consumo diario, del 1,5 por ciento en el 2003 y del 2 por ciento entre 2005 y 2006. Eso evidencia, quizás, una menor tendencia al crecimiento, pero sigue creciendo.
De todos modos, mi pregunta iba dirigida más al consumo de cocaína. Los datos de esta encuesta sitúan a España como el país de la Unión Europea con un mayor consumo de cocaína y, como decía antes, también evidencian un fracaso en la política de lucha contra la droga en la estrategia 2004-2008. Asimismo, este fracaso se evidencia en la consideración por parte de la población de que el consumo de drogas es algo normal o debe ser algo habitual durante el ocio y que no tiene problemas para la salud.
Creo que usted y yo coincidiremos en que no debe ser algo normal y que sí tiene graves problemas para la salud. Esta misma consideración de normalidad existía en los años 80 respecto del consumo de cocaína, años en los que parecía que consumir drogas estaba de moda y no tenía peligros.
En el año 2004 en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de la Droga usted dijo: Algo no funciona. Y yo, en 2006 hoy, digo que esto sigue sin funcionar. En esa misma Comisión Mixta, el Grupo Parlamentario Popular presentó una moción, enmendada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, en la que se instaba a establecer unas estrategias de comunicación dirigidas a los jóvenes respecto del consumo de cannabis y de cocaína, y también pretendía la información, sensibilización y colaboración de los centros de enseñanza en la información y formación sobre este problema. Ya sé que para usted --lo ha demostrado hoy en alguna de las preguntas-- es más importante la lucha contra el consumo de vino saludable, contra el pescado crudo, el anisakis, la hamburguesa y otros problemas que efectivamente pueden serlo, pero creo que la droga es un problema principal. Por tanto, creo que se debe incrementar, más aún en estas fechas navideñas, en las que en las fiestas se aumenta el consumo de drogas, la presión y la información para evitar dicho consumo.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, vaya terminando.


El señor ROMÁN JASANADA: Termino, señor presidente.
Deben mejorar las acciones para reducir la oferta de drogas, para informar de los efectos nocivos; infartos, ictus, brotes psicóticos o arritmias cardíacas, que provoca la cocaína. La población en general y los jóvenes en particular no perciben ese riesgo porque no están informados. Con congelaciones presupuestarias no vamos a mejorar la lucha contra la droga. Es necesaria una voluntad política expresada en materia presupuestaria y no únicamente limitarnos a políticas sanitarias...


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, vaya terminando.


El señor ROMÁN JASANADA: Termino.
No debemos limitarnos únicamente a políticas sanitarias en materia de anisakis, hamburguesas o consumo de vino, sino también ante el consumo de lo que erróneamente se consideran drogas recreativas y que, efectivamente, es un problema de salud que afecta a un porcentaje importante de la población, y más todavía a la población joven.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.
Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, usted ha mencionado dos veces algo relativo al consumo de vino saludable, y no sé a qué se refiere. En cualquier caso, quiero aclararle que este ministerio no ha emprendido ninguna acción contra el consumo de vino. La calificación de saludable es suya, y yo no la he utilizado en ningún momento.
En relación a la cocaína, he de decir que se ha incrementado la percepción del riesgo, y seguramente el incremento de esa percepción se debe a que desde el año 2004, y por primera vez se han hecho en España estudios clínicos que ponen de manifiesto los riesgos para la salud del consumo de cocaína. Además, haremos otro en los próximos meses con el fin de dar una información todavía más precisa a los profesionales. Por ello le decía que vamos a poner en marcha un plan en el que vamos a subvencionar, con carácter prioritario, los programas de prevención del consumo de cocaína, dedicando las campañas informativas del ministerio en 2007, en materia de drogas, a esta cuestión.
Por otro lado, en el área asistencial se va a demandar la cooperación de los profesionales del sector de las drogodependencias y atención primaria mediante una formación específica sobre la cocaína, la forma de detectar su consumo y la forma de combatirlo.
Por supuesto, como le decía, también la Comisión Clínica de la Delegación del Gobierno va a hacer público ese informe sobre cocaína, para ofrecer a la sociedad y a los profesionales las evidencias disponibles en este momento. Asimismo, va a haber una convocatoria de ayudas económicas a la investigación, priorizando estos proyectos.
Por otra parte, como usted sabe, con la colaboración del Ministerio del Interior se están también desarrollando actuaciones destinadas a reducir la oferta de drogas en el entorno educativo y en los espacios de ocio, y se está prestando una especial atención al tráfico minorista de cocaína.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señora ministra, le ruego vaya concluyendo.


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La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Sí, señor presidente.
La cooperación internacional con otros países, por ejemplo, con el Reino Unido, que el primer consumidor de cocaína, también se va a intensificar en este campo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora ministra.


-- DE DON FRANCISCO XESÚS JORQUERA CASELAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LOS MEDIOS QUE ESTÁ UTILIZANDO EL GOBIERNO PARA EL SEGUIMIENTO Y NEUTRALIZACIÓN DE LAS MANCHAS DE FUEL EN LA ZONA DEL HUNDIMIENTO DEL BUQUE PETROLERO «PRESTIGE» (S. 680/001102).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta del senador Jorquera.
Su señoría tiene la palabra.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿qué medios está utilizando el Gobierno para el seguimiento y neutralización de las manchas de fuel en la zona del hundimiento del «Prestige»? Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.
Señoría, como seguro que usted ya conoce, desde el inicio de esta legislatura el Ministerio de Fomento ha incrementado de manera muy significativa los medios de control y de lucha contra la contaminación en el mar, concretamente, en lo que se refiere a la disponibilidad de buques polivalentes, que han permitido aumentar en estos dos años, multiplicando por treinta, la capacidad de recogida de productos contaminantes.
Desde los primeros días del mes de noviembre, gracias a la existencia ahora también de una flota aérea a disposición del Plan nacional de salvamento y lucha contra la contaminación marina, el «Serviola III», con el apoyo de un buque de salvamento, ha estado identificando las manchas de fuel procedentes del «Prestige». En este momento, puedo decir que los vuelos se realizan de manera regular, dos veces a la semana, con el apoyo en el mar, desde el 1 de diciembre, del mejor buque que tiene en este momento a su disposición el Ministerio de Fomento: el buque «Doninda», que está en condiciones no solamente de identificar y rastrear las manchas de fuel si se vuelven a localizar, sino también de neutralizar.
Desde el pasado 13 de noviembre no se ha detectado ninguna nueva mancha, según nos informa el Ministerio de Fomento, y anteayer, precisamente el lunes, tuvo lugar el último vuelo de reconocimiento.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora ministra.
Tiene la palabra el senador Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, el riesgo de que llegue al litoral gallego la contaminación marina procedente de las nuevas fugas detectadas en los restos del «Prestige» es real. Los vientos predominantes en esta época del año y la experiencia que nos dejó el petrolero hundido hace cuatro años nos hacen temer que el destino más probable para las manchas de fuel sea el litoral gallego.
Desde nuestro punto de vista los medios actuales siguen siendo insuficientes y objetivamente, a día de hoy, Galicia no cuenta con capacidad operativa para afrontar una situación de riesgo como la actual.
Pensamos que el Gobierno español tiene que reforzar en Galicia los medios de los que dispone mientras dure esta situación. Es necesario que Galicia cuente con buques de mejores prestaciones, que se destine a Galicia un buque anticontaminación real --el «Doninda» no lo es-- y un avión de patrulla marítima diseñado para este tipo de tareas, de las características del «P3 Orión». Por eso, señora ministra, solicitamos al Gobierno las siguientes actuaciones. Primero, la realización de una prospección submarina para analizar el estado de la proa y de la popa del «Prestige» y de las dos bolsas lanzaderas hundidas al objeto de detectar con exactitud las razones de la pérdida de fuel y determinar los pasos a seguir para neutralizarla.
En segundo lugar, realizar las acciones de reconocimiento aéreo y naval para efectuar el seguimiento continuo de la evolución en el mar de la contaminación generada.
En tercer lugar, destacar en Galicia los medios navales de lucha contra la contaminación marina precisos para neutralizar el fuel directamente en el mar antes de que llegue a la costa.
Y en cuarto lugar, ofrecer de forma periódica y sistemática información sobre el estado de la situación a la sociedad gallega. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Por último, señora ministra, no olvide usted que esta situación de riesgo, motivada por las nuevas fugas del «Prestige», es solo una manifestación más de un problema estructural de nuestras costas. Frente a las costas gallegas discurre uno de los principales corredores de tráfico marítimo internacional. En los últimos 40 años siete de los diez siniestros marítimos de consecuencias altamente contaminante habidos en Europa tuvieron lugar frente a las costas gallegas. En ese mismo período tres de las diez mayores mareas negras registradas en el mundo tuvieron lugar en nuestro mar. La catástrofe del «Prestige» fue reveladora de la situación de indefensión de Galicia frente a esas amenazas. Muchas fueron las promesas contraídas por los gobiernos del Estado con nuestro país a raíz de aquella catástrofe, pero aunque se han producido avances que no negamos, desde nuestro punto de vista la dotación de medios

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actual y la contemplada en el nuevo Plan de salvamento marítimo sigue siendo insuficiente. Galicia sigue careciendo de buques anticontaminantes, es insuficiente la dotación de remolcadores de altura y de medios aéreos y ni siquiera está asegurada una adecuada cobertura de la radiocomunicación a lo largo del corredor marítimo.
Ministra, que el grito unánime de «nunca mais» dado por la sociedad gallega sea una realidad, y para que así sea reclamamos, ministra, un mayor esfuerzo de su Gobierno en esa dirección.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señoría, si considera usted insuficiente lo que ahora tiene a disposición el Gobierno para prevenir accidentes como el del «Prestige», no sé cómo calificaría la situación anterior al año 2004. Como le he señalado, en estos momentos hay ya tres buques polivalentes y en enero, señoría, se incorpora el cuarto. La capacidad de recogida de productos contaminantes en el mar se ha multiplicado por 30 en esta legislatura, pasando de 80 metros cúbicos en el año 2004 a 2.430 metros cúbicos en el 2006. La capacidad de remolque se ha incrementado en más de un 50 por ciento, se dispone ahora de cuatro aviones y es la primera vez que se incorporan aviones a la flota aérea de salvamento marítimo. Se ha ampliado notablemente la capacidad de cobertura y las prestaciones de los equipamientos electrónicos del centro zonal de coordinación de salvamento en Finisterre; se ha aprobado la zona marítima de especial sensibilidad del Atlántico oeste y todas sus medidas asociadas. Como le señalaba antes, dos veces a la semana se están produciendo vuelos de reconocimiento con el apoyo desde el día 1 de diciembre del mejor buque que tiene ahora mismo la flota de salvamento marítimo, un buque que tiene una capacidad de recogida de 1.750 metros cúbicos de sustancias contaminantes y, por supuesto, señoría, como la vicepresidenta anunció hace poco en Galicia, ya se ha pedido a la empresa Repsol que lleve a cabo esa prospección del buque hundido para detectar suficientemente las razones de las fugas.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


-- DE DON FRANCISCO JAVIER IGLESIAS GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS QUE NO SE UTILIZÓ LA PRESA DE IRUEÑA, DE FUENTEGUINALDO (SALAMANCA), PARA CONSEGUIR LAMINAR LAS AVENIDAS DE AGUA DE ESTE OTOÑO A SU PASO POR CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA) (S. 680/001119).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Iglesias.
Tiene la palabra su señoría.


El señor IGLESIAS GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, los hechos acaecidos en Ciudad Rodrigo durante este otoño podemos calificarlos de graves. Culminaron el 24 de noviembre con las inundaciones, que afortunadamente no fueron tan graves como podían haber sido, pero el hecho relevante es que en Ciudad Rodrigo, gracias a la inversión pública, contamos con una presa importante, la presa de Irueña, señora ministra, que está terminada desde el año 2004. ¿Por qué no se utilizaron los portillos de la presa de Irueña? ¿Por qué desde el auto judicial de 31 de marzo, en el que autorizan el llenado de la presa, el Gobierno no ha hecho sus deberes?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.
Señoría, este Gobierno hará los deberes bastante más rápido que el Partido Popular, que prorrogó en seis ocasiones, entre los años 1996 y 2004, la finalización de la presa de Irueña.
Señoría, el próximo año, cuando lo permitan las condiciones desde el punto de vista del proyecto de cierre de los portillos --que será en los meses de julio y agosto--, se concluirá esa actuación por la que usted me pregunta.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, esa es su versión. No se trata de echarnos la pelota unos a otros, se trata de los hechos, y los hechos son tozudos. Desde el 31 de marzo de 2005, judicialmente, se puede llenar esa presa; hasta ese momento no se podía hacer. Usted llevaba un año en su despacho de Madrid y ha sido absolutamente incapaz de realizar bien su tarea, la que le han encomendado todos los españoles.
Hoy, 20 de diciembre de 2006, casi dos años después de este auto judicial, no se puede utilizar la presa de Irueña debido a la incapacidad del Gobierno o, lo que es peor, al desinterés. Usted, sencillamente, no ha tenido interés en este asunto. Usted, dada la gravedad de los hechos que han acaecido en este otoño, no ha tenido interés en salvaguardar los enseres y, lo que es más importante, la vida de las personas que viven cerca del río Águeda. Usted es la única responsable de los hechos que hemos padecido en nuestra ciudad, en mi ciudad.
Señora ministra, los ciudadanos no están tranquilos, están preocupados; los mirobrigenses no merecemos tal trato del Gobierno de España. Además, no lo digo yo solo, lo dice un ex alcalde de Ciudad Rodrigo y un ex senador de esta Cámara, de su partido, del Partido Socialista, que afirma: Un año y medio después de que la Audiencia Nacional autorizara el llenado parcial de la presa, todavía no se han realizado siquiera los trabajos de deforestación del vaso. Estos trabajos están realizados con

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personal y maquinaria de la propia Confederación Hidrográfica del Duero, lo que ralentiza mucho las cosas y es una obra urgente; lo que tiene que hacer es redoblar los esfuerzos materiales y humanos. Lo dice una persona de su partido que ha tenido cargos relevantes dentro del Partido Socialista.
Señora ministra, la prueba más importante de que su Gobierno es responsable es que los concejales del Partido Socialista de Ciudad Rodrigo no asistieron a una manifestación convocada por los vecinos para ayudar a las personas, por lo menos moralmente, a conseguir lo que todos queremos: que se pueda utilizar la presa.
Señora ministra, siento decirle que estoy absolutamente de acuerdo con la petición de dimisión que han realizado algunas personas de mi partido en la provincia de Salamanca. Lo siento, pero usted no ha realizado sus deberes.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.
Imagino que usted también pidió la dimisión del ministro de Medio Ambiente que retrasó durante ocho años --los varios ministros, porque no fue solo uno-- la terminación de la presa de Irueña. Pero, señoría, estoy segura de que usted solo se une a la petición de dimisión de ministros socialistas; ministros que han llevado a cabo una limpieza de extraordinaria importancia en el cauce del río Águeda; la Confederación Hidrográfica del Duero, la Sociedad Estatal de Aguas del Duero; también está llevando a cabo en estos momentos una actuación que mejorará mucho las condiciones hidráulicas y, por tanto, la prevención de avenidas del río Águeda en Ciudad Rodrigo.
Y, señoría, posiblemente, lo que usted no sabe es que esas 300 personas que viven en el arrabal del puente, y que son las únicas afectadas por un posible desbordamiento del río, tienen construidas sus casas en zona inundable. Y, fijese, con la presa de Irueña, todo el plan de reforestación y todas las medidas ambientales que hay que llevar a cabo nos vamos a gastar nada menos que 60 millones de euros. Señoría, por 60 millones de euros, 300 personas podrían haber sido distribuidas dentro del término municipal de Ciudad Rodrigo en viviendas de alto «standing» por un coste infinitamente menor que el coste económico y ambiental de construcción de la presa de Irueña.
Señoría, la prevención de avenidas en nuestro país tiene que contar, también, con la colaboración y la implicación de los alcaldes responsables de la construcción o, en su caso, del mantenimiento en zonas inundables de viviendas. No se trata de seguir construyendo grandes obras hidráulicas para evitar que el agua llegue a zonas inundables donde se siguen manteniendo viviendas.
En este momento, con los datos que tenemos, nunca se hubiera consentido construir viviendas en ese arrabal del puente, donde, por cierto, no llegó a entrar el agua el otro día porque la Confederación Hidrográfica del Duero --en etapa socialista, años 1984 y 1990--, construyó, mantuvo y recreció un muro de contención que evitó, precisamente, que llegara el agua; cosa que no sucedió, por lo que sé, en el año 2000, señoría.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON EDUARDO CUENCA CAÑIZARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA COMBATIR LA ESPECULACIÓN Y CORRUPCIÓN URBANÍSTICA EN LOS GOBIERNOS LOCALES (S.
680/001073).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Cuenca Cañizares.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Muchas gracias, señor presidente.
¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para combatir la especulación y corrupción urbanística en los gobiernos locales?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Vivienda.


La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno de España ha puesto en marcha iniciativas legislativas y de gobierno para combatir la especulación y corrupción urbanísticas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Cuenca Cañizares.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, la especulación, los pelotazos urbanísticos, el caos y los casos de corrupción urbanística tienen varias consecuencias y una de ellas afecta a su ministerio.
La principal consecuencia que tienen es el aumento del precio final de la vivienda, lo que cada vez hace más imposible que los jóvenes de nuestro país puedan acceder a una vivienda. Además, la especulación, los pelotazos y los casos de corrupción urbanística son como una bola que va creciendo más y más; de hecho, cada día nos desayunamos con noticias nuevas. Y no parece que esto vaya a parar, porque atrás quedan acontecimientos tan graves como los de Marbella, Seseña e incluso el cambio de Gobierno en la Comunidad de Madrid o el desarrollo urbanístico valenciano, que sitúan al borde del colapso el modelo de desarrollo territorial.
Por lo tanto, señora ministra, esta bola crece y no parece que vaya a parar aquí. Pero, además, existe cierta incomprensión con aquellos alcaldes honestos que denuncian y ponen a disposición de la justicia casos de especulación urbanística. Para que usted tenga un dato le diré que, en el caso de Seseña, el alcalde ha sido llamado a declarar antes que el especulador, antes que aquel que tiene que dar explicaciones por la especulación urbanística en una localidad.


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Le he preguntado sobre las medidas que piensan adoptar porque nosotros tenemos algunas propuestas y queremos cotejar con el Gobierno si de verdad está o no dispuesto a llevarlas a cabo. Le proponemos medidas para fomentar una mayor transparencia en materia de urbanismo, mejores canales de información y de acceso a todo lo que tiene que ver con la tramitación urbanística, fomentar los períodos de información pública y participación ciudadana. Se trata de medidas que tienen que ver con el valor del suelo porque es en torno al valor del suelo donde se mueven los casos de corrupción, pelotazo y caos urbanístico. Además, le planteamos elementos de protección de medio ambiente, del litoral y de nuestras costas.
En el ámbito judicial creemos que hacen falta más medios y especialistas para la investigación de casos de corrupción y especulación urbanística.
Igualmente, creemos que se debe producir un endurecimiento de las leyes, de forma que sea más incompatible el funcionamiento de lo público y de lo privado.
Por último, señora ministra, le planteamos un reto al Gobierno, si va a estar dispuesto a liderar la necesidad de un pacto ético contra la especulación y la corrupción urbanística.
Estamos a tiempo, y parece que esto no ha hecho nada más que empezar. Lo que nos demandan los ciudadanos a los que ocupamos cargos en la función pública es una respuesta, la adopción rápida de medidas para evitar que, al final, los casos de corrupción y especulación urbanística en nuestro país tengan repercusión en el último destinatario. Es decir, que el joven termine pagando más cara la vivienda porque alguien se lleva el dinero por el camino.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Vivienda.


La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Muchas gracias, señor presidente.
Sí, señoría, tiene usted razón. Creo que hay que decir muy alto y muy claro que cuando se habla de plusvalías en la transformación del suelo quienes realmente las pagan son los ciudadanos que compran una vivienda a un precio muy elevado.
Muchas de las propuestas que su señoría ha mencionado ya están incluidas en el proyecto de Ley del Suelo, actualmente en tramitación parlamentaria, a iniciativa del Gobierno de España, y espero que se puedan incluir algunas más a iniciativa de su grupo político.
Pero no solo figuran en la Ley del Suelo sino en otras muchas medidas legislativas que el Gobierno de España, en una acción transversal y coordinada de Gobierno, que afecta a muchos ministerios, ha incluido desde el inicio de la legislatura buscando la transparencia, el freno de la corrupción y la lucha contra la especulación. Por ejemplo, del Ministerio de Economía y Hacienda, la Ley de Prevención del Fraude Fiscal; del Ministerio de Administraciones Públicas, el ante proyecto de Ley Básica del Gobierno de Administración Local; del Ministerio del Interior, la creación de la unidad especializada de la Guardia Civil, ya operativa; del Ministerio de Justicia, el proyecto de Ley de Reforma del Código Penal, aprobado ya en el pasado Consejo de Ministros, así como la fiscalías delegadas para Medio Ambiente y Urbanismo, ya operativas; del Ministerio de Medio Ambiente, la reforma de la Ley de Montes y el plan de sostenibilidad de la costa; y, por último, del Ministerio de Vivienda, múltiples iniciativas, entre las que se encuentra el proyecto de Ley de Suelo, ya en tramitación parlamentaria.
Pero, de todas estas medidas, que ya están en marcha desde el inicio de esta legislatura, solo me voy a referir a dos muy importantes: el proyecto de Ley de Reforma del Código Penal, ya aprobado en el pasado Consejo Ministros, y la Ley del Suelo.
Por ejemplo, en cuanto al proyecto de Ley de Reforma del Código Penal, por primera vez este Gobierno considera con denominación propia los delitos urbanísticos junto a los delitos sobre la ordenación del territorio, y se elevan las penas privativas de libertad que pueden imponerse a los responsables de este tipo de delitos; por primera vez se consideran en el Código Penal las obras ilegales de urbanización entre las conductas punibles, y ya no solo las relativas a construcción o edificación, como sucedía antes, es decir, los tipos penales afectan ahora a todas las fases del procedimiento de transformación del suelo: parcelación, urbanización, construcción y edificación; se exige responsabilidad penal a las personas jurídicas; se imponen multas proporcionales al perjuicio causado, no como antes, que era fácil delinquir porque no se ingresaba en prisión y porque además la responsabilidad civil era mínima; y asimismo se incluye una nueva conducta atípica en cuanto a la prevaricación especial, en el artículo 320, para que las autoridades o funcionarios que silencien las infracciones urbanísticas pueden así penalmente condenables.
Además, en el proyecto de Ley del Suelo se incluyen medidas sobre transparencia, información, participación de la ciudadanía, mayor control de la legalidad a través de los registros, y la posibilidad de que todos los instrumentos urbanísticos sean conocidos. Todas esas medidas ya están contempladas.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DON PERE MACIAS I ARAU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LOS TRÁMITES PARA LA CREACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO (S. 680/001078).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Macias.
Tiene la palabra su señoría. También le felicito por su idoneidad para ser senador.


El señor MACIAS I ARAU: Esperemos que mañana los señores diputados voten a favor, que de eso se trata. Gracias, señor presidente.
«Bon dia», señora ministra.


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En primer lugar, me va a permitir que haga algo que estos días viene a cuento, y es que le felicite las Navidades y, sobre todo, le formule un deseo: que tenga usted, como persona, desde luego, pero, sobre todo, como ministra, un buen año 2007. Y usted comprenderá que este es un deseo personal pero también político, porque desear que en el año 2007 la señora ministra tenga un buen año significa muchas cosas: en primer lugar, que consigamos este objetivo de que el incremento del precio de la vivienda se sitúe alrededor del incremento de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. Este es un objetivo que estoy seguro que compartimos.
Pero nuestra pregunta viene en relación a una cuestión que ha sido objeto de varias iniciativas por parte de nuestro grupo parlamentario, que es la creación del museo nacional de arquitectura y urbanismo. Usted nos ha relatado a lo largo de varias comparecencias cómo se encontraba el proyecto. Hace bastante tiempo que no conocemos dónde está y qué acontece al respecto, por lo que formulo la pregunta referida a en qué momento están los trámites de creación de este museo.
Muchas gracias, señora ministra.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Vivienda.


La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, con toda seguridad, el deseo que pide para mí, se cumplirá para todos los españoles. Sólo tengo que recordarle que cuando llegamos al Gobierno, el precio de la vivienda subía un 19 por ciento y, a septiembre de 2006, el precio de la vivienda libre sube un 9,8 por ciento, siendo la primera vez en cinco años que el precio de la vivienda sube por debajo de los dos dígitos. Las próximas estadísticas nos irán también manifestando la línea de moderación del precio de la vivienda libre.
En relación con la creación del Museo de Arquitectura y Urbanismo, los trámites, señoría, discurren según lo previsto, y hoy, concretamente, la Comisión de Subsecretarios está debatiendo el borrador de real decreto de creación del Museo Nacional de Arquitectura y Urbanismo.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora ministra. Permítame que haga una pequeña acotación a su respuesta.
Los precios están por debajo de dos dígitos, que significa un 9,8, si no estoy equivocado, pero los sueldos de los ciudadanos siguen creciendo alrededor del 3 por ciento. Por tanto, sea ambiciosa y no se contente con esto, que queda muy bien a efectos de poder proclamar una determinada acción de Gobierno, pero que a los ciudadanos no les satisface aún.
Me informa usted de esta reunión, de la creación de este real decreto, pero yo le pido que concrete más. Las decisiones de esta comisión han sido hasta ahora positivas, las dos sedes, el hecho de ir avanzando, así como el hecho de querer diseñar un museo nacional moderno que no sea simplemente un lugar para guardar y enseñar algo fenomenal, sino un lugar muy pedagógico. Hablaba el senador Cuenca de la situación de la corrupción urbanística. Tengo que decir que un museo nacional del urbanismo tiene que tener también este objetivo, es decir, enseñar aquello que se ha hecho bien y también las barbaridades, ya que todo forma parte de la historia. Quienes vayan a ir --esperamos que sea muy pronto-- a estos museos deben contemplar como contenidos y elementos de pedagogía cívica y social.
Por tanto, señora ministra, ya sé que usted tiene otras prioridades, y las comparto, pero le pido que no ceje usted en su empeño respecto a este museo y trabaje para intentar que en el año 2007 sea una realidad.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Vivienda.


La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señoría. Le comentaba al principio que sí que es una realidad porque hoy, concretamente, la Comisión de Secretarios de Estado y Secretarios, como paso previo al Consejo de Ministros que va a crear el Museo Nacional de Arquitectura y Urbanismo, está debatiendo sobre él.
Hay que poner en valor que por primera vez en la historia de este país se crea un Museo Nacional de Arquitectura y Urbanismo, formando parte de las políticas del Gobierno de España, de las políticas de vivienda y suelo.
Sabe su señoría, que en 2005 se constituyó una comisión para preparar el proyecto de creación del Museo de Arquitectura y Urbanismo, que ha trabajado a lo largo de ese año, y que ha emitido un informe cuyas ideas centrales son: dedicación doble a la arquitectura y al urbanismo como forma de reflejar nuestras políticas y tener la posibilidad de gestionar mejor nuestro patrimonio archivístico, nuestro patrimonio documental y poder también adoptar decisiones, además de la formación y la educación en estos ámbitos. También habló de la separación de sedes para cada una de las secciones de urbanismo y de arquitectura; la creación de un centro de documentación de la cultura arquitectónica y urbanística, y el fomento de una red de centros asociados que en colaboración con las administraciones autonómicas y locales, con las universidades, con los colegios profesionales y, en definitiva, con la sociedad civil, con las familias y con las fundaciones pudiera extender y descentralizar la cultura arquitectónica y urbanística.
Tras la entrega de ese informe de la comisión de expertos, se iniciaron los trámites que están establecidos en la Ley de patrimonio histórico español y en el Reglamento de museos estatales y del sistema español de museos, se consultó a las comunidades autónomas donde se van a ubicar las sedes y las demás instalaciones del museo, y se han iniciado posteriormente los trámites de carácter administrativo y presupuestario.
Se remitió al Ministerio de Cultura, porque es el que tiene que elevar al Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio de Vivienda, el borrador de real

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decreto de creación de Museo Nacional de Arquitectura y Urbanismo, y esa tramitación ha concluido esta semana. Como le decía anteriormente, como paso previo a su aprobación en un próximo Consejo de Ministros, hoy la Comisión de Subsecretarios está debatiendo ya la creación del Museo Nacional de Arquitectura y Urbanismo, que va a ser una realidad con toda seguridad antes de 2007, es decir, en diciembre de 2006.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DOÑA ANA MARÍA CHACÓN CARRETERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA PRESENCIA Y PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL DEL GOBIERNO EN MATERIA DE POLÍTICAS URBANAS Y DE VIVIENDA (S. 680/001113).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Ana María Chacón Carretero.


La señora CHACÓN CARRETERO: Muchas gracias, señor presidente.
Bienvenida, señora ministra.
Cuando el PSOE llegó al Gobierno la agenda internacional estaba bastante abandonada, y con el Gobierno socialista se recuperó. Y en materia de vivienda se recuperó precisamente porque tenemos temas de que hablar.
Especialmente positivos son los ejemplos de colaboración en materia urbanística con Latinoamérica, Europa y la bilateralidad con Marruecos.
Pero sobre todo considero un buen trabajo el realizado en el ámbito de la Unión Europea en cuanto a la configuración urbana y a políticas urbanas a la hora de la financiación. Creo que hoy existe una verdadera agenda de políticas urbanas, lo que no consiste solo en hacer viviendas sino en configurar las políticas urbanas hacia ciudades más sostenibles y saludables. Pero también tenemos cosas que decir en esta materia a nivel internacional. Por ello, señora ministra, le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuál es la presencia y participación internacional del Gobierno de España en materia de políticas urbanas y de vivienda?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Vivienda.


La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, cuando llegamos al Gobierno de España no había política de vivienda. Por tanto, ni había agenda nacional ni agenda internacional.
El Gobierno de España ha recuperado la agenda internacional en las políticas urbanas y en las políticas de vivienda no solo en el ámbito de Naciones Unidas sino también, y sobre todo, en el ámbito de la Unión Europea así como con los países vecinos como Marruecos, y otros países del arco mediterráneo y también con los países latinoamericanos, donde España ejerce un gran liderazgo y una posición de referencia muy importante. Por ejemplo, en el ámbito de Naciones Unidas España ha presidido durante dos años el Foro Urbano Mundial, desde Barcelona 2004 hasta Vancouver 2006, en que trasladamos al Ministerio de Vivienda de Canadá la Presidencia del Foro Urbano Mundial, donde se están alcanzando conclusiones importantísimas sobre un desarrollo urbano sostenible desde el punto de vista social, económico y medioambiental. Pero también por primera vez España participa al máximo nivel ministerial en el consejo de administración del programa Hábitat de Naciones Unidas, donde se plantean y debaten objetivos sobre los asentamientos humanos en todo el mundo.
En el ámbito latinoamericano, como decía, España tiene una posición de referencia y liderazgo muy importante, hasta el punto de que las reuniones de ministros de América Latina y el Caribe han sido presididas por España en dos ocasiones previas a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno latinoamericanos, una de ellas en Guadalupe (España), y otra posterior en Montevideo. Pero lo más importante es que nuestros proyectos de políticas de vivienda y suelo están siendo una referencia para Latinoamérica. Actualmente debaten el código técnico de la edificación español como normativa de referencia, pero mucho más importante es que tanto Uruguay como Chile se han orientado en nuestro proyecto de ley de suelo para sacar adelante sus normativas urbanísticas. Esto es muy importante para nosotros no solo con países a los que nos unen unas especiales relaciones históricas sino también con países en los que sus políticas de vivienda y urbanas tienen determinadas peculiaridades. Que podamos ser referencia en la normativa urbanística y en la normativa técnica de la edificación es muy importante para nosotros y por eso hemos de valorarlo.
En la Unión Europea hemos tenido también una participación muy activa tanto en las reuniones de ministros de vivienda como en las de ministros de políticas urbanas. España ha vuelto a estar representada al máximo nivel en estas reuniones, antes no se sabía absolutamente nada. Pero además, estamos trabajando para incrementar el compromiso de la Unión Europea para un desarrollo urbano sostenible, y además, para conseguir nuevas formas de gobierno para la política de vivienda. El desarrollo urbano integrado es básico para alcanzar la sostenibilidad urbana, y por ejemplo, estamos trabajando actualmente en determinadas estrategias para conseguir un mejor medio ambiente físico y urbano, para fortalecer las economías locales, para integrar la población inmigrante y para conseguir políticas activas formativas y educativas sobre el desarrollo urbano sostenible dirigidas a los jóvenes y a los niños.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON EDUARDO DE ORDUÑA PUEBLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS RESULTADOS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA Y SUELO (S. 680/001114).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador De Orduña.
Tiene la palabra su señoría.


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El señor DE ORDUÑA PUEBLA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, de nuevo nos interesamos por los resultados en materia de vivienda. Algunos dirán que esto es recurrente. Nosotros creemos que preguntarle con cierta periodicidad sobre los resultados de las políticas que ustedes llevan adelante es algo que interesa a los ciudadanos y muy fundamentalmente a toda esa gente, que hoy nos visita, a todos los jóvenes y, por tanto, buena es la ocasión para que preguntemos una vez más, sobre qué se está haciendo en materia de política de vivienda para favorecer el derecho de los ciudadanos al acceso a esa vivienda.
Tiempo atrás la vivienda libre, como producto estelar y casi único, construida sobre suelos habilitados por los generosos planes generales y las modificaciones a los mismos, aprobados también en virtud de una ley del suelo liberalizadora y permisiva con la que hacer buenos negocios, con la que algunos hacían buenos negocios aunque era una ley lesiva para los intereses de una mayoría de los ciudadanos y ahora sabemos también que para muchos ayuntamientos, crecía en porcentajes imposibles para las economías medias, no digamos nada por debajo de ese umbral, con suelo revalorizándose de manera espectacular y generando inmensas plusvalías casi en exclusiva para sus propietarios y pagadas por los ciudadanos.
Y mientras tanto se da un abandono de otras modalidades de vivienda, como la vivienda protegida, y desactivación de las políticas públicas perjudicando el acceso de los ciudadanos a la vivienda, que es su derecho; y nada digamos del nulo interés por motivar a propietarios y promotores de inmuebles en alquiler que era entonces casi un parque inmovilizado.
Los suelos públicos propiedad de las administraciones estaban sirviendo a fines distintos al residencial para viviendas asequibles y casi siempre sin razones fundamentadas. Había un escaso compromiso para garantizar la calidad en la edificación y la eficiencia energética. Nada se hacía por perseguir comportamientos especulativos que eran y son origen de malas prácticas, como se está poniendo de relieve hoy.
En fin, señora ministra, un panorama, este de la vivienda, que hemos dibujado nada halagüeño para las aspiraciones de una gran parte de la ciudadanía, sobre todo --como hemos dicho-- de los jóvenes --quienes tenemos hijos en esas edades lo sabemos muy bien-- que desean acabar con la angustia de no encontrar el hábitat que les permita tener una vida propia.
Esta era ministra la situación real, nada figurada, que quedó como herencia de una etapa oscura en materia de vivienda y suelo, herencia legada por quienes con insistencia hoy y con mucha desmemoria exigen resultados que en comparación con su esfuerzo y compromiso resultarían impensables. Sin embargo, los nuevos planes de vivienda, las ayudas que ofrecen, la nueva legislación en vigor y la que está en debate parlamentario, la concertación entre administraciones, la puesta a disposición de suelo titularidad de diferentes departamentos ministeriales, instrumentos como la Agencia de Alquiler, tan injustamente denostada por aquellos que fracasaron en políticas de arrendamientos, entidades como el Sepes con su inestimable impulso en este período, están tornando aquella penosa situación de hace poco menos de tres años en otra distinta que ya está ofreciendo resultados: desaceleración de los precios de la vivienda libre, más viviendas protegidas, más familias que consigan ayudas para lograr su vivienda en propiedad o alquiler, más fondos para las comunidades autónomas que pueden llevar así adelante sus políticas y mayor sostenibilidad y crecimientos armónicos de nuestras ciudades que se verán reforzados con la nueva ley del suelo.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine.


