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DS. Senado, Pleno, núm. 111, de 21/02/2007
 

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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO

Año 2007 VIII Legislatura
Núm. 111
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 21 de febrero de 2006


ORDEN DEL DÍA:

Primero

PREGUNTAS

-- De D. AGUSTÍN CONDE BAJÉN, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si ratifica el Ministro de Justicia sus declaraciones en las que afirmaba que el Consejo General del Poder Judicial carece de legitimidad. (Publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie I, número 653, de fecha 19 de febrero de 2007). (Núm. exp.
S. 680/001152).


-- De D.ª MARÍA DEL CARMEN GUERRA GUERRA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si puede explicar el Gobierno la situación de abandono que han sufrido los miembros del Cuerpo Nacional de Policía enviados a Mauritania para identificar y repatriar a los ocupantes del barco «Marine I». (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 653, de fecha 19 de febrero de 2007).
(Núm. exp. S. 680/001151).


-- De D. IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las razones por las que se han concedido privilegios penitenciarios al preso de la banda terrorista ETA José Ignacio de Juana Chaos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 653, de fecha 19 de febrero de 2007). (Núm. exp.
S. 680/001153).


Página 6688


-- De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre las acciones previstas por el Ministerio de Cultura para dar cumplimiento al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), por el que se solicita que se tome una decisión definitiva con respecto al proyecto de intervención en las cubiertas de su catedral. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 653, de fecha 19 de febrero de 2007). (Núm. exp. S. 680/001158).


-- De D. ADOLFO ABEJÓN ORTEGA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la valoración que hace el Gobierno del recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña contra el Decreto que introduce la tercera hora semanal de castellano para los alumnos de primaria. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 653, de fecha 19 de febrero de 2007).
(Núm. exp. S. 680/001149).


-- De D. MANUEL PEZZI CERETO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración del Gobierno con respecto al acuerdo con las Comunidades Autónomas, en el marco de la III Conferencia de Presidentes, para la puesta en marcha del mapa de grandes infraestructuras científicas y tecnológicas. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 653, de fecha 19 de febrero de 2007). (Núm. exp.
S. 680/001165).


-- De D. VÍCTOR MANUEL URRUTIA ABAIGAR, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las novedades que el Gobierno incorporará en el nuevo Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i), elaborado en el marco de la estrategia acordada en la III Conferencia de Presidentes. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 653, de fecha 19 de febrero de 2007). (Núm. exp. S. 680/001166).


-- De D.ª ANA LUISA DURÁN FRAGUAS, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la forma en que afectan a la Comunidad Autónoma de Castilla y León los acuerdos de la III Conferencia de Presidentes en relación con el mapa de grandes infraestructuras científicas y tecnológicas. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 653, de fecha 19 de febrero de 2007). (Núm. exp. S. 680/001167).


-- De D.ª MARÍA DOLORES DE COSPEDAL GARCÍA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la valoración del Gobierno con respecto al incremento de víctimas de violencia de género producido en el año 2006.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 653, de fecha 19 de febrero de 2007). (Núm. exp. S.
680/001150).


-- De D. DIONISIO GARCÍA CARNERO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si es consciente el Gobierno de que las declaraciones efectuadas por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en su viaje a Ecuador provocan un nuevo «efecto llamada» para la inmigración ilegal.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 653, de fecha 19 de febrero de 2007). (Núm. exp. S.
680/001155).


-- De D. RAMÓN COMPANYS I SANFELIÚ, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre las líneas básicas del real decreto que está preparando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por el que se prohíbe el paso de los vehículos con tracción a las cuatro ruedas en las vías rurales no pavimentadas. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 653, de fecha 19 de febrero de 2007). (Núm. exp. S. 680/001160).


-- De D. CRISTÓBAL JOSÉ LÓPEZ CARVAJAL, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración que hace el Gobierno de la evolución del gasto farmacéutico en el año 2006. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 653, de fecha 19 de febrero de 2007). (Núm. exp. S. 680/001169).


-- De D. JOAQUÍN ANTONIO BELLÓN MARTÍNEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la finalidad del estudio antropométrico de la población femenina que va a realizar el Ministerio de Sanidad y Consumo. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 653, de fecha 19 de febrero de 2007). (Núm. exp. S. 680/001170).


Página 6689


-- De D.ª ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las últimas actuaciones del Gobierno, dentro del programa de vivienda joven, del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 653, de fecha 19 de febrero de 2007). (Núm. exp. S. 680/001171).


-- De Dª. SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si tiene previsto el Gobierno alguna actuación urgente para mejorar los accesos desde el Aljarafe (Sevilla) a la ciudad.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 653, de fecha 19 de febrero de 2007). (Núm. exp. S.
680/001154).


-- De D. VÍCTOR BRAVO DURÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las previsiones del Gobierno para la implantación de sistemas de seguridad para motoristas en la red de carreteras del Estado que eviten los graves accidentes y secuelas que padecen. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 653, de fecha 19 de febrero de 2007). (Núm. exp.
S. 680/001157).


-- De D. LLUÍS BADIA I CHANCHO, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre el grado de cumplimiento de las cláusulas primera y tercera del convenio suscrito entre el Ministerio de Fomento y la empresa Autopistas, Concesionaria Española, S.A. (ACESA), para la modificación de determinados términos de la concesión de las autopistas entre Barcelona y La Jonquera (Girona), Barcelona y Tarragona, Montmeló (Barcelona), El Papiol (Barcelona) y Zaragoza, y Zaragoza y el Mediterráneo. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 653, de fecha 19 de febrero de 2007). (Núm. exp.
S. 680/001161).


-- De D. JOAN JOSEP NUET I PUJALS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre el calendario previsto por el Gobierno para la llegada del tren de alta velocidad a Barcelona. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 653, de fecha 19 de febrero de 2007). (Núm. exp. S. 680/001163).


-- De D. LLUÍS ARAGONÈS DELGADO DE TORRES, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre si comparte el Gobierno que los criterios de adjudicación a las compañías aéreas de la terminal sur del aeropuerto de El Prat (Barcelona) deban primar y garantizar que dicha infraestructura se convierta en el «hub» de las rutas internacionales para el sur de Europa. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 653, de fecha 19 de febrero de 2007). (Núm. exp.
S. 680/001164).


-- De D. FRANCISCO XESÚS JORQUERA CASELAS, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre si el Gobierno contempla un sistema de incentivos positivos a la implantación de centros de consumo industrial en territorios excedentarios de producción eléctrica. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 653, de fecha 19 de febrero de 2007). (Núm. exp. S. 680/001148).


-- De D. FRANCISCO JAVIER MAQUEDA LAFUENTE, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre la opinión del Gobierno en relación al comunicado emitido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el sentido de dar por finalizada su mediación entre la empresa Babcock Power España, S.A. y los sindicatos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 653, de fecha 19 de febrero de 2007). (Núm. exp. S. 680/001156).


-- De Dª. YOLANDA VICENTE GONZÁLEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración del Gobierno acerca de los últimos datos de crecimiento económico del país. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 653, de fecha 19 de febrero de 2007). (Núm. exp. S. 680/001168).


-- De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre las medidas previstas por el Gobierno para corregir las deficiencias actuales en el servicio de solicitud y renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte en la isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 653, de fecha 19 de febrero de 2007). (Núm. exp. S. 680/001159).


-- De D. EDUARDO CUENCA CAÑIZARES, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la valoración del Gobierno acerca del funcionamiento de las instituciones del Estado. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 653, de fecha 19 de febrero de 2007). (Núm. exp.
S. 680/001162).


Página 6690


Segundo

INTERPELACIONES

-- De D. MANUEL BLASCO MARQUES, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre el grado de ejecución del Plan Específico para Teruel 2005-2008. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 653, de fecha 19 de febrero de 2007). (Núm. exp.
S. 670/000144).


-- De D. JORDI GUILLOT MIRAVET, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las medidas que tiene previsto desarrollar el Gobierno para reducir las emisiones de dióxido de carbono, el calendario de aplicación y la consecución del cumplimiento del Protocolo de Kyoto (Japón). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 653, de fecha 19 de febrero de 2007). (Núm. exp.
S. 670/000142).


-- De D. FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre la política del Gobierno para evitar posibles abusos en los incrementos de los precios de la telefonía móvil. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 653, de fecha 19 de febrero de 2007). (Núm. exp.
S. 670/000143).


-- De D. PERE MACIAS I ARAU, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la seguridad de las obras públicas que se están ejecutando en la Comunidad Autónoma de Cataluña. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 653, de fecha 19 de febrero de 2007). (Núm. exp. S. 670/000145).


Tercero

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

-- De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-B, número 19, de fecha 21 de febrero de 2007). (Núm. exp. S.
605/000004). (Núm. exp. C.D. 127/000005).


-- De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley de sociedades profesionales. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 78, de fecha 9 de febrero de 2007).
(Núm. exp. S. 621/000078). (Núm. exp. C.D. 121/000077).


-- De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 79, de fecha 9 de febrero de 2007).
(Núm. exp. S. 621/000079). (Núm. exp. C.D. 121/000089).


Cuarto

CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

-- Proyecto de Ley de declaración del Parque Nacional de Monfragüe.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 82, de fecha 26 de diciembre de 2006). (Núm. exp. S.
621/000082). (Núm. exp. C.D. 121/000088).


Página 6691


SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.


PREGUNTAS (Página 6698)

De D. AGUSTÍN CONDE BAJÉN, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si ratifica el Ministro de Justicia sus declaraciones en las que afirmaba que el Consejo General del Poder Judicial carece de legitimidad (Página 6698)

El señor Conde Bajén formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Justicia (Fernández Bermejo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Conde Bajén. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Justicia (Fernández Bermejo).


De Dª. MARÍA DEL CARMEN GUERRA GUERRA, del GRUPO PARLAMEN-TARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si puede explicar el Gobierno la situación de abandono que han sufrido los miembros del Cuerpo Nacional de Policía enviados a Mauritania para identificar y repatriar a los ocupantes del barco «Marine I» (Página 6699)

La señora Guerra Guerra formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Guerra Guerra. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba).


De D. IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las razones por las que se han concedido privilegios penitenciarios al preso de la banda terrorista ETA José Ignacio de Juana Chaos (Página 6700)

El señor Cosidó Gutiérrez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cosidó Gutiérrez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba).


De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre las acciones previstas por el Ministerio de Cultura para dar cumplimiento al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), por el que se solicita que se tome una decisión definitiva con respecto al proyecto de intervención en las cubiertas de su catedral (Página 6702)

El señor Melchior Navarro formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Cultura (Calvo Poyato). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Melchior Navarro. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Cultura (Calvo Poyato).


De D. ADOLFO ABEJÓN ORTEGA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la valoración que hace el Gobierno del recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña contra el Decreto que introduce la tercera hora semanal de castellano para los alumnos de primaria (Página 6703)

El señor Abejón Ortega formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Educación y Ciencia (Cabrera Calvo-Sotelo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Abejón Ortega. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Educación y Ciencia (Cabrera Calvo-Sotelo).


De D. MANUEL PEZZI CERETO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración del Gobierno con respecto al acuerdo con las Comunidades Autónomas, en el marco de la III Conferencia de Presidentes, para la puesta en marcha del mapa de grandes infraestructuras científicas y tecnológicas (Página 6704)

El señor Pezzi Cereto formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Educación y Ciencia (Cabrera Calvo-Sotelo).


De D. VÍCTOR MANUEL URRUTIA ABAIGAR, del GRUPO PARLAMEN-TARIO SOCIALISTA, sobre las nove-dades que el Gobierno incorporará en el nuevo Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i), elaborado en el marco de la estrategia acordada en la III Conferencia de Presidentes (Página 6705)

Página 6692


El señor Urrutia Abaigar formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Educación y Ciencia (Cabrera Calvo-Sotelo).


De D.ª ANA LUISA DURÁN FRAGUAS, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la forma en que afectan a la Comunidad Autónoma de Castilla y León los acuerdos de la III Conferencia de Presidentes en relación con el mapa de grandes infraestructuras científicas y tecnológicas (Página 6706)

La señora Durán Fraguas formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Educación y Ciencia (Cabrera Calvo-Sotelo).


De Dª. MARÍA DOLORES DE COSPEDAL GARCÍA, del GRUPO PARLAMEN-TARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la valoración del Gobierno con respecto al incremento de víctimas de violencia de género producido en el año 2006 (Página 6707)

La señora De Cospedal García formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora De Cospedal García. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán).


De D. DIONISIO GARCÍA CARNERO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si es consciente el Gobierno de que las declaraciones efectuadas por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en su viaje a Ecuador provocan un nuevo «efecto llamada» para la inmigración ilegal (Página 6708)

El señor García Carnero formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor García Carnero. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán).


De D. RAMÓN COMPANYS I SANFELIÚ, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre las líneas básicas del real decreto que está preparando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por el que se prohíbe el paso de los vehículos con tracción a las cuatro ruedas en las vías rurales no pavimentadas (Página 6710)

El señor Companys i Sanfeliú formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Companys i Sanfeliú. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana).


De D. CRISTÓBAL JOSÉ LÓPEZ CARVAJAL, del GRUPO PARLAMEN-TARIO SOCIALISTA, sobre la valoración que hace el Gobierno de la evolución del gasto farmacéutico en el año 2006 (Página 6711)

El señor López Carvajal formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez).


De D. JOAQUÍN ANTONIO BELLÓN MARTÍNEZ, del GRUPO PARLAMEN-TARIO SOCIALISTA, sobre la finalidad del estudio antropométrico de la población femenina que va a realizar el Ministerio de Sanidad y Consumo (Página 6712)

El señor Bellón Martínez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez).


De Dª. ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las últimas actuaciones del Gobierno, dentro del programa de vivienda joven, del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 (Página 6713)

La señora Rodríguez García formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Vivienda (Trujillo Rincón).


De Dª. SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si tiene previsto el Gobierno alguna actuación urgente para mejorar los accesos desde el Aljarafe (Sevilla) a la ciudad (Página 6714)

La señora Becerril Bustamante formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). En turno de

Página 6693


réplica, interviene de nuevo la señora Becerril Bustamante. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


De D. VÍCTOR BRAVO DURÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las previsiones del Gobierno para la implantación de sistemas de seguridad para motoristas en la red de carreteras del Estado que eviten los graves accidentes y secuelas que padecen (Página 6715)

El señor Bravo Durán formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Bravo Durán. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


De D. LLUÍS BADIA I CHANCHO, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre el grado de cumplimiento de las cláusulas primera y tercera del convenio suscrito entre el Ministerio de Fomento y la empresa Autopistas, Concesionaria Española, S.A. (ACESA), para la modificación de determinados términos de la concesión de las autopistas entre Barcelona y La Jonquera (Girona), Barcelona y Tarragona, Montmeló (Barcelona), El Papiol (Barcelona) y Zaragoza, y Zaragoza y el Mediterráneo (Página 6717)

El señor Badia i Chancho formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Badia i Chancho. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


De D. JOAN JOSEP NUET I PUJALS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre el calendario previsto por el Gobierno para la llegada del tren de alta velocidad a Barcelona (Página 6718)

El señor Nuet i Pujals formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Nuet i Pujals. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


De D. LLUÍS ARAGONÈS DELGADO DE TORRES, del GRUPO PARLAMEN-TARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre si comparte el Gobierno que los criterios de adjudicación a las compañías aéreas de la terminal sur del aeropuerto de El Prat (Barcelona) deban primar y garantizar que dicha infraestructura se convierta en el «hub» de las rutas internacionales para el sur de Europa (Página 6719)

El señor Aragonès Delgado de Torres formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Aragonès Delgado de Torres. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


De D. FRANCISCO XESÚS JORQUERA CASELAS, del GRUPO PARLAMEN-TARIO MIXTO, sobre si el Gobierno contempla un sistema de incentivos positivos a la implantación de centros de consumo industrial en territorios excedentarios de producción eléctrica (Página 6720)

El señor Jorquera Caselas formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Clos i Matheu). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Jorquera Caselas. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Clos i Matheu).


De D. FRANCISCO JAVIER MAQUEDA LAFUENTE, del GRUPO PARLAMEN-TARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre la opinión del Gobierno en relación al comunicado emitido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el sentido de dar por finalizada su mediación entre la empresa Babcock Power España, S.A. y los sindicatos (Página 6722)

El señor Maqueda Lafuente formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Maqueda Lafuente. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).


Página 6694


De D.ª YOLANDA VICENTE GONZÁLEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración del Gobierno acerca de los últimos datos de crecimiento económico del país (Página 6723)

La señora Vicente González formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).


De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre las medidas previstas por el Gobierno para corregir las deficiencias actuales en el servicio de solicitud y renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte en la isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)

Esta pregunta ha sido aplazada.


De D. EDUARDO CUENCA CAÑIZARES, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la valoración del Gobierno acerca del funcionamiento de las instituciones del Estado

Esta pregunta ha sido aplazada.


INTERPELACIONES

De D. MANUEL BLASCO MARQUES, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre el grado de ejecución del Plan Específico para Teruel 2005-2008 (Página 6725)

El señor Blasco Marques realiza la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). Vuelve a intervenir el señor Blasco Marques. Cierra el debate el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).


De D. JORDI GUILLOT MIRAVET, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las medidas que tiene previsto desarrollar el Gobierno para reducir las emisiones de dióxido de carbono, el calendario de aplicación y la consecución del cumplimiento del Protocolo de Kyoto (Japón) (Página 6730)

El señor Guillot Miravet realiza la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).
Vuelve a intervenir el señor Guillot Miravet. Cierra el debate la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).


De D. FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre la política del Gobierno para evitar posibles abusos en los incrementos de los precios de la telefonía móvil (Página 6736)

El señor Albistur Marin realiza la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Clos i Matheu). Vuelve a intervenir el señor Albistur Marin. Cierra el debate el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Clos i Matheu).


De D. PERE MACIAS I ARAU, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la seguridad de las obras públicas que se están ejecutando en la Comunidad Autónoma de Cataluña (Página 6741)

El señor Macias i Arau realiza la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). Vuelven a intervenir el señor Macias i Arau y la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). El señor Macias i Arau hace nuevamente uso de la palabra.
Cierra el debate la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


Se suspende la sesión a las catorce horas y treinta minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 6747)

De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears (Página 6747)

Página 6695


Comienza el debate de totalidad.


En turno a favor hacen uso de la palabra los señores Seguí Díaz y Bellón Martínez. A continuación interviene el representante del Grupo Territorial Popular de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, senador Marí Marí. En turno de portavoces hacen uso de la palabra los señores Mur Bernad, por el Grupo Parlamentario Mixto; Mendoza Cabrera, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; Casas i Bedós, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; la señora Loroño Ormaechea, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; los señores Aleu i Jornet, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Pérez Sáenz, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Seguí Díaz, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia el debate del articulado.


El señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas 1 a 20. El señor Bonet i Revés defiende la enmienda número 24, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. En turno en contra hacen uso de la palabra los señores Gutiérrez González y Pérez Sáenz.


En turno de portavoces, intervienen los señores Jorquera Caselas, por el Grupo Parlamentario Mixto; Casas i Bedós, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; la señora Loroño Ormaechea, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; los señores Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Lerma Blasco, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Seguí Díaz, por el Grupo Parlamentario Popular.


Finalmente, hace uso de la palabra el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero).


Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 1, del señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, por 1 voto a favor, 206 en contra y 19 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del señor Cuenca Cañizares, por 1 voto a favor, 216 en contra y 13 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 24, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 6 votos a favor, 210 en contra y 15 abstenciones.


Se aprueba la propuesta de reforma del Estatuto de las Illes Balears por 224 votos a favor y 7 abstenciones.


El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda aprobada por el Senado la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears en los términos en que ha sido remitida por el Congreso de los Diputados, que introdujo modificaciones en la propuesta que le envió en su día el Parlamento de las Illes Balears, y que, en consecuencia, esta propuesta de reforma será trasladada al Parlamento de las Illes Balears a efectos de lo dispuesto en el correspondiente Estatuto de Autonomía.


De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley de sociedades profesionales (Página 6769)

La señora Martínez García, presidenta de la Comisión, presenta el dictamen.


Comienza el debate del articulado.


El señor Ayala Fonte defiende la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria. El señor Badia i Chancho defiende las enmiendas números 12 a 19, 21 a 36, 38, 39 y 41 a 49, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Zubia Atxaerandio defiende las enmiendas números 2 a 10, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Caballero Moya defiende el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista por el que se solicita la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en relación con el artículo 4.4, en lo modificado por la enmienda número 20 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y en relación con la disposición adicional sexta, modificada por las enmiendas números 37 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y 67 del Grupo Parlamentario Popular, así como la supresión de la disposición adicional segunda bis (nueva), incorporada por las enmiendas números 40, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y 68, del Grupo Parlamentario Popular. La señora De España Moya defiende las enmiendas números 50 a 65 y 69 a 72.


En turno de portavoces, intervienen los señores Bofill Abelló, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y Caballero Moya, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora De España Moya, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, por 11 votos a favor, 201 en contra y 1 abstención.


Se aprueba la enmienda número 32, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 107 votos a favor, 105 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 12, 13, 26, 38, 47 y 48, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 11 votos a favor, 201 en contra y 1 abstención.


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Se aprueban las enmiendas números 39 y 45, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 113 votos a favor, 97 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, salvo las números 14 y 27, que soportan transaccionales, por 9 votos a favor, 201 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 2, 3, 6, 9 y 10, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 11 votos a favor, 200 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 5, 7 y 8, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 7 votos a favor, 205 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 7 votos a favor, 201 en contra y 5 abstenciones.


Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que propone la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda número 20 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 101 votos a favor y 112 en contra.


Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que propone la supresión de la disposición adicional segunda bis (nueva), incorporada por las enmiendas 40 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y 68 del Grupo Parlamentario Popular, por 99 votos a favor y 114 en contra.


Se rechaza la enmienda del mismo grupo parlamentario de vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en relación con la disposición adicional sexta, modificada por las enmiendas números 37, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y 67, del Grupo Parlamentario Popular, por 99 votos a favor y 114 en contra.


Se aprueba la enmienda número 54, del Grupo Parlamentario Popular, por 207 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.


Se aprueba la enmienda número 52, del Grupo Parlamentario Popular, por 113 votos a favor y 99 en contra.


Se aprueba la enmienda número 63, del mismo grupo parlamentario, por 111 votos a favor y 101 en contra.


Se aprueba la enmienda número 64, del Grupo Parlamentario Popular, por 112 votos a favor y 100 en contra.


Se aprueba la número 65, del Grupo Parlamentario Popular, por 113 votos a favor y 99 en contra.


Se aprueba la enmienda 71, del Grupo Parlamentario Popular, por 114 votos a favor y 99 en contra.


Se aprueba la enmienda 60, del Grupo Parlamentario Popular, por 109 votos a favor, 98 en contra y 4 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 50, 53 y 55 a 59, del Grupo Parlamentario Popular, por 106 votos a favor y 107 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 69 y 70, del mismo grupo parlamentario, por 106 votos a favor y 107 en contra.


Se aprueban las enmiendas números 51, 61, 62 y 72, del Grupo Parlamentario Popular, por 105 votos a favor, 104 en contra y 4 abstenciones.


Se aprueban las propuestas de modificación con números de registro 84269 y 84270 por asentimiento de la Cámara.


Se aprueba el resto del proyecto de ley por 213 votos a favor.


El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas (Página 6778)

La señora Martínez García, presidenta de la Comisión, presenta el dictamen.


Comienza el debate del articulado.


El señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende su enmienda número 1. El señor Badia i Chancho defiende las enmiendas números 18 a 25, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La señora Etxegoyen Gaztelumendi defiende las enmiendas números 4 a 7, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Bofill Abelló defiende las enmiendas números 26, 27, 29 a 34 y 36 a 39, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. El señor Nogueira Pol anuncia la retirada de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números 9, 10, 11, 13, 14 y primer párrafo de la 12, manteniendo vivas el resto de esta última y las números 8 y 15 a 17.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Granado Paniagua.


En turno de portavoces, intervienen los señores Cuenca Cañizares, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Ayala Fonte, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, así como la señora Etxegoyen

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Gaztelumendi, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; el señor Bofill Abelló, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; la señora Granado Paniagua, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Nogueira Pol, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 1, del señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, por 8 votos a favor, 189 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 18 a 21, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 8 votos a favor, 187 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 23, 24 y 25, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 11 votos a favor, 185 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 4 a 7, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 10 votos a favor, 186 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas 8, 12, en lo referido a las letras a), b) y c), y las números 15, 16 y 17, del Grupo Parlamentario Popular, por 95 votos a favor y 101 en contra.


Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 84251 por asentimiento de la Cámara.


Se aprueban las partes del proyecto de ley enmendadas en Comisión y no comprendidas en la votación anterior, en un solo bloque, por 196 votos a favor.


Se aprueba el resto del proyecto de ley por 196 votos a favor y 1 en contra.


El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 6788)

Proyecto de Ley de declaración del Parque Nacional de Monfragüe (Página 6788)

En turno de portavoces, intervienen la señora Loroño Ormaechea, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; los señores Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Fuentes Gallardo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y García Ballestero, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se aprueba por asentimiento de la Cámara el proyecto de ley.


El señor presidente anuncia que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales este proyecto de ley.


Se levanta la sesión a las veintiuna horas y veinte minutos.


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Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.


PREGUNTAS

-- DE DON AGUSTÍN CONDE BAJÉN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI RATIFICA EL MINISTRO DE JUSTICIA SUS DECLARACIONES EN LAS QUE AFIRMABA QUE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL CARECE DE LEGITIMIDAD (S.680/001152).


El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día. Preguntas.


Las preguntas de los senadores Melchior Navarro y Cuenca Cañizares han sido aplazadas.


Pregunta del senador Conde Bajén.


Tiene la palabra su señoría.


El señor CONDE BAJÉN: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, señor ministro, quiero darle la bienvenida a esta Cámara en su primera comparecencia. Dijo usted ayer que esperaba no ser tenido por un intruso molesto. Sepa que, desde luego, en esta Cámara no es un intruso, puesto que es ministro del Gobierno; y en cuanto a lo segundo, ya lo iremos viendo con el tiempo.


Señor ministro, en su toma de posesión afirmó usted que el Consejo General del Poder Judicial carece de legitimidad. Como es usted famoso, su fama le precede por sus arrebatos verbales irreflexivos... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.


El señor CONDE BAJÉN: ...quiero darle la oportunidad de decir en esta Cámara si ratifica usted la descalificación tan imperdonable que hizo del Poder Judicial de España.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría

Tiene la palabra el ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Gracias, señor presidente.


Muchas gracias, senador, por esa calurosa bienvenida. (Risas.) Me siento enormemente honrado, como puede imaginar, de estar en el Parlamento, en el que el pueblo de España, a través de sus representantes, contribuye a la elaboración de las leyes. Y le aseguro que en modo alguno resultaré molesto, salvo, quizá, para aquellos que no han entendido bien -espero que no esté usted entre ellos- para qué sirve esta Casa, y la imagen que debe dar a los ciudadanos, a la que yo, desde luego, voy a contribuir: la de seriedad, serenidad y trabajo.


Sí he dicho muchas cosas, pero le puedo asegurar que en ningún modo con desenfreno verbal; son reflexivas. Y le voy a matizar su pregunta, porque hay algo erróneo -estoy seguro de que no intencionadamente-. Nunca, jamás, me oirá usted hablar de deslegitimación de una institución del Estado, y menos del órgano de gobierno de los jueces. Pero sí me oirá decir, y de ahora en adelante, en más de una ocasión, que la composición actual del órgano de gobierno de los jueces carece de legitimidad. Y se lo explico con brevedad: porque ya ha perdido la percha constitucional, que prevé cinco años de mandato, que se cumplieron el 7 de noviembre. A eso me quiero referir cuando afirmo que no existe legitimidad en este momento, no en el órgano de gobierno de los jueces, sino en su composición. Y estoy completamente seguro de que ni su grupo ni el grupo que apoya al Gobierno quieren seguir manteniendo esa situación de deslegitimación; y estoy también seguro de que vamos a trabajar juntos para que ésta cese.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Conde.


El señor CONDE BAJÉN: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, lo cierto es que el Consejo General del Poder Judicial está compuesto por las personas que esta y la otra Cámara decidieron que lo compusiera.


Lo cierto es que ustedes están impidiendo el acuerdo que permitirá renovar el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial...
(Rumores.) Se asustan, efectivamente...


El señor PRESIDENTE: Señorías, rogaría silencio.


El señor CONDE BAJÉN: Ustedes, señores del Grupo Parlamentario Socialista, están impidiendo que un importantísimo órgano del Estado sea renovado, y sabe usted, señor ministro, que cuenta con la absoluta disposición del Grupo Parlamentario Popular, tanto en el Senado como en el Congreso, para llegar a un acuerdo y proceder a esa renovación que todos deseamos. Pero he dicho bien: he hablado de un acuerdo, porque, desde luego, ustedes no van a conseguir arrollar al Grupo Parlamentario Popular (Rumores) ni van a ser capaces de hacer que nos pleguemos a los contratos de adhesión que de continuo se nos están ofreciendo por parte del Gobierno.


Lo cierto, señor ministro, es que ustedes, sistemáticamente descalifican todo aquello que actúa de modo independiente y que no se sujeta a los particulares dicterios marcados por esa fatal arrogancia socialista. Lo han hecho siempre. Cuando este Consejo, -por cierto, señor ministro, antes de que precluyese el plazo de nombramiento de sus vocales-, tomaba las decisiones conforme a la regla democrática de la mayoría y a ustedes no les gustaban esas decisiones, no pararon ni tuvieron reparo alguna en modificar la Ley Orgánica del Poder

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Judicial para convertir a la minoría en una minoría de bloqueo, de modo tal que los nombramientos en la carrera judicial se hicieran según su propia conveniencia.


Lo cierto, señor ministro, es que cuando una institución toma decisiones que no les satisfacen ...


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.


El señor CONDE BAJÉN: Termino inmediatamente.


Cuando una institución toma decisiones que no les satisfacen, arremeten contra ella. Ejemplo claro ha sido la actuación del Grupo Parlamentario Socialista y de destacadísimos dirigentes socialistas en contra del Tribunal Constitucional cuando ha dictado un auto contrario a lo que consideraban sus intereses.


Señor ministro -termino, señor presidente-, parece claro que usted ha venido a someter a la Justicia, que ha venido a torcer el Derecho para adaptarlo a sus concretos proyectos políticos, y que usted al responder esta pregunta está siendo un ejemplo de la radicalidad, del extremismo que le caracteriza. (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista. -Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-)

Muchas gracias. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Ruego silencio.


Tiene la palabra el ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Gracias, señor presidente.


Senador, sinceramente, me emociona (Risas.) No sé en qué consiste mi radicalidad. Quizá en algún momento tenga usted alguna prueba de ella; pero le voy a defraudar: no va a ser hoy. Verá, si yo siguiera su discurso, seguro que me perdería, porque ha mezclado usted algunas cosas que no deberían mezclarse. Pero le voy a hacer dos matizaciones antes de entrar en el grueso de la respuesta. Primero, el Gobierno no modificó nada de la Ley Orgánica del Poder Judicial; fueron las Cámaras, el Parlamento, donde reside la soberanía, que es el que puede y debe reformar aquello. Y además, ¿sabe por qué se hizo? Para introducir savia democrática en el Consejo General del Poder Judicial.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro, termine, por favor.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Le recuerdo que la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia depende de la independencia de los jueces; la independencia de los jueces, de que exista un Consejo democrático, y sólo lo es el que está colgado de la percha de la Constitución, el que está dentro del plazo y, sobre todo, el que responde a la nueva mayoría de las Cámaras. Le vuelvo a tender la mano. No somos nosotros, como usted muy bien sabe, quienes estamos bloqueando el Consejo. Son ustedes, que es a quienes les está interesando.


Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DOÑA MARÍA DEL CARMEN GUERRA GUERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI PUEDE EXPLICAR EL GOBIERNO LA SITUACIÓN DE ABANDONO QUE HAN SUFRIDO LOS MIEMBROS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA ENVIADOS A MAURITANIA PARA IDENTIFICAR Y REPATRIAR A LOS OCUPANTES DEL BARCO «MARINE I» ( S. 680/001151).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la Senadora Guerra Guerra. Tiene la palabra su señoría.


La señora GUERRA GUERRA: Buenos días, señor presidente.


Muy buenos días, señor ministro. ¿Puede explicar el Gobierno la situación de abandono que han sufrido los miembros del Cuerpo Nacional de Policía enviados a Mauritania para identificar y repatriar a los ocupantes del pesquero Marine I?

Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, se lo puedo explicar, aunque no comparta la palabra abandono.
Puedo explicar la situación de dificultad por la que atravesaron los policías que durante los días 12 y 13 de este mes fueron a Mauritania a realizar básicamente tareas humanitarias. Efectivamente, hubo algunos imprevistos, circunstancias imposibles de prever, fundamentalmente asociadas a la dificultad de identificación de los inmigrantes que estaban en el Marine I, y eso hizo que los policías tuvieran que realizar su trabajo en condiciones especialmente difíciles, incluso diría que penosas. Lo puedo explicar yo en esta Cámara, y lo puede explicar también el director general, que se reunió con ellos para analizar lo que pasó, para darles las oportunas explicaciones y, sobre todo, para garantizarles que adoptaremos las medidas para que una cosa así no vuelva a suceder.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Tiene la palabra su señoría.


La señora GUERRA GUERRA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, me alegro que lo reconozca, pero, sinceramente, ni a mí ni a mi grupo parlamentario nos

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sorprendió la manera en que se gestionó el trabajo que tenían que llevar adelante esos policías. Creo que ha estado a la altura política de usted como ministro y del Gobierno al que usted representa. Le diré por qué, y a los datos me remito. Esos cien policías tenían que ir para identificar y repatriar a 369 inmigrantes, 30 de los cuales están hoy en las calles de Canarias, y otros 30, en las calles de Cabo Verde, pendientes de ser trasladados a otro país. Nos hemos llevado el barco Marine I está en aguas canarias y, por si eso fuera poco, hemos subvencionado al Gobierno mauritano con el dinero de todos los españoles.


Sin embargo, me voy a centrar en lo que ha pasado con la Policía, que es el colmo de los colmos. Nuestros policías recibieron un trato vejatorio: estuvieron durmiendo en el suelo, prácticamente sin comida y sin condiciones higiénicas; en resumen, vivieron en condiciones infrahumanas.
Y, por si esto fuera poco, señor ministro, el Gobierno de Mauritania los tuvo retenidos durante cinco horas en el aeropuerto, en el avión en el que se tenían que trasladar, mientras chantajeaban a su Gobierno. Lo chantajearon, y lo consiguieron: el Gobierno mauritano pedía que se trasladara en el avión a los inmigrantes, además de a los policías que habían estado ayudando en el país. Y así se hizo.


Sin embargo, lo peor vino después. Me gustaría que se lo dijera hoy a los representantes de la CEP y del SUP -sindicatos policiales-, que están aquí. La vicepresidenta, la señora Fernández de la Vega, dijo en sus declaraciones que la vida de los policías es muy dura. Desde luego, la vida de los policías es muy dura, y ellos la han elegido porque son verdaderos profesionales. No obstante, lo que no pueden permitir, y tampoco esperan, es que su Gobierno y quien les dirige les abandonen en un país, como les abandonaron. Todos los españoles -España en general- se sintieron avergonzados del Gobierno que les representa. Eso ha sido así.


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.


La señora GUERRA GUERRA: Termino, señor presidente.


Una vez más, creo que a mucha gente le gustaría estar hoy en mi lugar para decirle lo que yo le voy a decir: váyase, señor ministro: Váyase, señor ministro; váyase y dimita. (Apalusos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.


Observaba con alarma que llegaba usted al final de la intervención y no pedía mi dimisión; y me decía: Algo va a pasar hoy aquí. Porque ha intervenido usted tres veces, y las tres la ha pedido. Ya se lo dije la primera vez: Espere usted un poco; porque, si la pide la primera semana, pierde eficacia. Y así ha sido: ahora suena a broma, y se ríe toda la Cámara cuando lo pide usted. (Rumores.) Hay que pedirla cundo hay que pedirla, y es bueno esperar.


Por otra parte, ha dicho usted algunas cosas completamente falsas. Los inmigrantes que están en Cabo Verde no están en la calle, y los inmigrantes que están en Canarias tampoco lo están. Es la segunda vez que miente usted en esta Cámara; ya lo hizo antes, y tengo un papelito guardado, que le remitiré, por cierto, cuando vuelva a mi despacho. Dijo usted que había una autorización firmada por este ministro o por alguien del ministerio, en relación con el funcionamiento de los CIE, y no era cierto. Esta es la segunda vez que miente usted en esta Cámara. Tiene que tener cuidado, porque representa a los ciudadanos de Canarias, a los de España en su conjunto. (Rumores.)

Ha dicho usted que nada le sorprende hablando de repatriaciones.
Naturalmente: ustedes las hacían utilizando Haloperidol. ¿Se acuerda? Decían: había un problema, y lo hemos resuelto. Nosotros no hemos utilizado Haloperidol, entre otras cosas, porque, en aquel vuelo somnoliento hacia Mali, algunos policías bebieron del agua que no debían, y porque el escándalo fue tan grande que hemos tardado ocho años en volver hacer a un vuelo de repatriación a Mali. De modo que lecciones sobre repatriación del Grupo Parlamentario Popular, señora Guerra, ninguna.


Una cosa más: es cierto que hubo circunstancias penosas en el trabajo de los policías -lo he reconocido-, como sucede en muchos casos en los vuelos de repatriación. Son muy duros; y lo sé muy bien, porque trabajo con los policías todos los días. En este caso, hubo problemas con la identificación de los inmigrantes, se retrasó la entrada del barco en el puerto de Noadibu y hubo dificultades sanitarias porque había personas que no estaban bien y hubo que atenderlas. Además, hubo algún problema conocido en Guinea Conakry, que dificultó extraordinariamente el vuelo de repatriación allí; de hecho, no se hizo, y por eso tuvo que esperar el avión: porque se desvió a Cabo Verde ya que en Guinea Conakry había ley marcial, como usted sabe. En definitiva, coincidieron una serie de circunstancias que llevaron a que las cosas no salieran como el ministerio hubiera querido.


El ministerio, por su parte, ha dado explicaciones a los sindicatos y a los policías, ha preparado un protocolo para situaciones parecidas, y recompensará a los policías que trabajaron en condiciones especialmente duras. No suelen ser así de duras, aunque siempre trabajan de forma excelente, como usted bien ha dicho. Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

-- DE DON IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS RAZONES POR LAS QUE SE HAN CONCEDIDO PRIVILEGIOS PENITENCIARIOS AL PRESO DE LA BANDA TERRORISTA ETA JOSÉ IGNACIO DE JUANA CHAOS (S. 680/001153).


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El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Cosidó.


Tiene la palabra su señoría.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, de Juana Chaos no es un hombre de paz, aunque lo diga el presidente del Gobierno. De Juana Chaos es un asesino sanguinario, que tiene 25 asesinatos sobre sus espaldas, que no ha dado ninguna muestra de arrepentimiento y que se ha mofado como pocos de las víctimas a las que ha asesinado. Por tanto, resulta inadmisible que usted -su ministerio-, esté dando los privilegios penitenciarios que está otorgando a este terrorista sanguinario; privilegios y falta de seguridad que propiciaron, además, una bochornosa entrevista en la que este asesino se presenta ante la opinión pública internacional como una víctima de la democracia española.


Por ello, le quiero hacer dos preguntas, señor ministro. En primer lugar, ¿por qué se le conceden estos privilegios? ¿Chantaje? ¿Proceso? Explíquelo. En segundo lugar, ¿quién es el responsable de los fallos de seguridad que propiciaron que este asesino sanguinario se convirtiera en una estrella mediática internacional?

Gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, el señor De Juana Chaos no ha gozado de ningún privilegio, ninguno, desde que está hospitalizado en el Doce de Octubre. Sus visitas y su situación responden estrictamente a la legalidad vigente y, en todo momento, han estado en conocimiento de la autoridad judicial correspondiente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Señor ministro, su capacidad para negar la evidencia no tiene límites y su aplomo para mentir, tampoco. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Explique usted que no tiene privilegios a los policías que están en la puerta de la habitación, custodiando a este preso y que han recibido órdenes de su ministerio de no cachear a las visitas que entran a ver a este asesino; explíqueselo también a los representantes de los sindicatos policiales que hoy están presentes en la Cámara y que han denunciado, reiterada y unánimemente, la existencia de esos privilegios; explíqueselo, además, a otros muchos presos que, con penas más leves, no gozan de ese régimen de visitas; y, explíqueselo a la señora vicepresidenta del Gobierno, su compañera en el Consejo de Ministros, que reconoció con mucha más decencia de la que usted tiene que existieron problemas de seguridad y, además, anunció que habría consecuencias; a lo mejor pasan por usted mismo, y quizá por eso usted no quiere reconocerlo bajo ningún concepto.


Señor ministro, usted está perdiendo día a día la poca credibilidad que le quedaba, si es que le quedaba alguna, en el Ministerio del Interior.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Mire usted, no se trata sólo de que haya concedido privilegios que ahora niega, sino que va a dejar en la calle a De Juana Chaos, a pesar de una sentencia firme del Tribunal Supremo, que le condena a tres años. Usted le va a dejar en libertad, concediéndole el tercer grado, y eso es un insulto tremendo no solamente a las víctimas sino a la dignidad democrática de esta sociedad.


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Termino ya, señor presidente.


Señor ministro, nada me gustaría más que el que usted me desmintiera hoy y afirmara con rotundidad, con firmeza y con claridad en esta Cámara que el Gobierno, en ningún caso, va a conceder el tercer grado al terrorista De Juana Chaos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentrio Polpular.)

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Gracias, señor presidente.


Empezaré por desmentir lo más sencillo: nadie ha dado instrucciones para que no se cachee a las visitas del señor De Juana Chaos. ¡Nadie! Nadie, señor Cosidó. Si usted tiene constancia de la existencia de esas instrucciones, traigalas aquí para que lo discutamos, pero, si no es así, reconozca que ha mentido, exactamente igual que su compañera, la señora Guerra. Nadie ha dado esas instrucciones, señor Cosidó.


En segundo lugar, los presos en régimen hospitalario no penitenciario se rigen por la Ley General Penitenciaria y por unas instrucciones que fueron elaboradas exactamente el 10 de septiembre de 2001, con ustedes en el Gobierno. Nosotros las hemos cumplido punto por punto, y esas instrucciones establecen, entre otras cosas, que esos presos tienen, naturalmente, un régimen de visitas -como el resto- aunque, eso sí, con la particularidad de que tienen que ser visadas por el director del centro; además, también pueden tener una persona permanentemente con ellos cuando lo consideren oportuno los médicos, y éste es el caso del preso De Juana Chaos. Los médicos aconsejaron que estuviera una persona con él, y estuvo allí su compañera sentimental que, como usted sabe, en la Ley General Penitenciaria tiene a todos los efectos el mismo tratamiento que un familiar.


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Por tanto, estuvo con quien estuvo y recibió las visitas que recibió de acuerdo con las leyes y con conocimiento y autorización judicial.


Respecto de la seguridad, se han dicho muchas cosas. Se ha dicho, por ejemplo, que las cámaras de seguridad no funcionaban, pero yo encargué a la empresa NEC de seguridad un dictamen en el que con fecha 9 de febrero de 2007 y se dice que las cámaras habían funcionado. No ha habido ningún incidente relacionado con la seguridad en los partes de quienes vigilaban la habitación. Y es verdad que ha habido unas fotos sobre las cuales se encargó una investigación reservada que ha dado como resultado el que con toda seguridad las fotos las hicieron sus abogados. Y como así ha sido, pondré en conocimiento del Colegio de Abogados esa información para que obre oportunamente, puesto que esos abogados incumplieron las leyes haciendo unas fotos no autorizadas.


Ningún privilegio. Pues bien, señorías, en su vida penitenciaria el señor De Juana sí ha tenido algún privilegio; tuvo uno, y es que ustedes le trasladaron de la cárcel de Melilla a la península. Ése sí fue un privilegio. Pero le diré más, cuando ustedes hicieron eso, el señor De Juana Chaos estaba cumpliendo condena por 25 asesinatos. Ahora no; ahora está cumpliendo condena porque el Tribunal Supremo, contra el que ustedes se van a manifestar el próximo sábado... (Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popuiar.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que guarden silencio.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): ...porque el Tribunal Supremo ha considerado que dos artículos publicados por el señor De Juana merecían una condena por amenazas de tres años. Pero privilegios cuando estaba condenado por 25 asesinatos sólo tuvo los suyos, señores del Partido Popular. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DON RICARDO MELCHIOR NAVARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LAS ACCIONES PREVISTAS POR EL MINISTERIO DE CULTURA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE TENERIFE), POR EL QUE SE SOLICITA QUE SE TOME UNA DECISIÓN DEFINITIVA CON RESPECTO AL PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN LAS CUBIERTAS DE SU CATEDRAL (S.680/001158).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Melchior Navarro.


Tiene su señoría la palabra.


El señor MELCHIOR NAVARRO: Gracias, señor presidente.


Buenos días, señora ministra. El pueblo tinerfeño demanda una solución inmediata y definitiva para las obras de restauración de la catedral de La Laguna. ¿Cuándo va el ministerio a tomar la decisión y a licitar, adjudicar y comenzar estas obras urgentes? Me gustaría, señora ministra, que me diera usted fechas concretas y lo que podríamos llamar un compromiso de la hoja de ruta.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la ministra de Cultura.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.


Señoría, antes de darle una propuesta de cooperación con fecha incluida, he de hablarle del orden competencial y de responsabilidades sobre este asunto. En primer lugar, la responsabilidad directa sobre la conservación de esta catedral corresponde a su titular, el cabildo catedralicio, naturalmente, a la Iglesia católica en nuestro país; en segundo lugar, al Gobierno canario, que tiene transferidas las competencias de tutela y protección de su patrimonio histórico; en tercer lugar, al ayuntamiento, que tiene ese BIC desde 1983 en una ciudad que es patrimonio de la humanidad, y también, y por este orden, al Ministerio de Cultura, que sigue la política de cooperar y ayudar y que ha firmado un convenio con la Conferencia Episcopal; y entre las catedrales sobre las que se va a trabajar, está la de la Laguna.


Por ese orden se distribuyen las competencias, señoría, pero, además, he de decirle que el Ministerio de Cultura no sólo ha estado trabajando durante los últimos años en la catedral de La Laguna, sino que tenemos voluntad política, técnica y presupuestaria. Así, hemos destinado cinco millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para 2007 para el patrimonio canario, así como otros 14 millones de euros en un convenio en el que figura esta catedral. El asunto radica en qué modelo de intervención hemos de llevar a cabo allí.


Como usted sabe, los técnicos del Ministerio de Cultura y del Instituto del Patrimonio Histórico Español están en este momento dilucidando cuál es la mejor fórmula de intervención, especialmente en las cubiertas de la citada catedral. El día 9 de marzo se celebrará una reunión en este sentido, y en cuanto alcancemos un acuerdo respecto del modelo de intervención acorde y armonioso con la Ley del Patrimonio Histórico Español y con la ley canaria estaremos, como usted pedía, en disposición de echar una mano en una catedral importantísima que se encuentra en una ciudad que es patrimonio de la humanidad, así como en cuanto al acuerdo al que este ministerio ha llegado con la Conferencia Episcopal también para otras catedrales de España.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


Tiene la palabra el senador Melchior.


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El señor MELCHIOR NAVARRO: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, efectivamente, tanto el Ayuntamiento de La Laguna, ciudad declarada como bien patrimonio de la humanidad por la UNESCO, como el cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias, el Obispado de Tenerife y el propio Gobierno español están de acuerdo en cuanto a la absoluta urgencia con la que hay que resolver este problema, dado que la catedral está cerrada y sus cúpulas están apuntaladas desde hace algo más de cinco años.


Como usted sabe, señora ministra, el problema está en que los informes técnicos del Ayuntamiento de La Laguna, del Cabildo de Tenerife, del Gobierno de Canarias y del Obispado de Tenerife, así como el exhaustivo informe del Instituto Eduardo Torroja, indican una solución determinada, en tanto que los informes de los arquitectos del Ministerio -no sé si también los jurídicos- proponen otra decisión. Lo importante es tomar una decisión, porque lo cierto es que la catedral lleva cerrada más de cinco años, aparte de que existe un cierto riesgo de causar una pérdida irreparable en algunos de sus bienes artísticos e históricos que no han podido retirarse. Creo que el pueblo tinerfeño se merece que esa obra se inicie lo antes posible.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la ministra de Cultura.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, lo más importante de lo que usted acaba de decir es que -lo digo para tranquilidad de los ciudadanos-, con arreglo a los informes técnicos que yo tengo, no hay ningún riesgo para los bienes muebles ni para el monumento en sí. No hay ningún riesgo, hay una seguridad absoluta. Como usted dice y yo entiendo, a nadie nos gusta que el monumento actualmente esté cerrado, ni tampoco que no se esté haciendo ya la intervención de restauración que corresponde.


Dicho esto para tranquilidad de los ciudadanos, es verdad que hay que llegar a un acuerdo sobre el modelo de intervención, y sepa usted -aunque ya se lo he dicho- que el modelo de intervención en que el Ministerio de Cultura participará será estricto y escrupuloso en el cumplimiento de la Ley del Patrimonio Histórico Español, la cual nos impide restaurar reconstruyendo. Es en ese punto en el que espero que el día 9 encontremos alguna solución común, porque comparto con usted que cuanto antes empecemos un trabajo de intervención de corresponsabilidad de todos, mejor para el monumento y mejor también para la ciudad.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DON ADOLFO ABEJÓN ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACIÓN QUE HACE EL GOBIERNO DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADO POR LA GENERALITAT DE CATALUÑA CONTRA EL DECRETO QUE INTRODUCE LA TERCERA HORA SEMANAL DE CASTELLANO PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA (S.680/001149).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Abejón Ortega.


Tiene su señoría la palabra.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, ya tenemos el primer nublado educativo consecuencia del Estatuto de Cataluña de los muchos que se le avecinan. Ya tenemos un recurso ante el Tribunal Constitucional del Gobierno del señor Montilla contra el Gobierno del señor Zapatero. Ya tenemos un recurso de la LOE contra el Estatuto o del Estatuto contra la LOE. Ya tenemos, en definitiva, un recurso de Zapatero contra Zapatero.


Señora ministra, ¿qué valoración hace de este recurso del Gobierno de la Generalitat a su decreto de enseñanzas comunes de todos los españoles de Educación Primaria?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la ministra de Educación.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, el Ministerio de Educación y Ciencia no tiene todavía constancia formal del texto del recurso de inconstitucionalidad -es verdad que se ha anunciado-que se menciona en su pregunta. Por tanto, difícilmente puedo dar contestación estricta al contenido de un recurso que, repito, no conocemos todavía formalmente, porque me imagino que usted se refiere al recurso contra el real decreto por el que se establecen las enseñanzas mínimas de Educación Primaria, real decreto, por cierto, que abarca muchos más asuntos que las horas mínimas a impartir de lengua castellana.
Como usted bien sabe, ha habido una contestación al requerimiento, que no al recurso, todavía no conocido -insisto-, por el Consejo de Ministros del pasado 26 de enero.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Abejón.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Gracias.


Señora ministra, no me satisface en absoluto su respuesta. Sabe usted que hace ocho días el Gobierno de la Generalitat presentó y aprobó este recurso. Y sabe usted, señora ministra, que ese recurso ya no está solo, porque ayer el Gobierno de la Generalitat aprobó otros tres más. Es decir, que ya han presentado cuatro recursos al Tribunal Constitucional contra todos los decretos hechos por usted.


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Pero, dejemos que los jueces juzguen. Lo más importante, señora ministra, es el fondo. ¿Qué hay en el fondo? Es algo muy sencillo de entender para los ciudadanos: que los niños catalanes estudien tres horas el catalán y otras tres horas el castellano; así de sencillo. Pero ustedes, en esa dejación de funciones permanente que vienen haciendo hasta la fecha, permitieron en el Estatuto lo que nadie hubiese permitido.


Ustedes no metieron la tijera en el artículo 35, y ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido, como usted sabe, que los catalanes tienen derecho a estudiar el catalán, por supuesto, que los catalanes tienen derecho a tener como lengua vehicular el catalán en la enseñanza no universitaria y en la enseñanza universitaria, que está muy bien, pero ¿qué han hecho ustedes por el castellano? Nada; arrinconarlo, no permitir que los ciudadanos catalanes puedan estudiar en castellano.


Algo con sentido común, señora ministra, tendría que llevarnos a que la Educación Primaria, para bien de todos los ciudadanos que habitan Cataluña, tuviese como lengua vehicular el catalán y el castellano. ¿Es que estoy diciendo algún disparate? No. ¿Es que no son dos lenguas ricas las que se hablan en Cataluña? Sí. ¿Por qué en Educación Primaria no se permite a las familias que puedan estudiar en castellano? Y si ya no se les permite que estudien en castellano, ¿a dónde vamos?

El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Termino, señor presidente.


¿Adónde vamos? Pues a que el castellano ni siquiera aparezca en igualdad de condiciones con otras lenguas extranjeras. Usted tiene la responsabilidad de defender a todos los ciudadanos. Hágalo. No le pido hoy la dimisión, pero si no nos defiende, se la tendré que pedir, señora ministra. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor senador.


Tiene la palabra la ministra de Educación.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Abejón, el Gobierno de la Generalitat está en su perfecto derecho de plantear un recurso de inconstitucionalidad. Es una práctica que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestro régimen democrático.
Le ruego que entienda y se entere de cuál es la situación. Hay un recurso anunciado cuyo texto -insisto- no conocemos, y tres requerimientos, que son cosas distintas del recurso ante el Tribunal Constitucional.


En cualquier caso, el Gobierno de la Generalitat están en su perfecto derecho, exactamente igual que el ministerio y el Gobierno está en su perfecto derecho y lo ejercen, de plantear y desarrollar las enseñanzas mínimas, que le recuerdo, señor Abejón, que son las que garantizan una enseñanza común a todos nuestros estudiantes en todo el territorio nacional, eso es lo que garantizan las enseñanzas comunes, y no lo que algunos pretenden que son la garantía de una enseñanza común, y el Gobierno y el ministerio, por supuesto, cumplen con esa obligación, respetando escrupulosamente las competencias y ejerciendo la responsabilidad como Gobierno. De hecho, esos reales decretos han pasado todos los trámites necesarios, han pasado por el Consejo Escolar, han pasado por el Consejo de Estado, y el Gobierno piensa que no invaden ninguna competencia y, por lo tanto, se mantiene en esos textos que, insisto y le repito, son los que garantizan las enseñanzas comunes.