El señor DE ORDUÑA PUEBLA: Termino.
Además, ya nos ha explicado usted hoy la política de tolerancia cero con la especulación abusiva y la corrupción ligada a la misma.
Este nuevo panorama, ministra, es lo que comienza a percibir los ciudadanos, es lo que ya se empieza a sentir en la calle y nosotros le pedimos a la ministra que si es posible nos confirme esta impresión basándose en la información y en los datos que maneja y que serán mucho más actuales.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la ministra de Vivienda.


La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Gracias, señor presidente.
Aunque en las últimas semanas estamos escuchando por parte del Partido Popular que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales las leyes urbanísticas del Partido Socialista y del Partido Popular este es el momento adecuado, relacionándolo con sus palabras, para decir que eso es radicalmente falso porque actualmente está en vigor en España una ley que aprobó el Gobierno Aznar, que es la ley de 1998 y que ha tenido unos efectos tan perversos para la ciudadanía, para la economía y para nuestro medio ambiente.
Por lo tanto, cuando llegamos al Gobierno uno de nuestros objetivos fue garantizar que los ciudadanos pudieran acceder a una vivienda en este país. Hemos tenido que dar un cambio de rumbo a las políticas de vivienda que --como siempre he dicho-- no existían y no solo mediante la creación del Ministerio de Vivienda, sino con la aprobación de un plan de choque en 2004 para incrementar el número de vivienda protegida, la aprobación del plan estatal actualmente vigente 2005-- 2008, la creación de la Sociedad Publica de Alquiler, la aprobación del Código Técnico de la Edificación para hacer viviendas más habitables, más sostenibles y con más seguridad, además del borrador del proyecto de ley de suelo que está actualmente en tramitación parlamentaria. Han sido las principales medidas que hemos llevado a cabo para garantizar el acceso a la vivienda.
En poco más de dos años de Gobierno socialista se puede decir que los resultados son cuantificables, aunque tenemos que seguir trabajando porque nos hemos dado

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cuenta de que al anterior Gobierno del Partido Popular no solo le gustaba calentar el mercado para que subiera el precio de la vivienda libre sino también repartir entre los hijos de sus altos cargos la vivienda protegida. Por tanto, como decía, los resultados son cuantificables. Los precios de la vivienda libre han pasado de un 18,4 por ciento cuando llegamos al Gobierno, casi un 19 por ciento, a un 9,8 por ciento a septiembre de 2006. Probablemente, los próximos datos que demos en enero serán todavía mejores con el objeto de que a lo largo del año 2007 nos acerquemos a la subida del IPC.
En segundo lugar, hemos batido un récord en viviendas protegidas iniciadas. El último año se han iniciado 85.000 viviendas protegidas, esto choca mucho con la media de 45.000 viviendas que se iniciaban, por ejemplo, en los años 2000 a 2002. Por tanto, más ciudadanos pueden acceder a una vivienda, sobre todo más jóvenes, porque el 80 por ciento de los demandantes de vivienda protegida son jóvenes menores de 35 años.
Estamos en unas cifras cercanas al 15 por ciento de vivienda protegida, es decir, de cada 100, hoy 15 son protegidas; cuando llevamos solo eran un siete. Nuestro objetivo es que a lo largo de esta legislatura se llegue a 30. En dos años y medio de Gobierno se han financiado casi 400.000 viviendas en este país, es decir 400.000 familias más han podido acceder a una vivienda, lo que supone una ejecución del Plan Estatal de Vivienda, de los planes de vivienda en esta legislatura, de un 55 por ciento. Además, la inversión ha sido muy importante, f rente a 3.000 millones de euros que se presupuestaban en las políticas de vivienda del Gobierno anterior, ahora se presupuestan 8.000 millones de euros, y es una de las políticas sociales que experimenta un significativo incremento presupuestario año a año.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DON HILARIO CABALLERO MOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS CONDICIONES DE VIDA EN LAS QUE NUESTRAS TROPAS EN MISIONES EN EL EXTERIOR DESARROLLAN SU ACTIVIDAD (S. 680/001109).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Caballero Moya.
Tiene la palabra su señoría.


El señor CABALLERO MOYA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, en base al firme compromiso con la seguridad internacional y la lucha contra el terrorismo, expresado por el presidente del Gobierno en el debate de investidura, España asume las obligaciones internacionales que le corresponden en defensa de la paz y de la seguridad.
La Ley Orgánica de Defensa Nacional, que aprobamos el año pasado, contiene en sus preceptos los requisitos y condiciones para la realización de emisiones en el exterior de nuestras Fuerzas Armadas.
Estamos en los Balcanes, Afganistán y Líbano, recientemente tuvimos misiones humanitarias en Indonesia y Pakistán y misiones de apoyo a procesos electorales en Haití y la República Democrática del Congo.
Señor ministro, nuestras Fuerzas Armadas deben cumplir estas misiones en condiciones de eficacia en cuanto al número de efectivos, en cuanto a la formación o el equipamiento, pero también en condiciones adecuadas de seguridad y de atención a sus miembros. La solución de compromisos internacionales por parte de las Fuerzas Armadas requiere que las misiones se realicen en condiciones de salud y calidad de vida dignas, aun reconociendo las difíciles condiciones existentes en algunos escenarios, como Afganistán, y sobre las condiciones de vida de nuestras tropas en estas misiones es sobre lo que le pregunto, señor ministro.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Alonso Suárez): Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, señoría, el pasado año aprobamos la Ley Orgánica de Defensa Nacional, que entre otras cuestiones regula la autorización parlamentaria como modo de que --así lo interpreto-- las misiones internacionales reciban el apoyo explícito del Parlamento y, por tanto, de los ciudadanos representados soberanamente en sede parlamentaria.
Las operaciones tienen lugar generalmente en zonas de catástrofe y de conflicto, circunstancias que en muchas ocasiones coinciden, como bien saben. Se trata, por tanto, de misiones que a las dificultades del propio trabajo de la misión en sí misma considerada se unen las derivadas de la falta de infraestructuras y servicios básicos.
Nuestros soldados y el Ministerio de Defensa realizan un esfuerzo notable, de modo que el objetivo del Gobierno es procurarles la mayor y mejor calidad de vida desde el punto de vista de la protección y de la seguridad y, en general, de las condiciones cotidianas de vida.
En cuanto al alojamiento, inicialmente se instalan en tiendas de diferentes modelos; una vez que se consolida mínimamente la operación se establecen medios semipermanentes, habitáculos conocidos como «corimex», que disponen de literas, duchas y sanitarios completos, adecuadamente climatizados y, finalmente, dependiendo de la duración de la misión, se emplean edificaciones prefabricadas o se aprovechan edificios ya existentes.
Como bien sabe su señoría, hay momentos iniciales en los que se actúa en condiciones extremas. Pues bien, tenemos unidades especialmente preparadas para intervenir con carácter urgente en estos casos, y de ello hacen gala, es el caso de la Infantería de Marina en la operación del Líbano. Todos los contingentes disponen, con distinto grado de implantación, de servicio de lavandería, gimnasio, servicio postal y telefónico, acceso libre a internet, cantina, peluquería, servicio religioso, servicio médico y atención psicológica.
Con respecto a la alimentación, independientemente de la región en la que se encuentren, este servicio es proporcionado

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por una empresa externa, con los adecuados controles de calidad y de higiene, y siempre teniendo en cuenta que los menús sean acordes con las condiciones de la zona y la actividad que se desarrolla en la misma. El aporte energético es de un promedio de 3200 calorías/día y el agua es embotellada. Disponen, naturalmente, de raciones de campaña para ser utilizadas en determinadas situaciones.
En cuanto al equipamiento, he de decir que es bueno. Se entrega un módulo basado en las prendas del equipo básico y uniforme intemperie en territorio nacional, y se complementa además con otros módulos variables en función de la climatología de la región en la que se encuentran nuestras tropas: zonas de montaña, condiciones de desierto, etcétera.
Finalmente, desde el punto de vista del material, disponen de equipo de protección individual, chaleco antifragmento, casco, gafas, guantes, y vehículos adecuados a la función que van a desarrollar y convenientemente protegidos; el vehículo se determina en función del terreno y de la eficacia de la misión, siempre Vamtac o BMR Piraña, los primeros más ligeros y los segundos más pesados y protegidos, en las mejores condiciones técnicas. Y quiero destacar, --y termino señor presidente--, que durante 2006 se ha renovado toda la flota de vehículos ligeros.
En resumen, señorías, no se escatiman medios para la seguridad y protección de nuestras Fuerzas y se intenta que precisamente en esas duras condiciones su calidad de vida sea la mejor posible.
Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON ARTURO GONZÁLEZ LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA ASISTENCIA SANITARIA QUE TIENEN NUESTRAS TROPAS EN LAS DISTINTAS OPERACIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL EXTERIOR (S. 680/001110).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador González López. Tiene la palabra su señoría.


El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, como acabamos de escuchar, nuestras Fuerzas Armadas realizan cada vez más misiones en el exterior, fundamentalmente de paz y humanitarias.
Acabamos de escuchar que en estos momentos hay diferentes misiones en distintos países donde intervienen nuestras tropas, con más o menos peligro, como ya ha explicado el ministerio y el propio ministro en varias comparecencias: por un lado, los peligros propios de los conflictos bélicos o de las catástrofes que pueden producir heridas de bala, contusiones, hemorragias, quemaduras, etcétera, y, por otro, las vicisitudes fruto de los lugares en los que se encuentran nuestras tropas, como la climatología extrema, la alimentación o enfermedades contagiosas que, como es lógico, requieren una atención sanitaria constante.
El señor ministro acaba de explicar las condiciones de vida y alojamiento existentes y las empresas externas que prestan estos servicios. Pero es poco lo que sabemos sobre el contingente mínimo sanitario que necesitan o del que disponen nuestras Fuerzas Armadas en sus desplazamientos. Por ejemplo, no sabemos si nuestros servicios sanitarios están preparados para extraer una bala, para curar una gastroenteritis o una alergia y también nos gustaría conocer si existen conciertos con los servicios sanitarios de los países donde actuamos con hospitales, médicos o ambulancias.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE. Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
Gracias, señor senador.
He de decir que cuidamos especialmente esta cuestión, esa es la orden del Ministerio de Defensa, que ejecutan perfectamente los profesionales del Estado Mayor encargados del seguimiento de las misiones.
La asistencia sanitaria a nuestro personal desplazado en misiones de cooperación exterior tiene que tener el mismo nivel de calidad que la que se presta en territorio nacional, teniendo en cuentas las restricciones del entorno en cada zona. Esta es la doctrina operativa de las organizaciones internacionales de las que España forma parte, y en particular de la OTAN, y nosotros nos ajustamos plenamente a esa doctrina.
La estructura sanitaria de apoyo a las operaciones se escalona, como sabe, en cuatro niveles o roles. El rol uno corresponde a primeros auxilios y medidas inmediatas de soporte vital, y a prevención de riesgos para la salud. El dos corresponde a tratamientos quirúrgicos de urgencia, control de daños corporales y evacuación. El tres, a los diagnósticos más especializados, capacidad de atención por médicos especialistas, cirugía general, medicina preventiva y cuidados dentales. Y el rol cuatro incorpora tratamientos y cuidados completos a largo plazo. Normalmente, en esta sitaución se evacua al paciente al país de origen. En España, esta capacidad la proporciona, fundamental aunque no únicamente, el Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla». Todas las unidades españolas desplegadas incorporan al menos un equipo sanitario básico nacional de nivel o rol uno, y disponen también de telemedicina en conexión directa con el Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», para consultas en tiempo real. La sanidad militar española ha sido pionera en utilizar este método.
De acuerdo con la clasificación de niveles que les he mencionado, en cada una de las operaciones actualmente en desarrollo se dispone de lo siguiente: en Afganistán, tenemos un centro nacional de nivel o rol dos en la base de apoyo avanzado de Herat, complementado con helicópteros medicalizados, cuidados intensivos, farmacia y odontología, y un nivel o rol tres proporcionado por el hospital

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de la base alemana. Además, existe un nivel o rol uno, con puestos de socorro, estabilización y preparación para la evacuación, tanto en la compañía de reacción rápida, como en Manash y QalÆeh-ye Now; este último reforzado con servicio de sanidad alimentaria y medioambiental. En Bosnia tenemos un rol uno, reforzado con sanidad alimentaria y oficial farmacéutico, y un acuerdo técnico --rol dos-- con un hospital --Safir Safet Mujic-- para consulta de especialistas. En Kosovo tenemos un rol uno, reforzado con sanidad alimentaria y oficial farmacéutico, el rol dos lo proporciona el hospital alemán y el rol tres el hospital universitario local. En Líbano disponemos también de los tres roles: el número uno, reforzado con sanidad alimentaria y oficial farmacéutico; el dos lo proporciona el hospital belga, según el reparto de tareas en la misión de Líbano, y el tres lo proporciona el hospital de Sidón, que es el hospital local de referencia de Líbano. En todos los casos existen planes y rutas de aeroevacuación médica. La atención sanitaria se complementa, durante la preparación de los despliegues, con un programa de vacunación y con información sobre las medidas profilácticas adecuadas para la zona.
Desde luego, puedo afirmar con orgullo que nuestros hospitales de campaña, a pesar de que desempeñan su trabajo en medio de dificultades, son un servicio público sanitario absolutamente relevante que cuidamos especialmente.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA PROPICIAR LA DEMOCRATIZACIÓN Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DEL RÉGIMEN DE TEODORO OBIANG NGUEMA EN GUINEA ECUATORIAL (S. 680/001076).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Anasagasti.
Tiene la palabra su señoría.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente, muchas gracias. Usted sabe mejor que nadie que este trámite de preguntas orales al Gobierno es un trámite muy pegado a la realidad y que conecta con ella. Hay otros trámites, tanto en Comisión como en Pleno, como las interpelaciones o las preguntas por escrito. Formular una pregunta para que se conteste más de un mes después, nos parece que lo convierte en un trámite fallido. De modo que retiramos la pregunta.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Asuntos Exteriores. (Pausa.)

-- DE DOÑA ELENA ETXEGOYEN GAZTELUMENDI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS RAZONES DEL GOBIERNO PARA LA ABSTENCIÓN DE SU REPRESENTANTE EN LA ÚLTIMA REUNIÓN DE LA IV COMISIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS, QUE APROBÓ UNA NUEVA RESOLUCIÓN REAFIRMANDO EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN DEL SAHARA OCCIDENTAL (S.
680/001079).


El señor PRESIDENTE: Retirada la pregunta anterior, pasamos a la de la senadora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, presidente.
Ministro, el pasado 13 de octubre se celebró la reunión de la IV Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, que aprobó una nueva resolución reafirmando el derecho de autodeterminación del Sahara Occidental. ¿Cómo explica el Gobierno la abstención de su representante en esa reunión?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN(Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidente. Gracias, señoría.
Es cierto, la cuestión del Sahara Occidental se debatió en la IV Comisión de la Asamblea General, dedicada a asuntos de descolonización, a principios del pasado mes de octubre. Fue el debate que permitió anticipar el que se desarrolló posteriormente, el 31 de octubre, en el Consejo de Seguridad.
Como sabe su señoría, España adoptó el año pasado, junto a los demás miembros de la comunidad internacional y por consenso, esa resolución sobre el Sahara Occidental.
Este año España también habría deseado que se hubiese producido ese consenso, pero no solo España, sino muchos otros miembros trabajaron para conseguir que tanto Argelia como Marruecos adoptasen una posición de consenso, incluso el propio presidente de la IV Comisión. No fue posible; se sometió a votación, y en esas circunstancias la mayoría de los países, y sobre todo los principales actores implicados e interesados en una solución definitiva del problema, se abstuvieron. Eso es lo que hizo España, pero no significa que esté en contra del contenido de la resolución. Hubo una explicación del voto de nuestro representante permanente, y por tanto, seguimos manteniendo la misma posición firme y decidida en favor de una solución definitiva del problema del Sahara Occidental.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra la senadora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.


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Señor ministro, como usted sabe, son varias las ocasiones en las que hemos debatido sobre este tema en esta Cámara, y a pesar de nuestras diferencias, que las tenemos, éstas siempre se han dirimido con buen estilo y en un tono conciliador, que se agradece, como también hoy se lo agradezco a pesar de la profunda decepción que me ha producido, no tanto su respuesta --que también--, sino, sobre todo, la actitud de su representante en la reunión del día 13 de octubre. Así pues, es precisamente en esa misma tónica en la que quiero seguir mi intervención para señalar que no estoy de acuerdo con la respuesta que me ha dado, pues no creo que esa haya sido una visión justa de la jugada.
Señor ministro, no entiendo cómo es posible que a la primera oportunidad se tenga esa actitud después de que en esta Cámara se aprobara por unanimidad una moción en la trabajamos con esfuerzo; y es que supongo que cuando el Grupo Parlamentario Socialista votó a su favor era porque tenía la anuencia del ministerio. El 25 de abril se votó y aprobó por unanimidad en esta Cámara una moción cuyo primer punto decía lo siguiente: Renovar en las organizaciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, el compromiso del Gobierno en la defensa del derecho de la libre determinación del pueblo saharaui y en su ejercicio libre y democrático a través de un referéndum como fundamento y clave para la resolución del conflicto del Sahara Occidental. Eso es lo que aprobamos, señor ministro, y de verdad que no entiendo que esto llevara a la abstención de su representante en esa comisión.
Me dice usted que efectivamente se mantiene la misma postura, pero en este caso solo cabía el voto positivo. Ha comentado que los principales agentes y países implicados en la resolución se abstuvieron.
Evidentemente se abstuvieron Francia y Marruecos, pero Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Hungría, Irlanda, Suecia y Reino Unido también tienen mucho que decir, son el nudo de la Europa de la que todos formamos parte. Pero, además --y le aseguro que no voy a tergiversar nada, porque voy a traducir directamente del francés--, el representante español dijo que evidentemente la abstención de España no implica en modo alguno el desacuerdo con el texto de la resolución. Es un mensaje dirigido a las partes de las que esperamos esfuerzos renovados para la resolución del conflicto.
Ministro, usted nos pide que renovemos la confianza en su Gobierno, por que tiene un compromiso para la solución de este problema. Pero me es cada vez más difícil, y aunque supongo que a usted eso no le importa, ¿es consciente de que también es cada vez más difícil para muchísima gente, para muchísimas instituciones y organizaciones creer que su compromiso existe? El buen estilo, la voluntad conciliadora de su discurso siempre es necesaria, sobre todo para acercar posturas cuando hay divergencia de opiniones, pero no podemos escondernos tras ello para defender lo que considero indefendible. Y con todo el respeto del mundo, pero igual contundencia, debo decirle que eso es lo que usted ha hecho hoy: defender lo indefendible.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
Señoría, yo también le doy las gracias por su tono y por su voluntad de entendimiento y comprensión, así como por la firmeza en la defensa de sus principios, que compartimos plenamente. No hay diferencias entre nosotros, en lo que sí las hay es en el cómo alcanzar ese objetivo. Son ya más de 30 años en los que estamos acudiendo a Naciones Unidas y a la Asamblea General. Pero lo principal es el Consejo de Seguridad, y allí hubo unanimidad. El 31 de octubre el Grupo de Amigos del Sahara, incluido Argelia, todos los que verdaderamente cuentan y apoyan una solución definitiva, aceptaron una resolución de consenso, y España también se unió a esa resolución.
Pero volvamos a su tesis. Es verdad, y es lógico, que el pueblo saharaui está impaciente por, de una vez por todas, ver alcanzado su sueño del ejercicio de la libre autodeterminación.
Por otra parte, quiero decir que muy poco se ha atendido, muy poco se ha leído y muy poco se ha entendido la última visita del presidente del Gobierno a Argelia, donde se dio un comunicado conjunto en el que se señala claramente la voluntad del Gobierno, compartida con Argelia --que es lo que siempre dijo este Gobierno--, de apoyar el diálogo entre las partes --algo que no se ha mencionado--, recogiendo lógicamente la defensa de los principios, incluida la autodeterminación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Solicitando en una carta al nuevo Secretario General de Naciones Unidas, señor Ban Ki-Moon, que, ante su nueva asunción de responsabilidades en Naciones Unidas, asuma también la responsabilidad de ayudar a las partes a encontrar, a través del diálogo, una resolución definitiva al problema del Sahara occidental.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON JOSÉ MENDOZA CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LAS MODIFICACIONES URGENTES QUE PREVÉ PROMOVER EL GOBIERNO EN EL SENO DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) CON RESPECTO AL DERECHO MARÍTIMO INTERNACIONAL VIGENTE (S. 680/001098).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Mendoza.
Tiene la palabra su señoría.


El señor MENDOZA CABRERA: Gracias, presidente.
Buenos días, señor ministro.
Durante el mes de octubre tuvo lugar en Finlandia una reunión de los miembros de la Unión Europea, donde el

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presidente del Gobierno planteó la necesidad de revisar el derecho marítimo, en concreto, lo referente al rescate de inmigrantes clandestinos en alta mar.
Por lo tanto, nos gustaría saber qué modificaciones concretas pretenden plantear ante Naciones Unidas con respecto al Derecho Marítimo vigente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
Gracias, señoría.
Quiero comenzar afirmando el doble compromiso del Gobierno: por un lado, con el derecho humanitario de salvamento en el mar y, por otro, con la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de personas. Desde ese doble compromiso, el Gobierno está decidido a adoptar las medidas e iniciativas que sean necesarias. De manera muy especial, el Gobierno considera imprescindible ejercer un papel activo en la lucha contra la inmigración ilegal que llega a través del mar, que no solo perjudica a los intereses de España, sino que, además, tiene un pernicioso efecto sobre la vida y la seguridad de las personas. Las redes de traficantes de personas en busca de lucro arriesgan la vida de los inmigrantes en travesías de resultados inciertos y a veces trágicos. Por ello, es necesario llevar a cabo una profunda reflexión sobre las normas de Derecho Internacional del Mar, tal y como propuso el presidente del Gobierno, lo que puede ser útil para lograr el objetivo último de luchar contra la inmigración ilegal. Sin embargo, estoy seguro que estará usted de acuerdo conmigo en que esta reflexión hay que hacerla sin perjudicar los principios humanitarios que rigen el salvamento, el rescate y la preservación de la seguridad de la vida humana en el mar.
España ha adquirido junto a Portugal el compromiso expreso en ese terreno en lo que se refiere a las regiones del Atlántico, donde otros países del continente africano no cuentan, por razones obvias, con los medios técnicos para estas labores humanitarias. Desde esta perspectiva, el Gobierno está analizando los convenios internacionales firmados por España que se aplican en estos supuestos, en particular, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Convenio Internacional sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, el Convenio Internacional de Búsqueda y Salvamento Marítimo y el Convenio Internacional sobre el Salvamento Marítimo. La finalidad de este análisis es identificar las mejoras que se podrían proponer respecto a cada uno de ellos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Mendoza.


El señor MENDOZA CABRERA: Gracias, señor presidente.
Gracias, señor ministro.
Teniendo en cuenta que, en definitiva, lo que me ha venido a decir es que hay un proceso de reflexión abierto, lo único que le pido es que, cuando tenga las conclusiones, nos las haga llegar, para poder saber si coincidimos, si discrepamos, en qué coincidimos, en qué discrepamos, etcétera. Es lo único que le pido. Entiendo que no hay una posición definitiva, sino que, junto con otros países, especialmente con Portugal, hay una reflexión abierta respecto al Derecho Marítimo existente, para intentar buscar soluciones a los dos problemas planteados: uno, el respeto escrupuloso a los derechos de los inmigrantes y, dos, intentar ir en contra de las mafias que operan contra personas. Sé que con esos dos objetivos la reflexión está abierta. Por tanto, lo único que le pido es que, cuando existan conclusiones, nos sean comunicadas.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
Señoría, voy a ser muy breve. Quisiera señalarle que sí estamos en un período de reflexión, se está estudiando de qué manera se pueden llevar a cabo las enmiendas para que defienda ese doble compromiso, tanto los intereses de España en todo lo que es el Derecho del Mar como también lo que es el tratamiento humanitario, y quiero decirle que ya hemos adelantado nuestro ejercicio con algunos países del área subsahariana y de África. Se ha entregado a Argelia un borrador de proyecto en materia de salvamento marítimo y también se ha hecho con Senegal.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DON JOSÉ CASTRO RABADÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO ACERCA DEL EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA ORGANIZACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y COOPERACIÓN EN EUROPA (OSCE) POR PARTE DE ESPAÑA EN EL AÑO 2007 (S. 680/001108).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Castro Rabadán.
Tiene su señoría la palabra.


El señor CASTRO RABADÁN: Señor ministro, en el próximo año 2007 España ejercerá la Presidencia de la OSCE, que es la organización regional más grande para la seguridad y la cooperación en el mundo. Integran está organización 56 Estados de la Europa occidental, del sudeste europeo, de la Europa oriental, el Cáucaso, Asia central y Norteamérica. Extiende la OSCE sus actividades, entre otras, a la lucha contra el tráfico de personas; el control de armamentos; la prevención de conflictos, contribuyendo a

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los esfuerzos mundiales en la lucha contra el terrorismo; promueve la democracia y asiste a los Estados que participan en la construcción de las instituciones democráticas; realiza la observación y el seguimiento de procesos electorales en los diferentes países y, por otra parte, la OSCE se centra en garantizar la libertad de movimientos de los ciudadanos, la libertad de admisión, la libertad de expresión y previene la tortura velando por los derechos humanos y la democracia.
La Presidencia de la OSCE, que corresponde a España, tiene gran trascendencia política dentro del marco del reforzamiento de la seguridad europea. Por otra parte, en el próximo período se anuncian temas que afectan a Asia central y a las repúblicas de la Unión Soviética, que inciden en el futuro de las fuentes energéticas europeas, teniendo consecuencias directas para los intereses europeos y españoles en particular. España tiene una gran oportunidad en el ejercicio de la Presidencia de la OSCE durante el próximo año, para lo cual tiene que desarrollar un programa que es necesario conocer.
Por ello pregunto: ¿qué previsión tiene el Gobierno del ejercicio de la Presidencia de la OSCE por parte de España en el 2007? Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidente.
Gracias, señoría, por su pregunta. Como bien sabe su señoría, en el consejo ministerial de Sofía, en diciembre de 2004, por consenso se adoptó que España desempeñase la Presidencia de este organismo durante el año 2007. Ya en el año 2006, como troika, hemos participado en distintas actividades, acompañando los esfuerzos de la que hasta ahora es presidente de la OSCE, Bélgica.
Los objetivos que va a plantear España en su Presidencia de la OSCE son triples: el primero y fundamental es consolidar el fortalecimiento de esta organización y para ello nos vamos a concentrar en desarrollar los trabajos para dotar a la OSCE de capacidad legal, es decir, de personalidad legal jurídica que todavía no posee y de reestructurar los trabajos de la organización.
Asimismo, la Presidencia española va a tratar de llevar a cabo toda una serie de actividades para reforzar este foro como foro de diálogo y de cooperación. Queremos recuperar el espíritu de familia, ese espíritu de familia que permitió, después del Acta de Helsinki, que entre países del este y oeste, que pudiesen consolidar su diálogo, su reforma, toda la protección de derechos humanos y, en ese sentido, superar posiciones antagónicas que se vienen percibiendo en los últimos años y que empiezan --no le niego-- a suscitar algunas preocupaciones de algunos miembros.
Ayer mismo el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia me explicaba y me trasladaba esta preocupación.
Por otro lado, habrá cuestiones específicas tradicionales dentro de la acción de la organización de seguridad y cooperación europea. La primera se refiere a la dimensión político-militar, en donde cabe destacar tratar de solucionar los denominados conflictos congelados. Durante la Presidencia se llevan a cabo una serie de actos y apoyo a la resolución de los conflictos prolongados tanto de Transdnistria, Osetia del Sur y Nagorno-Karabakh. También el terrorismo constituirá uno de los objetivos prioritarios de la Presidencia española.
En la dimensión económica y medioambiental, se desarrollará todo un programa destinado a abordar el programa de la degradación y contaminación de los suelos y la necesidad de proceder a una gestión racional y eficaz del agua.
Y en cuanto a la dimensión humana, dimensión fundamental dentro de esta organización, España prestará especial atención a todas aquellas cuestiones relativas a la participación y la diversidad en sociedades plurales, con especial énfasis en la lucha contra la intolerancia y la discriminación. Habrá una conferencia contra el antisemitismo en Bucarest y una conferencia contra la islamofobia en Córdoba.
Finalmente, quisiera señalar que durante su Presidencia, España desea dar un nuevo impulso a la relación con los socios mediterráneos, ya que es muy difícil imaginar que la seguridad y la cooperación en Europa no deba involucrar más a unos participantes o actores tan fundamentales como son los socios mediterráneos. En definitiva, una Presidencia ambiciosa que esperamos pueda contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas, dada la importancia y trascendencia de la seguridad y la cooperación en Europa.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON DIONISIO GARCÍA CARNERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS ACUERDOS PARA EL CONTROL DE LA INMIGRACIÓN ILEGAL QUE HA FIRMADO EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO CON EL PRESIDENTE DE SENEGAL (S.
680/001118).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador García Carnero. Tiene la palabra su señoría.


El señor GARCÍA CARNERO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, nos gustaría saber qué acuerdos se suscribieron para el control de la inmigración ilegal en la reciente visita del presidente del Gobierno a Senegal.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente. Gracias, señoría.


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Quisiera contestar a su pregunta indicando que el viaje y la visita del presidente del Gobierno a Senegal tenía esencialmente un objetivo, era una visita política donde se quería establecer un nueva relación estratégica entre un país importante del África subsahariana, vecino de España, como es Senegal y, por lo tanto, tenía la ambición, y así se demostró con la serie de documentos que se firmaron a lo largo de la visita, de una serie de aspectos fundamentales de la relación entre Senegal y España. Lógicamente, como no podía ser de otra manera, tenía una dimensión en materia migratoria. En ese sentido, el memorándum de entendimiento firmado por España y Senegal, aparte de los ocho puntos importantes que se incluyen, aborda un apartado muy relevante en materia de inmigración, donde se contienen tanto los aspectos de migración legal como los aspectos de lucha contra la inmigración ilegal.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador García Carnero.


El señor GARCÍA CARNERO: Gracias, señor presidente.
Gracias, señor ministro. O sea, que al señor presidente del Gobierno le pasó lo mismo que a usted: fracasó en el intento de firmar el convenio que realmente interesa a España, que es el convenio por el cual Senegal se comprometa formalmente a readmitir a aquellos inmigrantes que lleguen ilegalmente a España. Señor ministro, es el segundo fracaso en tres meses. Le ocurrió a usted en su viaje del mes de octubre y ha ocurrido ahora en el mes de diciembre con el viaje del presidente.
Señor ministro, nosotros pensamos --lo hemos dicho muchas veces-- que el Gobierno tiene una política de inmigración enormemente irresponsable. Y ahora se está juntando con una política exterior bastante penosa que genera un descrédito internacional. Señoría, Senegal es el país del que proviene la inmensa mayoría de los cayucos que llegan a Canarias. De Senegal procede al menos el 60 por ciento de los subsaharianos que llegan ilegalmente a España. Y Senegal tiene en su mano la llave de solucionar ese problema. Lo que está ocurriendo realmente es que Senegal acepta o no las repatriaciones según le conviene en cada momento. Lo que ocurre es que Senegal ha conseguido ya que la ayuda del Gobierno español se multiplique por ocho, de cinco a 40 millones de euros anuales. Y en ese mismo viaje de fin político al que usted aludía, le entregaron dos nuevas patrulleras, cinco coches todoterreno y 200 equipos de telecomunicaciones entre otro material. Señor ministro, Senegal ha conseguido ya que el Gobierno español se comprometa a admitir un cupo de trabajadores senegaleses de 4.000 personas, según el presidente de Senegal, es decir, del orden de los mismos que han sido repatriados.
Esa es la realidad, señor ministro, y frente a eso, ¿cuál es el papelón del Gobierno español en ese viaje? Se organiza un viaje de esos de formato de grandes ocasiones: va el señor presidente del Gobierno, tres ministros, usted, el de Trabajo, el de Justicia y un secretario de Estado, es decir, un staff del primer nivel. Señor ministro, ¿para firmar qué? Como usted ha dicho, para firmar un memorándum en el que se recoge que, con la mayor premura posible..., cuando sea posible..., se firme el acuerdo que realmente le interesa a España. Señor ministro, todo ello a pesar de los vergonzantes elogios del presidente del Gobierno español al presidente del Gobierno de Senegal, alabando sus políticas de desarrollo a pesar de que está a la cola del desarrollo mundial y a pesar de que justamente está a la cabeza de los índices de pobreza y de miseria.
Además, señor ministro, lo que colmaba el asunto es ese afán de redentor de la humanidad que a veces le da a Zapatero, y que allí se transformó en redentor de África, haciendo una sentida descripción de los tres siglos de esclavitud, condenando aquellos hechos que, afortunadamente, ocurrieron hace ya mucho tiempo.
Señor ministro, realmente creo que la imagen de ese infructuoso viaje --y lo voy a calificar así porque quiero ser generoso, ya que estamos en Navidad--, es la del recibimiento. El presidente del Gobierno español y todo su séquito fue recibido en el palacio presidencial con la bandera preconstitucional y boca abajo.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
Señoría, solo estoy de acuerdo con usted en que Senegal es un país importante para España y, sobre todo, en materia de emigración.
Señoría, el problema es que ustedes ni siquiera han pensado y reflexionado en qué tipo de política de inmigración es necesario aplicar.
Le voy a indicar cuál debe ser y voy a compararla con la que se ha seguido con Senegal y a los resultados obtenidos. Hay tres vectores fundamentales en política de inmigración, que creo que usted compartirá y el primero de ellos es el control de fronteras, tanto en Senegal como en la frontera española. En este sentido, nada más y nada menos se ha reforzado el control de la salida de cayucos firmando --precisamente, durante la visita del señor presidente--, la renovación de Frontex, la entrega de patrulleras para que precisamente las autoridades senegalesas controlen la salida de cayucos y dispongo de una estadística que pone de manifiesto la reducción sustancial de las salidas de cayucos desde la visita del presidente del Gobierno. (El señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Moratinos Cuyaubé, muestra un documento al Pleno de la Cámara.) El segundo vector consiste en poner en práctica las repatriaciones, por supuesto. ¿Cuántas repatriaciones consiguió su Gobierno? (La señora Quesada Bravo: ¡Ninguna!) ¿Cuántas ha conseguido este Gobierno con Senegal? Cinco mil repatriaciones. Ni siquiera la relación privilegiada entre Senegal y Francia ha conseguido tantas repatriaciones como ha conseguido este Gobierno. Además, se

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está manteniendo porque hay una misión de identificación para seguir aceptando esas repatriaciones.
El tercer vector de la política de migración consiste en romper ese círculo vicioso, con dos objetivos: la creación de flujos legales, contrataciones legales --y por eso se ha creado esa ventanilla para la contratación de senegaleses que vengan a trabajar legalmente en España y que también se firmó durante la estancia del presidente Zapatero--; y, al mismo tiempo, luchar contra la pobreza.
Sé que es muy difícil para ustedes entender lo que significa el África subsahariana, ¿cuántas veces visitó el presidente Aznar el África subsahariana? ¿Cuántos ministros acudieron al África subsahariana? Ustedes nunca se han interesado seriamente por una política de emigración del siglo XXI. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DON JOSEP PIQUÉ I CAMPS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS RESULTADOS DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO A ARGELIA (S. 680/001120).


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Piqué, para formular su pregunta.
Señorías, por favor guarden silencio, que estamos en Navidad.


El señor PIQUÉ I CAMPS: Muchas gracias, señor presidente.
Atendiendo a ese espíritu navideño, señor ministro, veo que el tema de Senegal va también como salió la tercera cumbre bilateral con Argelia porque, tanto en un caso como en el otro --y es que la percepción generalizada de todos los medios de comunicación en España, sin excepción--, han resultado un fracaso y, en particular, la cumbre con Argelia.
En este sentido, no se produjeron avances tangibles en el terreno energético ni en el famoso convenio que se está negociando desde hace mucho tiempo sobre seguridad y terrorismo. Desde luego, sí pudimos presenciar una regañina pública del presidente Buteflika a nuestro presidente del Gobierno al hilo de la cuestión del Sáhara y, además, como digno colofón de este pretendido éxito, que todo el mundo ha interpretado como un gran fracaso, hubo orden de no contestar a las preguntas de la prensa española por si acaso se ponía en algún compromiso al presidente del Gobierno.
A mí me gustaría que el señor ministro hiciera una valoración sobre todas esas circunstancias porque todos debemos sentirnos preocupados por lo que ha pasado.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
Señoría, atendiendo ese mismo espíritu navideño, le diré al senador Piqué, que fue ministro de Asuntos Exteriores, que estoy seguro de que sabe que lo importante de las reuniones es lo que queda escrito en los textos. Tengo aquí una comparación de la primera Reunión de Alto Nivel que se organizó siendo Gobierno el Partido Popular en 2003 y tengo el comunicado conjunto. Tengo también un cuadro que puedo distribuir a esta Cámara con los resultados de la Reunión de Alto Nivel de 2005 y la que se celebró recientemente en Argelia. Y es evidente: la visita del presidente del Gobierno y la Reunión de Alto Nivel fue un gran éxito. La percepción es la percepción y nadie puede luchar contra ella, pero la realidad es la realidad, y la realidad es una relación política estable. Este Gobierno no ha querido jugar con buenas relaciones con Argelia y malas relaciones con Marruecos. Este Gobierno quiere tener una relación estable, positiva y significativa con todos los actores del África del Norte, y lo hemos conseguido. Relación política alta, relación económica extraordinaria.
Por primera vez se habla de partenariado económico y energético, no de cifras de comercio, aunque las cifras de comercio, señor Piqué, han aumentado un 47 por ciento de exportación de España a Argelia, y usted sabe que el aumento de las exportaciones a un país tan sensible como Argelia depende también del buen barómetro político. Relaciones en materia de seguridad, en materia de terrorismo, en materia de inmigración que no existía anteriormente, relaciones, discusiones y avances en la concertación en materia del Sahara occidental. Puede usted comprobar el texto que suscribió el Gobierno del Partido Popular en materia del Sahara occidental y puede entender y leer el texto que se suscribió durante la visita del presidente del Gobierno y verá la diferencia y los avances.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Piqué.


El señor PIQUÉ I CAMPS: Muchas gracias, señor presidente.
Después de escuchar tan bellas palabras recogidas en los textos, yo lo que le tengo que decir es que no solo es la percepción, sino que la auténtica realidad de nuestras relaciones con los dos principales países del Magreb han cambiado de manera sustancial por ustedes, pero muy a peor, porque siempre la diplomacia española de todos los gobiernos de España, señorías, incluidos los gobiernos socialistas anteriores presididos por Felipe González, buscaban un delicado equilibrio en una zona que afecta de una manera muy clara a los intereses nacionales de España, y es así con Marruecos y con Argelia. Con Argelia porque está el tema de los hidrocarburos, evidentemente, la cooperación antiterrorista, la inmigración y con Marruecos porque hay temas que nunca se van a poder resolver, como Ceuta y Melilla u otros temas que se han ido suscitando a lo largo del tiempo, como la pesca, la inmigración ilegal, el tráfico de estupefacientes, la cooperación antiterrorista, y siempre

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los gobiernos de España han estado ahí defendiendo nuestros intereses, los intereses nacionales de España, buscando un equilibrio entre los dos países sin decantarse descaradamente por uno de ellos en contra del otro y siempre, además, todos los gobiernos de España ha estado defendiendo la legalidad internacional que ha sido fijada por Naciones Unidas, con apoyo al Plan Baker incluido. Eso lo han hecho todos los gobiernos de España. Esto lo han roto ustedes. Ustedes, al principio de su Gobierno, y en particular el presidente del Gobierno, descartando prematuramente y sin saber por qué el famoso Plan Baker, se decantaron de una manera clarísima por las posiciones marroquíes en el tema del Sahara occidental. Y eso lo ha visto todo el mundo, incluidos los propios saharauis, que tienen la percepción absolutamente cierta de que han sido abandonados por este Gobierno.
Yo creo que al final los resultados son los que son. ¿Resultados tangibles con Marruecos? Pues de momento no los vemos. ¿Deterioro de las relaciones con Argelia? Sí. ¿Deterioro de las relaciones y sensación de abandono por parte saharaui? También, pero cuando uno aborda la política exterior como muchas cosas de política interior, desde la enorme petulancia de pensarse que a través del talante y del diálogo se pueden resolver las cosas y se dicen tonterías tales como que en seis meses se va a resolver un problema que tiene más de treinta años, al final las consecuencias son las que son, y yo les rogaría que volvieran a las posiciones que han mantenido todos los gobiernos de España, que defiendan los intereses de España frente a Argelia y frente a Marruecos y que lo hagan sin complejos, porque al final lo que sale mal parado es el interés general y, desde luego, el interés de España.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
La declaración del senador es tan alejada de la realidad que es difícil contestar. No le quiero recordar, señor Piqué, cuando este Gobierno ha tenido que llamar a consultas al embajador, un embajador de España en un país tan importante como Marruecos o Argelia, que ha tenido que volver y no tener relaciones políticas con Marruecos. No quiero recordar viejos momentos de tensión y de ruptura política de todo tipo con Marruecos.
En cualquier caso, le puedo decir que en todos los asuntos, incluido el del Sahara occidental, debemos recordar --y usted lo hacía-- que las relaciones internacionales se valoran por resultados sobre los intereses de España, como el interés de seguridad, donde estamos mejor ahora con todos los países. Nosotros no hacemos equilibrios, hacemos una política global con todos los países del norte de África: con Marruecos, con Argelia, con Libia, con Túnez, con Mauritania, con el Gran Magreb o con el Magreb unido. Y no nos peleamos o no utilizamos a Argelia contra Marruecos. Y, en materia del Sahara, le recuerdo que en su comunicado de 2003 ni siquiera se pronunció ni se escribió el término «autodeterminación del pueblo saharaui». (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


INTERPELACIONES:

El señor PRESIDENTE: Finalizado el turno de preguntas, pasamos a las interpelaciones. La interpelación del senador Bruguera ha sido aplazada.


-- DE DON LLUÍS MARÍA DE PUIG OLIVE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE LAS PERSPECTIVAS DE SOLUCIÓN Y LOS PLANES INTERNACIONALES EUROPEOS Y ESPAÑOLES PARA TRATAR DE APORTAR UNA AYUDA POSITIVA A LA SITUACIÓN DE ORIENTE MEDIO (S. 670/000135).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la interpelación del senador De Puig, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Tiene la palabra su señoría.


El señor DE PUIG OLIVE: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, a mí me ha sucedido lo contrario que al senador Anasagasti. Hace un mes y medio presenté esta interpelación sobre la situación de Oriente Medio, la posición de Europa y la posición de España con respecto a la situación de Oriente Medio, y resulta que hoy es tan actual o quizá incluso más que hace un mes y medio. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.) No me voy a referir a lo que ha sido esta tragedia de cincuenta años. El señor ministro la conoce perfectamente, y ha sido una de las personas que, en el último decenio, mejor ha conocido la situación del conflicto y más ha participado, en nombre de la Unión Europea, en sus intentos de solución y conoce muy bien los grandes esfuerzos que se han realizado, así como los grandes errores que se han cometido y las grandes dificultades que entraña la solución de este conflicto.
No voy a hablar del pasado, porque la actualidad es tan caliente, tan ardiente, tan tremenda que no vale la pena analizar por qué se ha llegado a esta situación, cuáles han sido los errores cometidos de unos y otros, cuál ha sido la inflexión que hubo después del 11 de septiembre, después de las decisiones tomadas por Estados Unidos en la región, cómo se ha ido complicando todo, la aparición fuerte del terrorismo en el ámbito internacional, un terrorismo procedente del radicalismo islámico, la propia política de Sharon y la propia intransigencia de Israel ante ciertas posibilidades de avance; en definitiva, lo que han sido todos los grandes esfuerzos para encontrar una solución.


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¿Cuál es la realidad? La realidad es que me atrevo a decir que quizá este es uno de los momentos peores de la historia del conflicto; peor en lo que es el centro del conflicto, la cuestión palestino-israeliana, desde el punto de vista del conflicto interno palestino. Pero, además, una de las peores situaciones en lo que es el marco regional, en lo que es la situación de los países implicados en el problema central.
Pues bien, ¿qué posibilidades tenemos de salir de este atolladero? Vemos las cosas que han pasado la última semana. Usted, señor ministro, contestó una pregunta en el Congreso de los Diputados la semana pasada y hay que ver todo lo que ha sucedido desde entonces, lo que ha pasado el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes y ayer, una crisis que ha derivado en una práctica guerra civil entre palestinos; nos hemos encontrado con una decisión tremendamente importante del presidente Mahmud Abbas de plantear la disolución, ir a unas elecciones, que habría que considerar si, desde el punto de vista de Al Fatah y desde el punto de vista de la resolución del problema, podrían traer una solución. De momento lo que sabemos es que Hamas dice que va a boicotear estas elecciones y que no va a participar. ¿En qué tipo de proceso nos encontramos entonces? ¿Qué elecciones va a haber? ¿Qué va a pasar con un hipotético resultado en unas elecciones en las que no participa Hamas? Luego, hay otra dificultad añadida. Hoy se publica un artículo muy interesante en un periódico en el que un intelectual palestino afirma que en realidad no se quieren celebrar elecciones, que el planteamiento de Mahmoud Abbas es para presionar a Hamas a llegar a aquello que ha sido imposible hasta ahora durante todo este año, es decir, la creación de un Gobierno de unidad nacional. Ojalá fuera así y está presión sirviera de algo, pero lo que hemos visto ayer mismo --y figura en toda la prensa-- es el caos, los enfrentamientos armados y las víctimas inocentes; me refiero al enfrentamiento entre Hamas y Al Fatah, que se aproxima a lo que podría llegar a ser un incendio general, es decir, una guerra civil.
Todo esto se produce en un marco en el que han sucedido cosas tremendas como la guerra del Líbano o la propia actitud de Israel, no siempre cooperativa. Naturalmente, Israel defiende sus intereses pero los que apoyamos la Hoja de Ruta y demás planteamientos para salir de la crisis nos encontramos que muchas veces Israel, como Estados Unidos, no están por la labor. No está nada claro que Israel acepte de verdad la creación de dos Estados.
Lo que hemos visto ayer y anteayer refleja que Israel no está muy de acuerdo con que la Autoridad Palestina pueda jugar el papel que debe.
Ayer iban a pasar unos representantes palestinos con mucho dinero para la Autoridad Palestina y se desató una auténtica batalla con tiros, y al final pasaron los palestinos pero no el dinero. Es decir, en muchas ocasiones la voluntad de Israel flaquea en un sentido positivo, dado que defienden sus intereses a su manera, a veces de acuerdo con Estados Unidos.
En este sentido, hay que tener en cuenta que los Estados Unidos hacen una lectura más global del problema. Durante mucho tiempo han estado señalando a los malos de la región, a los diablos, pero parece que ahora hay que entenderse con ellos. Durante los últimos años han estado cerrando puertas, y no quiero comentar aquí, señor ministro, porque no es el tema, el desastre de Iraq y todo lo que ha supuesto o el desastre del Líbano y, después de haber acusado a Siria, tienen la necesidad de contar también con Siria.
La solución del problema tiene que implicar a muchos sectores, si realmente queremos una verdadera solución. Se puede prolongar el conflicto y la crisis durante muchísimos años en Israel, y ya sabemos cómo: haciendo lo que hemos estado haciendo en el pasado los unos y los otros. Tan malo ha sido para ello la dureza y la utilización de la fuerza en muchas ocasiones por parte de Israel, como el volver a la Intifada por parte de los palestinos; un gravísimo error, a mi juicio.
Ahora nos damos cuenta de que hay que implicar a todos y de que se trata de un problema global. No es un conflicto regional o local, como nos decía el presidente Bush. No. Es un problema regional en el sentido de que son varios los países y grupos implicados en la zona y un problema global porque es internacional y geoestratégico. Y eso implica a las Naciones Unidas y a todos los grandes actores internaciones: desde luego, a Estados Unidos y a Europa. Señalo en este punto que, en mi opinión, estaría muy bien que Europa desempeñara un papel más importante que hasta ahora, aunque probablemente en ayuda, solidaridad y cooperación ha sido mayor que en cuanto a influencia política. Desgraciadamente, hay un desnivel claro respecto a los esfuerzos que Europa ha realizado para ayudar y lo que luego es su capacidad política real, al menos como ha venido sucediendo hasta hace poco.
Señor ministro, dadas las circunstancias de estos días, quiero preguntarle acerca de algunas de las cuestiones que se han decidido recientemente. ¿Qué posibilidades tienen los planes actuales? Aunque la hoja de ruta desaparece y reaparece y en algunos momentos da la impresión de haber quedado obsoleta, después ha habido otros planes y documentos, como el informe Hamilton-Baker, que, por otra parte, no ha sido aceptado totalmente por el presidente Bush, algo lamentable. En él se habla de la confluencia internacional, que entiendo --y usted nos lo dirá-- que también apoya la Unión Europea. También se firmó un acuerdo entre un núcleo de países europeos en la cumbre de Girona, mi ciudad, donde tres países europeos acordaron una iniciativa para que Europa se implicara más con algún elemento, como, por ejemplo, cuando aún no se pensaba en que pudiera haber elecciones, cuando aún no estaba eso en la visión de unos y otros.
Finalmente, quisiera conocer qué posibilidades tiene todavía el cuarteto de avanzar en lo que pueda quedar de hoja de ruta, después de lo que sabemos y a la espera de los acontecimientos de mañana, de pasado mañana y del otro, porque ya veremos si hay elecciones, si puede haber un Gobierno de unidad nacional y cómo se resuelve todo ello, sin perder de vista la realidad de un problema que es muy crudo, donde se entremezclan muchos elementos, también religiosos.
Ciertamente, estamos asistiendo a una cierta guerra entre sunitas y chiitas y en cuanto uno sale de Palestina y se

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fija en lo que está pasando en el Líbano, en Irak y en Afganistán y quién está apoyando a quién, quién está apoyando a Al Fatah y quién a Hamás, uno se da cuenta de que el tema religioso no es solo, como ha aparecido tantas veces, una cuestión del mundo islámico y de Occidente, sino que es también un tema interno de aquel.
Y esto se une a los problemas nacionales del Líbano, donde existen problemas reales en cuanto a la formación de mayorías, puesto que el mundo maronita ha gobernado durante muchos años pero quizá la mayoría del pueblo no pertenezca a este sector. Y no hablemos ya de la necesidad de que Siria se implique en el proceso de paz, que no lo hará porque sí, sino que pedirá contrapartidas, como el Golán. Cada uno tiene sus reivindicaciones y por eso digo que la situación es grave.
Por otra parte, está Irán, con lo que tiene de desestabilizador pero también con lo que supone de necesidad de que se implique en un sistema de paz para la región. Y ya he dicho que no voy a hablar de Iraq, porque, a mi juicio --perdone mi ignorancia, señor ministro--, no tengo ni idea de cómo va a acabar, y me gustaría saber si lo sabe el señor Bush, si todo concluirá el día en que se retiren las tropas o si no se van a retirar durante años, y qué va a suceder después, aunque esto es tan complejo que merecería otra interpelación.
En todo caso, señor ministro, termino demandándole una cierta información acerca de las posibilidades que hay para ejecutar los proyectos que tenemos sobre la mesa, de las decisiones que se tomaron el jueves y el viernes en Europa, de la posición que ha mantenido España en este asunto, y no me parece que nadie haya dicho todavía en este país que la culpa de todo lo que sucede en Oriente Medio la tiene Zapatero. Como de momento en esta cuestión no parece que estemos en esa línea, me gustaría que me dijera cuál es, a su juicio, la realidad de Oriente Medio.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.
Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señoría. Me va a permitir que, al comenzar a responder a esta interpelación haga una reflexión general y un análisis detallado de la situación en que se encuentra Oriente Medio. Ya la hice en cierta manera en mi última comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, el pasado 24 de octubre, pero, como bien señala su señoría, en Oriente Próximo las cosas evolucionan muy rápidamente, con una fragilidad, una volatilidad extraordinarias, que merecen un seguimiento casi diario, casi hora a hora. Sin embargo, brinda su señoría la oportunidad de hacer una reflexión general, de pararnos de manera breve y de hacer un análisis de lo que ha sido, desde la crisis del Líbano, la situación que está afectando y afecta al futuro de la región.
Coincido con su señoría al señalar que Oriente Próximo se está enfrentando a una de las peores crisis, por no decir a la peor crisis que ha vivido en los últimos años. En primer lugar, la guerra que se vivió el pasado verano en el Líbano y en el norte de Israel nos permitió, desgraciadamente, revivir el drama y la tragedia que hace veinte años se adueñaron de la región. Diferentes partes del Líbano y su capital, Beirut, sufrieron daños y destrucciones significativas. En Israel, por primera vez, ciudades importantes como Haifa sufrían los efectos de los misiles de Hizbulá, y todo ello con un trágico balance en pérdidas humanas y destrucción de viviendas e infraestructuras. La guerra, como siempre ocurre, no permitió conseguir ninguno de los objetivos perseguidos por las partes. Paralelamente, el conflicto palestino-israelí se enconaba con el secuestro del cabo Gilad Shalit, la detención de ministros y parlamentarios palestinos, el lanzamiento de cohetes «Kassam» sobre Israel y las acciones militares del ejército israelí en la franja de Gaza. En este contexto, los líderes palestinos se embarcaron en un proceso de negociación orientado a formar un Gobierno de unidad nacional, proceso que lamentablemente no ha fructificado hasta ahora y cuyo bloqueo ha obligado al presidente Mahmud Abás a anunciar por el momento --y subrayo por el momento-- la convocatoria de nuevas elecciones.
Estas circunstancias permiten constatar el estancamiento total de los planes de paz. Demostrado el fracaso de la violencia y las políticas excluyentes, las partes directamente involucradas en el conflicto se han visto incapacitadas para ofrecer una perspectiva de paz, de diálogo y recuperación para la región, y la comunidad internacional tampoco ha sido capaz hasta ahora de adoptar medidas suficientemente apropiadas ante el estancamiento, el «impasse» del conflicto. Tal como señaló el propio presidente del Gobierno en la pasada Cumbre hispanofrancesa de Girona, la situación de Oriente Próximo requiere, por el contrario, en estos momentos una acción decidida, urgente, comprometida de la comunidad internacional. No podemos seguir asistiendo de manera impasible a la degradación de la situación en una zona vital para la paz y la seguridad internacional así como para los intereses no solamente de la comunidad internacional, no solamente de Europa, sino también de España. Es, pues, fundamental llevar a cabo un esfuerzo internacional concertado capaz de ofrecer un horizonte político de reconciliación y esperanza para los pueblos de la región.
Señoría, me va a permitir que haga referencia a las gestiones que ha llevado a cabo la diplomacia española desde hace varios meses, poniendo como punto de referencia la crisis libanesa. Ya en la reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, en la denominada reunión Gymnich, celebrada los días 1 y 2 de septiembre de 2006, presenté una serie de ideas destinadas a revitalizar el proceso de paz. Y durante la semana siguiente, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, tuve la ocasión de mantener múltiples encuentros y reuniones con los principales actores afectados por la crisis de Oriente Próximo. Es cierto que, posteriormente, la Unión Europea y algunos países, entre ellos España, una vez que se decidió la resolución

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1701 para enviar tropas al Líbano, decidimos asumir la responsabilidad de ser protagonistas del relanzamiento del proceso de paz. De ahí que, en la reunión de países mediterráneos europeos de Lagonissi, del 13 de octubre, tomamos la decisión de realizar una declaración sobre Oriente Próximo que, primero discutida entre países europeos, fue presentada a los países árabes participantes en el Foro Euromediterráneo de Alicante. En esa ciudad se suscribió una declaración potente, firme, de compromiso, de movilización por parte de los países mediterráneos, que fue posteriormente adoptada por la Conferencia Euromediterránea de Tampere, donde países árabes, europeos e Israel asumieron unos compromisos concertados.
Pero paralelamente a estas gestiones multilaterales, la diplomacia española tuvo contactos con Francia, Italia y otros países europeos y con el Alto Representante, el señor Solana. Fruto de estos esfuerzos, y contando con el apoyo de Italia, el presidente del Gobierno y el presidente Chirac anunciaron en Girona una iniciativa conjunta de paz cuyas ideas fundamentales han sido asumidas casi todas por el Consejo Europeo que se celebró la semana pasada en Bruselas.
El anuncio de esta iniciativa y los puntos que la componen se corresponden en sus líneas básicas con el espíritu de la Declaración de Alicante, aprobada por doce ministros de Asuntos Exteriores del Mediterráneo. Ello no obstante, algunos han querido incluso criticar la oportunidad de esta iniciativa, pero yo les contesto que siempre es oportuna cuando se busca la paz, el relanzamiento de un proceso de entendimiento y de diálogo así como poner fin a la violencia.
Dicho esto, permítanme referirme una vez más al importante papel de la Unión Europea. Volveré a ello más tarde. Es absolutamente indispensable que los europeos, que la Unión Europea desempeñen por su tradición, por su compromiso, por su cercanía estratégica un papel más relevante en todos los esfuerzos de paz en la zona. Quiero además subrayar que la iniciativa anunciada en Girona, los principios que la componen y las ideas que estamos barajando en nuestras conversaciones con los socios europeos y extraeuropeos no suponen en absoluto una desviación de la solución final por todos conocida y que es la existencia de dos Estados, el de Israel y el de Palestina, viviendo en paz y seguridad, adaptándose, lógicamente, a los requerimientos de las dos partes. Por el contrario, se trata de una iniciativa que tiene por objeto dinamizar aquellos instrumentos e iniciativas a los que hemos dado nuestro apoyo. Pero lo que queremos esta vez es que haya resultados. No basta con declarar; hace falta actuar y obtener resultados.
La iniciativa no pretende más que marcar de forma clara el camino que debería seguirse para avanzar realmente por la senda de la paz de tal modo que el diálogo se imponga a la violencia para que aquellos que la practican no puedan sabotear este proceso a su antojo. Se trata, por último, de una iniciativa abierta y de un proceso de discusión que, como se ha podido comprobar, ha gozado del apoyo unánime del Consejo Europeo.
En los últimos meses he tenido la oportunidad de intercambiar opiniones con numerosos actores regionales e internacionales, entre ellos Israel y los Estados Unidos, y ayer mismo con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, con el Líbano, Siria, Egipto, con el presidente Abu Masan y otros, haciéndoles partícipes de nuestras ideas y de la necesidad de una iniciativa internacional encaminada a relanzar el proceso negociador entre las partes con el apoyo de la comunidad internacional y con el objetivo de conseguir la paz. Para su puesta en práctica es conveniente que la acción política y diplomática se concentre de forma urgente sobre el conflicto palestino-israelí. Ese es el corazón del conflicto de Oriente Próximo y esa ha de ser nuestra prioridad inmediata.
En segundo lugar, dada la interrelación de todos los conflictos y de todos los problemas, el relanzamiento del proceso de paz exigiría también la participación sin exclusiones de todas las partes y actores relevantes en la región y en la comunidad internacional. Este es un ejercicio en el que esperamos y necesitamos contar con todos los actores relevantes. Con esta convicción confiamos en que los Estados Unidos e Israel, Siria, el Líbano y otros países árabes, y cómo no, el pueblo palestino, se sumen a este esfuerzo impulsado desde Europa.
La iniciativa de paz prevé diversas acciones y medidas, a corto plazo, la necesidad de que la violencia cese entre ambas partes. En este sentido no podemos más que congratularnos de la tregua o de la «tahdiÆa», como dicen los palestinos, que han establecido palestinos e israelíes en Gaza.
Esperemos que se extienda rápidamente a Cisjordania y se consolide con el tiempo. Asimismo, quiero también referirme con satisfacción al importante discurso pronunciado por el primer ministro Olmert ante la tumba de Ben Gurión, en el que mostró su disposición para negociar con los palestinos.
Debemos ser conscientes de que el objetivo es alcanzar un grado de violencia cero y, como decía el malogrado Isaac Rabin, hay que combatir el terrorismo como si no hubiera proceso de paz y negociar como si no hubiera terrorismo. Por ello, no debemos permitir que actos aislados de violencia sirvan para paralizar un proceso que exige enormes sacrificios y que, de tener éxito, traerá, sin duda, el bienestar y la prosperidad a todos los pueblos de la región.
Estas medidas de confianza deberían contribuir al deshielo de las relaciones entre israelíes y palestinos y, en definitiva, a la restauración de los canales de diálogo con la fijación de un encuentro entre el primer ministro Olmert y el presidente Mahmud Abbas. Semejante encuentro bilateral no solo supondría una formalización del proceso de recuperación del diálogo, sino el fundamento necesario para la construcción de un proceso negociador serio y comprometido que permita recuperar la esperanza y augurar una solución definitiva a todos los problemas de Oriente Próximo.
A medio plazo, una vez recuperados los canales de diálogo entre las partes, debería reanudarse el proceso de negociación, un proceso que estaría llamado a abordar los parámetros del estatuto final con el objetivo de llevar a la práctica la solución de los dos Estados. En este sentido, el Gobierno considera que la Unión Europea debería ser capaz de promover un proceso multilateral renovado con la inclusión de todos los actores relevantes y que, en su debido momento, debería traducirse precisamente y de manera

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importante en la convocatoria de una conferencia de paz destinada a lograr credibilidad y a dar visibilidad y al compromiso político de todos los actores con el proceso de paz. Esta conferencia no sería un fin en si mismo, sino un medio que serviría para dinamizar y relanzar un proceso que llevase la paz a Oriente Próximo.
Señorías, a juicio del Gobierno, la iniciativa anunciada en Girona ha tenido la virtualidad de servir de revulsivo para reavivar el debate y el examen de iniciativas más amplias en relación con la recuperación del proceso de paz. Nuestra convicción y nuestra esperanza es que quince años después de la Conferencia de Paz de Madrid, la paz y la negociación se conviertan en la única alternativa posible para una región tan querida y tan próxima a los intereses, la historia y la cultura de nuestro país.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori ):Muchas gracias, señor ministro .
Tiene la palabra el senador interpelante para consumir un segundo turno.


El señor DE PUIG OLIVE: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor ministro, por el detalle sobre los acuerdos alcanzados en el Consejo Europeo que yo le había pedido, que me refuerzan en la idea de que España está haciendo lo que debe en un conflicto complicado y que Europa quiere hacer lo que debe. Otra cosa es que todo sea posible. Usted nos ha hablado de las muy buenas intenciones que tiene Europa, y cuando digo eso no lo hago con ánimo peyorativo. En ocasiones se acusa a un Gobierno político de explicar sus intenciones, y se vive como algo peyorativo. Yo entiendo que es al revés. Es muy importante que haya intenciones, que esas intenciones se expliciten y que, además, sean buenas. Otra cosa es un conflicto tan grave como el de Oriente Medio palestino-israelí. Conocemos las dificultades porque llevamos prácticamente cincuenta años, y estoy de acuerdo con usted, señor ministro, en que no debemos caer en el escepticismo ni en el pesimismo --aunque mi intervención pudiera parecerlo-- ni en la crítica absoluta sin poner en valor todo lo que tiene de positivo cada gesto.
Decía usted, señor ministro, que el presidente Olmert, ante la tumba de Ben Gurion habló de la posibilidad de establecer un diálogo.
Evidentemente, todo lo que abra la puerta a una posibilidad de diálogo, de entendimiento, de frenar la violencia, de acuerdo general, es importante.
Quiero terminar agradeciéndole su información. En mi opinión, el Gobierno de España, en su modestia, porque no somos Estados Unidos ni uno de los grandes, está llevando a cabo actuaciones de interés que nos están agradeciendo unos y otros. No es solo ya el acuerdo de Girona, y me enorgullece que se celebrara en mi ciudad y que haya dado pie a que la Unión Europea lo acepte y haya servido de revulsivo, sino que hay otro proyecto a más largo plazo, el de la Alianza de las Civilizaciones, que está también planeando sobre la posibilidad de un acuerdo que no es solo un acuerdo concreto sobre el conflicto palestino-israelí y no es solo una posibilidad de acuerdo en el marco regional sino que es un proyecto a medio y largo plazo que va mucho más allá, a que este mundo convulso en el que vivimos pueda llegar a una situación de equilibrio, de entendimiento, de diálogo permanente entre lo que llamamos civilizaciones.
Por todo ello, muchas gracias, señor ministro.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Muchas gracias, señor Presidente.
Agradezco sus palabras, y voy a responder brevemente a alguna de las cuestiones o peticiones de información que su señoría me ha solicitado.
La situación actual, señalaba su señoría, es extremadamente volátil en los dos escenarios de mayor preocupación, tanto en el palestino-israelí como en el de los territorios palestinos, y en el Líbano. Ambos pasan por la voluntad de encontrar, a través de canales de diálogo, una solución política por parte de los principales actores, que en este caso son los palestinos y los libaneses.
Es cierto que la convocatoria del presidente de la Autoridad Nacional Palestina es una petición para salir del «impasse», no sabemos cómo concluirá. He tenido ocasión de conversar con él y con su entorno más inmediato en varias ocasiones, y siempre me ha señalado que no cierra la puerta a una eventual negociación para alcanzar un Gobierno de unidad nacional, que, lógicamente, recogería el sentimiento mayoritario de toda la población palestina. Eso sería lo ideal. En cualquier caso, su compromiso es, de no ser posible de manera constitucional y legal, convocar esas elecciones presidenciales y legislativas con la voluntad de dar una nueva esperanza a un pueblo que está sufriendo y que está viviendo cada día con tanta tragedia y con tanto drama una situación inaceptable en el siglo XXI para la comunidad internacional, y eso bloquea la negociación con Israel, negociación que se hace cada día más necesaria y urgente, y por eso animamos al presidente palestino a mantener su reunión con el primer ministro israelí.
En cuanto a la situación del Líbano, la Unión Europea y el Gobierno de España apoyan al primer ministro Fuad Siniora, y pero también que haya una solución y una salida para esta crisis ya que, lógicamente, nuestra voluntad es consolidar el proceso político que se inició con la aprobación de la resolución 1701 las de Naciones Unidas y el envío de tropas al Líbano.
En este sentido, estamos en contacto con las diferentes partes; ayer mismo hablé con el primer ministro libanés y con el secretario general de la Liga Árabe. Estamos apoyando los esfuerzos de la Liga Árabe, que está buscando un paquete de negociaciones para encontrar, gracias a la buena disposición de los actores principales del Líbano, una solución negociada, dialogada, a la situación actual.
Dicho esto, todo ello nos lleva a reflexionar su pregunta respecto al papel europeo, el porqué Europa hoy, más que ayer, está decidida, comprometida y obligada a asumir una

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responsabilidad mayor. Ese es el sentido de la iniciativa del Presidente del Gobierno en Girona, en su ciudad, ese es el sentido de la declaración de la Unión Europea, y ese es el compromiso y el mandato que se ha dado al Alto Representante, al secretario general de la Unión Europea, Javier Solana. En la declaración del Consejo Europeo se analiza punto por punto la posición europea, la necesidad de actuación en los distintos escenarios, y por tanto, repito, es un mandato claro al señor Solana para ejercer su actuación diplomática con el apoyo de veintisiete países protagonistas esenciales en el conflicto.
Ha mencionado su señoría el papel del cuarteto, y he de decirle que es un mecanismo fundamental, pero para que lo siga siendo al menos debe reunirse, y sentimos --España hizo un llamamiento a Italia y a Francia a este respecto-- que tarde en reunirse. Hemos pedido a la Presidencia, al Alto Representante, y ayer mismo se lo solicité al representante ruso, que el cuarteto se reúna. Dada la situación actual, es impensable que esté esperando al mes de enero para acordar cuándo podrá reunirse; por tanto, cuarteto, sí -- yo mismo participé en su formalización y sé de lo que hablo-- pero activo y comprometido; y aprovecho esta oportunidad para pedir que el cuarteto se active y se ponga a trabajar en favor de la paz.
Por último, señorías, en cuanto a planes e iniciativas, el informe Hamilton-Baker, también la Alianza de Civilizaciones, reflejan en sus conclusiones que el problema principal, el foco de esa falta de entendimiento y comprensión es precisamente el conflicto de Oriente Próximo. Ambos coinciden en que es necesario dar una solución, elaborar un libro blanco para la Alianza de Civilizaciones...


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor ministro, vaya terminando, por favor.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Termino, señor presidente.
... y solicitar, lógicamente, una mayor intervención de la comunidad internacional, incluida una conferencia internacional del Informe Hamilton-Baker.
En definitiva, necesidad y urgencia de la comunidad internacional; ayuda a las partes, pero con compromiso y con actuaciones. No bastan las declaraciones. Hace falta la actuación.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor ministro.


-- DE DON AGUSTÍN CONDE BAJÉN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA IMPULSAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL (S. 670/000136).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Interpelación del senador don Agustín Conde Bajén sobre las medidas que piensa impulsar el Gobierno para garantizar la independencia del poder judicial.
Tiene la palabra el senador Conde.