Por consiguiente, no me acuse usted de no defender los intereses de todos los ciudadanos y de todos los estudiantes de este país, porque está usted mintiendo. Lo siento muchísimo, señor Abejón. No tiene usted razón. No es el Partido Popular el que garantiza las enseñanzas comunes en este país; son los reales decretos de desarrollo, con los cuales este ministerio cumple con el 65 por ciento y el 55 por ciento de las enseñanzas comunes.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DON MANUEL PEZZI CERETO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO CON RESPECTO AL ACUERDO CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, EN EL MARCO DE LA III CONFERENCIA DE PRESIDENTES, PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL MAPA DE GRANDES INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (S.680/001165).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Pezzi.


Tiene la palabra su señoría.


El señor PEZZI CERETO: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, el informe de la OCDE de 2007 sobre la economía española reconoce que el programa nacional de reformas de España identifica bien los retos a los que tiene que hacer frente nuestra economía y las medidas concretas encaminadas a conseguir la convergencia de España en la Estrategia de Lisboa, renovada por acuerdo de los Estados miembros de la Unión Europea de 2005. Con el fin de alcanzar los objetivos de esa Estrategia de Lisboa para convertir a la Unión en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, se reconoce el papel fundamental de la investigación, el desarrollo y la innovación y de la educación como motores esenciales del incremento de la productividad.
La OCDE califica como encomiables los cambios que se están produciendo en educación universitaria y alaba el Plan Ingenio 2010, del que dice que es especialmente detallado y generosamente financiado.


Para abordar la Estrategia de Lisboa y, por tanto, para acceder a la sociedad del conocimiento con fortaleza, el

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Gobierno de la nación y su ministerio en particular han puesto en marcha la Estrategia nacional de ciencia y tecnología con un horizonte en el año 2015 y el Plan nacional de I+D+i, que se presentará en el año 2007.


En torno a esa Estrategia nacional de ciencia y tecnología y del Plan nacional de I+D+i, el Gobierno y su presidente han consensuado con la totalidad de los presidentes autonómicos, en el marco de la III Conferencia de Presidentes, que tuvo lugar en el Senado el pasado 11 de enero, el impulso a las medidas citadas y algunas otras medidas de gran relevancia para el futuro de la investigación en España, entre las que debo destacar el establecimiento de un mapa de instalaciones científicas y técnicas singulares que se llevará a cabo entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado.


Estas nuevas instalaciones científicas, que se unirán a un conjunto muy importante ya en marcha o en construcción, desde mi punto de vista contribuirán al equilibrio territorial al facilitar el crecimiento científico, tecnológico e industrial de esas regiones, y favorecerán la creación de un tejido empresarial innovador.


Por ello, señora ministra, quisiera saber cómo valora el Gobierno el acuerdo con las comunidades autónomas en el marco de la Conferencia de Presidentes para la puesta en marcha del mapa de grandes infraestructuras científicas y tecnológicas singulares.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra de Educación y Ciencia.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.


La valoración del Ministerio de Educación y Ciencia sobre la III Conferencia de Presidentes es, sin duda, absolutamente positiva en ese contexto de persecución de la Estrategia de Lisboa, que es uno de los objetivos fundamentales de la política de este Gobierno, no solo en lo que atañe al Ministerio de Educación y Ciencia, sino como un objetivo común de todo el Gobierno.


Los acuerdos alcanzados en esa Conferencia de Presidentes en lo relativo a I+D+i son absolutamente decisivos. Hubo acuerdos de política científica entre el Gobierno y las comunidades autónomas como la celebración conjunta del Año de la Ciencia en 2007, la aprobación de la Estrategia nacional de ciencia y tecnología o la asunción de un compromiso conjunto muy importante para alcanzar en el año 2010 una inversión en I+D del 2 por ciento sobre el PIB.


Junto a estos acuerdos se alcanzó también el que usted ha mencionado y que es muy destacable: la aprobación de este mapa de instalaciones científicas y tecnológicas singulares, un mapa que reconoce 35 infraestructuras ya existentes y que aprueba o pone en marcha 24 nuevas instalaciones, todas ellas agrupadas en ocho categorías: Astronomía e Investigación Espacial, Ciencias del Mar y de la Vida, Ciencias Socioeconómicas y Humanidades, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Ciencias de la Salud y Biotecnologías, Física de Partículas y Microscopía, Energía y, por último, Ingeniería.


Para la elaboración de este mapa se ha consultado con la comunidad investigadora y la comunidad empresarial, se han mantenido reuniones con todas las comunidades autónomas que han mostrado su interés por participar en este proceso y en la fijación de este mapa y, de común acuerdo, se han seleccionado entre todas las propuestas aquellas que cumplían los criterios de idoneidad y de relevancia, teniendo en cuenta la excelencia, la capacidad y la potencialidad de la comunidad científica regional implicada y, a su vez, apoyando a las regiones menos desarrolladas científicamente, dentro de una lógica de política de cohesión territorial, como ha señalado su señoría.


El resultado final va a ser un tejido de infraestructuras que no solo cubren las necesidades de la comunidad científica española sino que conectan a ésta con la comunidad científica internacional. Por tanto, es difícil exagerar la importancia de estas infraestructuras científicas, de estas instalaciones singulares, que son una pieza clave de la política de I+D+i, que -insisto- es una de las claves de la política general de este Gobierno.


Muchísimas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DON VÍCTOR MANUEL URRUTIA ABAIGAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS NOVEDADES QUE EL GOBIERNO INCORPORARÁ EN EL NUEVO PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+i), ELABORADO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA ACORDADA EN LA III CONFERENCIA DE PRESIDENTES (S. 680/001166).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Urrutia Abaigar.


Tiene la palabra su señoría.


El señor URRUTIA ABAIGAR: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, en la III Conferencia de Presidentes, celebrada en el pasado mes de enero, se llegó a un importante número de acuerdos, exactamente ocho, en materia de investigación, desarrollo e innovación, ligados todos ellos al desarrollo más pleno de nuestro país.


El primero de esos acuerdos pretende impulsar la elaboración conjunta de un nuevo plan nacional de I+D+i que posibilite situar a España a la vanguardia del conocimiento y que promueva un tejido empresarial altamente competitivo. ¿Cuáles son, señora ministra, las novedades que el Gobierno incorporará a ese nuevo plan propiciado en el marco de la estrategia acordada en la III Conferencia de Presidentes?

Muchas gracias, señor presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, senador.


Tiene la palabra la ministra de Educación y Ciencia.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Gracias, señor presidente.


Efectivamente, esta iniciativa, otra más de las aprobadas en la reciente Conferencia de Presidentes, es una estrategia nacional en ciencia y tecnología, con un horizonte 2015, y dentro de la cual está la elaboración de este Plan nacional 2008-2011. La estrategia aprobada en la Conferencia de Presidentes, que fija su horizonte en el año 2015, cubre los dos próximos cuatrienios de programación del plan nacional, que es un marco temporal suficientemente amplio como para establecer una visión al mismo tiempo compartida y ambiciosa sobre los retos que afrontamos en materia de ciencia y tecnología.


Otra gran novedad es la mayor implicación de las comunidades autónomas en la articulación del plan nacional. A lo largo de estos últimos años, hemos asistido al desarrollo de políticas autonómicas muy relevantes de I+D y, consecuentemente, estamos convencidos de la necesidad de poner en marcha instrumentos de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas. Entre ellos, y ya en marcha, podemos destacar los convenios para la incorporación de investigadores al sistema o los acuerdos para la puesta en marcha, como acabamos de ver en la anterior pregunta, de instalaciones científicas singulares.


El plan nacional no puede ser ajeno a todos estos cambios, sino que, creemos, es el momento de diseñar el instrumento central de la programación política científica y tecnológica, de acuerdo con este nuevo escenario. De esta forma, vamos a contar con un marco en el que poder desarrollar, de forma mucho más estructurada y equilibrada territorialmente, las actuaciones del Estado en la promoción de proyectos de investigación, formación e incorporación de investigadores y generación de infraestructuras. Por otra parte, las novedades en la elaboración de este nuevo plan son: por un lado, la apuesta por la financiación de centros y grupos de investigación de excelencia, una demanda latente desde hace tiempo en nuestro sistema de I+D y, por otro lado, el reforzamiento del eje instrumental frente al eje temático en este nuevo plan nacional que estamos diseñando. Por otro lado, todos estos cambios responden a las recomendaciones recogidas en los distintos ejercicios de evaluación del sistema español y, en particular, del Plan nacional, que ahora termina, 2004-2007. Incorporaremos, además, las experiencias surgidas del Programa Ingenio 2010, que tan buenos resultados está dando en nuestro proyecto de I+D+i.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DOÑA ANA LUISA DURÁN FRAGUAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA FORMA EN QUE AFECTAN A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN LOS ACUERDOS DE LA III CONFERENCIA DE PRESIDENTES EN RELACIÓN CON EL MAPA DE GRANDES INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (S. 680/001167).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Durán Fraguas.


Tiene la palabra su señoría.


La señora DURÁN FRAGUAS: Gracias, señor presidente.


Como ya se ha dicho aquí, el pasado 11 de enero se celebró en esta casa, el Senado, la III Conferencia de Presidentes, que alcanzó por consenso importantes acuerdos en varios campos, concretamente en investigación, desarrollo e innovación. Precisamente ayer se aprobaba en esta Cámara una moción que respalda el importante impulso que, al más alto nivel del Estado, se ha dado a la I+D+i.


Señor ministra, soy senadora por León, pertenezco, por tanto, a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que, en nuestra opinión -opinión del Grupo Parlamentario Socialista-, necesita un importante impulso en ciencia y tecnología. Por ello le pregunto, ¿cómo afectan a Castilla y León los acuerdos de la Conferencia de Presidentes en relación con el mapa de grandes infraestructuras científicas y tecnológicas?

Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría,

Tiene la palabra la ministra de Educación y Ciencia.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Gracias, señor presidente.


No sabe su señoría cómo me alegro de poder hablar de estos temas de manera continuada en esta Cámara.


Como en el caso de todas las comunidades autónomas -me he referido a ello en la primera pregunta-, tras aplicar los criterios de selección de idoneidad y de relevancia, como se ha hecho con todas las propuestas presentadas, se seleccionó la propuesta de un centro de láseres que se ubicará en Salamanca, y más concretamente en el parque científico de la Universidad de Salamanca, en Villamayor de la Armuña. Junto a este centro, por cierto, se reconoce a partir de ahora como instalación singular el Centro nacional de investigación sobre la evolución humana de Burgos. La nueva instalación de láseres aprobada supondrá la creación de un centro de láseres pulsados ultraintensos que alojará un láser situado entre los diez más potentes del mundo, lo que permitirá a España estar en la vanguardia europea y mundial de esta tecnología, que es uno de los objetivos de estas grandes instalaciones.


El proyecto se fundamenta en la contrastada capacidad científica del grupo de Óptica de la Facultad de Físicas de la Universidad de Salamanca dirigida por el profesor Luis Roso, y en las múltiples aplicaciones que esta

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infraestructura podrá ofrecer a la comunidad científica española.


Como en el caso de todas las nuevas infraestructuras de este mapa de instalaciones singulares, se pretende que estas funcionen con una gestión compartida entre el Gobierno autónomo y el Ministerio de Educación y Ciencia. Como es habitual en la práctica internacional en la gestión de estas instalaciones, se garantizará -no podría ser de otra manera- el acceso a los grupos de investigación excelentes tanto nacionales como internacionales que requieran el uso del nuevo láser para sus investigaciones.


Los costes de construcción y equipamiento del centro, incluida la elaboración del proyecto de ejecución, se calculan en 20.600.000 euros.
La financiación será aportada al 50 por ciento por el Ministerio de Educación y Ciencia y la Junta de Castilla y León, mientras que la Universidad de Salamanca aportará el equipamiento científico base y necesario para la construcción del láser. Del presupuesto total, 600.000 euros ya han sido financiados a través de la convocatoria de estudios de viabilidad y acciones complementarias del plan nacional de I+D. El próximo año empezarán las obras de construcción.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DOÑA MARÍA DOLORES DE COSPEDAL GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO CON RESPECTO AL INCREMENTO DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO PRODUCIDO EN EL AÑO 2006 (S.680/001150).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Cospedal García.


Tiene la palabra su señoría.


La señora DE COSPEDAL GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, ¿qué valoración hace del incremento del número de víctimas de la violencia de género que ha tenido lugar en el año 2006?

Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.


Tiene la palabra el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.


Señora senadora, como sé de su sensibilidad en estas materias creo que convendremos los dos en que lo mejor es desarrollar y fortalecer cada día todas las medidas de sensibilización, prevención y detección de la violencia de género para combatir este fenómeno. Pero le diré también que, en términos de lo que establece el artículo primero de la Ley contra la Violencia de Género, el año pasado tuvimos 68 mujeres fallecidas, una cifra trágica, sin ninguna duda, pero con respecto al año 2003 y 2004 supuso un ligero descenso. En 2003 tuvimos 71, en 2004 tuvimos 72, en 2005 fue menor, 60. En todo caso, como es evidente, no supone ningún consuelo porque una sola víctima nos horroriza y nos preocupa extraordinariamente.


Estos datos evidencian la complejidad y la atemporalidad de este grave fenómeno. Por lo tanto, con el plan de sensibilización intentamos por todos los medios adoptar el mayor número de medidas que nos permitan ir reduciendo este grave fenómeno hasta acabar con él.


Estoy encantado de escucharla y de conocer sus propuestas, porque el Gobierno está abierto a cualquier medida para reducir esta lacra.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Tiene la palabra su señoría.


La señora DE COSPEDAL GARCÍA: Gracias, presidente.


Señor ministro, efectivamente no se puede medir en números la desgracia ni decir de manera triunfalista que en el año 2006 tan solo ha habido cinco víctimas más que en el año 2005, porque eso verdaderamente no satisface, a nadie. Desde luego, a mí no me satisface, porque creo que es una lacra social con la que tenemos que vivir en nuestro país y con la que tenemos que vivir las mujeres.


No sé si sus asesores le han aportado una documentación a la que yo, desde mi punto de vista y por la imparcialidad que se le supone, le doy una extraordinaria relevancia, que es el último informe de Amnistía Internacional sobre la violencia de género en España, que publicó el 28 de junio del año 2006 y que acaba con cualquier tipo de optimismo sobre esta situación.


El informe de Amnistía Internacional comienza con el testimonio de una mujer española a la que denomina Laura, porque utiliza un seudónimo. Esta mujer dice, y quiero leerlo literalmente: «Yo me arrepiento de denunciar, porque mi familia no se hubiera enterado y yo estaría en la misma situación. Estaría como estoy: sin ayuda, sola, trabajando como una mula para seguir y para salir adelante mis hijos y yo. Es decir, las medidas de aliento a las mujeres y la promoción que estamos haciendo para que denuncien -que tienen que hacerlo- no se encuentran luego suficientemente acompañadas.


Tengo que decirle que esta mujer es una víctima de la violencia de género, y que pronunció estas palabras en abril de 2006, esto es, más de un año después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Por eso le digo, señor ministro, que en su ministerio deben contar con este informe fundamental, que no ha sido elaborado por el Partido Popular sino que está colgado en Internet, y,

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además, sus compañeros del Consejo de Ministros deben remitirse todos y cada uno al ámbito de sus competencias en lo que se refiere al Gobierno español.


Fíjese en que esta ONG, que no es sospechosa de ser del Partido Popular, señala al menos veinticuatro obstáculos que se encuentran hoy las mujeres en España cuando sufren violencia de género y quieren defender sus derechos. Dice esta ONG que existen importantes materias que carecen de desarrollo normativo, que se acusa una falta de homogeneidad territorial a la hora de dar una respuesta institucional a la violencia de género, que contamos con pocos recursos para una asistencia integral, que siguen siendo insuficientes y que, además, están muy desigualmente repartidos.


Respecto a las medidas recogidas en la ley orgánica, nos encontramos con que los centros de apoyo integral, que según la memoria económica se iban a crear inmediatamente, en algunas comunidades todavía no existen.
¿Cuántos centros de apoyo integral hay en Castilla-La Mancha, en mi comunidad autónoma, señor ministro? O, por ejemplo, respecto de los juzgados de nueva planta contra la violencia de género: de los diecisiete nuevos que se han creado, ninguno ha correspondido a la comunidad autónoma a la que yo represento.


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.


La señora DE COSPEDAL GARCÍA: Termino, señor presidente.


Y tenemos más de novecientas órdenes de alejamiento de julio a diciembre del año 2006.


La violencia de género se defiende de muchas maneras distintas y, señor ministro, como senadora, como española y como mujer, me habría gustado, al igual que a muchas mujeres, que el Gobierno de mi país y usted, que es el ministro del ramo, hubieran dado una contestación con la suficiente dureza y contundencia cuando, hace pocos días, oímos decir a De Juana Chaos que se sentía como una mujer violada. Muchas mujeres habríamos aplaudido al Gobierno de España y le habríamos apoyado.


Gracias, señor presidente (Aplausos en los escaños de Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.


Señora senadora, se lo digo con claridad: esas palabras son radicalmente inaceptables. Coincidimos en ello. Esta es una materia, como muy bien sabe su señoría, compleja.


Claro que tengo en cuenta el informe de Amnistía Internacional. Creo, además, que varias de las recomendaciones que efectuaba se van a subsanar con el plan de sensibilización que hemos aprobado recientemente, y esta es una materia en la que necesitamos la cooperación de todas y cada una de las administraciones públicas. Yo no puedo ser optimista desde el momento en que haya una sola víctima de la violencia de género, pero sí sé que la sociedad española está particularmente sensibilizada ante este fenómeno. Aunque no hay estadísticas internacionales, es evidente que España no está entre los países donde más se practica la violencia de género, pero sí está entre los países donde este asunto despierta una mayor sensibilidad social. Me parece muy bien, creo que es algo que honra a la sociedad española, porque estimula a los poderes públicos a poner en marcha las medidas precisas para ir reduciendo esta terrible lacra.


El plan de sensibilización supone el incremento de los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, la elaboración y puesta en funcionamiento de un protocolo común de valoración de riesgo, una nueva aplicación informática para el seguimiento de los casos de violencia, la extensión de la teleasistencia móvil, la puesta en marcha de dispositivos electrónicos de detección de proximidad del agresor. Con este plan estamos profundizando en las medidas establecidas en la ley. En todo caso, como sabe muy bien su señoría, nos encontramos ante un problema muy complejo, con ciertas raíces culturales, entre comillas, y, por tanto, lamentablemente, su completa erradicación nos va a llevar mucho tiempo.
Tiene que ver con la asunción de los valores de la igualdad, porque, sin duda, la violencia que se ejerce contra la mujer deriva de una situación de desigualdad y, por tanto, confío en que la sociedad española lo irá resolviendo. Para ello, sin duda, le ofrezco toda la cooperación del Gobierno y todos los medios que tenemos a nuestra disposición.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE D. DIONISIO GARCÍA CARNERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI ES CONSCIENTE EL GOBIERNO DE QUE LAS DECLARACIONES EFECTUADAS POR EL MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN SU VIAJE A ECUADOR PROVOCAN UN NUEVO «EFECTO LLAMADA» PARA LA INMIGRACIÓN ILEGAL (S.
680/001155).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador García Carnero.


Tiene la palabra su señoría.


El señor GARCÍA CARNERO: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, hace unos días declaró usted en Ecuador que durante el año 2007 España va a necesitar 200.000 inmigrantes más. ¿Es consciente su señoría de que estas declaraciones provocan un nuevo efecto llamada para la inmigración ilegal?

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro de Trabajo.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señoría.


Por supuesto que no, y no fueron unas declaraciones en Ecuador. El Consejo de Ministros aprobó en diciembre la estimación de puestos de trabajo que necesita la economía española y que no pueden ser cubiertos en España.
Legales, por supuesto, legales. No es una cuestión caprichosa. ¿Sabe usted quién decide los puestos de trabajo que se necesita cubrir en España? Los empresarios españoles, los empresarios de la fresa, los armadores de la pesca, las empresas de la construcción. No lo decide el Gobierno, sino los empresarios, y los empresarios, señoría, quieren que los trabajadores vengan legalmente, no como ocurría cuando ustedes gobernaban, cuando todos entraron de forma ilegal. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Rumores)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador García Carnero.


Ruego silencio, por favor.


El señor GARCÍA CARNERO: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, si usted no es consciente de que ir a Ecuador con lo que está cayendo en España, a decir que hacen falta 200.000 inmigrantes más, si usted no es consciente de que eso provoca un efecto llamada, es porque usted es un inconsciente. (Risas y aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Es un inconsciente y, además, un insensato, porque con declaraciones de este tenor hizo usted que España fuera el destino preferente de las mafias que trafican con los inmigrantes de todo el mundo. Con anuncios de este tenor, señoría, que merecieron el reproche de todo el mundo civilizado, provocó usted un efecto llamada de dimensiones colosales y convirtió lo que debería ser una oportunidad, -la inmigración- en un problema. Un problema que, además, dada su incapacidad para gestionar, ha convertido a la inmigración en la primera preocupación de los españoles. Es el problema con el que más preocupados están los españoles, no sólo ahora, sino respecto al futuro. Con lo que más pesimistas se sienten los españoles es con la inmigración.


Señor ministro, además de ser una insensatez política, es que los datos, también echan por tierra esas declaraciones. Con datos oficiales tiene usted en España 1.470.000 ilegales, y todavía usted se va fuera a llamar gente. Hay 350.000 extranjeros demandantes de empleo en las listas oficiales; hay 174.000 inmigrantes que perciben prestaciones sociales, incluso entre los ecuatorianos. En ese viaje suyo a Ecuador, señor ministro, dijo usted que había 400.000 ecuatorianos en España, y el ministro de Asuntos Exteriores dijo en ese mismo viaje que había 700.000.
Claro que sí, porque hay 300.000 ilegales ecuatorianos en España, y usted va a Ecuador a decir que hacen falta 200.000 más.


Señor ministro, tiene usted la rara habilidad de generar un problema donde no lo hay. Cuando el problema aparece, aflora y crea alarma social usted huye, desaparece, no está. Y cuando la cosa parece que se va calmando y amaina, vuelve usted a hacer declaraciones para reactivarlo.


Señor ministro, usted ha acreditado más que suficientemente que la insensatez, la incapacidad y la inconsciencia son virtudes que adornan a su señoría y su gestión.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.


El señor GARCÍA CARNERO: Termino, señor presidente, haciéndole una recomendación al señor ministro.


Deje usted de hacer ese tipo de declaraciones públicas. Lo que tiene usted que hacer es venir a hablar al Parlamento. Quiero recordarle, señor ministro, que tiene usted nada más y nada menos que ocho comparecencias pendientes en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales y que es usted el ministro de todos los de su Gobierno que más ha incumplido la obligación de rendir cuentas al Parlamento. Deje de ir a Ecuador a hablar y a hacer ese tipo de anuncios y venga usted aquí a rendir cuentas ante el Parlamento, que es su obligación.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.


Es un disco rayado. Con ustedes no se puede ni siquiera discutir.


Lo que más me molesta, y creo que a los españoles también, es la hipocresía, la falta de decencia moral que ustedes muestran. (Rumores.) Castilla y León: La región necesita más inmigrantes, son pocos. El señor Güemes: Madrid necesita 500.000 inmigrantes más. El señor Güemes, consejero del Partido Popular en Madrid: La comunidad calcula que Madrid necesita medio millón de inmigrantes en cuatro años. CincoDías, esta semana: Falta mano de obra para hostelería y mantenimiento. El Mundo, esta semana: Se buscan dependientes. Diario de Pontevedra: Galicia necesitaría 200.000 inmigrantes más.


Señorías, ¿ustedes se creen que el Gobierno se inventa las necesidades? Repito que hay un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Son los empresarios quiénes solicitan esas aportaciones de mano de obra, pero legales.


¿Sabe qué le molesta a usted? Que yo vaya a Ecuador o a Senegal a ofrecer puestos de trabajo legales, porque eso evitará la inmigración ilegal y, seguramente, ustedes quieren sacar provecho de la inmigración ilegal, porque nunca fueron capaces de ordenar un sistema en el cual los

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trabajadores llegaran a España legalmente, y ahora es posible. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Que se pudra la fresa? ¿Que nuestros barcos pesqueros no encuentren gente para poder trabajar o que nuestros comercios no tengan trabajadores? Yo no pido esos puestos de trabajo, los solicita la economía española.


Fíjese que pensé -quizá sea un poco iluso- que me iba a felicitar. No sé si ha leído el Financial Times del lunes y martes de esta semana -si quiere se lo envío traducido- pero señala que España es el país preferido por los europeos si tuvieran que elegir otro trabajo, algo que nunca había ocurrido. El editorial de ayer apuntaba que España está en una excelente buena forma, y recomendaba las políticas de España para el resto de los países europeos. Este es un diario liberal-conservador británico que recomienda las políticas que ha desarrollado España.


En definitiva, España está en muy buena forma, goza de muy buen humor y cuenta con una población abierta, optimista e integradora, excluyéndoles a ustedes, a quienes les molesta que el país vaya bien. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON RAMÓN COMPANYS I SANFELIÚ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LAS LÍNEAS BÁSICAS DEL REAL DECRETO QUE ESTÁ PREPARANDO EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, POR EL QUE SE PROHÍBE EL PASO DE LOS VEHÍCULOS CON TRACCIÓN A LAS CUATRO RUEDAS EN LAS VÍAS RURALES NO PAVIMENTADAS (S. 680/001160).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Companys.


Tiene la palabra su señoría.


El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, ¿cuáles son los objetivos que pretende el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el proyecto de real decreto que, entre otros objetivos, pretende con su artículo 12.4 prohibir la circulación de los vehículos 4x4 por las vías rurales no pavimentadas?

Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, en primer lugar, debo aclarar que el Ministerio de Agricultura no está preparando ninguna norma que contemple la prohibición genérica de circulación de vehículos en las vías rurales.


Esa información ya ha sido aclarada y no responde a las pretensiones del Gobierno. Lo que sí se ha iniciado, ante el incremento de accidentes en las vías rurales, que superan los 1.400 al año, es un periodo de consultas a las comunidades autónomas, a la Federación Española de Municipios y Provincias, así como a todos los sectores implicados para la elaboración de un real decreto conjunto con los ministerios del Interior y de Medio Ambiente. Lo que pretendemos, señoría, es contribuir a una mayor seguridad en la red viaria rural y, por ello, es necesario mejorar esta red y mantenerla en las condiciones adecuadas de uso, en lo que, sin duda, usted estará de acuerdo conmigo.


Para ello, respetando las competencias de las distintas administraciones en esta materia, queremos establecer normas mínimas en cuanto a la construcción, el diseño y el mantenimiento, aunque, como ya he dicho, a día de hoy no se puede hablar de una propuesta concreta.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra su señoría.


El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, me alegro muchísimo de que, efectivamente, ese párrafo haya decaído, porque sería muy grave que, desde el ministerio, se considerasen en igualdad de condiciones todos los caminos rurales.


Como usted sabe por sus orígenes gallegos, no es lo mismo un camino rural a nivel del mar que un camino de alta montaña que está a 1.500 metros de altura. No es lo mismo ir en un 4x4 desde Madrid hasta una zona residencial de las afueras que desplazarse entre los núcleos de población de cualquier municipio del alto pirineo, del Pallars Sobirà-Sort, con quince agregados, de los cuales la mayoría se sitúa por encima de los 1.200 metros de altitud. En algunos casos los caminos municipales que permiten el acceso a esos núcleos de población tienen más de 20 kilómetros y el único mantenimiento es el que realizan voluntariamente los propios habitantes. Cada día los padres tienen que trasladar a sus hijos a la escuela, que está en otro núcleo de población situado a 15 ó 20 kilómetros, y lo hacen con abundante nieve en invierno o tras las lluvias torrenciales en otras épocas del año, pero nadie se acuerda de mantenerlos porque en la mayoría de los casos son carreteras de carácter municipal.


Por lo tanto, más allá del tema competencial -que, efectivamente, a mí me cuesta mucho encajar qué competencias pudiera tener el Ministerio de Agricultura en ello-, sí que es bueno que si ustedes quieren hacer alguna cosa sean capaces de darse cuenta de que no se puede dar a todos los caminos rurales un tratamiento igual, porque no hay cosa más injusta que dar tratamientos iguales a dos cosas que son diferentes.


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Pero aprovechando que estamos hablando de este tema, también me gustaría, señora ministra, que hiciesen un esfuerzo, porque mientras estamos debatiendo eso el Ministerio de Economía ha echado del Plan Prever a los 4x4. Yo lo puedo entender cuando el 4x4 se dedica a hacer competiciones o se dedica al traslado de gente desde Madrid o desde Barcelona a una zona residencial, pero me cuesta muchísimo ver cómo se margina a gente que, como he dicho antes, vive en unas condiciones de alejamiento, de dificultades de acceso, de forma que los únicos vehículos para llegar a estos sitios son los 4x4, pero se les echa del Plan Prever.


Por tanto, señora ministra, sería bueno que, aparte de aclarar lo que ha hecho y de que tenga en cuenta que no se puede tratar igual a todos los caminos rurales -de forma que si hacen algo lo tienen que hacer teniendo en cuenta su capacidad competencial al respecto-, se pusiese de acuerdo con el Ministerio de Economía para que a la gente cuyo único sistema de transporte es el 4x4 no se la margine...


El señor PRESIDENTE: Concluya, señoría.


El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Termino, señor presidente.


...no se la margine echándoles del Plan Prever.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la ministra de Agricultura.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Señoría, en primer lugar y contestando a las últimas palabras que usted dice, le diré que estamos perfectamente coordinados todos los ministerios. Yo le recomendaría que se leyera la norma a la que usted hace referencia del Plan Prever, que no afecta a la totalidad de los 4x4, sino a determinados vehículos de alta potencia, lo cual está vinculado con el cumplimiento del compromiso de Kioto y de ahorro energético. Por lo tanto, no es un tema genérico.


Volviendo a la cuestión competencial a la que usted se refería en la pregunta, una vez aclarado perfectamente que no vamos a prohibir la circulación de los 4x4 en las vías rurales, quisiera ampliarle la información y decirle que las prioridades que se plantean son el establecimiento de las características constructivas y el diseño de las vías rurales, y el mantenimiento posterior de estas vías así como su señalización, haciendo especial énfasis en puntos de especial peligrosidad, como por ejemplo el entronque con otras vías de comunicación. Somos conscientes de que su puesta en práctica será lenta porque hay que establecer unos plazos razonables, de tal manera que consideramos más urgente actuar sobre la señalización y después a más largo plazo, sobre las características constructivas y diseño de las vías rurales. Por otra parte, señoría, esta iniciativa contribuirá a reducir el impacto en el medio natural, teniendo en cuenta la existencia de redes viarias en terrenos protegidos. En este sentido, los usos establecidos en la Ley de Montes o en la Ley de Vías Pecuarias serán contemplados al igual que otros ya incluidos en los planes de uso y gestión de los parques naturales, que usted, como es presidente de uno de ellos, conoce perfectamente.


Se trata, en definitiva, de establecer unas normas mínimas que permitan mejorar la seguridad de las personas que de una u otra forma contribuyen a mantener un medio rural vivo y hacerlo a través de la implicación de todas las administraciones, ya que todos consideramos necesario que las vías rurales dispongan de señalización y de normas de circulación.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DON CRISTÓBAL JOSÉ LÓPEZ CARVAJAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN QUE HACE EL GOBIERNO DE LA EVOLUCIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO EN EL AÑO 2006 (S. 680/001169).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador López Carvajal.


Tiene la palabra su señoría.


El señor LÓPEZ CARVAJAL: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, el gasto farmacéutico del Sistema Nacional de Salud representa un porcentaje muy significativo dentro del gasto sanitario público; en el año 2003 concretamente superó los 9.000 millones de euros.
Es un gasto que resultaba preocupante cuando se analizaba su tendencia ya que por entonces estábamos hablando de un crecimiento interanual del 12,1 por ciento, sobre todo porque este crecimiento no era coyuntural, sino estructural, como lo probaban los datos de ejercicios posteriores, porque en el año 2002 creció un 9,57 y en 2001 un 8,93; todas estas cifras están situadas significativamente por encima del crecimiento del PIB nominal de esos años para nuestra economía.


En este marco -yo creo que alarmante- la acción política de los gobiernos de turno, es decir, del Partido Popular, puso en marcha medidas coyunturales con especial énfasis en los factores de la oferta farmacéutica, es decir, los precios, los márgenes de los agentes o las listas de medicamentos excluidos.


Este panorama se invirtió a partir del año 2004, con la entrada del nuevo Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, un Gobierno y un ministerio, el suyo, que rápidamente invirtió las prioridades en política farmacéutica, enfatizando la medida sobre la gestión de la demanda, y que puso en marcha políticas comprendidas dentro de un ambicioso plan de uso racional del medicamento, entre las cuales la más eficaz ha sido la

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prescripción por principio activo, de ahí que el ejercicio del 2004 se cerrase con un crecimiento interanual del 6,4 por ciento. Inicialmente, muchos observadores opinaron que esta era una desaceleración coyuntural, pero los datos de ejercicios posteriores confirmaron todo lo contrario.


De esta forma, nos encontramos en este momento con un panorama del siguiente tenor. En el año 2004, el peso específico del gasto farmacéutico por receta dentro del conjunto sanitario público fue del 24,4 por ciento, en el año 2005 fue del 23,01 por ciento y en el año 2006 del 21,8 por ciento.


Por todo ello, señora ministra, es importante conocer la valoración que hace el Gobierno de la evolución del gasto farmacéutico durante el pasado ejercicio de 2006.


Gracias

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, estamos realmente satisfechos de la evolución del gasto farmacéutico, especialmente porque el paisaje que usted ha descrito se ajusta exactamente a la realidad. El gasto farmacéutico aumentó un 12,5 por ciento en 2003 y en abril de 2004, cuando llegamos al Gobierno, el incremento interanual era del 11,02 por ciento. Sin embargo, el año 2006 se ha cerrado con un crecimiento del 5,82 por ciento, prácticamente la mitad de la cifra que había cuando llegamos al Gobierno. Por tanto, por tercer año consecutivo se confirma la tendencia a la moderación del gasto, que comenzó a apreciarse tras la entrada en vigor del Real Decreto 2402/2004, de 30 de diciembre.


Con la adopción de estas medidas, por primera vez el crecimiento del gasto farmacéutico se ha situado en valores similares a los de los países de nuestro entorno. En el año 2004, como usted ha recordado, el crecimiento fue del 6,4 por ciento y en el año 2005 de 5,63 por ciento. Pero lo más importante es que esta moderación del gasto farmacéutico se ha manifestado particularmente en el gasto medio por receta, que ha aumentado únicamente un 1,65 por ciento con respecto al año anterior.
También el número de recetas facturadas, a pesar del crecimiento de las personas que viven en nuestro país y que, por tanto, tienen derecho a asistencia farmacéutica, se ha incrementado únicamente en un 4,10 por ciento. En junio de 2006 -quiero darle una cifra adicional-, el consumo de genéricos alcanzó un 15,7 por ciento del total de envases vendidos, frente al 12,03 por ciento del 2004, y un 7,68 por ciento en importe económico.


Como usted sabe, esta contención del gasto farmacéutico, esta mejora del uso racional de los medicamentos contribuye también a la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Salud y permite que las comunidades autónomas puedan dedicar a otras prioridades sanitarias los recursos económicos que así se liberan. Es decir, esta contención del gasto farmacéutico beneficia directamente a los ciudadanos.


Por eso, vamos a seguir trabajando para lograr la implantación de todas las medidas contenidas en el Plan Estratégico de Política Farmacéutica y, por supuesto, en la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Con ese propósito, durante los próximos meses vamos a aprobar varias normas de desarrollo, que se irán implantando gradualmente en nuestro Sistema Nacional de Salud. Además, debo decir que en toda esta tarea hemos contado con la colaboración de las comunidades autónomas y, especialmente, de todos los profesionales sanitarios.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON JOAQUÍN ANTONIO BELLÓN MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA FINALIDAD DEL ESTUDIO ANTROPOMÉTRICO DE LA POBLACIÓN FEMENINA QUE VA A REALIZAR EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (S.680/001170).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Bellón Martínez.


Tiene la palabra su señoría.


El señor BELLÓN MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, los hábitos en las conductas cotidianas se adquieren no solo en función de la voluntad individual de cada uno, sino influenciados fundamentalmente por factores deterministas y ambientales. Son estos últimos los que condicionan en gran medida las decisiones personales respecto a lo que es lo que más conviene para el desarrollo no solo del proyecto vital, sino de las formas en las que ha de ir envuelto ese transitar por la vida.


La influencia respecto a los modos y formas de vida obedecen a costumbres y a estereotipos nada contrastados por datos científicos, a pactos sociales y a veces a presiones corporativas, y desde estas influencias no puede quedar exenta una de las actividades que se repite diariamente en todos los habitantes de este planeta: el cubrir o adornar el cuerpo con ropa. En nuestro medio está demostrado empíricamente que existe una relación entre las costumbres impuestas por la moda en el vestir y los hábitos alimentarios que se adaptan a los dictados de la misma.


No hace falta recordar hacia dónde conducen en muchas ocasiones los trastornos de estos hábitos alimentarios en un grupo de población muy vulnerable, como es la adolescencia, condicionada por estereotipos nada saludables. Esta influencia hace más mella en la mujer y más aún en las mujeres jóvenes, que se ven sometidas a utilizar unas tallas en las prendas de vestir que no se corresponden al genotipo mayoritario de la población femenina española, con las consecuencias derivadas en todos los ámbitos del desarrollo personal por el

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sometimiento a patrones impuestos. En muchas ocasiones es preciso que las administraciones públicas interactúen conjuntamente con los sectores sociales más influyentes en estos modos de vida para salvaguardar los derechos de la ciudadanía.


Por todo ello, señora ministra, le pregunto: ¿Cuál es la finalidad del estudio antropométrico que está realizando en la población femenina de España el Ministerio de Sanidad y Consumo?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la ministra de Sanidad.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, promocionar una imagen física saludable es uno de los objetivos dentro del conjunto de actuaciones orientadas a inculcar en nuestros jóvenes hábitos de vida sanos y prevenir y evitar los trastornos alimentarios, trastornos graves que han sido objeto de atención por parte de esta Cámara. Nos hemos propuesto también facilitar a los consumidores una información veraz, homogénea y comprensible acerca de las tallas de la ropa, evitando así problemas o errores a la hora de adquirir prendas de vestir en distintos establecimientos, prendas de vestir fabricadas por distintos fabricantes.


Por eso, el pasado 23 de enero firmé un acuerdo con empresarios y creadores de moda para dar carta de naturaleza a la colaboración estable entre el Ministerio de Sanidad y el sector para adaptar el canon estético a nuestra realidad y para homogeneizar las tallas de ropa. El instrumento esencial para alcanzar esos objetivos es un estudio antropométrico, que va a permitir conocer las medidas corporales más frecuentes entre las mujeres españolas.


Este estudio se va a realizar por primera vez en nuestro país. Este trabajo, que se ha iniciado el pasado 15 de febrero, se va a realizar sobre una muestra representativa de la población femenina entre 12 y 70 años y se va a llevar a cabo con personas residentes en 61 localidades, en las que se efectuarán medidas. Se van a seleccionar y citar a 8.500 personas. Las mediciones se van a efectuar en unas cabinas especiales, que permiten, en muy pocos segundos, tomar más de 130 medidas y, por tanto, definir con toda exactitud cuál es la talla de la mujer española.


A finales del año 2007 comenzaremos a tener resultados, que -como le digo- van a ser obtenidos mediante este procedimiento de avanzada tecnología, pero garantizando, por supuesto, la confidencialidad de los datos de todas las mujeres que participan en el estudio. Para su realización, el Ministerio de Sanidad cuenta con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias y con la colaboración entusiasta -debo decir- hasta el momento de todas aquellas mujeres a las que les hemos solicitado que participen en él.


Este estudio nos va a ayudar a promocionar una imagen física saludable y representativa de nuestra propia realidad, va a evitar crear referentes negativos para nuestros jóvenes y va a avanzar en ese proceso voluntario de homologación de tallas, en el que quiero recordar que no existe ninguna norma obligatoria por parte de la Unión Europea. La información, por supuesto, nos la va a proporcionar este estudio antropométrico que está desarrollando el Instituto Nacional de Consumo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DOÑA ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS ÚLTIMAS ACTUACIONES DEL GOBIERNO, DENTRO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA JOVEN, DEL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2005-2008 (S.680/001171).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Rodríguez García.


Tiene la palabra su señoría.


La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008, que está siendo uno de los principales ejes de la política de vivienda del Gobierno socialista, se puso en marcha pretendiendo ante todo que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda digna a unos precios asequibles. Es un plan que está dirigido especialmente a aquellos colectivos que más dificultades tienen en el acceso a la vivienda, por ejemplo, los jóvenes, que somos quienes más hemos padecido esta dificultad que, a su vez, implica otro problema añadido, nuestra emancipación.


Afortunadamente, el Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero se ha tomado en serio a los jóvenes y ha considerado una prioridad todas las políticas que nos afectan directa o indirectamente. De igual modo, desde el ministerio que usted preside, se ha considerado que los jóvenes somos uno de los colectivos preferentes de las política de vivienda. Así, dentro de este Plan Estatal de Vivienda se recoge un programa para jóvenes, en el que se contempla una serie de ayudas y actuaciones, entre las que destacan la posibilidad de cambiar de vivienda protegida, según se vayan modificando las circunstancias de estos jóvenes; ayudas a los inquilinos; ayudas para la entrada de hasta 10.000 euros o planes específicos de alquileres, en común acuerdo con distintas administraciones, como el recién presentado Programa Vivienda Universitaria. En definitiva, creo que están haciendo una buena labor porque están adoptando medidas específicas para un colectivo específico, como es la juventud.


En este sentido, señora ministra, la pregunta que quiero plantearle está dirigida a saber cuáles son las últimas actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno dentro del Programa Vivienda Joven del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008.


Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la ministra de Vivienda.


La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Gracias, señor presidente.


Señoría, la última medida que está llevando a cabo el Gobierno de España es el Programa Vivienda Universitaria. El pasado 9 de febrero informé al Consejo de Ministros sobre la puesta en marcha del Programa Vivienda Universitaria dentro del Programa de Vivienda Joven en alquiler del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008.


Como este programa requiere necesariamente no sólo la colaboración del resto de las administraciones públicas sino también de todos los agentes sociales y económicos, la semana pasada se convocó la Conferencia Sectorial de Vivienda, en la que tuve la oportunidad de presentarlo a las comunidades autónomas, así como al recién creado Consejo Estatal del Plan de Vivienda, con 20 agentes económicos y sociales. Además, ayer mismo, junto con la ministra de Educación y Ciencia, informé a la Comisión Académica del Consejo de Coordinación Universitaria sobre el Programa Vivienda Universitaria. Esta comisión está formada por todos los rectores de las universidades españolas, así como por personas de reconocido prestigio, y tuvo una magnífica acogida en su seno, tal como se ha recogido en todos los medios de comunicación.


El Programa Vivienda Universitaria va a atender a los principales demandantes de vivienda, que son los jóvenes, y en este caso concreto a los jóvenes universitarios, que se ven obligados a desplazarse a otras ciudades para cursar sus estudios y no encuentran alojamiento en las residencias universitarias, en los colegios mayores, en los pisos compartidos o sencillamente en los pisos que tienen las familias para atender las necesidades educativas de sus hijos.


Para poner en marcha el Programa Vivienda Universitaria vamos a utilizar los suelos públicos disponibles dotacionales y residenciales de las universidades, así como los de otras administraciones públicas ubicados en los campos universitarios o próximos a las universidades.


En el Plan Estatal de Vivienda disponemos de recursos suficientes para este ejercicio económico de 300 millones de euros, y con ello pretendemos cumplir cinco objetivos. El Programa de Vivienda Universitaria es una medida más de fomento de alquiler dentro del Plan Estatal de Vivienda, al que dedicamos casi el 60 por ciento de los recursos económicos, pero además queremos fomentar la emancipación y autonomía de los jóvenes; mejorar las condiciones de igualdad de oportunidades en el acceso a la formación universitaria, favoreciendo su movilidad geográfica y laboral y la elección de estudios y universidades, y que las familias dediquen menos dinero a la vivienda y más a la formación académica.


Implicaremos a las universidades y vamos a fomentar la innovación de industrias añadidas a la construcción de estas viviendas universitarias, que serán tuteladas en todo caso por la universidad. El joven universitario pagará entre 75 y 200 euros dependiendo del tipo de vivienda y de la ciudad donde viva. Además, el ministerio pagará el 50 por ciento de todas las viviendas que se construyan con el Programa Vivienda Universitaria, que en esta primera fase serán diez mil.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DOÑA SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO ALGUNA ACTUACIÓN URGENTE PARA MEJORAR LOS ACCESOS DESDE EL ALJARAFE (SEVILLA) A LA CIUDAD (S.
680/001154).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Becerril Bustamente.


Tiene la palabra su señoría.


La señora BECERRIL BUSTAMENTE: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, ¿tiene previstas su departamento alguna o algunas actuaciones urgentes para acelerar en los próximos meses, con objeto de mejorar y paliar los graves problemas que plantea la entrada y salida desde la ciudad de Sevilla hacia la zona denominada Aljarafe? Por ejemplo, en el día de ayer, en el que hubo algo de lluvia, las retenciones en estas entradas y salidas supusieron hora y media de retención de los ciudadanos dentro de sus automóviles para recorrer al final entre cuatro, cinco, seis o siete kilómetros de distancia.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.


El Gobierno está actuando en todos los accesos entre el Aljarafe y la ciudad de Sevilla, sobre todo en los son de nuestra responsabilidad, con actuaciones tanto en la red estatal de carreteras como en la de ferrocarriles.


Respecto a las carreteras, en la A-49 la actuación consiste en ampliar su capacidad al pasar de dos a tres carriles por calzada en la zona del Aljarafe, desde Castilleja de la Cuesta hasta Benacazón. En la S-30, como principales actuaciones en esta legislatura ya hemos ampliado su capacidad con la construcción de un tercer carril en su conexión con la autovía de Coria del Río y con la remodelación del resto del enlace de San Juan. Además, como usted bien sabe, vamos a iniciar ya la construcción de la S-40, una nueva autovía de circunvalación a Sevilla que descargará el Aljarafe de los tráficos de largo recorrido con destino a Cádiz, Extremadura, Córdoba y Madrid.


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En relación con el transporte de ferrocarril, vamos a ampliar la red de Cercanías de Sevilla con una nueva línea, la C-5, que dará servicio al Aljarafe Norte.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


Tiene la palabra su señoría.


La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Gracias, señor presidente.


Gracias, señora ministra, por su información, pero estos planes lo que no tienen -por lo menos no los ha fijado usted y yo en los documentos tampoco alcanzo a encontrarlos- son plazos. Y si es cierto que el horizonte de estos planes se cifra en el año 2020, la situación se hace insostenible. En documentos oficiales, no de su ministerio, pero sí de la Junta de Andalucía -los cito porque supongo que tendrán el rigor suficiente- se dice que la situación actual es insostenible y no se puede mantener. Esta situación, que de manera muy resumida le he expresado al comienzo de mi intervención, de una zona que tiene aproximadamente 150.000 habitantes y de la que entran a diario en la ciudad 100.000 vehículos, tampoco se puede mantener por las consecuencias medioambientales que supone y por otras muchas derivadas de ese problema.
Si no hay unos plazos, si no hay una urgente actuación por parte de su departamento -naturalmente yo le he preguntado a usted dentro de sus competencias, como no puede ser de otra manera, y no de las de otras administraciones-, no adelantaremos nada.


Yo quisiera que me dijera unos plazos y que el ministerio tomara, si no la ha tomado ya -supongo que sí-, conciencia de que es una situación, como dicen esos datos, absolutamente insostenible, verdaderamente desagradable y que perturba la vida de decenas de miles de personas a diario.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.


Señoría, tiene usted toda la razón, lo que no se entiende es cómo no hicieron nada mientras estuvieron en el Gobierno. Nosotros llevamos tres años en el Gobierno y le voy a decir todo lo que hemos hecho.


Por cierto, se sabe la fecha de terminación de las obras cuando estas se adjudican, de modo que están perfectamente identificadas. En ningún caso, para su tranquilidad, la fecha es 2020. Como usted y yo pasamos por esa zona, sabemos que la situación es insostenible. Por eso el Gobierno actual ha tomado medidas sobre carreteras y ferrocarril, en todos los accesos en los que tenemos competencias. A continuación, le voy a detallar algunas.


En la autovía A-49, en los 13,2 kilómetros que discurren por El Aljarafe, hemos iniciado la construcción de un nuevo carril por calzada, por medio de dos actuaciones: la primera, entre Castilleja de la Cuesta y Bormujos, cuyo proyecto no estaba aprobado cuando llegamos al Gobierno. Hemos aprobado el proyecto y hemos licitado, adjudicado e iniciado las obras.
El tramo continuará entre Bormujos y Benacazón, de lo que ustedes no habían dado ni la orden de estudio; es decir que ni siquiera se les había ocurrido hacer las obras. Nosotros hemos dado la orden, hemos adjudicado el proyecto y hemos iniciado su redacción. Cuando lo tengamos, procederemos inmediatamente a la adjudicación de la obra.


En la SE-30 hemos iniciado las actuaciones de acceso a El Aljarafe, que ni siquiera se plantearon durante la pasada legislatura. Iniciamos las obras en el enlace de San Juan, y en noviembre de 2006 pusimos en servicio un tercer carril para acceder a la SE-30 desde El Aljarafe-sur. Hemos modificado la salida hacia Tomares, permitiendo el sentido Tomares-Huelva, y hemos reordenado los carriles del puente Reina Sofía que pusimos en servicio en diciembre de 2006. Ya hemos redactado el proyecto del enlace de La Pañoleta y del acceso a Camas y licitaremos las obras este año; otra actuación de la cual el PP ni siquiera había dado la orden de estudio. Supondrá una gran mejora de la accesibilidad a la SE-40, e insisto en que, cuando llegamos al Gobierno, ni siquiera se había iniciado la redacción de los proyectos. La mayor parte de ocho de los 11 tramos carecían de estudio informativo. Hoy, están adjudicadas las obras entre La Rinconada y Alcalá, y en 2007 se adjudicarán dos tramos más.


No tengo tiempo para hablarle de Cercanías, pero presenté el plan en Sevilla hace poco; ya conoce usted el dato.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracia señora ministra.


-- DE DON VÍCTOR BRAVO DURÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA MOTORISTAS EN LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO QUE EVITEN LOS GRAVES ACCIDENTES Y SECUELAS QUE PADECEN (S. 680/001157).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Bravo Durán.


Tiene la palabra su señoría.


El señor BRAVO DURÁN: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, quisiera conocer la previsión de su Gobierno para la implantación en la red de carreteras de su competencia de sistemas de protección para usuarios de motocicletas.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la ministra de Fomento.


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La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Gracias, señoría.


Ya saben ustedes que la seguridad ha venido siendo prioritaria desde el principio de la legislatura. Según los estudios sobre seguridad vial, hay una serie de factores concurrentes cuando se produce un accidente: el conductor, la carretera, las condiciones meteorológicas y el vehículo.
Nosotros actuamos sobre la carretera, mejorando la red, poniendo más kilómetros de autovía en servicio, construyendo variantes que eviten el paso por las poblaciones, mejorando el trazado y el equipamiento de las carreteras, y actuando sobre su conservación y mantenimiento, algo especialmente importante.Todo esto afecta a los motociclistas.


Además, vamos a actuar sobre las barreras protectoras. Hemos diseñado y aprobado el Plan de adecuación de los sistemas de contención para la protección de motociclistas, y lo estamos ejecutando. Asimismo, desarrollaremos una norma sobre pintura antideslizante, para dar a las marcas viales mayor rugosidad y un mayor índice de reflexión.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Bravo.


El señor BRAVO DURÁN: Señora ministra, en nuestra opinión, la seguridad vial de los motoristas es en este momento un verdadero problema de salud pública. Esto no es una exageración; lo atestiguan los más de 800 muertos -repito, 800 muertos- y 32.000 heridos que se producen cada año. Casi la mitad de ellos impactan contra los sistemas de contención; contra esos guardarraíles, biondas o como quiera llamarlos. El resultado es de muertos y amputados, muchos amputados, lo cual es terrible. Además, en la mitad de estos accidentes hay una responsabilidad directa de las infraestructuras. No de su ministerio, debo aclararlo, puesto que muchas de ellas no le competen. De todos modos, entre todos podríamos evitarlo.


A nivel estatal hay un plan de adecuación, usted lo ha citado y es cierto, muy tibio y que está en sus comienzos. Dice que harán algo sobre la pintura. Necesitaría conocer un poco más al respecto. También es cierto que hay alguna orden ministerial sobre los sistemas de protección para motociclistas, pero no hay nada que obligue a instalarlos.


A nivel local se han establecido algunas medidas paliativas, parches y pequeñas mejoras, pero siempre quedan al arbitrio de la voluntad política de cada administración. Por ello, quisiera conocer su opinión con respecto a los guardarraíles y a la pintura antideslizante.


Es cierto que se han tomado algunas medidas. Por ejemplo, a nivel local, en Euskadi, se han abordado algunas actuaciones y, en Guipúzcoa, en el último año, se ha experimentado una reducción importante en el número de siniestros, lo que demuestra que si se invierte en seguridad se obtienen resultados.


En Navarra, Cataluña, Andalucía y Castilla-La Mancha también han hecho algo, pero el resto no han hecho nada de nada o, como mucho, se han limitado a firmar acuerdos con organizaciones de usuarios para acometer actuaciones muy puntuales.


La situación es tan grave que debemos hacer algo contundente para contener esta sangría de forma definitiva. No sé muy bien qué debemos hacer y espero que usted me lo diga porque, desde mi punto de vista, es una vergüenza que en este país de gran tradición motera, con cuatro millones y medio de usuarios de motocicletas -el 10 por ciento de la población-, tengamos semejante problema de accidentalidad, con esa escandalosa cifra de heridos y muertos y que, desde luego, hagamos tan poco para evitarlo.