El señor CONDE BAJÉN: Muchas gracias. Con la venia, señor presidente.
Señorías, me van a permitir que mis primeras palabras vayan dirigidas al ministro de Justicia con quien, probablemente, tendré ocasión de debatir por última vez dado que en breve dejará de ser ministro para ocuparse de su candidatura a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Señor ministro, he tenido mucho gusto en protagonizar con usted algunos debates parlamentarios en esta tribuna, en ocasiones con extraordinario espíritu constructivo por ambas partes, en otras no exento de dureza, y le aseguro que ha sido para mí un placer. Me parece que el placer debe ser mutuo porque, según tengo entendido, desea continuar en el Gobierno y seguir en la Cámara, y su candidatura a la Comunidad Autónoma de Canarias obedece más a su sentido del deber que a su gusto, a su voluntad y a su placer.
Entro en materia, señorías, para presentar esta interpelación que formulamos al Gobierno, sobre las medidas que piensa impulsar para garantizar la independencia del Poder Judicial. En España, últimamente, vivimos una situación en la que parece conveniente recordar cosas que hasta ahora eran evidentes, que se tenían por obvias y que constituían principios general y comúnmente aceptados por todos. No tengo más remedio que recordarles lo que dice nuestra Constitución sobre el Poder Judicial.
En concreto, el artículo 117.1 dice: la justicia emana del pueblo y se administra por jueces y magistrados independientes, sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la ley. Este precepto se repite textualmente en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El artículo 13 de este cuerpo legal dice que todos --todos, sin excepción, porque donde la ley no distingue no cabe distinguir-- están obligados a respetar la independencia de jueces y magistrados. Además, el artículo 124.1 de la Constitución encomienda de modo específico al Ministerio Fiscal que vele por la independencia de jueces y magistrados.
Señorías, estas son cuestiones obvias; son principios asentados en la España democrática, desde la Constitución de 1978. Pero, como les digo, desde el advenimiento a la Presidencia del Gobierno de don José Luis Rodríguez Zapatero, cosas que eran evidentes empiezan a dejar de serlo.
Efectivamente, hace solo unas semanas tuvimos ocasión de presenciar con gran escándalo unas manifestaciones del presidente del Gobierno en los pasillos de esta Cámara, en relación con la actuación de los jueces en lo que él llama proceso de paz. He dicho ya en alguna ocasión, y lo repito aquí, que me molesta profundamente que se llame proceso de paz a una situación de cese de fuego y quién sabe si de negociación más o menos turbia del Gobierno sobre principios absolutamente innegociables. El hecho es que el presidente del Gobierno, el señor Zapatero, dijo: las actuaciones de determinados jueces obstaculizan el proceso de paz.


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En la misma línea, el fiscal general del Estado, el representante precisamente del Ministerio Fiscal que debe velar por la independencia de jueces y magistrados --como acabamos de ver--, se permitió el lujo de decir, en el XXI Congreso de la Asociación de Jueces para la Democracia, que es la voluntad mayoritaria --y cito literalmente-- la que en cada momento determina la actuación judicial. En otra ocasión, el inefable señor Conde-- Pumpido dijo en esta Cámara que la justicia no está para obstaculizar procesos políticos.
Como vemos, señorías, hemos asistido a declaraciones nada menos que de la Presidencia del Gobierno y de la Fiscalía General del Estado absolutamente escandalosas, como decía anteriormente. Hemos visto cómo el presidente del Gobierno pretende que los jueces y magistrados, los tribunales españoles, actúen según sus propias directrices políticas.
Hemos visto cómo el fiscal general del Estado, que debería ser el encargado de garantizar la independencia de los tribunales, se pone del lado de quien le nombra y decide presionar la actuación de jueces y magistrados en un determinado sentido.
No necesito recordarle al señor ministro de Justicia, que es catedrático de Derecho Constitucional, la celebérrima frase de Secondat, barón de Montesquieu, escrita en «El espíritu de las leyes». Decía Montesquieu: los jueces de la nación no son más que la boca que pronuncia las palabras de la ley; seres inanimados, que no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de la misma. El Poder Judicial, señorías, como también decía don Jorge de Esteban, no tiene una propia voluntad, sino que es ejecutor de una voluntad ajena: la voluntad de la nación, que se manifiesta en la ley, que es la que los jueces aplican. O las palabras de don Enrique Ruiz Vadillo, que decía lo siguiente: Ni el llamado uso alternativo del Derecho ni la búsqueda de la justicia material, que no sabemos qué es ni qué significa, autorizan a los jueces y tribunales a salirse del mandato de la ley a cuyo imperio están sometidos. O por último, señorías, esa frase escrita por don Luis López Guerra, también catedrático de Derecho constitucional y actual secretario de Estado de Justicia, que decía en su obra «El régimen constitucional español» lo siguiente: El juez o magistrado no debe obediencia a nadie ni a nada, salvo a la ley como expresión que es de la voluntad popular.
Pues bien, todos estos principios que han sido fundamento y apoyo de nuestro sistema constitucional se han echado por tierra de un plumazo por el presidente del Gobierno y sus acólitos, como el fiscal general del Estado. El señor presidente del Gobierno se ha permitido el lujo de decir a los jueces cómo tienen que actuar, en qué sentido deben pronunciarse para no entorpecer sus directrices políticas en torno a un denominado proceso de paz.
Hemos asistido a una forma de ejercer presión al Poder Judicial como sinceramente no habíamos visto hacer a ningún gobierno anterior, ni siquiera cuando era presidente del gobierno don Felipe González y notó el aliento de la justicia muy cerca de la nuca y se jugó personalmente tener que dar cuentas por determinados asuntos de los que finalmente terminaron respondiendo algunos de sus subordinados más directos. Pero ni siquiera entonces el presidente del Gobierno se permitió el lujo de atacar con semejante dureza un principio básico, fundamental y absolutamente inexcusable como es la independencia de los jueces.
A la hora de dictar sus sentencias o adoptar sus resoluciones, señorías, los jueces no pueden atender a otro criterio que no sea el de la aplicación estricta de la ley, ni pueden atender a indicaciones de ninguno de los restantes poderes del Estado. Sin embargo, el señor presidente del Gobierno se permite el lujo de atacar semejante principio en este año cero, en esta época refundacional de nuestra democracia.
(Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Se alteran mucho las señorías socialistas; parece que tampoco se va a respetar el derecho a expresarse de los representantes de la voluntad popular.
Señorías, este no es un hecho aislado. Desde que el señor Zapatero accedió a la Presidencia del Gobierno hemos asistido de modo sistemático a una estrategia para sojuzgar al Poder Judicial. (Continúan los rumores y las protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y repito, una intención de sojuzgar al Poder Judicial. Hemos visto cómo se reformó a uña de caballo la Ley Orgánica del Poder Judicial hace ahora dos años para conseguir que los nombramientos de jueces y magistrados en puestos clave de la Administración de Justicia se hicieran al gusto de la mayoría hoy dominante. Hemos oído al señor ministro de Justicia justificar semejante pretensión diciendo que los nombramientos de jueces debían obedecer a una pluralidad ideológica, expresión esta igualmente escandalosa, porque hasta ahora entendíamos, señorías, que la provisión de puestos en la carrera judicial obedecía única y exclusivamente a la capacitación profesional de jueces y magistrados, y no a su adscripción ideológica a un espectro u otro de esta o cualquier otra Cámara.
Pero, en fin, ese tipo de cosas se dicen hoy día con un desparpajo que realmente sonroja a quien lo escucha. Hemos asistido también a una política dentro del Ministerio Fiscal absolutamente escandalosa, tanto en el nombramiento de los fiscales como incluso en la utilización de los propios fiscales para allanar candidaturas en territorios insulares y no insulares. (Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) No se solivianten sus señorías, sosiéguense y aprendan a escuchar, tengan ustedes talante constructivo y presten atención porque seguramente alguna cosa podrán aprender.
Señorías, en el Grupo Parlamentario Popular estamos absolutamente escandalizados con esta política del Gobierno socialista. (Rumores.) En el Partido Popular entendemos que estas presiones a las que desde el poder político se pretende someter al Poder Judicial son una perturbación tremenda y radical del sistema democrático del que los españoles nos dotamos en el año 1978. Estamos viendo cómo, frente a grandes proclamas y esloganes repartidos por el Gobierno y sus terminales mediáticos y sociales, (Rumores.) en España las libertades corren peligro.
(Rumores.--Protestas) Corren peligro desde que Zapatero es presidente del Gobierno (Rumores.), porque quienes tienen que garantizar que las libertades se respeten, que son los jueces y magistrados españoles, están siendo sometidos a presión, ni más ni menos, que del presidente del Gobierno.


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(Rumores.) Por eso preguntamos --y he de reconocer que es una pregunta retórica-- (Rumores.) qué medidas piensa adoptar el Gobierno para garantizar la independencia del Poder Judicial. Yo, sinceramente, señorías, aunque la pregunta es retórica, tengo una respuesta: la mejor medida para garantizar la independencia del Poder Judicial es que el año que viene el señor Zapatero deje de ser el presidente del Gobierno.
(Rumores.--Protestas.--Risas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Para contestar a la interpelación, tiene la palabra el señor ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Buenos días, señorías.
Quiero comenzar agradeciendo la referencia amable que ha hecho el senador Agustín Conde a mi sentido del deber. Creo que, una vez más, cumplo con mi deber atendiendo la interpelación que se me formula y haciendo cuanto está en mi mano para tomármela en serio.
Le agradezco también que haya conseguido poner de manifiesto el buen talante del Grupo Parlamentario Socialista, que creo que ha acogido con sonrisas, si no con carcajadas muy expresivas, algunas de las consideraciones que se han escuchado en su interpelación.
Comenzaré por atender exactamente a la pregunta que se formula: ¿qué medidas piensa impulsar el Gobierno para garantizar la independencia del Poder Judicial? En este punto, suscribiré la lección de Derecho Constitucional que ha sintetizado el interpelante, porque, efectivamente, la independencia del Poder Judicial en España, afortunadamente, está plenamente garantizada, fuera de toda duda. Está bien afirmada en la Constitución y bien articulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y ha hecho bien en recordar en qué consiste la independencia del Poder Judicial. Consiste en que el juez solo se deba a la ley, lo que quiere decir que la sentencia, en ningún caso, puede pender de presiones externas a la solución jurisdiccional de cada caso conforme a la ley.
Ello quiere decir que el juez debe estar libre de presiones procedentes --como quería Montesquieu hace más de 200 años-- de la esfera de la política, es decir, del Gobierno, del Ejecutivo, pero también libre de presiones procedentes de la propia estructura judicial, ya sea en su dimensión organizativa --de modo que el juez no deba depender de lo que le indique ningún titular de un órgano jurisdiccional superior--, como en su dimensión corporativa --es decir, que el juez no deba depender de lo que las asociaciones de jueces o presiones corporativas de la propia judicatura le puedan indicar--. Esa independencia está plenamente garantizada en España. Y me gusta subrayar --porque quiero tomar en serio la interpelación-- que eso no significa que la independencia del Poder Judicial no pueda estar sujeta a otras presiones distintas a las que conoció Monstesquieu hace nada menos que 250 años. Sucede que han pasado esos 250 años y la sociedad se ha transformado y también el funcionamiento de la democracia. Por lo tanto, hay que continuar velando por que los jueces no estén sujetos a presiones procedentes de otras esferas que Montesquieu no pudo conocer como, por ejemplo, las presiones que puedan suponer las interferencias de los medios de comunicación o las presiones de ciertos llamamientos populistas a movimientos de opinión pública contra lo que los jueces puedan o deban decir en cada una de sus resoluciones o, en su caso, con respecto de los pronunciamientos que, no desde el Gobierno, sino desde otras muchas tribunas de la política, se puedan hacer.
Por ello, la independencia judicial sigue siendo un valor muy precioso, por el que hay que velar, por el que hay que trabajar, y hay que hacerlo de manera constante y permanente. En España está bien garantizada, está fuera de toda duda y a ello sirve, huelga recordarlo, la propia existencia del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial tiene algunas funciones que la Constitución le da y esas son aquellas a las que me gusta referirme cada vez que el Consejo es objeto de algún tipo de discusión o se expone a la discusión en la arena de la política, y una de ellas tiene que ver con esa preservación de la independencia del Poder Judicial frente a ataques que puedan proceder de algunas de las esferas que acabo de evocar.
Por lo tanto, la independencia del Poder Judicial en España está completamente fuera de cuestión. A partir de ahí, he escuchado --y no me ha sorprendido-- una exposición en la que ha habido además de este recordatorio de la importancia que tiene la independencia del Poder Judicial otras cosas y a esas otras cosas quiero oponer lo siguiente. En primer lugar, no le corresponde al Gobierno adoptar medidas específicas para garantizar la independencia del Poder Judicial frente a estas presiones o ataques que puedan existir. El Consejo del Poder Judicial tiene su función; el Ministerio Fiscal vela también por la independencia de juzgados y tribunales, puede desempeñarla. Los propios jueces y magistrados que se sientan perturbados o inquietados --reproduciendo la literalidad del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial-- pueden recurrir a una u otra vía, al Consejo del Poder Judicial o al Ministerio Fiscal, para hacer frente a esas perturbaciones sobre su independencia en la resolución de los asuntos de los que entiende.
Nuestro sistema está sólidamente trabado y la independencia del Poder Judicial no requiere ninguna asistencia del Gobierno.
Pero creo que su intervención sí pone de manifiesto que esas amenazas o perturbaciones pueden provenir de otras esferas completamente distintas al área de actuación y de responsabilidad del Gobierno. Para empezar, la demagogia, la simplificación, la falta de respeto por la verdad. Le he escuchado mencionar la palabra desparpajo y creo que no hay peor desparpajo que la falta de respeto por la verdad. Dicho en otras palabras, la mentira pura y dura, y la mentira o la falta de respeto por la verdad puede consistir en inventar una falsa cita de algún responsable político, inventar una frase atribuida --usted mismo lo ha dicho-- en corrillos de periodistas a un responsable político sin ser capaces de atarla ni de precisarla ni de darle ninguna veracidad.
Además, he escuchado hacer no ya citas sesgadas, sino falseadas con respecto de lo que realmente se dice. Una cita sesgada puede ser aquella que recorta con tijera una frase extrayéndola de su contexto, pero la cita falseada es

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la que pervierte lo que realmente se ha dicho para darle un significado completamente distinto, que falsea la realidad de lo que se ha dicho. Y he visto unos cuantos ejemplos de eso en su intervención.
Le he escuchado hacerlo en lo que se refiere a una cita apócrifa, una falsa cita, inventada, supuestamente extraída de lo que se haya dicho en un corro de periodistas, sin ningún contraste de veracidad, predicada del presiente del Gobierno. Pero luego le he visto hacer falsas citas de lo que yo digo, como si yo alguna vez hubiera dicho que a los jueces se les puede seleccionar por su ideología. Le desafío a usted a que encuentre una sola cita, en ningún momento de mi vida, en la que yo haya dicho semejante cosa. Hace falta pervertir, no ya recortar con tijerita y extraer del contexto, sino pervertir y falsear lo que realmente se dice para que usted pueda inventar que yo he dicho semejante cosa. Hace falta pervertir y falsear una declaración del fiscal general del Estado para hacerle decir que la justicia no está inventada --literalmente-- para favorecer el proceso de paz, porque seguramente lo que el fiscal general del Estado dijo es que la misión de la justicia no es favorecer ni perjudicar, ni favorecer ni oponerse, sino interpretar la ley y aplicarla y resolver conflictos en derecho. Eso es lo que realmente dijo el fiscal general del Estado, según creo recordar, sin que él necesite tampoco que yo le explique, porque una y otra vez cuando se me pregunta sobre las declaraciones hechas por un tercero, mi respuesta es invariablemente la misma: primero, que no me fío de la versión que me cuentan, que la vida me ha enseñado a desconfiar de lo que los titulares de los medios de comunicación me dicen que alguien ha dicho. Segundo, que las declaraciones proferidas por terceros las explican esos terceros y no se le puede exigir responsabilidad a nadie más. Y, tercero, que estoy convencido --y lo he visto-- de que el Fiscal General del Estado se explica solo.
Le he escuchado otra falsa cita, en esa estaba presente, en el último Congreso de Jueces para la Democracia, en la que usted le hace decir, supuestamente, que los jueces deben aplicar lo que la voluntad mayoritaria en cada momento determine. No estaba hablando de lo que deban aplicar, estaba hablando de la ley. Y la ley, sin duda, es la expresión de lo que en cada momento expresa y decide dentro de la Constitución, porque la ley está sujeta a la Constitución, la voluntad mayoritaria que está representada en las Cortes Generales, en nuestro Parlamento, que es el que ostenta en España el Poder Legislativo.
Todo ello simplemente ilustra que con simplificaciones o con demagogia realmente no podremos tener un debate serio sobre los riesgos que pueda afrontar la independencia judicial en una democracia avanzada, en una sociedad abierta, en la que la conformación de la percepción de la realidad está tan a menudo condicionada por los medios de comunicación, como son las democracias de nuestro tiempo. Eso en lo relativo a las falsas citas o a los falseamientos de lo que realmente se ha dicho y que he escuchado.
Pero luego ha ido más lejos, al relatorio o a la supuesta enumeración de una serie de casos concretos en los cuales el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal estarían siendo perturbados o manipulados por este Gobierno. Bien, a ese respecto déjeme decirle que ninguno de los ejemplos que le he oído colacionar tiene correspondencia alguna con la realidad.
Para empezar, la presentación que ha hecho de una ley que fue aprobada por estas Cortes Generales como Ley orgánica modificativa de la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto a la mayoría requerida para ciertos nombramientos por el Consejo General del Poder Judicial. Esa discusión ya la tuvimos, está recogida en el «Diario de Sesiones», intervine repetidas veces y me remito a los argumentos que entonces opusimos usted y yo en esta Cámara. A partir de ahí, ha hecho algunas referencias que, a mi juicio, se lo diré con cordialidad, no solamente no tienen correspondencia con la verdad, sino que, si me apura, son un ejemplo inmejorable, muy ilustrativo de cómo practicar lo que usted denuncia.
Cómo practicar realmente interferencias sobre la independencia del Poder Judicial y sobre la credibilidad de las instituciones, incluida, por supuesto, la del Ministerio Fiscal, que rigiéndose por principios distintos a los del Poder Judicial, sin embargo, está también sujeto a la ley y merece crédito. Le he escuchado hacer referencia a una serie de asuntos en los que son los tribunales los que interpretan la ley y los que dictan sentencia, y es el Ministerio Fiscal el que califica los hechos aparentemente delictivos, tiene facultades que le da la ley para investigar los hechos aparentemente delictivos, para realizar averiguaciones sobre las personas presuntamente responsables, y haciendo eso merece respeto porque está sirviendo a la ley. Interferir en el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal es exactamente eso, señor Conde, y lo veo ejemplificado en las tomas de posición de responsables y portavoces del Partido Popular, a los que he visto hacer eso que usted mismo ha hecho esta mañana. Lo he visto cuando usted ha hecho referencia a esa supuesta coordenada en la que se conectan jueces y fiscales con una convocatoria de elecciones --usted lo ha hecho y estará recogido en el «Diario de Sesiones»--, y he percibido en esa argumentación una velada acusación a los jueces y fiscales de prevaricar, coordinándose con una agenda electoral. Eso me parece no solamente disparatado desde el punto de vista del respeto a los hechos y a la verdad de las cosas, sino una falta de respeto descomunal a las reglas con las que usted se ha llenado la boca en la primera parte de su intervención.
He escuchado a portavoces del Partido Popular acusar a los jueces de instrucción que están investigando supuestos de corrupción, que merecen mucha preocupación, de prevaricar al servicio de la agenda electoral de no sé quién o de los intereses de no sé qué partido. Eso es un torpedo intolerable al crédito de las instituciones; es muy serio y muy grave que eso se pueda insinuar, implica una responsabilidad muy grave porque los jueces tienen el deber de investigar los hechos aparentemente delictivos.
Sin embargo, no le he oído mencionar una interferencia en la independencia del Poder Judicial tan grave como la que supone que un senador haya dicho en rueda de prensa que un juez de instrucción de la Audiencia Nacional que está investigando una estafa monumental en la que 300.000 españoles han perdido 500.000 millones de pesetas, en beneficio de unos pocos desaprensivos --de acuerdo con todos los indicios--, encuentra una documentación

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en la que se refieren indicios de pagos de comisiones a personas relacionadas por sus cargos y sus nombres. De acuerdo con el deber de todo órgano jurisdiccional instructor, remite esa información al juzgado competente para que haga las averiguaciones pertinentes y un senador de esta Cámara acusa a ese juez de prevaricar, de estar al servicio de la agenda del Gobierno y de los intereses electorales de no sé quién. Eso es gravísimo y supone un atentado descomunal a la independencia del Poder Judicial.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor ministro, concluya su intervención, por favor.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Además, he visto que las actuaciones de la Fiscalía, investigando hechos muy serios en el fondo y que presentan indicios de delito, están siendo descalificadas de forma continua, todos los días, por los portavoces de su partido como si fuera una opción el apostar, sencillamente, por la impunidad de los poderosos, por desarmar la igualdad ante la ley, porque la igualdad ante la ley no alcance a los poderosos ni a aquellos que ocupan posiciones políticas de responsabilidad y, en lugar de averiguar y hacer las indagaciones necesarias para esclarecer cualquier sospecha del hecho delictivo y de la responsabilidad penal aparejada, se cargue la tinta sobre el juez o el fiscal que está investigando esta clase de delitos.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor ministro, ha concluido su tiempo.
Por favor, termine ya su intervención.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Bien.
Desde mi punto de vista, esto sí es incurrir en una seria amenaza a la independencia del Poder Judicial.
Creo que supone una amenaza a la independencia del Poder Judicial cuando investiga los hechos de terrorismo, a los que usted también ha hecho referencia, cuando se descalifica la función del juez instructor, cuando se descalifica la investigación y se está claramente adulando a los jueces que se mueven en la dirección que ustedes estiman que conviene a sus intereses y criticando encarnizada y despiadadamente a esos mismos jueces cuando se mueven en alguna otra dirección.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor ministro, concluya ya, por favor.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Finalmente, ha hecho una referencia a la ejecutoria antiterrorista de este fiscal y de este Gobierno, y a ese respecto déjeme decirle que este Gobierno responde de su gestión y de su responsabilidad y, por tanto, preserva también la autonomía del Ministerio Fiscal y del fiscal general del Estado así como, por supuesto, la actuación del Poder Judicial, remitiéndose a su fundamente en derecho para entender esas decisiones y, en el caso del fiscal general del Estado, a su propia actuación en aplicación de la legalidad.
En cualquier caso, creo que el balance de esta legislatura en lo que se refiere a la preservación de la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal es absolutamente positivo y estoy dispuesto a discutirlo con usted cuando lo desee. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el senador Conde.


El señor CONDE BAJÉN: Muchas gracias, señor presidente.
Parece que hemos llegado a un punto de acuerdo. Cuando yo decía que las declaraciones del presidente del Gobierno señor Rodríguez Zapatero y las del fiscal general del Estado señor Conde Pumpido eran escandalosas, parece ser que el propio ministro de Justicia viene a convenir conmigo en ello, puesto que no le ha quedado más remedio que negar la autoría de las tales declaraciones.
Señorías, las declaraciones del presidente del Gobierno no fueron hechas en corrillos de periodistas como conversación privada tomando un café, sino que fueron declaraciones formalmente hechas en los micrófonos dispuestos por los servicios de prensa de esta Cámara y fueron recogidas tanto por las agencias de noticias como publicadas al día siguiente por los medios de comunicación y recogidas esa misma mañana y noche por los medios audiovisuales. Las declaraciones del señor fiscal general del Estado, don Cándido Conde Pumpido son, por un lado, las efectuadas en el Congreso Jueces para la Democracia, recogidas por toda la prensa de ese día, publicadas por la prensa de ese día, recogidas por radios, por televisiones y fueron hechas, además, en presencia del señor ministro de Justicia. Pero parece ser, señorías, que como no gusta lo que se dijo, como a alguno --y me permitirán la expresión-- se le fue la lengua, lo que se hace es matar al mensajero. Es la prensa la que miente, y como se equivocó, según parece, el fiscal general del Estado o se equivocó el señor presidente del Gobierno, resulta que los periodistas, en una confabulación que no calificaremos --iba a utilizar una expresión pero vistas las novedades editoriales que últimamente se van publicando omito el calificativo--, en una conspiración, es la prensa la que pretende vulnerar y dañar la imagen del Gobierno y entonces altera las declaraciones. Será que los periodistas mienten. Vale, ya sabemos en qué concepto les tienen ustedes.
Pero es que hay otra declaración del señor fiscal general del Estado, la segunda, aquella que he citado y en la que decía que la Justicia no está para obstaculizar procesos políticos. Señorías, es que está en el «Diario de Sesiones» de esta Cámara, concretamente en el «Diario de Sesiones» de la Comisión de Justicia celebrada el día 16 de octubre del año 2006, pero el señor ministro de Justicia dice que mentimos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Será que los servicios de esta Cámara que recogen las publicaciones oficiales también mienten porque no le gusta al señor ministro de Justicia oír las frases que pronunció el fiscal general del Estado.


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Y me va a permitir, por tanto, que le diga que si las declaraciones, que son ciertas --ni son alteradas ni falseadas--, las niega el ministro de Justicia, es por lo que decía al principio, porque son de suyo escandalosas y demuestran la auténtica faz de este Gobierno en lo que a la independencia del Poder Judicial se refiere.
Señorías, en lo que se refiere a la actuación de los fiscales, yo no pongo en duda --jamás lo he hecho ni lo ha hecho tampoco mi grupo parlamentario-- la actuación de jueces y magistrados. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Cuando un juez dicta un auto razón tendrá, salvo que sea posteriormente anulado. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Cuando un fiscal decide actuar, razón tendrá, pero lo que resulta bastante sorprendente es la sobreabundancia de medios de la fiscalía allí donde el señor ministro de Justicia va aterrizar como candidato y la ausencia de fiscales que se dedican a semejantes investigaciones precisamente donde no conviene que se haga. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) ¿Los fiscales actúan bien? No lo pongo en duda. ¿Actúan bien los jueces de instrucción a iniciativa de los fiscales? No lo pongo en duda, pero lo que sí pongo en duda, por supuesto que lo pongo en duda, es dónde se decide que la fiscalía se ponga a investigar y dónde no. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) ¿O es que no recuerdan ustedes el caso de dos alcaldes socialistas en la Comunidad de Madrid que fueron pillados con las manos en la masa de 30 millones de euros y que resultó que esa información se ocultó a la Justicia durante meses porque no convenía a los intereses del partido en el Gobierno? Señorías, ¿recuerdan ustedes también de qué manera se pronunciaron altísimos responsables políticos cuando se condenó a determinados policías por la primera detención ilegal --los primeros detenidos políticos de la democracia española desde 1978--, cómo se pronunciaron contra el juez que dictó la sentencia? (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) ¿No lo recuerdan ustedes? Pero resulta que de esto también tiene la culpa el Partido Popular. Esta mañana hemos oído a la ministra de Fomento decir que del asunto de Air Madrid, mira por donde, tiene la culpa Esperanza Aguirre, tiene la culpa el Partido Popular. (Rumores.) Tuvimos la culpa de los incendios de Galicia, todavía no se les ha ocurrido venir a imputarnos las inundaciones de este otoño, pero de todo lo malo que sucede en este país, por lo visto tiene la culpa el Partido Popular. (La señora Hernández Gutiérrez: De Telde sí.) Pues bien, señorías, las cosas se demuestran por sí mismas.
Termino, señor presidente --porque se me ha encendido la luz roja, se me agota el tiempo, y yo seré respetuoso con el tiempo, no como el señor ministro de Justicia--, diciendo que es un hecho que el presidente del Gobierno dijo lo que dijo; que el Fiscal General del Estado dijo lo que dijo y no lo que ahora pretende el ministro de Justicia que dijo.
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Dijo lo que dijo y eso es un ataque intolerable a la independencia del Poder Judicial. Y el Gobierno no solo no está en disposición de rectificar sino que, encima, con el coro de sus senadores, van y lo aplauden. Muy bien, enhorabuena. (El señor Curiel Alonso: Gracias por lo del coro.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Senador Conde, con toda cordialidad, en primer lugar, le recordaré que las declaraciones que usted atribuye al presidente del Gobierno y al fiscal general del Estado han sido desmentidas en esos términos. La declaración del fiscal general del Estado está recogida en el «Diario de Sesiones» y no se corresponde con lo que usted declaró. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El propio fiscal general del Estado en su intervención subrayó, primero, que no le corresponde a la Justicia, porque no es su papel, hacer política. Por lo tanto, ni interferir ni obstruir ni favorecer, sino aplicar la ley, interpretarla con independencia. Y el fiscal general del Estado, frente a las acusaciones que tuvo que escuchar, carentes de todo fundamento y cimentadas exclusivamente en la demagogia, pudo exponer cómo la ejecutoria de la fiscalía en esta legislatura pone de manifiesto que ha continuado trabajando contra todas las formas de terrorismo y presentando un balance impecable. Incluso puso de manifiesto el contraste entre las imputaciones, las acusaciones obtenidas por el Ministerio Fiscal a lo largo de la tregua de 1998 con las imputaciones, acusaciones y condenas obtenidas en esta legislatura, y de forma muy concreta, a partir del llamado alto el fuego permanente. Y creo que el balance es abrumador. Recuerdo los datos que utilizó el fiscal general del Estado en esa comparecencia: durante la tregua de ETA en 1998 se dictaron 55 sentencias condenatorias y se obtuvieron 100 condenas; durante el alto el fuego permanente actual se han dictado 71 sentencias condenatorias y ha habido 107 condenas. En la actuación específica de la fiscalía, en el período de enero a noviembre de 1999, se presentaron 37 escritos de calificación por el Ministerio Fiscal contra 118 presuntos miembros de ETA; mientras que, en 2006, en el alto el fuego permanente, se han dictado 99 escritos de calificación contra 224 acusados. Este fue el recordatorio que hacía el fiscal general del Estado.
En segundo lugar, ha hecho usted de nuevo una excursión comparativa sobre los casos. Y déjeme decirle que este Gobierno está orgulloso de estar sirviendo, a través del Ministerio de Justicia, junto al vector de los derechos de ciudadanía y de la mejora del rendimiento del sistema judicial, al de la seguridad, combatiendo el crimen y, de forma muy especial, la criminalidad organizada, que incluye también la corrupción.
Este Gobierno está orgulloso de tener un balance y una ejecutoria contra la corrupción, está orgullo de haber reformado la Ley de Montes para evitar la recalificación de suelo devastado por un incendio; está orgulloso de haber rebobinado la espiral a la que invitó la legislación del Gobierno del Partido Popular en materia de suelo para corregir el efecto de propensión a la especulación desenfrenada; por supuesto,

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está orgulloso de haber suscrito convenios internacionales contra la corrupción que estaban pendientes de firma desde el año 1999; de haber ordenado a notarios y registradores colaborar con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales; de haber puesto en conexión a la fiscalía y a la Agencia Tributaria para perseguir los delitos de corrupción. Por tanto, está orgulloso de estar reformando el Código Penal para hacerlo más fuerte contra la criminalidad económica, societaria y los delitos fiscales, así como para coordinar los instrumentos de los que disponemos para prevenir y reprimir ese tipo de delitos. Además, ha reforzado la Fiscalía Anticorrupción, dotándola de nuevos efectivos, y ha distribuido en toda España efectivos de una fiscalía de nuevo cuño, la Fiscalía de Medio Ambiente y Delitos Urbanísticos, a cuyo frente hemos colocado a un fiscal de sala, que, efectivamente, están coadyuvando a desvelar y a poner de manifiesto muchos supuestos de corrupción que se arrastraban de mucho tiempo atrás.
Esto lo decimos independientemente de qué administración y a qué color político pueda afectar, porque ese no es el objeto de la discusión ni debe preocuparnos lo más mínimo. Usted ha señalado un caso en el que han resultado imputadas personas de un color político, y déjeme decirle que esas personas han resultado imputadas por el Ministerio Fiscal después de que la Agencia Tributaria, bajo este Gobierno, diese a conocer que había indicios de delitos de corrupción que merecían ser investigados.
Exactamente del mismo modo se está procediendo con otros colores políticos en toda España.
La verdad de la interferencia en la independencia del Poder Judicial se produce cuando, como hemos visto, ante la detención de un responsable local del Partido Popular, en una tierra que me es conocida, por indicios de corrupción, la reacción del dirigente del Partido Popular en esa tierra es la de acusar de prevaricar al juez de instrucción porque esa detención se ha ordenado coincidiendo con la comparecencia parlamentaria de este ministro, como si un juez de instrucción actuara en coordinación con la agenda parlamentaria de este ministro; una agenda ordinaria, porque respondo al control parlamentario todos los miércoles, por la mañana en el Senado y por la tarde en el Congreso, sin que eso tenga nada de extraordinario ni nada que ver con las investigaciones que están siendo ordenadas por el Poder Judicial sobre supuestos de corrupción.
Eso es una interferencia muy grave en el Poder Judicial, acusar a un juez de prevaricar poniendo una detención a una persona sobre la que pesan graves indicios de corrupción en conexión con la agenda parlamentaria del ministro de Justicia. Eso es una grave interferencia en la independencia del Poder Judicial, a mi juicio completamente intolerable. Eso es lanzar una sombra de sospecha sobre la lucha contra la corrupción, que es una lucha en la que debemos estar todos igualmente comprometidos porque afecta al vínculo más precioso entre ciudadanos y representantes, que es el vínculo de la confianza en servicio del interés general y a la vinculación a la legalidad.
Por último...


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor ministro, concluya.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Sí, concluyo señalando que la independencia del Poder Judicial en este país está, afortunadamente, garantizada. De ella se ocupa, por cierto, el Consejo General del Poder Judicial, que no es Poder Judicial de modo que el pluralismo del Consejo General del Poder Judicial nada tiene que ver con ninguna interferencia, con la independencia de que disfrutan todos los jueces y magistrados a la hora de dictar sentencias.
Pero, además, un modo de perjudicar la independencia y su crédito es lanzar todas estas sombras de sospecha con respecto a un balance en el que estoy convencido este Gobierno será muy fuerte al final de la legislatura: haber combatido toda la corrupción con la misma energía, sin distingo de color, ni de signo político.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor ministro, concluya ya la frase.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Haber combatido la corrupción como un mal y como una prioridad absoluta de política criminal.
Creo que es muy sospechoso que ahora que la corrupción está afectando una y otra vez a personas de su partido político, el Partido Popular esté lanzando sospechas de que la lucha contra la corrupción --y lo he escuchado en más de una ocasión-- está siendo erigida como un instrumento de persecución de los adversarios políticos o incluso como una dictadura judicial.
Creo que hablar de dictadura judicial... (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor ministro.


-- DE DOÑA MARÍA MERCEDES COLOMA PESQUERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE EL DESARROLLO Y AVANCE LOGRADO POR EL GOBIERNO EN MATERIA DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE INTERNET EN ESPAÑA (S. 670/000137).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Interpelación de doña Mercedes Coloma, sobre el desarrollo del avance logrado por el Gobierno en materia de disponibilidad de servicios públicos a través de Internet en España.
Tiene la palabra la senadora Coloma.


La señora COLOMA PESQUERA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Administraciones Públicas, el pasado día 26 de abril de este mismo año interpelé al ministro de

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Industria por la gran preocupación que desde mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, y el conjunto de la sociedad española teníamos y seguimos teniendo por el retraso que se está produciendo en estos dos últimos años en el desarrollo de la sociedad de la información en España. Mi intervención se sustentaba en aquel momento en informes serios que indicaban que no vamos bien, que el camino por el que su Gobierno nos lleva no es el adecuado.
Solo por indicarle algunos de estos datos, que ya le manifesté al señor ministro de Industria en aquel momento, le daré ahora alguna de esas pinceladas. España está a la cola de la Unión Europea en innovación, con un nivel decepcionante, ocupando el puesto decimosexto y situándose en el mismo lugar que países que se han adherido a la Unión Europea en el año 2004. Perdemos en competitividad, ocupando el puesto vigesimotercero en el año 2005, cuando en el ejercicio 2004 ocupábamos el decimonoveno.
Asimismo, el precio del ADSL en España es un 32 por ciento superior a la media de la Europa occidental, estando a la cola en crecimiento de velocidad en Internet pero a la cabeza en precios.
Los indicadores de la sociedad de la información europeos muestran que, si en el año 2003 nos separaban 12 puntos de la media de la Unión Europea, en el año 2005 nos separan 17 puntos, lo que significa cinco puntos negativos en tan solo dos años, señor ministro. Y así podría seguir, mostrándole informes que nos dicen que no vamos bien y que estamos perdiendo posiciones con respecto a los países de nuestro entorno.
Señor ministro, la iniciativa «Europe 2005», de la Unión Europea, tiene como objetivo la de convertir a Europa en la economía basada en el conocimiento más avanzado y dinámico del mundo en el año 2010. A tal fin, la Comisión Europea ha definido 20 servicios públicos básicos, exigiendo a los Estados miembros que estén disponibles para los ciudadanos de manera totalmente electrónica a finales del año 2004.
La Comisión encargó en octubre de 2001, abril de 2002, octubre de 2002, octubre de 2003, octubre de 2004 y abril de 2006 a la empresa Cap Gemini &Young informes sobre la situación en la que se encuentran los países de la Unión Europea respecto al grado de avance en la implantación de los referidos servicios públicos.
En el caso de España, señor ministro, en el año 2001 ocupábamos el quinto puesto, con un 30 por ciento de servicios disponibles; en el año 2002, subimos al 40 por ciento, ocupando el tercer lugar; en el año 2003, alcanzamos el 50 por ciento, ocupando el quinto lugar; en el año 2004, ocupábamos el octavo lugar, con el 55 por ciento y en abril de 2006 ocupamos el puesto decimotercero, con el mismo 55 por ciento de servicios disponibles que en octubre de 2004, lo que significa que desde que ustedes están gobernando España han perdido cinco puestos en el ranking europeo de servicios disponibles telemáticamente. Y es que, mientras que otros países se mueven por poner en marcha políticas acertadas, nosotros nos estancamos y, por lo tanto, retrocedemos.
Se han situado por delante de nosotros países que años anteriores estaban por detrás. Es el caso de Italia, Portugal, Eslovenia, Francia y, con todos los respetos, incluso, Malta. Lidera el ranking Austria, con un 83 por ciento de los procesos con la Administración disponible en Internet, seguido de Estonia, con un 79; Malta, con un 75; Suecia, con un 74 por ciento; Noruega, con un 72 por ciento; Reino Unido, con un 71 por ciento; Francia, con un 65; Eslovenia, también con un 65; Dinamarca, con un 63; Finlandia, con un 61; Portugal, con un 60; Italia con un 58 y, mientras que todos estos países han crecido una media del 14 ciento, España se estanca desde 2004 a 2006 en el mismo porcentaje, en un 55 por ciento, y pierde cinco posiciones en el ranking.
Señor ministro, conoce perfectamente que España ha mantenido en años anteriores una posición líder, pero, en estos momentos y desde que ustedes tienen la responsabilidad de gobernar, esta posición está remitiendo, frente a otros países que están avanzando mucho más rápidamente que el nuestro.
Señor ministro, los autores de este estudio, objetivo y continuado desde el año 2001, destacan que desde octubre de 2004 no se ha logrado en España progreso alguno, con lo que nuestro país puede correr el riesgo de quedarse a la zaga en la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, y los únicos responsables son ustedes, que son quienes gobiernan actualmente. Algo, señor ministro, estarán haciendo mal, y es que para ustedes esto no es ninguna prioridad.
Señor ministro, han transcurrido prácticamente tres años desde que ustedes tienen la responsabilidad de gobernar. En desarrollo de la sociedad de la información vamos mal, los datos no son positivos y tendrá que explicar por qué no avanzamos. La Administración electrónica es una vía para avanzar hacia el desarrollo de mejores gobiernos de la Administración pública; el valor de la Administración electrónica no está en ser un mero traslado de los servicios que actualmente presta la Administración, sino que debe responder a la optimización y reorganización de los esquemas de servicios públicos, de tal manera que permitan una mayor eficiencia y eficacia en la relación con los ciudadanos y con las empresas.
Señor ministro, el discurrir de los acontecimientos ha sido el siguiente, y estos son los motivos que desde mi grupo entendemos nos han llevado a este retroceso. Ustedes liquidaron un plan, el España.es; tenía una vigencia de dos años, 2004-2005, y con una dotación presupuestaria de 1.029 millones de euros. Ustedes no lo han llevado a la práctica y, por tanto, no lo han ejecutado solo porque quien lo había elaborado era un Gobierno del Partido Popular.
Pues bien, en ese plan se abordaba una estrategia para la implantación y el impulso de la Administración electrónica, y en él se contemplaba un plan de choque para el impulso de la Administración electrónica en España con un conjunto de diecinueve medidas, con etapas y con un esquema para seguir el proceso e identificación de los responsables de las distintas actividades y con dotación presupuestaria.
Señor ministro, esta senadora formuló una batería de preguntas escritas al Gobierno en septiembre del 2005 para

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tener conocimiento de qué es lo que se había hecho durante estos dos años. En primer lugar, el Gobierno no me respondió en tiempo y forma. Transformé las preguntas en orales, tal y como me ampara el Reglamento, ya que en ustedes es habitual ese desprecio a esta Cámara y a quienes representamos a los ciudadanos. Pero ya sé también por qué ustedes no querían contestar, es muy sencillo, porque no habían hecho absolutamente nada. Les pregunté por todas las actuaciones del plan de choque. La mayoría de las respuestas o bien las agrupaban y las contestaban de forma conjunta, una batería de más de 250 preguntas, señor ministro, o las contestaban de forma individual, pero todas eran del mismo tenor. Tengo aquí las respuestas que me dieron ustedes. Yo les preguntaba por lo que se había hecho en el 2004 y la ejecución hasta ese momento del 2005. En concreto, la pregunta era sobre migraciones de las comunicaciones internas de órganos colegiados de tecnologías de la información y la comunicación --TIC-- hacia canales telemáticos previstos dentro del proyecto Administración.es incluido en el programa de actuaciones España.es. La respuesta fue: las inversiones previstas para el año 2005 en relación con los proyectos englobados en los programas Administración.es, España.es fueron objeto de la correspondiente revisión tras el cambio de Gobierno, así como de una nueva orientación a otras iniciativas. Por último, se indica que, según puede deducirse de lo anteriormente indicado, no es posible realizar una evaluación de las actuaciones realizadas en 2004, puesto que por las razones expresadas la inversión se ha pospuesto a 2005. Ese era el tenor de todas y cada una de las respuestas a las preguntas que yo había formulado sobre la materia que hoy debatimos, la Administración electrónica.
Mire, señor ministro, su sectarismo y su falta de talante les ha llevado a no querer aplicar el plan que había dejado el Gobierno anterior, perdiendo los años 2004 y 2005. Ya sé que me va a decir que presentaron un plan alternativo, el denominado Conecta, para el año 2005, pero le tengo que decir que, a la vista de los informes, no ha dato tampoco el fruto debido y todo por la ineficacia en la gestión de este Gobierno. Han presentado otro plan --lo vino usted a presentar también a esta Cámara en la Comisión de Administraciones Públicas--, el Moderniza, para los años 2006 y 2008. No sabemos cuáles van a ser los resultados, pero año tras año los informes constatan el estancamiento de nuestro país frente a otros respecto del desarrollo de la sociedad de la información, lo que quiere decir que, o es que no se avanza, o es que se avanza muy poco.
Pero como el resto de los países avanzan rápidamente, España retrocede.
Señor ministro, el ministro de Industria también ha presentado el Plan Avanza 2006-2010 con un área de actuación de servicios públicos digitales en la que también entra como objetivo el conseguir una Administración electrónica plenamente desarrollada. Señor ministro, sus metas son para el año 2010. No hay ningún sistema de medida intermedia para saber cómo vamos sin presupuesto para cada una de las áreas. Pero también tengo que decirle, señor ministro, que le formulé una pregunta sobre el grado de ejecución de esta área de servicios públicos digitales. Pues bien, la respuesta que el Gobierno me dio a 1 de octubre de 2006 es que el grado de ejecución es de un 45,8 por ciento. Señor ministro, difícilmente van a cumplir con el objetivo del cien por cien cuando solo faltan tres meses para que termine ese plazo de ejecución. En definitiva, muchos planes, pero ningún hecho, ninguna realidad ni ningún avance. Todo se queda en propaganda y en papel mojado.
Pero como me gusta que lo que digo esté documentado, señor ministro, quiero decirle que aquí tengo otro informe de la Fundación France Telecom 2006, donde se indica que hubo un tiempo en el que España se situaba en una posición avanzada en cuanto a e.Administración, pero la realidad actual es bien distinta. Este informe constata el retroceso de nuestro país en cuanto a la relación de los poderes públicos y los ciudadanos a través de las nuevas tecnologías. Según el informe España se encuentra a la cola de los países europeos tan solo por delante de Alemania, Grecia y Luxemburgo. Austria, Suecia y Reino Unido son líderes. Este estudio recoge, además, tres indicadores internacionales de la sociedad de la información que demuestran el estancamiento. El informe ISI sitúa a España en la posición 21 en 2005 en el mundo, lo mismo que en el año 2004. El informe NRI nos coloca en el puesto 31: España pierde dos puestos con respecto al año anterior. Y el informe e Readiness Index sitúa a España en el puesto 24, es decir, cae un puesto también en un año.
Hace unos meses leí una opinión de un ciudadano que escribió un artículo en «El País» y que se preguntaba: ¿Administración electrónica? Y decía: Se habla mucho de Administración electrónica, pero no se dan pasos reales. Se cuelgan cuatro formularios en Internet que luego hay que ir a presentar a las oficinas como siempre, en persona. Y concluía diciendo: Esto no es Administración electrónica. Pues bien, lo que dice este ciudadano es lo que también dicen la inmensa mayoría de los españoles: que hemos perdido prácticamente tres años, señor ministro.
También me gustaría preguntarle sobre la accesibilidad de las páginas web en España. Sabe usted que en nuestro país hay más de tres millones y medio de personas que tienen algún tipo de discapacidad. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información obligaba a que antes del 31 de diciembre del año 2005 la Administración pública adoptara las medidas necesarias para que la información disponible en sus respectivas páginas de Internet pudiera ser accesible a personas con discapacidad y de edad avanzada. Pues bien, todos los informes sobre estudios realizados dicen que las web de la Administración no cumplen la ley. Que el Ministerio de Industria, precisamente el responsable de ponerlo en marcha, no cumple; que el Ministerio de Asuntos Exteriores no cumple; que el de Defensa no cumple; que el de Vivienda no cumple; que suspenden en ese apartado; que la inmensa mayoría de los portales web de las universidades no cumplen ni lo más mínimo.
Señor ministro, el día 17 de mayo, «Día de Internet», en un artículo también publicado en «El País» se decía que la accesibilidad web es otra asignatura pendiente y que el grado de cumplimiento de la ley es deficitario. Otra responsabilidad que ustedes han incumplido. Y el pasado 22 de junio de este mismo año, en la Comisión de la Sociedad

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de la Información de esta Cámara, en la que soy portavoz, mi grupo parlamentario presentó una moción que fue aprobada --bien es verdad que con el voto en contra del Grupo Parlamentario Socialista-- en la que se instaba al Gobierno a presentar un plan integral de formación de funcionarios y empleados de la Administración General del Estado para el uso de las nuevas tecnologías para este año 2006. Lo hacíamos precisamente pensando en la modernización de la Administración y en que la tecnología no basta por sí sola si no se acompaña de personas preparadas y formadas, pues no solamente hay que hacer, como se viene haciendo hasta ahora, cursos dirigidos al personal de sistemas y tecnologías de la información directamente relacionados con dichos sistemas.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori ): Señora senadora, vaya concluyendo.


La señora COLOMA PESQUERA: Termino, señor presidente.
Señor ministro, actualmente solo se forma al 5 por ciento de los empleados públicos de la Administración general del Estado. Estamos a 20 de diciembre, y desconocemos el cumplimiento de esa moción. Nos tememos que, como ya viene siendo habitual por este Gobierno, esta se quede también en papel mojado y que sea otro más de sus incumplimientos.
Para finalizar, señor ministro, sé que probablemente me dirá que hace unos días se ha aprobado en el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley de acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones públicas; pero le tengo que decir que llega tarde, muy tarde, y no va a ser precisamente en esta legislatura cuando se ponga en marcha, sino en la siguiente. Y a saber, señor ministro, quien será el que gobierne entonces este país.
No dude de que nosotros vamos a trabajar para que lo haga el Partido Popular, pero mientras tanto, estos serán años perdidos.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señora senadora, concluya.


La señora COLOMA PESQUERA: Concluyo inmediatamente.
Gracias, señor presidente.
Como digo, estos serán años perdidos, y los que pierden son los ciudadanos; y el responsable de que pierdan no es ni más ni menos que su Gobierno, el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero.
Nada más, y muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori):Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Gracias, señor presidente.
Señoría, en primer lugar quiero felicitarla, porque tengo que reconocer que hace falta tener valor para subir a esta tribuna y decir las cosas que su señoría ha dicho en un ámbito, el de la Administración electrónica, en el que España tiene una gran laguna, ocho años perdidos, que son los del Gobierno del Partido Popular. Estamos intentando recuperar ese tiempo perdido en estos dos años largos, casi tres, de Gobierno socialista a ojos de todo el mundo menos, al parecer, de su señoría: a ojos del sector, de los usuarios, de las empresas, y también de las comunidades autónomas, incluso de las gobernadas por el Partido Popular, y de los ayuntamientos, también incluso de los gobernados por el Partido Popular. Como digo, a ojos de todo el mundo, menos de su señoría.
Quiero felicitarla también porque al menos no ha dicho que hemos empeorado, sino simplemente que nos hemos estancado. Quiero agradecerle que tenga ese detalle.
¿Qué ha pasado desde 2004 hasta estas fechas en lo que tiene que ver con Administración electrónica? Han pasado tres cosas fundamentales. En primer lugar, que hemos multiplicado por cuatro el presupuesto que la Administración general del Estado dedica a Administración electrónica.
Repito que lo hemos multiplicado por cuatro. En segundo lugar, hemos puesto a trabajar conjuntamente a las administraciones. Hemos creado eso que los técnicos y los expertos llaman interoperabilidad para que funcione de verdad, como una maquinaria única, la Administración general del Estado, y lo haga además, de manera coordinada, interactiva e interoperativa con el resto de las administraciones, es decir, con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
¿Sabe su señoría que cuando nosotros llegamos al Gobierno no existía una red que permitiera que todas las administraciones públicas, se pudieran conectar entre ellas? Ni siquiera lo podían hacer todos los ministerios.
No existía la red SARA, que ha tenido que crear y potenciar este Gobierno; y no existía ningún mecanismo a través del cual las tres administraciones pudieran conectarse y trabajar juntas presentando una cara única ante los ciudadanos, algo que lo ha tenido que hacer este Gobierno a través de la Red 060.
Y en tercer lugar, hemos convertido el modelo caótico y voluntarista con el que nos encontramos, el modelo según el cual unas partes de la Administración funcionaban muy bien y eran punteras, ejemplo y modelo de Administración electrónica, y otras, no, sencillamente porque eso dependía de la voluntad de los responsables y no había ninguna autoridad política en el Consejo de Ministros que coordinara y que impulsara esas medidas. Hemos transformado una situación que permitía que un ciudadano pudiera presentar por Internet su declaración de renta pero tuviera que hacer colas para renovarse el DNI, en otra en la que no será voluntario ni discrecional ni se dejará al libre albedrío de cada responsable administrativo ofrecer más o menos servicios públicos en la red, sino que eso será obligatorio, porque lo vamos a convertir en un derecho de los ciudadanos. Así pues, los ciudadanos son los que van a mandar en la Administración electrónica, los ciudadanos son los que van a imponer el ritmo de desarrollo de la Administración

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electrónica, los ciudadanos son los que van a tener el derecho a dirigirse a cualquier Administración por mecanismos telemáticos; y las administraciones tendremos la obligación de responderles por los mismos canales.
Son tres cambios radicales: de dinero, de operatividad y de concepción política, convirtiendo este asunto, no en una decisión de los responsables administrativos, sino en un derecho de los ciudadanos. Eso es lo que ha cambiado profundamente en estos dos últimos años de Gobierno socialista, y hoy como nunca es creíble que, efectivamente, vamos a ir recuperando el tiempo perdido en lo que representa la Administración electrónica en nuestro país. Todo ello, con la cooperación de todas las comunidades autónomas y de todos los ayuntamientos españoles a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, aparte del sector y los afectados, que, como su señoría sabe, forman parte de un Consejo Asesor de Administración Electrónica, que ha aprobado por unanimidad el apoyo a la ley de administración electrónica como un paso significativo que demuestra la voluntad y el compromiso de este Gobierno de tomarse en serio esas declaraciones, esos 16 compromisos que nunca se cumplían, esa sucesión de papel, papel, y más papel. Precisamente eso es lo único que yo encontré cuando llegué al MAP: no tenía ni ordenador encima de la mesa, pero papeles y planes, todos los que su señoría quiera, que le puedo enviar.
No sé si hemos leído el mismo informe, pero yo he tenido la precaución de sacar de Internet, antes de venir a esta comparecencia, el que su señoría ha utilizado para basarse fundamentalmente en esta interpelación; y le aseguro que yo no he escrito el titular, que dice: «España mejora en seis puntos el desarrollo tecnológico en los servicios públicos "on line"».
Eso reza el titular del informe. Por tanto, alguien está leyendo mal las cifras, o alguien está leyendo mal los datos, porque el titular del informe que su señoría ha utilizado no puede ser más explícito. En ninguna parte del informe he sido capaz de encontrar siquiera una leve sugerencia a que España sufre un estancamiento en el desarrollo de los servicios públicos en línea, ni de él se puede extraer que se ponga en ningún compromiso el futuro de la sociedad de la información. Al contrario, lo que dice, y creo que nos debería llenar de orgullo a todos, porque cuando se refiere a España se refiere a servicios que también representan y ofrecen las comunidades autónomas y los ayuntamientos, los tres niveles administrativos que configuran nuestro país, lo que se indica, digo, es que España está por encima de la media de la Unión Europea y que hemos avanzado al mismo ritmo.
Dicho esto, estoy seguro de que usted encontrará un punto en que eso no es exactamente así, porque todo depende de cómo se lea. Sin lugar a dudas, no le voy a decir que no. Pero multiplicar por cuatro el presupuesto, hacer interoperativos los sistemas, crear el SARA, crear la Red 060 y poner en marcha la ley de administración electrónica, junto a muchísimos otros proyectos que tienen que ver con el desarrollo real del DNI electrónico, que ya tienen miles de ciudadanos en su bolsillo y que no está solo en el papel, o tomar medidas que permitan verdaderamente que los ciudadanos no tengan que presentar en las administraciones documentos que éstas ya tienen, son avances tan palpables, tan evidentes y tan reconocidos por todo el mundo, que me parece sorprendente que su señoría no lo reconozca y se sienta, como española orgullosa de todo ello.
¿Quiere esto decir que estamos en el mejor de los mundos posibles? Obviamente, no. Como ya he dicho, hay mucho trabajo por hacer; recuperar ocho años no es fácil, se lo puedo asegurar. Pero ya podemos extraer algunos datos individualizados, incluso del informe que su señoría ha utilizado, aunque hay otros muchos. Así, España ha avanzado 10 puntos en el desarrollo de los servicios prestados a los ciudadanos y 6 puntos en el conjunto de los 20 servicios seleccionados por la Comisión. Nuestro grado de desarrollo en lo que a los servicios a empresas se refiere es muy alto, del 95 por ciento. La media de los servicio se sitúa por encima de la media europea. La mayor parte de los servicios prestados por la Administración central se encuentran a nivel máximo, y todos todos ellos por encima del 50 por ciento. En fin, frente a cada uno de los datos que su señoría ha mencionado en esta tribuna yo le puedo dar otro distinto que permite una visión radicalmente distinta que evidencia que España sí ha avanzado, sí ha mejorado desde el año 2004; y me siento orgulloso de ello, no solo como ministro responsable sino también como español.
Es más, en el apartado específico dedicado a España del estudio de la Comisión se valoran algunos de los nuevos desarrollos realizados por España, como la creación de Nueva Empresa; el nuevo DNI electrónico; el nuevo portal 060; el Plan Conecta; y el compromiso de la nueva ley de administración electrónica, que constituye un cambio radical de modelo, de concepción y una auténtica apuesta política por la Administración electrónica. Su señoría tendrá la oportunidad de pronunciarse al respecto cuando llegue a las Cámaras, y entonces veremos si hay un compromiso real con la Administración electrónica o simplemente se trata de aquello de: todo vale con tal de desgastar al Gobierno, incluso en aquello que este pueda estar haciendo bien; y no tenga ninguna duda de que en este asunto estamos haciendo algunas cosas bien.
Insisto: hay mucho trabajo por hacer. La utilización intensa de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, además de responder con eficacia y eficiencia a la prestación de los servicios públicos, contribuye al desarrollo del país. Por ello, como su señoría ha mencionado, hemos aprobado el Plan Moderniza y el Plan Avanza, que consignan importantes incrementos presupuestarios, tanto para el desarrollo de la Administración electrónica como para el de la sociedad de la información.
Y sin mencionar los servicios que funcionan bien --espero que su señoría reconozca conmigo que eso es así: Agencia Tributaria, Seguridad Social, Catastro, etcétera, en cuya mejora tienen todo el crédito los gobiernos que han pasado por los ministerios de nuestro país, incluido el del Partido Popular, y no me duelen prendas en reconocerlo--, sin mencionar esos servicios, también hemos mejorado durante estos dos años en algunas cuestiones que quizá a su señoría le parezcan menores, pero que le aseguro

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ayudan a facilitar la vida a miles y miles de ciudadanos. Ahí están, por ejemplo, la gestión telemática del Impuesto sobre Matriculación; la gestión telemática de certificados de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias para contratistas y subcontratistas; la obtención de la vida laboral de manera telefónica; certificados de estar al corriente de pago; los sistemas de autocálculo de convenios especiales; los informes de situación de deuda con la Seguridad Social; y los informes de la vida laboral y de empresa; los nuevos servicios para profesionales del sistema RED. En el caso del INEM, podemos hablar de actuaciones para modernizar la gestión de la prestación por desempleo; de obtener en línea la solicitud de certificados de prestaciones, de la consulta de los datos personales para la prestación, y de un largo catálogo de servicios. Por ejemplo, la inscripción por Internet a las pruebas selectivas de la oferta pública de empleo e incluso la comunicación por SMS del resultado de los exámenes dejando un número de teléfono para que se envíe por esa vía. Hay un largo etcétera de nuevos servicios de la AGE, aparte de los 20 que analiza el informe, a los que acceden con frecuencia los ciudadanos y que tienen una gran incidencia en la mejora de la Administración electrónica.
Hemos hecho realidad el DNI electrónico, un sueño que me encontré parado.
Estaba bloqueado por una confrontación incapaz de resolverse entre el Ministerio de Hacienda y el de Administraciones Públicas, y sin un solo euro de dotación presupuestaria. Sin embargo, hoy hay más de 120.000 DNI electrónicos, repartidos entre 31 poblaciones españolas correspondientes a 21 provincias, y hay 300 servicios en línea accesibles gracias al DNI electrónico. Reconózcame que pasar del DNI electrónico sobre el papel al DNI electrónico en el bolsillo de los ciudadanos supone una mejora.
En segundo lugar, como he dicho, se ha creado el SARA; una red de comunicación de las administraciones públicas, que permite crear servicios comunes. Es un auténtico centro de transferencia de tecnologías del que ya forman parte 14 comunidades autónomas, por supuesto, muchas de ellas gobernadas por el Partido Popular. Completaremos el sistema en lo que queda de año. Y ahí está también la Red 060, un instrumento clave en la interconexión e interoperabilidad electrónica de España, con oficinas abiertas en una parte importante del terri- torio.
Ya sé que queda mucho por hacer, pero podemos sentirnos razonablemente orgullosos de los avances que hemos ido teniendo, durante estos años, con la colaboración de todas las administraciones, para pasar de las musas al teatro o de la literatura a las matemáticas en un asunto tan importante como el de la Administración electrónica, del que unos hablaron, y al parecer siguen hablando, mientras que otros trabajan en él.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batollori): Gracias, señor ministro.
La senadora interpelante tiene la palabra.


La señora COLOMA PESQUERA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ya veo que, para usted, los informes que hace la Unión Europea --la Comisión, en este caso-- no tienen ningún valor ni los reconoce. Veo también que sabe leer los titulares muy bien. Yo también tengo el mismo titular aquí, pero pensaba que un ministro leía los contenidos, lo que dice el informe, en este caso. Yo no me he inventado absolutamente nada, señor ministro. Aquí lo tiene; aquí se recogen todos los países y aquí se ve cómo han avanzado los demás países y cómo se ha quedado España: igual que en 2004. En el informe de abril de 2006 se dice que tenemos el 55 por ciento de servicios disponibles. Eso no se lo inventa esta senadora; lo dice el informe del que usted solo ha sabido leer el titular, porque le interesa, claro. Sin embargo, yo esperaba algo más de usted.
También sabía que iba a achacar todos los males al Partido Popular, que iba a hablar de ocho años en los que no se hizo nada, razón por la que ustedes tienen que recuperar ahora el tiempo perdido. Y me sorprende, porque, hace pocos días, reconoció usted en el Congreso de los Diputados que los gobiernos anteriores habían hecho esfuerzos considerables en la Administración electrónica. Lo tengo recogido aquí de su comparecencia.
Por tanto, no me venga ahora a decir que el Partido Popular no hizo nada durante los ocho años que estuvo en el Gobierno.
Al término de los ocho años de gobierno del Partido Popular, España era el primer país del mundo que permitía a sus ciudadanos cumplimentar el censo íntegramente por Internet; la Agencia Tributaria era un proyecto líder a nivel mundial; el pago de impuestos había experimentado un notable desarrollo; y lo mismo ocurría con la gestión del IVA o con los trámites con la Seguridad Social; y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre había desarrollado el proyecto Ceres, que completaba el sistema de certificación electrónica. Y así podría seguir con otros muchos ejemplos.
Le he hablado de la posición que ocupábamos en años anteriores, y la verdad es que, según ese informe de la Unión Europea al que usted no hace caso alguno, era muy diferente a la de ahora. Pero aún hay más: ustedes han presentado este proyecto de ley en este momento porque la Unión Europea les ha tirado de las orejas por no haber hecho los deberes. Y no se sorprenda ni ponga esa cara, señor ministro.
Dice usted que hemos dicho que los resultados se habían estancado, no empeorado. Pero, señor ministro, ¡claro que hemos empeorado!, porque nosotros no hemos avanzado en tanto que el resto de los países sí lo ha hecho. Hemos empeorado, y mucho, pues hemos pasado del decimoctavo lugar que ocupábamos en el último informe, al decimotercero.
Me habla del DNI electrónico y de las colas que había que hacer antes para tramitar el documento nacional de identidad. Señor ministro, para colas, las que tienen que hacer en este momento los ciudadanos para tramitar el DNI electrónico. Yo soy senadora por la provincia de Valladolid y en esta fotografía que les muestro se ven las colas que tienen que hacer los ciudadanos de mi provincia para poder tramitar ese documento de identidad electrónico.


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Porque ustedes hacen lo de siempre: mucha propaganda, pero después no ponen medios técnicos ni humanos para resolver los problemas adecuadamente.
Pero el de mi provincia no es un caso aislado, sino que eso es lo que está sucediendo en prácticamente todas las comisarías de España. ¿Puede explicarme por qué un ciudadano cuyo DNI no ha caducado, como es mi propio caso, no puede hacerse el documento electrónico? ¿Por qué puede hacerlo solo quien tenga que renovar su documento? ¿Cuándo vamos a utilizar entonces todos esos servicios que usted ha citado, lo que incluye la firma electrónica y que, como le he dicho al principio, era un proyecto del Partido Popular? Reconozca, como tuvo que hacerlo el secretario de Estado, que para ese plan que incluía el DNI electrónico en 2004 había un presupuesto de 200 millones de euros. Eso, señor ministro, también era una realidad.
Ha hablado usted de una serie de cosas como si estuviéramos en el país de las maravillas. Pero, señor ministro, ¡que no! que vamos a la cola en todo lo que tiene que ver con la sociedad de la información. Y en materia de Administración electrónica también vamos a la cola.
Me habla usted de ese proyecto de ley. Pues bien, ¿sabe lo que dicen ustedes mismos? Que ese proyecto de ley se va a hacer realidad y que las principales obligaciones serán para 2008. Pero, ¿quién gobernará en 2008? Porque ustedes hacen planes, planes y planes, y ahora presentan un proyecto, pero es un proyecto que los ciudadanos no van a ver...


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señoría, termine ya, por favor.


La señora COLOMA PESQUERA: Termino inmediatamente, señor presidente.
Llevan tiempo engañando y manipulando a los ciudadanos, diciéndoles que parece que ya tienen una Administración sin papeles, y eso es una auténtica falsedad. Reconózcalo.
Para terminar, dicen ustedes que la Administración general del Estado prevé invertir 1.900 millones de euros para desarrollar nuevos servicios electrónicos a partir de 2008. Pero, señor ministro, estamos en esta legislatura, que termina dentro de dos días.
Para terminar, le diré que me gustaría que de una vez por todas se pusiera usted manos a la obra ahora mismo, en cuanto llegue a su ministerio. ¿Sabe usted lo que aparece en el ordenador de cualquier ciudadano que intenta entrar en la página web del Ministerio de Administraciones Públicas poniendo la dirección: anteproyecto de ley de accesibilidad para la Administración Pública? Aparece lo siguiente: La búsqueda no produjo ningún resultado. Y lo único que aparece en otro apartado es la nota de prensa que hicieron cuando presentaron este proyecto de ley ante el Consejo de Ministros.
¿Qué es, pues, lo que quieren ocultar ustedes, señor ministro? Porque no me ha respondido a ninguna de las preguntas que le había formulado.
Nada más, y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que su señoría debe saber mucho de desconfianza, por aquello de que piensa que todos son de la misma condición; si no, no entiendo esos gestos ni esa actitud de pensar que todo es engaño y manipulación.
¿Tanto hicieron ustedes de engaño y manipulación, que creen que no es posible gobernar de otra manera? ¿Fueron tantos los planes que hicieron y que no vieron los ciudadanos, que creen que no es posible gobernar de otra manera? Usted ha mencionado la página web del ministerio. ¿Sabe cuántas había cuando yo llegué al ministerio? Había seis páginas web en el Ministerio de Administraciones Públicas, algunas incompatibles entre sí. Esa era la confianza que tenía su Gobierno en la Administración electrónica. Usted ha hablado también del proyecto de la firma electrónica, proyecto bloqueado por la imposibilidad de hacer frente a la guerra entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Administraciones Públicas a la hora de determinar cuál era la plataforma de validación. Por lo tanto, de planes y de todo aquello que sonaran bien en los titulares de prensa sus señorías sabían mucho, pero, como decimos en mi tierra, de «forment ni un gra», es decir, que, a la hora de la verdad, no había nada detrás de todo eso.
Yo sí reconozco los informes, tan es así, que le he leído el titular de quien hace el informe, que resume de manera bastante consecuente su contenido, esto es, que España ha avanzado seis puntos en la oferta de servicios públicos. Quizá su señoría no reconozca el valor de los informes que no le dan la razón. Yo he reconocido siempre los esfuerzos de gobiernos anteriores, en esta y en otras materias, entre otras cosas, porque me parece que en política es razonable mantener dos reglas, que no siempre se cumplen de forma generalizada. En primer lugar, no contar todo lo que uno sabe. Le puedo asegurar que en el ministerio tenemos información sobre las cosas que se han hecho y sobre las cosas que han pasado, y sobre por qué han pasado y por qué se dijo y no se dijo o por qué se hizo o no se hizo; y creo que forma parte de cierta discrecionalidad el no hacerlo público. En segundo lugar, creo que todos mis antecesores ha intentado, y lo han intentado en serio, hacerlo bien.
Creo que todos los ministros lo intentan hacer bien; unos lo consiguen y otros, no; unos tienen más peso político y otros, no; unos tienen más credibilidad y otros, no, pero parto de la base de que todos lo intentan hacer bien. Y yo nunca he negado que los gobiernos del Partido Popular lo intentaran en temas de Administración electrónica y que en temas de Administración electrónica no relacionados con el Ministerio de Administraciones Públicas lo hicieran bien. He citado la Administración Tributaria, cuya situación en el año 1996, por cierto, era ya de las punteras en Europa, lo mismo que la Seguridad Social y el Catastro,

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porque, necesariamente, unos vamos construyendo sobre otros. ¿O es que la Administración Tributaria del año 1996 era cero y en ocho años pasó a ser la primera en toda Europa? Eso no se lo creería nadie, ni creo que su señoría lo reconozca. Por lo tanto, si en este caso también hacen la misma oposición frontal, negando la evidencia, estando en contra de las propias comunidades autónomas del Partido Popular, de los ayuntamientos del Partido Popular y de todo el sector relacionado con la Administración electrónica, si tampoco en una cuestión como esta están ustedes dispuestos a llegar a acuerdos con este Gobierno, entonces tendremos que ir analizando alguna información y comparando los esfuerzos de unos y de otros.
Es cierto lo que usted señalaba anteriormente: en este momento hay colas para hacer el DNI electrónico. Pero cuando ustedes gobernaban había colas para hacer el DNI, no electrónico. Por lo menos, algunas cosas han mejorado. Además, ¿se ha multiplicado o no por cuatro el presupuesto? En los presupuestos del año que viene figuran 1.500 millones de euros para la Administración electrónica. ¿Se pueden o no conectar hoy las comunidades autónomas, los ayuntamientos y los ministerios a través de la red común SARA, cosa que antes no podían hacer? ¿Sí o no? ¿Existe o no la posibilidad de que a través de la Red 060 los ciudadanos accedan a todas las administraciones electrónicamente? ¿Sí o no? ¿Existe o no existe la voluntad de convertir todo esto un derecho de los ciudadanos a través de una ley, tal como ha planteado este Gobierno? ¿Sí o no? Ahí es donde se miden las verdaderas acciones y las verdaderas voluntades, y lo veremos muy pronto. Cuando venga a esta Cámara veremos, en primer lugar, si la posición de su grupo se corresponde con la de sus comunidades autónomas --situación que tengo cierta curiosidad por ver porque han participado activamente en todo este proceso, hasta el punto que son en gran medida colaboradoras del ministerio...


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor ministro, vaya concluyendo.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): ... en segundo lugar, si una vez más lo que les interesa, como tanto dicen, es España y los españoles, o simplemente desgastar al Gobierno también en esto. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor ministro.
Acabadas las interpelaciones, se suspende la sesión, que se reanudará a las cuatro de la tarde.


Eran las catorce horas y treinta y cinco minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Señorías, antes de dar comienzo al punto tercero del orden del día, quisiera trasladarles, y en la medida en que tenemos a las autoridades de Andalucía con su presidente a la cabeza, el pésame por el gravísimo accidente que ha habido esta mañana, donde ha habido cuatro muertos y demasiados heridos. Por tanto, señorías, quiero transmitirles la solidaridad y el afecto de toda la Cámara en pleno a las autoridades y a la sociedad andaluza en su conjunto.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

-- DE LA COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA (S.
605/000003) (C. D. 127/000004).


El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los diputados. De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Para la presentación del dictamen toma la palabra el presidente de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, don Juan José Laborda.
Tiene la palabra.