No le voy a pedir que hagamos como en Portugal donde, según la información de que dispongo, están cambiando las biondas e instalando sistemas de protección hasta en las rectas. Quizá habría que ser más selectivo y elegir determinadas curvas de radio inferior a los 400 metros -habrá que analizarlo-, pero no cabe duda de que hay que hacer algo urgente y contundente para garantizar la seguridad de todos los usuarios de dos ruedas.


Quedo a la espera de su opinión más en detalle y, desde luego, le doy las gracias anticipadas por su respuesta.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.


Señoría, no solamente me preocupa la seguridad de los motociclistas sino que, además de preocuparme, actúo. El único Gobierno que ha aprobado un plan para sustituir las barreras de seguridad en determinados kilómetros y tramos de nuestras carreteras ha sido el actual.


Hemos desarrollado un plan de I+D, de análisis, de diseño y de homologación de una serie de elementos a incluir en las barreras de seguridad con el fin de reducir el número de accidentes y minimizar el efecto que el propio accidente tenga sobre el motociclista, de tal manera, señoría, que ya hemos aprobado un plan de adecuación de barreras para los próximos seis años; plan que contempla actuar sobre 1.505 kilómetros, de los que 500 kilómetros son de autovía y 1.000 kilómetros de carreteras convencionales.


Vamos a actuar en los 25.000 kilómetros que conforman la Red de Carreteras del Estado porque el resto, 140.000 kilómetros, no son de nuestra competencia.


En el caso de los 1.505 kilómetros de los que le hablaba, se han establecido prioridades siguiendo los criterios que usted comentaba -y algunos otros- y estamos colocando barreras especiales de seguridad. ¿En qué tramos se van a instalar? En aquellos en los que existe un número mayor de caídas, en los de curvas más cerradas y, en definitiva, en aquellos que presentan mayor peligrosidad: curvas de radio pequeño o tramos donde se

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producen frenadas o desaceleraciones bruscas como consecuencia de ubicación en los mismos de enlaces, giros, entradas y salidas.


Hemos analizado los puntos de concentración de accidentes, señoría, de tal manera que estamos procediendo a esa sustitución de las barreras de seguridad anteriores por aquellos elementos que hemos considerado más seguros. Por ello, vamos a instalar unas nuevas barreras que incorporen una valla inferior situada a tres centímetros del suelo que, en caso de accidente, evite que los motociclistas pasen por debajo y se puedan golpear contra postes, árboles, farolas, etcétera, además de actuar como muelle que absorba la fuerza del choque. El perfil de esta barrera se adapta al casco de los motociclistas al producirse el impacto.


Por otro lado, y como ya he comentado, a partir del mes de abril vamos a utilizar una nueva pintura antideslizante.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DON LLUÍS BADIA I CHANCHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS PRIMERA Y TERCERA DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE FOMENTO Y LA EMPRESA AUTOPISTAS, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. (ACESA), PARA LA MODIFICACIÓN DE DETERMINADOS TÉRMINOS DE LA CONCESIÓN DE LAS AUTOPISTAS ENTRE BARCELONA Y LA JONQUERA (GIRONA), BARCELONA Y TARRAGONA, MONTMELÓ (BARCELONA), EL PAPIOL (BARCELONA) Y ZARAGOZA, Y ZARAGOZA Y EL MEDITERRÁNEO (S. 680/001161).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Badia i Chancho. Tiene la palabra su señoría.


El señor BADIA I CHANCHO: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, buenos días.


Mi pregunta está relacionada con la autopista AP-7. En su momento, felicitamos al Gobierno -y a usted personalmente- por el éxito de la firma del convenio con la empresa concesionaria, pero pasados diez meses nos gustaría conocer al detalle la situación en que se encuentra el cumplimiento de las cláusulas primera y tercera del convenio referido.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.


Señoría, efectivamente el día 22 de febrero de 2006, hace exactamente un año, respondí a una pregunta formulada por usted sobre la firma del convenio con ACESA para la AP-7. En aquella ocasión le informé de que ACESA se comprometía a invertir 500 millones de euros para mejorar la fluidez, ampliar la capacidad y suprimir los peajes troncales de la AP-7.
Hoy le informo de que las cláusulas del convenio por las que usted se interesa se están cumpliendo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


Tiene la palabra el senador Badia.


El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, su respuesta ha sido muy pobre y le voy a trasladar lo que piensan los ciudadanos de Cataluña. En la editorial de un periódico no especialmente próximo a los posicionamientos de mi grupo parlamentario se publica con fecha de ayer lo siguiente: Tradicional parsimonia del Ministerio de Fomento en la autopista AP-7. Declaración del Gobierno de la Generalitat, un gobierno que es amigo suyo: La Generalitat critica que no hayan comenzado las obras de ampliación de la AP-7. Declaración del señor Nadal, colega suyo en el Gobierno catalán: El Govern critica el retraso del tercer carril en la AP-7 y lo declara como una situación escandalosa que provoca congoja.


Señora ministra, me parece muy bien su respuesta, pero cae de plano cuando lo cierto es que aquí ha habido un incumplimiento claro y flagrante por parte de su ministerio. Y le daré datos concretos. Según declaración expresa realizada por la empresa concesionaria sobre el cumplimiento de las cláusulas primera y tercera, en cuanto a la cláusula primera, ACESA asegura que el 30 de mayo presentó el proyecto constructivo y declara, asimismo, que el 30 de julio presentó lo que hacía referencia a la cláusula tercera.


Han pasado nueve y siete meses respectivamente, y el Gobierno no ha tomado ninguna decisión sobre a la aprobación definitiva del indicado proyecto, y por tanto, hace nueve y siete meses que el Gobierno del Estado tiene paralizada la solución a una situación gravísima tanto para la movilidad en Cataluña, como para su viabilidad económica, y evidentemente esa responsabilidad es suya y de su Gobierno. Espero y deseo que me facilite usted hoy una respuesta clara y concreta sobre cuándo va el Gobierno a aprobar definitivamente el proyecto indicado y cuándo van a iniciar las obras teniendo en cuenta que por parte de la concesionaria existe la total disponibilidad de llevarlo a cabo.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.


Señoría, ha hecho usted muy bien en formular su pregunta, pero debería haber esperado a oír la respuesta

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para hacer esa afirmación. Siento mucho que teniendo usted la oportunidad de enterarse de todo en esta Cámara directamente por nosotros, tenga que acudir a las editoriales o interpretar lo que dice la Generalitat. Le recomiendo que lea usted el convenio antes de decir que hemos incumplido nada.


Señoría, no hemos incumplido absolutamente nada, ni siquiera las comas del convenio. Le digo esto porque ha puesto usted mucho énfasis en culpar al Ministerio de Fomento de incumplir algo, pero no ha dicho que hemos incumplido. Los únicos plazos que establece el convenio son para la presentación de determinada documentación por parte de ACESA. Así pues, sea cual sea el motivo por el que a estas alturas no se ha aprobado, no ha habido ningún incumplimiento del convenio por parte del Gobierno. Le recomiendo, pues, que se lo lea antes de hacer ese tipo de acusaciones.


Efectivamente ACESA cumplió el primer plazo de la cláusula primera presentando antes del 23 de junio la documentación del proyecto, algo que no sucedió con la tercera cláusula, señoría, que se retrasó una semana.
Pero yo no les acuso; ha sido usted quien ha preguntado por el cumplimiento de los plazos y, no sé por qué, además, parece que representa a ACESA cuando ésta no necesita de representación alguna ante esta Cámara. ACESA habla directamente con nosotros y sabe perfectamente en qué situación está toda su documentación.


Así pues, ACESA cumplió el primer plazo. Pero a partir de esa fecha en la que se presenta la documentación, la aprobación no es automática, sino que ha de realizarse una revisión de lo que se presenta y solicitar todo aquello que falte, y en ese trámite se ha estado desde el día 2 de octubre, en que la Dirección General de Carreteras remite el proyecto revisado con una serie de observaciones que deben ser completadas por ACESA, observaciones que no tienen importancia alguna referidas a aspectos geológicos, técnicos, cálculo de los pórticos, señalización, trazado, drenaje, firme, cuestiones en las que no sé por qué se mete quien es responsable de revisar el proyecto, que es la Dirección General de Carreteras.


El día 6 de noviembre de 2006 el Ministerio de Medio Ambiente comunica la exención del procedimiento de evaluación. Estamos hablando, señorías, de la cláusula primera. El 8 de noviembre ACESA presenta el proyecto constructivo rectificado para una nueva revisión, y el día 9 de febrero, una vez subsanadas las correcciones, la concesionaria ha remitido la documentación definitiva a la Dirección General de Carreteras. Empiece usted a contar, a partir de ese momento, los retrasos de la Dirección General de Carreteras.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE EL CALENDARIO PREVISTO POR EL GOBIERNO PARA LA LLEGADA DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD A BARCELONA (S. 680/001163).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Nuet.


Tiene su señoría la palabra.


El señor NUET I PUJALS: Gràcies, senyor president.


Bon dia, senyora ministra.


Recientemente, el Gobierno ha anunciado en diversos medios de comunicación un plan de llegada del ferrocarril de alta velocidad a Barcelona para fines de este año. Nuestra pregunta se refiere, señora ministra, a que nos dé más detalles sobre la concreción de ese anuncio, es decir, calendario, duración de viajes y frecuencias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Señoría, el plan por el que usted pregunta es el mismo que hemos seguido desde que llegamos al Gobierno. En menos de tres años hemos multiplicado por más de cuatro el ritmo de ejecución de la obra. Es decir, el plan de trabajo consiste en terminar los trabajos de plataformas, vías, catenarias e instalación de elementos auxiliares pendientes, para en el último trimestre de 2007 proceder a la prueba de todas las instalaciones para ponerlas en servicio este año.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


Tiene la palabra su señoría.


El señor NUET I PUJALS: Señora ministra, coincidimos con usted claramente en las carencias que en este momento tiene el servicio de ferrocarril entre dos ciudades tan importantes como Madrid y Barcelona. Si comparamos datos entre el transporte por avión y el transporte por ferrocarril, podemos ver que este último queda derrotado. Por tanto, estamos esperando ansiosos a que esos plazos se acorten para mejorar ese servicio de ferrocarril y para que así muchos más viajeros puedan hacer uso de él -ahora son solo un millón y medio frente a los cinco millones que se trasladan por avión- de conectarse entre sí esas dos ciudades.


Por supuesto que estamos de acuerdo en que se acorten los plazos, eso sí, manteniendo siempre la calidad y la seguridad de los trabajadores de esa obra, especialmente para que se puedan cumplir tres requisitos en los que seguramente estará usted también de acuerdo: en primer lugar, potenciar el transporte ferroviario entre Cataluña y Madrid; en segundo lugar, aprovechar esta obra tan importante para resolver problemas endémicos del transporte ferroviario de cercanías y de regionales en Cataluña; en tercer lugar, que podamos eliminar definitivamente las averías y las incidencias en el transporte de cercanías y de regionales que esta obra está produciendo y que están teniendo que soportar miles y miles de usuarios prácticamente cada día.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, señoría. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Efectivamente, hemos apostado por impulsar esta actuación, ya que el ritmo y el grado de ejecución que tenía esta obra cuando nosotros llegamos al Gobierno era de un 30 por ciento, se lo digo para que valore usted este dato. Eso quiere decir que habrían faltado muchos años para que el AVE hubiese llegado a Barcelona.
A fecha de hoy ya tenemos realizado un 85 por ciento. En esta legislatura hemos invertido 1.200 millones de euros. Por tanto, creo que es importante valorar la apuesta que ha hecho el Gobierno por la llegada de la alta velocidad a Barcelona, así como el resultado positivo de todas las gestiones que hemos ido haciendo para llegar a acuerdos con las administraciones implicadas. Cuando llegamos al Gobierno los trabajos estaban paralizados, por ejemplo, en Vilafranca del Penedès porque no había acuerdo con el Ayuntamiento. Hemos llegado a un convenio que se firmó en septiembre de 2005 para la ubicación de una base de montaje de la vía sin el cual se habría producido un retraso como mínimo de un año.
Y hemos llegado a un acuerdo con la Generalitat de Cataluña y con los ayuntamientos para el acceso a Sants, en Barcelona, que ha permitido finalizar los proyectos de los cuatro tramos e iniciar las obras de llegada de ese tren a Barcelona. En la actualidad está prácticamente finalizada la plataforma en 74 kilómetros, la vía está concluida en 55 kilómetros, la catenaria está finalizada hasta Vilafranca del Penedès y muy avanzada hasta Martorell. En cuanto a las dos subestaciones previstas en este tramo, la de El Gornal y su centro de autotransformación ya está concluido, y la de Sant Boi estará concluida en julio. Finalmente, se trabaja en las instalaciones de seguridad y comunicaciones, que constituyen la última fase en el montaje de la superestructura ferroviaria.


Según este plan de trabajo por el que usted me pregunta, en el mes de noviembre se habrá concluido la práctica totalidad de las actuaciones entre Tarragona y Sants y la pruebas del material móvil se iniciarán en octubre entre Roda de Barà y El Prat, y en noviembre entre El Prat y Sants.


Por tanto, señoría, además de todas las mejoras que hemos llevado a cabo en esta línea hasta Lleida, como usted bien sabe, espero y deseo, y para eso estamos trabajando y ahora se lo puedo confirmar, que el AVE llegará a Barcelona, Sants, en 2007.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON LLUÍS ARAGONÈS DELGADO DE TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE SI COMPARTE EL GOBIERNO QUE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN A LAS COMPAÑÍAS AÉREAS DE LA TERMINAL SUR DEL AEROPUERTO DE EL PRAT (BARCELONA) DEBAN PRIMAR Y GARANTIZAR QUE DICHA INFRAESTRUCTURA SE CONVIERTA EN EL «HUB» DE LAS RUTAS INTERNACIONALES PARA EL SUR DE EUROPA. (S. 680/001164)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Aragonès.


El señor ARAGONÈS DELGADO DE TORRES: Graciès, senyor president.


Bon dia, senyora ministra. (El señor senador inicia su intervención en catalán.)

El pasado día 20 de diciembre, en otra pregunta oral que le formulé sobre los criterios de adjudicación de la terminal sur del aeropuerto de El Prat, le trasmití el criterio de nuestro grupo parlamentario, favorable a que los espacios de dicha terminal sean adjudicados a las compañías aéreas que se comprometan a articular un hub o distribuidor de vuelos intercontinentales.


El criterio que defiende nuestro grupo parlamentario y que es compartido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, por el Ayuntamiento de Barcelona y me atrevo a decir que por la sociedad civil catalana, consiste en que el aeropuerto de Barcelona debe basar su estrategia en poder servir grandes volúmenes de pasajeros de alto valor añadido, generalmente internacionales, y en periodos punta de día.


Hoy, de nuevo y en pleno debate sobre este tema, insistimos en conocer la posición del Gobierno y por eso le preguntamos si comparte que los criterios de adjudicación de la terminal sur a las compañías aéreas de El Prat deban primar y garantizar que dicha infraestructura se convierta en el «hub» de las rutas internacionales para el sur de Europa. (El señor senador termina su intervención en catalán.)

Gracias, señora ministra.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.


Señoría, quiero comentarle que mucho antes del apoyo brindado por todas las instituciones a que usted hace referencia, ya habíamos decidido que el aeropuerto de Barcelona se consolidase como un «hub», y además lo habíamos manifestado públicamente.


Me extraña que reiteradamente aparezcan noticias en la prensa cuestionando este apoyo o bien me pregunte su señoría por segunda vez sobre ello. Lea usted la página 108 del PEIT, aprobado el 15 de julio de 2005, y verá la apuesta por que El Prat sea un «hub». Por tanto, no entiendo esta duda, que nunca se ha planteado por parte

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del Ministerio de Fomento. Tan es así que en el Congreso de los Diputados el 1 de junio de 2005, el 15 de febrero y el 28 de junio de 2006 en Pleno y el 10 de agosto de 2006 en comisión, garanticé que veníamos trabajando en ese sentido. El día 20 de diciembre lo anunció en el Congreso de los Diputados el señor presidente del Gobierno y esta ministra el 20 de diciembre en el Senado. Por último, el día 14 de febrero, el presidente del Gobierno lo expuso públicamente.


Por tanto, señorías, no tengan la menor duda. O explíquenme por qué tienen dudas, por qué tanto debate sobre si va a ser un «hub» o no, cuando la decisión se adoptó por lo menos hace tres años.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Aragonès.


El señor ARAGONÈS DELGADO DE TORRES: Gracias, señora ministra, por su respuesta.


Le pido que entienda que estemos preocupados, porque han aparecido distintas informaciones desde diversos ámbitos que nos hacen dudar o, como mínimo, estar alerta por lo que pueda pasar.


Por ejemplo, según fuentes próximas al concurso, se afirma que AENA se plantea repartir la nueva terminal sur de El Prat entre alianzas aéreas como Star Alliance y Oneworld, en una decisión que se califica de salomónica.


Yo le pido que en su respuesta nos aclare si el contenido de esta información de fuentes próximas al concurso de AENA se ajusta a la realidad o no. Entendemos que AENA, como entidad sometida a Derecho público, no puede actuar bajo criterios supuestamente salomónicos, sino de objetividad, de neutralidad -como reclama el mismo president Montilla- y de defensa de los intereses generales, que no pueden ser otros que la potenciación del propio aeropuerto y la protección de los intereses de los usuarios, tanto particulares como empresas, dentro del escrupuloso respeto al principio de la libre competencia entre compañías europeas.


Desde nuestro punto de vista, compartido, insisto, ampliamente en Cataluña, ni la concesión de la terminal repartida entre dos alianzas ni su utilización mayoritaria por compañías aéreas de bajo coste son positivas para alcanzar dicho objetivo. Y, de hecho, especialistas en transporte aéreo, como el catedrático Germà Bel, consideran que la coincidencia de dos alianzas en la misma terminal impediría la conversión de El Prat en un verdadero centro de distribución de vuelos con rutas intercontinentales directas y, añadiendo, además, que no existe ningún precedente internacional de que dos alianzas diferentes compartan un mismo hub.


Igualmente, señora ministra, quisiéramos conocer en qué fecha AENA adoptará la decisión sobre la adjudicación de la terminal, y si ello será tras la celebración de las próximas elecciones municipales o no.


Y, para finalizar, reiteramos la petición de que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña intervengan en todas las decisiones estratégicas.


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.


El señor ARAGONÈS DELGADO DE TORRES: Termino, señor presidente.


Intervenga en todas las decisiones estratégicas que se adopten por la Administración del Estado y que afecten al aeropuerto de El Prat y, muy particularmente, en la adjudicación de esta terminal sur.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, en cuanto al tiempo, será cuando tenga que ser, independientemente de que haya o no elecciones.


Yo le recomendaría que se nutriera de información procedente de las fuentes, y las fuentes no son «según fuentes del Ministerio de Fomento -ya somos muy mayores, señoría, para creer eso- o según fuentes próximas al concurso». Habrá que ver lo que es eso, señoría.


Yo creo que con sólo preocuparse no se llega a ningún sitio y, sobre todo, si no tiene ningún fundamento. Los objetivos los compartimos; el método, por supuesto que no. Ir analizando lo que dicen unos y otros en los medios de comunicación, en muchas ocasiones sin saber quiénes son ni unos ni otros, no es el mejor método para garantizar la eficacia, la eficiencia y el futuro del aeropuerto de El Prat.


Flaco servicio le hacen al aeropuerto de El Part aquellos que están todo el día urdiendo alrededor del aeropuerto sin saber realmente cuál es la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es que tenemos que establecer criterios que garanticen el mejor futuro de El Prat. Estos criterios son el fomento de la operativa hub en el conjunto del aeropuerto; la máxima eficiencia en la utilización de la infraestructura; maximizar las posibilidades de crecimiento de toda la compañía; facilitar la competencia actual y futura de los operadores; establecer equivalencia en la calidad del servicio, con independencia de la terminal en que se preste, es decir, la primera, la más antigua o la nueva; posibilitar el desarrollo futuro del aeropuerto de El Prat, y reducir los desplazamientos de los pasajeros y los tiempos de conexión. En función de la calidad, señoría, y teniendo en cuenta las posibilidades de futuro es cómo tenemos que orientar las decisiones en El Prat.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


-- DE DON FRANCISCO XESÚS JORQUERA CASELAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE SI EL GOBIERNO CONTEMPLA UN SISTEMA DE INCENTIVOS POSITIVOS A LA IMPLANTACIÓN DE CENTROS DE CON-

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SUMO INDUSTRIAL EN TERRITORIOS EXCEDENTARIOS DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA (S.
680/001148).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Jorquera.


Tiene la palabra su señoría.


El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señor presidente.


Doy por formulada la pregunta en los términos en los que fue publicada.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Tiene la palabra el Ministro de Industria, Turismo y Comercio.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Muchas gracias, señor presidente.


Como saben sus señorías, la pregunta hace referencia a la intención del Gobierno de establecer o no incentivos para aquellos territorios que tengan un excedente de producción eléctrica. No está previsto que el Ministerio de Industria tenga incentivos por el hecho de que una región tenga o no excedente eléctrico. Lo que el Gobierno pretende es contribuir a disminuir una de las ineficacias del sistema eléctrico general: el coste que representa la pérdida de energía por el transporte.


Como saben ustedes, las redes eléctricas a partir de una cierta distancia tienen un coste en forma de pérdida de energía eléctrica relativamente alto, puede llegar incluso a un 9 o un 10 por ciento, y se trata de que con la paulatina introducción de las razones de mercado se pueda conseguir un sistema que prime las decisiones en el sentido de que esta pérdida se minimice. Este es el objetivo del informe que ha pedido el Gobierno a la Comisión del Mercado de la Energía.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Tiene la palabra el senador Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, la reducción de pérdidas en el transporte de energía eléctrica puede hacerse incentivando la instalación de unidades de producción eléctrica cerca de los centros del máximo consumo, como parecen proponer ustedes, o puede hacerse también a la inversa, incentivando la implantación de centros de consumo industrial en zonas excedentarias de producción eléctrica, como desde nuestro punto de vista es mucho más lógico y racional e intentaré explicarle el porqué.


Más racional porque si Galicia, por poner un ejemplo, es una gran productora de energía eléctrica es simplemente porque en Galicia hay una abundancia de materias primas y de recursos naturales que han favorecido esta especialización productiva. Hay un amplio consenso, señor ministro, sobre la necesidad de apostar por las energías renovables, tanto para reducir la contaminación por CO2 como para reducir también nuestra dependencia energética. Un criterio de lógica y eficiencia elemental es que las instalaciones que utilizan fuentes renovables se implanten donde se dan las condiciones objetivas para favorecer su desarrollo. Pero a nosotros, además, nos parece más justo, señor ministro, porque históricamente la especialización de Galicia en la producción eléctrica ha contribuido al desarrollo de otras zonas del Estado pero no al desarrollo de Galicia. El papel reservado a Galicia fue únicamente el de transformador de energía primaria en energía disponible, sin que hubiese un beneficio colectivo para el país, que lamentablemente tuvo que soportar los costes sociales y medioambientales de todas estas instalaciones.


La política energética que está desarrollando el actual Gobierno gallego a través de la Consellería de Innovación e Industria pretende que esta situación cambie profundamente. Se pretende utilizar la capacidad de producción y transformación existente en Galicia como palanca para el desarrollo de la sociedad gallega en su conjunto; se está apostando por el desarrollo de las energías renovables; se está apostando por la introducción de cambios tecnológicos que aumenten la eficiencia de las fuentes tradicionales para aumentar su carácter sostenible; se está apostando porque aumente el consumo industrial, fomentando la implantación de nuevas instalaciones fabriles que contribuyan a generar riqueza y empleo y se está acompañando de una política de participación del sector público que permita el retorno a la sociedad de los costes que soporta por la presencia de estas instalaciones.


Señor ministro, se lo digo con toda franqueza y con todo cariño, deseamos que el Gobierno del Estado no sea un obstáculo en el desarrollo de estas políticas, sino que contribuya y colabore con las mismas, por ejemplo, modulando el modelo de tarifa para que se beneficie el consumo que se realiza próximo a donde realmente existe capacidad de generación o mediante un sistema de incentivos que favorezca la localización de industrias cerca de los centros de producción. La política contraria, señor ministro, significa impedir que Galicia, por fin, pueda extraer beneficios de una especialización productiva que la compense de los costes sociales y medioambientales que históricamente tuvo que asumir para favorecer el desarrollo de otras zonas. La política contraria, señor ministro, favorecer la instalación y generación en las zonas de alto consumo significa acentuar y perpetuar los desequilibrios territoriales en vez de corregirlos y nosotros creemos que esta política, señor ministro, si ustedes inciden en ella, pone en entredicho el papel reequilibrador y garante de la cuestión territorial del Estado al que ustedes con tanta frecuencia apelan.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Muchas gracias.


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Estoy convencido de que podemos encontrar un terreno de cooperación en este sentido entre el Gobierno de Galicia y el Gobierno de España porque compartimos el objetivo. El objetivo, por tanto, es el de eliminar una de las ineficiencias del sector eléctrico, la pérdida por transporte. Por consiguiente, en la medida en que vayamos avanzando en la extensión del mercado eléctrico y las tarifas o los precios recojan todos los costes, esta ineficiencia se trasladará a los costes. Es decir, si una región tiene un excedente de producción eléctrica, lo más probable es que finalmente pueda trasladar esto a unos menores costes energéticos en su territorio.


Por lo tanto, es previsible que el propio efecto de la liberalización del sector eléctrico produzca el objetivo deseado y es que incremente la actividad industrial en Galicia. Repito, nuestro objetivo principal es la eliminación de una ineficiencia del sistema, y estoy seguro de que el objetivo de promoción industrial se cumple mucho mejor precisamente en función de que ampliemos la medida del mercado en la toma de decisiones en el sector eléctrico.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DON FRANCISCO JAVIER MAQUEDA LAFUENTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LA OPINIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN AL COMUNICADO EMITIDO POR LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)EN EL SENTIDO DE DAR POR FINALIZADA SU MEDIACIÓN ENTRE LA EMPRESA BABCOCK POWER ESPAÑA, S.A Y LOS SINDICATOS (S.680/001156).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Maqueda.


Tiene la palabra su señoría.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente.


Buenos días, señor vicepresidente. Le pregunto: ¿cuál es la opinión del Gobierno en relación con el comunicado emitido por la SEPI en el sentido de dar por finalizada su mediación entre la dirección de la empresa Babcock Power España y los sindicatos y, en consecuencia, no prorrogar el actual plan industrial?

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, entiendo que su pregunta se refiere a la nota de prensa que la SEPI hizo llegar a los medios de comunicación el pasado día 9 de febrero con relación a este tema. La nota de prensa de SEPI no da por cerrada la mediación ni la posible prórroga del plan industrial. Lo que SEPI dice en su nota de prensa es que a pesar de haberse celebrado numerosas reuniones en los últimos meses y de los intensos esfuerzos realizados por la empresa y los sindicatos no han conseguido hasta ese momento alcanzar un acuerdo sobre la adaptación del plan industrial que habían presentado los propietarios de la compañía.


SEPI, por otra parte, pone de manifiesto que el acuerdo es condición indispensable para la posible prórroga de dos años en la adaptación del citado plan industrial y, por eso, lo que hace es un llamamiento a las partes para que reconsideren la situación e intenten alcanzar un acuerdo en el menor plazo posible y añadía que, de no ser así, SEPI tendría que dar por finalizada su mediación.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Maqueda.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente.


Señor Solbes, permítame, ya que estamos en carnavales una pequeña licencia, no se enfade. Vamos a ver si por una vez esta película que ya la han visto muchas veces los ciudadanos puede cambiar y usted puede hacer por una vez de poli malo y yo, si me lo permite, de poli bueno.


A usted los asesores de la SEPI y de su equipo le preparan las contestaciones, y llevamos tres años oyendo más de lo mismo. Hoy la pregunta no se la voy a hacer yo. La pregunta se la van a hacer los propios trabajadores de la empresa Babcock. Ellos iban a venir hoy aquí, no se han atrevido, pero sí le están viendo en directo a través de Internet. Yo le rogaría que en la respuesta que me vaya a dar les hable directamente a ellos de su futuro porque le están siguiendo atentamente.


¿Qué pasa, señor Solbes, con la SEPI? ¿Qué pasa con el comité de empresa ? Se lo pregunto porque , como usted sabe, un 90 por ciento de su mayoría están, a pesar de estar representados por UGT y por Comisiones Obreras y de que Comisiones Obreras ha dicho que va a seguir negociando por su cuenta con el 90 por ciento de los trabajadores, en contra de seguir hablando con la SEPI y el grupo austriaco.


Usted nos dijo en esta Cámara el 20 de diciembre de 2006 que iba a evaluar el cumplimiento de las obligaciones de ATB y que, en caso de incumplimiento, iba a adoptar las sanciones previstas en ese acuerdo.
¿Qué se ha hecho en este sentido, señor Solbes? La SEPI tiene al día de hoy muchos problemas. Tiene un plan industrial incumplido por ATB con la Comunidad Europea. Tiene una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en la cual se demuestra que la SEPI es el auténtico accionista de Babcock y que ATB no lo es. Tiene demandas de prejubilaciones. Existen más de 200

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demandas, demandas de integración en SEPI. Existen otras 230 demandas individuales. Tiene una querella penal admitida por la Audiencia Nacional.


Señor Solbes, el comunicado que usted ha dicho que la prensa publicó el pasado 9 de febrero no viene sino a sumarse a todo lo que estos días, anteayer concretamente, el Tribunal de Cuentas, el señor Ubaldo Nieto, presentaba en el Congreso de los Diputados. Ahora le voy a dar dos datos al respecto. La SEPI no puede ser mediador dado que es parte y es responsable de la situación y el requisito de mediador -como bien usted sabe- es la neutralidad en el proceso. Además, la SEPI podría estar faltando a la verdad de lo que está diciendo en relación con el plan aprobado en Bruselas. Tal como se establece en la Decisión comunitaria 528/ 2003, los acuerdos mercantiles suscritos por SEPI son por cinco años, del 2004 al 2008. En teoría, ha finalizado en 2007 el período de seguimiento.


En consecuencia, señor Solbes, ¿qué va a pasar con el inmovilizado de la empresa? ¿Va a ir a manos de una empresa privada, austriaca, ATB/AEE, que no ha puesto ni un solo euro y que encima ha estado jugando con el patrimonio público?

Señor Solbes, creemos que hay fundamentos y base jurídica suficiente para que la SEPI recupere las acciones y las ponga de nuevo en el mercado.


Termino, señor presidente. Le voy dar solo dos datos. El Tribunal de Cuentas decía que se ha hecho todo de una manera irregular, el organismo ha cuestionado las contrataciones de los asesores, la privatización y, lo que es más grave, el informe recomienda a la SEPI que liquide la sociedad porque carece de actividad productiva, a pesar de que en Euskadi, según la prensa en estos días, el crecimiento en estos seis años ha superado el 25 por ciento a la renta media de la Unión Europea y a pesar de los trece años seguidos que tenemos de crecimiento. Sin embargo, pensamos que la política que se ha hecho desde su Gobierno y desde la SEPI en especial en la Margen Izquierda podría haber ayudado a que este crecimiento fuera mayor.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


En múltiples ocasiones hemos tenido la posibilidad de debatir estas cuestiones y a veces tengo la sensación de que no nos entendemos porque tal vez no queremos entendernos o no quiere usted entender algunos puntos que para mí son bastante claros.


La condición de SEPI de exigir este acuerdo previo sobre el nuevo plan industrial es totalmente lógica dado que el mismo llevaría aparejada la extensión de los compromisos no solo para la empresa y fraccionista sino también para SEPI, si no la cuestión, evidentemente, caducaría -como se acaba de decir-, y SEPI se comprometería en ese caso a aportar las ayudas aprobadas en el año 2003 y pendientes de desembolso, pero siempre sujetas, como es lógico, a la efectiva aplicación y adecuación de los términos previstos en el citado plan adaptado.


El segundo punto fundamental en el que tenemos una discrepancia, pero que para mí no existe la menor duda, es que BPE es una compañía totalmente privada y es la propietaria de Babcock no por decisión de SEPI, que tuvo un vendedor, sino como consecuencia de la decisión de un juez alemán en una situación de quiebra del anterior propietario. Por tanto, SEPI no ha ejercido en ningún momento labores de tutela sino una labor de seguimiento y control del cumplimiento de los compromisos y actuaciones contenidos en el plan industrial presentados por el comprador de la compañía.


¿Dónde estamos ahora? En el año 2006, la empresa ha alcanzado una cartera de pedidos de 170 millones de euros, lo que garantiza la actividad productiva durante prácticamente dos años. En estas circunstancias el grupo propietario, Austrian Energy, ha elaborado un plan industrial para dos años, adaptado a las nuevas circunstancias de la compañía y del mercado, por lo que en el momento actual debería favorecer un acuerdo entre la compañía y los trabajadores.


Yo discrepo de usted. Yo creo que SEPI ha realizado todos los esfuerzos posibles para el cumplimiento de la Resolución aprobada por el Congreso el 14 de julio de 2006, que instaba al Gobierno a prorrogar por dos años los acuerdos de privatización suscritos entre SEPI y AEE, siempre sobre la base de un necesario clima de paz social, y lo que estamos intentando es dar una salida negociada y consensuada a esta situación en BPE y, por lo que pueda pasar en el futuro, lo que no se nos puede decir es que es responsabilidad de SEPI. En nuestra opinión, es más bien un asunto que queda pendiente entre trabajadores y la empresa. Evidentemente, colaboraremos al máximo, pero no se le puede encontrar una solución si ambas partes no cooperan.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente segundo del Gobierno.


-- DE DOÑA YOLANDA VICENTE GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LOS ÚLTIMOS DATOS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS (S. 680/001168).


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la senadora Vicente.


La señora VICENTE GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señor vicepresidente, en los últimos días estamos conociendo los excelentes resultados de la política

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económica que usted y su ministerio están poniendo en práctica. Cada día usted nos sorprende con datos cada vez mejores en cuanto a la situación económica española. Ayer, concretamente, nos levantamos con la noticia de que la tasa interanual del índice de precios al consumo de enero es de un 2,4 por ciento, y usted, además incide diciendo que prevé que llegue al 2 por ciento, la más baja desde marzo de 2004.


Su política económica está siendo reconocida por diferentes organismos internacionales. El Banco Mundial sitúa a España como la séptima economía del mundo, la OCDE y la Comisión Europea manifiestan que la carga fiscal española se sitúa entre las más bajas de Europa y la ratio de rentabilidad y de inversiones se encuentra entre las más elevadas. Las cuentas públicas bien gestionadas están calificadas por organismos como Mudis, Standard & Poor«s y Fitch con las mejores valoraciones.


The Economist o el Financial Times clasifican la calidad de vida en España en el décimo puesto mundial. Todo ello gracias a un modelo que usted, que su ministerio, diseñó para que nos encontráramos en unos parámetros de crecimiento económico basados en mayor productividad, libertad económica, transparencia, competitividad; en definitiva, en parámetros con acierto y rigurosidad con los que se está desarrollando para que continúe el gran tsunami de crecimiento económico del que usted es promotor. Es más, no solo se lo reconocen fuera de nuestras fronteras, sino que también lo están reconociendo incluso organismos que de manera continua han sido muy críticos con las actuaciones que este Gobierno socialista ha estado llevando a cabo desde el 14 de marzo del 2004. Digo esto porque me asombra cómo una fundación como la FAES, sobradamente conocida por sus señorías por otros avatares que en este momento no vienen al caso, presenta un índice de libertad económica que pone de manifiesto la excelente situación económica española, que es la envidia de otros países que nos rodean. (El señor Vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)

Usted, su ministerio, el Gobierno, es riguroso en sus afirmaciones y no podemos decir lo mismo de afirmaciones de sus anteriores predecesores cuando decían que este año vamos a crecer mucho y vamos a tener poca inflación y resultaba todo lo contrario, que al final crecíamos poco y teníamos bastante más inflación. Si usted manifiesta que aumenta el crecimiento de la economía española simplemente es porque es un hecho contrastado, y de ahí me remito a las valoraciones de organismos que no han sido mandatados por su ministerio, sino que ponen en evidencia la realidad tal cual es.


Por eso, señor vicepresidente, me gustaría que usted nos hiciera una valoración acerca de los últimos datos del crecimiento económico del país que, en mi opinión, son excelentes, vaya por delante, pero que estoy segura de que volverán a superar el crecimiento económico europeo y seguirán siendo, sin duda, la envidia del resto de los países no solo de la Unión Europea sino que me atrevo a decir que también de aquellos países que conforman la OCDE.


Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Tiene la palabra el señor vicepresidente segundo Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señoría, por sus amables palabras. Yo no publico los datos y, por lo tanto, yo no intento sorprender a nadie. Los datos los publica el INE y a nosotros lo que nos toca es analizarlos, valorarlos y sacar las consecuencias pertinentes en términos positivos o de los riesgos que, en su caso, tienen.


Sí compartiría con usted la idea de que los datos son favorables, que el crecimiento económico es alto, que vamos convergiendo con Europa en términos de PIB per cápita y en términos de convergencia, y hoy mismo la contabilidad nacional del cuarto trimestre del año 2006 nos da una alegría adicional, y es que el crecimiento medio anual del año 2006 ha sido al final el 3,9 por ciento, y el del último trimestre el 4 por ciento. El empleo en términos de contabilidad nacional ha avanzado en el entorno del 3 por ciento, y en ambos casos con un diferencial muy positivo con la zona euro. El vigor del crecimiento de la economía -y esto es importante- se debe, fundamentalmente, al dinamismo de la demanda nacional, pero también hay una modificación en cuanto a la fortaleza de los distintos componentes. Hay una cierta desaceleración del consumo y la construcción, aunque sigue creciendo a buen ritmo, pero sobre todo lo que hay es un excelente comportamiento -y esto es una buena noticia desde el punto de vista de la confianza de los empresarios- de los bienes de equipo. Y el sector exterior, que ha sido una de nuestras preocupaciones fundamentales durante este período, pasa de detraer 1,7 puntos del PIB en el año 2005 a detraer solo un 1 por ciento en el año 2006. Otro elemento que me gustaría destacar es el magnífico comportamiento de la productividad en el año 2006. En el último trimestre la productividad ha aumentado el 1 por ciento, pero en el año 2006, como promedio respecto al año 2005, ha aumentado el 0,8, lo que significa prácticamente doblar el crecimiento de la productividad, lo que pone de relieve que las medidas que se han puesto en marcha están funcionando bien.


Poco hay que comentar del mercado de trabajo, cuyos resultados yo creo que son magníficos, y en el terreno fiscal espero poder dar las cifras finales de liquidación del presupuesto en la próxima semana, y espero que mejoren algo lo que en estos momentos tenemos previsto.


Elemento final: inflación. La inflación, sin duda alguna, ha tenido un comportamiento positivo en el mes de enero. Sin embargo, en este momento hay que ser cautos porque, aunque es verdad que hemos reducido el diferencial al 0,5 por ciento cuando era del 1 con respecto a la Unión Europea, cabe esperar, si todo sigue bien, que aún se reduzca más el diferencial y la inflación quede por debajo del 2 por ciento en el primer semestre del presente año.


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Todo esto es efecto de las medidas de reforma que se han puesto en marcha con el Plan nacional de reformas, de las que estamos enormemente satisfechos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor vicepresidente segundo del Gobierno.


INTERPELACIONES:

-- DE DON MANUEL BLASCO MARQUES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE EL GRADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO PARA TERUEL 2005-2008 (S.670/000144).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pasamos a las interpelaciones.


Interpelación de don Manuel Blasco Marques, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el grado de ejecución del Plan Específico para Teruel 2005-2008.


Tiene la palabra el senador Blasco.


El señor BLASCO MARQUES: Muchas gracias, señor presidente.


Señor vicepresidente segundo del Gobierno, bienvenido al Senado. Buenos días, senadores y senadoras. Hace aproximadamente dieciocho meses el Gobierno de España, con su presidente el señor Rodríguez Zapatero a la cabeza, aprobó lo que él dio en llamar el Plan específico para la provincia de Teruel.


En el documento que el propio Partido Socialista editó para dar a conocer a los turolenses este plan, junto a una fotografía muy sonriente del presidente Rodríguez Zapatero, aparecía un breve texto a modo de carta y un saludo con la firma del presidente del que he extraído algunos pasajes para que ustedes, señorías, entiendan por qué traigo esta mañana al Pleno del Senado este asunto.


Comienza como una carta entre amigos y, como no puede ser de otra forma, con queridos y queridas turolenses y, tras los dos puntos, añade: En mi discurso de investidura como presidente del Gobierno -dice Zapatero- hice referencia a Teruel como ejemplo destacado de territorios que necesitan una mayor vertebración y un esfuerzo especial por parte de la Administración. Más adelante sigue diciendo: Fruto de ese esfuerzo es este Plan de actuación específico para Teruel de todos los ministerios que surge -así lo dice- de mi compromiso personal con el futuro de vuestra provincia y, lo más importante, con los ciudadanos y ciudadanas que formáis parte de ella. Termina diciendo: Porque no dudéis que Teruel cuenta mucho para este Gobierno y continuará siendo un objetivo prioritario. Finalmente, aparece la firma del presidente del Gobierno, y todo esto lo edita el Partido Socialista.


Este el compromiso que el Gobierno socialista firmaba con la sociedad turolense en octubre de 2005. Antes, cuando solo era candidato socialista a presidir el Gobierno de España, visitó Teruel el 4 de abril de 2003; por cierto, después, siendo presidente, no ha vuelto. Allí declaró, ante plataformas ciudadanas y medios de comunicación, algo tan solemne como lo siguiente: A partir de hoy, me siento comprometido con esta tierra.


Un año después, en abril de 2004, en su discurso de investidura el presidente del Gobierno dijo: Sí quiero hacer una singularidad muy especial con Teruel y vamos a realizar el mayor esfuerzo en el apoyo a sus infraestructuras. Dos años después, en mayo de 2005 y con ocasión del debate sobre el estado de la nación celebrado en el Congreso de los Diputados, volvió a pronunciar frases grandilocuentes para asegurar: Vamos a corregir el déficit de inversiones acumulado en decenios con un plan especial para esta provincia.


Señorías, el plan del que hoy les quiero hablar se aprobó en octubre de 2005 y afectaba a los ejercicios presupuestarios 2006, 2007 y 2008. Se cumple, por ello, más de una tercera parte de la vigencia del plan, que de momento afecta a dos presupuestos: 2006 y 2007. Por tanto, es oportuno hacer balance sobre el compromiso socialista con la provincia de Teruel, que es la mía.


Los ciudadanos, a través de la plataforma «Teruel existe», ya han hecho ese balance y en un gesto tan original como de costumbre se han cortado el pelo en una plaza pública céntrica bajo el lema «Para que no te tomen el pelo, córtatelo tú». Eso hicieron las plataformas ciudadanas; plataformas antes tan respetadas por el Partido Socialista, cuando este aspiraba a gobernar, y hoy tan atacadas y despreciadas que hasta les niegan los medios de comunicación oficiales y no tienen capacidad de interlocución con el Gobierno socialista. Cómo han cambiado las cosas desde aquel 4 de abril de 2003, cuando el presidente dijo -y repito-: Me siento, a partir de hoy, comprometido con esta tierra.


Senadores y senadoras, creo que no será necesario que les explique por qué los ciudadanos se cortaban el pelo en una plaza pública hace unos meses, pero sí les informaré para ponerles un ejemplo de que desde que gobierna el Partido Socialista no han comenzado ninguna obra de tramo de autovía nuevo ni ninguna traviesa de alta velocidad.


Su Gobierno sí ha hecho una cosa bien, señor vicepresidente, y voy a reconocérselo: en Teruel no han parado ninguna obra de las adjudicadas e iniciadas por el Gobierno del Partido Popular, como han hecho en otras provincias, aunque sí las han retrasado, quizá por otros compromisos presupuestarios. Alguna de aquellas obras comenzadas anteriormente entre 1998 y 2004, como la autovía mudéjar, la A-23, que une Teruel con Valencia y Zaragoza, se dividió en 16 tramos para su ejecución. ¿Saben, senadores y senadoras, cuántos adjudicó el Gobierno Aznar? De 16, quince.
¿Saben cuántos adjudicó el PSOE? Uno, porque solo quedaba uno por comenzar. Gracias a estos esfuerzos hoy está a punto de terminarse

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una obra que une Teruel con Valencia en menos de una hora y en hora y media con Zaragoza; un total de 275 kilómetros que unen además a todo el norte de España, desde el Cantábrico, con el Levante y el Mediterráneo.


El plan específico del Gobierno socialista, señorías, agrupa cinco grandes ejes, los compromisos del presidente del Gobierno: un primer fondo de inversiones -del que supongo que usted me hablará porque es de lo que sí que ha cumplido-, un capítulo de infraestructuras de carreteras y ferrocarriles, otro capítulo para obras hidráulicas, otro para infraestructuras energéticas e I+D+i y un quinto para actuaciones sociales y culturales. La totalidad del compromiso socialista con Teruel, según la versión del propio documento que el PSOE editó para su presentación, suma 577 millones de euros divididos entre los ejercicios 2006, 2007 y 2008. De esta cantidad, señorías, de 577 millones de euros, como no puede ser de otra forma y es lógico, la parte más importante se la lleva el capítulo de infraestructuras. Además, señor Solbes, el presidente del Gobierno -ya se lo he dicho- se comprometió a hacer un mayor esfuerzo en el desarrollo de infraestructuras. ¿Qué han hecho en este capítulo? Yo creo que nada.


Así, señor ministro, en octubre de 2005 ustedes propusieron convertir la Nacional 232 en autovía, A-68, desde las inmediaciones de Zaragoza hasta Alcañiz y, hoy, en febrero de 2007 ni siquiera han licitado los proyectos constructivos. ¿Aún piensan cumplir el compromiso? Les queda un solo año de legislatura y un año para la vigencia del plan. ¿Aún piensan cumplir el compromiso? Proponían, igualmente, estudiar la viabilidad de esta A-68 hasta el Mediterráneo para dar una salida al Bajo Aragón turolense al Mediterráneo, como digo, infraestructura que conectaría también todo Aragón, La Rioja y Navarra con el litoral mediterráneo, más concretamente con Vinaroz, Castellón. ¿Me puede decir, señor vicepresidente, si han decidido ya si es viable o no, si se comprometen a hacerla o no?

Ustedes proponen una segunda gran infraestructura de autovías en su plan específico: la A-40, que conectará Teruel con Madrid a través de Cuenca.
Cuando ustedes accedieron al Gobierno se encontraron con tres posibles alternativas sometidas a impacto ambiental. ¿Me puede explicar, señor vicepresidente, cómo en tres años no han llevado a cabo la declaración de impacto ambiental? ¿Si era un compromiso del presidente del Gobierno, cómo es que los Presupuestos Generales del Estado que usted realiza no contienen ninguna consignación para los proyectos de esta A-40?

El tercer gran compromiso del presidente y su Gobierno era un eje de comunicaciones para vertebrar internamente la provincia de Teruel desde la capital hasta Alcañiz, los dos municipios más importantes y separados por más de 150 kilómetros. Aquí su plan específico proponía hacer una vía rápida con siete variantes de población y a fecha de hoy, 21 de febrero, ustedes solo han encargado un proyecto constructivo, el de la variante de Utrillas, aunque, señorías, es una obra de 4,5 kilómetros; de las demás no hay proyecto constructivo todavía.


Y, señor Solbes, como el papel es muy agradecido y da para mucho, ustedes propusieron además otra vía rápida para unir Teruel con Alcolea del Pinar en la provincia de Guadalajara y conectar así la A-2, que es Madrid-Zaragoza-Barcelona, con la A-23, Sagunto-Somport-Los Pirineos.
Este fue un compromiso del presidente Rodríguez Zapatero con los ayuntamientos afectados en el incendio de Guadalajara y ni aun así han hecho ustedes nada.


Señor vicepresidente, si este es el panorama en materia de infraestructuras de carreteras, la cosa empeora cuando hablamos de ferrocarriles.


¿Sabe usted que de la línea de alta velocidad, a 220 kilómetros por hora, que debería unir Teruel con la red nacional de alta velocidad en Zaragoza, el 50 por ciento de la vía está terminada y el otro 50 por ciento de la vía no ha comenzado todavía sus obras? ¿Sabe lo que significa esto, señor ministro? Que un tren podría ir a 220 kilómetros por hora en el 50 por ciento del trazado y en el otro 50 por ciento no podrá ir a más de 60 u 80 kilómetros por hora.


Señor vicepresidente, ¿es ha comentado la ministra de Fomento en el Consejo de Ministros que el tren Teruel-Valencia ha descarrilado seis veces en los últimos seis meses? ¿Puede explicarme y explicarle a los turolenses por qué paralizaron las obras de reparación y conservación de esa línea cuando llegaron al Gobierno? Ir de Teruel a Valencia en ferrocarril se ha convertido en una macabra oferta de turismo aventura sin que ustedes hagan nada, pues llevan ya tres años en el Gobierno y año y medio desde que Rodríguez Zapatero se comprometió con esta provincia, y ha pasado más de un año desde que la vicepresidenta del Gobierno fue a Teruel para presentar este plan a bombo y platillo. ¿Por qué ahora, un año después, las explicaciones dadas en Teruel se limitan a las expresadas por la subdelegada del Gobierno? Yo le voy a decir mi opinión: porque como lo que interesa a los ciudadanos es hablar de comunicaciones e infraestructuras, y ustedes en este ámbito no han hecho nada, nada tienen que decir. Así, la subdelegada del Gobierno en la provincia se limita a dar cuenta de las ayudas dadas a las empresas, que ustedes cuantifican como ayudas especiales para quienes invierten en esta provincia, pero que, en realidad, son las mismas que había antes y, lo que es más curioso, las mismas que en otras provincias.


Señor Solbes, la prensa de este fin de semana decía que el Consejo de Ministros del viernes pasado había aprobado 30 millones de euros para financiar proyectos públicos y privados que generen riqueza. Hasta ahí, bien; usted, como ministro de Economía, en este capítulo sí que ha cumplido. Pero, ¿sabía usted, señor vicepresidente, que el Gobierno de Aragón de Marcelino Iglesias aprovecha este dinero destinado a inversiones especiales para cubrir el gasto ordinario o para inversiones ordinarias? ¿Sabe que el Gobierno de Aragón emplea parte de estos 30 millones de euros para la limpieza de montes, para la limpieza de cortafuegos o para arreglar carreteras autonómicas, en vez de hacerlas con sus propios presupuestos? No querría

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parecer falto de rigor, pues alguna parte mínima sí que han llevado a cabo, como la referente al capítulo de refuerzos eléctricos y gasificación en zonas potencialmente industriales, pero también he de decirle que en materia de ayudas a las empresas para este ejercicio 2007, ustedes han realizado una convocatoria especial y los empresarios han presentado proyectos para llevar a cabo inversiones por más de 140 millones de euros, solicitando ayudas que superan los 70 millones de euros, mientras que la partida destinada por ustedes a este fin para este ejercicio no llega a 6 millones de euros.


Señor vicepresidente, cuando un presidente del Gobierno de España anuncia un esfuerzo inversor especial en una provincia concreta, levanta muchas expectativas y genera ilusión. Cuando el presidente del Gobierno menciona Teruel en su investidura, en el debate del estado de la nación y en muchas de sus intervenciones, y la prensa oficial y cómoda las recoge, los empresarios planifican e invierten, se juegan su dinero. Por ello, ahora me piden y le piden explicaciones, como el resto de los turolenses, y que ustedes cumplan con sus compromisos, compromisos que el Gobierno socialista no está cumpliendo. La ejecución presupuestaria de los años 2005 y 2006 se está limitando, como es lógico, por otra parte, al pago de las obras de la autovía mudéjar que une Teruel con Valencia y Zaragoza, a la que ya me referí anteriormente y la que ustedes heredaron en ejecución.


Decía el ex ministro de Fomento, el señor Álvarez-Cascos, que, con voluntad política, para llevar a cabo una gran infraestructura de autovías o de alta velocidad ferroviaria, desde que se piensa hasta que se termina, pasan 10 ó 12 años. Ustedes llevan tres años al frente del Gobierno y aun no han dado los primeros pasos para desarrollar esas infraestructuras que prometió el presidente del Gobierno en su plan específico. Espero, señor vicepresidente, que hoy me pueda usted anunciar alguna nueva primicia, que podamos decir que, a partir de hoy, el plan específico para la provincia de Teruel -que allí ya se conoce como el plan específico de Zapatero, el PEZ-, pueda comenzar su ejecución de la alta velocidad, cosa que hoy todavía no ven ni las plataformas ciudadanas, ni los medios de comunicación, ni los ciudadanos turolenses, ni mucho menos este senador que les habla.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori). Muchas gracias, señor senador.


Para responder a la interpelación, tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, como usted ha dicho, en octubre del año 2005 el Gobierno aprobó el Plan de Actuación Específico para Teruel, con el objetivo de dinamizar la actividad empresarial y mejorar las infraestructuras, estimular la actividad económica propia a través del apoyo a la producción local, y desarrollar un entorno socioeconómico para favorecer la permanencia de la población en el territorio.


El horizonte temporal de este plan se extiende hasta el año 2008. Las actuaciones que incluye -que es de lo que vamos a hablar hoy aquí- afectan a doce departamentos ministeriales, representados en la Comisión de Seguimiento, que se ha reunido cuatro veces.


Para la puesta en marcha del Plan en los Presupuestos Generales del Estado de 2006 - no podía ser de otra forma, si se pone en marcha en octubre de 2005, estamos hablando por tanto del presupuesto de 2006 únicamente- se recogen las dotaciones necesarias para su ejecución, identificándose las nuevas inversiones en el anexo de inversiones reales.


Otro tipo de actuaciones no requiere una identificación concreta y forman parte de partidas globales, como es el caso de las previsiones sobre el desarrollo industrial. Por su parte, los presupuestos del año 2007 también reflejan la continuidad de tales actuaciones.


En relación con la ejecución del plan al que su señoría se refiere en su interpelación, voy a hacer una mención a las líneas de actuación más relevantes del mismo, con el detalle que una intervención de estas características permite. Realmente, no forma parte de mi trabajo dedicarme a comprobar la ejecución de cada obra y, evidentemente, esas preguntas se las puede contestar el Ministerio de Fomento por escrito cuando a usted le interese.


En primer lugar, quiero señalar que el Plan de Actuación Específico para Teruel aparece singularizado para el fomento de la actividad económica empresarial en el incremento del fondo de inversiones para Teruel, financiado al 50 por ciento por el Gobierno del Estado y por el Gobierno de Aragón, de manera que desde el año 2006 y hasta 2008 la Administración del Estado y la comunidad autónoma aportarán cada uno la cantidad de 30 millones de euros anuales; es decir, se plantea duplicar la cifra prevista en el convenio para el periodo 2002-2006, por el que la Diputación General de Aragón y la Administración General del Estado se comprometían a aportar 15 millones de euros.


Para ello, el año pasado se tramitó la modificación del citado convenio, recogiéndose en los Presupuestos Generales del Estado para 2006 la señalada dotación de 30 millones de euros. En dicho año se han tramitado las propuestas de pago por un importe de 28,86 millones de euros, queda un remanente de 1,16 millones, ya que no se acreditó, como exigía el convenio, la realización de las inversiones por el importe total previsto inicialmente. En los Presupuestos Generales del Estado de este año figura nuevamente la citada cantidad de 30 millones de euros, estando pendiente la firma del convenio para el periodo 2007-2011, que se realizará próximamente.


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En segundo lugar, la creación de un nuevo fondo para la provincia, cuyo objetivo es la financiación de proyectos empresariales innovadores y generadores de empleo. Este fondo prevé una dotación de hasta 12 millones de euros, aportada a partes iguales por la Administración del Estado, la Diputación General de Aragón y las entidades financieras interesadas.


Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto en el que se planteaba la implicación de varios actores a lo largo del año 2006, se ha trabajado en la definición y concreción de dicho fondo, manteniéndose diferentes contactos, tanto con la Administración autonómica como con las entidades financieras interesadas en participar en el mismo.


Fruto de estos trabajos y contactos se va a constituir próximamente la sociedad Teruel Capital e Inversión 2007, cuyo objetivo social será, en la línea de lo indicado en el plan, el fomento de la actividad empresarial en la provincia de Teruel y su área de influencia, contribuyendo a la reindustrialización y la dinamización de la misma.


En el plan se dedica una especial atención al desarrollo de infraestructuras de transporte en Teruel, en sintonía con los fines definidos en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte como son mejorar la eficiencia del sistema, fortalecer la cohesión social y territorial, contribuir a la sostenibilidad e impulsar el desarrollo económico y la competitividad. Una gran parte de las actuaciones previstas tienen su primera dotación presupuestaria en partidas de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006. En términos de desarrollo de inversión, como es habitual algunas obras se encuentran más avanzadas. Usted ha hecho referencia a ellas, la variante de Alcañiz, la Nacional 232, cuya licitación se preveía en el plan para el 2006 y fueron adjudicadas a finales de dicho año. Otras están menos avanzadas, lo que se debe en muchas ocasiones a la necesidad de respetar los condicionamientos del procedimiento, como es la cuestión del impacto medioambiental que actúa también como una garantía en términos del territorio. Y esta es la situación de proyectos como la variante de Alcorisa en la Nacional 211 o la autovía A-40 Cuenca-Teruel, pendientes de esta declaración.


En cualquier caso, en este campo hay que recordar que por lo que se refiere a la ejecución del presupuesto del Ministerio de Fomento para el año 2006, el importe de obligaciones reconocidas o en áreas de origen del gasto correspondiente a Teruel es superior al de los créditos iniciales de los proyectos a los que se asignó Teruel como área de origen del gasto. También esta es la situación de la ejecución de las dotaciones en Teruel del Ministerio de Medio Ambiente, ya que los créditos iniciales para el 2006 se ven superados por las obligaciones reconocidas. Y en relación con las infraestructuras hidráulicas, de nuevo he de reiterar el planteamiento que he señalado respecto a las infraestructuras de transporte. Algunas obras se encuentran muy avanzadas, incluso finalizadas como es el caso de la presa de Mora de Rubielos o la vía verde de Val de Zafán, y otras están en otras fases del procedimiento, como el recrecimiento del embalse de Santolea, recientemente adjudicado.


En el campo del desarrollo industrial destaca la aplicación del Programa de Ayudas de Reindustrialización del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En julio de 2006 se suscribió un convenio de colaboración entre este departamento y la Diputación General de Aragón en el marco del Plan de Actuación Específico para Teruel, con un compromiso por un máximo de 35 millones de euros. Durante el año 2006 en la provincia de Teruel se han apoyado actuaciones de reindustrialización con ayudas por valor de 9,2 millones de euros, que representa una inversión movilizada de 65,3 millones de euros. Pero el horizonte temporal de estas actuaciones no se agota en el año 2006 y continuará hasta el año 2008.


En el ámbito de las actuaciones referidas al sector turístico en el marco de la iniciativa de modernización de destinos turísticos maduros, en el año 2005 se han aprobado ya varios proyectos referidos a los ayuntamientos de Castellote, Albarracín y la comarca de Matarraña. Esta comarca también ha resultado beneficiada de la primera convocatoria de concesión de ayudas del 2006, para la realización de actividades complementarias en los planes de excelencia turística.


Por otra parte, dentro de las actuaciones desarrolladas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la Comunidad Autónoma de Aragón, puede destacarse que se ha aportado la financiación presupuestada para los centros de atención a la dependencia de Teruel, Alcañiz, Montalbán y Valderrobles.


Estas son, señorías, algunas de las actuaciones desarrollas en el marco del Plan de Actuación Específico para Teruel, que manifiestan el compromiso de este Gobierno con el desarrollo socioeconómico de esta provincia aragonesa. Un compromiso que continuará más allá del año 2012, fecha original de terminación del plan, de acuerdo con el mandato introducido por enmienda en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, ya que según la disposición final decimotercera de la ley durante este ejercicio el Gobierno -cito textualmente- adoptará las medidas precisas para llevar a cabo la ampliación temporal del Plan de Actuación Específico para Teruel en los años 2009 y 2010.


En cuanto a las múltiples preguntas que su señoría ha planteado sobre temas concretos y actuaciones en algunas infraestructuras específicas, con mucho gusto he tomado nota de las mismas para que la ministra de Fomento, responsable de estos temas, le facilite la correspondiente respuesta.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor vicepresidente.


Tiene la palabra el senador interpelante.


El señor BLASCO MARQUES: Gracias, señor presidente.


Señor vicepresidente, cuando yo planteé esta interpelación al Gobierno no sabía si la iba a contestar el presidente del Gobierno, intuía que no.
También podía haber venido la vicepresidenta del Gobierno que presentó el plan en Teruel, intuía que no. Podía hacerlo la ministra

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de Fomento porque la parte más importante que reclama la gente en esta provincia se refiere a su Departamento, aunque las demás también sean importantes, pero al final le ha tocado a usted, señor vicepresidente, y yo le agradezco que venga a volver a repetirme lo que ya sabemos que es el Plan Específico.


Como le he dicho varias veces, su partido elaboró allí un documento muy detallado, que tenía una carta de presentación firmada por su presidente.
Está bien que nos lea lo que dice el documento, y para mí siempre es un honor debatir con el vicepresidente económico del Gobierno, pero eso es lo que me ha dicho fundamentalmente: lo que está escrito.


Las preguntas que le hecho antes, señor vicepresidente, no eran sobre tramos concretos de autovías o sobre variantes concretas; le preguntaba por grandes ejes de comunicación. Pienso que un vicepresidente del Gobierno, que participa del Plan especial de infraestructuras del transporte -del PEIT- tiene que saber si el Gobierno tiene voluntad de hacer algo, o no la tiene. Antes se me había olvidado mencionar uno de estos ejes, y lo recuerdo ahora, al ver a mi compañero de Castellón: el corredor Cantábrico-Mediterráneo. Le pregunto lo siguiente: ¿quiere o no quiere el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero construir el corredor ferroviario que una el Levante español, desde Valencia-Sagunto, con el norte de España, pasando por Teruel, Zaragoza, Logroño y Pamplona, hasta el País Vasco, conectando con la «Y» vasca? ¿Quiere hacerlo el Gobierno, o no? En el plan específico dice que harán lo estudios funcionales, pero tendrán que empezar a dar algún paso en firme. Tendrán que desbloquear en el ministerio la autovía que une Teruel con Cuenca y que llega a Madrid, está en el PEIT. Le hablo de grandes infraestructuras que conectan Aragón con Castilla-La Mancha en este caso, con el centro de España.


Los turolenses, señor vicepresidente, como los sorianos, los jienenses y tantos otros, cuando recibieron un plan especial, específico para una provincia con problemas, creían que era efectivamente especial y específico. Pero luego se enteraron de que el presidente había dicho lo mismo en Soria, de que el presidente había dicho lo mismo en Jaén, de que asume además el Plan Galicia en su integridad -y aquí estaba hasta hace un momento el ex presidente Fraga- y de que asume también el Plan del Oeste, que afecta a León, Zamora y Salamanca. Al final, el presidente ha asumido una gran cantidad de compromisos especiales y específicos con las provincias que no coinciden con los que luego firman en los presupuestos con sus socios habituales para conseguir las mayorías parlamentarias necesarias para aprobar esos presupuestos.


El plan tiene de todo menos el hecho de ser especial. Me gustaría fotocopiarlo y dárselo a todos ustedes. Por ejemplo, el plan habla de termalismo para mayores, cosa que ya se está haciendo. Al final de su intervención hablaba usted de la aplicación del plan de dependencia en la provincia de Teruel; ¡faltaría más! Supongo que será para todas las provincias de España, y no solo para Teruel; eso no es una atención específica. Como no es específico de un plan de este tipo el repintado de carreteras, o la seguridad vial, o las obras que van habitualmente al capítulo del 1 por ciento cultural, como la reparación de la catedral de Teruel o la de la de Albarracín, respecto de las cuales tiene usted razón: le preguntaremos sobre ellas a la ministra de Cultura. Todo eso lo han metido en el plan especial. Han metido también la limpieza de montes.


Según ustedes, ahorran perras al presupuesto del Gobierno de Aragón con estos planes específicos.


Sin embargo, señor vicepresidente, últimamente nos ha hablado del fondo Sepides y ese fondo -que sí le corresponde gestionar a usted-, en diciembre de 2006 estaba todavía sin definir, tal y como respondieron a una pregunta de un compañero de Teruel, también senador, a pesar de que ya llevábamos un tercio del plan, según le está recordando la prensa constantemente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, vaya concluyendo, por favor.


El señor BLASCO MARQUES: Por indicación del señor presidente, voy terminando.


Ha dicho usted que este plan específico, además, se prorrogará por dos años, en cumplimiento de un acuerdo y unas enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, le quiero mencionar lo que respondió el señor secretario de Estado de Hacienda -aragonés, por cierto- a la prensa aragonesa: Este plan específico se ha ampliado en dos años por una petición de otros grupos parlamentarios, pero eso no implica ni nuevos proyectos concretos ni que haya retrasos en los ya planteados; sólo significa mantener una línea de actuación.


Señor vicepresidente, esto no es un plan específico. Los turolenses, los jienenses, los sorianos y los del nordeste de España creían que era otra cosa porque creyeron al presidente del Gobierno. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


Tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Usted ha planteado tres cuestiones concretas a las que voy a intentar dar respuesta.


En primer lugar, ¿cuáles son los compromisos del Gobierno con respecto a los grandes ejes, que yo como ministro de Hacienda respaldo? Evidentemente, todo aquello que está incluido en el PEIT, que es el plan fundamental. Cuando se plantee un análisis de viabilidad sobre un elemento que no esté incluido en el PEIT habrá que abordarlo -si está comprometido-, pero en este

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momento estamos trabajando sobre la base de una programación plurianual que es la que está incluida en el PEIT. Como usted sabe -y tiene que ver con su último comentario sobre el señor secretario de Estado de Hacienda-, estas actuaciones no corresponden únicamente a una legislatura, en muchos casos, sino que implican mucho más tiempo.


En segundo lugar, su señoría comenta que le gustaría que el Plan Teruel fuese otra cosa o que esperaba que fuese otra cosa. En este sentido, le puedo decir que es bastante más concreto que el Plan Galicia que nosotros heredamos y que tuvimos que redefinir posteriormente. Al final los planes son consecuencia del agrupamiento de partidas específicas de cada una de las políticas que se están llevando a cabo en el territorio y cuando se habla del Plan Teruel, del Plan Galicia, del Plan Jaén o del Plan Soria nadie pretende que se incorpore una nueva sección 36, 37 o 38 en los presupuestos para conseguir un tratamiento específico. Estamos hablando, simplemente, del agrupamiento de las cosas que se están haciendo y, evidentemente, de la dotación financiera.


Su señoría señala, y con toda razón, que muchas de estas actuaciones ya se pusieron en marcha en el pasado; es verdad, y algunas de ellas tenían que haberse puesto en marcha mucho antes. También es cierto que hemos licitado menos actuaciones, pero usted tendrá que reconocer que hemos ejecutado mucho más y es suficiente con analizar las cifras globales para conocer el resultado del compromiso que hemos mantenido en relación con estas cuestiones.


Por último, y en relación a sus comentarios sobre el señor secretario de Estado de Hacienda, he de decir que entiendo que lo que él no ha afirmado -y le conozco bien como para saber que es un hombre riguroso-, que no puedan existir nuevos proyectos si hay margen de maniobra para abordarlos; al contrario, lo que estará diciendo es que aunque los proyectos establecidos superen el período temporal para el que están previstos, se van a cumplir en todo caso. Tal y como yo lo entiendo, eso es lo que el señor secretario de Estado de Hacienda ha querido decir.


Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor vicepresidente.


-- DE DON JORDI GUILLOT MIRAVET, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO DESARROLLAR EL GOBIERNO PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO, EL CALENDARIO DE APLICACIÓN Y LA CONSECUCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE KIOTO (JAPÓN) (S. 670/000142).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Interpelación de don Jordi Guillot Miravet, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las medidas que tiene previsto desarrollar el Gobierno para reducir las emisiones de dióxido de carbono, el calendario de aplicación y la consecución del cumplimiento del Protocolo de Kioto (Japón).


Tiene la palabra el señor Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: (El señor senador inicia su intervención en catalán.)

Señor presidente, decía que voy a dividir mi intervención en tres partes: una primera de diagnóstico para evaluar cuál es la situación de España frente al fenómeno del cambio climático, una segunda de valoración de la respuesta que el Gobierno ha dado a dicho fenómeno, y una tercera en la que avanzo propuestas que a mi juicio pueden mejorar las políticas hasta el momento contempladas. Creo que con este enfoque podremos contribuir a este necesario debate y a un afinamiento de las políticas a desarrollar para combatir un hecho tan grave y tan problemático como éste, que constituye un verdadero reto para nuestra civilización.


En primer lugar, el diagnóstico es malo; la situación es muy negativa y los datos lo confirman. El cambio climático está a la vuelta de la esquina, así lo afirma el Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas en el que se asevera que le calentamiento que registra el planeta es inequívoco, que continuará de forma más extrema y que el ser humano es el responsable de ello. El cambio climático provocará aumentos de temperaturas durante este siglo de entre 1,8 y 4 grados, el nivel del mar se elevará entre 28 y 43 centímetros, y la misma Unión Europea calcula que para que el aumento de la temperatura media sea sólo de dos grados habrá que reducir las emisiones entre un 20 y un 30 por ciento hacia el 2020 y hasta un 80 por ciento en la segunda mitad del siglo XXI.


Todavía no disponemos de los datos de emisiones de CO2 de 2006 en España, pero en 2005 las emisiones aumentaron ya un 52,88 por ciento respecto del año base, cuando sólo podíamos aumentar en un 15 por ciento; asimismo en el 2005 hubo también un incremento desmesurado de estas emisiones.


Sabemos que a comienzos de esta legislatura el Gobierno español tenía una situación compleja. Por una parte existía la necesidad de limitar la emisión de gases de efecto invernadero en un 15 por ciento para el año 2012 respecto de las del año base, y había un contexto en el que los gases de efecto invernadero ya superaban el 40 por ciento respecto del año base. Es decir, que se recibió una mala herencia que este Gobierno tuvo que afrontar para aplicar sus políticas.


Pero eso ya no puede ser una excusa; hay que abordar cuáles son las verdaderas causas que explican el porqué estos crecimientos tan desmesurados de la emisión de estos gases de efecto invernadero. A mi entender el sector energético es el principal factor, es el mayor responsable del conjunto de las emisiones. En el año 2005 dicho sector representó el 78,4 por ciento del total, la generación de electricidad representó el 30,5 por ciento y el transporte por carretera el 28 por ciento. El consumo de combustibles

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fósiles creció en un 5,26 por ciento respecto del 2004, así que las emisiones de CO2 aumentaron en un 4,75 por ciento. El aumento de las emisiones de los seis gases y para todos los usos en el año 2005 ha sido del 3,39 por ciento respecto de las de 2004. El consumo de energía primaria en España ha pasado de 91,8 millones de toneladas equivalentes de petróleo en 1990 a 146,19 millones en 2005. Es decir, que estamos hablando de casi un 60 por ciento más.


Las energías renovables sólo representan el 5,7 por ciento del consumo de energía primaria en el año 2005, cifra ésta muy alejada del objetivo del 12 por ciento que se quiere alcanzar en el año 2010. En 2005 la dependencia energética alcanzó el 79,2 por ciento a pesar de que en la producción nacional se incluyera la energía nuclear. El grado de dependencia energética fue, pues, del 66 por ciento en el año 1990. La diferencia es altísima.


Los datos arrojan una situación mala desde el punto de vista ambiental, desde una perspectiva presupuestaria, y por supuesto, desde una perspectiva económica y social. En términos medioambientales somos el país de la UE-25 que más incumple el protocolo de Kioto. Pero esta situación, de no corregirse, también tendrá repercusiones presupuestarias. De mantenernos en el actual volumen de emisiones de gases de efecto invernadero, y suponiendo que éstos no aumenten, habrá que adquirir derechos por un volumen de cien millones de toneladas de CO2 cada año con los costes que ello conlleva.


Pero esto no lo digo yo, lo dice el Informe Stern encargado por el Gobierno británico que no deja lugar a ninguna duda. El Informe Stern llega a una simple conclusión: los beneficios de una acción temprana y firme sobrepasan con creces los costes económicos de no hacer nada. El informe estima que los costes generales y riesgos asociados al cambio climático serán de un 5 por ciento del PIB cada año, y si se tiene en cuenta un rango más amplio de riesgos e impactos, los costes pueden aumentar hasta un 20 por ciento del PIB, es más, en contraste, los costes de la acción comportarían alrededor de un 1 por ciento del PIB al año.


Y la situación es negativa también desde una perspectiva social y económica, como lo demuestra el informe Stern al que hacía referencia.
Nuestro sistema energético, el español, ha perdido eficiencia. Necesita más energía, con el consiguiente aumento de las emisiones de gases invernadero, para producir la misma unidad de PIB. La economía española ha registrado los peores índices de intensidad energética y de emisiones de la Unión Europea. La intensidad energética de España aumentó un 5,3 por ciento desde 1993 hasta 2003, mientras que en la Unión Europea a Quince disminuyó un 9,9 por ciento en el mismo período de tiempo. Esta situación perjudica la competitividad de nuestra economía y agrava el déficit exterior al depender fundamentalmente del gas y del petróleo imortados. No obstante -lo digo en positivo y con ánimo esperanzador y de estímulo-, en 2005, y por vez primera desde 1990, mejoró la eficiencia reduciéndose la intensidad energética con una tasa anual cercana al 1 por ciento. Además, en 2006 se produjo una amortiguación del 1,12 por ciento del consumo tendencial de energía final.


Y los datos son negativos también para la salud de las personas. De las 302 estaciones de medición que hay en España, 43 superaron el nivel de alerta según un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Y recordemos que la contaminación atmosférica causa cada año en España la muerte prematura de 16.000 ciudadanos según la Comisión Europea. Ese es el diagnóstico: negativo, malo, y en algunos aspectos, catastrófico; y hay que ver cuál es la respuesta que ha dado el Gobierno.


Las medidas propuestas en la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia son correctas y acertadas, pero a mi entender insuficientes. El problema es que faltan propuestas concretas. No se fijan calendarios ni se dotan presupuestos. Tampoco se comprometen los Ministerios de Industria, Fomento y Economía, cuyas políticas tienen una incidencia directa y clara sobre las emisiones. Es decir, no se garantiza que se reduzcan las emisiones en España al nivel necesario para cumplir los acuerdos de Kioto ni para reducciones mucho más ambiciosas que será necesario asumir después de Kioto.


No existen objetivos sectoriales cuantificados para saber en qué medida se espera que cada uno de los sectores difusos: transporte, residencial y comercial, agrario, residuos, etcétera, está haciendo su parte para cumplir con el Protocolo de Kioto. Los indicadores no están cuantificados. La estrategia confía excesivamente en las medidas que se aplicarán fuera de nuestro país. No se vislumbra por ninguna parte la reforma fiscal verde a que se comprometió el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado para 2007, ni la aplicación de la euroviñeta, sistema para que los transportes más contaminantes paguen más en la carretera. La estrategia actual no contempla el post Kioto de 2012. Y ha habido también una falta de participación de los actores sociales en la redacción de esta estrategia.


Si nos referimos al plan nacional de asignaciones 2008-2012, el segundo plan hace un uso desproporcionado del mecanismo de desarrollo limpio, MDL, el 20 por ciento de las emisiones del año base, con lo cual se permite un aumento de un 37 por ciento respecto al año base. Justifica la utilización de fondos de ayuda al desarrollo para la obtención de créditos procedentes del MDL. Realiza una sobreasignación de derechos al sector eléctrico, lo que puede representar al fin y al cabo una subvención a este sector. Y, además, las reglas de reparto incentivan la producción eléctrica con carbón.


Asimismo, el Gobierno ha desaprovechado la oportunidad de utilizar la subasta como método de reparto. Podemos decir que en torno al compromiso con el Protocolo de Kioto la respuesta ha sido la del compromiso formal del Gobierno faltando, eso sí, compromisos más reales y concretos por parte del conjunto de todos los ministerios. Creemos que el Ministerio de Medio Ambiente tiene una buena orientación, pero hay una manifiesta falta de concreción y de acción por parte de

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otros ministerios y, lo que es peor, en otros se lleva una línea contraria.


Para nosotros es importante poner sobre la mesa que todos los esfuerzos que se están haciendo en materia de medio ambiente, por ejemplo, son corregidos con el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes, que contradice todos los esfuerzos iniciados para intentar cumplir el Protocolo de Kioto por parte del Gobierno. En 2010 el transporte supondrá cerca del 40 por ciento de las emisiones de CO2. El Plan estratégico aprueba la construcción de 6.000 kilómetros más de autovías. La mayoría de estas nuevas autovías se construirán en itinerarios por los que no llegan a circular siquiera 5.000 vehículos al día, lo cual no tiene ningún sentido y demuestra que el PEIT no se ha diseñado bajo un criterio de racionalidad.


El mismo informe de sostenibilidad ambiental realizado sobre el PEIT reconoce que el objetivo planteado por el Gobierno de disminución de las emisiones de CO2 en 2012 no se conseguirá.


¿Y qué decir de la Renfe? No hay nada que camine en la dirección correcta, ni en cercanías ni en regionales ni en grandes líneas y mucho menos en transporte de mercancías. Las políticas de transporte en España deben reorientarse, y rápido, porque la política real sigue siendo la de favorecer el transporte de mercancías y viajeros por carretera, en detrimento de otros modos más racionales y sostenibles. No parece ésta la manera más indicada de poder disminuir las emisiones difusas, con las que tenemos un grave problema.


Otro problema es el relativo a la construcción residencial, y es que en 2005 se han construido 800.000 viviendas, cifra que multiplica por diez el número de las viviendas terminadas en Reino Unido y es superior a la suma de las construidas en Alemania, Francia e Italia juntas. Y estas viviendas se han construido, además, sin seguir demasiados criterios de racionalidad y eficiencia en los recursos.


Con todo, lo positivo es que se ha iniciado una política dirigida a frenar las emisiones y minimizar el impacto del cambio climático sin dañar, eso sí, la competitividad, el empleo y la cohesión social. Creemos que hay que huir de los viejos modelos de crecimiento económico a partir de la construcción, del endeudamiento familiar o de la externalización de los costes medioambientales.


¿Qué proponemos? En cuanto a la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, se deberían cuantificar los objetivos de reducción de emisiones por sectores: transporte, residencial y comercial, agrario y residuos, lo que permitiría evaluar en qué medida cada uno de ellos contribuirá a cumplir con el Protocolo de Kioto. La estrategia debería tener en cuenta el escenario post Kioto y en ella deberían participar también los diferentes actores sociales.


En cuanto a la revisión del plan nacional de Asignaciones 2008-2012, necesitamos internalizar los costes energéticos que hoy se externalizan; revisar las primas a las renovables y llevar a cabo una reforma fiscal verde. La modificación de la Ley del suelo, que en estos momentos se está tramitando, debería evitar la ciudad difusa, y el suelo urbanizable debería dejar de ser el suelo de carácter residual. Asimismo, es necesaria una ley de bases sobre movilidad sostenible, en la que se planifique la movilidad en el momento de ordenar el territorio, y, finalmente, una revisión del PEIT y la apuesta clara por el transporte ferroviario.


Creemos que con este diagnóstico y este balance sobre las políticas del Gobierno, con estas propuestas y con el compromiso de seguir alentando y apoyando al Ministerio de Medio Ambiente en los esfuerzos que hace para poder combatir el cambio climático, podríamos dar un salto cualitativo, sabiendo que somos un país que está a la cola en la Unión Europea en esta cuestión. Pero, señora Narbona, hace falta que el Ministerio y el conjunto del Gobierno se comprometan en esta batalla.


Gracias, señorías, por su atención. Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente para contestar esta interpelación.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.


Gracias, señoría, por esta interpelación, absolutamente oportuna en este momento de la acción política en nuestro país, y también oportuna en el contexto internacional, en particular en el ámbito de la Unión Europea, donde ayer los ministros de Medio Ambiente adoptamos algunas decisiones que después comentaré.


Quiero comenzar, señoría, por la última frase que ha pronunciado pidiendo que el Gobierno se comprometa más allá del compromiso del Ministerio de Medio Ambiente. Pues bien, senador Guillot, la primera medida que se adoptó en cumplimiento de un compromiso que asumió el propio presidente, señor Rodríguez Zapatero, en su discurso de investidura fue crear un órgano interministerial: el grupo interministerial de políticas para el cambio climático, que viene a ser una especie de comisión delegada del Gobierno para esta materia. Está presidido por el ministro de Economía y Hacienda y en él participan, además del Ministerio de Medio Ambiente, los denominados ministerios económicos y el Ministerio de Asuntos Exteriores.


Ese grupo interministerial para el cambio climático ha adoptado hasta la fecha medidas que ya se han aprobado. En su intervención su señoría se ha centrado en la propuesta de estrategia que ha presentado el Gobierno, pero quiero recordarle que desde el inicio de la legislatura se han adoptado al menos 12 decisiones, que paso a enumerar. En primer lugar, la aprobación de la primera ley en España que limita las emisiones de gases de efecto invernadero a las empresas industriales, la Ley 1/2005, que es el instrumento legal del que dependen en su concreción los dos planes nacionales de asignación: el

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Plan Nacional de Asignación 2005-2007, todavía en vigor, y la propuesta del plan nacional para 2008-2012.


Por lo tanto, son tres elementos básicos aprobados por el Gobierno, estando el segundo plan nacional de asignación pendiente de la aprobación de Bruselas.


A continuación, el Gobierno adopta un paquete de medidas urgentes para desarrollar la estrategia de ahorro y eficiencia energética. Eso se hizo ya el año pasado, y supone, entre otras cosas, que existe un presupuesto público, que no había en el pasado, para apoyar las medidas de ahorro y eficiencia energética en toda España. Hablamos de una cantidad de unos 300 millones de euros. Se contemplan cosas muy variadas, por ejemplo, las subvenciones para los ciudadanos que cambien sus electrodomésticos más ineficientes por otros más eficientes -esos son fondos del Ministerio de Industria-, el apoyo a los ayuntamientos para que tengan una flota pública de transporte menos contaminante, para que se hagan ecoauditorías, etcétera. En fin, como digo, es un paquete de medidas que ya se aprobó el año pasado y que cuenta con un presupuesto.


El año pasado también se revisó al alza el Plan de Energías Renovables, que ya existía en nuestro país. El Gobierno pensó que era bueno ampliar las posibilidades en lo que a objetivos y medidas se refiere; por cierto, para la consecución del avance de este plan revisado, como saben, está pendiente la aprobación del decreto sobre primas a las energías renovables, del que de manera sintética puedo decir que pretende aumentar el apoyo público a las fuentes energéticas que están más atrasadas dentro del mix que tenemos en España en este momento.


Otra medida aprobada ya el año pasado es el Código Técnico de la Edificación, que es un buen ejemplo de que, aunque el Gobierno de la nación apruebe determinadas medidas, para que éstas tengan un éxito total necesitamos de la colaboración y de la implicación de otras administraciones, porque el Código Técnico de la Edificación obliga a que no se construya ninguna nueva vivienda que no lleve ya energía solar térmica y ningún edificio colectivo que no lleve energía solar fotovoltaica, pero quien da la licencia para construir edificios, claro está, no es el Gobierno de la nación. Este es un ejemplo muy claro de cómo más allá de las medidas que aprueba el Gobierno necesitamos una clara implicación de otras administraciones.


Por otra parte, el Gobierno ha puesto en marcha un plan para la reducción de emisiones en las grandes centrales de combustión de nuestro país, aquellas que más contaminan. No hablamos sólo de la emisión de CO2, sino de un conjunto de emisiones que ciertamente son un riesgo para la salud, como usted mismo señalaba. Asimismo, se ha aprobado muy recientemente un decreto sobre calificación energética de los edificios de nueva construcción -esto también se debe a la trasposición de directivas europeas- que permite fortalecer lo que ya el Código Técnico establece en términos de eficiencia energética.


Por otra parte, el Gobierno ha puesto en marcha toda una serie de medidas con presupuesto asociado para poder complementar el esfuerzo de reducción que hagamos dentro de nuestro país con las inversiones que se hacen fuera de España y que responden a los denominados mecanismos de desarrollo limpio. En este caso, además de haber creado la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático en el año 2004 y de haber firmado ya diecinueve acuerdos con terceros países, hay que recordar que el Gobierno ya ha empleado 315 millones de euros para la creación de fondos de carbono o para la participación en fondos de carbono existentes. Por lo tanto, también esta es una medida que tiene presupuesto.


Se ha creado también una mesa de diálogo social que funciona a nivel confederal y por sectores, con los sindicatos y con los empresarios y el Gobierno, para analizar en cada caso si las medidas de lucha contra el cambio climático que vamos adoptando suponen algún efecto negativo sobre el empleo y sobre la actividad económica para prevenir, en su caso, esos efectos, pero también porque va a ser una buena ocasión para ver cómo la lucha contra el cambio climático genera más empleo en España. Estamos convencidos de que es así, porque tenemos una gran capacidad empresarial, técnica y científica para el desarrollo, en particular de las energías renovables.


Y, por último, señoría, me referiré a una medida a la que no se le da toda la importancia que tiene, aunque creo que hay que reconocer el esfuerzo del Gobierno de dejar de utilizar la tarifa eléctrica como un elemento para la demagogia, reduciendo la tarifa cuando aumentaban los costes de las fuentes energéticas a partir de las cuales en España se consume electricidad. Creo que el Gobierno y el Ministerio de Industria han sido valientes. Son incrementos que se han planteado de forma que no supongan un problema para las familias, pero que marcan una tendencia clara.


Por lo tanto, existen 12 decisiones con presupuestos, con un contenido concreto, desde que el Gobierno comenzó su andadura en abril del año 2004, sobre una herencia que usted ha señalado y que yo no voy a esgrimir en absoluto como excusa. Simplemente quiero señalar que si las medidas se han adoptado a partir del año 2004, para su eficacia se necesita un tiempo para que efectivamente se note que hay un cambio de voluntad política y que de ese cambio de voluntad política se deriva un cambio de tendencia.


Como usted ha señalado en su intervención, la evolución en España ha sido nefasta en términos de intensidad energética, y de escasa utilización para nuestras posibilidades de las energías renovables. Hemos llegado donde hemos llegado: a estar a la cola de la Unión Europea. Y eso es algo que este Gobierno quiere corregir. Desde luego, hasta que los datos del año 2006 no sean definitivos los manejamos como ha hecho usted mismo en su intervención: con un carácter de aproximación. Parecen estar ya confirmando esa tendencia a la mejora de nuestra intensidad energética que se apuntaba en el año 2005 y que demuestra que se pueda tener crecimiento económico sin tener necesariamente un crecimiento incluso superior

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en el consumo de energía, como ha pasado en nuestro país. Esto es algo que tenemos que trasladar entre todos a la ciudadanía porque hay quien está convencido de que no puede haber crecimiento económico sin crecimiento, y a ser posible, elevadísimo, del consumo de energía. Esto también tiene que ver con pautas culturales de nuestro país y sin duda requiere un esfuerzo de pedagogía.


Y, paso ahora a comentar la propuesta de estrategia que hemos presentado al Consejo Nacional del Clima y también a las comunidades autónomas. Se trata, señoría, de una propuesta, que en estos momentos se encuentra precisamente en su fase de debate, para garantizar una de las peticiones que ha indicado en su intervención: la participación social, por supuesto, porque para eso tenemos un Consejo Nacional del Clima, al que se llevó una propuesta el pasado día 13 de febrero. De entrada se da un mes de margen para las primeras observaciones, las primeras exigencias desde el conjunto de las organizaciones que están presentes en dicho Consejo. Y, como he dicho, esa propuesta se ha formulado también a todas las comunidades autónomas, no sólo en el Consejo Nacional del Clima, sino a través de la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, que viene funcionando de una manera bastante positiva en cuanto a lo que respecta a ir buscando un acuerdo con las administraciones autonómicas.


Se me olvidaba mencionar entre las medidas que ya ha adoptado el Gobierno, la puesta en marcha de la Red Española de Ciudades por el Clima, lo que supone que en estos momentos haya 130 municipios comprometidos a reducir emisiones y para los que este año ya se podrá hacer la primera evaluación sobre si están cumpliendo o no ese compromiso, porque no se trataba de adherirse a algo que fuera papel mojado, sino de tomar medidas.


Efectivamente la estrategia incluye hasta 170 medidas. Como usted muy bien señalaba, esas medidas tienen que concretarse, y puedo decirle que durante el primer semestre de este año el Gobierno tiene el compromiso de concretar medidas adicionales a las que ya ha aprobado, y que, por tanto, irán en la dirección de reforzar la acción pública desde el Gobierno de la nación, medidas que tendrán que ver con la reforma fiscal y medidas adicionales para favorecer el ahorro y la eficiencia energética.


Puedo decirle también que el Ministerio de Medio Ambiente ha comenzado a trabajar con el Ministerio de Fomento y con el Ministerio de Industria en lo que debe ser una ley básica de movilidad sostenible, que es otra de las peticiones que se nos han hecho.


Con respecto a la dinámica que seguirá la estrategia propuesta, no se trata sólo de que el Gobierno de la nación concrete medidas, sino que la hemos planteado como un documento para incentivar al máximo la responsabilidad de las comunidades autónomas y, por supuesto, de los ayuntamientos. Esperamos que a lo largo de los próximos meses todas las comunidades autónomas formulen sus propias estrategias; algunas ya lo han hecho o lo están haciendo, y otras, no. Se trata de implicar al máximo a las administraciones autonómicas con esta dinámica.


Se me olvidaba señalar que el año pasado se aprobó el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que es un plan de trabajo que vincula al Gobierno de la nación con las comunidades autónomas y del que ya hemos presentado los primeros avances sobre la concreción para España de los impactos del cambio climático que deben, evidentemente, servir para la toma de decisiones en cada caso a quien corresponda. Si, como aparece claramente, ya en los primeros estudios se demuestra que va a haber una reducción de las precipitaciones a lo largo de este siglo que puede ser de hasta un 40 por ciento en la península ibérica, eso tendrá que llevar a reforzar la reorientación de la política del agua en nuestro país en la línea del Programa AGUA, pero también más allá, implicando a todas las administraciones, porque con el panorama que tenemos por delante hay que acabar con la idea de que el agua es un recurso ilimitado y gratuito. Hay que trabajar cada vez más por una buena gestión del agua.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señoría, vaya concluyendo.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Termino, señor presidente.


Con respecto a otras medidas que plantea el senador, puedo decirle concretamente que el plan nacional para el periodo 2008-1012 en estos momentos está siendo objeto de análisis por la Comisión Europea, y creo que en pocos días sabremos si el planteamiento que ha hecho el Gobierno de España es correcto o no; yo en esto soy absolutamente respetuosa con lo que la Comisión entienda; y, en su caso, lo revisaríamos.


Por lo que se refiere al escenario post-Kioto, en la propia propuesta de estrategia que hemos presentado ya asumimos, en concreto en lo que se refiere al aumento del peso de las energías renovables, hasta un 20 por ciento en el horizonte de 2020. Quiero decirles que somos uno de los cinco países de la Unión Europea que han aceptado ese objetivo como algo vinculante. Se ha celebrado muy recientemente el Consejo de Ministros de Energía, y ayer el de Medio Ambiente, y ha quedado claro que este no es un compromiso que todo el mundo asuma, pero España cree que lo puede asumir y, por tanto, hemos hecho esa apuesta para más allá de Kioto.
Asimismo, hacemos una apuesta, que ya está en marcha y que no tendrá concreción antes del año 2020, por las tecnologías denominadas de carbón limpio o de secuestro de emisiones de CO2, que requieren un proceso de I+D+i en el que España está comprometida en una plataforma tecnológica.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señora ministra, concluya, por favor.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Por último, en cuanto a la revisión del PEIT, señoría, más allá del informe de sostenibilidad que lo acompañó, en estos momentos cada uno de los planes sectoriales del PEIT está sometido al procedimiento de

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evaluación estratégica, y yo espero que en esta fase podamos mejorar desde el punto de vista ambiental las expectativas que genera.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señora ministra.


Tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


En mi anterior intervención me había olvidado de decir que la mala herencia no sólo se aprecia en que había una despreocupación gubernamental o en el 40 por ciento de emisiones, sino, lo que es peor, en el discurso, consistente en minimizar y negar el problema o ridiculizar a aquellos que levantaron las alarmas respecto de la situación del fenómeno del cambio climático en un país como España, de máximo riesgo.


Es verdad que este Gobierno, y usted especialmente, ha corregido este discurso y ahora el cambio climático es un elemento de debate racional, sensato y responsable, como no podía ser de otra manera.


Es verdad también que ha habido un fuerte impulso de las medidas de este Gobierno, y el discurso de investidura del presidente o su mismo nombramiento indican una actitud ofensiva frente al cambio climático, y no niego que hay toda una serie de actuaciones. Pero tampoco se puede negar, y usted lo reconoce, que estamos en un nivel de emisiones alarmante. Lo que me preocupa, sin repetir lo que ya he dicho antes, son tres aspectos. Creo que permanecen en el Gobierno concepciones desarrollistas. El transporte por carretera, el transporte privado, sigue siendo uno de los aspectos más señeros de esas concepciones que implican, a su vez, efectos en la emisión de CO2, el efecto invernadero, etcétera.
En segundo lugar, creo que en este Gobierno también impera una cierta percepción de que, como la economía va tan bien, se trata de no poner trabas a la expansión económica y al crecimiento económico, es decir, no poner ninguna dificultad a un momento tan dulce de nuestra economía. Creo que esto también es un riesgo con respecto a lo que ahora estamos hablando sobre el cambio climático. Por último, creo que otro aspecto que dificulta esta situación, el poder afrontar con mayor decisión el cambio climático, es que no hay un pacto de Estado. Compometer al conjunto de instituciones, de territorios, de administraciones, de agentes sociales, económicos, es decir, comprometer a tanta gente para afrontar un problema tan grande, tan grave, tan de civilización, creo que sería indispensable un determinado tipo de pacto de Estado. No quiero abusar tampoco de esta expresión y menos en esta legislatura, pero este es un aspecto que ha venido también muy condicionado por el desarrollo de la legislatura, por la actitud de todos los partidos que actuamos en ella, especialmente del Partido Popular, y eso también es un déficit o un hándicap para poder abordar con mayor no sólo decisión, sino con mayores compromisos y con mayor número de actores comprometidos, todo lo que afecta al cambio climático. Con todo, quiero agradecer su decisión, sus compromisos y la claridad de su exposición.


Gracias, señora ministra. Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.


Señora ministra, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Muchas gracias.


Señoría, le he expuesto un conjunto de decisiones que ha tomado el Gobierno y, por lo tanto, no sólo el Ministerio de Medio Ambiente, que yo creo que responden a un compromiso real del presidente y de los ministros involucrados. Por lo tanto, desde ese punto de vista quisiera pedir que confíe en que vamos a seguir trabajando para que el desarrollo de España sea cada vez en mayor medida un desarrollo más sostenible, no sólo respecto del gran desafío que supone el cambio climático, sino con carácter general, porque al final la racionalidad económica y la racionalidad ambiental convergen en el tiempo. Y todo lo que hagamos hoy y que suponga costes más o menos ocultos, lo acabaremos pagando entre todos, como ya lo pagamos; por ejemplo, tenemos que emplear más de cien millones de euros en descontaminar el fondo del pantano de Flix. En fin, todo lo que va en contra de la racionalidad ambiental, antes o después significa ir en contra también de la racionalidad económica y crear daño social; y me parece que en ese discurso coincidimos absolutamente con su grupo y necesitamos, como usted dice, que haya un gran pacto de Estado.
En ese sentido, le recuerdo que el presidente del Gobierno ha anunciado que el tema central de la próxima Conferencia de Presidentes, que se pretende celebrar a finales de este mismo año para no entrar en un período preelectoral con una reunión de esas características, versará sobre el cambio climático. Creo que esa es una buena señal que invita al compromiso, y también en este caso quiero ser optimista, señoría. Creo que la única ley que he propuesto desde que estoy en el Gobierno y que no ha sido objeto de una enmienda de totalidad fue precisamente la Ley 1/2005, la ley que regula el sistema europeo de derechos de emisión.
Quiero interpretarlo también como una mayor posibilidad de acuerdo con todas las fuerzas políticas en España frente a otros temas en los que la situación genera mucha más tensión y mucha más polémica.


Y por supuesto, respecto del pacto social, creo que es fundamental que todos hagamos el máximo esfuerzo de pedagogía, y en esto todos los poderes públicos tenemos una gran responsabilidad.


Explicar a los ciudadanos machaconamente que por el hecho de que su calefacción no supere un determinado nivel no viven peor sino todo lo contrario, e invitarlos a sentirse responsables en sus pequeños actos, responde a un esfuerzo de comunicación y, a mi entender, de liderazgo.


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Si los poderes públicos no damos ejemplo, los ciudadanos piensan que siempre les pedimos a ellos un esfuerzo que no se corresponde con lo que hacemos desde los poderes públicos. Por eso, considero interesante que todos los departamentos públicos nos sometamos a un proceso de auditoría energética. Algunos ministerios de este Gobierno ya lo hemos hecho y ya tenemos el resultado de esa auditoría energética y el paquete de medidas que estamos poniendo en marcha; en el caso del Ministerio de Medio Ambiente, vamos a poder reducir en muy poco tiempo hasta el 40 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero que produce el Ministerio de Medio Ambiente en su sede central.


No obstante, una de las medidas que previsiblemente tome el Gobierno este año consista en extender ese esfuerzo a todos los ministerios y a todos los centros de la Administración General del Estado. Debemos ser capaces de hacer llegar a los ciudadanos la idea de que este reto es de todos y que a los poderes públicos, encargados de liderarlo, se nos debe exigir su cumplimiento.


Ahora, cuando se van a celebrar las elecciones municipales y autonómicas, los ciudadanos deben saber que sus responsables autonómicos y locales pueden hacer mucho, en términos de movilidad, de construcción, de ordenación del territorio, de adecuación de las instalaciones públicas, autonómicas y locales, para conseguir la reducción de estas emisiones.
Creo que esta cita electoral viene muy condicionada -y es bueno que sea así- por la evidencia científica y por los informes de gran solvencia económica que se han elaborado en los últimos tiempos, y que ya están llegando a los ciudadanos.


En ese esfuerzo estamos, obviamente, en línea con lo que usted plantea en su intervención, que yo asumo en la parte que me corresponde para seguir trabajando con el máximo esfuerzo dentro del Gobierno.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señora ministra.


-- DE DON FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO PARA EVITAR POSIBLES ABUSOS EN LOS INCREMENTOS DE LOS PRECIOS DE LA TELEFONÍA MÓVIL (S. 670/000143).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Interpelación del senador Albistur sobre la política del Gobierno para evitar posibles abusos en los incrementos de los precios de la telefonía móvil.


Tiene la palabra el senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, estoy encantado de poder debatir con usted esta mañana.


La inminente entrada en vigor de la Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios en la que se regula y se exige que los usuarios de la telefonía móvil paguen por el tiempo real de uso del teléfono ha tenido como consecuencia el anuncio de modificaciones de precios por parte de las empresas suministradoras de los servicios de telefonía móvil, ha provocado reacciones por parte de las asociaciones de consumidores y usuarios y diversos posicionamientos políticos, públicos y en el Parlamento, tanto de los portavoces de los partidos políticos con representación en él como de los miembros del Gobierno.


Los incrementos anunciados por las principales operadoras afectan, en principio, a lo que se denomina el establecimiento de llamada, pero también a los precios específicos que se refieren al consumo, ya que en adelante las llamadas realizadas desde un aparato móvil tarifarán por segundos. Es decir, se propone un incremento significativo de los precios de llamada en telefonía móvil en un Estado miembro de la Unión Europea cuyos precios de telefonía móvil son hasta un 20 por ciento más caros que la media de los Estados que componen la Unión Europea de los Quince. Esta afirmación está avalada por estudios encargados por la propia Unión Europea.


Esta subida tiene su fundamento en la Ley 44/2006, de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios, que es, a su vez, una modificación del artículo 14 de la Ley 26/1984 mediante la adición de una cláusula séptima siete bis que prohíbe el redondeo al alza en el tiempo consumido, en el caso específico de la telefonía móvil. Este mismo artículo establece que, en aquellos sectores en los que el inicio del servicio conlleve un coste para las empresas -este elemento de prudencia se introdujo en esa ley- no repercutido en el precio, no se considerará abusiva la facturación por separado de tales costes cuando se adecúen al servicio efectivamente prestado.


Este es un asunto importante, porque lo que ocurre con esta subida es que todos tenemos la sospecha de que este coste de establecimiento de llamada es muy superior al coste real del servicio que, como veremos después, parece que va bajando progresivamente. En cualquier caso, es lamentable que se haga coincidir la aplicación de una norma de protección a los consumidores para incrementar los precios de forma paralela y aunque no sean previamente concertados -tema que está por demostrarse-, lo cual, sin embargo, desnaturaliza por completo el sentido de la norma que va a entrar en aplicación.


El objeto de esta interpelación, señor ministro, es conocer qué piensa hacer el Gobierno en esta cuestión si lo considera algo significativo -como ocurrió, por ejemplo, en el caso de las tarifas eléctricas no hace mucho tiempo- y quién va a tomar la iniciativa en nombre del Gobierno, para adoptar, si cabe, alguna medida. Como ejemplo le pondré una que el Gobierno vasco ha tomado desde la Dirección de Consumo y Seguridad Industrial y que creo que es la única que una administración ha adoptado en el Estado. Está dirigida al Tribunal Vasco de

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Defensa de la Competencia y, además, se pide que se traslade a los otros tribunales existentes en las comunidades autónomas. Dice así: Habida cuenta de los anuncios realizados estos últimos días por las operadoras de telefonía Movistar, Vodafone, Orange y Euskaltel, de incrementar sus tarifas en porcentajes muy significativos con el pretexto de adecuarse al artículo 14 de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, para la Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios, se solicita la intervención del servicio y, en su caso, del Tribunal de Defensa de la Competencia por si las mencionadas actuaciones supusieran un caso de restricción de la libre competencia, dado que se considera que se ha utilizado una norma de protección de las personas consumidoras para realizar una subida importante de sus tarifas respectivas, con la agravante de que se ha producido una equiparación de las tarifas aplicadas por las distintas empresas operadoras al menos en lo que respecta al coste de establecimiento de llamada, lo que puede suponer la existencia de prácticas concertadas o conscientemente paralelas. Esto está escrito el 12 de febrero del año 2007, es decir, este mismo año, por supuesto.


El Estado, por su parte, ha anunciado que para denunciar ante Defensa de la Competencia va a esperar a conocer los nuevos precios de forma oficial. Como ve usted, en nuestra comunidad hemos decidido no esperar ante los anuncios de las subidas que se han anunciado en la prensa -no de forma oficial-, pero creo que diferirán mucho de los oficiales -ojalá difieran de los oficiales o de lo que oficiosamente se ha dicho-, y si difieren, ojalá sea a la baja. Pero también se ha decidido actuar ante lo que podemos llamar -no entre comillas porque creo que es cierto- alarma social, así como por la necesidad de realizar actuaciones a la mayor brevedad.


Sospechamos que aquí se ha hecho un razonamiento, que es que las compañías no podrán cobrar las llamadas por paquetes de 30 segundos a partir del primer minuto; sin embargo, también se cobra por entero este primer minuto aunque el cliente no lo use en su totalidad -esta es una característica importante-. Consecuentemente a este hecho, sube el establecimiento de llamada de 0,12 a 0,15 céntimos y, además, el precio nominal por minuto. El resultado es que los ingresos de las compañías -que en principio dejarían de percibir por la eliminación del redondeo- se obtienen ahora por el encarecimiento de las tarifas, y sus cuentas de resultados, aparentemente, no resultan dañadas. Las operadoras piensan -y más si el Gobierno no lo niega- que los ingresos procedentes de lo que ha sido hasta ahora una práctica comercial dudosa -el redondeo- son legítimos y, por tanto, tienen derecho a recuperarlos mediante un encarecimiento de los precios, y esto sucede también en otros sectores como el financiero.


La explicación de la subida que se quiere llevar a cabo se complica todavía mucho más por el hecho de que los tres grandes operadores con red -por lo menos así lo han manifestado-, Movistar, Vodafone y Orange, apliquen la misma subida en el establecimiento de llamada, coincidencia que puede prestarse a malas interpretaciones, y por eso se demandan investigaciones o actuaciones como la que acabo de leer.


Desde lo que nuestro grupo considera que debe ser una actividad reguladora, la respuesta lógica sería una investigación del hecho en sí mismo para descartar prácticas concurrentes, colusorias entre ellas, en detrimento de la competencia del mercado, responsabilidad que debe cuidar el Gobierno. Pero el Gobierno ha anunciado una investigación que ya está en marcha, y esperemos que así se haga. También debe investigarse que la confirmación de las subidas que se piensan decidir, o que se han decidido -no lo sabemos- no supone un encarecimiento real de las llamadas, es decir, resulta neutro, y no es superior a los ingresos que anteriormente se obtuvieron, cuando se permitía el uso del redondeo.


El instrumento para todas estas actuaciones debería ser la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, órgano regulador que, además, es una institución neutra que debe transmitir cierta serenidad a la sociedad y a los consumidores. Sin embargo, no tenemos noticias de actuaciones ni de opiniones de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones.


La tecnología es el mejor medio, herramienta e instrumento del que disponemos para el desarrollo humano y social las personas del siglo XXI, pero no todas las personas del siglo XXI, somos fundamentalmente, las sociedades avanzadas las que nos beneficiamos en primer lugar de este hecho. La telefonía, móvil en este caso, es un mercado que debe progresar como consecuencia de la combinación entre una permanente investigación y los avances tecnológicos que se derivan de ella. La tecnología puede dejar de ser neutral, y por eso consideramos que no puede sustraerse a unas regulaciones económicas, sociales y legales mínimas. Antes de alcanzar cualquier tipo de sofisticación tecnológica, los operadores de telefonía fija o móvil, o los operadores que suministran servicios a través de la red, de Internet, etcétera, deberían apostar por un buen servicio, por su calidad y por unos precios competitivos, como es práctica habitual en cualquier actividad industrial. Ello requiere casi siempre una apuesta rotunda por la inversión, que no estamos seguros de que se realice en este caso, como ocurre en otros sectores del Estado.
Como consecuencia de ello, los usuarios sufren unos precios superiores a la media europea y una calidad deficiente, incluso en las transmisiones de lo que se llama alta velocidad. De mala manera puede sustentarse una política avanzada en telecomunicaciones, decisiva para el crecimiento económico, con el desequilibrio de esta ecuación: precios altos y calidades mediocres. Por este motivo, señorías, señor ministro, nos encontramos ante una parte de un sector regulado que no se ha caracterizado por su transparencia, calidad de servicio y transmisión, seguridad de contratación y facilidad de movilidad para el consumidor.
Pese a los ánimos que desde su ministerio, y usted mismo, señor ministro, se han dado a los consumidores para la libre

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elección de operador en caso de disconformidad con los precios por llamada, son todavía difíciles de superar las barreras y penalizaciones establecidas por los operadores para la emigración y la portabilidad, contando para ello con la inhibición de la Administración en sus diversas instituciones con competencias en la actividad que ahora estamos comentando y que nos ocupa.


En concreto, en cuanto a los datos de reclamaciones los únicos que tengo son los de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Durante el año 2006 se han recibido en esta comunidad, entre las OMIX y el propio Gobierno vasco, un total de 4.314 reclamaciones, además de las que se hayan podido presentar en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, lo que hace un total de 16.000, y eso quiere decir que al menos una de cada cuatro reclamaciones presentadas es por motivos de telefonía, y el 79 por ciento son por cuestiones que afectan no tanto a la tarifa como al funcionamiento y a su calidad.


Estos datos se distribuyen de la siguiente manera: la facturación ocupa el 20 por ciento de las reclamaciones; las bajas y altas fraudulentas y los incumplimientos de ofertas, el 19 por ciento; las reparaciones defectuosas, el 15 por ciento; la falta de cobertura, cortes de líneas, etcétera, el 12 por ciento; la publicidad engañosa, la portabilidad, otro 12 por ciento. Es decir, nos encontramos ante una situación en la que las características del sector todavía dejan mucho que desear en cuanto a transparencia y calidad.