El señor LABORDA MARTÍN: Señor presidente, señorías, me cumple, en nombre de la Comisión General de las Comunidades Autónomas y de la delegación del Parlamento de Andalucía, hacer un breve relato de la tramitación de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, publicada el 3 de noviembre de 2006.
Lo primero que cabe resaltar es que la tramitación no se ha ajustado únicamente al Reglamento del Senado, sino básicamente a la Norma Supletoria de la Presidencia del Senado sobre el procedimiento a seguir para la tramitación de la reforma de los estatutos de autonomía, de 30 de septiembre de 1993, y concretamente, en lo que se refiere al Estatuto de Autonomía para Andalucía, las especialidades previstas en los artículos séptimo a décimo de la norma.
La especialidad más llamativa, y que se ha aplicado por segunda vez tras el Estatuto de Autonomía de Cataluña, ha sido que una delegación del Parlamento de Andalucía, en número igual al de 50 integrantes de la comisión senatorial, debatió conjuntamente con esta la propuesta. No obstante, cada una de las dos delegaciones votaba separadamente, ponderando, en su caso, de acuerdo con las normas propias de su correspondiente Cámara.
La misma norma explica el sentido de este procedimiento. En ella se dice: «De acuerdo con esta norma constitucional» --se refiero al artículo 147.3 de la Constitución--, «la reforma de los Estatutos de Autonomía aparece como una manifestación de la necesaria cooperación de voluntades en el seno del Estado español como Estado

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compuesto entre la voluntad de la Comunidad Autónoma y la del órgano de representación del pueblo español, que son las Cortes Generales, cada cual en el ejercicio de sus respectivas competencias constitucionales».
Terminado el plazo de presentación de enmiendas, el día 16 de noviembre de 2006, la comisión, junto con la delegación andaluza, eligió una ponencia constituida por los siguientes miembros de esta Cámara: don Enrique Abad Benedicto, don Ramón Aleu i Jornet, doña Soledad Becerril Bustamante, don Ángel Blanco Moreno, don Eduardo Cuenca Cañizares, doña Inmaculada Loroño Ormaechea, don Pere Macias i Arau, don Juan de Dios Martínez Soriano, don José Mendoza Cabrera, don José Ignacio Pérez Sáenz, doña Adoración Quesada Bravo y don Joaquín Luis Ramírez Rodríguez; y en representación del Parlamento de Andalucía, doña Concepción Cubillo, don José Caballos Mojeda, don Ildefonso dellÆOlmo García, doña Pilar González Modino, don Manuel Gracia Navarro, doña Antonia Jesús Moro Cárdenas, doña Esperanza Oña Sevilla, don Luis Pizarro Medina, don Carlos Rojas García, don Antonio Romero Ruiz y don Antonio Sanz Cabello.
Durante el 27 de noviembre, la ponencia conjunta debatió y voto las enmiendas y el texto articulado del Estatuto remitido por el Congreso de los Diputados. Por mayoría de ambas ponencias se rechazaron todas las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria. El Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria hizo constar expresamente su propósito de defender en comisión, como votos particulares, la totalidad de sus enmiendas.
El debate en comisión tuvo lugar en la sesión del pasado día 29 de noviembre. Agrupó a los miembros de la Comisión General de las Comunidades Autónomas junto con los miembros de la Delegación designada al afecto por el Parlamento de Andalucía, como se ha mencionado. En total, la comisión empleó en su tramitación alrededor de siete horas.
Tras el debate de las enmiendas mantenidas como votos particulares por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, con las correspondientes intervenciones de los miembros de la comisión y de los miembros de la delegación andaluza, se procedió a la votación sucesiva, tanto por parte de la Comisión General de las Comunidades Autónomas como de la delegación del Parlamento de Andalucía, de los votos particulares subsistentes.
Como resultado de las votaciones, quedaron rechazados todos los votos particulares. Seguidamente, se procedió a realizar una votación final de conjunto del texto acordado, que coincidía en su literalidad con el inicialmente remitido al Senado por el Congreso de los Diputados, al no haberse incorporado ninguna enmienda por acuerdo de ambas partes. Dicho todo esto, fue aprobado en esta votación, con lo que queda expedito el paso del texto a la consideración y acuerdo del Senado.
Señor presidente, señorías, la Comisión General entrega a este Pleno del Senado el proyecto de Estatuto de Autonomía para Andalucía, constatando las amplias mayorías que han votado sus artículos y que, en el caso de la parte senatorial de esa comisión, ha sido unánime. El vigente Estatuto de Autonomía para Andalucía fue un hecho notable en la historia del desarrollo constitucional español, primero, como hecho inesperado y, segundo, porque, con su aprobación, Andalucía se situaba jurídicamente en el lugar que la Constitución reservaba a los pueblos de España que habían plebiscitado sus estatutos durante la II República. Se puede decir que entonces Andalucía fue en la historia más allá de lo que le habían reservado.
En esta ocasión, con este estatuto y el amplio acuerdo político que tiene detrás, Andalucía se sitúa como modelo para el resto de las nacionalidades y regiones. El consenso del que goza esta norma jurídica no es un simple pacto parlamentario. El consenso que ha logrado este estatuto nos ubica en un plano superior a aquel que entiende que el consenso es una exigencia del sistema político de la Constitución de 1978 y la base segura para que el disenso y la pluralidad de alternativas políticas incrementen la confianza de los ciudadanos en sus instituciones para resolver sus problemas y canalizar sus diversas aspiraciones.
Por ello, me cumple manifestar mi felicitación a los miembros de esta Comisión, a los representantes del Parlamento de Andalucía y a los miembros del Senado, así como mi agradecimiento a los funcionarios de esta Cámara que nos han facilitado los trabajos durante la tramitación del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Por acuerdo de la Junta de Portavoces, el debate se iniciará con un primer turno de veinte minutos por parte de todos los grupos parlamentarios, de menor a mayor, y un segundo turno de cinco minutos. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto, que ha dividido su tiempo en tres partes: senador Mur, senador Jorquera y senador Cuenca.
Tiene la palabra el senador Mur.


El señor MUR BERNAD: Buenas tardes, señor presidente.
Señorías, señores ministros de Administraciones Públicas, de Fomento, de Cultura, señor presidente de la Junta de Andalucía, del Parlamento y representantes de las instituciones andaluzas que esta tarde nos acompañan aquí, reciban un saludo muy cordial de este senador del Partido Aragonés elegido por la Comunidad Autónoma de Aragón.
En primer lugar, quiero aprovechar este turno de portavoces para felicitarles muy cordialmente a todos ustedes, al pueblo andaluz, a sus representantes y a las personas que en este momento representan a sus instituciones de autogobierno por el paso fundamental, importante e histórico que esta tarde se va a dar en esta Cámara culminando el trámite de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Ustedes y entre todos hemos dado un nuevo impulso al Estatuto de Autonomía de Andalucía, su norma institucional básica, y lo hemos hecho desde el Parlamento andaluz, el Congreso y el Senado, con inteligencia, con reivindicación, con claros y notorios avances, con un amplio consenso, y todo ello dentro del marco constitucional.


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Quiero recordar aquí lo largo que ha sido el camino desde aquel 28 de febrero de 1981, día en el que el pueblo andaluz salió a la calle para pedir el autogobierno. Muchas cosas han ocurrido desde entonces y mucho hemos aprendido todos del desarrollo del Estado autonómico español.
Muchos han sido los avatares y las dificultades encontradas en el camino --y podemos recordar aquí aquel referéndum al que fue sometido el primer texto y el difícil camino para poner en marcha el autogobierno y sus instituciones--, pero ustedes, el pueblo andaluz, sus instituciones y representantes salieron refortalecidos. De estas dificultades han hecho ustedes virtud, ejerciendo con responsabilidad el autogobierno que les daba el Estatuto que ahora reformamos.
El efecto positivo de ese autogobierno está a la vista. Ustedes, seguramente más preocupados en el día a día, no pueden ver, como los que podemos visitarles de vez en cuando, que la foto de hoy se parece muy poco a la foto de Andalucía de hace 20 años. Han sabido ustedes aprovechar todo ese caudal de posibilidades que les daba su autogobierno y estatuto, y por eso les felicitamos. Han progresado y refortalecido sus instituciones. Han ejercido, en definitiva, su autogobierno con responsabilidad, y me gusta recordar aquí que autonomía y autogobierno es más responsabilidad.
El consenso alcanzado entre el Partido Popular y el Partido Socialista a nosotros, desde Aragón y en el momento en que nos encontramos, nos congratula y esperamos que también tenga efectos positivos para nuestro Estatuto. Ustedes saben que el Estatuto de Autonomía de Aragón que enviaron en las Cortes está en este momento en el Congreso de los Diputados a la espera de salir de la pista para emprender la tramitación en el Congreso y el Senado, y cuenta con el apoyo importante de cuatro grupos parlamentarios y sin ningún voto en contra. Se trata de un texto plenamente constitucional, aunque nos hubiera gustado más ambicioso.
Pensamos que, si en Andalucía han sido posibles ciertos acuerdos y metas, también lo son en Aragón, pero evidentemente un texto de consenso obliga a hacer renuncias.
Nos gusta a nosotros cómo han tratado ustedes el capítulo referido a la Justicia en los artículos 141 a 146 de este Estatuto de Autonomía de Andalucía; el tratamiento del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo, los nombramientos de jueces y magistrados; las competencias en la organización territorial que contempla el artículo 58 o en las cajas de ahorros del artículo 73. Nos gusta cómo tratan ustedes las competencias en materia de aguas, tema siempre controvertido en Andalucía y, también, en Aragón, en el artículo 50 de su Estatuto; o la enseñanza en el artículo 51; el nombramiento de notarios en el artículo 75; la colaboración con el Estado, magníficamente retratada en los artículos 55.8 y 63.5 del Estatuto que ahora vamos a tramitar y votar; la magnífica redacción de los artículos 55, 56 y 79, que regula la comisión de cooperación con el Estado que es tan importante para que las autonomías puedan avanzar sin detrimento de la fortaleza del Estado y del conjunto del Estado autonómico; y la regulación de la participación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en los procesos de designación de los miembros y órganos de las instituciones del Estado, artículo 85 del Estatuto de Autonomía.
En definitiva, señorías, se trata de un buen texto que a los aragoneses nos sirve de ejemplo y de modelo a seguir, no solamente en cuanto a su redacción sino también en su trámite, y que espero que haga reflexionar en este momento a los grupos parlamentarios del Partido Popular y del Partido Socialista con el fin de demostrar un respeto por el texto consensuado que ha llegado a las Cámaras, de manera que se pueda tramitar cuanto antes.
Señorías, termino mi intervención que comparto con el resto de compañeros del Grupo Parlamentario Mixto, diciendo que hoy es un gran día para ustedes y que es un gran día para Andalucía, por lo que quiero felicitarles y desearles que lo desarrollen bien, de manera que sirva para que Andalucía progrese, para proseguir ese camino de progreso en Andalucía y que los ciudadanos se impliquen más en la cosa pública y, en definitiva, para que a Andalucía le vaya bien; esa Andalucía que es parte esencial de España.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Jorquera.
(Aplausos.)

El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar la posición de mi formación política, el Bloque Nacionalista Galego, en relación con la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, no sin antes saludar la presencia en esta Cámara del presidente de la Junta de Andalucía, de los miembros del Gobierno de España, de la presidenta del Parlamento de Andalucía y la amplia representación institucional de esa comunidad.
El Bloque Nacionalista Galego, durante la tramitación en el Senado de los proyectos de reforma de los estatutos de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, explicó cuáles eran los ejes de coordenadas que determinaban su toma de posición con respecto a los diferentes proyectos de reforma de los estatutos: en primer lugar, el respeto a la voluntad de autogobierno de los diferentes pueblos que conforman el Estado español, expresada a través de sus legítimos representantes, sus parlamentos autónomos; y, en segundo lugar, como fuerza política gallega, el análisis de los mismos desde una óptica gallega, es decir, valorando su repercusión en la arquitectura política del Estado y en la forma de inserción de Galicia en el mismo.
Estos son los ejes de coordenadas y, por lo tanto, los que determinan la posición del Bloque Nacionalista Galego con respecto al Estatuto de Autonomía para Andalucía. Por ese motivo, queremos enfatizar, en primer lugar, nuestro total respeto a la propuesta de reforma emanada del Parlamento de Andalucía. Partimos de la convicción de que cada pueblo tiene el derecho legítimo a definir sus aspiraciones de autogobierno y a dotarlas de contenido en sus propuestas estatutarias. Este respeto es el que ha motivado que el Bloque Nacionalista Galego no haya presentado

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enmiendas al proyecto de reforma durante su tramitación en Cortes. Y lo hemos hecho porque partimos de la convicción de que es el pueblo andaluz, y no nosotros, quien debe valorar, como tendrá la oportunidad de hacer una vez que sea llamado a consulta, si el proyecto de reforma emanado del Parlamento de Andalucía, con las modificaciones introducidas en Cortes, da debida satisfacción a sus aspiraciones e intereses.
Nos congratulamos de los avances en el autogobierno que el actual proyecto de reforma representa con respecto al Estatuto anterior.
Consideramos especialmente relevantes algunos aspectos, a los que muy sucintamente me voy a referir. En primer lugar, la ampliación y la protección de los derechos de los ciudadanos andaluces. Desde nuestro punto de vista, esta cuestión tiene una importancia singular si tenemos en cuenta que en su trámite en Cortes se ha incorporado al consenso el Partido Popular, el mismo Partido Popular que había hecho de este aspecto uno de los elementos no solo de discrepancia sino incluso de beligerancia con el Estatuto catalán; el mismo Partido Popular que sostenía que la regulación de los derechos y deberes de los ciudadanos debía ser materia exclusiva de la Constitución, pues lo contrario, a su criterio, atentaría contra la igualdad de los ciudadanos españoles.
Nosotros nunca hemos compartido este criterio; consideramos que la existencia de una igualdad básica es plenamente compatible con que los poderes autonómicos puedan desarrollar el catálogo de derechos de sus ciudadanos, ampliándolos y protegiéndolos.
Nos congratulamos de que el Partido Popular modifique ahora su posición como la ha modificado consensuando este estatuto en cuestiones que son muy similares al Estatuto catalán y confiamos, por ese motivo, en que el Partido Popular deje de ser un obstáculo para que los ciudadanos gallegos podamos ver satisfecha nuestra aspiración legítima de ver ampliados y mejor protegidos nuestros derechos en el futuro Estatuto de Galicia.
Segundo, el reforzamiento y protección del marco competencial andaluz, en cuestiones tan relevantes para nosotros por su similitud con problemas y aspiraciones de la sociedad gallega, como el reforzamiento de la capacidad de control de las cajas de ahorro, de las competencias en materia de régimen local y ordenación territorial, la competencia exclusiva sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren sobre el territorio andaluz o los puertos y aeropuertos. Y podíamos señalar otros aspectos, como el avance en la adecuación del poder judicial a la organización territorial del Estado español o a las fórmulas de participación de Andalucía en los procesos de decisiones de las instituciones de la Unión Europea, pero voy a resumir para no pisar el tiempo a mi compañero Eduardo Cuenca.
No obstante, tenemos que lamentar que el esfuerzo que se ha hecho por incorporar al consenso al principal partido de la oposición tanto en el Estado como en Andalucía, al Partido Popular, no se haya realizado también para incorporar al consenso al Partido Andalucista, integrando las aportaciones y propuestas de este partido.
Decía al principio que el otro eje de coordenadas para fijar nuestra posición, es el análisis de la repercusión del Estatuto en la arquitectura política del Estado y en la forma de inserción de Galicia en el mismo; un análisis, en definitiva, desde una óptica gallega. Y en esta cuestión, señorías, hay asuntos que nos merecen reservas: Uno, es el referido al sistema de financiación. El Bloque Nacionalista Galego cree que para lograr la suficiencia y la autonomía fiscal y financiera se debe establecer un modelo de financiación que apueste por la responsabilidad efectiva de las comunidades autónomas. El Bloque Nacionalista Galego cree que deben ser las comunidades autónomas quienes gestionen y recauden los tributos, participando a su vez, teniendo en cuenta la capacidad contributiva de cada una, en el sostenimiento de los gastos generales del Estado y en la aportación a un fondo de equilibrio que permita desarrollar políticas...


El señor PRESIDENTE: Señoría, rogaría que vaya terminando, en la medida en que comparte el turno con el senador Cuenca.


El señor JORQUERA CASELAS: Voy terminando ya. Muchas gracias, señor presidente.
... que corrijan las desigualdades territoriales existentes. Pero sobre todo dudamos que sea acertado que se introduzcan en el Estatuto disposiciones sobre las inversiones del Estado en cuando comunidad, partiendo en unos casos del PIB, como en el cosa de Cataluña y, en otros, del porcentaje de población sobre el total estatal o de la población ponderada con la renta relativa. Pensamos que estas disposiciones van a introducir dificultades objetivas en la organización en el conjunto del Estado. Pero en cualquier caso, lo que no podemos permitir es que mientras acepten estas fórmulas para Cataluña o Andalucía, se nieguen a otras comunidades, como recientes declaraciones del ministro de Economía y Hacienda han dado a entender.
Pero nuestro principal motivo de reserva es la referencia al contenido en el Estatuto de Andalucía de que Andalucía se constituye como comunidad autónoma en el marco de la unidad de la nación española, conforme al artículo 2 de la Constitución. Pensamos que es hora ya de que el Estado español dé paso reales en el reconocimiento de su carácter plurinacional.
Creemos que es hora ya de que se superen visiones metafísicas de la unidad que solo se pueden entender como reminiscencias del pasado impuestas durante el proceso de transición política por los sectores más refractarios a un cambio democrático real.
Señorías, y ya voy a concluir, el Bloque Nacionalista Galego apuesta por la unión de los pueblos del Estado español, una unión basada en el acuerdo y la cooperación, y no en la subordinación, una unión que se construya desde el reconocimiento y el respeto a la diversidad nacional, y no desde su negación.
En cualquier caso, es al pueblo andaluz al que le corresponde juzgar si esta fórmula le satisface. Pero desde esta tribuna quiero manifestar que ni el BNG ni el pueblo gallego pueden aceptar que el Estatuto de Andalucía sea utilizado para establecer los límites de otros estatutos y mucho menos para dar encaje a las aspiraciones de reconocimiento identitario de nuestra nación, Galicia.


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Concluyo, señorías, reiterando nuestro profundo respeto a esta propuesta de reforma y expresando nuestro deseo de que el nuevo Estatuto de Andalucía sea un instrumento que permita al pueblo andaluz construir un futuro de progreso y bienestar.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el senador Cuenca.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Señor presidente, señor presidente de la Junta de Andalucía, representantes del Parlamento de Andalucía, andaluzas y andaluces, desde Izquierda Unida queremos felicitarles por el trabajo que hemos hecho en relación con el Estatuto que hemos debatido en esta Cámara, entendiendo que el de Andalucía es un Estatuto que ha sido configurado por los agentes y por el tejido asociativo de Andalucía y por una gran mayoría de instituciones de esa Comunidad Autónoma con el Parlamento andaluz a la cabeza.
Es un Estatuto que para nosotros tiene un importante significado por sus contenidos, en concreto por el avance conseguido en relación con la reforma agraria, la mejora del empleo y del servicio público, la enseñanza laica, la ampliación y reconocimiento de nuevos derechos sociales, la protección del medio ambiente y el fomento de las energías renovables, la lucha contra la especulación urbanística, tan importante en estos momentos, y que puede hacer y seguramente hará que mejore la posibilidad de acceso a una vivienda digna en esa comunidad, el derecho a un proceso digno ante la muerte, la igualdad entre hombres y mujeres, el fortalecimiento de la autonomía municipal o el desbloqueo para el pago de la deuda histórica de Andalucía, además de un nuevo sistema de financiación de las inversiones que se lleven a cabo por el Gobierno de la nación teniendo en cuenta el elemento proporcional de la población.
Señorías, señores del Parlamento de Andalucía, este Estatuto y su correspondiente debate han venido a normalizar el debate estatutario tan crispado en etapas anteriores. Contenidos, derechos y artículos que fueron motivo de disputa y de enfrentamiento en otros estatutos, en este Estatuto de Andalucía han dejado de serlo. Esperemos que hoy finalice la confrontación en el debate estatutario. Esperemos igualmente que los contenidos que tenemos hoy afortunadamente en este Estatuto dejen de ser motivo de crispación, como acabo de decir, en debates de otros estatutos.
Que todo debate de reforma estatutaria y de modelo de Estado sea, como éste, sereno, tranquilo, con confrontación política si es necesario, pero dentro del marco del respeto y donde solamente prime el debate político.
Señorías, para acabar mi intervención diré que Izquierda Unida se siente muy a gusto en este Estatuto porque mis compañeros y mis compañeras de grupo parlamentario hemos trabajado y derrochado mucho esfuerzo en Andalucía. Entendemos que es un buen Estatuto por sus contenidos, por los derechos y por lo que aporta a la normalización del debate y la serenidad. Por último diré, señorías, que este Estatuto va en la línea de aquello a que nosotros aspiramos como modelo de Estado federal. Por todo eso nos sentimos muy cómodos y muy satisfechos.
Una vez más les felicitamos por ese buen trabajo no solamente para los andaluces y las andaluzas sino que también me atrevo a decir que lo es para mi país, para España.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños de la izquierda.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el senador Mendoza.


El señor MENDOZA CABRERA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías. Quiero agradecer la presencia de los representantes de las instituciones andaluzas, con el señor presidente de la Junta de Andalucía a la cabeza, y también la de los representantes del Gobierno español.
Quiero comenzar explicando que nuestra posición tradicional en esta Cámara respecto del debate de los estatutos de autonomía siempre ha sido la del respeto hacia los textos que han salido, bien del propio Parlamento, bien del debate en el Congreso de los Diputados, que es donde constitucionalmente está previsto que se pueda profundizar o cambiar, si hay acuerdo, cada texto proveniente del Parlamento que le da origen.
En este caso, y debido a una opinión mayoritaria dentro de mi grupo parlamentario, se quiso aprovechar el debate en la etapa del Senado para dar la oportunidad, si era posible, de explorar un posible acuerdo con una minoría, el Partido Andalucista y, por tanto, nos prestamos a ser, más que portavoces, a ser transmisores, a presentar las enmiendas que este partido mantenía. Sin embargo, ya dijimos desde el principio que esto era solamente a título de buscar un espacio de diálogo por ver si la exploración en el mismo resultaba fructífera. No dio resultado y se mantuvo el texto tal y como salió del Congreso de los Diputados. Y, por tanto, manteniendo nuestra posición histórica nosotros vamos a respetar y a apoyar ese acuerdo que es absolutamente mayoritario no solo en el Parlamento andaluz sino, después de su tratamiento, en el Congreso de los Diputados.
Por hacer una breve síntesis histórica, cuando en octubre de 1981 el pueblo andaluz refrenda que quiere equipararse a los estatutos históricos aprobados en la República se da un gran paso en el proceso de autonomía del pueblo andaluz, un paso valiente que, desde luego, nosotros hemos admirado. Con el nuevo Estatuto de Autonomía el acuerdo que se consigue en el Congreso de los Diputados ampliando absolutamente la mayoría, siendo capaces los dos partidos mayoritarios de establecer un diálogo y un acuerdo, permite valorar aún más su texto; permite garantizar que es posible profundizar en el autogobierno sin crispación y sin tener que tirarnos las posiciones unos a otros.
Por lo tanto, felicito a ambos partidos por el esfuerzo de diálogo y entendimiento que se ha hecho porque, además, es un texto que desde nuestro punto de vista está contenido claramente dentro de los límites de la Constitución, que

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permite a otras comunidades tenerlo como referente para continuar avanzando en el autogobierno, y que profundiza en los derechos de los ciudadanos y ciudadanas andaluces. Efectivamente, aunque tenga que haber un denominador común es posible que los legisladores de una determinada comunidad entiendan que se puede profundizar en determinados derechos y nosotros entendemos que para nada eso es anticonstitucional. Por tanto, es, desde nuestro punto de vista un texto que va a servir de guía y cuando digo de guía no quiero decir de copia de las iniciativas que existen en el conjunto del Estado español para profundizar en el autogobierno.
No me queda nada más que felicitar a todos los que han contribuido con el diálogo y a veces con la discrepancia a construir un Estatuto que, desde luego, puede ser una seña de avance en ese Estado de las autonomías en el que algunos estamos empeñados, pues es preciso seguir profundizando dentro del conjunto del Estado español.
Por lo tanto, reitero mis felicitaciones a todos y a todas porque creo que han puesto en manos de España en su conjunto un magnífico texto legal que permite profundizar a los demás y servirles de ejemplo.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Casas.


El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señor presidente.
Esta tarde, el día de hoy -- recuerden que ya hace unos meses que está transmitiéndose el proyecto de Estatuto de Andalucía en las Cortes Generales-- es un día de alegría para Andalucía, para la Junta de Andalucía, para el Parlamento andaluz y para todos los andaluces en general.
Yo tengo el honor de participar desde esta tribuna de lo que en su día será supongo una auténtica Cámara de representación territorial y quiero compartir con ustedes esta alegría que también tengo porque todo lo que sea avanzar en la soberanía que le corresponde al Parlamento andaluz para defender los derechos y las ambiciones de sus ciudadanos es positivo y, por tanto, participo de su alegría. Al mismo tiempo, hay que felicitarles porque lo han hecho con un amplísimo consenso, casi por unanimidad, consenso que es deseable en este tipo de procesos de reformas de temas fundamentales pues han podido traer al Congreso y al Senado un proyecto de estatuto amplísimamente consensuado, sobre todo, por las dos grandes fuerzas políticas.
Es verdad que el Partido Andalucista ha quedado al margen de este proceso, pero hay que destacar que las dos grandes formaciones políticas que conforman el Parlamento de Andalucía y las Cortes Generales han alcanzado un proyecto ampliamente consensuado, lo cual facilita mucho la labor de los senadores y, por tanto, en mi opinión, no sería procedente enmendar lo que llega ampliamente consensuado desde el Parlamento de una comunidad autónoma.
De hecho, la España plural, de la que tanto se habla, es la España de la diversidad. Cada estatuto debe hacerse desde su propio impulso político, en función de las necesidades políticas y sociales de la comunidad autónoma a la que representa, y los proyectos y procesos de reforma estatutaria no deben hacerse --y no digo que en este caso se haya hecho así, es una reflexión de carácter general-- mirando de reojo a otras comunidades autónomas, haciendo comparaciones, como en algunos momentos del debate han hecho diferentes portavoces en sus intervenciones.
En mi opinión, esta no es forma de hacer un buen debate de los procesos estatutarios porque podría derivar en un debate absurdo de agravios comparativos, que no tendría nada que ver con la España plural y que dificultaría la España que diseña nuestra Constitución, en la cual el agravio comparativo no debería existir, ya que esta concede a cada comunidad autónoma suficiente margen para organizarse dentro del marco constitucional como considere más oportuno.
Señorías, si entráramos en un debate de este tipo , romperíamos uno de los valores más importantes de la Constitución. Siempre he dicho, --y lo volví a decir en el debate del Estatuto de Andalucía en la Comisión General de las Comunidades Autónomas , porque en algún momento se produjeron discusiones, comparaciones, etcétera-- que el activo más importante que tiene España en su conjunto es su diversidad, pero en muchas ocasiones el mal uso de la política convierte este activo en un pasivo. Y esto nos ha llevado a debates muy estériles que no han servido para nada, únicamente para hacer confrontaciones territoriales que han desembocado en situaciones grotescas --que estarán en la mente de todos ustedes-- que no llevan a ningún lado.
En este sentido, uno de los grandes logros de la Constitución Española fue el gran pacto entre territorios con una ambición de alto gobierno y un Estado central; se consiguió diseñar una España moderna, ambiciosa y descentralizada, descentralizando no solo administración sino también poder político; y si echamos la vista atrás, podemos ver que España, durante los años de desarrollo estatutario, ha progresado muchísimo tanto en el orden político como en el social o el económico, y habrá que atribuir la parte que le corresponde al Gobierno del Estado, a los gobiernos autonómicos y también a los municipales; es decir, si miramos atrás, el actual modelo territorial y político ha dado buen resultado porque el cambio que se ha producido en España ha sido espectacular.
Es cierto que siempre existirán tensiones; en un Estado descentralizado política y administrativamente, como sucede en Alemania, con mayor tradición en este sentido, se producen tensiones entre los diferentes gobiernos y el gobierno federal por el reparto de competencias, por el sistema financiero, y es lógico porque este es un debate político vivo; la realidad social y política siempre es dinámica y cambiante y, por tanto, no debe llevarnos a pensar que España vaya a romperse o hundirse; se trata simplemente de la riqueza del debate y la diversidad y, hecho con nobleza y con respeto al marco constitucional, todo es posible. Por consiguiente, a nadie debe asustar que el proceso de renovación de estatutos nos conduzca a una España más

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descentralizada; hasta ahora ha dado buenos resultados y así puede continuar en el futuro.
Como ustedes saben, el Estatuto de Cataluña -- y permítanme que le dedique unas palabras-- ha sido llevado ante el Tribunal Constitucional.
Legítimamente, el Partido Popular ha considerado que debía recurrir ante el Tribunal Constitucional el Estatuto de Cataluña. De hecho, una buena parte --por no decir la totalidad-- de los artículos recurridos forman parte del proyecto de Estatuto de Andalucía y están siendo incorporados en el proyecto de Estatuto de Baleares, que llegará próximamente a esta Cámara, en unos casos literalmente, y en otros el contenido es prácticamente idéntico al Estatuto del Parlamento Catalán en lo que se refiere a órganos jurisdiccionales; a la designación de miembros de órganos constitucionales; a la gestión de infraestructuras; a la creación de una comisión bilateral comunidad autónoma-Estado; a la financiación, etcétera. Repito, aunque el contenido es prácticamente idéntico, uno ha sido impugnado y el otro no.
De hecho, señorías, en el proceso de debate del Estatuto de Cataluña, si bien es cierto que en el Parlamento de Cataluña hubo un amplio consenso entre las dos fuerzas políticas mayoritarias, porque la composición de aquella Cámara es distinta de la de esta, quedó marginado el Partido Popular, que es la primera fuerza en esta Cámara y fuerza mayoritaria en el Estado junto con el Partido Socialista. Hubiera sido deseable que el Estatuto de Cataluña contase con el consenso del Partido Popular; lo deseable y lo mejor, pero no fue posible. Durante la tramitación del Estatuto de Cataluña y tras la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional, se ha ido profundizando en el Estatuto andaluz, y se ha alcanzado el consenso. Han sido procesos paralelos: mientras se nos llevaba al Tribunal Constitucional, se alcanzaba un consenso en el Parlamento andaluz por medio del cual se llegaba a producir un texto prácticamente idéntico al que se aprobó en el Parlamento de Cataluña.
Insisto: puede haber alguna diferencia, pero sustancialmente es igual. En cuanto al consenso, es el mismo que se ha alcanzado, entre populares y socialistas, en el Parlamento de Baleares. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.) Puesto que el Partido Popular y el Partido Socialista han alcanzado el consenso en el Parlamento andaluz y en las Cortes Generales, y una vez aprobado el Estatuto catalán, este es un buen momento para dar por válido lo que refrendó el pueblo de Cataluña en el referéndum del Estatuto, para iniciar una dinámica distinta en el debate autonómico, para conseguir que la tramitación de los demás estatutos que vendrán a la Cámara goce del mismo consenso amplio y para tratar de evitar, en suma, el debate sobre el agravio comparativo.
Por mi parte, ruego al Grupo Parlamentario Popular que retire el recurso.
La aprobación del Estatuto andaluz y la llegada del Estatuto balear representan una gran oportunidad de sumarse al consenso que no fue posible en el Parlamento catalán. Allí las mayorías son distintas, y puedo entender que no fuera posible el consenso; es legítimo que no fuera posible. Sin embargo, hay que aprovechar esta ocasión y mirar hacia el futuro. Tratemos de desdramatizar los debates estatutarios, porque el mejor activo de España es su diversidad. Construyámosla, pues, con ilusión por el futuro, y no nos estanquemos en el agravio comparativo.
Muchas gracias. Repito mi felicitación a la Junta de Andalucía, al Parlamento andaluz y al pueblo de Andalucía, por tanto. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: (La señora senadora inicia su intervención en euskera.) Señorías, decía en mi lengua materna, el euskera, que les doy una cálida bienvenida al presidente de la Junta de Andalucía, a la presidenta del Parlamento andaluz, a los parlamentarios del Parlamento andaluz y a todos aquellos andaluces y andaluzas que nos acompañan hoy en el debate sobre el nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía. Asimismo, hago extensiva esta cálida bienvenida a los diputados que nos acompañan y a los responsables del Gobierno que asisten a este trámite parlamentario.
No obstante, en este día de alegría para Andalucía, hay personas y familias --como ha dicho el presidente del Senado--, sobre todo en la provincia de Huelva, sumidas en el dolor y en la tristeza. Esta senadora quiere transmitirles, por medio de la persona que representa al pueblo andaluz en esta Cámara, las condolencias más sinceras del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por los fallecidos en el gravísimo accidente que se ha producido esta madrugada, a las 12,30, entre Huelva y Sevilla, y nuestro deseo de un rápido restablecimiento para las personas heridas en el mismo accidente.
Dicho esto me voy a ceñir al debate que nos ocupa sobre el dictamen de la Comisión General de Comunidades Autónomas, presentado por su presidente, el senador Laborda, en relación con un nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía, aunque en el orden del día figure como propuesta de reforma del Estatuto, pues, señorías, si lo comparamos con el aprobado por el pueblo andaluz el 20 de octubre de 1981, hay numerosas modificaciones. Y algo similar ocurrió ya en esta Cámara con anteriores estatutos aprobados y refrendados en la misma. Me refiero al valenciano y al catalán.
Por otro lado, cabe señalar que en el trámite que se ha seguido en las Cortes Generales, el Estatuto que hoy debatimos, y que luego votaremos, ha experimentado numerosas modificaciones durante su tramitación en el Congreso de los Diputados. Más de la mitad de los artículos y disposiciones del texto remitido por el Parlamento andaluz han experimentado modificación, así como el preámbulo en la tramitación del Congreso.
Este texto, consensuado por los ponentes de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y de la delegación del Parlamento andaluz, ha conseguido incorporar al Grupo Parlamentario Popular al acuerdo alcanzado

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inicialmente en dicho Parlamento respecto del texto del Grupo Parlamentario Socialista e Izquierda Unida. Hoy se va a proceder en esta Cámara a la última fase que ha de pasar el Estatuto en el trámite de Cortes Generales, puesto que al igual que en los dos estatutos anteriores, el texto remitido desde el Congreso no ha experimentado ninguna modificación.
La diferencia con respecto a los anteriores radica, en este caso, en que durante su tramitación en el Congreso el Grupo Parlamentario Popular se ha sumado al acuerdo. En el trámite que este Estatuto ha tenido en el Senado, con independencia de no haberse cambiado ni una coma ni haber sido modificado o introducido ningún matiz, los senadores y senadoras que no somos de Andalucía, como es mi caso, hemos tenido ocasión de conocer mejor el contenido de dicho Estatuto. Se ha podido debatir aquellos aspectos en torno a los cuales el Partido Andalucista discrepa respecto del texto que hoy se somete a votación, así como los argumentos del resto de los grupos parlamentarios representantes del Parlamento andaluz a la hora de ratificarse en el texto acordado en el Congreso de los Diputados.
La voz del Partido Andalucista con representación en el Parlamento andaluz, pero no en las Cortes Generales, ha llegado a través de enmiendas planteadas en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en el Senado, tal y como señalaba anteriormente el senador Mendoza, grupos parlamentarios con los que el Partido Andalucista tiene relación.
Los ejes de las enmiendas de dicho grupo en el Parlamento andaluz eran fundamentalmente tres: identidad y señas de identidad de Andalucía recogidas fundamentalmente en su preámbulo y título preliminar; mayor autogobierno y garantía del ejercicio competencial recogido en el texto estatutario, y financiación adecuada para la autonomía. Aspectos y ejes centrales de cualquier estatuto de autonomía, pero conceptualmente distintos para las distintas fuerzas políticas que conforman el arco parlamentario y que incluso pueden ser irrenunciables para un partido nacionalista en función de cómo se plasmen en un texto estatutario.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos hubiera deseado que el Partido Andalucista se hubiera sumado al acuerdo. No ha podido ser y la verdad es que lo sentimos, pues en el debate en comisión pudo comprobarse que, aunque había temas en que los planteamientos eran sustancialmente distintos, en otros al menos los de algún grupo parlamentario que formaba parte del acuerdo se asimilaba, acercaba o incluso casi coincidía con posturas del Partido Andalucista. En mi modesta opinión, no sé qué ha pesado más, si otorgar constitucionalidad, entre comillas, al texto, incorporando al Partido Popular y, por tanto, alejándose más del texto del Parlamento andaluz, totalmente legítimo y constitucional, mientras el Tribunal Constitucional no dicte sentencia al respecto, o acercar posturas con el Partido Andalucista, con el riesgo de ser sentenciado como inconstitucional por quien no compete. Sin embargo, he de decirle que cada grupo parlamentario, tanto los que están en el acuerdo --Partido Socialista, Izquierda Unida y Partido Popular--, como el que discrepa --Partido Andalucista--, han intentado conseguir el mejor texto estatutario para Andalucía. Lo que no tengo tan claro es qué renuncias, cesiones o acercamientos ha supuesto para cada uno.
Señorías, el debate de este tercer estatuto que pasa por el Senado --Cámara de representación territorial durante esta legislatura, y que, por tanto, culmina el trámite preceptivo de Cortes Generales para su aprobación-- me hace plantear, desde mi modesta experiencia, una serie de reflexiones, tras observar los procesos que han seguido las distintas propuestas del nuevo estatuto de autonomía, y no de reforma estatutaria --vuelvo a recalcar, aunque reglamentaria, estatutaria y constitucionalmente deban ser denominados así-,que han llegado al Congreso.
Mi primera reflexión es la diferencia de trato otorgado a las distintas propuestas a la hora de ser tomadas en consideración en el Congreso. De ocho propuestas, seis han sido tomadas en consideración, una ha sido publicada con fecha 12 de diciembre de 2006 --y, próximamente, será debatida para ser tomada en consideración-- y una ha sido rechazada.
Alguien diría --aunque no con los mismos términos utilizados en su día, poco respetuosos, en mi modesta opinión, para con los estatutos de autonomía-- que seis de ellos han pasado a la carpintería, uno está en la puerta de entrada y al otro se le ha dado un portazo sin tan siquiera dejarle asomar por la puerta de entrada. Y todos ustedes, señorías, saben que me refiero al Estatuto del País Vasco. Me adelanto, señorías, ya sé que hoy no toca. Hoy estamos hablando del Estatuto de Autonomía de Andalucía, pero después de lo que se ha podido ver, y tras la aprobación de este Estatuto de Autonomía para Andalucía, hoy, en este Senado, como vasca y como nacionalista, les tengo que decir, honestamente, que los nacionalismos democráticos somos más solidarios. El problema radicaba en que ni el Partido Socialista ni el Partido Popular formaban parte del acuerdo y se arrogaron una función que no compete a los partidos políticos ni a los grupos parlamentarios --al menos debiera ser así--, esto es, la de ejercer de Tribunal Constitucional y dictar sentencia. Por mucho que lo nieguen, se cumplieron las reglas del juego recogidas en el Estatuto de Gernika y la Constitución. La cuestión de su constitucionalidad o no debía haberse resuelto en una fase procedimental posterior, tras su aprobación en Cortes Generales. Sin embargo, ustedes, señorías del Partido Socialista y del Partido Popular --permítame este reproche en tono cariñoso y afectuoso--, se lo saltaron. La verdad es que cada vez tengo menos dudas acerca de qué hubiera pasado si el Partido Socialista o el Partido Popular hubieran estado en el acuerdo: se habría tomado en consideración. Lo que ya no sé, porque sería hacer conjeturas, es qué hubiera pasado después.
Mi segunda reflexión es la referente a la constitucionalidad de un estatuto. Señorías, su constitucionalidad no viene dada porque en el acuerdo del texto esté el Partido Socialista, el Partido Popular o ambos, ni tampoco porque otras fuerzas políticas de ámbito nacional o autonómico concreto estén o no estén. Por activa y por pasiva he oído, durante los tres debates estatutarios que hemos tenido en el

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Senado, que el órgano competente para dirimir esta cuestión es el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ni el Estatuto andaluz es más constitucional porque el Partido Popular y el Partido Socialista, junto con Izquierda Unida, estén en el acuerdo, al igual que el valenciano --acuerdo en el que también se encuentran el Partido Popular y el Partido Socialista--, ni lo es menos el catalán porque el Partido Popular no esté en dicho acuerdo y sí el Partido Socialista. Tampoco porque un estatuto recoja continuas referencias a la Constitución es más constitucional que otro. Señorías, en todo caso, es el desarrollo y ejecución de la letra del estatuto el que debe ajustarse a los preceptos constitucionales, que, por otro lado, muchas veces son interpretados de forma restrictiva, cuando, sin embargo, permiten una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a las distintas circunstancias que el que a veces proponen los distintos grupos políticos de ámbito nacional, y digo que a veces. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Mi tercera reflexión es en torno al papel que desempeña el Senado como Cámara de representación territorial en las propuestas de reforma estatutarias. Hasta el momento, y permítanme la expresión, todo se ha cocinado en el Congreso de los Diputados y este Senado, Cámara de segunda lectura, eso sí, Cámara Alta y de representación territorial, se ha tenido que conformar con algún que otro debate, unos más intensos y otros menos, con el claro mensaje de no cambiar ni un punto, ni una coma, ni corregir una falta de ortografía. No sé si este debe ser el papel del Senado en esta cuestión, pero mi modesta opinión es que no.
Por último, quiero decirles a mis compañeros y compañeras del Senado en los que concurre la circunstancia de ser de Andalucía y, por supuesto, a todos los andaluces y andaluzas que os habéis desplazado a esta Cámara para este debate que es tan importante para todos vosotros y todas vosotras que, siendo nacionalista y vasca, para mí ha sido un honor haber podido participar en el debate, primero en comisión y ahora en Pleno, de un nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía y deseo de todo corazón que el desarrollo y ejecución de la letra que hoy vamos a aprobar en esta Cámara y que compete, entre otros, al Gobierno de la Junta de Andalucía, y al Gobierno central, así como al Parlamento andaluz, suponga una mejora y un avance en el bienestar y calidad de vida de todas las personas que viven en Andalucía, pudiendo ejercitar por igual los derechos y deberes que les son reconocidos en este Estatuto que hoy aprobamos en el Senado, pasando, por tanto, desde esta Cámara, una vez que proceda su aprobación, el testigo a Andalucía y a los andaluces y andaluzas, ya que --dadas las fechas y como regalo del «Olentzero» del País Vasco en este caso, que llega a las casas la noche del 24 de diciembre e inunda de ilusión y alegría la mañana del día 25 con sus presentes-- el próximo día 25 de febrero, si no me equivoco, de 2007 se celebrará el referéndum en Andalucía y que Andalucía hable a través de quienes deben de hacerlo y afronte el futuro con ilusión y alegría.
Quiero decirles que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos va a dar un sí rotundo a este Estatuto de Autonomía para Andalucía y quiero decirles de todo corazón «zorionak, eskerrik asko». (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: «Eskerrik asko», señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor presidente.
Hoy debatimos y aprobaremos sin ninguna duda la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía y queremos anunciar, antes que nada, nuestro voto favorable a la propuesta que ha llegado a esta Cámara. Esta propuesta salió del Parlamento de Andalucía con un acuerdo suficiente, pero en su tramitación parlamentaria en Cortes Generales ha mejorado sustancialmente este acuerdo y nosotros, por lo tanto, nos sentimos más obligados al voto favorable.
El presidente de la Comisión General de las Comunidades Autónomas ha explicado perfectamente cuál es la tramitación en Cortes Generales de los estatutos que se acogen al artículo 151, que en la práctica son un acuerdo, un pacto entre una parte y el todo, entre una comunidad autónoma y el conjunto de España, entre lo derivado del Parlamento de una comunidad autónoma y las Cortes Generales. Hoy estamos en el segundo paso, en el paso de la aprobación por las Cortes Generales.
Nuestro grupo, desde el máximo respeto a lo que han acordado la mayoría de las fuerzas políticas de Andalucía con representación parlamentaria en su Parlamento y la totalidad de las fuerzas políticas que tienen representación en Cortes Generales, se siente ligado a esta propuesta tanto por proximidad ideológica, como por respeto al acuerdo. Aunque solo fuese por esta razón, la del respeto al acuerdo, nuestro grupo, de marcado carácter territorial, votaría con satisfacción y entusiasmo la propuesta. Pero, además, entendemos que el Parlamento andaluz ha elaborado la mejor propuesta posible; la que más responde a la manera de ser del pueblo andaluz y la que más concuerda con la manera de entender su identidad y su relación con el resto de los pueblos de España y con las otras autonomías; la más ambiciosa en la voluntad de asumir competencias para que las instituciones propias, las de la Junta de Andalucía, puedan trabajar más y mejor para conseguir el bienestar general de las andaluzas y andaluces, dentro de lo que establece la Constitución Española; la que ha concitado un acuerdo más amplio entre las formaciones políticas y el conjunto del pueblo andaluz y todo ello nos hace considerar que esta propuesta de reforma es buena para Andalucía, que el Estatuto que hoy vamos a aprobar será bueno para Andalucía.
Además, queremos pronunciarnos como componentes del todo, como parlamentarios de las Cortes Generales y, desde esta perspectiva, nosotros afirmamos que la aprobación de la reforma que se nos propone es también buena para el conjunto de España, es buena para España, representa un paso más en el desarrollo de la Constitución de 1978, que nos conduce a gobiernos más próximos, más conocedores de la realidad y con una clara voluntad de asumir la capacidad de autogobierno; representa un reforzamiento del modelo del Estado de las autonomías o, tal y como lo considera mi grupo parlamentario, un avance hacia el modelo federal del Estado. Desde el reconocimiento de la realidad diversa que es España, este representa el camino

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que conducirá al fortalecimiento y la perduración del Estado como tal.
Desde nuestro punto de vista, no debemos dar una explicación pormenorizada de las bondades del Estatuto, pero nuestra valoración es que el Parlamento andaluz estima que es bueno para Andalucía y nosotros lo compartimos y, además, añadimos que es bueno para España.
La tramitación parlamentaria de esta propuesta en Cortes Generales, y más concretamente en esta Cámara, nos obliga a hacer dos reflexiones más.
Así, en el debate en esta Cámara, en ponencia y en comisión, hemos escuchado demasiadas veces y a demasiadas voces el argumento comparativo con otros textos estatutarios; y cuando establecemos estas comparaciones nos equivocamos, todos, ya que en la práctica lo que estamos haciendo es devaluando nuestro propia posición y devaluando los textos estatutarios.
Esta propuesta de reforma, que entendemos que es buena, la que dentro de un rato será el nuevo Estatuto para Andalucía, no será mejor o peor comparado con, sino que es el mejor porque es el mejor para Andalucía, porque es el mejor para España, como he razonado anteriormente. Es el mejor por el trabajo que tiene detrás, por el trabajo de hacer unas propuestas, buscar acuerdos que han acabado en un amplísimo consenso y porque es el que los representantes de Andalucía en esta Cámara nos dicen que quieren, y nosotros les felicitamos por lo que será su nuevo Estatuto.
Mi segunda consideración se centra en el acuerdo porque para cualquier texto constitucional o estatutario es conveniente el máximo acuerdo y los andaluces lo han conseguido, de manera que nosotros les felicitamos sinceramente por ello, de verdad; les felicitamos por el acuerdo al que ustedes han llegado.
El amplio acuerdo o la unanimidad que hoy va a recibir el Estatuto de Autonomía para Andalucía en su votación en el Senado es, sin duda, una virtud más del texto. Ustedes han trabajado bien, muy bien y han conseguido que hoy se voten por unanimidad textos iguales o muy similares, con las mismas consecuencias jurídicas a otros que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional, y nosotros les felicitamos por este trabajo y por el éxito del mismo.
Y queremos hacer una última consideración. La asunción por parte de la Comunidad Autónoma de Cataluña de tener un Estatuto votado por una mayoría escasa en Cortes Generales, desde nuestro punto de vista ha ayudado de una manera decisiva a la posibilidad del acuerdo que hoy celebramos.
Pero hoy toca hablar del Estatuto de Autonomía, y por esto, señor presidente de la comunidad autónoma, señora presidenta del Parlamento, señores consejeros, representantes del Parlamento de Andalucía y demás representantes de las instituciones, bienvenidos a esta Casa, es su Casa como Cámara territorial del Estado, y nosotros, nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, vamos a votar favorablemente su Estatuto. Les felicitamos por el trabajo hecho, por el éxito obtenido de un respaldo mayoritario a este texto y nada más. Sinceramente, sentimos que sea un día agridulce en el que haya que recordar a cuatro personas que han fallecido en un accidente de circulación, pero sinceramente les felicitamos y les anunciamos nuestro voto favorable.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Lerma.


El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, señores invitados del Parlamento de Andalucía, presidente de la Junta, presidenta del Parlamento y demás responsables institucionales, quiero empezar diciendo que, por extraño que les parezca a algunos, vamos a hablar del Estatuto de Andalucía y no del Estatuto vasco ni del Estatuto catalán, y no será necesario explicar por qué porque, obviamente parece que Andalucía, como cualquier comunidad española en particular, pero Andalucía en este caso, tiene más que suficiente entidad como para hacer que en este Senado hablemos de ella exclusivamente. No contestaré, por tanto, a algunas alusiones que algunos grupos nacionalistas han hecho respecto a sus estatutos respectivos más que hablar del Estatuto actual, y me parece, en cualquier caso, que tienen todo el derecho del mundo a plantearlo, pero no es esta la oportunidad, pienso yo.
Esta es la oportunidad del Estatuto de Andalucía, y tengo que decir, además, que el Estatuto de Andalucía tiene una gestación muy especial que les separa de todos los otros estatutos, como casi todos los estatutos naturalmente, pero de este en particular no se puede decir que haya mirado al vecino ni haya mirado los intereses de los demás. Este es un Estatuto que tiene su gestación en el año 2001 y a propuesta del presidente Chaves, el presidente de la Junta, pensando por tanto en los intereses de los andaluces y en su capacidad para mejorar sus condiciones de vida y su capacidad de prosperar.
Por tanto, es evidente que este es un Estatuto pensado desde, por y para Andalucía exclusivamente, aunque naturalmente todos estemos interrelacionados porque todos estamos sometidos --más diría yo tutelados-- por la misma Constitución. Por lo tanto, cuando hablamos de competencia no podemos ser muy diferentes unos de otros porque estamos hablando del mismo marco constitucional. Pero, insisto, este es un Estatuto pensado desde antes de que hubiera un cambio de Gobierno en España y, por tanto, no un Estatuto sobrevenido pensando en lo que iban a hacer los demás, sino un Estatuto pensando en Andalucía, y pensando en Andalucía creo que hay que celebrar lo que hemos logrado conseguir, o, en especial y más concretamente, en lo que ha conseguido su presidente y con él todos los andaluces, porque este es un Estatuto, el cuarto Estatuto que vamos a ver --en el Senado el tercero--, pero es el primer Estatuto que ha logrado incrementar sus apoyos a lo largo de su tramitación parlamentaria. Y esto es verdad que siempre produce agradecimientos, y en especial a los que se han incorporado. Pero yo tengo que decir que el mérito fundamental --aunque, en definitiva, el beneficio sea para todos-- es de aquellos que, teniendo una mayoría

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suficiente para llevar adelante el Estatuto, han conseguido incorporar a los demás.
Por ello, mi felicitación, cómo no, al presidente Chaves y a Izquierda Unida de Andalucía, que desde el principio han mantenido una mayoría que ha permitido impulsar el Estatuto de Autonomía. Y, naturalmente, cómo no, felicitar también al Partido Popular por su incorporación a esta mayoría, que es cierto que no ha sido gratuita, que ha supuesto modificaciones importantes en el Estatuto de Andalucía --muchas modificaciones importantes--, que quienes tenían mayoría suficiente para hacerlo les han aceptado porque han entendido que este es un Estatuto que va a durar, que es para todos los andaluces y no para una pequeña mayoría, por más o menos amplia que pueda ser. Por tanto, mi felicitación también al Partido Popular, en particular, a sus ponentes en el Congreso y, por supuesto, al presidente o secretario general, Javier Arenas, que ha dado una batalla importante dentro de su propio partido por hacer posible su incorporación.
Me gustaría también felicitar en este caso a Soraya Sáenz de Santamaría, que ha hecho un buen trabajo en la Ponencia del Congreso; a los responsables de Izquierda Unida, concretamente al señor Llamazares, y muy especialmente quisiera hacer una mención especial y singular de cariño, afecto y de reconocimiento a Alfonso Perales, que ha hecho un gran trabajo desde el Partido Socialista por hacer posible este consenso que finalmente se ha conseguido.
Pero no todo van a ser felicitaciones, aunque yo creo que en este caso las merece. Creo que está bastante claro políticamente que, después de la aprobación de este Estatuto de Autonomía --lo ha señalado reiteradamente el Partido Popular y lo habíamos manifestado anteriormente todos los otros grupos políticos-- no cambia en absoluto el modelo constitucional.
El modelo constitucional simplemente permitía la ampliación de competencias que el Estatuto de Autonomía de Andalucía ha conseguido y que probablemente algunos otros estatutos también conseguirán. En cualquier caso, el llegar hasta el final en el proceso de ampliación de competencias de la Constitución del año 1978 no modifica para nada el modelo de Estado y, por supuesto, no solo no supone ningún riesgo para la unidad --no quiero referirme a ninguna última declaración-- sino que, por el contrario, supone el reforzamiento de la cohesión y de la solidaridad entre toda España, porque este proceso de singularización significa la posibilidad de que todos nos sintamos más a gusto y más integrados con la actual Constitución.
Considero que Andalucía ha conseguido sobre todo dos cosas fundamentales: la primera, profundizar en su autogobierno --con muchas materias que ahora no será necesario detallar, pero que enunciaré brevemente-- y, la segunda, muy importante, ha conseguido mejorar también las bases de su financiación. Si el anterior estatuto supuso un impulso de modernización muy importante desde el Gobierno andaluz de tal manera que hemos conseguido durante los últimos tres años consecutivamente superar el 75 por ciento de la renta europea, que era lo que justificaba en muchas ocasiones las necesidades de ayudas, lo cierto es que el éxito que hemos conseguido en muchas partes de España, pero sustancialmente en Andalucía, creo que se puede describir perfectamente al haber pasado, en realidad en muy pocos años, de ser un país donde las personas se llamaban emigrantes a llamarse fundamentalmente inmigrantes. Eso define bastante bien el cambio económico y social que ha sufrido Andalucía, y por lo cual hemos de estar muy satisfechos. Creo que eso ha sido posible por la autoestima que supuso en su día la aprobación, el 28 de febrero, de su Estatuto de Autonomía y el gran impulso de los gobiernos posteriores.
Andalucía ha mejorado, además, en este nuevo Estatuto su capacidad de autogobierno y ha hecho posible algo que parecía inaudito y muy criticable hace muy poco tiempo, como era conseguir tener una Hacienda propia, un Tribunal Superior de Justicia que fuera la última instancia o algo tan fundamental como las políticas de igualdad, que, siendo fundamentales cuando se elaboró el anterior Estatuto, no se pudieron incorporar porque no estaban en la agenda política. Asimismo, ha conseguido hablar de tener voz en Europa y, sobre todo, insistir en aquello que es fundamental: la sostenibilidad de las políticas.
Todas estas cosas van a ser votadas y han sido apoyadas ya por todos los grupos políticos, salvo el PA; incluso el Partido Popular va a votar a favor, cuya acertada decisión todos valoramos positivamente. Su incorporación al apoyo de este Estatuto, no solo es importante para Andalucía, sino también para todos los estatutos posteriores.
Para no extenderme mucho quiero manifestar que estos son aspectos fundamentales de la ampliación de las competencias autonómicas y financieras que supone la modificación del Estatuto de Autonomía. Ello ha hecho necesario, naturalmente, incrementar los artículos del Estatuto y, especialmente, la incorporación de los derechos sociales. ¿Por qué? Porque los derechos sociales que se incorporan son ahora exigibles ante la Junta de Andalucía y, por tanto, no creo que sea discutible su incorporación.
Finalmente, quiero decir que aquel lejano referéndum de la primera iniciativa autonómica de Andalucía, que fue celebrado el 28 de febrero y dio como resultado el anterior Estatuto de Autonomía de Andalucía, de aquella constitución que Manuel Clavero, un conocido andaluz de todos ustedes, dijo en su día que no era autonómica sino autonomizable, aquel impulso dado el 28 de febrero marcó el camino y el desarrollo posterior del Estado de las autonomías español. Aquel fue un impulso igualitario.
Aquello supuso dejar marcado claramente desde Andalucía que el camino del desarrollo autonómico de España iba a ser igualitario, que no uniforme naturalmente, y que no se iba a tolerar la discriminación.
Esta reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía supone la concreción y modernización de todo el proceso estatutario igualitario. Supone, ni más ni menos, poner de relieve que la voluntad expresada por todos los ciudadanos andaluces y, con ellos, por la inmensa mayoría de ciudadanos de toda España es estar a favor de la igualdad. Esta es, sin duda, la principal aportación de aquel 28 de febrero que, modernizada, vamos a ver ahora ratificada, de nuevo, en la voluntad de esta Cámara y, posteriormente, en la de todos los ciudadanos andaluces.


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Por eso, cuando el 28 de febrero votaron los andaluces supieron que no estaban solos. Por eso, cuando el próximo mes de febrero, probablemente, los andaluces voten otra vez para ratificar este Estatuto sabrán que no están solos, que con ellos vamos a votar todos los ciudadanos españoles que estamos a favor de un desarrollo igualitario de la Constitución.
Enhorabuena y muchas gracias a todos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Becerril.


La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Señor presidente, nuestro grupo --estoy segura que todos, así lo han manifestado algunos portavoces-- se une al dolor que el señor presidente estamos seguros que va a hacer llegar a los familiares de las víctimas de Huelva. Nuestros sentimientos están con estas familias en este día que era de alegría, por otra parte, para Andalucía. Desde luego, tenemos a estas personas y a sus allegados en nuestros pensamientos.
Señor presidente de la Junta de Andalucía, señora presidenta del Parlamento, delegación del Parlamento, señoras y señores senadores, y diputados que nos acompañan, vamos a proceder en unos instantes a la votación de la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Es un nuevo Estatuto, es algo más que una reforma, es mucho más que una reforma.
Como saben sus señorías, este proyecto se inicia, como es preceptivo, en Andalucía, en su Parlamento, desde una mayoría, con todo su derecho, formada por el Partido Socialista e Izquierda Unida.
A juicio del Partido Popular, había otros asuntos urgentes y prioritarios para esta legislatura en Andalucía. Por ejemplo, dedicar mucho tiempo, muchos esfuerzos y muchos afanes a la educación, a mejorar la educación, que no es todo lo buena que deseamos, de acuerdo con los exámenes, de acuerdo con los tests que se vienen haciendo desde instituciones o instancias nacionales e internacionales.
Pero, en fin, la mayoría que antes he mencionado decidió, con todo su derecho, iniciar la reforma del Estatuto de Andalucía. Y así se hizo. Y se envió al Congreso de los Diputados un texto que muchas de sus señorías recuerdan, con el que el Partido Popular no estuvo de acuerdo. No hubo ese acuerdo al que se han referido algunos portavoces, no hubo tal acuerdo, no fue posible, lo sentimos, pero había unos motivos, había unas razones.
Aquel texto aprobado en Andalucía, a juicio del Partido Popular, excedía en materia de competencias, que son importantísimas en un estatuto, lo que la Constitución atribuye a las comunidades autónomas. Aquel texto fragmentaba aspectos esenciales de materias políticas que han de tener un principio de unidad, un elemento común, como es la política de seguridad, como es la política de inmigración o como es la política económica y otras más.
Y aquel texto evitaba, aunque a mi modo de ver de manera incomprensible, referirse a la nación española. En la definición de Andalucía no se refería a la nación española, lo cual hacía que la definición de Andalucía fuera algo así como una partícula que flotaba en el espacio, sin referencia alguna.
Este texto a lo largo de su tramitación parlamentaria ha sufrido muchos cambios, ha recibido muchas enmiendas, no solo del Partido Popular desde luego, sino también muchas e importantes en su fondo del propio Grupo Parlamentario Socialista, de manera que a lo largo de esa tramitación 124 artículos fueron modificados. Eso ha sido un hecho importante y positivo porque permite llegar a este momento con un amplio acuerdo parlamentario.
En el actual texto se define a Andalucía como a una nacionalidad histórica que se constituye en comunidad autónoma de acuerdo con lo que establece la Constitución, en el marco de la unidad de la nación española. Esto es importante para toda España, pero desde luego era importantísimo y fundamental en Andalucía, porque la inmensa mayoría de los andaluces no nos habríamos reconocido en un texto que no hiciera una referencia clara y expresa a la nación española. Ese error se ha enmendado.
En el actual texto, Andalucía alcanza las máximas competencias --como también se ha dicho aquí-- que la Constitución atribuye a las comunidades autónomas, y se hace con respeto a la Constitución y a las leyes orgánicas, con referencia, en determinados preceptos, a esas leyes. Esto para algunas personas era una redundancia, no hacía falta. Para el Grupo Parlamentario Popular y para mí misma lo que esto introduce son garantías, garantías del Estado de Derecho, garantías de mantenimiento y vigencia de derechos fundamentales, de libertades públicas y del principio tan importante y tan democrático, tan propio de las democracias modernas como es el principio de igualdad ante la ley para cualquier ciudadano en cualquier punto de España. Esto es lo que introducen o asegura o subrayan esas referencias a las Constitución y a las leyes orgánicas.
Este Estatuto no es ni mejor ni peor que otros; no es ni más ni menos; es un Estatuto plenamente constitucional; es un Estatuto con máxima capacidad de autogobierno y es un Estatuto que no desconfía de la Administración del Estado, es más en muchos preceptos hay colaboración, hay cooperación, y eso --lo sabemos, lo hemos visto a lo largo de la vida parlamentaria y de los años de democracia-- siempre redunda en favor de la comunidad, porque hay más capacidad, hay más eficacia, hay más actividad, hay más cooperación y hay mayor atención a los ciudadanos. Y esto se refleja también en este Estatuto. (Rumores.) Son importantes las garantías que se dan en muchas materias; desde luego en asuntos de interés social. Hay un aspecto...


El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio, por favor. Apenas se oye a la senadora Becerril.


La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Hay un aspecto importante que son las garantías que se establecen en materia de educación, de educación permanente, de educación compensatoria, cuestión verdaderamente importante para el devenir de una comunidad autónoma, como Andalucía.


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Y son importantes también las garantías que se dan para que los padres puedan decidir la formación moral y religiosa que quieren que sus hijos reciban --eso es importante-- y también tener en cuenta la confesión católica, ampliamente mayoritaria en Andalucía. El Poder judicial y la Hacienda alcanzan su máxima autonomía sin fragmentar esos principios y los elementos de unidad a los que antes me refería para garantizar la igualdad ante la ley. Y la financiación es ambiciosa, se establecen asignaciones complementarias que ya estaban en el actual Estatuto, todavía en vigor, pero que no se han llevado a cabo en su totalidad, y establece que las inversiones se harán atendiendo al peso de la población. A mí me parece muy bien. Yo espero que al señor Solbes y sucesores les cuadren las cuentas en el futuro. Y Andalucía participará en las decisiones de la Unión Europea que le correspondan y sean de su interés, de acuerdo con las normas de esa institución y de acuerdo también con la legislación básica del Estado.
Ahora este texto se ajusta a la Constitución. Ahora este texto, que ha sido modificado, que ha sido enmendado de forma inteligente, de forma sensata y también de forma generosa, con espíritu de acuerdo, es constitucional, y vamos a votarlo, y con satisfacción, favorablemente.
Creo que coincidiremos todos en que el Estado de las Autonomías ha producido bienestar, ha dado resultados muy satisfactorios en todas las comunidades autónomas --es verdad que en determinados momentos ha habido algunos excesos, pero no hablaremos de ello esta tarde--. En Andalucía el Estado de las Autonomías también ha tenido un resultado positivo, favorable, y estoy segura de que en el futuro lo tendrá más todavía, tendrá mejores resultados y será siempre en beneficio de los andaluces.
Pero este Estado de las Autonomías y este Estatuto que hoy aprobamos es lo más ajeno y lejano a esa situación de victimismo que en algunas comunidades autónomas y en la propia de Andalucía, que también es la mía, se esgrime de cuando en cuando. Nosotros somos ahora los responsables.
Nosotros somos los que tenemos capacidad para la mayoría de los asuntos de interés público. Nosotros somos los que tenemos en nuestras manos ordenar o desordenar el territorio, tener las mejores universidades o no, conservar nuestro patrimonio ambiental y monumental o dilapidarlo poco a poco. No hay enemigo exterior. Ese imaginario enemigo exterior no existe.
Y si hay algún mal, si hay algún daño, si hay alguna cosa mal hecha, seremos nosotros los responsables, no el Gobierno de la nación, ni este ni los anteriores. No. Seremos nosotros. Esa es la capacidad de la que hoy nos estamos dotando. Nos estamos dotando de una enorme capacidad de autogobierno.
Dejo para el final, y ya termino, señor presidente, unas palabras sobre el tan traído y llevado preámbulo, que fue discutido en comisión en el Congreso de los Diputados en último lugar porque fue el último punto de acuerdo, del importante acuerdo entre los grupos parlamentarios. Creo que Andalucía se merecía un preámbulo un poco mejor en la forma. En su redacción podía haberse seguido la senda de tantos escritores de origen andaluz que tanto han aportado a las letras españolas y universales, pero el preámbulo más bien parece la introducción de un críptico y obtuso plan general de ordenación urbana. Podíamos haber hecho una cosa un poco mejor, también sobre el fondo, porque podía tener un mayor rigor histórico. Podíamos haber hablado de la contribución de Andalucía a la formación de Hispania, a la Hispania romana, precedente del Estado Hispánico, precedente, a su vez, del Estado español. Podíamos haber aludido a la Vocación Americana de Andalucía --dicho con mayúsculas--, que tanto aporta a Europa y que tanta apertura trae hacia el Nuevo Mundo.
Podíamos haber hablado de Cádiz, de su aportación al constitucionalismo español y europeo. Porque, como han dicho tantos maestros, por ejemplo, don Ramón Carande y don Antonio Domínguez Ortiz, la historia de Andalucía es inseparable de la historia de España. Sin embargo, aludir en el preámbulo, como gran hecho histórico, al manifiesto de Córdoba del año 1919 --manifiesto desconocido por la inmensa mayoría de los andaluces--, que decía que Andalucía era una realidad nacional y obviar todo lo anterior, la verdad, se queda un poco cojo, un poco desequilibrado. Pero confiemos en que las autoridades académicas y todos los demás sepamos transmitir a las jóvenes generaciones la gran aportación de Andalucía a la historia de España. La conciencia histórica --subrayo el término conciencia--, decía el profesor Jover Zamora, recientemente fallecido, es fundamental en la formación de los ciudadanos.
Señor presidente, al final una comprueba que los logros, los aciertos, las ambiciones, las aspiraciones del texto superan con creces las deficiencias. Por eso nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, nos felicitamos por este texto, que ha alcanzado una amplia mayoría, y vamos a votarlo con mucho gusto.
Termino dando las gracias a todas las personas de esta Cámara que nos han permitido hacer el trabajo, al letrado por su docto informe, a sus señorías, a aquellas que han participado en la ponencia y en la comisión y a todas las que esta tarde den su voto a favor del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Gracias por su atención. (Fuertes y prolongados aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Portavoces que desean intervenir en este segundo turno? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Pío García-Escudero.