Los diferentes miembros del Gobierno han hablado mucho en los últimos días de la independencia del mercado, de abrir investigaciones, como he dicho anteriormente, sobre actuaciones concertadas y prácticas anticompetitivas. En nombre del Gobierno se han dicho muchas cosas, pero de forma descoordinada y sin una respuesta efectiva sobre cómo atajar unas medidas que, aun respondiendo a la legítima libertad de empresa, pueden resultar gravemente perjudiciales para la economía particular, laboral y familiar de los consumidores.


El Gobierno ha dicho que Defensa de la Competencia va a abrir una investigación a fin de determinar si ha habido un concierto de los tres operadores en la subida de los precios que ya están totalmente liberalizados. Pero esto ocurrió también en las compañías aéreas, con las gasolineras en tiempos no muy lejanos...


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, vaya concluyendo, por favor.


El señor ALBISTUR MARIN: Voy terminando, señor presidente.


... y no hemos visto que exista una competencia real de precios en dos de estos tres sectores que acabo de mencionar. No podemos prejuzgar el resultado de la investigación del Gobierno, no voy a entrar en ello.


En cuanto a si debe intervenir, me gustaría saber la opinión del Gobierno.
Existe un precedente que la prensa ha anunciado recientemente: Francia, cuyo Gobierno impuso en 2005 una multa de 530 millones de euros a tres operadoras por pactar la tarifa, tema este que para nosotros supone una enorme preocupación, porque el Gobierno tiene la responsabilidad de que exista competencia, de fomentarla, y la característica de la economía y uno de los principios sociales de la Unión Europea es precisamente la existencia, la penetración y la práctica de esta economía.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, termine, por favor.


El señor ALBISTUR MARIN: Termino, señor presidente.


Por todo ello, hemos presentado esta interpelación al Gobierno para que exponga su política de actuación coordinada a fin de evitar posibles abusos en los incrementos de los precios de la telefonía móvil debidos a una posición empresarial acordada y dominante -lo cual es un índice de que no hay competencia real- que afecten significativamente al consumidor y usuario precisamente en el momento de la entrada en vigor de la ley que procura mejorar su protección.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor senador.


Tiene la palabra el ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Gracias, señor presidente.


Señoría, muchísimas gracias por la pregunta y la interpelación.
Compartimos un objetivo común, que es introducir competencia en este sector. Estamos ante un sector que, afortunadamente, durante los últimos años ha experimentado una importante evolución y en el que las aportaciones tecnológicas han cambiado radicalmente el funcionamiento del servicio de la telefonía, muy especialmente el de la telefonía móvil, que ha generalizado y popularizado este medio de comunicación.


Uno de los primeros aspectos que debemos constatar es que nuestras funciones administrativas han cambiado radicalmente en los últimos años.
En estos momentos ya no tenemos capacidad para intervenir en la parte del sector del servicio sometida a la competencia del mercado.


Sí que tenemos obligaciones y responsabilidades reguladoras por lo que hace referencia al servicio universal, pero la telefonía móvil, de momento, no está en el servicio universal. La primera constatación que debemos hacer desde el Gobierno y por lo que se refiere a nuestras responsabilidades tarifarias, es que en estos momentos no tenemos capacidad de intervención porque así lo hemos decidido todos. Hemos decidido que la mejor opción es que exista competencia y que los precios se regulen por el mercado.


Y aquí viene la segunda parte de la cuestión, ¿cómo podemos garantizar que exista competencia en un sector que proviene en todos los países europeos de un régimen monopolista, y que está transitando ya hacia un sistema de

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mercado? Un sistema de mercado en el que suele haber unos cuantos grandes operadores que compiten con redes propias, y luego existen los operadores virtuales. Y aquí es donde intentamos actuar permanentemente para conseguir que, al final, disfrutemos de una situación donde esta competencia sea efectiva y se transforme en unas telecomunicaciones asequibles, que nos ayuden a conseguir un buen servicio y a competir con el resto de países europeos con un crecimiento económico adecuado.


En todo caso, el Gobierno, además de garantizar esta competencia, garantiza algunos mínimos de servicio para que llegue a todo el territorio nacional. Estamos obligando a los operadores para que inviertan en sitios donde el mercado no justificaría estas inversiones, precisamente en defensa de un servicio universal. Les estamos pidiendo que hagan este esfuerzo no solo en los servicios básicos, sino también en servicios como el de la banda ancha o en algunos otros de telecomunicaciones, porque a nivel global y con un cierto grado de consenso político hemos decidido que en un país como el nuestro, relativamente poco denso y con muchas distancias entre las poblaciones, debemos tener un servicio de telecomunicaciones que nos permita estar en la primera línea de competitividad europea. Por consiguiente, en estos momentos no se nos plantea tanto qué podemos hacer con las tarifas, porque en este caso concreto no podemos intervenir en la fijación de precios de las compañías, y son ellas las que establecen sus mejores estrategias para conseguir ganar cuota de mercado y sus objetivos empresariales.


¿Qué mecanismos tenemos para detectar comportamientos colusorios, a los que usted se ha referido en su intervención? Además, partiendo de la constatación de que nosotros somos los primeros interesados en impedirlo, porque es evidente que el Estado no tiene ningún interés empresarial en este sector; los tuvo cuando había regímenes de monopolio, pero no estos momentos. Por lo tanto, nuestra legitimidad política para intervenir es precisamente garantizar la calidad del servicio, unos precios adecuados y una distribución territorial adecuada. En este sentido, como usted sabe muy bien, nos hemos dotado de un marco normativo con determinadas funciones atribuidas a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y otras atribuciones cedidas, transferidas u otorgadas al Tribunal de Defensa de la Competencia, con unos servicios que hacen los estudios pertinentes más allá de la estructura administrativa del Estado, con un grado de independencia absoluta para proceder a analizar las condiciones de comportamiento en el mercado de estos operadores y evitar esos comportamientos antimercado. Además, el Instituto Nacional del Consumo, por su lado, también puede trabajar para averiguar si detecta algunos comportamientos que vayan contra los intereses de los consumidores. Como usted ha apuntado muy bien, además hay diversas transferencias a las autonomías para que los ciudadanos, a través de estos servicios, también puedan denunciar prácticas que consideren colusorias ante este derecho que poseen todos los ciudadanos de que el mercado sea efectivo y transparente.


Mencionaba antes que, en el servicio de las telecomunicaciones, venimos de una situación en la que no había mercado. Ahora hay mercado, aunque haya pocos operadores, generalmente en Europa. Por eso los gobiernos europeos y la Comisión Europea tienden a vigilar atentamente la situación para evitar comportamientos oligopolistas. Una de estas medidas ha sido la medida legislativa que usted ha comentado y que ha dado origen, supuestamente a este comportamiento de las empresas. Se decidió forzar, por medio de una medida legislativa que favoreciese la competencia, el hecho de que no hubiese redondeo en las tarifas y que se pudiese tarifar por segundos. Ahora bien, esto se hizo en una situación en la que ya existía un mercado, y algunos operadores -no todos- decidieron incrementar parte de sus precios -con efectos neutros, según dicen- para compensar la disminución de sus ingresos, partiendo de la premisa de que la situación del mercado ya es perfecta y que ya están compitiendo con los precios.


¿Cómo pueden demostrar la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el Tribunal de Defensa de la Competencia que existen comportamientos antimercado? A ellos les corresponde hacerlo. Ha dicho usted que, según algunas estadísticas de la Unión Europea, las comunicaciones son más caras en España que en el resto de Europa, pero medirlo es extremadamente complicado. De hecho, ha habido varios intentos de medir los precios relativos en la Unión Europea, y no hay consenso sobre cómo llevar a cabo esta medida. Sí es evidente que el cambio tecnológico está produciendo una disminución del precio de las comunicaciones por teléfono.
Concretamente en España, considerando en el año 2000 un precio 100 en la escala, tenemos la certeza de que el teléfono móvil bajó de 100 a 77 en 2005, mientras que el precio de la cesta de la compra subió a 117 en 2005, también desde el 100 del año 2000; hasta dentro de un par de meses no dispondremos de los datos definitivos de 2006. El comportamiento del precio de las comunicaciones tiende, pues, al abaratamiento. Este fenómeno de abaratamiento es universal y persistirá, porque la tecnología permite un tráfico mucho mayor de comunicaciones por unidad de establecimiento de llamada.


Sabiendo que disminuye el coste de las comunicaciones telefónicas, nos interesa saber si este disminuye en nuestro país más que en otros o menos, en términos comparativos. La última información independiente que tenemos procede de un grupo que se llama City Group, una consultoría especializada en estos sectores, y se refiere a 2005 y a 2006. Han medido tanto las comunicaciones por teléfono móvil con tarjeta de prepago como aquellas por teléfono móvil con contrato. La media europea del coste de estas últimas -con contrato- es de 43,4 céntimos en 2005 y de 33,4 céntimos en 2006. El promedio europeo ha descendido notablemente, pues.
Este descenso se mide por medio de la unidad euro/mes/150 minutos, que es el consumo que se considera estándar. Por lo tanto, parece que es un buen instrumento de medida de los costes reales de las comunicaciones telefónicas con contrato.


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¿Qué ha sucedido en España? El precio, que en el año 2005 en Europa era de 43,4 céntimos de promedio, en España, era de 39 céntimos; y, en 2006, que en Europa era de 33,4 céntimos, en España era de 27 céntimos.


Si se confirmasen estos datos -y, evidentemente, seguiremos atentos a esta evolución-, se desmentirían informaciones previas en el sentido de que el precio de la telefonía móvil en nuestro país es mucho más cara que en el resto de Europa. Este fenómeno de ningún modo se ha probado y, además, existen informaciones que apuntan en la dirección contraria. Se están haciendo estudios no sólo en España sino en toda Europa para tener un conocimiento fehaciente de esta situación.


En cualquier caso, partiendo de los datos de que disponemos, nos interesa saber qué países están mejor que nosotros y qué países están peor. Hay de todo en la viña del Señor; y, así, países más caros que el nuestro en telefonía móvil son, por ejemplo, algunos del tamaño y del calado de Alemania y Francia. Sin embargo, también nos interesa conocer aquellos países a los que tendríamos que emular para conseguir que nuestros precios fuesen aún más baratos, y también los hay, como es el caso de Suecia, el Reino Unido o Finlandia. Por lo tanto, tenemos que emular a aquellos países que, a pesar de tener una renta per cápita superior a la nuestra, tienen precios aún más bajos.


En consecuencia, señoría, estoy de acuerdo con usted en el sentido de que tenemos que continuar trabajando para conseguir que realmente exista competencia, pero debemos reconocer que no estamos en una situación desesperada, porque hay países con grandes economías que tienen precios más caros que los nuestros, como son Alemania y Francia. En cualquier caso, tenemos la intención de conseguir acercarnos a grupos de países más eficientes, como Suecia, Finlandia o el Reino Unido.


Nuestras intervenciones, a través de normas reguladoras como éstas, deberían servir para que la situación de precios comparativos sea más transparente y para que, realmente, antes de ponernos a disparar contra las empresas, sepamos si, en términos comparativos europeos, su comportamiento es especialmente avaro o si realmente están defendiendo sus opciones empresariales.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor ministro, vaya concluyendo.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Muchas gracias.


Hemos pedido a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que realice este estudio para, posteriormente, proceder -si así se determina- a aplicar las sanciones pertinentes.


Señoría, no le quepa ninguna duda de que nosotros, como usted, estamos tremendamente interesados en conseguir que haya competencia, que los usuarios dispongan de un servicio barato y bueno y, además, que puedan escoger operador.


Por lo que se refiere a la portabilidad, somos el primer país de Europa en cuanto al ejercicio del derecho de cambio de operador. Por lo tanto, aunque es posible que existan dificultades porque vivimos en un régimen oligopolista, tampoco es una situación desesperada.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor ministro.


Tiene la palabra el senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor presidente.


Me alegro de haberle oído pronunciar esta última frase -que vivimos en un régimen oligopolista-, porque si usted lo reconoce adoptaremos las medidas necesarias para introducir la competencia, ya que con estas intervenciones, en las que en el fondo nos interpelamos mutuamente, creo que estamos buscando exactamente lo mismo. Y en definitiva eso es también lo que están pidiendo las organizaciones de consumidores y usuarios, y en el momento de la entrada en vigor de una ley que va a mejorar la defensa de los consumidores, la mejor respuesta sería que no se produjesen actuaciones que fueran en su perjuicio, como sería un incremento de las tarifas.


La portabilidad podrá ser real en teoría, pero el pasado día 6 de febrero se publicó una noticia según la cual las nuevas compañías de móviles sólo han robado 4.600 clientes. Usted sabe perfectamente, porque ha sido testigo de ello, las enormes dificultades que ha habido para establecer una buena relación entre Orange y Euskaltel, y todos sabemos que pese a que la CNMT ha ido reconociendo que prácticamente ha habido una reducción de hasta un 58 por ciento en los costes de interconexión y por tanto se han ido bajando los precios de la misma, todavía hay un período en el que se producirá una reducción de las llamadas de fijo a móvil o de móvil a fijo que durará hasta el año 2008, momento en el que finalmente se conseguirá una reducción de esas tarifas del 47 por ciento.


Nuestra preocupación es que las peticiones hechas desde las asociaciones en defensa de los consumidores son serias, y un Gobierno que además se declara de izquierdas y sensible ante las reclamaciones de los ciudadanos debería responder a las mismas. Mi grupo parlamentario se siente identificado con ellas y seguiremos adelante con una moción consecuencia de esta interpelación, no con la intención de meter el dedo en el ojo al Gobierno, sino para coadyuvar y hacer que el Gobierno tome iniciativas en defensa de los consumidores.


Tenemos dudas de que existan razones objetivas que justifiquen en estos momentos un aumento de precios por parte de los operadores denunciados, pero, sobre todo, nos gustaría que el Gobierno modificara cierta práctica de éste y otros gobiernos anteriores, así como también de gobiernos de administraciones autonómicas. Cuando hay tarifas y precios públicos, generalmente el Gobierno

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interviene cuidando al consumidor y la inflación, porque en ese caso el consumidor es su cliente: vota. Pero cuando se trata de precios privados, el Gobierno recuerda la libertad, no intuye el abuso en el mercado, parece que lo obvia, y desconoce los efectos sobre la inflación, sin embargo, el ciudadano sigue siendo su cliente porque vota.


No nos gustan las dudas en el sector de las telecomunicaciones y de las nuevas tecnologías. Todavía tenemos enormes dificultades para situarnos en la sociedad de la información. Entre todos tenemos que hacer un esfuerzo importante para que nuestra sociedad se encuentre plenamente introducida en ella y para que seamos un Estado avanzado en esta materia.
Esperamos que efectivamente se lleven a cabo acciones en favor de la competencia, y sobre todo, en favor de la defensa de los consumidores en el momento de la entrada en vigor de una ley que mejora su protección.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Muchas gracias, señor presidente.


Estoy convencido de que se están adoptando las medidas para descubrir, si la hubiese, colusión en el comportamiento de las empresas. Somos -insisto- los primeros interesados en evitar conductas que vayan en contra del mercado y de la competencia en este sector, y estamos interesados incluso por el tema de la inflación al que usted se refería y en que, si puede ser, baje el precio de las llamadas telefónicas. No tenemos otro objetivo.


Las asociaciones de consumidores están en su perfecto derecho de pedir que se investiguen estas prácticas. La señora ministra de Sanidad y Consumo ya dijo en el Congreso de los Diputados que había instruido al Instituto Nacional de Consumo para que actuase en esta dirección. El Gobierno ha pedido a las instituciones responsables de impedir estos comportamientos que investiguen este caso específico para evitar cualquier conducta colusoria, y estoy seguro de que actuarán dentro de sus responsabilidades, pero no corresponde al Gobierno multar a las compañías, corresponde a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o al Tribunal de la Competencia. Por tanto, son ellos, en el ejercicio de sus competencias, los que tienen que actuar. En estos momentos este aspecto está desgubernamentalizado. Estamos en una sociedad libre y nos hemos dotado de mecanismos de intervención transparentes.
Todo el mundo conoce las normas de funcionamiento y dentro de estas normas el Tribunal de la Competencia, el Instituto Nacional de Consumo y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones actuarán, si así lo consideran oportuno, para defender los intereses de los consumidores.


Por lo que hace referencia a la portabilidad, le diré que desde el año 2000 se han dado 10 millones de cambios sobre un total de 45 millones de líneas en España, que es el grado -insisto, más de un veinte por ciento- más alto de intercambios o de peticiones de portabilidad que se ha dado en Europa. Estoy de acuerdo con usted en el sentido de conseguir, si conviene, que sea mayor, porque es una de las garantías para que el mercado funcione correctamente. Todo ha de ser el máximo de facilidades para los usuarios.


Con este conjunto de medidas, como usted mismo mencionaba, estamos avanzando en la dirección de introducir competencia efectiva en este sector y esto se está viendo en estas informaciones cualificadas que estamos teniendo en estos momentos sobre el comportamiento de los precios. Le he mencionado antes el comportamiento de los precios de los contratos en telefonía móvil, pero en el caso de prepago, donde si usted quiere las noticias no son tan favorables, a pesar de todo la evolución sigue siendo positiva. Para 110 minutos euro/mes de prepago, el promedio europeo en el año 2005 era de 22,6 céntimos -España estaba exactamente en el promedio, en 22,6- y en el año 2006 el promedio europeo bajó a 19,9, casi a 20 y, en cambio, España no bajó tanto, bajó sólo al 21,7 céntimos.
Por consiguiente, tenemos que continuar trabajando para conseguir que esta competencia se transforme en calidad y en precio, y la calidad incluye que no se interrumpan las llamadas e incluye que el servicio llegue a todas las zonas rurales donde nos hemos propuesto que llegue con el adecuado nivel de cobertura.


Por tanto, no creo que sea necesaria su moción porque estamos convencidos de que se está avanzando en esta dirección y que hemos instruido a los órganos responsables para que actúen, pero está usted en su derecho de presentarla.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor ministro.


-- DE DON PERE MACIAS I ARAU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LA SEGURIDAD DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ESTÁN EJECUTANDO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. (670/000145)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Interpelación del senador Macias, sobre la seguridad de las obras públicas que se están ejecutando en la Comunidad Autónoma de Cataluña.


Tiene la palabra el senador Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Gràcies, senyor president.


Señora ministra, me consta que ha tenido una mañana agitada. Voy a leer un artículo sobre unas declaraciones suyas, que supongo que responde a la realidad, que dice: Álvarez exige responsabilidades a la Comunidad de

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Madrid por el accidente de la viga en el AVE. La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, exigió hoy responsabilidades a la Comunidad de Madrid, que ha causado tantos perjuicios a los usuarios, por la interrupción del servicio de AVE en sus rutas hacia el sur debido a la caída... Muy bien, comprendo que usted defienda a los usuarios de un servicio importante como es el AVE, tren de alta velocidad que conecta el centro y el sur de España, cuando se produce un incidente.


Por tanto, habiendo ocurrido este accidente tan reciente, y esperando que se subsane cuanto antes para el bien de todos los usuarios, yo sé que usted también va a comprender el sentido -como siempre absolutamente constructivo- de nuestra interpelación. Esta interpelación se produce, señora ministra, al albur de unos cuantos incidentes que ocurren en obras públicas que la Administración General del Estado está ejecutando en Cataluña. Usted lo conoce, pero me va a permitir que los describa muy sucintamente.


A primeros de este año se produce en las obras del muelle de El Prat, de ampliación del puerto de Barcelona, un importante incidente que consiste en el deslizamiento de más de 500 metros del dique. Digo que por suerte fue incidente y no accidente puesto que no hubo heridos, pero fue grave por cuanto que va a retrasar una de las obras más estratégicas para el futuro del puerto de Barcelona en relación a algo que no es solo importante para ese puerto sino que también lo es para todos los puertos del Mediterráneo en su titánica lucha -permítame que lo califique así- para poder hacer frente a los puertos del mar del Norte en la competencia del tráfico con Asia. Usted sabe perfectamente que en este muelle se ha efectuado una concesión, que ha ganado una importante empresa, que puede garantizar para Barcelona, para Valencia o para Algeciras que puedan tener un frente portuario capaz de competir con éxito con los puertos del mar del Norte. Como digo, fue un incidente preocupante. Nos consta que se está trabajando para conocer las causas. La Autoridad Portuaria de Barcelona, como usted sabe, nos merece una especial confianza, por lo que esperamos que pueda resolver ese incidente.


Pocos días después se produce en las obras del tren de alta velocidad, a su paso por el municipio de El Prat, un nuevo incidente, que fue denunciado por los concejales de Covergència i Unió en este municipio; son poquitos y están en la oposición, señora ministra, pero cuando los concejales acuden a ellos es porque han acudido antes ya, sin obtener respuesta, al ayuntamiento de este municipio, a la Generalitat y al Adif, que son los que ejecutan las obras. Personalmente acompañé a estos concejales para ver las grietas que habían aparecido -preocupantes a primera vista-, y fruto de que hubo una movilización por parte de los vecinos y de que los medios de comunicación recogieron este incidente al día siguiente la actitud de las administraciones había cambiado radicalmente, con lo cual empiezan a ir técnicos, funcionarios, y empieza a haber una respuesta para analizar, como mínimo, la magnitud de lo que se había producido.


Mis palabras a pie de obra fueron muy prudentes. De hecho lo fueron tanto que ni aparecieron en los medios de comunicación -si dices algo imprudente apareces, pero si dices algo prudente no apareces-, pero fueron palabras claras. Yo dije una cosa que vuelvo a repetir aquí. Dije: Hemos estado esperando en Cataluña -trabajando algunos para que fuera posible- 2007 años la llegada del tren de alta velocidad. Si hay que esperar 2007 años y un mes, el mundo no se va a acabar; si ese mes más es un mes necesario para que las cosas se hagan bien, valdrá la pena, y algunos estamos dispuestos a dar la cara ante los medios de comunicación, como yo hice, para que las cosas se hagan bien.


Estamos a la espera, también los ciudadanos de El Prat, de que se den garantías. Parece que en estos momentos la situación está controlada, como he manifestado también en declaraciones en El Prat; es decir, parece que las grietas no crecen, lo que es buena señal, pero como usted sabe que estas grietas aparecieron porque se construyó una pantalla a diez metros de las viviendas, cuando se construya la pantalla al otro lado de la vía a 75 centímetros de las viviendas, lógicamente deberemos tener la garantía total de que las cosas funcionan bien. Por tanto, se trata de un nuevo incidente al que hay que dar respuesta, al que habría que haber dado respuesta antes, sin que usted hubiese tenido que dar tanto trabajo a la tan leal oposición.


Nuevo incidente, el del túnel de Viella. En un momento en el que podríamos haber sufrido una desgracia, por suerte y según se conoce en estos momentos, gracias a una actitud casi heróica de ciertas personas al servicio de la empresa de conservación del túnel, no hay que lamentar ninguna desgracia personal, lo que -insisto- ha sido una inmensa suerte.
En un momento de gran afluencia de tráfico en ese túnel, el falso túnel construido hace ya unos cuantos años para mejorar provisionalmente la situación de ventilación y la protección ante aludes, se viene abajo en la salida de la boca norte. Hemos tenido la suerte de que no hubiera heridos, y una semana después la normalidad ha sido restituida gracias al esfuerzo realizado, que hay que valorar. Sin embargo, creo que en este caso contamos con elementos de gran preocupación.


En primer lugar, corresponde conocer por qué se ha producido este incidente. Sé que usted mandó abrir una investigación, ya han pasado unos cuantos días y nos gustaría conocer el resultado.


También nos gustaría -se lo pido con todo cariño- que cuando sucedan hechos de este tipo no se mate al mensajero. Sabe usted que tengo que defender aquí al índic d«Arán, que es la máxima autoridad catalana en el Valle de Arán, porque las personas que están al servicio del Gobierno en Cataluña no se han portado bien con él.


Usted comprenderá que si el índic d«Arán dice que este túnel lleva un retraso, un retraso que creo que tiene explicación y que no es imputable a usted, lo que no puede hacer un secretario de Estado y mucho menos el delegado del Gobierno en Cataluña es algo de tan poca calidad como ir a una hemeroteca y destacar que ha encontrado un recorte de prensa del año 2000 que dice que este señor que

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ahora reclama que se construya este túnel entonces pedía que no se hiciera. Aparte de que esto no es verdad, las personas que allí se encontraban para restituir la circulación lo antes posible y para responder ante los ciudadanos que es una obra suya -no estaba la señora Esperanza Aguirre para echarle la culpa, pues la obra corresponde absolutamente al Ministerio-, creo que no pueden echar la culpa al índic d«Arán. Se lo digo con todo cariño.


El Consell General d«Arán encargó un estudio, que se realizó con fecha noviembre de 2002, para dar respuesta a la iniciativa del Gobierno de España en aquel momento, que, a continuación del túnel que se está construyendo, quería hacer una variante a Viella, una propuesta que no parecía satisfactoria. En aquellos momentos el Consell no dijo que no quisiera el túnel, sino que encargó un estudio de esta magnitud, (El señor Macias i Aran muestra el documento.), que se le entregó en 2002 -lo tiene, porque se lo entregamos en esta sede al propio señor Víctor Morlán- y, por tanto, no es de recibo que este señor, en lugar de resolver la situación, se dedique a echarle la culpa al índic d«Arán. Por tanto, me va a permitir, señora ministra, que le pida una rectificación en toda regla de las acusaciones tan injustas que han hecho estas dos personas, que no es que estén a su servicio ni al del señor Zapatero, sino al de todos y cada uno de los españoles, es decir, que pidan disculpas al índic del valle de Arán.


Le voy a pedir también lo que transmiten los representantes democráticos del Valle de Arán: en primer lugar, que se inicie una investigación sobre las causas -sé que ya se ha hecho y, por tanto, me gustaría que nos lo comentara- y, en segundo lugar, que se les facilite una documentación a la que democráticamente tienen derecho, que es el contenido documental del modificado proyecto de construcción del nuevo túnel, que es el que parece ser que puede haber llevado a la paralización de las obras durante un año. Entre administraciones yo creo que es lógico que esto se entregue; en todo caso también lo podemos pedir parlamentariamente, pero creo que no es el camino.


Y, finalmente, también le pediría que nos dijera -porque no tenemos respuesta- cuáles son las consideraciones que tiene el Ministerio de Fomento en relación a la propuesta hecha desde el Consell General d«Aran en relación a la continuación de este eje viario, y se lo pido porque es de justicia que la relación entre administraciones se mueva siempre a través de una lealtad, lealtad que me consta que tiene el índic d«Aran.


De todas maneras, éste es el tercer incidente, y yo querría acabar ya el planteamiento de esta interpelación, diciéndole que, a mi humilde entender, las causas de esta inseguridad de la obra pública en Cataluña no hay que buscarlas en que los profesionales que actúan en Cataluña no tengan la suficiente valía; me consta que la tienen, yo sé que son excelentes profesionales tanto los de la administración y los de las empresas. Por tanto, si hay otras causas, habrá que buscarlas en que seguramente la gestión que se está haciendo no es la más correcta, que a veces la preocupación extrema -repito, la preocupación extrema- por unos plazos, sobre todo si éstos se vinculan a unas elecciones no son buenas consejeras. A a mí me parece que habría que conseguir recuperar la confianza a base de mensajes simples, como éste que le decía yo: hay que saber decir a los ciudadanos que no pasa nada si en lugar de 2007 años se tarda 2007 años y un mes, porque la seguridad es lo más importante.


Sé que usted tuvo una reunión -los medios de información dijeron que secreta y yo me quedo con que debía ser una reunión discreta- con el president de la Generalitat, con el Conseller de Obras Públicas y con el alcalde de Barcelona y que acordaron, entre otras cosas, que estas administraciones le ayudaran a usted a que la sociedad catalana fuera más comprensiva con los problemas que hay.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Senador, vaya terminando, por favor.


El señor MACIAS I ARAU: Termino ya, señor presidente.


Yo también quiero ayudarla en este sentido, no desde la discreción o secretismo de una reunión, sino desde esta tribuna; yo quiero ayudarla a usted a que recupere la confianza, pero esto tiene, señora ministra, y acabo, sólo una condición: con la obra pública no podemos -y lo digo en plural: no podemos- hacer electoralismo, y si somos conscientes de esto, tendremos ya las bases para recuperar la confianza.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.


Señora ministra de Fomento, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias.


Señor presidente, señoría, hay algunas cuestiones que ha planteado usted y que francamente me han sorprendido, sobre todo, viniendo de quien ha sido conseller de Obras Públicas en la Generalitat.


Ha empezado su intervención extrañándose de que yo haya dicho que la responsabilidad de la caída de una grúa y de una viga de gran tonelaje en las vías del AVE que va al sur de España y a Toledo correspondía a la Comunidad de Madrid. No sé por qué se extraña porque es exactamente eso.
No busco culpables, sino que la obra corresponde a la Comunidad de Madrid. Se trata de una pasarela que cruza por encima la infraestructura ferroviaria de la alta velocidad y donde se ha producido un accidente.


Señoría, el responsable político de la obra es el titular de dicha obra y, pase lo que pase, no es responsabilidad del Ministerio de Fomento, sea en un puerto, sea en una carretera o sea en cualquier otra infraestructura.
El responsable por cualquier causa que tiene que dar

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explicaciones y que tiene que responder de lo que ha sucedido es exactamente, señoría -y usted lo sabe-, su titular. Por lo tanto, no entiendo que usted haya empezado su intervención diciendo que yo he hablado de Esperanza Aguirre que, por supuesto, sí lo he hecho. Los señores del Partido Popular se ponen muy nerviosos porque parece que solamente las vigas se nos tienen que caer a nosotros.


De todas maneras, señorías, he hablado de responsable político porque las obras siempre las llevan a cabo empresas que están contratadas para esa finalidad. Por lo tanto, hay una cadena de responsabilidades en todos los casos. Y, por supuesto, cuando a mí me atañe siempre he dado primero explicaciones públicas y después he buscado la responsabilidad, las causas, y he tratado de reducir el riesgo de que estos accidentes ocurran.


Señoría, me extraña todavía más que usted haya hecho referencia, a continuación, al puerto de Barcelona. Mire usted, por la autonomía de la gestión que tiene el puerto de Barcelona y todos los puertos de España -y usted lo sabe porque la reivindicó-, la ejecución de las obras en los puertos es competencia exclusiva de las autoridades portuarias. Usted lo sabe. Por eso entiendo que ustedes me pregunten por el túnel de Viella, por las grietas del AVE a su paso por El Prat y por cualquier incidencia, puesto que la responsable política y la que tiene que venir a dar explicaciones soy yo. Pero lo que me extraña, señoría, es que haya hecho declaraciones estableciendo dónde está la responsabilidad política del accidente ocurrido esta mañana, y aún me extraña más que me pregunte por el puerto de Barcelona.


Miren ustedes, la Autoridad Portuaria es la única responsable de las obras que se lleven a cabo. Ahora le voy a citar, por si acaso se le ha olvidado, los artículos de la ley que establecen esa autonomía portuaria por la que ustedes -vuelvo a insistirle- estuvieron luchando y que consiguieron, con lo cual ya saben ustedes que la responsabilidad política la han situado en otro sitio, la han residenciado fuera del Ministerio de Fomento.


Los órganos de gestión de la Autoridad Portuaria -como usted también sabe- son el presidente y el Consejo de Administración, donde la Administración General del Estado de 25 vocales solamente tiene cinco. Por lo tanto, señoría, de acuerdo con el punto c) del artículo 36 de la Ley 27 de 1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, es competencia de la Autoridad Portuaria la planificación, el proyecto, la construcción, la conservación y la explotación de las obras que se ejecuten en un puerto, de acuerdo con la planificación general, especificaciones y coordinación de Puertos del Estado.


Esa es mi responsabilidad, señoría, responsabilidad por la que hoy le tendría que dar explicaciones si usted me las hubiera pedido. Sin embargo, no me ha pedido explicaciones sobre la planificación, la especificación ni la coordinación de los puertos, sino sobre una obra que no depende de mí.


Según el artículo 26 de la mencionada ley, es competencia de Puertos del Estado la supervisión de los proyectos. Por tanto, a no ser que usted piense que el proyecto estaba mal hecho, no entiendo que haya empezado su intervención preguntando por una obra cuya realización y asistencia técnica ha sido adjudicada por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, y lo único que está haciendo Puertos del Estado, a petición de la Autoridad Portuaria, es colaborar en la investigación, incluso el informe que se haga será paralelo e independiente al que redacte el Puerto de Barcelona.


Señoría, me va a permitir que le aclare una cuestión que sí es responsabilidad del Ministerio de Fomento: el acceso de la alta velocidad a Barcelona.


En este punto podríamos distinguir tres aspectos distintos: uno, la decisión sobre el trazado y las características del proyecto a ejecutar, que sólo lo haría en beneficio de la información del resto de los senadores porque como usted firmó el protocolo en el que se aprobaba el trazado, no necesita que le diga que se están siguiendo rigurosamente una serie de características por parte de este Gobierno, que no ha modificado ni el proyecto ni el trazado sino que ha alargado el soterramiento.


Le puedo informar de que antes de iniciar la obra y repitiéndole que respetamos el proyecto y el trazado que se aprobó con anterioridad, concretamente en 2001, en un protocolo en el que usted aparece como firmante como conseller de la Generalitat de Cataluña, previamente al inicio de las obras se realizaron controles en los edificios que se sitúan en las inmediaciones de los tramos soterrados del trayecto con el objeto de determinar su estado cero, es decir su situación antes del inicio de las obras. Estos controles incluyeron los siguientes aspectos: reconocimiento de los inmuebles por una empresa independiente especializada en patologías estructurales en edificación. Como regla general se elaboró un informe de los exteriores de los edificios, y en algún caso donde la proximidad de la línea era mayor, concretamente en la calle Jansana, de Hospitalet, se procedió a realizar una inspección vivienda por vivienda. En total, para ese trazado se han realizado 1.084 informes de inspección, 96 de ellos concretamente a El Prat, levantamiento de acta notarial de la situación observada, en algunos casos a solicitud de los vecinos y en otros porque Adif detectó problemas preexistentes, todo esto antes del inicio de la obra.


Se estableció durante la ejecución de las obras, y así se hace, que se realizarían mediciones del comportamiento del terreno y de los edificios próximos. Las mediciones a realizar incluyen los siguientes aspectos: en edificios, lectura de inclinómetros y regletas de control, y en el terreno, control del nivel freático mediante piezómetros y del propio terreno mediante nivelación de precisión, inclinómetros verticales y extensores micrométricos. Por otra parte, el Adif adoptó todas las propuestas de mejora de seguridad en los procesos constructivos que el Departamento de Ingeniería del Terreno de la Universidad Politécnica de Cataluña consideró en su trabajo de evaluación de las posibles afecciones a inmuebles durante la construcción de las obras con los procedimientos constructivos previstos.


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Así, el Adif procedió a crear dos tramos de pruebas, instrumentados en zonas sin edificios para calibrar modelos matemáticos y predecir con mayor fiabilidad las posibles afecciones sobre los inmuebles y aumentar con respecto a lo definido en los proyectos constructivos el espesor de las pantallas en varias zonas de la obra para incrementar su rigidez.


También el Adif procedió a reforzar las estructuras en determinadas zonas del trazado mediante la construcción de una pantalla de pilotes, la ejecución de puntales intermedios de hormigón armado y la inyección de hormigón. Todo ello antes de que los vecinos denunciaran las grietas.
Parece ser que las grietas las han descubierto ustedes, y no es así, señorías, ni las han descubierto ni las han denunciado. Es cierto que hemos encargado un estudio adicional a la Universidad Politécnica de Barcelona, previo al que hizo al inicio de las obras, para que analice las causas y las razones de estas grietas que han podido aparecer como consecuencia de la obra y que, sorprendentemente -lo digo porque a lo largo de su intervención me he permitido llamar al Adif para saber si en el curso de esta mañana le habían entregado el estudio-, usted hoy aquí ha dicho cuáles son las causas de las grietas y se las ha adjudicado directamente a una pantalla. No sé si tiene usted un informe adicional o habla por intuición, lo que es mucho peor, señoría. Nosotros no vamos a decir públicamente cuáles son las causas y, por lo tanto, las soluciones a estas grietas que posiblemente puedan imputarse a la construcción de la línea de alta velocidad hasta que los expertos, que realmente son los que están capacitados para decirlo, nos digan las causas y la manera de solucionarlo. Le digo que hemos encargado dos estudios, uno a la Universidad Politécnica y otro a la propia empresa para que nos haga un informe exhaustivo sobre todos los problemas detectados. En consecuencia, señoría, cuando se disponga de ambos informes, y por seriedad y rigor, no voy a identificar -entre otras cosas porque no las sé y me extraña que usted las sepa, aunque ojalá las sepa porque le pediría el informe para que lo vieran los técnicos- las causas y las medidas correctoras.


A partir del 11 de enero, que es desde que tenemos conocimiento de que hay este tipo de grietas y denuncias por parte de los vecinos, se ha ampliado el ámbito de las inspecciones y se ha intensificado su número, concretamente 326 informes de inspección más de los que le he dicho anteriormente, que estaban por encima de los mil y de los que aún no le puedo decir que se disponga del resultado porque se están analizando las causas para saber cuáles son las opciones.


Además, se ha hecho un seguimiento de las incidencias. Desde el mismo mes de enero Adif ha implantado en El Prat procedimientos de auscultación mediante un sistema automatizado de topografía que controla en tiempo real cualquier eventual alteración en los edificios próximos a la línea ferroviaria. Estos procedimientos se mantendrán operativos hasta el final de las obras. Todo este refuerzo de las medidas de control ha sido presentado en una reunión mantenida con los vecinos y el ayuntamiento el día 16 de enero de 2007. Además, el pasado día 24 de enero se ha establecido una oficina de atención permanente al ciudadano para informar sobre las obras y atender todas las reclamaciones. Por lo tanto, señoría, creo haberle dado toda la información disponible sobre esta situación. Yo le rogaría, sobre todo en atención a su anterior responsabilidad, porque sabe de la sensibilidad y la dificultad de establecer las causas de cualquier incidente, que esperase a los resultados para llevar a cabo las actuaciones adicionales. De todas maneras, insisto en que nosotros lo que hemos hecho ha sido aplicar unos acuerdos y unos proyectos aprobados en la legislatura anterior y proceder a la ejecución de todos los tramos que permitan la llegada del AVE a Barcelona en la fecha en que nos hemos comprometido.


Señoría, también ha tratado usted sobre el túnel de Viella. Es importante saber que esta obra -lo digo porque he oído que usted felicitaba a los de conservación y mantenimiento del túnel y sin embargo no he oído que felicite al Ministerio de Fomento, y lo digo con ironía...


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señora ministra, vaya concluyendo.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Ya termino, señoría. Es una frase.


Cuando sale bien una obra no hay que felicitar a la empresa y cuando sale mal echarle la culpa al responsable político. Eso no es simétrico ni homogéneo ni lógico. Lo que ha ocurrido en el túnel de Viella ha sido un accidente, desde mi punto de vista, grave, y se están analizando las causas y nuevamente hemos pedido un informe. Se empezó a trabajar inmediatamente, se establecieron rutas alternativas y la demolición y la puesta en servicio se hizo en un tiempo bastante razonable.


Por lo tanto, señoría, no voy a entrar en lo que ha sentido el indic d«Arán ni en lo que usted piensa sobre el secretario de Estado.
Francamente, supongo que ambos habrán hecho su trabajo y, de hecho, me consta que el secretario de Estado estuvo allí desde el primer momento, porque yo hablé con él a pie de obra inmediatamente después de que sucedieran los acontecimientos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora ministra.


Senador Macias, tiene la palabra.


El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, usted afirma que el responsable político -y acota bien- es el titular de la infraestructura y que, en el caso de la obra del AVE que hemos mencionado hoy, es quien es. De acuerdo.


Pero aquí tengo una foto, que usted también debe tener, de la obra del túnel de Viella en la que se ve perfectamente dónde están las casetas de obra, unos caminos apoyados sobre lo que era la bóveda del túnel que se vino abajo o

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unas pilonas que se están construyendo sobre el terreno donde se apoyaba este falso túnel. Como esta obra la está ejecutando el Ministerio de Fomento, imagino que, si usted le pide responsabilidad política a la Comunidad de Madrid, también se la reclamará al órgano ejecutor de esta infraestructura, que es el propio ministerio.


De hecho, también habría que analizar -no obstante, como sé que usted se enfada mucho cuando le leen los periódicos, yo no voy a hacerlo pero sí se lo puedo hacer llegar- lo que se ve en la imagen y lo que dice la gente: ¡Ya nos extrañaba que estuvieran escarbando aquí, ya nos extrañaba que apoyaran sobre la bóveda de este túnel todas las obras, ya nos extrañaba...! Etcétera. Creo que la responsabilidad política es de quien es.


Su señoría dice que ha pedido un informe, y estamos de acuerdo, pero cuando disponga de ellos sería bueno que usted o el secretario de Estado o el director general de Carreteras -no importa, siempre que sea alguien del ministerio- viniera a esta Cámara para dar cuenta de los informes; si no, lo que los ciudadanos perciben -y esto es lo que me preocupa y lo que me gustaría saberle transmitir- es que, independientemente del informe, esto nunca se va a saber, no va a pasar nada, y de alguna manera esto es lo que hace perder la credibilidad y crear la sensación que hoy existe en Cataluña.


Sé que antes del inicio de las obras hacían controles a lo largo del trazado del tren de alta velocidad, que suscribo y defiendo, como usted sabe -no podía ser de otra manera-, pero ya se demostró que estos controles eran insuficientes, y hay que reconocerlo. Yo le he hablado de El Prat y usted se ha referido a los controles especialmente intensos que se realizaban en una zona sensible de Hospitalet. De acuerdo, pero estamos hablando de El Prat.


Usted argumenta que han instalado inclinómetros y encargado un estudio a la Politécnica, y me parece perfecto, pero curiosamente lo hicieron dos días después de que personalmente lo pidiéramos. Estoy contentísimo de que usted me haga caso en algo, y le felicito porque creo que este es el buen camino, pero sería bueno que se anticiparan un poco.


También ha apuntado que, después de lo ocurrido, han instalado una oficina de atención permanente. Muy bien. Como usted sabe que siempre le ofrezco ideas -una vez le propuse la de las chaquetas verdes-, hoy le voy a brindar otra que antes era una realidad y que ahora ha desaparecido de las obras en Cataluña. Siempre que había una obra de cierta importancia que pudiera afectar a los vecinos -por cierto, la idea no era nuestra, la copiamos de Francia- el anterior Gobierno de la Generalitat instalaba una oficina permanente donde permanecía una persona durante todo el horario laboral de las obras para recibir y atender a los vecinos. Creo que esta experiencia funcionó muy bien, aunque repito que la propia Generalitat sólo la puso en práctica en ciertas obras. Yo creo que el esfuerzo de atención al ciudadano siempre es muy importante y que, en definitiva, esto podría contribuir a la mejora de este clima.


Señora ministra, nosotros vamos a presentar una moción -ya lo sabe usted- constructiva, como siempre, pero comprenderá que en el asunto relativo a Viella vamos a exigir responsalidades. Usted ha sido muy clara e incluso voy a utilizar sus argumentos: hay que pedir responsabilidades políticas a quien las tiene, pero sobre todo tendríamos que ser capaces de, más allá de las responsabilidades políticas que hay que pedir a quien sea, restablecer el clima de confianza. Y sabe que en este sentido me tiene a su disposición.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor senador.


Tiene la palabra la señora ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.


Señoría, da usted por zanjada la cuestión diciendo que las grietas del El Prat han aparecido por los motivos que usted alega. Le he preguntado que si tenía un informe y desde el escaño me ha dicho que no, y me gustaría saber cómo es capaz de afirmar usted por qué se han producido ya no solamente las grietas del El Prat, sino también el desprendimiento del túnel de Viella mucho antes de que se concluyan los informes -que, por supuesto, serán públicos porque todos los informes de todos los incidentes y accidentes que se producen en el ministerio los hacemos públicos; es más, los puede encontrar usted en la página web y en muchos casos incluso cuando se han hecho públicos ha molestado a aquellos a los que afectaba el contenido del informe-.


Como una cuestión de forma le diré que yo no me enfado, es que hablo así siempre. A usted le podrá parecer que estoy enfadada, pero no se confunda; cuando me enfado hablo de otra manera, mucho más despacio y no tiene nada que ver con mi forma de actuar en el Senado. ¡Si me enfadara por eso, imagínese usted!

Pero sí he de decirle que me ha extrañado el principio de su intervención.
Claro que el túnel de Viella depende del Ministerio de Fomento -no lo ha descubierto usted, se lo he dicho de entrada y lo puede usted utilizar tantas veces como crea conveniente-, no así el muelle de El Prat; el Muelle de El Prat no depende del Ministerio de Fomento y el accidente e incidente de hoy tampoco. Por lo tanto, veremos de cuándo son las grietas de El Prat y por qué se han producido, aunque si de entrada usted me pregunta mi opinión le diré que creo que serán debidas a las obras que se están realizando; pero como tengo limitaciones para saber de antemano por qué ocurren los incidentes o accidentes, ya le digo que voy a ser prudente y esperaré a que me lo digan los técnicos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Efectivamente, el 11 de febrero se produjo un hundimiento en el túnel de Viella; lo primero que se hizo fue desviar el tráfico, retirar el material caído, se demolió el resto del falso túnel para dar mayor seguridad; las labores de demolición terminaron el 14 de febrero y los

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trabajos de desescombro el 16 de febrero, y se ha podido abrir el túnel -que, por supuesto, era un túnel que no reunía las suficientes características, que estaba antiguo y estaba esperando a ser sustituido por el nuevo que estamos construyendo-, a todo tipo de tráfico, y se ha abierto una investigación para determinar las causas.


Por lo tanto, señoría, vuelvo a insistir en lo que ha sido una antigua responsabilidad, una anterior responsabilidad suya, que es precisamente la obra pública. Es prematuro que usted en el Senado diga también las causas por las cuales se ha producido ese accidente. De entrada ya le digo que las labores de conservación y mantenimiento del túnel de Viella se llevan mediante un contrato integral, una empresa es la responsable de elaborar informes semestrales, el último en diciembre de 2006, en el que no destacaba nada especial sobre el comportamiento de la estructura del antiguo túnel que se ha derrumbado.


Además, señoría, mientras se realizan las obras, la misma empresa tiene una responsabilidad adicional, como es la vigilancia de la explotación.
Por lo tanto, también está encargada de detectar posibles incidencias que se produjesen en este túnel, incidencias que en ningún caso han detectado. Y una vez iniciadas las obras del nuevo túnel, se han tomado una serie de precauciones adicionales. Desde el inicio de las obras del túnel se han utilizado detectores de vibraciones para localizar posibles afecciones de la excavación y se ha aumentado la vigilancia por parte de la empresa contratada, sin que se haya detectado ningún tipo de afección.
Además, como usted sabe, existe un convenio suscrito con los sindicatos -Comisiones Obreras, UGT y la Confederación Nacional de la Construcción- en materia de seguridad y salud desde noviembre de 2005, para la realización de visitas de inspección al antiguo túnel, durante la ejecución del túnel. Estas visitas se celebran con una periodicidad trimestral, siendo la última de ellas en los meses de mayo, agosto y noviembre de 2006. En tales visitas tampoco se ha detectado ningún tipo de alteración estructural del túnel; es más, según los informes y las fichas -cuando quiera se las doy-, no se ha percibido ninguna alteración en el túnel. De todas formas, como se ha producido un derrumbamiento, hay que conocer las causas y establecer las responsabilidades, cosa que se hará cuando los técnicos nos entreguen el informe.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra. (El señor Macias i Arau pide la palabra.)

Adelante, señoría.


El señor MACIAS I ARAU: Señor presidente, existe una contradicción que quisiera aclarar.


El señor PRESIDENTE: Vamos a ver si es una contradicción.


El señor MACIAS I ARAU: Simplemente, quiero matizar que la señora ministra en sus dos intervenciones me ha achacado haber dicho conocer las causas de los incidentes. Seguramente no me he explicado bien o, a lo mejor, igual que yo no interpreto su lenguaje corporal, ella no interpreta el mío. En cualquier caso, de la lectura de la transcripción que efectuarán los servicios de la Cámara se deducirá claramente que yo no conozco estas causas, pero sí pido a la ministra que haga públicos estos informes cuanto antes.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.


Agradezco la aclaración del senador y me remito a lo que esté grabado de nuestras intervenciones. De todas maneras, le garantizo que usted y todos los ciudadanos españoles tendrán toda la información, porque es de mi máximo interés que así sea.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


Se suspende la sesión, que se reanudará a las cuatro de la tarde.


Eran las catorce horas y treinta minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.


Antes de entrar en el debate de los dictámenes de Comisión, como presidente de la Cámara quiero saludar a los representantes de las Islas Baleares: al presidente del Gobierno, al presidente del Parlamento, a la presidenta del Consell de Mallorca, al presidente del Consell de Ibiza, parlamentarios, autoridades y sociedad civil que también nos acompañan.
Les damos la bienvenida a esta Casa, su Casa, y esperamos que el resultado final sea beneficioso para los ciudadanos y ciudadanas de Baleares y para el conjunto de los españoles. (Aplausos.)

Muchas gracias.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.


-- DE LA COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LAS ILLES BALEARS. (S.
605/000004). (C.D. 127/000005).


El señor PRESIDENTE: Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados. De la Comisión General de Comunidades Autónomas en relación con la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.


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Damos comienzo al debate de totalidad.


Turno a favor. Me han solicitado dividir el tiempo de este turno entre el senador Seguí y el senador Bellón. Tienen cinco minutos cada una de sus señorías.


Tiene la palabra el senador Seguí.


El señor SEGUÍ DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.


Molt honorable senyor president del Govern de les Illes Baleares, don Jaume Matas; molt honorable senyor president del Parlament de les Illes Balears, Pere Rotger; honorables presidenta y president dels consells insulars de Mallorca, Ibiza y Formentera; senyores parlamentaris membres de les seues delegations del Parlament balear; membres dels comitè de experts, autoritats, benvinguts. Bienvenidos.


Señorías, estamos hoy llamados a participar en el último acto de este laborioso proceso que ha sido la reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears. Ha sido un proceso largo y no exento de dificultades, es cierto. Pero ha llegado a buen fin y, para jugar con las palabras, ha tenido un buen final.


Estamos ante un Estatuto con amplia base de acuerdo. Ello supone que las renuncias y las transacciones han tenido un importante papel que jugar.
Los contactos han sido muchos, las negociaciones, incluso las rupturas o los plantes, pero finalmente, por encima del partidismo legítimo se ha impuesto el mucho más importante interés general de todos los ciudadanos de las Illes Balears.


Atrás quedan las 40 enriquecedoras reuniones de la comisión de expertos o las 38 de la ponencia parlamentaria balear. Lo cierto es que el día 13 de junio de 2006 el Parlament balear aprobó un texto que obtuvo mayoría con el 80 por ciento de los votos, es decir, 50 de los 59 diputados que componen dicha Cámara parlamentaria.


No bastaba dicho nivel de acuerdo, aún no. El proyecto pasó al Congreso de los Diputados donde con esfuerzos negociadores notables se alcanzaron buenas transacciones. El proyecto culminó su trámite en dicha Cámara con 295 votos a favor, uno en contra y 13 abstenciones; todo un logro que, no obstante, aun hoy, puede ser superado en votación final en esta Cámara.


Se trata de un texto amplio, de una reforma muy amplia. Se pasa de 76 a 139 artículos. Ello da idea de que estamos ante un texto que quiere profundizar en el autogobierno, aspirando a muy importantes niveles de autonomía. El por poco tiempo proyecto de reforma profundiza en nuestro hecho diferencial, que es la insularidad, y apuesta por instar a los poderes públicos a evitar que de la insularidad se deriven desequilibrios o desventajas.


El texto, como no podía ser de otra manera, se refiere a la lengua, reconociendo el derecho a las dos lenguas oficiales, el castellano y el catalán, y abundando en la mención a las modalidades insulares de esta última lengua.


Se evita aquí la mención a la obligatoriedad del catalán en cumplimiento del texto constitucional y en la convicción de que la nuestra es una comunidad abierta, con gran implantación del idioma propio, donde la cuestión lingüística no es un problema y donde debe actuarse sin innecesarias imposiciones.


Recoge el texto el Título II sobre derechos y deberes, que no fue sugerido por nuestra formación política pero que fue aceptado en aras de un acuerdo final. Un título sobre derechos y deberes que profundiza en cuestiones más propias de nuestro archipiélago y que en modo alguno contradice o corrige los derechos y deberes establecidos en la Constitución Española.


En el ámbito competencial se profundiza bastante, siempre sin acudir a fórmulas que puedan contradecir o forzar la Constitución; la pesca en aguas de Baleares, hasta 12 millas; las costas en materia de deslindes e interés general, dada nuestra condición eminentemente marítima; la cogestión en puertos y aeropuertos por la necesidad intrínseca del transporte para nuestros ciudadanos y para el turismo en general; la posibilidad de crear una policía autonómica en beneficio de nuestra industria turística, etcétera. Estas son disposiciones en el ámbito competencial que no hacen sino adaptar el texto estatutario a nuestras necesidades más intrínsecas.


Pero es en el Título IV donde se hace un esfuerzo muy notable en materia institucional. Se catalogan los consells insulars como instituciones de la comunidad autónoma, con amplias competencias propias y con facultades reglamentarias en el ámbito de su competencia. Se crea el Consell de Formentera, atendiendo a una importante reivindicación de aquella cuarta isla. Se instauran las listas separadas a las elecciones al consell y al parlament, reforzando y diferenciando ambas instituciones. Se prevé por primera vez la disolución anticipada de la cámara parlamentaria. Se regula la financiación de los consells insulars. Se crean dos figuras propias: la Conferencia de Presidentes y la Comisión General de los Consells Insulars. Además, este estatuto profundiza en la importancia de los municipios incluyendo el Fondo de Cooperación Local, y habla de la tercera descentralización y posibilita el traspaso de competencias de los consells insulars a los ayuntamientos. Se establecen mayorías reforzadas para la reforma estatutaria, para la del régimen electoral, para la de la Ley de consells para la de los miembros de los consejos de Justicia y Audiovisual. Por fin, regula con respeto a la Constitución lo relativo al Poder Judicial.


Obviamente, se acomete el problema de la financiación de nuestra comunidad, respetando los principios de autonomía financiera, lealtad institucional, solidaridad, equidad y suficiencia financiera, y atendiendo claramente al reconocimiento del hecho diferencial de la insularidad. El sistema de financiación se basa en la población real efectiva, que en Baleares ha crecido enormemente. Les Illes Balears apuestan en esta materia por la multilateralidad del sistema, para no desatender el principio constitucional de la solidaridad, y apuestan también por no situarse por debajo de la media de financiación per cápita. Se posibilita conformar una

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interlocución con el Estado para tratar la compensación de la insularidad de acuerdo con la Constitución, que considera el fenómeno como circunstancia diferencial que hay que compensar. El objetivo es la aprobación de un régimen especial que cuantificará en cuanto se calibra esta insularidad año a año.


Por otra parte, en tanto en cuanto se mide la insularidad, se establece que el Estado, por vía de convenios, cederá a la comunidad autónoma 2.500 millones de euros por déficit histórico de infraestructuras. Esos 2.500 millones basados en la insularidad, se calculan sobre la media de las inversiones del Estado en España multiplicada por siete años. El objetivo no es otro que garantizar que los ciudadanos de Baleares accedan al mismo nivel de servicios que el resto de los españoles.


En definitiva, señorías, los ciudadanos del archipiélago balear pretenden con este estatuto profundizar en la autonomía y en el autogobierno, con escrupuloso respeto a los dictados constitucionales, para hacer más Illes Balears pero también más España.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Bellón

El señor BELLÓN MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente y señorías.


En primer lugar, quiero dar la bienvenida a las delegaciones del Parlamento balear y del Gobierno de las Islas Baleares, a sus presidentes el molt honorable Pere Rotger y el molt honorable senyor Jaume Matas, a la honorable presidenta del Consell Insular de Mallorca, al honorable president del Consell Insular d«Eivissa, a las dignísimas autoridades, a todas aquellas personas de la comunidad balear que nos acompañan y a los compañeros y compañeras que también nos acompañan en este día histórico.
(El señor senador continúa su intervención en mallorquín.)

Decía que hoy es un día histórico, y no es una afirmación hiperbólica, señorías: hoy vamos a aprobar la reforma del Estatuto de las Islas Baleares; reforma que ha querido la mayoría de la ciudadanía balear.


El modelo territorial del que todos los españoles nos dotamos hace más de 25 años -y por el cual unos han luchado más que otros, en el que unos han creído más que otros y del que ahora estamos viviendo su reforma, impulsada por la lealtad institucional y el compromiso de los socialistas-, no sólo obedece a esa necesidad de cambio vital imprescindible para avanzar, para mejorar el desarrollo y la convivencia sino que obedece a la voluntad de aquellas comunidades que, a través de sus parlamentos, han entendido que la reforma de sus reglas básicas de convivencia eran necesarias, eran pertinentes y eran oportunas, con el único objetivo de mirar al futuro con más confianza, con una mirada puesta en la modernidad y apostando por lo nuevo, pero sin olvidar sus raíces.


Todo ello ha dado lugar a una decisión política de cambio de los estatutos de autonomía dentro de la más absoluta normalidad democrática, desde la ética política basada en la responsabilidad, en lo necesario y en lo posible y, sobre todo, y lo que es más importante, con el máximo consenso, con el grado de autogobierno que cada autonomía decide para sí misma y con el más absoluto respeto al marco constitucional.


Señorías, éste es el cuarto estatuto de autonomía que llega a esta Cámara en la presente legislatura para su reforma y llega después de haber salido del parlamento autonómico con un amplio consenso por parte de los dos partidos mayoritarios en nuestra comunidad, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, además de Unión Mallorquina, que sumó el 80 por ciento de la Cámara autonómica.


Es un acuerdo que hay que valorar especialmente porque la predisposición del Grupo Parlamentario Socialista para conseguir un consenso amplio, un acuerdo mayoritario, en aras de la integración en el proyecto de la mayoría de las iniciativas que fueran posibles, se ha puesto de manifiesto a lo largo de todo el trámite parlamentario; de ahí que para mí sea un orgullo intervenir en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en defensa del texto de la reforma del Estatuto de las Islas Baleares, que va a suponer que el pueblo balear afronte los nuevos retos que se plantean en el siglo XXI con la seguridad de que esta nueva norma básica está hecha pensando sólo en las personas; y de eso se trata, señorías, de un nuevo estatuto porque se ha rehecho de arriba a abajo.


Como ya se ha mencionado, en esta reforma se reconoce enfáticamente el hecho pluriinsular de la comunidad autónoma; las señas de identidad propias, desde el respeto y el compromiso de seguir salvaguardándolas; se contempla un título sobre los derechos, los deberes y las libertades de los ciudadanos baleares, recogiendo las nuevas necesidades de los nuevos tiempos; se refuerza la democracia de nuestras instituciones y el acercamiento de la administración a la ciudadanía con la creación del Consell de Formentera, así como el nuevo sistema de elección a los consejos insulares con listas propias; aumentamos ampliamente las competencias; y acordamos nuevos mecanismos para el sistema financiero y fiscal, que eviten las desigualdades y discriminaciones con otras comunidades por el hecho singular e identificador de la comunidad balear: la insularidad.


En definitiva, éstas y otras novedades que se introducen en el texto son importantes y pretenden mejorar la vida de la ciudadanía de las Islas Baleares.


Señorías, la simbología en democracia es importante para ayudar a la cohesión ciudadana, pero también es cierto, como decía Américo Castro, que las unidades historiables se hacen desde la conciencia colectiva mayoritaria de pertenencia a un nexo común, pero nexo común contextualizado en un espacio geográfico determinado, en un tiempo preciso y en una realidad concreta. Por tanto, aun resaltando la importancia de la simbología para la convivencia, no es inmutable sino cambiante, conforme cambian esas unidades historiables.


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En Baleares, señorías, el tema lingüístico no es motivo de confrontación social, no hay ningún casus bellis por la lengua. La unidad de la misma está perfectamente recogida en el texto, se ha dado una salida exitosa a las modalidades y el nivel de compromiso del Gobierno, de las instituciones y de la sociedad en general para proteger a la lengua más débil -en este caso, la catalana-, es explícito. Además, disponemos de un instrumento normativo, como es la Ley de Normalización Lingüística, de 1986, cuya correcta aplicación garantiza su salvaguarda.


Para llegar a estas alturas del trámite parlamentario de la reforma de este estatuto se ha recorrido un camino más lleno de encuentros y de avenencias que de desencuentros y discordias, y se han recogido la mayoría de las aportaciones que eran posibles, respetuosas con la Constitución Española, con la soberanía del Parlamento balear y leales a los acuerdos básicos alcanzados.


Todas las formaciones políticas han contribuido a que esta reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears sea una buena reforma, incluso los que se opusieron a ella, y han hecho posible con sus aportaciones que hoy lleguemos a esta Cámara con el mejor texto, al que por eso desde aquí pedimos el apoyo de todos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el representante del Grupo Territorial Popular de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, senador Marí.


El señor MARÍ MARÍ: (El señor senador inicia su discurso en mallorquin.)

Señoras y señores senadores, me siento profundamente emocionado porque, como portavoz del Grupo Territorial Popular de las Islas Baleares, se me brinda la oportunidad de intervenir ante este Pleno con motivo de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears; un hecho histórico, y de suma importancia y trascendencia para el futuro de nuestras queridas islas.


Es ésta una proposición de ley que define con claridad la organización territorial y las instituciones propias de la comunidad autónoma, y que mejora de forma muy importante sus competencias. De esta reforma que hoy se somete a debate y votación en esta Cámara quiero destacar su definición como nacionalidad histórica; el reconocimiento de la insularidad como hecho diferencial de especial protección; la definitiva concepción de los consells insulars como instituciones propias de la comunidad autónoma elevando a rango estatutario su organización; la separación de las competencias propias de los consells insulars, y como tales con capacidad normativa y reglamentaria de aquéllas cuya función ejecutiva y sección podrán asumir mediante ley del Parlament.


Asimismo quiero destacar el reconocimiento expreso de la capitalidad; las listas separadas, pero compatibles al Parlament y a los consells insulars; la disolución anticipada del Parlament; el Consell Insular de Formentera, institución largamente esperada y deseada por todos los habitantes de la isla que sin duda representará un gran avance en la solución de esa doble o triple insularidad que padece esta isla hermana de Formentera; la conferencia de presidentes; la policía autonómica; la creación del Consell Audiovisual; la creación del Consell de Justicia; la acción exterior que permite el impulso de la proyección al exterior de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Por último, en la financiación y Hacienda se establecen los principios en los que se fundamenta, entre otros, la autonomía financiera, la lealtad institucional, la solidaridad, la equidad y la suficiencia financiera atendiendo, especialmente, el hecho diferencial de la pluriinsularidad.


Respecto a la responsabilidad fiscal, este Estatuto sigue destacando y el papel del Consell de Política Fiscal y Financiera, así como el amparo de la ley orgánica para la financiación de las comunidades autónomas, que en este caso se ve reforzada.


La Agencia Tributaria de las Illes Balears, que gestionará, recaudará, liquidará e inspeccionará los tributos propios y los cedidos y todo esto, señorías, sin duda alguna dentro del marco constitucional, nos lleva a un renovado y mejor Estatuto para las Illes Balears, un Estatuto, que refuerza la autonomía de estas tierras, un Estatuto solidario con los demás, un Estatuto que con bastante mayoría ha sido aprobado en el Parlament balear como resultado de la voluntad del pueblo de las Illes Balears y del consenso de las fuerzas políticas representadas en el Parlament balear, consenso, señorías, que cabe recalcar que desde un primer momento se ha ofrecido tanto por el Gobierno autonómico del presidente Matas como por el Partido Popular de Baleares, un Estatuto que también con gran mayoría ha superado el trámite en el Congreso de los Diputados.


Este nuevo Estatuto de Autonomía es una buena noticia no sólo para las Islas Baleares, sino también para el resto del Estado. No podemos olvidar, señorías, que la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares es la más solidaria de toda España, la que más aporta en proporción a su producto interior bruto y la que menos recibe del resto del Estado y con este Estatuto continuará siendo solidaria, aun soportando y arrastrando un déficit de inversión estatal prácticamente inimaginable.


Como portavoz del grupo territorial de Baleares me comprometo en esta Cámara a seguir trabajando para intentar conseguir esta igualdad plena, esta justicia financiera plena con las Islas Baleares. Quiero también, señorías, dar la más sincera enhorabuena a la Comisión Asesora para la Reforma del Estatuto de Autonomía de Baleares, al Govern balear, al Parlament de las Illes Balears y a las Cortes Generales por su aprobación. Hoy es un día en el que ser político y representante de los ciudadanos de las Illes Balears en general y de Ibiza y de Formentera en particular es motivo de orgullo y de satisfacción.


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Quiero acabar, solicitando a sus señorías, en un día histórico para nuestras islas, para las Islas Baleares, el voto favorable a esta proposición de ley de propuesta de reforma del Estatut d«Autonomía de las Illes Balears tal y como se nos ha presentado en esta Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mur.


El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señorías.


En primer lugar, permítanme que salude a los presidentes del Gobierno de las Islas Baleares, del Parlamento y de los consejos insulares y a los representantes de las instituciones que esta tarde nos acompañan.


Intervengo como senador del Partido Aragonés en representación de la Comunidad Autónoma de Aragón y en primer lugar quiero felicitarnos y felicitarles a todos ustedes por este trámite que esta tarde vamos a sustanciar, el trámite de aprobación final y definitiva del Estatuto de Autonomía, del nuevo Estatuto diría yo, de las Islas Baleares. Y felicitarles, en primer lugar, porque creo que han hecho ustedes, han traído desde el Parlamento de las Islas un buen texto, un buen Estatuto, lo que sin duda ha facilitado su tramitación en el Congreso de los Diputados y el Senado. Estoy seguro de que los debates, los trabajos previos que hicieron ustedes en el Parlamento han sido suficientes para que el texto que hoy debatimos reúna una serie de características que me gustaría resaltar muy brevemente.


Ustedes han sabido incorporar a su Estatuto la rica historia de las Islas, una historia que gozosamente compartimos con comunidades vecinas, y en concreto, por lo que a este senador concierne, con la Comunidad Autónoma de Aragón, desde que formamos parte de la gloriosa Corona de Aragón. Como presidente del Parlamento de Aragón, tuve el honor y el privilegio, de participar e impulsar unas jornadas de estudio entre los parlamentos de los territorios de la antigua Corona de Aragón, una de cuyas sesiones celebramos en el Parlamento de las Islas Baleares, con un gran fruto para los intereses de las cuatro comunidades afectadas. Y he visto que en su Estatuto han mantenido ustedes perfectamente su identidad, la identidad histórica, la identidad propia, la insularidad, que les da a todos ustedes un carácter propio.


Han salvado ustedes bien el tema de la lengua y el de esa difícil relación a veces entre vecinos, cuando otros estatutos y, sobre todo, alguna fuerza política quiere hacer que seamos lo que realmente no somos. Creo que en este Estatuto ustedes han sabido marcar exactamente los límites entre la identidad propia y la que seguramente a otros les gustaría que tuvieran.


Por resaltar algún aspecto importante, veo que han conseguido algo que nosotros ya tenemos desde la reforma de 1996 y que, sin embargo, les va a costar aplicar con efectividad. Me refiero a los artículos 122, 125 y 126, aquellos que hacen referencia a las cuestiones tributarias y, más concretamente, a las mermas recaudatorias por modificaciones de la legislación del Estado. En nuestro caso, ustedes saben que lo teníamos desde el principio en el Estatuto de Autonomía, pero es un artículo que pretendemos aplicar, es decir, que se cumpla una ley orgánica como es un Estatuto de Autonomía. Por tanto, aquí estamos discutiendo con el Gobierno del Estado sobre la aplicación de un estatuto de autonomía.


Vemos con agrado que ustedes lo han incorporado a su Estatuto como un mecanismo de salvaguarda. Y cuantos más seamos los que luchemos por defender principios tan importantes y razonables, más fácil será convencer al Gobierno del Estado, al Gobierno de España de turno -ahora son unos, pero pueden ser otros- para que los estatutos se cumplan.


Señorías -y voy terminando, señor presidente-, ustedes han hecho un buen Estatuto; les deseo que lo desarrollen perfectamente, pero, sobre todo, les deseo que se cumplan el Estatuto y sus previsiones, porque no siempre todo lo que dicen los estatutos llega a cumplirse.

Enhorabuena.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Mendoza.


El señor MENDOZA CABRERA: Gracias, señor presidente.


En nombre de mi grupo y en el mío propio, deseo dar la bienvenida a la delegación de la sociedad balear que nos acompaña esta tarde.


Comenzaré diciendo que el Estatuto de las Islas Baleares me resulta cercano por varios motivos. Desde luego, porque pertenezco a otra comunidad insular y, por tanto, la reivindicación de la insularidad nos acompaña, a partir de ahora también estatutariamente.


El Estatuto que hoy debatimos se sienta sobre unas buenas bases, que se definen desde el principio en buscar más autonomía para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de las Islas Baleares. Se definió desde el principio como un paso hacia una mayor plenitud autonómica. Otro de los elementos referenciales era intentar dar respuesta a su identidad, sin necesidad de emular a otros y, desde luego, buscar el mayor grado de consenso -elemento difícil, pero que al final ha dado un resultado magnífico-. Sobre estas bases, desde mi punto de vista, sólo podía salir un gran Estatuto.


A estas bases se unió algo que también valoro mucho, el esfuerzo pedagógico por hacer llegar a la mayor parte de la población que se estaba ante un reto en el que la población tendría que participar, que proponer, que acompañar. De esta forma se reunió a más de 500

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colectivos a lo largo de todo el proceso, es decir, ha sido un proceso participativo.


Después de estos elementos que he comentado, obviamente el resultado ha sido el de un Estatuto completamente nuevo, y no sólo porque se haya pasado de 76 a 129 artículos, sino porque se define a las Islas Baleares como nacionalidad histórica; se subraya, como comenté antes, la insularidad como elemento identitario y como un hecho a proteger; se definen las dos lenguas cooficiales en la comunidad -y con respecto a esto, permítanme que diga, con absoluto respeto a otras comunidades y a otros estatutos, que ustedes han llamado al dialecto, a la lengua propia que usan, catalán y punto, lo que prueba que éste no es un elemento de grandes debates y de grandes contradicciones dentro de las mismas Islas Baleares-; recogen nuevos derechos y deberes para la ciudadanía de Baleares; se amplían competencias en aquellos aspectos en los que, a partir de la propia identidad, era necesario aumentarlas como la pesca dentro del mar territorial de las doce millas, o el control de las costas, o la cogestión aeroportuaria, o un cuerpo de policía propio. En fin, me parece que es un avance competencial absolutamente magnífico.


Se enseña un panorama institucional con grandes novedades: los consejos insulares como órganos de la comunidad; el Consejo de Formentera por primera vez; las listas separadas para las elecciones a los consejos y al Parlamento; la disolución anticipada del Parlamento; estaturizan el fondo de cooperación con las entidades locales, con los municipios; trasladan competencias de los consejos a los municipios, es decir, a la institución que está más cerca de la ciudadanía. Se crea un título sobre medios de comunicación y con él un consejo que velará por la independencia y la veracidad de los medios públicos, con lo cual se está garantizando una profundización en la democracia. Se dedica un capítulo completo a la acción exterior, que es, desde mi punto de vista, un elemento magnífico, y obviamente se buscan criterios propios para mejorar la financiación.


Por todo esto, yo ni me planteo si este Estatuto es mejor o peor que otros. Me da exactamente igual. Lo que sí digo es que es el Estatuto que la mayoría de la sociedad balear quería porque es la mayoría de la sociedad balear la que ha apostado y la que ha apoyado este Estatuto y, por tanto, al ser el Estatuto de una inmensa mayoría, al ser un Estatuto participativo es, desde luego, el mejor Estatuto, un magnífico estatuto.
Enhorabuena. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Casas.


El señor CASAS I BEDÓS: Graciès, senyor president.


(El señor Casas i Bedós inicia su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones»): «Tambié en nom del mem grup parlamentari vull donar la bennviguda a la representació de las institucions balears encapçalades per el seu president Jaume Matas, Pere Roger, María Antonia Munar i per Pere Palau, els dono la benvinguda cordial i els felicito perque crec que avui aprovarem un molt bon estatut per la sera comunitat autonoma; el votarem, i ara els fare vues reflexions amb molt de gent».


El pasado lunes en la Comisión General de las Comunidades Autónomas la vicepresidenta del Gobierno Balear, doña Rosa Estarás, presentó el proyecto de reforma de Estatuto de la Comunidad Balear. Hizo un discurso que a mí me gustó; bien estructurado, dominando muy bien el tema en el fondo y en la forma. No tuvo necesidad de leer porque de su sentimiento interno salía el discurso y el contenido del Estatuto. Por lo tanto, vi que se había hecho un trabajo profundo, elaborado y con una terminología que a mí me resulta muy familiar y que compartí, por lo que me sentí muy cómodo. Es un discurso que suscribo de arriba a abajo. Hablaba con naturalidad de una amplia autonomía que permitiera al Gobierno balear hacer frente a los problemas de sus ciudadanos. Hablaba del hecho diferencial. Hablaba del catalán como lengua oficial, distinguiendo sus variedades en las diferentes islas. He de reconocer que, a veces, en algunas de mis estancias en Baleares me ha costado entender alguna conversación a pesar de que conozco bien el catalán; pero hablaba de un idioma oficial, el catalán; sin entrar en ningún tipo de debate, al contrario, con mucha naturalidad. Hablaba de competencias exclusivas.
Hablaba de muchos conceptos de los que durante mucho tiempo mi grupo parlamentario ha hecho bandera para defender una España, que es la constitucional, la que nosotros contribuimos a hacer con la Constitución, que se basa en la diversidad, una diversidad que muchas veces ha sido un problema y que, a mi juicio, es el gran activo que tiene España en su conjunto. El día que nos creamos todos que el gran activo que tiene España en su conjunto es la diversidad y dejemos de hacer de eso un problema, creo que explotará el conjunto de España en positivo. De momento sigue siendo un problema y sigue siendo un problema, político que a veces provoca duros enfrentamientos dialécticos.


Por eso, digo que me sentí cómodo porque desde otra formación política -en Baleares gobierna el Partido Popular con Unidad Mallorquina- utilizaban un lenguaje que es muy parecido, con algunos matices, al que utilizamos nosotros cuando hablamos de la diversidad que se refleja en la Constitución. ¡Ojalá el debate del Estatuto catalán lo hubiéramos hecho después del debate del Estatuto andaluz y del debate del Estatuto balear! ¡Ojalá! Porque estoy seguro que de haberse hecho así hoy no estaría impugnado el nuestro en el Tribunal Constitucional. Estoy convencido.
Esta terminología cuando se ha utilizado por Convergència i Unió ha tenido, legítimamente, ¡faltaría más!, algunas posiciones contrarias que lo han llevado al Tribunal Constitucional en cuestiones -lo dije cuando debatimos el texto del Estatuto andaluz- que están literales en uno y en otro estatuto. Nos tocó a nosotros, o fue el Parlamento catalán el primero que planteó este tipo de reforma o un nuevo

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estatuto, y no quiero decir que hayamos abierto un camino, pero resulta que lo que era normal para el Parlamento catalán hoy se constata que es normal para el Parlamento balear; con matices, con los matices de las diferencias lógicas porque en un sitio gobiernan unos y en otro otros, pero en el fondo, el espíritu político que inspira el nuevo Estatuto balear es muy parecido o prácticamente igual al que inspiró al Parlamento de Cataluña.


En el artículo 133 de este Estatuto se habla de Agencia Tributaria, aspecto que ha sido impugnado ante el Tribunal Constitucional porque lo hizo el Estatuto catalán; el artículo 125 se refiere a las comisiones bilaterales, cuestión que también ha sido impugnada; el artículo 93 se refiere al Tribunal Superior de Justicia; el 96 al Consejo de Justicia de las Islas Baleares; el 77 al Consejo de lo Audiovisual, que en su día fue muy polémico, y en el artículo 30 hace una amplia definición de competencias.


Yo destaco el punto 50 de este artículo 30, sobre la competencia exclusiva en temas de inmigración, que me parece muy sensato porque este asunto no se vive igual en el conjunto de España. Hay zonas del territorio español que no tienen inmigración o tienen muy poca y en otras zonas el problema es mucho más grave y, por tanto, ni la terapia es la misma, ni las políticas son las mismas, ni los recursos económicos pueden ser los mismos.


Yo celebro que hoy se haya tratado este debate con absoluta normalidad, con un consenso amplísimo en la Cámara -no creo que haya ningún voto en contra de este Estatuto- y que desde ninguna formación política se haya puesto el grito en el cielo, ni nadie se haya rasgado las vestiduras porque se hable de comisiones mixtas, de Agencia Tributaria, del Tribunal Superior de Justicia y del catalán como lengua oficial. Celebro que hoy esto sea un hecho normal. Ojalá que el Parlamento balear hubiese presentado antes este proyecto de Estatuto, seguramente el debate del Estatuto catalán hubiese sido más tranquilo.


Mi grupo parlamentario tiene por costumbre respetar toda iniciativa legislativa que venga de cualquier grupo parlamentario, y con mayor motivo si ha conseguido unanimidad o un amplio consenso, como ha ocurrido con el proyecto del Estatuto balear. No vamos a ser nosotros quienes corrijamos la soberanía que constitucionalmente tiene el Parlamento balear, sobre todo cuando el proyecto que presenta nos parece muy sensato. Es verdad que en algunas ocasiones hemos presentado alguna enmienda pero ha sido por cuestiones técnicas o por cuestiones que consideramos que podían perjudicar a la autonomía catalana, como ocurrió con el Estatuto de Valencia.


En este caso, el texto nos ha parecido muy positivo. Votaremos a favor de alguna enmienda que ha quedado viva en relación con el tema lingüístico porque hace una afirmación que nos parece mejor, aunque, insisto, es de matiz porque creo que, tal y como está redactado el Estatuto, queda muy bien reflejada la situación del catalán y del castellano como dos lenguas oficiales que deben convivir tranquilamente y con normalidad, como pasa en Cataluña, y por tanto, vamos a votar con mucha satisfacción.


Me gustaría resaltar de este debate la aportación que ha hecho el Parlamento balear, que, insisto, tiene un valor añadido importante. A ver si conseguimos entre todos realizar los debates de los estatutos con tranquilidad, partiendo de la base de que nadie quiere salirse del marco constitucional, no lo hizo el Parlamento catalán, su intención íntima era no salirse del marco constitucional, y así se dijo. En todo caso, lo dirá el tribunal, pero la voluntad del legislador catalán era hacer un Estatuto dentro del marco de la Constitución, y he de recordar que mi grupo parlamentario, como máximo impulsor de este Estatuto, fue redactor importante de la Constitución, que votamos a favor; por tanto, aquí nadie nos puede dar lecciones de nada. Nosotros igual que los demás. Pero que sirva esto de ejemplo para realizar estos debates-e insisto en la idea que exponía al inicio de mi intervención- partiendo de la base de que la diversidad vivida con lealtad es el gran activo que tiene España en su conjunto. Las relaciones entre gobiernos autonómicos y Gobierno central siempre tendrán tensiones, como sucede en Alemania o en cualquier país; es lógico, son tensiones de poder, no tensiones secesionistas sino todo lo contrario, tensiones de poder lógicas y normales; pero si entendemos que la diversidad es el mayor activo que hay en España haremos una lectura de la Constitución mucho más positiva y, por supuesto, superaremos muchos problemas políticos que no conducen a nada sino a frenar la capacidad que tiene en su conjunto España, que creo que es mucha.


Gracias, señor presidente, y muchas gracias al Parlamento balear porque ha traído un buen estatuto.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: (La señora senadora inicia su intervención en euskera que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones».)

«Balear Irletako Gobernuko, Presidente Jauna, Balear Irletako Legebiltzarreko Presidente Jauna eta legebiltzarkide, Mallorka eta Ibiza-Formentera Irletako Kontseiluetako Presidente Jaun eta Andere, eraKundeetako ordezkari eta Balear irletaik etorri Zareten guztioi Eusko Abertzale Senatoreen Legebiltzar taldearen izenean ongi etorririk beroena eman maki dizkizuet eta zuen bitartez zorionik beroenak Balear Irletako emakume eta gizon guztiei, gaur eztabaida hau amaitu ondoren Autonomi Estatutu berri bat eukiko dozuelako, eta bertan oinarrituta dagoelako zuek nahi duzuen etorkizuna.»

He querido iniciar mi intervención en esta Cámara de representación territorial en mi lengua materna y con el más absoluto respeto a esta Cámara y a quienes hoy nos acompañan en la tribuna.


Mi más calurosa bienvenida, Molt Honorable president del Govern balear, presidente del Parlamento balear, parlamentarios y miembros del gobierno balear, presidentes de los consejos baleares de Mallorca e Ibiza-

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Formentera, representantes de instituciones, así como ciudadanos y ciudadanas de las islas que hoy nos acompañan en la tribuna.


Hoy en esta Cámara se va a proceder a la aprobación de un nuevo Estatuto de autonomía para las Islas Baleares, nuevo Estatuto de autonomía aunque reglamentaria, estatutaria y constitucionalmente estemos hablando de propuesta de reforma de Estatuto de autonomía para las Illes Balears. El vigente actualmente consta de 76 artículos, cinco disposiciones adicionales, diez disposiciones transitorias y una disposición final, habiendo sido modificado en cuatro ocasiones, la última precisamente en el año 2001 fruto de la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas de régimen común; y el que hoy vamos a aprobar en esta Cámara consta, como bien se ha dicho aquí, de 139 artículos distribuidos en nueve títulos, seis disposiciones adicionales, once disposiciones transitorias y una disposición final. El propio desarrollo del Estado de las autonomías, su evolución y los cambios experimentados en el marco de las relaciones internacionales, entre los que cabe señalar y destacar el marco de la Unión Europea y la incidencia que la normativa emanada desde ella tiene sobre las comunidades autónomas en su ejercicio competencial, hace necesario cambios en el marco estatutario que inicialmente fue diseñado para el ejercicio y desarrollo de autogobierno por parte de cada una de las comunidades autónomas. Este es el cuarto estatuto de autonomía que se aprueba en esta Cámara; eso sí, tengo que reconocerlo y tengo que expresarlo, en la misma tónica que los anteriores, con segunda lectura sí, pero con acuerdo cerrado de no introducir ni un punto ni una coma, ni cambiar de ubicación ningún punto ni ninguna coma respecto del texto remitido a esta Cámara desde el Congreso.


Por otro lado, también sucede, como en los textos anteriores, que el que se va a aprobar difiere en alguna medida de lo aprobado en el parlamento autonómico, balear en este caso. Estos cambios han supuesto en las tramitaciones que se han seguido en esta Cámara y en el Congreso en algunas ocasiones sumar y en otras restar a los apoyos iniciales que se habían obtenido en los correspondientes parlamentos autonómicos.


Este nuevo Estatuto de autonomía de las Illes Balears recoge en su título primero, y a través de sus artículos, las señas de identidad de esta comunidad autónoma, se la reconoce como nacionalidad histórica y como comunidad autónoma con lengua también propia, el catalán, como otras comunidades autónomas que tienen en sus propios estatutos de autonomía reconocidas otras lenguas que, junto con el castellano, son lenguas oficiales en ellas y que otorgan el carácter plurilingüe al actual Estado de las autonomías. También es reseñable en este Título I el reflejo del hecho diferencial de la comunidad autónoma, la insularidad, hecho diferencial que también se da, como aquí se ha destacado en la tribuna, en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, insularidad que, a su vez, tiene reconocimiento explícito en títulos posteriores y en particular, entre otros, en el Título IV y en el Título VIII.


En el Título IV de este Estatuto se establece la arquitectura institucional de la comunidad autónoma y se hace un reconocimiento expreso, como bien se ha planteado aquí, a los consells insulars, que de ahora en adelante van a contar, gracias a este Estatuto, con sus propias competencias. Además, este Estatuto -y esta mención se la dirijo a la presidenta del Consell Insular de Ibiza-Formentera- prevé añadir a los consells insulares ya existentes de Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera el que se constituirá, tras su independencia, en Formentera, que tendrá un consell insular propio. Estas instituciones tendrán sus propias competencias, como he reseñado, para poder dar respuesta a las necesidades derivadas del propio hecho insular y su elección se realizará, como bien se ha dicho aquí, de forma separada respecto a la de los municipios y a la de la comunidad autónoma.


En este Título también se establecen otros órganos de consulta y asesoramiento que se definen dentro del marco del Estatuto de Autonomía.


A su vez, el Título VIII, referido a financiación y hacienda, recoge y refleja este hecho diferencial, el de la insularidad, ya que en su artículo 125 se establece la creación de la Comisión Mixta de Economía y Hacienda entre el Estado y la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares como órgano bilateral de relación entre ambas administraciones en materia fiscal y financiera. Entre otras funciones, analizará el impacto económico que el hecho diferencial genera en la prestación de servicios reconocidos como derechos a todos los ciudadanos y ciudadanas con idénticas garantías y calidad respecto del resto.


La disposición adicional sexta, al hablar del Régimen Especial Insular de las Islas Baleares, refleja que uno de los aspectos que, desde la perspectiva de financiación, ha de materializarse por resultar oportuno para obtener una evidencia explícita de la insularidad es un régimen especial insular que refleje las particularidades y especificidades que conlleva cualquier actuación cuando el hecho diferencial es la propia insularidad. Como grupo parlamentario, entendemos que estos hechos diferenciales deben ser reconocidos y deben suponer la articulación de mecanismos adecuados para evitar que se interpreten como privilegios, puesto que no lo son. En concreto, son aspectos propios y vienen a ser una de las principales señas de identidad de las comunidades autónomas que tienen reconocido un determinado hecho diferencial.


La disposición transitoria referida a inversiones del Estado, concretamente la novena, también viene a reflejar cuestiones que aquí se han planteado por quienes me han precedido en el uso de la palabra respecto a la insularidad.


El Título III, que también se ha mencionado desde esta tribuna por quienes me han precedido en el uso de la palabra, es el que recoge y especifica el marco de autogobierno que la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares desea para sí y para sus ciudadanos y ciudadanas.


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Digo para sí porque debe ser el que se esté dispuesto a desarrollar y ejercer con los medios y recursos disponibles y necesarios y desde una práctica responsable, como hacen todas y cada una de las comunidades autónomas, con el claro objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes e impulsar un desarrollo a futuro de la comunidad autónoma.
Introduce competencias en pesca, costas, I+D+I, cogestión de aeropuertos y puertos de interés general, entre otras.


El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos quiere trasladar a los ciudadanos y ciudadanas de las Illes Balears, a través de quienes hoy nos acompañan, su más sincera felicitación por este nuevo Estatuto de Autonomía para su comunidad autónoma, a la par que traslada su reconocimiento a todas las personas que en el ámbito del parlamento autonómico, coincidencias o discrepancias legítimas aparte, han trabajado y han hecho posible que las Illes Balears tengan un Estatuto de Autonomía acorde a los nuevos tiempos.


Mi grupo parlamentario -y concluyo, señor presidente- quiere anunciar, a través de esta portavoz, que va a apoyar el texto del Estatuto, posibilitando de esta forma que la Comunidad Autónoma de las Illes Balears celebre y conmemore su día el próximo 1 de marzo con un nuevo Estatuto de Autonomía. No obstante, dejamos en manos de quienes viven y dan vida a las Islas Baleares su desarrollo y ejecución posterior.


Eskerrik asko. Moltes gràcies.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor presidente.


(El señor senador inicia su intervención en catalán.)

Yo no voy a hablar del Estatuto, no puedo hacerlo, ya lo han hecho seis personas, todos han explicado qué es el Estatuto, qué dice, y además me parecería una pedantería hablar de él a los que lo han hecho. Por tanto, me voy a limitar a decir cuál es la posición de nuestro grupo al respecto.


Como ustedes saben, nuestro grupo está compuesto por tres formaciones políticas: el Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya-Verds, las tres con ramificaciones, con existencia en las Illes Balears. Nosotros vamos a mantener la posición que hemos mantenido cada uno en la tramitación de esta propuesta de reforma.


Por tanto, hablando ya como fracción socialista, puedo decirles que nosotros votaremos favorablemente el Estatuto de las Illes Balears porque es lo que han querido nuestros compañeros de ses illes y porque tiene un respaldo muy amplio, muy importante. Otros grupos no adoptarán la misma posición porque entienden que este Estatuto era mejorable y han mantenido alguna enmienda para su debate en el Pleno.


Esta es la posición de nuestro grupo y con esto termino mi intervención.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Pérez Sáenz.


El señor PÉREZ SÁENZ: Gracias, señor presidente.


Mis primeras palabras son también de bienvenida a la delegación de las Islas Baleares: al presidente, señor Matas, a la vicepresidenta, señora Estarás, y también al ex vicepresidente de la comunidad, señor Antich.


En segundo lugar, quiero hacer una especie de homenaje al informe del letrado. Nosotros tenemos unos informes del letrado de la Comisión General que, compilándolos uno a uno, van a ser una referencia de las reformas de los estatutos autonómicos. En esa especie de recuerdo voy a recordar, a su vez, un aforismo que recoge en su reciente informe y que dice: Lex iubet non docet. Según diría el señor Casas, como tengo un poco afán provocador, traducido viene a decir que la ley norma, pero no enseña; la ley regla, pero no imparte teorías. Pues bien, lo que quiero fundamentalmente en esta intervención es impartir teoría (Risas), concretamente tres teorías en este breve tiempo: la teoría del Senado y su trabajo en la reforma de los estatutos, la teoría de las reformas convenientes y la teoría de la inevitabilidad, conocida también como la teoría del arrastre y mundialmente como la teoría del melón. Vamos a las tres teorías.


La primera es la teoría del Senado. Muchos de los portavoces continuamente están diciendo que el Senado en esta fase de reforma de los estatutos hace poco trabajo porque fundamentalmente no hay ninguna enmienda y, por lo tanto, no modifica nada de lo que ha llegado del Congreso. Repito -y creo que es bueno hacerlo- en este Pleno y respecto a este Estatuto -porque posiblemente también ocurra con respecto a los demás estatutos- que los estatutos son una ley pactada, una ley paccionada y se encuentran entre dos legitimidades: entre la legitimidad proveniente del Parlamento balear y la proveniente de las Cortes Generales, pero ese encuentro de legitimidades y ese encuentro de debate y de acuerdo se hace en las Cortes Generales en el Congreso de los Diputados.


Y, señoría, ¿qué es lo que ocurre? Que se tenía que hacer en el Senado. El Senado tenía que ser la Cámara de primera lectura y no el Congreso, pero resulta que para hacer eso tenemos que modificar la Constitución, y como nadie, al parecer, quiere llegar al acuerdo de reformar la Constitución, no podemos estar continuamente apelando al papel que está haciendo el Senado, sino que tenemos que apelar o, al menos, comprometernos a reformar la Constitución para reformar el Senado. (Aplausos.)

En segundo lugar, está la teoría de las reformas convenientes. Sin duda, el Estatuto de las Islas Baleares es un estatuto singular, pero, desde luego, está dentro de un proceso de reformas estatutarias; creo que eso nadie lo duda, y los datos son los siguientes: Es el cuarto Estatuto que pasa por esta Cámara durante esta legislatura. Es también la tercera reforma del Estatuto balear, si no consideramos la reforma realizada, creo que en el año 2002, en relación con la cesión de tributos. Desde luego,

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esta tercera reforma es enormemente profunda. Desde el punto de vista jurídico-político podríamos decir que no solamente es una reforma sino prácticamente un nuevo Estatuto, aunque creo que ya se ha dicho, entre otras cosas, porque se reforman todos y cada uno de los artículos del anterior Estatuto de Autonomía. Esto lo digo porque lo ha hecho el Parlamento balear y es bueno que tengamos en cuenta este dato. Del Estatuto vigente se han reformado, por la voluntad propia de los representantes del pueblo de las Islas Baleares, cada uno de los artículos. Por lo tanto, se trata de una enorme reforma porque, además de todos ellos, incorpora el doble de artículos que el anterior Estatuto, ya que cuenta con 139 artículos, 18 disposiciones, 6 de ellas adicionales, 11 transitorias y una disposición final.


Conclusión de esta exhibición de teoría. Estamos profundizando y desarrollando un sistema autonómico por dos razones: En primer lugar, porque a todos nos parece bien profundizar en este sistema autonómico pues, hasta ahora, durante el transcurso de estos treinta años de Estado autonómico nos hemos encontrado con que este Estado autonómico es un éxito y, como consecuencia de reconocer este éxito, estamos profundizando en él y, en segundo lugar, porque existe la voluntad y la legitimidad de abordarlo. Esto nos lleva a la tercera teoría, que yo denominaba del melón, del arrastre o teoría de la inevitabilidad.


Hoy no solamente es un día institucional o un día histórico, como se ha dicho, que seguro que lo es, sino también un día de debate. Y según palabras de su presidente -quien presentó este Estatuto de Autonomía, y al que, desde luego, transmito mis mayores respetos-, recogidas en el Diario de Sesiones, decía sobre este Estatuto: no hay mimetismo de lo catalán, como se dice torpemente, sino consecuencia inevitable de que, como he dicho en otras ocasiones, si se abre el melón, habrá melón para todos. Por eso la denomino teoría del melón. Pero ¿a qué se llama el melón? ¿Se llama melón a tener más capacidad de autogobierno? ¿Más melón significa, tal vez, menos España? ¿Significa abrir el melón, según se ha dicho en otras ocasiones y según recoge también el Diario de Sesiones, una debilidad del Estado, una disminución del Estado? ¿No se sabe, sobre todo en esta Cámara, que pretende ser una Cámara territorial, que el Estado también lo son las comunidades autónomas? Y, por lo tanto, si hay unas transferencias de competencias de la Administración general del Estado, del Gobierno de la nación a las comunidades autónomas ¿no se sabe que eso no significa en ningún caso disminuir el Estado, que el Estado no disminuye sino que sencillamente se transforma en el ámbito de la responsabilidad? Porque, si jugamos con estos conceptos -que, además, seguro que se saben-, sencillamente estamos jugando con el ámbito de la Constitución Española, y es muy difícil defender la Constitución, sobre todo su espíritu si no se conoce la trascendencia de su letra.


Señorías, nosotros no creemos que sea inevitable traer este Estatuto de Autonomía a las Cortes Generales; no creemos que sea inevitable haber comenzado la iniciativa que, por otra parte, los constituyentes la dejaron en el Parlamento balear; nosotros no consideramos que sea inevitable. Entendemos que su Estatuto es, sin duda, singular; que tiene una personalidad propia; creemos que no se tiene que mirar a nadie; consideramos que ustedes han podido iniciar perfectamente el comienzo de reforma de este Estatuto sin mirar a nada. Porque, como dijo una representante del Parlamento balear, Francina Armengol, las Islas Baleares tienen alma, y esa alma estaba depositada fundamentalmente en el pueblo de las Islas Baleares. Y al pueblo de las Islas Baleares no se puede ir hoy diciendo que es un día histórico y mañana decir que este Estatuto no era necesario o que este Estatuto no era prioritario o que este Estatuto, al inicio de las reformas estatutarias, es un capricho.
No. Si verdaderamente el alma la tiene depositada en el pueblo de las Islas Baleares, lo que habrá que decirle es que el Estatuto beneficia al pueblo de las Islas Baleares; lo que habrá que decirles es que con ese Estatuto van a mejorar su vida; que con este Estatuto les van a mejorar su calidad de vida; que este Estatuto les da un sistema de financiación envidiable respecto a otras comunidades autónomas y, por lo tanto, si este Estatuto es bueno para las Islas Baleares y, como se ha señalado, también para España, todos ustedes, no solamente los representantes de las Islas Baleares sino también el Partido y el Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara tienen que llegar al convencimiento siguiente: Este Estatuto no solamente es bueno para Baleares y para España, sino que también el de la Comunidad Valenciana lo era para la Comunidad Valenciana y para España; el de Andalucía para Andalucía y para España y el de Cataluña, mal que les pese, también era bueno para Cataluña y para España.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Seguí.


El señor SEGUÍ DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, esta reforma del Estatuto de las Illes Balears ha llegado al Senado con toda normalidad. Se trata, como se ha dicho, de un texto que gozó en el Parlament de las Illes Balears de un amplio apoyo parlamentario y, además, tenemos ahora en el Senado una propuesta que ha sido enriquecida con importantes enmiendas consensuadas en el Congreso de los Diputados. Se trata, pues, de una reforma estatutaria donde ha primado más la voluntad de entendimiento que el absurdo sectarismo.


Este es, señorías, un texto donde todos hemos cedido para obtener una herramienta de futuro con amplia base consensual. Esta es pues la primera característica de esta reforma: el acuerdo. Destaqué el pasado lunes en mi intervención ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas -por cierto, en la lengua

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catalana propia de las Illes Balears- que, a diferencia de otras, las reformas estatutarias procedentes de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular llegan a las Cortes Generales con amplio sostén político. Y dije más: a diferencia de alguna otra, estas reformas nunca restan a medida que se van tramitando, en todo caso, suman apoyos. Este es el caso. El trámite del Congreso ha favorecido la incorporación de nuevos detalles que aun me cabe la esperanza de que puedan conseguir no sólo que no se registre ningún voto en contra de este Estatuto en esta Cámara legislativa nacional sino que la votación final sea enteramente afirmativa.


La segunda característica de este proyecto de reforma es su impecable constitucionalidad. Vuelvo a insistir: todas las reformas estatutarias que cuentan con el apoyo del Partido Popular parten del principio irrenunciable de no cuestionar ni rebasar los principios, los dictados y los límites de la Constitución Española.


La tercera característica es que nuestro Estatuto es consciente de que, junto con la Constitución y con el resto de estatutos, conforma la espina dorsal del Estado y que su razón de ser no es otra que la propia Constitución Española. Por eso, digámoslo claro, aquí nadie busca fórmulas soberanistas o conceptos de nación disfrazados o escondidos.


Las Illes Balears no elaboran una reforma estatutaria para tener menos Estado sino para hacer sustancialmente más autonomía pero también más España. Un Estatuto que se incardina bien en el entramado constitucional, como es el caso del balear, no rompe sino que suma, fortalece el Estado.
Y más si todos inequívocamente así lo manifestamos, y a ello nos comprometemos.


La cuarta característica es la propia definición de nuestra comunidad autónoma como una nacionalidad histórica. En este documento Baleares huye de subterfugios, de definiciones explosivas o conflictivas y acude a un concepto avalado por la propia Constitución como es el de nacionalidad histórica pero, sobre todo, amparado por su indiscutible realidad geográfica, su palmaria historia común que en modo alguno debe ser disfrazada o maquillada, su lengua, su creciente sentimiento de comunidad, sus problemáticas comunes, sus unánimes reivindicaciones, etcétera.


Señorías, a nadie se le escapa en esta Cámara legislativa, que lo es territorial del Estado, que las Illes Balears son una comunidad rica situada entre las primeras de España en renta per cápita. Esto no nos ha hecho egoístas. No lo hemos sido nunca en todos estos años en que hemos aportado mucho más al fondo común de lo que hemos recibido. Y no queremos ser egoístas ahora. Estamos orgullosos de haber contribuido a ese principio esencial de nuestra Constitución que es la solidaridad.


Así, y en quinto lugar, nuestro texto estatutario en materia de financiación apuesta por la multilateralidad en contra de la bilateralidad y profundiza en la solidaridad. Esto no quiere decir, claro está, que no hablemos de déficit histórico y que no busquemos con esta reforma solucionar nuestro problema específico y principal que es la insularidad. Por eso se buscan y pactan fórmulas de compensación económica que nos permitan integrarnos más con el resto de comunidades y ciudadanos de España.


Estamos pues, y esta es la sexta característica que quería destacar de esta reforma, ante un Estatuto solidario a la vez que justo. Nuestra propia lengua catalana es un orgullo para nosotros. Por eso, al tiempo que insiste la reforma estatutaria en el derecho a conocerla y usarla aboga por profundizar en la defensa de nuestras modalidades lingüísticas sin cuestionar ni un ápice la evidente unidad lingüística. No se incorpora el deber de conocer el catalán propio de las islas, porque así se cumplen estrictamente los dictados constitucionales -artículo 3 de la Carta Magna- y porque formamos una sociedad tolerante que registra una muy notable implantación del catalán propio, que no ha hecho de la lengua un problema. Una sociedad tolerante que, por cierto, aboga claramente por el bilingüismo como útil e histórica forma de convivencia.


Esta reforma apuesta fuerte por los consells insulars, como decía en mi primera intervención. Tanto, que instaura, de forma novedosa y valiente, la figura del consell insular en la tantas veces olvidada isla de Formentera. Y tanto, que expresamente cataloga estas instituciones como propias de la comunidad autónoma. No es, pues, un estatuto tímido en sus formulaciones, y tampoco ramplón en sus cesiones descentralizadoras dentro de la propia comunidad. Por eso se establecen competencias notables para los consells insulars, con facultad reglamentaria incluida, al mismo tiempo que se establecen posibilidades de transferencia competencial a los municipios. Y una buena característica de este texto es el notable esfuerzo competencial que se ha realizado; esfuerzo que se hace con objetivos claros de adaptación a nuestra realidad cotidiana.
¿Cuáles son nuestros problemas, señorías? Las comunicaciones, puertos y aeropuertos; las costas y las aguas; el soporte al turismo como medio de vida; las nuevas demandas de la nueva sociedad balear derivadas de la multiculturalidad, etcétera. Pues esas son las materias en las que la incidencia competencial es más destacable.


Señorías, hoy el archipiélago balear se pone de largo y proclama en las Cortes Generales su incuestionable voluntad de ostentar un papel destacado en la vertebración del Estado, con un enfoque ampliamente autonomista y nunca soberanista, notablemente moderno y adaptado a los problemas actuales de la sociedad balear, y marcadamente justo tanto para con los demás como para la realidad insular. Hoy Baleares le dice a España: de esta forma quiero ser y con estos mimbres quiero fortalecer nuestro proyecto común de futuro.


Muchas gracias, señor presidente, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Seguí.


Finalizado el turno de totalidad, pasamos a debatir las enmiendas. En primer lugar, tiene la palabra el senador Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto.


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El señor CUENCA CAÑIZARES: Señor presidente, señoras y señores representantes de las Islas Baleares, señor presidente del Gobierno, señorías, este es el cuarto Estatuto que aborda esta Cámara. Habría que decir que es el cuarto Estatuto que se tramita presumiblemente sin incorporar ni una sola enmienda, ni siquiera las que proponen corregir los más de 130 errores gramaticales -ortográficos y de léxico- que tiene el texto. Podríamos decir que este es otro debate y otro Estatuto que pasa sin pena ni gloria por esta Cámara. Esta Cámara, el Senado, Cámara territorial según la Constitución, que es la que debería ver en primera lectura las reformas estatutarias, no dejará huella de su debate y tramitación. El papel del Senado quedará reducido una vez más a simple trámite protocolario. Tras este cuarto debate con las mismas características, tenemos que preguntarnos de nuevo cuál es el papel del Senado y para qué sirve.


Señorías, el texto de reforma del Estatuto de Autonomía que se aprobó en el Parlamento de las Islas Baleares mejora notablemente el Estatuto vigente, que era de tercera división, a nuestro juicio. Esta comunidad con características identitarias propias -lengua catalana, insularidad, historia y cultura propias-, quedó en el furgón de cola de la autonomía del Estado.


En Izquierda Unida opinamos que no se ha sabido aprovechar la favorable coyuntura política, el debate del Estatuto catalán o el del Estatuto andaluz, para dar el salto que Baleares necesita.


Al Partido Popular, que gobierna en Baleares, le ha faltado valentía, pero también al Partido Socialista, que se ha despertado tarde, cuando ya se había llegado a un acuerdo en La Moncloa sobre el Estatuto de Cataluña.
Han sobrado indecisiones, y especialmente contradicciones en el Partido Popular, que se ha pasado toda la tramitación dando un paso adelante y otro atrás. En definitiva, no se ha tenido el coraje ni la capacidad de pasar, utilizando un símil futbolístico, de tercera a primera, y creo que nos hemos quedado en segunda.


Hay que tener en cuenta las posiciones ambiguas y contradictorias del Partido Popular balear durante toda la legislatura porque, para empezar, no llevaba en su programa electoral la reforma del Estatuto y durante el primer año de legislatura se opuso públicamente e incluso votó en contra en el Parlamento en dos ocasiones a las proposiciones no de ley -entre ellas, la que presentó Esquerra Unida-, sobre la constitución de una ponencia para iniciar la reforma.


Después de que el Partido Popular perdiese las elecciones generales, se produjo un cambio de actitud y se aceptó una reforma pequeña, sin incluir un título de derechos y deberes, sin modelo de financiación y sin Poder Judicial, únicamente destinado a concretar las instituciones de las islas y las relaciones de éstas con la península.


Cuando se inicia el debate del Estatuto catalán, vuelven a cambiar de opinión y afirman que si los catalanes consiguen diez, ellos quieren once, entrando en flagrante contradicción con su dirección nacional; y, al final, siguen manteniendo fuertes contradicciones con la posición oficial del Partido Popular.


El modelo de financiación es prácticamente igual al catalán y la cláusula sobre la deuda histórica se parece más a la propuesta inicial del Estatuto aprobado por el Parlamento catalán que el que finalmente se aprobó en Madrid.


Los aspectos positivos de este Estatuto se pueden resumir en los siguientes: el reconocimiento de las islas como una nacionalidad histórica, el reconocimiento de la insularidad como una seña de identidad propia, la inclusión de un título de derechos y deberes que fue mejorado en el Congreso de los Diputados por diversas enmiendas -entre ellas, las nuestras-, la clara definición de los consells insulars como parte de las instituciones autonómicas, la definición de las competencias propias del consell insular, la separación de las listas electorales al Parlamento y a los consells insulars, la elaboración de un título dedicado a los medios de comunicación, la elección del director de radiotelevisión por el Parlamento de las Islas Baleares, el establecimiento de las relaciones de la comunidad con el exterior, así como un modelo de financiación que, aunque no sea el nuestro, es muy similar al catalán y al andaluz.


Señorías, a nuestro juicio hay aspectos negativos que no cubren nuestras expectativas para este Estatuto. Así, no se reconoce el derecho y el deber del uso del catalán de todos los ciudadanos de las islas; el título dedicado a derechos y deberes es manifiestamente mejorable; en los artículos destinados a las competencias se echa en falta, entre otras cosas, el fomento de la economía social, el fomento de las energías renovables, las políticas activas de empleo -incluyendo la Inspección de Trabajo-, la Protección Civil, el régimen penitenciario y la gestión directa de puertos y aeropuertos, que una cuestión muy importante, máxime si tenemos en cuenta que se trata de una economía basada en el turismo.
Izquierda Unida también considera insuficiente todo lo relacionado con la barrera electoral del 5 por ciento o el apartado dedicado a las entidades locales que es muy pobre y podría haber sido mejorado si se hubiesen tenido en cuenta los estatutos que ya se han aprobado.


Señorías, Izquierda Unida ha presentado 20 enmiendas en el Senado, muy lejos de las 41 que presentó en el Congreso de los Diputados, en un intento de dar prioridad y buscar un acuerdo encaminado a lograr la mejora del texto en cuanto a la lengua, las competencias, la gestión directa de los puertos y aeropuertos, y el papel de las corporaciones locales.


En definitiva, señorías, Izquierda Unida votó en contra del Estatuto en el Parlamento balear, si bien en el Congreso de los Diputados apostamos por abstenernos porque se recogieron algunas de nuestras enmiendas en el título de derechos y deberes, a pesar de que incluso así es mucho menos serio e importante que en el caso de los estatutos de Cataluña o de Andalucía.


El Estatuto que estamos debatiendo es muy superior al vigente, pero lamentamos que no alcance las cotas que

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otras autonomías -como la catalana y la andaluza-, a pesar de que esta comunidad interinsular cuenta con sobrados argumentos para situarse en primera división de las autonomías. Eso es lo que hemos pretendido, señorías, con la presentación de estas 20 enmiendas: mejorar y enriquecer el texto en lo posible, sin pensar en nada que no sean los ciudadanos y ciudadanas de Baleares y en un documento tan importante para los ciudadanos y ciudadanas de Baleares como es es su próximo Estatuto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Para la defensa de la enmienda de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bonet.


El señor BONET I REVÉS: (El senador Bonet i Revés inicia su intervención en catalán.)