El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: Gracias, señor presidente.
Señor presidente de la Junta de Andalucía, señora presidenta del Parlamento andaluz, delegación del Parlamento de Andalucía, delegación de Andalucía, señor ministro, señorías, estamos a punto de concluir el trámite parlamentario de la reforma del Estatuto de Andalucía y dentro de unos minutos esta Cámara, el Senado, va a dar su aprobación a este nuevo texto estatutario, y lo va a hacer por una amplísima mayoría.
Creo, por tanto, que tenemos todos muchos motivos para felicitarnos por ello y que podemos sentirnos satisfechos, porque hemos sido capaces de reeditar el espacio de

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consenso que ha hecho posible el origen y el desarrollo de nuestro Estado de las Autonomías, un consenso que, para ser digno de tal nombre, pasa forzosamente, y como mínimo, por el acuerdo entre los dos grandes partidos de ámbito nacional, con independencia de cuál de ellos sea el que gobierne y de cuál de ellos sea el que está en la oposición. Así ocurrió en el año 1992 con los pactos autonómicos, y así ocurrió también en el año 1996 con las sucesivas reformas de estatutos. Y es que ese es el camino, señorías, y cualquier otro no es bueno.
Que lo mejor es enemigo de lo bueno es una reflexión que me parece especialmente aplicable a la política, sobre todo cuando lo que se pretende no es imponer las propias opiniones, sino buscar un punto de encuentro con las de los demás. Por eso mi grupo considera que este es el mejor estatuto posible en las actuales circunstancias, circunstancias que, como es lógico, vienen marcadas en cada momento por las prioridades políticas del Gobierno y, todos lo sabemos, este Gobierno, desde el inicio de la legislatura, quiso incluir en su agenda política las reformas estatutarias.
¿Son tales reformas las que más preocupan o las que más interesan a los ciudadanos? Nosotros estimamos que no, que son otros los asuntos prioritarios para los ciudadanos. No obstante, eso no significa, ni mucho menos, que nosotros nos opongamos por principio a reformar los estatutos de autonomía, y a las pruebas pasadas y presentes me remito, porque estimamos que si bien tales reformas no son una necesidad acuciante, siempre pueden ser beneficiosas con tal de que se ajusten a un requisito irrenunciable: mejorar la eficacia de las instituciones autonómicas de acuerdo con los principios que, desde la Constitución, orientan nuestro modelo de Estado.
Pues bien, nuestra opinión es que este nuevo Estatuto para Andalucía, tras las profundas modificaciones que experimentó en su trámite en estas Cortes Generales, cumple satisfactoriamente este requisito, y por eso lo vamos a apoyar hoy, y pediremos a los ciudadanos andaluces que así lo hagan cuando se les convoque a refrendarlo con su voto.
Hace poco más de medio año debatíamos en esta Cámara el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y en aquella ocasión --y pido disculpas por la autocita-- hacía la siguiente reflexión: La razón de ser de una ley, sea cual sea su tipología o su objeto, es que sirva para dar respuesta a las necesidades reales de nuestra sociedad y que lo haga de forma eficaz, sin crear más conflictos de los que dice querer solucionar. Y preguntaba yo entonces si el Estatuto Catalán cumplía esta condición elemental, y la repuesta de mi partido era y sigue siendo, evidentemente, que no.
Hoy creo que lo justo y coherente es plantear idéntica cuestión respecto a este proyecto de Estatuto para Andalucía. Pues bien, la misma postura que en su día nos llevó a oponernos al Estatuto de Cataluña ahora nos mueve a respaldar el Estatuto de Andalucía, exactamente la misma, porque consideramos que esta reforma estatutaria, en los términos en que hoy la vamos a votar, no está viciada por ningún ánimo sectariamente partidista, ni es una herramienta de confrontación contra nadie. Antes al contrario, es fruto del consenso, y su propósito no es otro que el de aportar la base jurídica necesaria para mejorar los mecanismos de autogobierno autonómico en un marco estable de convivencia, un marco en el que quepamos todos y en el que nadie pueda sentirse discriminado o directamente excluido.
Mediante este Estatuto no se pretende reinventar la Constitución por la puerta de atrás sino desarrollarla dentro de los cauces que ella nos define. Aprobar este Estatuto tal y como ha sido acordado supone reforzar la solidez de nuestro Estado de las Autonomías, no lanzar piedras contra él.
Señorías, los andaluces siempre han sido el mejor ejemplo de cómo puede compatibilizarse la defensa de una acusada identidad con su generosa contribución al enriquecimiento de la diversidad intrínseca de la realidad nacional española. Ellos, los andaluces, como pocos, saben, y lo ponen en práctica, que ser más y mejores andaluces es sinónimo de ser más y mejores españoles, y creo, señorías, que este nuevo Estatuto es perfectamente acorde con ese sentimiento. Nadie en Andalucía entendería una norma concebida a la defensiva o un Estatuto de blindajes y de diferencias interesadas. Al contrario, considero que mediante esta reforma se da un nuevo paso al refuerzo de la identidad andaluza de la única forma concebible para los andaluces, esto es, subrayando su carácter de nacionalidad histórica en el marco de la indisoluble unidad de la nación española. Esto es lo que recoge en su artículo 1, y esto es lo que, al cabo, vale.
Concluyo, señor presidente. La aprobación de este nuevo Estatuto para Andalucía es una buena noticia para los andaluces y para los españoles.
Supone retomar el camino del consenso y de la búsqueda prioritaria de coincidencias antes que de diferencias. Es el camino que tan buenos resultados nos ha dado a todos desde la transición y el que nunca nadie debería abandonar.
Hoy quiero reconocer y agradecer al Partido Socialista su decisión de haber retomado este camino y hacer así posible que la aprobación de un Estatuto de Autonomía no sea solo una mera cuestión de mayorías aritméticas sino un acto de auténtico y leal consenso político. Mi deseo es que, por el bien de todos los españoles, en las futuras reformas de estatuto que aquí se planteen, siga siendo así en el futuro.
Por último, no querría terminar mi intervención sin felicitar también públicamente a todos aquellos que han contribuido con su trabajo y con su ánimo de entendimiento al éxito de este Estatuto. Me estoy refiriendo, como es evidente, a los integrantes de la delegación andaluza, de su Parlamento, así como a los diputados y senadores de los distintos grupos que han participado en su trámite parlamentario. A todos ellos mi enhorabuena en nombre de mi grupo por un trabajo bien hecho, y mi enhorabuena también, señor presidente de la Junta de Andalucía, en nombre de mi grupo parlamentario, para todos los andaluces.
Señorías, este es el último Pleno de este año. Creo que el trabajo de esta Cámara y de todas sus señorías ha sido bueno y mucho durante este año. Permítanme, por tanto, en nombre de mi grupo, darles mi enhorabuena y felicitación a todos. Teniendo en cuenta también que hoy es el último día de este período de sesiones, permítanme desearles la mayor felicidad en las próximas fiestas de Navidad.
Muchas gracias (Fuertes y prolongados aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 242; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. (Fuertes y prolongados aplausos de las señoras y los señores senadores puestos en pie dirigiéndose a la tribuna donde se encuentran la señora presidenta del Parlamento de Andalucía, el señor presidente de la Junta de Andalucía y otros representantes de ambas instituciones, así como el Delegado del Gobierno en Andalucía.)

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO:

-- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 40/1998, DE 9 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS, PARA AMPLIAR LAS DEDUCCIONES POR MATERNIDAD (AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO) (S. 622/000045).


-- PROPOSICIÓN DE LEY ALTERNATIVA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LAS LEYES DE LOS IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES, SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES Y SOBRE EL PATRIMONIO, PARA AMPLIAR Y UNIVERSALIZAR LAS DEDUCCIONES POR MATERNIDAD Y/0 POR CUIDADO DE ASCENDIENTES Y/O DISCAPACITADOS (AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (S.
622/000045).


El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al punto cuarto del orden del día.
Toma en consideración de proposiciones de ley del Senado.
Proposición de ley de modificación de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, para ampliar las deducciones por maternidad.
A esta proposición de ley se ha presentado una proposición de ley alternativa de modificación de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, para ampliar y universalizar las deducciones por maternidad y/o por cuidado de ascendientes y/o discapacitados. Autores: el Grupo Parlamentario Mixto, senador Cuenca Cañizares, y el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Para la defensa de la toma en consideración, tiene la palabra el senador Cuenca Cañizares.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, presidente.
Voy a ser breve, señorías, pero eso no quiere decir que no sea importante lo que voy a proponer. La proposición de ley que someto a la consideración de sus señorías pretende que se universalice un derecho y que se elimine una discriminación. Las mujeres han sufrido discriminación, y no podemos permitir que la situación se reproduzca en el colectivo de las mujeres dependiendo de su estatus laboral, de si trabajan o no. En resumen, proponemos que esos 1.200 euros que se pagan a las mujeres trabajadoras por cuenta ajena con hijo menor de tres años a su cargo se les pague a todas las mujeres. No se puede discriminar a las mujeres desempleadas.
La mujer que trabaja tiene derecho a 1.200 euros, y la primera pregunta que habría que hacerse sería: ¿por qué no la desempleada o la parada? Seguro que necesitará esa asignación económica para llevar a su bebé a un centro educativo y que esa compañera pueda salir en busca de un puesto de trabajo. Además, vivimos en un país en el que la enseñanza de cero a tres años no es obligatoria. Si el legislador estableció 1.200 euros a deducir por maternidad para las mujeres trabajadoras que tuvieran hijos menores de tres años, parece lógico que el derecho se extienda a las mujeres desempleadas. Seguro que lo necesitarán igualmente, o mejor, especialmente en este caso: para salir a buscar trabajo.
Esta ley no trató igual a todas las mujeres, sino que las discriminó según su vinculación laboral. La pregunta es: ¿por qué una mujer que tenga un puesto de trabajo tiene derecho a 1.200 euros, y no lo tiene una trabajadora autónoma? En este país, la relación laboral puede ser de varios tipos, para mujeres y para hombres. ¡Cuántas mujeres no tienen otro remedio que recurrir al trabajo autónomo para conseguir ingresos económicos! Hay muchísimas en nuestro país. No parece, pues, lógico que una mujer que posea un pequeño comercio o cualquier otra actividad autónoma no pueda beneficiarse de los 1.200 euros, mientras puede beneficiarse una trabajadora con nómina, independientemente de sus ingresos.
En síntesis, esta es nuestra propuesta, señorías: la universalización de la prestación de 1.200 euros; que se extienda a todas las mujeres.
Además, proponemos que se pueda solicitar el reconocimiento del derecho a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y que pueda ser descontado luego como deducción. Es decir, proponemos que se puedan percibir los 1.200 euros o que se reconozca su deducción. Ya les he dicho que estamos pensando en las mujeres desempleadas o paradas.
Les pedimos que tomen en consideración esta proposición de ley; que se muestren sensibles ante la situación y que acepten la iniciativa a trámite. Luego, durante el proceso de tramitación, habrá ocasión de enmendar o corregir lo que a cada grupo parlamentario le parezca oportuno.
No me voy a manifestar sobre la proposición alternativa que presenta el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Pero no debería ser una propuesta

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contra otra. Son distintas cuestiones y ambas caben en momentos procesales o de debate parlamentario distintos. Así pues, no voy a hacer ningún comentario al respecto, pero sí les digo que si comparten lo que aquí reflejamos, nos apoyen para universalizar un derecho de todas las mujeres.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.
Para la defensa de la toma en consideración de la proposición de ley alternativa presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Gasòliba.


El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gracias, señor presidente.
Señorías, en nuestra proposición de ley alternativa compartimos la misma preocupación que el grupo proponente de la original, aunque hay aspectos que nos diferencian. Como ustedes saben, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha dedicado gran atención al tema de las ayudas a la familia, aunque a veces ha sido como predicar en el desierto.
Aun hoy, una política familiar eficaz tiene un amplio campo en España para ser desarrollada de forma satisfactoria. Lamentablemente nos alejamos de los modelos más completos que existen en la Unión Europea.
Quiero recordar que en 2002 presentamos una serie de propuestas, y posteriormente, en las elecciones de 2004, el programa electoral del PSOE hizo unas propuestas muy generalistas.
El 24 de febrero de 2004 el candidato, don José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a universalizar una paga de cien euros a todas las madres en Santiago de Compostela, durante el congreso de familias numerosas. En abril de 2004 el ministro Caldera manifestó en unas declaraciones hechas a la televisión que debe universalizarse la paga, ya que no es justo que esta se dé a las madres que trabajan, y no a las que no lo hacen. A primeros de mes de julio de 2005, la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, la señora Valcarce, manifestó que la paga de cien euros, tal y como había configurado el Gobierno anterior, no era adecuada porque solo beneficiaba a una parte de las mujeres y dijo que el Gobierno cumpliría sus compromisos. Y el 18 de julio de 2005 a una respuesta por escrito del diputado del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, don Josep Sánchez i Libre, manifestó que el Gobierno tomaba en consideración esta cuestión a efectos de estudio en el proceso de reforma del IRPF, al que haré referencia posteriormente.
La realidad es que el Gobierno presentó el proyecto de ley de reforma fiscal que, como saben sus señorías, contemplaba la reforma del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, y que la paga de cien euros a todas las madres con hijos menores de tres años no se incluyó. En abril de 2006 el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió formula una pregunta oral al presidente del Gobierno sobre si aceptará o no incorporar la universalización de la ayuda de cien euros al mes para todas las madres con hijos menores de tres años en la reforma del IRPF, y la respuesta del presidente del Gobierno es que de nuevo están abiertos a estudiar la propuesta por ser una de las cuestiones sociales con más trascendencia.
Finalmente, como saben sus señorías, la Ley 36/2005 no recoge esta propuesta, a pesar de que nuestra coalición, Convergència i Unió, formuló en el trámite del Congreso la correspondiente enmienda que, además de extender con carácter universal la deducción por maternidad, pretendía que, en el caso de unidades familiares con ingresos dos veces y medio inferiores al salario mínimo interprofesional, la ayuda mensual de cien euros al mes se incrementase en un 50 por ciento. Nosotros proponíamos también esta deducción para el cuidado de ascendientes y personas con discapacidad, tal y como se pretende en la presente proposición de ley alternativa.
Debemos reconocer que, a pesar de no incluir estas medidas, el nuevo IRPF aumenta las rebajas fiscales para las familias, con el incremento de modificaciones fiscales por tercer y cuarto hijo en un 35 y 45 por ciento respectivamente, así como el incremento de las desgravaciones por descendientes entre 0 y 3 años, gracias a los acuerdos que tuvieron lugar entre el Gobierno, el Partido Socialista y la colación de Convergència i Unió. Sin embargo, nosotros consideramos que estos avances continúan siendo insuficientes, pues la realidad es que más de 500.000 mujeres, aproximadamente la mitad de las que tienen hijos menores de tres años, hoy no tienen derecho a percibir la paga de los cien euros mensuales.
Además, tal y como he dicho antes, es un Estado que no se destaca por sus políticas de ayuda a la familia. Para ello me remito a una fuente objetiva como el Sistema Europeo de Estadísticas de Protección Social, que cifra el gasto medio en protección familiar de la Unión Europea en un 2,2 por ciento del producto interior bruto del conjunto de la Unión, mientras que en España es solo del 0,4 por ciento del PIB, o sea, seis veces inferior. Igualmente, la minoración de la cuota diferencial en 1.200 euros anuales para personas que tengan a cargo ascendientes de más de 65 años o personas discapacitadas tiene el mismo fundamento, es decir, la justicia social.
Quiero recordar que una de nuestras principales diferencias con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que presentaba el Gobierno socialista la semana pasada, era precisamente que nuestras propuestas tenían un acento y una preocupación social mucho más acusada que las del propio Gobierno. Y quiero insistir en la contradicción de que un Gobierno socialista sea tan remiso y limitado en algunos de estos aspectos, algo muy poco aceptable, teniendo en cuenta que la buena marcha de la economía permitiría destinar recursos para ello.
Con respecto a la propuesta defendida por el senador Cuenca, nuestra proposición de ley incluye dos diferencias importantes. En primer lugar que, en caso de fallecimiento de la madre, o cuando la guardia y custodia se atribuya de forma exclusiva al padre, o, en su caso, a un tutor --siempre que cumpla los requisitos previstos en este artículo--, este tendrá derecho a la práctica de la deducción pendiente. En segundo lugar, introducimos a las personas que tengan a su cargo ascendientes de más de 65 años que convivan

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con el contribuyente y no tengan rentas anuales, excluidas las exentas superiores a 8.000 euros, con lo que podrían minorar la cuota diferencial de este impuesto en 1.200 euros anuales para cada uno de ellos. Además, el apartado cuarto hace referencia al caso de tener a cargo a alguna persona discapacitada, con una serie de consideraciones, como, por ejemplo, que no tenga rentas anuales, excluidas las exentas superiores a 8.000 euros, que, como en el caso anterior, podrían minorar la cuota diferencial de este impuesto en 1.200 euros anuales. Estos son temas que se encuentran dentro del ámbito de la política familiar y que nosotros defendemos.
Esta propuesta, cuyo origen es anterior a la aprobación de la proposición de ley alternativa, viene de antes de la aprobación de la reforma fiscal que contemplaba el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y también del de Sociedades y llegamos a una serie de acuerdos con el Grupo Parlamentario Socialista y con el Gobierno. Por lo tanto, nos parece coherente dejar un tiempo prudencial para su aplicación y ello nos lleva a retirar nuestra proposición de ley alternativa.
Anuncio que aunque no apoyaremos la propuesta de ley defendida por el senador Cuenca, nos abstendremos, pero si prosperase, nosotros esperamos modificarla en su trámite en el Congreso de los Diputados en las líneas que he anunciado.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, senador Gasóliba.
Turno de portavoces.
¿Grupo Mixto? (Pausa.) ¿Grupo de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Grupo de Convergència i Unió? Tiene la palabra el señor Gasóliba.


El señor GASÒLIBA I BÖHM: Pensaba que iba a haber intervenciones previas, pero como será la última intervención de este año en este Pleno, quería desearles unas felices fiestas y un feliz año nuevo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Podemos hacer una felicitación global al final.
Tiene la palabra el senador Maqueda, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente. «Arratsalde on danori».
Voy a ser muy breve. Desde el escaño, quiero anunciar que mi grupo va a votar favorablemente esta proposición de ley en cuanto se refiere a la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para ampliar las deducciones por maternidad. No es que estemos de acuerdo, como ha dicho el senador Gasòliba, en que deba modificarse esta ley. Mi grupo siempre ha manifestado esta posición favorable a la toma en consideración de las proposiciones de ley. Consideramos que las deducciones son un aspecto muy importante si lo que se pretende es apoyar la maternidad en el país y, en consecuencia, pensamos que debe debatirse y debe hablarse.
Nos parece interesante la propuesta hecha por el senador Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, y --repito-- mi grupo parlamentario votará a favor.
Les deseo felices fiestas a todos, y a principios del próximo año aquí estaremos.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Y un buen año.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Eso es.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Senadora Aroz, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés.


La señora AROZ IBÁÑEZ: Gracias, señor presidente.
Entesa Catalana de Progrés va a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley, que se presenta como ampliación de la deducción fiscal por maternidad. Teniendo en cuenta que se ha retirado la proposición alternativa, voy a referirme exclusivamente a la proposición inicial del Grupo Parlamentario Mixto presentada por el senador Cuenca.
Yendo al fondo de la cuestión --porque hay que decir que la iniciativa se plantea como modificación de una ley inexistente, la Ley 40/1998, que ya está derogada, y en relación al texto refundido 2004, que será derogado el 1 de enero de 2007--, debo decir que la proposición plantea más que una ampliación un cambio de la naturaleza de esta deducción fiscal, conocida popularmente como paga de los cien euros.
Señoría, la regulación vigente, sobre esta cuestión, también recogida en la nueva ley del impuesto sobre la renta, la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, aprobada recientemente, tiene por objeto fomentar el trabajo de la mujer fuera del hogar, compensando parte de los costes derivados de conciliar vida laboral y vida familiar.
Si he entendido bien, el señor Cuenca en su defensa ha venido a decir que solamente afecta a las mujeres que realizan un trabajo por cuenta ajena, y esto, señorías, no es así. La regulación actual, el artículo 83 del texto refundido, establece que esta deducción fiscal afecta a las mujeres con hijos menores de tres años con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes previsto en el artículo 43 de esta ley que realicen una actividad por cuenta propia o ajena, por la cual estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad. La deducción se configura como una minoración de la cuota diferencial de este impuesto hasta en 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años. Esta deducción también es aplicable para los casos de adopción y los casos de fallecimiento de la madre, ya que en este caso sería el padre, el tutor o la persona responsable del menor quien podría acogerse a esta deducción.
Por tanto, señorías, con esta deducción fiscal, con esta medida, se ha tratado de incentivar la incorporación y el

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mantenimiento de la mujer en el mercado laboral, evitando que después de ser madre o después de una adopción la mujer renuncie a su puesto de trabajo --como ocurre muy a menudo--, debido a los costes que supone conciliar ambas responsabilidades.
Pues bien, la medida que se propone vendría a desnaturalizar este objetivo y, señorías, los incentivos fiscales tienen el alcance que tienen, no son determinantes en la toma de decisión de las personas, pero se trata de que sean efectivos y, para ello, deben estar claros los objetivos para los que se han creado.
Señor Cuenca, mi grupo parlamentario es favorable a considerar nuevas medidas de apoyo a la familia bien sea para incentivar la natalidad, para mejorar el tratamiento fiscal de los ascendientes que conviven en la familia o para cualquier otra medida que se considere conveniente.
Como ha señalado acertadamente el senador Gasòliba, en España vivimos una situación en la que el gasto medio destinado a la familia está escandalosamente por debajo de la media de la Unión Europea y de los países más avanzados de la Unión. Por tanto, insisto en que estamos abiertos a considerar nuevas medidas y ahí nos encontrará, señor Cuenca.
Sin embargo, he de decir claramente que no nos parece conveniente la proposición de ley que plantea y, por tanto, votaremos en contra de su toma en consideración.
Con independencia de que el señor presidente haya señalado que al finalizar esta sesión va a expresar una felicitación general, quiero aprovechar la oportunidad que tengo de intervenir en este debate para desear en mi nombre y en el de mi grupo parlamentario a todas sus señorías y a los servicios de la Cámara, muy cordialmente, feliz Navidad.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora senadora.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Ibañez.


La señora IBÁÑEZ VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.
Señoría, el Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del senador de Izquierda Unida, el señor Cuenca Cañizares, presenta con fecha 4 de octubre de 2006 la proposición de ley de modificación de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias para ampliar las deducciones por maternidad.
El objetivo de esta modificación sería que todas las mujeres, independientemente de su renta y de que trabajen por cuenta ajena o sean demandantes de empleo, puedan recibir la ayuda de los cien euros mensuales por el mero hecho de tener un hijo o hija menor de tres años.
Actualmente, señorías, dentro de las políticas públicas estatales de carácter fiscal figura la deducción por maternidad, según el artículo 83 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, conocida también como paga de los cien euros. Esta norma establece que las mujeres con hijos menores de tres años, con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes previsto en el artículo 43 de esta ley, que realicen una actividad por cuenta propia o ajena, por la cual estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, podrán minorar la cuota diferencial de este impuesto hasta en 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años.
De lo anterior se desprende que la deducción por maternidad constituye en la actualidad una minoración de la cuota diferencial del impuesto de 1.200 euros anuales, o sea, cien euros mensuales por cada hijo o hija menor de tres años, siempre que se cumplan los siguientes supuestos. Que se trate de una mujer, padre, tutor o tutora en caso de fallecimiento de la madre con hijos o hijas menores de tres años por los que tengan derecho a la aplicación del mínimo por descendiente, es decir, que el menor conviva con el contribuyente o con la contribuyente y que no tenga rentas anuales, excluidas las exentas superiores a 8.000 euros. El segundo supuesto es que realice una actividad por cuenta propia o ajena por la cual esté dada de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad.
La actual deducción por maternidad se concibe como una medida de política fiscal que pretende desincentivar el abandono de la actividad profesional y laboral de las mujeres en las que concurren dos cualidades, a saber: trabajadoras fuera del hogar y madres. Por ello, señorías, la deducción que ya existe no es una medida de carácter puramente asistencial dirigida a todas las madres con el objeto de facilitar sus condiciones sociales tras la maternidad, sino que se inserta en una lógica diferente que pretende que las madres trabajadoras continúen en sus puestos de trabajo tras el nacimiento y cuidado de su descendencia. Ampliar la ayuda de los cien euros a todas las madres contribuye a invisibilizar la realidad a la que se enfrentan las mujeres trabajadoras.
En definitiva, señorías, esta propuesta de ampliación supondría dar una misma respuesta a situaciones y problemas que son esencialmente diferentes y que requieren, por tanto, medidas distintas que honradamente creemos que no son las que recoge esta proposición de ley.
Respecto a la proposición alternativa que presentaba CiU, que pretendía universalizar la deducción por maternidad extendiendo sus ámbitos subjetivos de aplicación a todos los contribuyentes, procede señalar, en primer lugar, que en la propia redacción hay una contradicción entre el párrafo primero del artículo 81.1, que reconoce el derecho a deducción a todos los contribuyentes, y el párrafo cuarto, que atribuye al padre el derecho a la deducción únicamente en el supuesto del fallecimiento de la madre o atribución exclusiva de la guardia y custodia del menor.
La extensión de la deducción por maternidad vulnera el espíritu que inspiró esta medida, que era fomentar el trabajo de la mujer fuera del hogar compensando parte de los costes sociales y laborales derivados de dicho trabajo. Se preveía también en esta proposición que cuando dos o más contribuyentes tuvieran derecho a la aplicación de estas deducciones, su importe se prorrateara entre ellos a partes iguales. Señorías, esta medida, unida a la posibilidad de solicitar el abono anticipado, ocasionaría enormes dificultades para la gestión inicial y posteriormente graves problemas de comprobación.


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Finalmente, se propone incrementar estas deducciones en un 50 por ciento para los contribuyentes que formen parte de estas unidades familiares cuyos ingresos no superen dos veces y media el salario mínimo o para familias monoparentales. Pues bien, señorías, solo ampliar la deducción a todas las mujeres, teniendo en cuenta que la tasa de actividad femenina es del 48 por ciento, supondría prácticamente doblar el coste del beneficio fiscal.
Aprovecho para agradecer a CiU, en nombre del Grupo Socialista, la retirada de su proposición de ley.
En definitiva, señorías, la configuración actual de la deducción resulta adecuada a su finalidad y, además, el impuesto existente atiende a la incidencia que en la capacidad económica del contribuyente tiene la existencia de personas dependientes a través del mínimo familiar, y es por ello por lo que el voto del Grupo Parlamentario Socialista va a ser contrario a esta proposición de ley.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Do Campo.


La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, durante la pasada legislatura, el Gobierno del Partido Popular aprobó una serie de medidas dirigidas a la conciliación, entre las que destacaba la Ley de conciliación y el programa de ayuda para la construcción de nuevas guarderías infantiles. Y una de las medidas que facilitaron la conciliación fue la llamada paga de los cien euros o, mejor expresado, la deducción por maternidad, de la que se han beneficiado más de un millón de mujeres, y que la senadora Ibáñez nos ha explicado en qué ha consistido, medida propuesta en su día por el Grupo Popular, por el Gobierno del Partido Popular.
El Grupo Parlamentario Popular siempre ha considerado que esta medida suponía un adelanto, pero pretendemos ir más lejos, y por eso vamos a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley. Hace quince meses, el Grupo Parlamentario Popular pedía el apoyo para una proposición no de ley que presentamos en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades que iba en la misma línea, pues pretendía que esta paga se diera con carácter universal a todas las mujeres.En ese momento el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió nos apoyó en virtud de una enmienda transaccional que redactamos y que el Grupo Socialista rechazó.
Nosotros consideramos que esa paga de cien euros o deducción por maternidad es un avance sustancial y, en coherencia, estimamos que debería universalizarse e incluso ampliarse. En ese sentido, hemos presentado una serie de iniciativas a lo largo de esta legislatura. Una fue la proposición de ley que se debatió en esta Cámara y que fue aprobada por todos los grupos, a excepción del Grupo Socialista, en la línea de ampliar la ayuda para las mujeres trabajadoras por un importe de cien euros para el primer hijo, 150 euros para el segundo hijo y 200 euros para el tercer hijo.
La proposición de ley que nos presenta el senador Cuenca va más en la línea de que esta ayuda se pueda universalizar a todas las mujeres. En ese sentido, nosotros, en coherencia con lo que hemos propuesto y defendido tanto en esta Cámara como en el Congreso, vamos a apoyarla.
Somos conscientes de que es una medida positiva para las mujeres, para la incorporación a la vida laboral de las mujeres, para la conciliación tanto de los hombres como de las mujeres. Asimismo, somos conscientes de que, hoy en día, el cincuenta por ciento de las mujeres que tienen hijos pueden acceder a esa ayuda, por lo que sería importante que pudiera extenderse a todas las mujeres que tienen hijos.
Está claro que no todos los grupos tienen la misma coherencia.
Sinceramente, a mí me sorprende la posición del Grupo Socialista, que en su día criticó la medida de deducción por maternidad propuesta por el Gobierno del Partido Popular, objetando que esta ayuda no era universal.
Por lo tanto no entendemos el posicionamiento que tienen ahora. Tampoco entendemos la postura del señor Zapatero --como se ha señalado aquí--, pues en su programa electoral planteaba universalizar dicha medida a todas las mujeres que tuviesen hijos menores de tres años. Aquí mismo se ha manifestado que el propio señor Zapatero, en Santiago de Compostela, se comprometió a ello en el Congreso Nacional de Familias Numerosas. Pero no solo llegó eso al señor Zapatero; en su propio discurso de investidura mantiene ese mismo compromiso, y no lo mantiene él solo, sino también representantes de su gabinete. Puedo indicar que el señor Caldera reiteró lo prometido por el señor Zapatero en abril de 2004, manifestando que iba a extender la ayuda a todas las mujeres, y él mismo señaló: queremos que sea una ayuda a la familia y no solo a las mujeres trabajadoras. Por tanto, nos comprometemos a ello.
Además del señor Caldera, su propia secretaria de Estado, la señora Amparo Valcarce, en junio de 2005, también afirmó que estaba de acuerdo con que esta paga se tenía que extender a otros colectivos que hasta ahora estaban excluidos, y especialmente se refería a las mujeres sin trabajo remunerado.
Por último, la propia secretaria general de Políticas de Igualdad, la senadora Murillo, nos abrió la luz en esta Cámara y a esta misma senadora que les está hablando le dijo que ella no se comprometía a adoptar esa medida y que en principio no se iba a ampliar.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, también lamentamos el posicionamiento del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que presentó una proposición de ley alternativa que podríamos llegar discutir e incluso estaríamos de acuerdo en la medida, pero ahora ha anunciado que la retira. No entendemos que ustedes, que han apoyado la última reforma del IRPF a la que se ha referido la senadora Aroz, que es en realidad lo que estamos modificando hoy con esta proposición de ley, no incluyeran en la Ley 35/2006 esta ampliación de deducción por maternidad. Pero menos aún entendemos que quieran más, como han demostrado con su voto en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer al apoyar una proposición no de ley que claramente quiere incluir a las mujeres madres de hijos menores de 3 años que trabajen por cuenta propia y por

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cuenta ajena de forma universal e incluso proponen que se amplíe la paga de los 100 euros. Sin embargo, hoy el representante del Grupo Catalán de Convergència i Unió dice que se va a abstener. Sinceramente, no lo puedo entender. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Por último, quiero dejar claro que el Grupo Parlamentario Popular es coherente. Cuando estaba en el Gobierno presentó esta iniciativa que era buena para las mujeres, para su incorporación al mundo laboral y para la conciliación de la vida familiar. Así lo hemos manifestado en las comisiones y en los plenos donde hemos tenido que defender esta ampliación de la medida para todas las mujeres a fin de que fuese universal, como ahora también hacemos aunque se trate de una iniciativa del senador Cuenca. Como somos coherentes, debemos generalizar y apoyar esta medida que resulta positiva para todas las mujeres.
Finalizo deseando a todos los representantes de esta Cámara una feliz Navidad y un mejor año 2007.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señorías, en la medida en que ha sido retirada la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, no queda más que la del Grupo Mixto, defendida por el senador Cuenca Cañizares.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor,127 ; en contra,104 ; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley de modificación de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias para ampliar las deducciones por maternidad.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN RELACIÓN CON CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

-- EN RELACIÓN CON EL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE MADRID Y CASTILLA Y LEÓN PARA LA EJECUCIÓN DE UNA POLÍTICA CONJUNTA EN MATERIA DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE USO GENERAL DE VIAJEROS POR CARRETERA ASÍ COMO DE TRANSPORTE POR FERROCARRIL , EN RELACIÓN CON DETERMINADOS MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE ÁVILA Y SEGOVIA (S. 592/000008) (C. D. 093/000008).


El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al punto quinto del orden del día: Dictámenes de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con convenios y acuerdos de cooperación entre comunidades autónomas. Dictamen en relación con el convenio específico de colaboración entre las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León para la ejecución de una política conjunta en materia de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera así como de transporte por ferrocarril en relación con determinados municipios de las provincias de Ávila y Segovia.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Dado que el Dictamen de la Comisión General de las Comunidades Autónomas concluye que no es necesaria la autorización de las Cortes Generales, votar sí al Dictamen entraña ratificar este criterio y votar no significa considerar que es necesaria la citada autorización.
¿Se puede entender que queda aprobado por asentimiento? (Asentimiento.) Queda aprobado el dictamen de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.


SOLICITUDES DE CREACIÓN DE COMISIONES ESPECIALES:

-- SOLICITUD DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA ESCOLAR Y, EN GENERAL, DEL DETERIORO DE LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS (S. 650/000003).


El señor PRESIDENTE: Punto sexto del orden del día: Solicitud de creación de una Comisión especial para el estudio del problema de la violencia escolar y, en general, del deterioro de la convivencia en los centros educativos.
¿Qué grupos desean intervenir? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Durán.


La señora DURÁN FRAGUAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, iba a decir que intervenía en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, pero, en vista de lo que hay, voy a intervenir en nombre de todos los grupos, y además es fácilmente comprensible: para expresar la posición creo que de todos los grupos, puesto que es unánime, sobre la solicitud de creación de una comisión especial para el estudio del problema de la violencia escolar y, en general, del deterioro de la convivencia en los centros educativos.
Vaya por delante que creemos que esta comisión debería haberse centrado en la mejora de la convivencia, no en el deterioro de la misma. Señorías, no es nuevo este tema en el Senado, al menos en la presente legislatura.
El día 8 de febrero de 2005, se aprueba por unanimidad en esta Cámara una moción, a propuesta del Grupo Socialista, por la que se insta al Gobierno a impulsar y realizar un estudio sobre la situación actual de la violencia escolar en los centros de Infantil, Primaria y Secundaria.
Posteriormente, el día 7 de junio de 2005, se aprueba también por unanimidad otra moción, esta vez del Grupo Popular, por la que se

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acuerda la creación de una ponencia en el seno de la Comisión de Educación que estudie el problema del acoso y la violencia física y psicológica entre escolares.
Finalmente, se constituye esta ponencia que celebra dos reuniones, concretamente los días 2 de octubre y 20 de noviembre de 2006. A pesar de su corta andadura, señorías, esta ponencia que hoy se convertirá en comisión especial, tuvo muy buena acogida tanto en la comunidad educativa, como en la sociedad en general. Yo les invito, señorías, ahora, en las vacaciones de Navidad a teclear: ponencia sobre violencia escolar, en cualquier buscador de Internet. Probablemente se asombrarán de la cantidad de entradas que encontrarán.
También han sido numerosas las personas que se han puesto en contacto con todos los miembros de esta ponencia para compartir con nosotros sus opiniones o su experiencia, en este campo concreto, de la convivencia escolar. Tal vez no sea ejeno a ese éxito el consenso que siempre hemos conseguido y que espero que mantengamos en el futuro.
Señorías, la educación del siglo XXI tiene que adaptarse a una sociedad cada vez más compleja y diversificada en el plano cultural, donde el papel de la escuela como servicio público ponga de manifiesto su función indispensable de la cohesión social y del aprendizaje de la vida en comunidad. El pasado mes de marzo el Ministerio de Educación y Ciencia estableció un plan para la promoción y mejora de la convivencia escolar mediante acuerdos con las siete mayores organizaciones sindicales, la mayoría de representantes de padres y madres de alumnos y los titulares de los centros educativos. Algunas de las acciones que se contemplan en el plan ya se han puesto en marcha o lo harán en breve. Me gustaría destacar dos, la creación del observatorio estatal de la convivencia escolar y prevención de conflictos y la realización de estudios que permitan conocer con rigor las dimensiones de este fenómeno en el ámbito escolar. Hay que destacar uno que está suscrito con la oficina del Defensor del Pueblo para réplica del estudio que se desarrolló entre 1999 y 2000, que permitirá conocer la evolución de estos fenómenos en el plazo transcurrido desde entonces, y los datos de este estudio, señorías, estarán disponibles en febrero del 2007. También hay que destacar un estudio sobre las dimensiones reales de la violencia y el acoso escolar en España, que se ha encargado a un equipo dirigido por María José Díaz Aguado, catedrática de la Universidad Complutense e investigadora de larga experiencia y gran prestigio en estos temas. Se está procediendo a la recogida de datos y el informe estará disponible en los primeros meses del 2007.
Señorías, para finalizar, el Grupo Parlamentario Socialista y el resto de los grupos apoyan la creación de esta comisión especial en la seguridad de que el trabajo que aquí desarrollemos será una muestra de que todo el arco parlamentario, aunque sea para estos temas, pueda trabajar unido, algo, por cierto, imprescindible cuando se trata de mejorar la convivencia de nuestros centros educativos, germen, no lo olviden, señorías, de la convivencia pacífica de una sociedad democrática como la nuestra. Feliz Navidad.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Después de la intervención de la senadora Durán, ¿puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Se aprueba por asentimiento.


CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

-- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN ABU DHABI EL 5 DE MARZO DE 2006 (S. 610/000184) (C. D. 110/000183).


El señor PRESIDENTE: Puto sexto del orden del día: Tratados y convenios internacionales. Convenio entre el Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Abu Dabi el 5 de marzo de 2006.
No se han presentado propuestas.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) ¿Se puede entender concedida la autorización? (Pausa.) Se autoriza.
Después de felicitarles a todos la Navidad, les deseo también lo mejor para el Año Nuevo; que el año que viene nos sigamos viendo tan estupendos como este.
Se levanta la sesión. (Aplausos.)

Eran las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos.

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