Como ustedes saben, y ya ha dicho nuestro portavoz, el senador Aleu, la composición del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés explica por qué hemos presentado 47 enmiendas en el trámite del Senado. Tanto Esquerra como Iniciativa Per Catalunya-Verds, Esquerra Unida i Alternativa tienen sus referentes en Baleares, que han quedado fuera del pacto, y por ello presentamos con naturalidad y legitimidad aquello que una parte de la sociedad de las illes, si bien no mayoritaria, plantea.


En Entesa somos conscientes de que estamos ante el final de un proceso en el que todo está ya dicho, todo el mundo ya se ha pronunciado, y ya no puede prosperar ninguna enmienda; y por ello hemos retirado todas las que habíamos presentado, excepto una, motivo por el que me atrevo a pedir la indulgencia del señor presidente si me excediera en algo del tiempo asignado.


Queremos que el hecho de retirar todas nuestras enmiendas, excepto una, se interprete en el sentido de que, al aprobarse este Estatuto, todos los grupos que configuran Entesa cerrarán filas en su defensa. La enmienda que hemos mantenido es la que se refiere al deber de los ciudadanos de las islas Baleares de conocer las dos lenguas oficiales, y dice exactamente lo siguiente: «Todas las personas tienen el derecho de utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de las Illes Balears tienen el deber y el derecho de conocerlas».


Ciudadanía es un concepto que significa, sobre todo, ser sujeto de derechos y deberes por igual, y nuestra enmienda plantea pura y llanamente la igualdad jurídica, es decir, ciudadana, de las dos lenguas oficiales. No hay nada perverso ni malévolo detrás de ello; hay sólo una atenta lectura de la Constitución.


Porque, señorías, ¿qué dice la Constitución sobre las lenguas? En el párrafo cuarto del Preámbulo se proclama la voluntad de proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de sus lenguas. ¿Qué cabe deducir de ello? Pues que no hay una lengua española común, sino que los españoles tienen lenguas diversas, interpretación ésta claramente confirmada en el artículo 3 de la Constitución que dice así: 1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas también serán oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.


Es decir, hay una lengua española oficial en todo el Estado, que es la castellana, y conlleva para todos los españoles el deber de conocerla.
Pues bien, señorías, el segundo punto asegura que las otras lenguas españolas también serán oficiales en las respectivas comunidades autónomas si así lo recogen los estatutos. Así pues, es un ejercicio de pura lógica deducir que el concepto de oficialidad del que resultaba el deber de conocer la lengua para todos los ciudadanos españoles no puede rebajarse ante otra lengua, también española, a la que se declara oficial en un territorio. Si los españoles somos iguales ante la ley, las lenguas españolas también deben serlo en sus ámbitos de actuación. Pero algo tan racional como esto escandaliza, y nosotros nos preguntamos por qué. En mi opinión, en el fondo nadie se cree del todo que no haya un ranking de españolidad en las lenguas españolas. Seguramente -pero esto no lo dice la Constitución- se da por sentado que hay una lengua española más española, que es la castellana, y otras, también españolas, pero no mucho, que son el catalán-valenciano-balear, siguiendo el Alcover-Moll, el gallego o el eusekera.


Así que en el fondo esta enmienda es de un radical y profundo españolismo.


Azaña lo decía en su discurso del 22 de octubre de 1931 sobre el uso de las lenguas en el proyecto de Constitución de la República: La cultura castellana y la cultura catalana son la cultura española, y cada una de ellas forma su parte alícuota en la cultura de mi patria. Esto decía Azaña. (Rumores.) Pero lo que Azaña tenía tan claro...


El señor PRESIDENTE: Señorías, apenas se oye al senador Bonet. Pido silencio, por favor.


Siga, señoría.


El señor BONET I REVÉS: Muchas gracias, señor presidente.


Pero lo que Azaña tenía tan claro parece que aún no lo tiene la sociedad española en general.


Se dice que la política es pedagogía, pero de momento parece que brilla por su ausencia, y más aún si nos remitimos al bochornoso espectáculo ante una pregunta esta mañana. Hay un to be or no to be de la España plural. Es la resolución de este dilema. ¿Son todas las lenguas españolas iguales en derechos? Si analizáramos la legislación comparada -Suiza, Bélgica, Canadá o Paraguay-, veríamos que los juristas y políticos de dichos países no se explicarían como aún hay enmiendas como la presente, y más aún que se rechazara.


La prueba del algodón es preguntarse si se puede representar a España expresándose en una lengua española diferente a la castellana. ¿Cuándo habrá, por ejemplo, un cantante que represente a España en Eurovisión cantando en catalán, euskera o gallego? Franco prohibió a Serrat cantar en catalán en Eurovisión, pero no veo claro si la

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actual democracia española lo hubiera estimulado. En definitiva, la democracia española, la España plural, tendría que tener como factor intrínseco la igualdad de consideración jurídica para todas sus lenguas.
Pero de momento esto queda aún pendiente.


Ya termino, señor presidente. En cualquier caso, deseamos de todo corazón que el Estatuto que hoy se aprobará signifique identidad, aporte prosperidad y un futuro para el pueblo de las Illes Balears.


Moltes gràcies.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Turno en contra. (Pausa.)

Tiene la palabra el senador Gutiérrez.


El señor GUTIÉRREZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Doy la bienvenida a la delegación de las Islas Baleares. También quiero dar una especial bienvenida a aquellos representantes de la Casa de Baleares en Madrid, que se encuentran presentes en la sala, encabezados por su presidente.


Señor Presidente del Gobierno, señorías, estamos en el debate más técnico, aquel en el que vamos a discutir brevemente, por lo que llevamos debatido a lo largo de la tarde, las enmiendas, y quiero expresar un doble agradecimiento desde el inicio: en primer lugar, agradecer el talante, la prudencia y la mesura con que se ha tramitado por todos los grupos parlamentarios, tanto del Congreso de los Diputados como del Senado, este proyecto de reforma del Estatuto de las Islas Baleares. En segundo lugar, quiero agradecer al Grupo de Entesa Catalana de Progrés que haya renunciada a casi 39 enmiendas que mantenía vivas hasta este acto. Y se lo quiero agradecer porque algunas eran muy importantes y entraban directamente en lo que podría representar la línea de flotación de la filosofía del Estatuto de Autonomía. Algunas de ellas hacían referencia a los derechos y obligaciones, contenidos en los artículos 13 a 29 del Estatuto de Autonomía, y que de alguna manera fueron concretados, incluso admitidos en muchas enmiendas, en el Congreso de los Diputados. Habían quedado algunos flecos que para nosotros eran muy importantes porque significaban precisamente el reconocimiento de derechos y obligaciones, que son nada más y nada menos que los principios rectores de la convivencia entre los ciudadanos de las Islas Baleares, algo distinto de lo que pueden representar en el Estatuto de Cataluña, pero que afectaban a puntos esenciales, como la confusión que se podría provocar sobre el reconocimiento del derecho a morir dignamente, entrando en juego el derecho a la eutanasia, prohibido por la Constitución. Se hablaba también de la educación laica y privada, respecto a lo que, créanme, pienso que es mucho más importante obtener una educación de calidad y que el acceso de todos los ciudadanos a ella se haga desde la igualdad. Finalmente, había una referencia a la memoria histórica, pero no creo que sea lo más oportuno incluir esta cuestión en el Estatuto de las Baleares.


Agradezco que se haya renunciado a las enmiendas relativas a la financiación, cuestión sobre la que no hay mimetismo con el Estatuto catalán. La financiación que se regula en este Estatuto parte, a mi modo de ver, de dos postulados: por una parte, de las especificidades propias que consisten en el hecho insular, que ha de ser tratado adecuadamente.
Este hecho insular provoca en las Islas Baleares muchas diferencias económicas con el resto de los ciudadanos lo que, a mi modo de ver, se trató de una forma bastante superficial en la Ley de Régimen Especial de las Illes Balears, de 1998. Ahora sí se comprometen en este Estatuto de autonomía a hacer una nueva ley de régimen balear y, mientras tanto, por el déficit de las infraestructuras, podrá haber una financiación sobrevenida, que alcanzará más o menos los 2.500 millones de euros.


Este es el tratamiento propio en el ámbito de la financiación de la especificidad de las Islas Baleares, cuestión en la que sí se produce una bilateralidad. Pero fuera de esa bilateralidad, por asuntos propios de las Islas Baleares, jugamos con la multilateralidad en todos aquellos asuntos que afectan al conjunto del Estado español, que deben ser regulados y marcadas las reglas del juego en lo que representa la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.


También agradezco la renuncia a la enmienda sobre la Policía. Nosotros estimamos que la Policía podrá existir en el ámbito de las Islas Baleares, pero coexistiendo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


Sucede lo mismo con respecto a la rebaja del 5 al 3 por ciento en la ley electoral. Este es un tema muy importante, sobre el que se debe alcanzar un amplio grado de consenso. No se puede debatir al hilo de un texto estatutario y de una simple enmienda.


Y especialmente les quiero agradecer que hayan renunciado a las enmiendas números 31 y 21. La primera habla de la nación catalana insertada en el contexto del texto de Baleares, y la segunda, de los países catalanes, insertada en el Preámbulo. No estamos de acuerdo con ello; consideramos que tanto lo uno como lo otro es insconstitucional y, por tanto, es bueno que se retire, es bueno que no entre en el debate estatutario.


Pero, señorías, hablemos de las enmiendas que quedan vivas, las cuales se dividen básicamente en dos apartados: las del Grupo Parlamentario Mixto y la relativa a la lengua, de Entesa Catalana de Progrés. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio. Es imposible oír al senador.


Puede continuar, señoría.


El señor GUTIÉRREZ GONZÁLEZ: Dejemos la enmienda número 1, de Izquierda Unida, sobre la lengua, para tratarla conjuntamente con la de Entesa Catalana de Progrés, y centrémonos ahora en las relativas a las competencias.


Señorías, el bloque de competencias supone un plus de autogobierno en la Comunidad Autónoma de las Islas

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Baleares y fue discutido en profundidad en el Congreso de los Diputados.
Hubiera sido bueno, como decía el portavoz socialista, que lo hubiéramos discutido en el Senado, como Cámara territorial que es, pero se ha hecho allí, y de alguna manera ya se ha cerrado el conjunto de competencias que supone ese plus de autogobierno en la Comunidad Autónoma de Baleares, fundamentado en dos cuestiones: la primera, que no seguimos el modelo catalán, que no existe mimetismo, que no entramos en el juego del blindaje, y la segunda, que somos particularmente exquisitos en una combinación y equilibrio entre la Administración general del Estado y la Administración autonómica, sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como viene a indicarnos la doctrina correspondiente al recurso de inconstitucionalidad, fallado en 1981 por el Tribunal Constitucional en relación a la llamada LOAPA, como todos ustedes conocen. Y este es el planteamiento general sobre ambas administraciones, desde ese equilibrio exquisito.


En cuanto a aeropuertos y puertos de interés general o cualquier otra cuestión relativa al transporte, hemos llegado a una conveniencia sobre la participación de la comunidad autónoma. ¿Podríamos haber ido más allá?, No lo sé; quizá pudiera haber sido conveniente; pero, en todo caso, si vamos más allá lo haremos con el conjunto del Estado español, tras una negociación multilateral sobre lo que puede suceder en todas las comunidades autónomas.


No iremos más allá, pero tampoco irán más allá otros; iremos, repito, con el conjunto del Estado español.


En cuanto a los temas relativos a la política de empleo, hay que tener especial cuidado, porque esta política entronca básicamente con la economía del Estado, con esa búsqueda del bienestar y, en consecuencia, habrá que tener algún resorte desde el Estado que pueda ordenar el empleo como factor fundamental del desarrollo económico de éste.


Lo mismo puede suceder en Sanidad, que parece que sea un compartimento estanco que pudiera transferirse; y nada más ajeno a la realidad. Existe la Ley de cohesión de la salud, dictada desde el Estado, porque es muy importante que el Estado tenga algún tipo de competencias que pueda conjuntar todo el Estado español en el aspecto sanitario, en el acceso a la salud, porque nos podemos estar jugando derechos fundamentales del ciudadano español, y, al amparo del artículo 14, en ningún caso puede surgir discriminación en una comunidad autónoma o en otra. Por tanto, es importante que el Estado se reserve de algún modo alguna competencia, y no la pura y mera exclusividad, como se reclama en alguna enmienda, de la Sanidad, o de la Educación, de lo que podemos decir lo mismo, en el contexto de las autonomías.


Podríamos ir más allá o más acá con respecto a la protección civil, pero no creo que sea este el momento de discutirlo, porque precisamente a veces hemos puesto en entredicho a la eficacia del conjunto del Estado español, a lo mejor por existir demasiadas competencias transferidas en esta materia, ante algún tipo de tragedia o catástrofe.


Y lo mismo sucede en el plano de la ordenación económica. La ordenación económica del país es fundamental, primero, para la búsqueda del bienestar social, del bienestar de los ciudadanos, pero también como instrumento básico de redistribución y de solidaridad entre todos los ciudadanos españoles. Y eso es lo que nosotros proclamamos. Lo que no entiendo es cómo ustedes precisamente proclaman la exclusividad de la ordenación económica en el ámbito de la comunidad autónoma, olvidándose de que es el instrumento fundamental para la solidaridad del conjunto de autonomías en el ámbito español.


Estas son las razones por las que mi grupo no va a aceptar ninguna de las enmiendas que, repito, están cerradas en el contexto de lo que son las competencias, que suponen este plus de autogobierno en la comunidad autónoma.


En cuanto al tema de la lengua, quiero ser preciso y, si puedo, exquisito en el trato. Yo quiero partir de la situación actual de Baleares -algo ya ha dicho el senador Seguí- y de tres razones por las cuales no vamos a admitir esas enmiendas, que podemos concluir que se refieren a la necesidad de introducir, el derecho y el deber del conocimiento de la lengua. Ese es, básicamente, el contenido de la enmienda tanto de Izquierda Unida, como la de Entesa. Pues bien, la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares es bilingüe; tiene una convivencia pacífica en materia de idiomas y de lenguas; tiene sus peculiaridades propias y no hay ningún conflicto entre los ciudadanos en una lengua o en otra -algo ha dicho también el portavoz socialista-. Este es el planteamiento general.


A mi modo de ver, tres son las razones por las cuales se pueden rechazar esas enmiendas. Primero, el conseguir este estatus de normalidad, plasmado en la norma jurídica, se hace sobre la base de un importante acuerdo de la mayoría, por no decir casi la unanimidad, de las fuerzas políticas en el año 1983, después desarrollado a través de la Ley de Política Lingüística, etcétera. Pero es ese importante acuerdo de 1983 el que fundamenta mantener este importante acuerdo en el año 2007. Por lo tanto, no queremos, no podemos y además, no sentimos la necesidad de romper ese acuerdo.


En segundo lugar, hablamos de un problema conceptual. Las dos lenguas y sus peculiaridades jurídicas -ustedes en alguna enmienda decían que en las enseñanzas del catalán se debía prescindir de las peculiaridades lingüísticas- para nosotros supone, como se ha dicho en el Congreso de los Diputados, una riqueza cultural que tenemos que proteger, que tenemos que salvaguardar y que tenemos que potenciar, sobre todo de cara a las futuras generaciones. Y lo tenemos que hacer en el ámbito de la libertad, porque la lengua es un instrumento de comunicación en libertad, con la libertad fundamental de elección del uso de la lengua; y por encima de la libertad, nada: ni imposiciones ni

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obligaciones ni cualquier otra circunstancia. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Y la Administración tiene la obligación de garantizar esa libertad en el uso de la lengua, y si no la garantiza iremos estrepitosamente al fracaso de forma absolutamente inmediata.


En tercer lugar, hay que decir que desde mi punto de vista el marco normativo no admite lo que se pretende. Creemos pura y simplemente que es inconstitucional. Habrá un momento en el cual el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse a este respecto. Nosotros así lo creemos, porque es fácil la lectura literal del texto constitucional, pero al texto constitucional -yo se lo decía en comisión- hay que acudir desde la perspectiva del debate constitucional de 1977 y 1978 en nuestro país, en la transición. Hay que acudir al Diario de Sesiones. Hay que saber lo que se estaba diciendo en ese momento, para interpretarlo. Y al hilo de lo que se decía en ese momento, que era el espíritu constitucional, ahí están las sentencias del Tribunal Constitucional. Este compendio impide -como se ha dicho también en el Congreso de los Diputados- admitir el derecho y el deber en ambas lenguas, sino el derecho al uso del catalán, el gallego, el euskera o el valenciano. Por lo tanto, desde el punto de vista de la inconstitucionalidad, nosotros tampoco vamos a admitir lo que puede suponer la enmienda en relación con el deber.


En cuanto a la enmienda sobre los municipios, de Izquierda Unida, en el artículo 75 del Estatuto que hoy queremos aprobar queda perfectamente claro el municipalismo en el contexto del Estatuto de Autonomía, incluso con la posibilidad de hacer una ley de capitalidad, que ya la hay, con respecto a Palma de Mallorca. No vayamos a la configuración de asambleas de municipios, porque hay otras instituciones que, efectivamente, pueden abordar este tema.


Concluyo, señor presidente, advirtiendo que nuestro grupo no va a apoyar las enmiendas, y con un ruego encarecido, que también hice en comisión, como también se hizo en el Congreso de los Diputados. Yo sé que ustedes, como Izquierda Unida, partían del voto negativo a este Estatuto. Yo sé que se trabajó de forma bastante importante en el Congreso de los Diputados, y ustedes dieron un paso adelante, lo que agradecemos, como fue no votar en contra, sino plantearse la abstención. Pero yo creo que pueden llegar a votar favorablemente, porque lo que constituye este Estatuto es la normalidad que existe en las Islas Baleares. No alteremos la normalidad con estas enmiendas, que pueden provocar una ruptura en este consenso de más del 90 por ciento. Repito que creo que ustedes pueden llegar a votarlo a favor. Yo se lo agradeceré como senador, como representante de mi grupo parlamentario, pero también se lo voy a agradecer como ciudadano de las Baleares, como representante de los ciudadanos baleares, porque creo que el sentir de las Baleares es el poder llegar a la unanimidad, a pesar de que ya sabemos que a lo mejor no recogemos ningún voto en contra. Pero si el consenso es unánime, será mucho más importante. Por tanto, le reitero que agradeceré el voto favorable.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Pérez Sáenz.


El señor PÉREZ SÁENZ: Gracias, señor presidente.


Intentaré no agotar el tiempo para cosechar los mejores aplausos. He saludado antes a la representación balear, y ahora saludo con satisfacción al presidente del Gobierno de España.


He tenido otra satisfacción. El señor Bonet ha dicho que la política también es pedagogía. El problema es que esa satisfacción se ha visto incomprendida. Y es que después de buscar la comprensión del señor Cuenca Cañizares, explicándole el significado del proceso de los estatutos en el Senado, que verdaderamente todos quisiéramos que fuera de primera lectura en el Senado, pero para eso hace falta modificar la Constitución, yo esperaba de él, al menos, que seguro que lo comprende y lo sabe, que mirara hacia los escaños y pudiera haber incluso algún tipo de reproche para aquellos que no están en situación, al parecer, de abordar esa reforma constitucional que haga del Senado esa Cámara de primera lectura para debatir los estatutos.


Estamos en el turno de enmiendas, y quisiera transmitir desde el primer momento algo fundamental. Son 67 enmiendas, y los grupos enmendantes son el Grupo Parlamentario Mixto, fundamentalmente Izquierda Unida, y también Entesa, especialmente Ezquerra Republicana. Un aspecto importante, ahora que se discute mucho sobre el modelo de Estado autonómico y sobre la reforma de los estatutos, es que ninguna enmienda va a menos, lo que se quiere con todas ellas es más autogobierno, más identidad, más derechos; pero ninguna de las enmiendas presentadas tanto en esta Cámara como en el Congreso de los Diputados ha tratado de desmerecer o recortar alguna de las atribuciones que había explicitado el Parlamento balear.


Segunda apreciación. Se ha dicho que no se ha llegado al consenso total.
Pues bien, los grupos parlamentarios del Senado nos podemos mover cuando las enmiendas conllevan alguna diferencia, algún argumento o alguna justificación. Yo no les voy a decir que son poco originales al presentar las mismas enmiendas en el Congreso que en el Senado; me parece muy bien que lo hagan así y que así lo justifiquen. Ahora bien, si no hay ninguna causa nueva para movernos, para llegar a un acuerdo, ya saben que nuestras justificaciones las hemos defendido en el Congreso.


En tercer lugar, y con esto doy por terminada mi intervención, quisiera hacer hincapié en lo que no se ha enmendado. No me interesan las enmiendas que se han presentado, y no quiero que consideren lo que digo como

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una falta de respeto; lo que me interesa es lo que no se ha enmendado, porque eso sí puede ser una lección pedagógica para el pueblo español sobre lo que ha ocurrido en la reforma de los estatutos.


No se ha presentado ninguna enmienda al Preámbulo ni al Título I de este Estatuto, cuando se habla de nacionalidad histórica; no ha habido chistes ni ningún comentario, como sí los hubo respecto de otras consideraciones, como, por ejemplo, la de realidad nacional. Tampoco se ha presentado ninguna enmienda al artículo 12 del Estatuto, cuando se habla de nacionalidad común de las islas. Me hubiera gustado ver qué hubiera ocurrido si en otros estatutos se hubiera hecho mención a esa nacionalidad común.


Tampoco se ha presentado ninguna enmienda en negativo sobre los derechos y deberes; nadie se ha reído del afán de buscar la Constitución en los estatutos o que la regulación de los derechos y deberes conlleve una carencia o limitación de la libertad.


No se ha presentado ninguna enmienda ni se ha discutido en absoluto una modificación institucional tan importante como la habida en los consejos insulares.


Alguien ha hablado textualmente de la independencia de Formentera respecto a Ibiza, y esa secesión no ha llamado en absoluto la atención de nadie.


Nadie ha protestado tampoco, ni se ha enmendado ningún apartado de la financiación, pese a que se incluía una cláusula de esfuerzo fiscal que es considerada respecto de otros estatutos un límite a la solidaridad -artículo 123-.


Lo mismo ocurre en cuanto a la Comisión Mixta de Economía, -artículo 125-, cuando se establece claramente el principio de bilateralidad, tan discutido, la Agencia Tributaria, o la ventanilla única alternativa, cuyo texto es exactamente igual al del artículo 204 del Estatuto de Autonomía catalán.


E igual pasa con los siete años en cuanto a las inversiones especiales -disposición transitoria novena-. En este caso al parecer Baleares no quita dinero a ninguna comunidad autónoma. El señor Piqué decía: Esto es tan inverosímil, que nunca va a llegar a cien. Por lo visto ustedes ya se han convencido de que este tipo de cláusulas pueden ser también igual a cien.


Finalmente, el régimen especial de las islas, recogido en la disposición adicional sexta, establece que las Islas Baleares se van a dotar de un instrumento financiero independiente del sistema autonómico general. Esto es lo que dice, y aquí no ha habido ninguna enmienda, no ha habido ninguna protesta y todos están de acuerdo. Ya saben ustedes que he hablado antes de que hay que tener alma, no solamente apoyo, para votar los estatutos de autonomía. No quisiera apelar a la grosería, sobre todo en el futuro, como algunas veces se ha hecho, porque seguro que ustedes dentro de unos cuantos años, van a defender este y todos los demás estatutos, el desarrollo del Estado autonómico y las reformas realizadas ahora como un éxito global de todas las comunidades autónomas y de España. No se lo quiero reprochar. Lo que sí les pido, por favor, es que, además de contar hoy con los votos del grupo Popular en el Senado, también podemos contar con los del Grupo Parlamentario Mixto y los del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, especialmente los de Esquerra Republicana, y que, además de votar afirmativamente los estatutos seamos capaces de defenderlos ante los ciudadanos y tengamos el orgullo suficiente, la capacidad y el coraje de que lo que votemos nos lo podamos creer y defenderlo ante los ciudadanos. Lo que esperan los ciudadanos es que el alma de la que hablaba en la anterior intervención se la podamos trasladar a ellos y decirles que verdaderamente esto les mejora la vida, y si se lo decimos todos y nos lo creemos no se tendrán que apartar ni pasar de las reformas autonómicas ni tan siquiera de los procesos autonómicos. El futuro, de verdad -y no es ningún reproche-, es que me gustaría que todos pudiéramos participar del éxito, porque eso será la garantía del éxito. Si el Partido Popular, en vez de ir arrastrado a las reformas, es capaz de defenderlas al principio, en esta Cámara, en la calle, cuando estén los ciudadanos, todos en ese momento, y no solamente las comunidades autónomas que modifican el estatuto, sino España, saldrá fortalecida.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Pasamos a continuación al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Presidente del Gobierno, president del Govern, president del Parlament balear, consellers del Govern balear, presidents dels consells insulars, en primer lugar, en nombre del Bloque Nacionalista Galego, creo que tenemos que felicitarnos por el hecho de que hoy se vaya a someter a su aprobación definitiva el Estatuto de las Illes Balears. Además, existe una razón, para felicitarse, porque hay que tener en cuenta que este Estatuto se va a someter a la aprobación de esta Cámara en un contexto a nivel de Estado, donde uno de los ejes del debate político son las críticas que se formulan al partido del Gobierno y al presidente del Gobierno, aquí presente, por el hecho de haber hecho, valga la redundancia, de los procesos de reforma estatutaria una de las grandes cuestiones de la legislatura. Según los que formulan esta crítica, la reforma de los estatutos no tenía nada que ver con las preocupaciones y con los intereses de la gente. Creo que hay que felicitarse por el hecho de que, en una comunidad como la balear, en la que gobierna el Partido Popular, en una comunidad como la balear, en la que el Partido Popular es mayoritario, no hayan compartido esta crítica y hayan llegado a la conclusión contraria de que la reforma del Estatut balear era una de las prioridades, una de las grandes cuestiones de la legislatura sin lugar a dudas, porque concluyeron, como concluyó siempre el Bloque Nacionalista Galego, que perfeccionando y reforzando el

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autogobierno no se estaba haciendo otra cosa que mejorar los instrumentos para mejor servir a los intereses y al bienestar de los ciudadanos. Por eso creemos que sería justo reconocer la importancia que ha tenido en este sentido el Estatut de Cataluña, el tan denostado por algunos Estatuto de Cataluña, para abrir una vía para la mejora, el perfeccionamiento, el reforzamiento y la ampliación del autogobierno en las demás comunidades.


Dicho esto, voy a exponer muy brevemente la posición del Bloque Nacionalista Galego. Sin ánimo de cansar a sus señorías, pero por respeto al Parlamento balear y a la Cámara, es lógico que todas las fuerzas políticas, antes de emitir su voto, expliquen el porqué y las razones que lo fundamentan.


En las reformas de los distintos estatutos, el Bloque Nacionalista Galego siempre ha mantenido una posición de principio: el respeto a las propuestas emanadas de los respectivos parlamentos autonómicos. Solo hemos hecho dos excepciones a este principio que rige el comportamiento del BNG. En el caso del Estatuto valenciano, actuamos como transmisores de las posiciones y opiniones de los que no tenían voz en esta Cámara: el Bloc Nacionalista Valencià. Respecto al Estatuto de Andalucía, cabe decir que no presentamos enmiendas y que manifestamos, tanto en el Congreso como en el Senado, nuestro respeto a la propuesta de reforma emanada del Parlamento andaluz pero, como posición final, optamos por abstenernos porque teníamos razones fundadas para pensar que se pretendía convertir el Estatuto andaluz en un marco del cual no podría moverse el futuro Estatuto gallego; en cualquier caso, ha de entenderse desde nuestro reconocimiento positivo y de avance que para el pueblo andaluz tiene el Estatuto de Andalucía. Esta es la posición que rige, por lo tanto, la postura del Bloque Nacionalista Galego con respecto a las propuestas de reforma estatutaria.


Quiero indicar nuestra simpatía respecto de las enmiendas presentadas por Izquierda Unida y por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, en particular la relativa al idioma. Para el Bloque Nacionalista Galego, el idioma no es una cuestión simplemente individual, sino social; un idioma es una construcción social y desempeña una función social. En comunidades donde el idioma propio está sometido a un proceso de minorización, la apuesta decidida por políticas de discriminación positiva -y no me gusta este término- respecto a ese idioma propio es la mejor manera de asegurar que cumpla plenamente su función como lengua vehicular en la relación social. Pero es que además, los enmendantes ni siquiera proponen políticas de discriminación positiva, solo plantean la igualdad jurídica plena entre el catalán y el castellano. En definitiva, en las Islas Baleares pretenden ofrecer al catalán la misma protección jurídica que recoge la Constitución con respecto al castellano, estableciendo el deber de conocerlo.


Desde nuestro punto de vista, el reconocimiento de todo derecho va siempre acompañado del establecimiento de deberes, y esto también tiene que ver con los derechos individuales; en este caso, con el derecho de opción lingüística. ¿Cómo se asegura el derecho de un ciudadano a ser atendido en su idioma en la Administración, en el aparato judicial, en una notaría o en un registro de la propiedad si no se establece el deber del conocimiento del catalán?

Por lo tanto, compartimos plenamente esta enmienda, así como aquellas que pretenden ampliar el catálogo de derechos del pueblo balear y reforzar el marco competencial propio. Pero, señorías, nosotros somos una fuerza política gallega y no nos corresponde valorar cómo hay que proteger e impulsar el catalán en las Baleares y reforzar el marco competencial. Por eso, aunque simpatizamos con estas enmiendas, anuncio nuestra abstención y, por respeto a las propuestas emanadas del Parlamento balear y al alto consenso alcanzado, anuncio el voto favorable de nuestra formación política a la propuesta de Estatuto.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


¿Grupo de Coalición Canaria? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Casas.


El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señor presidente.


No tenía intención de volver a intervenir -de hecho, en mi primera intervención ya había anunciado mi voto favorable a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés-, pero la intervención realizada en defensa de la enmienda ha motivado el cambio de mi voto y esta segunda intervención. Anuncio ya que vamos a abstenernos, y les voy a explicar el porqué.


El texto que viene del Parlamento balear define el catalán como lengua oficial, y en la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés -concretamente Esquerra Republicana, porque no toda la Entesa va a votar a favor de la enmienda- aparece la misma redacción que en el Estatuto de Cataluña. A mi juicio, las consecuencias jurídicas son las mismas porque el hecho de ser lengua oficial ya comporta el deber y la obligación de conocerla -no sólo el deber sino también la obligación-, pero de la intervención del señor Bonet se desprende cierta desconfianza por cómo gestiona la cuestión lingüística el Gobierno balear. Cuando ha hablado de Eurovisión, de Serrat y de Franco, que no tienen nada que ver con este debate, he notado cierta desconfianza ante la gestión llevada a cabo en materia lingüística por el Gobierno balear antes y ahora, con el anterior Gobierno y con el actual. Pero el hecho es que tienen una muy buena ley de normalización lingüística. Se ha dicho desde esta tribuna por representantes baleares que la lengua que habrá que proteger era el catalán, y es verdad, porque el catalán -exactamente igual que en Cataluña-, por cuestiones de las antenas parabólicas, de Internet, de la oferta

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audiovisual que hay en muchas otras lenguas, hay que protegerlo y hay que esforzarse más para que sobre todo la gente joven conozca bien la lengua y el idioma catalán.


Esta es una realidad a la que nos lleva el mundo moderno, y para esto los Gobiernos -el balear y el catalán- cuentan con una serie de normativas para defender su lengua; el balear las tiene y colabora en el Instituto Ramon Llull y en muchas otras cosas. Hay que confiar más -vista la intervención del señor Bonet- en las ganas demostradas y en la política decidida del Gobierno balear para proteger la lengua catalana. Insisto en que de la intervención del señor Bonet se desprende una desconfianza hacia el Gobierno, y yo no voy a seguir este discurso que, en cierta manera, me parece que hace poca pedagogía y que enfrenta a unos con otros. Por ello quiero dar más confianza a lo que veo en el Parlamento balear que al discurso del señor Bonet, porque entiendo que el Gobierno balear está haciendo un buen trabajo.


Hoy estamos en democracia, señor Bonet, con una Constitución y un estatuto de autonomía, aquí y en Baleares, y compararlo con los tiempos de Serrat y la Eurovisión en un debate serio de un estatuto me parece, si me lo permite, una barbaridad. Porque hoy hay unos derechos que los ciudadanos tienen y que antes no tenían, hay unos lugares que amparan los derechos de los ciudadanos -los derechos que les reconocen la Constitución y los estatutos- y que, a su juicio -yo también lo creo en algunas partes-, pueda haber una ofensiva o un ambiente que haga difícil el mantenimiento de la lengua catalana -que es verdad- se resuelve intentando hacer un discurso político constructivo de sumar voluntades. Y en este caso, cuando se hacen esas comparaciones en relación con el Gobierno balear, se está cometiendo una injusticia, porque ha sido un Gobierno que se ha mostrado beligerante en la defensa del catalán con una, insisto, muy buena ley de normalización lingüística y que tradicionalmente en estos temas ha mantenido una relación muy buena con el Gobierno de la Generalitat.


Por tanto, insisto, en que he cambiado el voto y confío más en lo que ha redactado el Parlamento balear -que, por otra parte, creo que jurídicamente tiene las mismas consecuencias-. Yo decía en mi primera intervención que el gran activo que tiene España es su diversidad y que, a veces, la política convierte este activo en un pasivo. Su discurso de hoy va en la dirección de convertirlo en un pasivo, y el mío es constructivo. Por esa razón voy a dar mi confianza al Estatuto que viene del Parlamento balear.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.


Quiero iniciar mi intervención dándole la bienvenida, señor presidente del Gobierno, dado que en mi primera intervención no he tenido ocasión de hacerlo puesto que se ha incorporado a lo largo de este debate.


Dicho esto, sí quisiera hacer referencia al debate de las enmiendas que han presentado tanto el Grupo Parlamentario Mixto, a través del senador Cuenca Cañizares como representante de Izquierda Unida, como la Entesa, con la cual tiene enmiendas coincidentes, lógicamente, porque dentro de Entesa el grupo Iniciativa per Catalunya-Verds coincide en sus posicionamiento con Izquierda Unida.


Lógicamente, senador Pérez Sáenz, las enmiendas van a más, ninguna de ellas va a menos, y eso es normal cuando un grupo parlamentario, incluso representado en el Parlamento balear, como es el caso de Izquierda Unida, tiene otra serie de aspiraciones distintas de las que quedan reflejadas en estos momentos en el nuevo Estatuto de autonomía que vamos a aprobar.
Son totalmente legítimas, y nuestro grupo parlamentario las entiende perfectamente; sin embargo, no las vamos a votar a favor pero sí nos vamos a abstener, porque entenderá también que, como nacionalistas, siempre aspiremos a mayores cotas de autogobierno y siempre aspiremos a más. Por tanto, nos parecen totalmente legítimos los planteamientos expuestos tanto por la Entesa como por Izquierda Unida, y vamos a abstenernos en esas enmiendas por respetar íntegramente el Estatuto de autonomía que hoy, tras este debate, va a aprobarse definitivamente.


Senador Gutiérrez, en la pasada reunión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas también debatimos, desde opciones totalmente legítimas, cómo vive y cómo entiende cada uno determinadas cuestiones y determinados conceptos como, por ejemplo, el relativo al derecho y el deber con respecto a una lengua que tiene el mismo rango de oficialidad que el castellano. Este es el caso de las Illes Balears, cuyo Estatuto de autonomía reconoce como lengua oficial, además del castellano, al catalán. Por tanto, como bien decía el senador Jorquera, tienen que estar en igualdad jurídica a todos los efectos. Como le decía el otro día, si yo, como ciudadana de las Illes Balears, tengo derecho a expresarme en catalán, también ha de existir el deber de las administraciones o de los ámbitos de poder de establecer los mecanismos que garanticen mi derecho a emplear esa lengua. En ese sentido, tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas tendremos que articular en su momento los mecanismos que posibiliten este deber.


Me gustaría hacer una alusión a los comentarios realizados en esta tribuna por el senador Pérez Sáenz. No tengo nada contra él, aunque últimamente nos vemos abocados a la discrepancia. Usted decía que hoy es también un día para el debate. Pues bien, en el debate del Estatuto de Andalucía, como portavoz de mi grupo, yo decía que, aunque no tocaba debatir ese día, sin embargo quería poner sobre la mesa una serie de reflexiones.
Usted ha hablado de la teoría del melón. Yo le voy a hablar de la teoría de la caja de Pandora, porque la caja de Pandora se abrió cuando los vascos decidimos plantear un nuevo estatuto de autonomía para el País Vasco, y si no recurran a la hemeroteca, porque sonaron truenos, se vieron rayos y soplaron todos los vientos habidos y por haber. Creo que

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en esos momentos se consideraba descabellado que planteáramos un nuevo estatuto de autonomía. Como es lógico, se han ido sumando al carro del proceso estatutario todas las comunidades autónomas progresivamente; unas con más éxito y otras con menos. Pero antes, en mi primera intervención, ya dije que me parecía lógico y coherente que nos encontráramos ante esta situación de reformas estatutarias, porque los nuevos tiempos a ello nos llevan.


Quiero concluir recordando el papel de esta Cámara, que usted decía que debería ser una Cámara de primera lectura. Pero, señorías, no me digan ustedes que esta Cámara, aun siendo Cámara de segunda lectura por definición constitucional, no puede desempeñar otro papel distinto del que viene desempeñando hasta este momento en cuanto a las propuestas de reforma de los estatutos de autonomía, que ninguna es de reforma, sino nuevos estatutos de autonomía.


Por otro lado, también hablaba de la constitucionalidad o no de un estatuto de autonomía, de que no la otorga ningún grupo político ni ningún órgano parlamentario ni el Congreso ni el Senado, sino el órgano establecido para ello, el Tribunal Constitucional, que tendrá que determinarlo en su momento. Por último, también hablaba de la sana envidia, de la doble vara de medir y del portazo que se le dio en su momento al Estatuto vasco, y perdone que vuelva a insistir en ello, senador Pérez Sáenz, y de las puertas que se han abierto para el resto de las propuestas de reforma, unas a unas habitaciones con más vistas y otras a unas habitaciones con menos vistas.


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Concluyo, señor presidente.


Para mí ha sido un honor participar en el debate de este nuevo Estatuto de autonomía para las Islas Baleares. Considero, tal y como he dicho en mi primera intervención, que es el Estatuto de autonomía que quiere Baleares para sí, cuyo desarrollo y ejecución está ahora en manos de las Islas Baleares, de sus ciudadanos y de la estructura institucional de la que se han dotado y de la que los dota este nuevo Estatuto de autonomía.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.


Saludo a las autoridades, a los grupos y a los demás representantes.


Nuestro grupo no tenía intención de intervenir, pero la intervención del señor Casas ha supuesto que hoy, en este debate sobre el Estatuto de las Illes Baleares, surja un enfrentamiento entre dos grupos catalanes, un enfrentamiento estrafalario y gratuito, por un señor que o no ha entendido o no ha escuchado la intervención del señor Bonet.
Afortunadamente, el señor Gutiérrez González, del Grupo Parlamentario Popular, sí ha entendido el valor y la importancia política que tiene que el Grupo Parlamentario de la Entesa retire todas las enmiendas, a excepción de una.


Respecto a esta única enmienda que mantenemos tanto el Grupo de Esquerra Republicana como Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida, señor Casas, se la voy a explicar por la confusión que usted haya podido crear en la Cámara, especialmente en nuestros invitados.


Si usted, a estas alturas, con lo que está cayendo, no entiende que un portavoz de Esquerra Republicana se refiera a las lenguas cooficiales del Estado como a lenguas españolas es que usted no entiende nada. Sigue usted en la política del brochazo en materia lingüística, que es lo que menos le interesa a este país.


El señor Bonet justifica la enmienda que mantenemos viva al considerar que, al igual que la lengua oficial del Estado es una lengua que todo el mundo tiene la obligación, el deber y el derecho de conocer, aquellas otras lenguas cooficiales que forman parte del patrimonio de este Estado gozan también de la obligación, el derecho y el deber de ser comprendidas y conocidas.


Usted ha hecho una intervención horrorosa y conflictiva frente a un grupo que intentaba posicionarse en una actitud lo más constructiva y positiva posible con el Estatuto balear y, lo que es peor, ha traído a colación una actitud en materia lingüística conflictiva, de brochazo gordo, que creíamos que tenía que estar superada, especialmente entre grupos catalanes. Por lo tanto, somos muy críticos con su intervención, muy respetuosos con todo el proceso relativo al Estatuto balear, independientemente de que dos de los tres grupos que formamos parte de la Entesa nos vayamos a abstener en el dictamen y sigamos defendiendo esta enmienda por estar convencidos de que el derecho y el deber de conocer el castellano también obliga al derecho y al deber de conocer el catalán en las Islas Baleares.


Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Lerma.


El señor LERMA BLASCO: Gracias, señor presidente.


(El señor Lerma Blasco inicia su intervención en catalán.)

Intervengo muy brevemente, para manifestar que, a mi entender, este es un magnífico Estatuto. Siempre que tenemos ocasión de discutir alguna reforma estatutaria suele haber diversos grupos que tienden a hablar fundamentalmente de su Estatuto de autonomía y no del que estamos discutiendo aquí, y a mí me gusta referirme a lo que es el tema fundamental de hoy, que es concretamente el Estatuto de las Illes Balears.


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La reforma que vamos a aprobar tiene una gran importancia, y la vamos a aprobar definitivamente, una vez más, en el Senado, aunque no hayamos tenido ocasión de cambiar nada. Es verdad que el Congreso ha introducido modificaciones importantes, pero tampoco han sido cambios más allá de lo que compete para ajustar el interés general por parte de las Cortes Generales porque, ciertamente, los aspectos fundamentales de este Estatuto vienen del Parlamento Balear, que es el encargado fundamental de promover la reforma estatutaria. Así ha sido esta reforma y así han sido los otros tres estatutos. Naturalmente, es voluntad del Gobierno de España aceptar aquello que promueven los parlamentos autonómicos de acuerdo con lo que dice la Constitución y, por lo tanto, con comprensión, recibe siempre este tipo de planteamientos y decide satisfacer las demandas que vienen de las comunidades autónomas con esa voluntad mayoritaria como es la que ha venido en este Estatuto.


A mi entender, este Estatuto contiene dos reformas fundamentales. Son fundamentales, probablemente, las reformas que hacen referencia al cambio cualitativo que expresa que el Estatuto de Autonomía hable de nacionalidad en el caso de Baleares, pero es un cambio que no tiene tanta trascendencia desde el punto de vista jurídico, puesto que competencialmente no le da motivos para diferenciarse respecto a los demás y, por tanto, la identidad propia de Baleares no viene definida por este Estatuto sino, afortunadamente, por cómo son sus ciudadanos y por cómo es su riqueza y su diversidad.


Del mismo modo, hay cambios competenciales que también son importantes, y es evidente que se parecen a todos los que ha habido porque son ni más ni menos que aquellos que integran los títulos correspondientes de la Constitución española; por consiguiente, no es que sean copiados, es que son las mismas competencias que todos los estatutos de autonomía tienen y con un alcance -por mucho que se presuma por unos y otros- muy similar, por no decir el mismo, en casi todos los estatutos que vamos a aprobar y en los que ya hemos aprobado. Por tanto, los estatutos comparten el común denominador de la Constitución española, que es lo que los hace perfectamente aprobables por estas Cámaras y por todos los ciudadanos españoles defienden la Constitución y el interés general.


Pero quiero añadir dos cambios más que contiene el Estatuto de baleares, que son singularidades específicas, y en ese sentido no se parece al resto de los estatutos porque, afortunadamente, los representantes de Baleares han elaborado un Estatuto a la medida de lo que ellos, y no otros, consideran las necesidades de Baleares, y no han mirado de reojo hacia lo que han hecho otras comunidades autónomas.


¿Cuáles son estos cambios, fundamentales desde mi punto de vista? En primer lugar, es evidente que han introducido cambios muy importantes en la arquitectura institucional de las Islas Baleares. Ciertamente, ya había unos consells insulares que eran los gobiernos propios de las islas, pero que no se parecían a las diputaciones provinciales porque eran de elección directa, aunque tuvieran una singularidad específica y es que coincidían con los representantes del Parlamento balear. Esta circunstancia va a cambiar sustancialmente en el nuevo Estatuto. No sé cómo saldrá, pero es una singularidad y un cambio significativo el que ahora se ha introducido. Se ha reforzado el poder de los consells insulares y, naturalmente, tenemos que comprobar cómo va a funcionar. Es probable que haya un acercamiento a las necesidades y a los ciudadanos y un mayor control también sobre la ejecución de las políticas específicas, porque la cercanía de los ciudadanos al consell insular siempre es mayor que la que puedan tener con el Gobierno balear, aunque esta también lo sea.


Habrá que administrar esta singularidad con prudencia, y es de desear que no se produzca ningún conflicto institucional. Pero sí que es cierto que es lo que ellos han deseado y han considerado que era lo mejor para el funcionamiento de las instituciones de Baleares y, por tanto, para sus ciudadanos. Por eso en este caso el Grupo Parlamentario Socialista cree que no le corresponde al Parlamento tocar eso y ha dejado tal y como está la arquitectura institucional.


Otro cambio que se ha perseguido durante mucho tiempo y que ha venido precedido de algunos antecedentes en la legislación es el referido a la financiación. Es evidente que lo que siempre han requerido las fuerzas políticas de Baleares ha sido un régimen especial que recogiera la insularidad, y en este caso está previsto en el Estatuto ese régimen especial que tendrá, además, un instrumento financiero para intentar mejorar la situación financiera de Baleares, y hay que recordar que, aunque en muchas ocasiones se hable de solidaridad o de insolidaridad, al menos durante los últimos diez años el 2,2 por ciento de la población que vienen a suponer los ciudadanos de Baleares, casi ningún año ha llegado a ese porcentaje de financiación territorializada y, por tanto, con esto se trata de reparar una buena parte de la injusticia histórica que se ha cometido durante los últimos años. Es, pues, una singularidad -por lo menos en el Grupo Parlamentario Socialista así lo pensamos- que constituye un factor positivo y repara, como he dicho, una injusticia histórica.


Además, esto servirá, evidentemente, para reforzar las potencialidades de Baleares y su competitividad y, por qué no, para intentar mejorar algo más que la financiación de las instituciones: también mejorar la situación de sus ciudadanos. En este punto, me gusta recordar una cifra que no suele aparecer en los debates: los ciudadanos de Baleares cobran unos miles de euros menos respecto a la media de los trabajadores españoles, y desde el punto de vista del reforzar las instituciones de Baleares también es bueno que los ciudadanos salgan beneficiados; que los emprendedores de Baleares mejoren sus actividades y diversifiquen sus posibilidades económicas, y así mejore la calidad y el nivel de vida de todos los ciudadanos de Baleares. Con ello nos sentiremos gratificados todos los españoles.


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Quiero terminar diciendo que estos dos cambios, fundamentales desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista, avalan que apoyemos el Estatuto, no solamente convencidos de que es un pacto posible, sino también convencidos de que es un buen pacto y, por tanto, el Estatuto de todos los ciudadanos de Baleares o, al menos, de los que podamos representar.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Seguí.


El señor SEGUÍ DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente, señorías.


Señor presidente del Gobierno, tras haberse producido la lamentable muerte de una soldado española en Afganistán, quiero manifestarle, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, nuestro sentimientos de profundo dolor por tan sensible pérdida, nuestro deseo de total recuperación para los heridos y nuestro total apoyo a las Fuerzas Armadas y nuestra solidaridad con ellas en estos momentos difíciles. (Aplausos.)

Señorías, llegamos al final de un proceso largo y difícil pero fructífero, y quiero manifestar en público el deseo de mi grupo de que todos los procesos de reforma estatutaria emprendidos o que vayan a emprenderse sigan la misma senda de acuerdo y constitucionalidad que ha seguido este.
Creo que este deseo podemos compartirlo muchos de nosotros, y sería un camino para que la vertebración del Estado tuviera viabilidad. El proceso que se ha emprendido en Baleares es un proceso de absoluta constitucionalidad, de absoluto respeto a las instituciones y de absoluta voluntad de participación en el proyecto común que es España.


En tercer lugar, quiero destacar -es de ley hacerlo- que el impulso de este proceso estatutario lo ha capitaneado el Gobierno balear, de la mano de ese comité de expertos, un impulso que luego han seguido fielmente el Parlament balear y las Cortes Generales.


En cuarto lugar, quiero hacer algunas precisiones. Los matices son importantes, y son precisamente los matices los que hacen constitucional a este Estatuto y posiblemente inconstitucional a algún otro. Creo que es importante hacer esta matización.


Se ha mencionado también que en el trámite del Senado no se ha cambiado ni una coma, y hay que dejar muy clara esta cuestión. El proceso ha implicado mucha negociación y mucho acuerdo, tanto en el trámite del Parlamento balear como en el del Congreso de los Diputados, de manera que se ha llegado a esta Cámara con un amplio acuerdo sobre el texto. Por tanto, no es que se haya ignorado a esta Cámara o se la haya ninguneado, sino que se ha fortalecido un acuerdo que representa a muchas fuerzas políticas.


Por lo que se refiere a la teoría del melón que el senador Pérez Sáenz quiere inmortalizar, cabe señalar que fue el Gobierno de la nación el que abrió este importante asunto, y lo hizo sin tener una idea clara de lo que quería y sin pretender un gran pacto de Estado; se abrió este melón sin saber qué hacer después, y sus señorías convendrán conmigo en que la participación del Partido Popular en éste y en otros procesos estatutarios ha dado cordura y constitucionalidad a los mismos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La Comunidad Autónoma de las Illes Balears, señorías, conforma hoy una sociedad moderna, próspera y avanzada. Somos un conjunto de cuatro islas que, con esfuerzo e ilusión, han sabido sobrellevar el notable inconveniente de vivir rodeadas de mar por todas partes. Nuestras islas han sido ejemplo histórico de capacidad para adaptarse a las nuevas necesidades y circunstancias. Con nuestras peculiaridades insulares, hemos vivido una historia común, hemos compartido una lengua, hemos reclamado juntos y hemos sobrellevado escollos coincidentes.


Por nuestro carácter pragmático, forjado claramente por el espíritu de ciudadanos insulares, que no se han sorprendido nunca de la llegada de nuevos acontecimientos, hemos decidido emprender esta nueva reforma estatutaria que introduce cambios muy notables. Se ha hablado en esta Cámara de que este es un nuevo Estatuto, pero que no tiene su génesis o su razón de ser en la mera emulación sino en la propia necesidad.


Ante la previsible e inminente aprobación, casi unánime, por este Pleno de la reforma que hoy se somete a su consideración, nuestro sentimiento debe ser de satisfacción, a la vez que de coraje y respeto para emprender el futuro con cordura, con seny y acierto los caminos que este nuevo texto nos marca.


Es cierto que no se ha incorporado al texto todo lo que se ha pretendido, pero tampoco hubiera sido buena tal pretensión. Señorías, el balance importante debe consistir en evaluar si todos han aportado y si todos han cedido porque, ésa y no otra, es la fórmula correcta en democracia: el equilibrio de los contrapesos, que sólo se produce en los acuerdos sanos.


Concluyo ya, señor presidente, agradeciendo en nombre de mi grupo parlamentario el trabajo realizado por todos y deseando larga vida a este Estatuto, que nace del acuerdo mayoritario de las fuerzas políticas.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Finalizado el turno de portavoces, tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Antes que nada, quiero transmitir mi saludo cordial a los representantes de las instituciones de las Islas Baleares, al presidente del Gobierno de Baleares y a todos los representantes de la sociedad balear.


Además, me gustaría expresar mi satisfacción por la aprobación, con un amplio consenso, de esta reforma del

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Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares; e, igualmente, mi felicitación a todos aquellos que desde el inicio del proyecto de reforma hasta el paso por el Parlamento de las Islas Baleares, por el Congreso de los Diputados y el Senado, han cuajado un buen texto, con amplio consenso, que se adapta al mejor espíritu del Estado de las Autonomías, que reconoce el autogobierno, la diversidad y la pluralidad como valores constitutivos del Estado español moderno, que es capaz de crecer a la vez que crecen sus partes y sus ciudadanos ven las instituciones más cercanas.


Hay algún dato singular que quiero resaltar de esta reforma de Estatuto, y es que, a partir de su aprobación, el Estatuto de las islas Baleares va a reconocer de una manera mucho más adecuada a la realidad lo que representa la insularidad y las singularidades que este dato comporta.
Creo especialmente que es una noticia muy positiva el hecho de que Formentera vaya a tener su propia institución de Gobierno, y comprenderán que me alegre también de la existencia de la Conferencia de Presidentes en el ámbito de la autonomía de las Islas Baleares, así como por el hecho de que aquellos aspectos que de manera justa y objetiva afectan a la insularidad y a la financiación de la comunidad autónoma estén recogidos en el Estatuto, y por supuesto, comprometidos en un acuerdo político.


Señorías, pensando en los ciudadanos de las Islas Baleares, pensando en los ciudadanos de España, esta reforma ha ido en la mejor dirección y ha puesto de manifiesto cómo es posible que nuestro país siga avanzando a la vez que somos capaces de incrementar el autogobierno, las competencias, la cercanía de las instituciones a los administrados y el reconocimiento de la identidad, de la plural, rica y singular identidad de las Islas Baleares.


Enhorabuena. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.


Vamos a proceder a la votación de las enmiendas del senador Cuenca Cañizares y del Grupo de la Entesa.


En primer lugar, votamos la enmienda número 1, del senador Cuenca Cañizares.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a favor, uno; en contra, 206; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el resto de las enmiendas del senador Cuenca Cañizares.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 230; a favor, uno; en contra, 216; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 24, del Grupo Parlamentario de la Entesa.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 231; a favor, seis; en contra, 210; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, procedemos a la votación de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 231; a favor, 224; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por el Senado la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears en los términos en que ha sido remitida por el Congreso de los Diputados, que introdujo modificaciones en la propuesta que le envió en su día el Parlamento de las Illes Balears. En consecuencia, esta propuesta de reforma será trasladada al Parlamento de las Illes Balears a efectos de lo dispuesto en el correspondiente Estatuto de Autonomía.


Nos felicitamos todos por este resultado. (Fuertes aplausos con los senadores puestos en pie.)

-- DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES (S.621/000078) (C.D.121/000077).


El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a ver el dictamen de la Comisión de Justicia en relación con el proyecto de ley de sociedades profesionales.


Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la senadora Martínez.


La señora MARTÍNEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.


El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el pasado 28 de noviembre, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas finalizó, tras su ampliación, el día 18 de diciembre del año 2006.


A este proyecto de ley se presentaron 72 enmiendas, distribuidas de la manera siguiente: una del señor Jorquera Caselas; una del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; 38 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; nueve del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y 23 del Grupo Parlamentario Popular.


La ponencia ha estado, integrada por don Félix Ayala Fonte, de Coalición Canaria; don Lluis Badia i Chancho, de Convergència i Unió; don Miguel Bofill Abelló, de Entesa Catalana de Progrés; don Hilario Caballero Moya, del Grupo Parlamentario Socialista; doña Inmaculada de

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España Moya, del Grupo Parlamentario Popular; doña María del Carmen Granado Paniagua, del Grupo Parlamentario Socialista; don Francisco Jesús Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; don Juan Carlos Lagares Flores, del Grupo Parlamentario Popular, y don Joseba Zubia Atxaerandio, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


Se reunió esta ponencia el día 5 del presente mes y si bien estudió las enmiendas presentadas, no emitió formalmente informe.


La comisión se reunió para dictaminar el mismo día 5 y se aprobaron las enmiendas números 20, 37 y 40, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como las números 67 y 68, del Grupo Parlamentario Popular, por lo que la comisión emitió un dictamen en el que se recogía el texto remitido por el Congreso de los Diputados con la incorporación de las enmiendas referidas.


El proyecto de ley de sociedades profesionales, tal y como se somete al debate y votación del Pleno del Senado, consta de 18 artículos, siete disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales, todo ello precedido por un preámbulo.


Han presentado votos particulares al dictamen de la comisión para su debate en esta sesión plenaria el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular.


Es todo cuanto tengo que informar, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


¿Habrá debate de totalidad? (Pausa.)

Pasamos al debate sobre las enmiendas.


Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Ayala.


El señor AYALA FONTE: Gracias, señor presidente.


Mi grupo parlamentario mantiene sólo una enmienda a este proyecto de ley, que globalmente valoramos positivo. A su paso por el Congreso de los Diputados ya se han corregido algunos aspectos de los que adolecía sobre seguridad jurídica, pero todavía quedan pendientes los temas competenciales y los efectos fiscales de las normas de valoración contenidas en el citado proyecto.


A esta cuestión se dirige nuestra única enmienda, que propone una disposición adicional nueva, que trata de no distorsionar la realidad económica y jurídica de las relaciones existentes entre las sociedades profesionales y sus socios en el ámbito fiscal.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Badia.


El señor BADIA I CHANCHO: Gracias, señor presidente.


Voy a referirme en este turno a la defensa de las enmiendas y también al posicionamiento sobre esta ley, cuyo objetivo supone ordenar jurídicamente las actividades profesionales desarrolladas en equipo, es decir, a las organizaciones que ofertan servicios profesionales desde un punto de vista empresarial, y supone un paso más para fijar en el orden legislativo un sistema que permita el desarrollo societario, la relación con los clientes y la consideración de sus derechos, así como, evidentemente, establecer las responsabilidades. En definitiva, estamos ante una norma que, como dice bien su preámbulo, da garantías ordenando un sector que hasta ahora no ha tenido una regulación jurídica concreta.


Nuestro grupo parlamentario ha presentado a este proyecto 38 enmiendas que quieren regular asuntos que van desde el orden competencial hasta la definición del concepto de profesional, sin olvidar los de especial relevancia por referirse a cuestiones que afectan a los socios y al ámbito jurídico-técnico.


Llegamos en comisión a una serie de enmiendas transaccionales con el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, Coalición Canaria y el Grupo Parlamentario Popular. Además, un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista nos ha permitido avanzar en una transaccional que hace referencia a las enmiendas 27 y 14, de nuestro grupo.


De todas formas, me gustaría hacer referencia a algunas de las enmiendas que consideramos importantes y que, desde nuestro punto de vista, si se aprobasen, supondrían una aportación al texto legislativo que estamos debatiendo.


En primer lugar, debo referirme a las enmiendas de orden competencial. El nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña supone la competencia exclusiva sobre el ejercicio de profesiones tituladas y la organización de los colegios profesionales y entendemos que la ley habría de contemplar expresamente este punto de manera específica, por lo que, entre otras, presentamos las enmiendas números 12, 13, 47 y 48. No obstante, entendemos muy grave que se pueda producir una invasión de competencias como la que hace esta ley en este apartado y, desde este punto vista, lamentamos que no se contemple la vigencia a todos los efectos del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña.


El segundo bloque de enmiendas incluye las de orden formal, y se refieren al domicilio social de estas nuevas sociedades profesionales; al tema de la denominación social, expresando muy claramente la actividad que van a desarrollar y, finalmente, a la publicidad de la inscripción en el Registro de Sociedades Profesionales, con especial referencia a lo que supone Internet a la hora de dar transparencia a este registro. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)

Por lo que afecta a los socios, hacemos especial mención a la transmisibilidad de la condición de socios, de la exclusión de socios y la responsabilidad de socios.


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Entendemos que nuestra aportación va en positivo y de alguna manera viene a mejorar el redactado propuesto.


En la enmienda 37, a la disposición adicional sexta, hacemos referencia a las oficinas de farmacia. Creemos que la titularidad y propiedad de las oficinas de farmacia se regulará expresamente por la normativa sanitaria propia aplicable. Entendemos que ésta es una cuestión de clara eficacia y de clara realidad, teniendo en cuenta el Derecho Comparado que afecta a este tipo de establecimientos.


Otra enmienda que también considero muy importante es la número 39, que afecta a los procuradores de los tribunales y en ella hacemos especial referencia a que los procuradores de los tribunales sólo podrán estar habilitados para ejercer su profesión en la demarcación territorial correspondiente a su Colegio Profesional, de acuerdo con su Estatuto General. Entendemos, por tanto, que es una limitación territorial que viene íntimamente ligada al propio Estatuto General de este Colegio de Procuradores y, por tanto, que tiene su importancia.


Y, finalmente, presentamos la enmienda 49, ya que entendemos la necesidad de un periodo de vacatio legis, y proponemos la ampliación a un año, pues de alguna manera entendemos que supone también conocer la situación que se va a producir una vez se apruebe esta ley.


Esperemos que esta ley sea útil al mundo profesional, que sea sobre todo muy útil a los clientes de estas empresas y, en cualquier caso, que lo que hoy discutimos y espero que aprobemos con todas las consecuencias, signifique un avance importante por lo que son los derechos de los profesionales que se van a integrar en estas sociedades, pero sobre todo de los clientes que tendrá.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, para defender sus enmiendas, tiene la palabra el senador Zubia.


El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor presidente.


El proyecto de ley que hoy nos ocupa obedece a una realidad que no puede obviarse; no es sino consecuencia y reflejo del momento actual en el ejercicio de muchas profesiones colegiadas.


Como bien se señala en el inicio mismo del preámbulo del proyecto, la evolución de las actividades profesionales ha dado lugar a que la actuación aislada del profesional se vea sustituida por una labor de equipo que tiene su origen en la creciente complejidad en esas actividades y en las ventajas que derivan de la especialización y división del trabajo. Es por ello que en los últimos tiempos hay una creciente tendencia a organizar el ejercicio de las profesiones colegiadas por medio de sociedades, y lo que el proyecto de ley que debatimos tiene por objeto no es sino posibilitar la aparición de esa nueva clase de profesional colegiado, que es la propia sociedad profesional. Desde esta perspectiva es sin duda un proyecto necesario y como tal lo reconocemos; un proyecto que establece un régimen para las sociedades profesionales, que hasta ahora no existen, con lo que esto tiene de garantía tanto para las sociedades mismas como para los clientes o usuarios de los servicios profesionales.


Debo también reconocer que durante la tramitación en el Congreso de los Diputados se hizo un buen trabajo, y que fruto de él fue la introducción de un importante número de enmiendas de todos los grupos parlamentarios, incluido el nuestro.


Para este trámite en esta Cámara, en el Senado, hemos presentado nueve enmiendas y las nueve siguen estando vivas al día de hoy. Algunas de ellas son de naturaleza, podríamos decir, técnico-jurídica, y no me detendré en ellas a estas alturas del debate, dado que son sobradamente conocidas y la justificación escrita de cada una de ellas es más que suficiente. No hablaré de más por economía procesal, pues soy consciente de que están llamadas a no ser atendidas. Sí me detendré, aunque creo que van a correr idéntica suerte, en las enmiendas números 2, 3, 6, 9 y 10, que son para nosotros particularmente importantes en cuanto a que se refieren a cuestiones competenciales.


Señorías, concretamente, nuestra comunidad autónoma tiene reconocida en el artículo 10.22 de su Estatuto, la competencia exclusiva en colegios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas. Y en ejercicio de esta competencia el Parlamento vasco aprobó hace ya casi 10 años la ley 18/1997, de 21 de noviembre, de profesiones tituladas y colegios y consejos profesionales.


Por contra, la Constitución Española no reconoce expresamente al Estado competencia alguna en esa materia, aunque no puedo ni quiero desconocer que el Tribunal Constitucional tiene sustentado que el Estado posee títulos de intervención que le permiten incidir transversalmente en la regulación de los colegios como el artículo 149.1.18 y el 149.1.30 de la Constitución.


Pero es también doctrina reiterada del mismo Tribunal que esta competencia estatal no puede ir más allá de fijar los principios y reglas básicas a que han de ajustar su organización y competencias esas corporaciones. Me permito remitirles, señorías, por ejemplo, a la sentencia 76/1983, de 5 de agosto.


De acuerdo con este reparto competencial y fruto de esa jurisprudencia constitucional consideramos que el Estado no ostenta competencia alguna para imponer a los colegios profesionales la obligación de trasladar al Ministerio de Justicia información de las inscripciones practicadas en los registros colegiales de sociedades profesionales. Bien al contrario, esa competencia es exclusiva de las comunidades autónomas que sí podrán exigirla a los colegios profesionales de su respectiva comunidad autónoma para su publicación en sus propias web con ese carácter informativo.


Del mismo modo no podemos estar de acuerdo, y no lo estamos, por cuanto por ello entendemos que resulta del todo necesario suprimir la invocación de las competencias exclusivas del Estado en ordenación de los registros e

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instrumentos públicos como título habilitante para el dictado de esta ley.


Como ha declarado también el propio Tribunal Constitucional y de manera reiterada -valga también para todas ellas la sentencia 103/1999, de 3 de junio- lo que el artículo 149.1. 8º de la Constitución reserva al Estado entre otras materias es la ordenación de los registros públicos, pero sólo de los registros públicos de criterio civil. Para el resto de registros el título de intervención dependerá de la materia de que trate ese registro.


En consonancia con ello, el propio Tribunal Constitucional incardinó el Registro Mercantil no al título competencial de ordenación de los registros, es decir, al artículo 149.1. 8º de la Constitución, sino al de legislación mercantil. Veáse para más datos la sentencia 72/1983, fundamento jurídico octavo.


Por ello, y en definitiva, ese título de intervención no puede habilitar la inscripción registral de las sociedades profesionales del Registro Mercantil ni en el registro de sociedades profesionales del colegio profesional correspondiente. Lo que sí es necesario, por el contrario, es completar el amparo competencial del proyecto con la cita de las competencias autonómicas en una de las materias sustantivas sobre las que incide como, precisamente, ésta de colegios profesionales.


Lo que nuestras enmiendas, las antes citadas, números 2, 3, 6, 9 y 10 pretenden, en definitiva, no es otra cosa que plasmar en el proyecto de ley una opción más acorde con la descripción de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas que la que en la actualidad aparece en el texto del proyecto de ley; enmiendas, por otra parte, que tampoco requieren mayor explicación en la medida en que son idénticas y si no similares a las presentadas por los números 12, 13, 26, 47 y 48 por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y que lógicamente recibirán en el momento de la votación también nuestro apoyo.


Terminaría, señor presidente, haciendo un breve apunte porque también quiero dejar constancia de que, conforme reza el artículo 1.2 del proyecto de ley, las sociedades profesionales podrán constituirse con arreglo -y recalco que con arreglo- a cualquiera de las formas societarias previstas en las leyes, de lo que puede y cabe deducirse que en el catálogo posible también se encuentra la forma cooperativa, es decir, que puede optarse por constituir, por ejemplo, una cooperativa de trabajo asociado, pues pese a ello el proyecto de ley me parece que con el texto actual no es precisamente consciente de que el conjunto de normas específicas que impone afecta también, si es el caso, a ese ámbito cooperativo, que es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas.


Lo dejo aquí, simplemente, señor presidente, señorías, como apunte para su reflexión, evidentemente y por las futuras y más que previsibles consecuencias que puede tener.


Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Caballero.


El señor CABALLERO MOYA: Muchas gracias, señor presidente.


Subo a la tribuna para defender el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista por el que solicitamos la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados, modificado por las enmiendas números 20, 37 y 40, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y 67 y 68, del Grupo Parlamentario Popular, que fueron aprobadas en comisión.


Con la enmienda número 20 se modificó el artículo 4.4, que establecía quiénes no podrán ser «socios profesionales», y el dictamen de la Comisión, empleando los mismos términos, define quiénes no podrán ser «socios no profesionales». Con la anterior redacción ya se aseguraba que el ejercicio de la actividad profesional y la gestión estén en manos de quienes no incurran en incompatibilidades, lo que supone bastante garantía.


Al referirse ahora a los «socios no profesionales» se introducen limitaciones en la forma de financiación de la sociedad. Es decir, el proyecto establecía que los socios que hayan sido inhabilitados para el ejercicio de la profesión o en quienes concurran causas de incompatibilidad para ello no pueden ser socios profesionales, lo que no significa que no puedan ser «socios no profesionales». La actual redacción rechaza esta posibilidad considerando que tampoco pueden ser socios no profesionales.


Con las enmiendas números 37, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y 67, del Grupo Parlamentario Popular, se modificó la disposición adicional sexta, incluyendo la propiedad junto a la titularidad de las oficinas de farmacia en la regulación de la normativa sanitaria propia que les sea de aplicación, con lo que se desvirtúa sustancialmente el proyecto incidiendo en cuestiones de derecho privado. El soporte físico de la oficina de farmacia puede tener un título distinto del de propiedad. Por ello la modificación nos parece contraria al espíritu de flexibilidad que inspira el proyecto de ley.


La norma se aplicará a la actividad profesional inherente a las oficinas de farmacia aunque el título administrativo para su desempeño se rija por la legislación especial, que no es uniforme, al ser fundamentalmente autonómica. Es decir, la actual redacción excluye la propiedad de la farmacia del ámbito de aplicación de la Ley de Sociedades Profesionales.
La redacción anterior, que es la que pretendemos, permite que el 25 por ciento del capital de la sociedad profesional sea capital -por así decirlo- no farmacéutico, lo que, a nuestro entender, significa liberalizar el sector.


En virtud de las enmiendas números 40, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y 68, del Grupo Parlamentario Popular, se añadió una nueva disposición adicional sobre el régimen del ejercicio de la actividad profesional por empresarios individuales.


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El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Senador, vaya concluyendo.


El señor CABALLERO MOYA: Me queda medio minuto, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Le sobra medio minuto.
Continúe.


El señor CABALLERO MOYA: Estableciendo que quien ejerza una actividad directamente o a través de profesionales asalariados deberá reunir los requisitos exigidos para el ejercicio de la misma y estar colegiado en el colegio profesional correspondiente. Esto implica que para ostentar la propiedad de determinados establecimientos, por ejemplo una clínica dental, el empresario tendría que estar colegiado y no podría detentar la propiedad de la misma. Cosa diferente es tener que ser dentista para ejercer la profesión. A este respecto, el proyecto de ley tiene por objeto la regulación del ejercicio de actividades profesionales en forma societaria. El requisito de titulación y colegiación de los profesionales ya está protegido por el ordenamiento jurídico.


Nada más, señor presidente, muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora De España para defender las enmiendas números 50 a 65 y 69 a 72.


La señora DE ESPAÑA MOYA: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo al objeto de defender las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular que han quedado vivas después del trámite de Comisión. Así, tenemos la enmienda número 50, al artículo 1, que se mantiene por razones de técnica legislativa. Consideramos que debía eliminarse del texto la expresión social por ser redundante y suprimir igualmente la expresión común, ya que el proyecto permite que además de los socios profesionales ejercientes hasta una cuarta parte del capital social y del número de socios no tengan la consideración de socios profesionales. Por lo tanto, los socios no profesionales no tienen por qué desarrollar actividad alguna.


Con respecto al segundo párrafo, ha sido objeto de una transaccional, así que no voy a hacer referencia al mismo.


En cuanto a la enmienda número 51, al artículo 2, la mantenemos con respecto al segundo párrafo, en el que se persigue una flexibilización de la exigencia de exclusividad del objeto, que se le permita a la sociedad profesional desarrollar su objeto de manera indirecta, como la posibilidad de desarrollar otras actividades no profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una sociedad de arquitectos que pretenda editar libros con resultados de sus estudios y proyectos no podría hacerlo, pues esto no podría ser considerado actividad profesional de la arquitectura.


Con respecto a la enmienda número 52, se corrige el párrafo tercero del artículo 4 del proyecto, ya que consideramos que la persona o personas que formen los órganos de administración tienen que ser únicamente socios profesionales, ya que las peculiaridades de determinadas profesiones sometidas a principios deontológicos, inspirados entre otros en deberes como el secreto profesional y de evitación de conflictos de intereses, así como la libertad e independencia, determinan que sea improcedente la pertenencia a órganos de administración de personas ajenas a la profesión, o sea, de personas no profesionales.


En el apartado quinto proponemos que la sanción al incumplimiento de los requisitos de composición sea la inhabilitación porque nos parece menos rigurosa que la disolución, que es lo que propone el proyecto, y más teniendo en cuenta que los intereses de terceros se podrían ver implicados.


No vamos a entrar en el apartado cuatro porque ha sido modificado en Comisión.


En cuanto a la enmienda número 53, al artículo 6, párrafo tercero, no somos partidarios de la regla general que establece este artículo. Somos partidarios de que las personas que hubieren perdido la condición de socio o sus herederos no puedan exigir la supresión de su nombre de la denominación social. ¿Por qué pensamos esto en contra de lo que dice el proyecto? Porque consideramos que en una sociedad profesional, la denominación social subjetiva puede presentar una gran importancia, pudiendo ser un bien de especial valor y trascendencia para la sociedad.
Esta solución no es innovadora, porque la sigue el reglamento 40/1994, del Consejo, en el que se dice concretamente sobre la marca comunitaria: Se prevé que una vez otorgada la autorización para que una marca esté constituida por un nombre, dicha autorización no podrá ser revocada.


Con respecto al párrafo quinto, nos parece más correcto y claro lo que decimos en nuestra enmienda.


La enmienda número 54, por un error en Comisión, no la aceptaron. Hubo un error en la votación del Grupo Parlamentario Socialista. Simplemente es una enmienda gramatical que pretende sustituir el término algunos por alguno.


La enmienda número 55, al artículo 7, la mantenemos con lo que respecta a la letra d) del apartado segundo, ya que mantenemos que en los órganos de administración, como he dicho antes, solo pueda haber socios profesionales.


Con las enmiendas 56, 57 y 58, formuladas al artículo 8, pretendemos que la materia que se regula en ese artículo, como la inscripción en el Registro Mercantil o en el de sociedades profesionales del colegio correspondiente y todo lo relacionado en el portal de internet, figure en un artículo independiente porque nos parece una mejor sistemática.


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Con la enmienda 59, que es nueva, pretendemos que el artículo recoja lo siguiente. En aquellas actividades sujetas a visado este podrá expedirse a favor de la sociedad profesional. Por un lado, quiero constatar que la práctica colegial del visado puede desarrollarse, también, por encomienda de la legislación social sectorial correspondiente y no solo por la normativa de los estatutos. Por otro lado, cabe señalar que, tratándose de una actividad profesional desarrollada por un socio profesional, debe abrirse la posibilidad de que el visado se expida a nombre de la sociedad, sin perjuicio de que el proyecto correspondiente vaya suscrito por el profesional individual que materialmente lleva a efecto la presentación en que consiste el desarrollo del proyecto y cuya habilitación para la solicitud y expedición del visado ya está sancionada en el orden corporativo interno.


Por lo que respecta a la enmienda número 60, he de decir que la corregimos en el apartado segundo del artículo 11. Nos parece excesivo extender dicha responsabilidad a los profesionales no socios que hayan intervenido bajo la dirección y control de los socios, precisamente. Nosotros queremos que el responsable de la actuación sea, en primer lugar, la sociedad y, posteriormente, los socios intervinientes.


Respecto a la enmienda 61, que corrige el párrafo segundo del artículo 12, consideramos conveniente indicar que la regla de la intrasmisibilidad afecte a los supuestos de liquidación de la sociedad de gananciales.


Respecto a la enmienda 62, que se formula al artículo 14, sistemáticamente nos parece más correcto incluir un precepto que trate de forma general la exclusión de los socios, profesionales o no, y luego expresamente las que podrían afectar a los profesionales.


Pero la concretamos todavía más en la enmienda nueva 63, que afecta, en concreto, al párrafo segundo de este artículo. En él se establece que cuando un socio profesional haya sido inhabilitado podrá seguir siendo socio no profesional si se ha acordado en el contrato social. Pedimos la supresión total del contenido de este artículo que aparece en el proyecto, ya que no parece lógico que una situación de inhabilitación profesional que puede tener su origen en una sanción policial o incluso en un ilícito penal puede determinar solo el cambio de la condición de socio, es decir pasar de ser profesional a no profesional. Esto es la invitación a un fraude a la ley, contrario, por supuesto, a los principios inspiradores del proyecto. Todo esto encaja menos si se le compara con lo que dice en la actualidad el artículo 4, tal y como ha quedado después de su aprobación en comisión. También queda absurdo si lo comparamos con el artículo 9.1 del párrafo segundo del proyecto. La lectura de estos tres artículos resulta incoherente porque produce una extensión a la sociedad de las causas de incompatibilidad o inhabilitación de cualquiera de sus socios, profesionales o no, salvo exclusión del inhabilitado o incompatible en los términos de la presente ley. Que se le excluya al profesional y pueda pasar a ser no profesional, no nos parece en absoluto correcto.


Por lo que respecta a la enmienda 64, formulada al segundo párrafo del artículo 16, nos parece adecuado permitir la transmisión de las participaciones pero simplemente por acuerdo de la mayoría, no como se establece por acuerdo unánime.


Por lo que respecta a la enmienda 65, al ser técnica, nos remitimos al contenido de las justificaciones que constan en nuestra enmienda.


En cuanto a la enmienda 69 a la disposición transitoria primera, tiene por objeto identificar claramente el título del artículo y los hechos que regula este: adaptación e inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil. Y de mayor contenido es el apartado tercero, donde se prevé como sanción la inhabilitación de la sociedad, no la disolución, como se contiene en el proyecto.


En nuestra enmienda 70 a la disposición transitoria segunda se pretende que el Gobierno determine qué colegios profesionales han de proceder a la constitución de registros profesionales para la inscripción en los mismos de las sociedades profesionales, lo que vendría a concretar qué actividades son consideradas como profesionales a efectos de esta ley, evitando así cualquier duda de interpretación al efecto.


Por otro lado, nos parece necesario regular las consecuencias que acarrea para la sociedad profesional ya constituida su no inscripción y eso lo concretamos precisamente en nuestra enmienda 71, que se refiere a la disposición transitoria segunda, añadiendo únicamente un segundo párrafo que trata de regular las consecuencias de la no inscripción de una sociedad ya constituida. Y es que hay que tener en cuenta que una sociedad de futura creación se inscribe de oficio por el propio colegio, según establece el artículo 8.4 del proyecto, a partir simplemente de la comunicación del registrador mercantil, a diferencia de las ya constituidas con anterioridad, cuya inscripción debe operar a instancia de parte no incluyendo mecanismo de sanción a la no inscripción, y precisamente evitando la inscripción se pueden eludir las funciones de control deontológico o disciplinario dado que la misma es presupuesto para ello, y se opta por la inhabilitación para el ejercicio, que cesará con la inscripción.


Por último, la enmienda 72 a la disposición final segunda apartado segundo tiene por objeto que se establezca una regla de coordinación y no de atribución de competencias a favor del Gobierno, que aprueba los estatutos generales de todas las organizaciones colegiales precisamente para evitar contradicciones normativas entre las diferentes propuestas reguladoras de las corporaciones sobre la incompatibilidad entre las distintas profesionales.


Y con esto he terminado. Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora senadora.


Si no hay turno en contra, pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.)

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¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos?

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el senador Bofill.


El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor senador inicia su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones».) Gràcies, president.


Senyores senadores, senyors senadors, bon vespre. Seé breu perquè en la tramitació d«aquesta llei el nostre grup no ha presentat esmenes ja que va ser àmpliament consensuada pels grups que formen l«Entesa Catalana de Progrés al Congrés de Diputats. Es tracta d«una llei moderna que dóna resposta positiva a la realitat de les múltiples societats en què s«emmarca l«activitat de molts professionals col.legiats.»

Seré breve dado que nuestro grupo no ha presentado enmiendas a esta ley, que fue consensuada por los grupos que forman la Entesa Catalana de Progrés en el Congreso de los Diputados.


Se trata de una ley moderna, que da una respuesta positiva a la realidad societaria en el marco de la cual se desarrolla actualmente la actividad de muchos profesionales colegiados y lo hace de manera flexible para que estos profesionales puedan organizarse libremente acogiéndose a cualquiera de los tipos de sociedad regulada por nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido me parece interesante la observación que ha hecho el senador Zubia respecto a las sociedades cooperativas -cogeremos al vuelo la idea-, al tiempo que se garantiza de manera clara el cumplimiento por parte de estas sociedades de la deontología propia del ejercicio de cada profesión (El señor presidente ocupa la Presidencia.) De esta manera también se aseguran los derechos de los usuarios de los servicios de estas sociedades profesionales, que además recurriendo a ellos ven ampliado el número de sujetos responsables en la prestación del servicio.


Dicho esto, es cierto que en el trámite en comisión manifesté mi reserva por lo que se refiere a la salvaguarda del ámbito competencial de las comunidades autónomas y en particular el de Cataluña, que por lo que se refiere a esta ley viene definido por los artículos 125 del Estatuto de Autonomía de Cataluña -que se refiere a las corporaciones de derecho público y profesiones- y el 127, sobre notariado y registros públicos, que recomiendo que se lean bien los encargados del desarrollo normativo de la ley.


En atención a esta preocupación, siempre necesaria en el período de reformas que vivimos, apoyé en comisión algunas enmiendas planteadas por el Grupo de senadores Nacionalistas Vascos y también otras planteadas por Convergència i Unió, que intentaban perfilar el texto desde el punto de vista competencial, sin incidir en su contenido sustancial. La verdad es que llegamos al Pleno sin que ni unas ni otras se hayan abierto camino para dejar de ser meramente testimoniales. Por otro lado, también es cierto, tal y como decían los informes de la propia Consejería de Justicia de la Generalitat de Cataluña cuando se inició el trámite parlamentario del proyecto de ley, que, en el actual marco jurídico, el Estado es competente para legislar en la materia objeto de esta ley, siempre que en su desarrollo normativo se tenga en cuenta lo que dicen los estatutos, particularmente en relación con los colegios profesionales. En este sentido, nos gustaría, como ya dije en comisión, que, tanto los gabinetes ministeriales como los portavoces de los grupos mayoritarios, no se limitaran a citar la doctrina del Tribunal Constitucional, sino que se fijaran en los estatutos reformados que se están aprobando en esta legislatura, como ha sucedido hoy con el Estatuto balear.


Por nuestra parte, aceptamos lo dispuesto en esta ley, sin perjuicio de la normativa autonómica que aprueben aquellas comunidades autónomas con competencia en materia de colegios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, definidas en las leyes orgánicas que son los estatutos de autonomía. Así pues, nuestro grupo apoyará en este Pleno aquellas enmiendas técnicas que mejoran el texto y tienen un consenso similar al que obtuvo el conjunto del dictamen en el Congreso de los Diputados, como son la enmienda número 32 de Convergència i Unió, la número 54 del PP y las tres que hemos transado todos los grupos.


En cuanto al resto de enmiendas, apoyaremos la vuelta al texto del Congreso, con cuyo contenido sustantivo manifestaron ya su acuerdo los grupos que forman la Entesa.


Moltes gràcies, president.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Caballero.


El señor CABALLERO MOYA: Quiero pronunciarme brevemente, señor presidente, respecto a las enmiendas del resto de los grupos parlamentarios.


Votaremos a favor de las enmiendas números 32 del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió y 54 del Grupo Parlamentario Popular. Ya nos manifestamos en este sentido durante la celebración de la comisión correspondiente, aunque por un error no hubo correlación entre nuestra intención y el voto emitido. También hemos ofrecido varias transaccionales, cinco en total, cuatro de ellas al Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y una al Grupo Parlamentario Popular. Además, firmadas por todos los grupos, debe constar a la Mesa de la Cámara una enmienda transaccional relativa a las enmiendas números 27 y 14 de CIU.
Por otra parte, quiero manifestar nuestro rechazo respecto del resto de las enmiendas que permanecen vivas de los distintos grupos parlamentarios.


Durante la celebración de la Comisión de Justicia ya tuve ocasión de referirme a todas y cada una de ellas, explicando pormenorizadamente las razones de nuestra oposición, para que constase en el Diario de Sesiones

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nuestra postura. En ese trámite, unos portavoces defendieron las enmiendas de manera más sucinta o las dieron por defendidas en sus propios términos y este portavoz que les habla se refirió a ellas de manera extensa, por considerar el trámite de comisión el más adecuado para explicar los criterios que motivan nuestro posicionamiento respecto de las mismas. Por lo tanto, me remito a lo que consta en el Diario de Sesiones, esperando que no se interprete el que no desee repetirme como una falta de cortesía o consideración hacia los portavoces que han intervenido, o como una ausencia de explicación de los motivos de nuestro rechazo.


Nada más, señor presidente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora De España.


La señora DE ESPAÑA MOYA: Gracias, señor presidente.


Intervengo al objeto de anunciar que el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor del proyecto, porque nos parece una ley necesaria, una ley en general positiva, que da respuesta a la evolución que han experimentado las actividades profesionales y su formas de agrupación; una ley que introduce garantías de seguridad jurídica para los propios profesionales y para sus clientes o usuarios; una ley que en la anterior legislatura, como reconoció el portavoz del Congreso, estaba siendo estudiada por el Grupo Parlamentario Popular. Además, este proyecto de ley se ha visto perfeccionado en el Senado como Cámara de segunda lectura introduciendo las enmiendas que todavía la han mejorarlo.


Así, se han introducido modificaciones en Comisión por lo que respecta al artículo 4.4 aunque haya presentado votos particulares el Grupo Parlamentario Socialista, en el sentido de que no podrán ser socios profesionales las personas que hayan sido inhabilitadas o en las que concurra causa de incompatibilidad. Consideramos que esto debe quedar, para dar coherencia al proyecto, tal y como se establece en la actualidad, máxime si se compara, como he señalado en la defensa de las enmiendas, con el artículo 9.1. 2º párrafo y 14.2.


Igualmente, consideramos que el texto se ha perfeccionado con la introducción de las enmiendas referidas a las oficinas de farmacia y con la exclusión de la aplicación de la ley a la titularidad y a la propiedad de las oficinas de farmacia, para que haya una coherencia normativa y una seguridad jurídica, y se vean reguladas únicamente por lo que son las leyes sanitarias. Así lo establece la Ley de Sanidad y la más reciente del Medicamento. En su artículo 103.4. la Ley de Sanidad establece: Sólo los farmacéuticos podrán ser propietarios y titulares de las farmacias abiertas al público. No debemos olvidar que las oficinas de farmacia son establecimientos sanitarios.


Se trata de mantener nuestro modelo; un modelo con el que estamos contentos. No queremos un modelo inglés o cualquier otro, estamos contentos con el nuestro y, además, desde el punto de vista normativo, es coherente con lo que establecen las leyes actuales.


Asimismo, por lo que respecta a la aplicación a los empresarios individuales, salvamos una omisión de la ley.


Debemos agradecer la aprobación de la enmienda número 54. Esta enmienda tiene su historia; muchísimas gracias.


También debo agradecer la transaccional que nos ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, aunque no lo hayamos aceptado, aunque sí lo hemos hecho en lo concerniente a las enmiendas número 27 y 14 de Convergencia i Unió.


Por último, debo señalar que pido votación separada de las enmiendas números 52, 54, 60, 63, 64, 65 y 71. Se trata de que con todas nuestras enmiendas el texto se vea perfeccionado para hacer una ley mejor.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Finalizado el debate de este proyecto de ley, vamos a proceder a la votación de las enmiendas del proyecto de ley de sociedades profesionales.


En primer lugar, votamos la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 11; en contra, 201; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Votamos las enmiendas de Convergència i Unió. (El señor Sanz Pérez pide la palabra.)

Tiene la palabra su señoría.


El señor SANZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.


Quiero pedir votación separada de las enmiendas números 39 y 45 en un solo bloque.


El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos las enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. En primer lugar, la enmienda número 32.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 107; en contra, 105; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


A continuación, votamos las enmiendas 12, 13, 26, 38, 47 y 48 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 11; en contra, 201; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 39 y la 45, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 113; en contra, 97; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, con la excepción de la 14 y la 27, que soportan transaccionales.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, nueve; en contra, 201; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. En primer lugar las números, 2, 3, 6, 9 y 10.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 11; en contra, 200; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 5, 7 y 8, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, siete; en contra, 205; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la número 4 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, siete; en contra, 201; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la vuelta al texto del Congreso, en lo modificado por la enmienda número 20 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 101; en contra, 112.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos otra enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de supresión de la disposición adicional segunda bis), nueva, incorporada por las enmiendas 40 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y 68 del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 99; en contra, 114.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 37 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y 67 del Grupo Parlamentario Popular, enmienda del Grupo Socialista.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 99; en contra, 114.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.


En primer lugar, votación de la enmienda número 54.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 207; en contra, cuatro; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votación de las enmiendas números 52, 63, 64, 65 y 71 del Grupo Parlamentario Popular. (La señora De España Moya pide la palabra.)

Tiene la palabra la senadora España.


La señora ESPAÑA MOYA: Señor presidente, mi grupo parlamentario solicita que estas enmiendas se voten por separado de una en una.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo.


En ese caso, vamos a proceder a la votación de la enmienda número 52, del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 113; en contra, 99.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votación de la enmienda número 63, del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 111; en contra, 101.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votación de la enmienda número 64, del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 112; en contra, 100.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votación de la enmienda número 65, del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 113; en contra, 99.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votación de la enmienda número 71, del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 114; en contra, 99.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Señorías, a continuación vamos a votar la enmienda número 60, del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a favor, 109; en contra, 98; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votación de las enmiendas números 50, 53 y 55 a 59, del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 106; en contra, 107.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación de las enmiendas números 69 y 70, del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 106; en contra, 107.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación de las enmiendas números 51, 61, 62 y 72, del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 105; en contra, 104; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


A continuación votamos las propuestas de modificación con números de registro 84.269 y 84.270, que han sido firmadas por todos los grupos parlamentarios. ¿Se pueden entender aprobadas por asentimiento? (Asentimiento.)

Quedan aprobadas.


Votamos el resto del proyecto de ley.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 213.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad, el Rey.


-- DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LA RECTIFICACIÓN REGISTRAL DE LA MENCIÓN RELATIVA AL SEXO DE LAS PERSONAS. (S. 621/000079) (C.D. 121/000089)

El señor PRESIDENTE: Señorías, a continuación pasamos a debatir el dictamen de la Comisión de Justicia en relación con el proyecto de ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.


Para su presentación tiene la palabra la senadora Martínez.


La señora MARTÍNEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Voy a amenizar la salida del hemiciclo con la presentación del dictamen de este proyecto de ley que se somete a la consideración del Pleno y que tuvo entrada en la Cámara el pasado día 18 de noviembre, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


El plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 12 de diciembre de 2006. A este proyecto de ley se han presentado 39 enmiendas distribuidas de la siguiente forma: tres por parte del senador Cuenca Cañizares; ocho por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; cuatro por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; 14 por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, y 10 por el Grupo Parlamentario Popular.


La ponencia ha estado integrada por don Félix Ayala Fonte, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; don Lluís Badia i Chancho, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; don Miguel Bofill Abelló, del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés; don Hilario Caballero Moya, del Grupo Parlamentario Socialista; doña Inmaculada de España Moya, del Grupo Parlamentario Popular; doña María del

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Carmen Granado Paniagua, del Grupo Parlamentario Socialista; don Francisco Jesús Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; don Evaristo Nogueira Pol, del Grupo Parlamentario Popular, y don Joseba Zubia Atxaerandio, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


Dicha ponencia se reunió el día 5 del presente mes de febrero, y si bien estudió las enmiendas presentadas, no emitió informe formalmente. La comisión se reunió para dictaminar ese mismo día 5, y en dicha sesión se aprobaron las enmiendas número 2, del senador Cuenca Cañizares, así como las números 28 y 35 del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, motivo por el cual la comisión emitió un dictamen en el que se recogía el texto remitido por el Congreso de los Diputados con la incorporación de las referidas enmiendas.


El proyecto de ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, tal y como se somete al debate y votación del Pleno del Senado, consta de siete artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria y cinco disposiciones finales precedidos de un preámbulo. Han presentado votos particulares al dictamen de la comisión de cara al debate de esta sesión plenaria el señor Cuenca Cañizares, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés y el Grupo Parlamentario Popular.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


A continuación corresponde pasar al debate de totalidad o, en su defecto, al debate de las enmiendas.


¿Desean su señoría proceder al debate de totalidad? (Pausa.)

En tal caso, pasamos al debate de las enmiendas.


En primer lugar, tiene la palabra el senador Cuenca Cañizares para defender sus enmiendas.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, señor presidente.


Intervengo para dar por defendida la única enmienda que me queda viva, la número 1, y debido a la escasez de tiempo de que dispongo, en el turno de portavoces plantearé a los grupos parlamentarios una propuesta como ya hice en comisión.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


A continuación, pasamos a las enmiendas de Convergència i Unió.


Tiene la palabra el senador Badia.


El señor BADIA I CHANCHO: Gracias, señor presidente.


Sean mis primeras palabras para la dar bienvenida a los colectivos que hoy nos acompañan en el debate de un proyecto de ley que ha de suponer la respuesta a un tema legítimamente planteado por una serie de personas. De alguna manera, el objetivo de la ley, que es la regulación de los requisitos para acceder al cambio de la inscripción relativa al sexo de las personas en el Registro Civil, supone una salida en positivo.


Entendemos que esta es una ley que quiere adecuar nuestro ordenamiento jurídico a lo que han hecho otros países, y lo quiere hacer desde el punto de vista de dar seguridad jurídica a una serie de personas que legítimamente reivindican una situación que desde hace mucho tiempo debíamos tener solucionada. Por lo tanto, aplaudimos la iniciativa de esta ley. Pensamos que puede ser mejorada y espero que a lo largo del debate de esta tarde podamos incidir en ello.


Por lo que se refiere a las enmiendas, esperamos transaccionar las números 19 y 22 de nuestro grupo con el Grupo Parlamentario Socialista. Estamos hablando y espero que a lo largo del debate las podamos cerrar.
Mantenemos viva la enmienda número 20, relativa al procedimiento para llevar a cabo el trámite que se contempla en este proyecto de ley; las enmiendas números 21 y 24, en defensa de la intimidad personal y familiar a la hora de hacer una nueva inscripción registral, la enmienda número 23, en relación con la firmeza del expediente registral y la número 25, que consideramos una disposición transitoria imprescindible, respecto a los trámites iniciados con anterioridad a la aprobación de esta ley.


Para acabar, quiero agradecer el trabajo de todos los colectivos que han hecho aportaciones al debate, que reconocemos expresamente y hemos valorado con la máxima comprensión.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.


Mi grupo mantiene vivas cuatro enmiendas al presente proyecto de ley, todas ellas, son de naturaleza técnica y pretenden, en la medida de lo posible, dotar de mayor seguridad jurídica al texto del proyecto de ley en aras de una mayor y más clara interpretación de sus preceptos.


Tan sólo permítanme dos apuntes respecto de las enmiendas números 6 y 7.
La primera pretende añadir una nueva disposición adicional y la segunda pretende incorporar una nueva disposición transitoria, ambas con idéntica fundamentación, que tiene que ver con la privacidad. Consideramos que esta es una cuestión ciertamente relevante, ante la evidencia, además, de que el Registro Civil a todos los efectos es público, salvo excepciones que derivan de otra normativa concordante. Efectivamente, los datos del Registro Civil son públicos y a ellos tiene acceso toda persona que acredite un interés legítimo en el asunto.


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En esta línea existe también un conjunto de excepciones, las del artículo 21 del Reglamento del Registro Civil, que se fundamentan en la perspectiva del derecho a la privacidad. Estando ya expresamente recogidas una serie de causas de excepción, entendemos que participando de la misma filosofía la rectificación del sexo registral, esta debiera quedar de igual forma expresamente recogida.


La disposición transitoria nueva que queremos incorporar viene dada por el hecho de que se produce un cambio legislativo y en este caso además un cambio de procedimiento. Lo que procede es regular qué ocurre con aquellos procedimientos abiertos y no concluidos a la entrada en vigor de la presente ley, porque cualquier demandante en un juicio ordinario sobre rectificación de sexo registral incoado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley puede desistir -es un derecho que asiste a todo demandante en cualquier momento de cualquier proceso- de la acción por él iniciada, un desestimiento que no le impedirá la presentación de la solicitud prevista en el artículo 2 de la ley que nos ocupa y solicitar, para acreditar los requisitos que dicho precepto exige, la entrega de aquellos documentos originales, públicos o privados, obrantes en autos del juez ordinario. Hasta aquí nada nuevo y nada extraño. Pero en esta línea de normalidad, de dicha entrega se deja testimonio en autos mediante copia autenticada de los documentos que se retiran y este hecho habitual y nada extravagante en un caso como el que nos ocupa, que es la rectificación registral del sexo del solicitante, puede afectar de alguna manera a la privacidad que queremos proteger en la línea que acabo de señalar con motivo de la enmienda anteriormente defendida.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Entesa, tiene la palabra el senador Bofill.


El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor Bofill Abelló inicia su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita al Diario de Sesiones): «Gràcies, senyor president. Senyores senadores, senyors senadors, permetin-me que saludi els representants dels col-lectius i associacions de persones transexuals que tant han fet perquè aquesta llei tiri endavant i que avui ens acompanyen a la tribuna. Benvinguts».


Dirigía en mi lengua un saludo a los representantes de los colectivos y asociaciones de transexuales que hoy nos acompañan desde la tribuna y que tanto han hecho para que esta ley llegue a buen puerto. Bienvenidos. Es su ley, con ella, como veremos, no se agotan todas las reformas necesarias para evitar las discriminaciones que sufren las personas transexuales, pero es un paso importante.


Nuestro grupo, Entesa Catalana de Progrés, presentó en su día 14 enmiendas a este proyecto de ley, que, por su origen, podemos dividir en dos grupos: por un lado, enmiendas que eran de Esquerra Republicana de Catalunya mayoritariamente y un par de iniciativas de Catalunya Verds que no se habían incorporado al dictamen en el Congreso de los Diputados y que se mantenían vivas en el Senado, y, por otro, las enmiendas números 28, 29 y 30, que eran nuevas y que fueron asumidas en su presentación por el conjunto de Entesa.


Creo que nos podemos sentir satisfechos del resultado de la negociación, en la que todos los grupos de esta Cámara, evidentemente cada uno dentro de sus postulados ideológicos, han mostrado buena disposición para entender y asumir la problemática de las personas afectadas, para entender la necesidad de actuaciones positivas por parte de los poderes públicos para superar la discriminación que sufren los transexuales.


En comisión se aprobó, sin ningún voto en contra, y se incorporó al dictamen nuestra enmienda número 28, que suprime el requisito para que el informe facultativo hiciera referencia a la presencia de disforia de género del solicitante, cosa que podría resultar discriminatoria para aquellas personas transexuales que no hubieran sufrido esta afectación psicológica, aunque no hemos conseguido convencer al Grupo Parlamentario Socialista para que asumiera el cambio del término disforia de género por transexualidad en otros artículos.


También se incorporó al dictamen en comisión nuestra enmienda número 35, por la que se ha incorporado a la ley una nueva disposición adicional respecto a la exención de tasas por la reexpedición de los títulos o documentos en que deba rectificarse la mención del sexo.


Para este Pleno hemos mantenido el resto de nuestras enmiendas, que, por cierto, son de Entesa Catalana de Progrés, no del Grupo Parlamentario Socialista, como erróneamente reza en el encabezado del voto particular publicado. Las hemos mantenido porque creemos que son justas y para favorecer la negociación y apurar hasta el último momento la posibilidad de llegar a acuerdos que mejoren el texto, particularmente en aquellos aspectos sustantivos de la ley en que más han insistido los que serán primeros beneficiarios de la misma, como es el caso de que los psicólogos también puedan emitir el informe sobre la transexualidad que permite iniciar el procedimiento de rectificación registral de la mención relativa al sexo.


Mediante nuestra enmienda número 30, la número 3, del Grupo Parlamentario Mixto, y la número 23, de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, hemos conseguido una enmienda transaccional con el grupo del Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular que esperamos que prospere en este Pleno para que la acreditación de la transexualidad se pueda realizar mediante informe de médico o de psicólogo clínico, con lo cual devolvemos al texto una dosis de sentido común, dado que son estos profesionales los que generalmente vienen atendiendo a estas personas, al tiempo que se mantiene el necesario informe médico por lo que se refiere al tratamiento hormonal, como se prevé en la letra b) del artículo 4.1.
De esta manera, creo que damos satisfacción a la demanda de los colegios de psicólogos y de los colectivos de personas que han de beneficiarse de esta ley.


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Gracias a las enmiendas números 38 y 39, de carácter técnico, hemos podido plantear en la misma enmienda transaccional la modificación de la disposición final segunda, de manera que la inscripción en el Registro Civil de la mención relativa al sexo de las personas transexuales -el texto habla de disforia de género- sea equiparada a la corrección de la indicación equivocada del sexo, con una redacción que deja claro que será resultado de una decisión de carácter administrativo, no de un auto judicial. Es una cuestión importante, de esas que justifican el trabajo de segunda lectura de las leyes que realizamos en esta Cámara.


Llegados a este punto y en aras del acuerdo y la unidad interna del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, hemos decidido retirar todas nuestras enmiendas que no han sido transadas, es decir, las números 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36 y 37. Sin embargo, aun retirándolas, quisiera referirme al contenido de dos de ellas, las números 32 y 33, por su importancia.


La primera se refiere, entre otras cuestiones, a los extranjeros residentes en el Estado español, que, a nuestro entender, si reúnen los requisitos del artículo 4 de la presente ley, también deberían poder solicitar que en los documentos expedidos por el Estado español constara su nombre adecuado al género con el que se identifican, con independencia del sexo con que hayan sido registrados en el país de origen. Esperemos que en el marco de otras reformas legislativas en relación con la extranjería podamos retomar esta cuestión.


La segunda se refiere a los menores de edad y buscaba una salida para que en el periodo en el que aparece el sentimiento y la conciencia de ser transexual pudiera asumirse con la mayor normalidad posible y paliar, en lo posible también, la incomprensión y la marginación que sufren en este periodo de la adolescencia tan trascendental.


Con todo, esta ley, seguramente, no es el instrumento adecuado para plantear esta delicada cuestión y ésta, pues, es otra de las asignaturas que quedarán pendientes, una vez hayamos aprobado esta ley, y procuraremos por nuestra parte que la problemática sea asumida por las administraciones educativa y sanitaria para que se plantee un plan de acción integral que pueda hacerse cargo de esta problemática y de ir buscando soluciones para las personas menores que sufren discriminación por motivos de su orientación sexual y particularmente los transexuales.


Hasta aquí hemos llegado, hemos conseguido una buena ley, pero continuaremos en la brecha.


Muchas gracias, senyor president. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Nogueira.


El señor NOGUEIRA POL: Muchas gracias, señor presidente.


Sean mis primeras palabras en esta tribuna para enviar un cordial saludo a los diversos colectivos que se encuentran en esta Casa, también quiero agradecer en mi nombre y en el del Grupo Parlamentario Popular todas las sugerencias que nos han enviado. Intentamos, en todos los casos, estudiarlas minuciosamente y poder corresponderlas, si así fuese posible.


Para ilustración de la Presidencia y de sus señorías señalo que el Grupo Parlamentario Popular retira las enmiendas número 9, 10, 11, 13, 14, así como el párrafo primero de la enmienda número 12, manteniendo el resto del contenido de la referida enmienda.


Señorías, esta Cámara es una Cámara de segunda lectura, es una Cámara de enfriamiento, es una Cámara en la que afortunadamente no se vive la crispación que muchas veces se produce en el Congreso de los Diputados.
Estas características han conllevado que se modificase la ley por medio de una transacción entre todos los grupos de esta Cámara, que conllevó asimismo también una modificación, un cambio de postura del grupo que en estos momentos tengo el honor de representar. Se debatió y mucho el tema del mecanismo procesal para optar a la rectificación registral, esto es, al cambio de sexo y al cambio de nombre.


Decía este portavoz que les habla, en comisión, que no era un tema baladí y que sobre todo -incido en ello- no era un capricho ni personal ni de mis compañeros del Grupo Parlamentario Popular. Decíamos que era, única y exclusivamente razones técnico-jurídicas las que impedían que nosotros aprobásemos que el mecanismo fuese el expediente gubernativo ante el juez encargado del Registro Civil y, en cambio decíamos que la vía era la demanda en un procedimiento ordinario. Y lo decíamos, señorías, simplemente por un hecho muy concreto: el artículo 93 de la Ley del Registro Civil impedía taxativamente que fuese mediante expediente gubernativo. Se ha arreglado; se ha solucionado; lo hemos hablado todos los portavoces -y la compañera del PSOE tuvo también mucho que ver al igual, por supuesto, que los demás portavoces- y lo hemos solucionado muy fácilmente. ¿Qué hemos hecho? Hemos modificado el artículo 93.2 de la Ley del Registro Civil, y ahora sí le damos cabida legalmente, desde el punto de vista técnico-jurídico, al expediente gubernativo a través del Registro Civil. Solucionado. Señorías muchas veces nos complicamos la vida cuando es muy fácil darle un tratamiento meramente jurídico, de seguridad jurídica, y arreglar lo que nunca tenía que haber sido un problema.


Por lo tanto, hilando lo que decía al principio de mi intervención, retiramos precisamente esas enmiendas. Damos por bueno, damos por válido el mecanismo procesal del expediente gubernativo ante el juez, que no deja de ser el juez encargado del Registro Civil, sea juez de primera instancia o sea juez del juzgado de paz en aquellas localidades donde no existan los primeros.


Y también se modificó por parte del Partido Popular y -entre comillas- se suavizó la postura del tratamiento de la cirugía de reasignación. Lo decía en comisión y lo digo ahora ante el plenario, quizás nos parecía una postura demasiado rígida, demasiado hermética. Ante eso,

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decidimos que no era necesario esa cirugía de reasignación sexual cuando motivos de salud impedían precisamente llevar a cabo esa cirugía. Hablo de salud en sentido amplio. Me referí tanto en comisión como ahora en Pleno no sólo a salud física, sino también a salud psíquica.


Por lo tanto, mantenemos viva y sometemos al criterio de sus señorías esa enmienda como mantenemos también viva la enmienda de la vacatio legis de los seis meses, sobre todo, para que se puedan adecuar las comunidades autónomas a la ley.


Dicho eso, también quiero anunciarles a las señoras y señores senadores que, con independencia de que las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular se aprueben o no, este grupo va a votar favorablemente al proyecto de ley y lo va a hacer, señorías, porque, aunque estimamos que tenemos diferencias en cuanto a la forma, créanme que no tenemos diferencias en cuanto al fondo.


Por lo tanto, pese a esas diferencias, a las primeras de ellas, no son lo suficientemente importantes como para oponernos a este proyecto de ley .
De ahí que el Grupo Parlamentario Popular vaya a votar favorablemente a este proyecto.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Ha finalizado el turno de defensa de las enmiendas.


¿Turno en contra? (Pausa.)

La senadora Granado tiene la palabra.


La señora GRANADO PANIAGUA: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los colectivos que nos acompañan, agradecerles su presencia y, cómo no, su larga y constante lucha en defensa de los derechos y contra la discriminación sufrida a lo largo de muchos años.


Señorías, el fin de toda actividad política es dar soluciones a los problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y eso es, a nuestro entender, lo que estamos haciendo con esta ley: solucionar los problemas, los graves problemas que, a nuestro entender, padecen determinados ciudadanos y ciudadanas y corregir injusticias y desigualdades.


Este Gobierno, señorías, es el que más y mejor ha trabajado por los derechos de las personas transexuales; pero no sólo desde el Gobierno central se han puesto en marcha medidas, acciones y ayudas para dar solución a estos graves problemas de este colectivo, sino también desde algunas comunidades autónomas, permítanme que les diga con gobiernos socialistas. Así, la comunidad andaluza ha sido pionera en nuestro país en la atención sanitaria a estas personas, ayudándolas en todo el proceso de cambio de sexo.


El Parlamento andaluz en febrero de 1999 aprobó la prestación sanitaria a personas transexuales en el sistema sanitario público andaluz y en octubre de ese mismo año la Consejería de Salud creó la Unidad de Identidad de Género del Hospital Universitario Carlos Haya de Málaga.
Ésta es, señorías la primera unidad creada en el sistema público español para dar respuesta a estos problemas. Posteriormente, se han creado unidades en el Hospital Clínico de Barcelona, en Extremadura, en Aragón y en Asturias. Además, también en Extremadura, desde el Servicio extremeño de Salud se ha dado cobertura a esta situación derivando sus casos a Andalucía.


Con esta ley vamos a sumarnos a países de nuestro entorno que ya cuentan con una legislación específica que da cobertura y seguridad jurídica a sus ciudadanos como Suecia, Alemania, Italia, Holanda, Turquía y Reino Unido, pero además, señorías, en nuestro país, España, vamos a contar desde ahora con la normativa más avanzada del mundo, pero también cumplimos con lo establecido en nuestra Constitución, que proclama el derecho al libre desarrollo de la personalidad y establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación, entre otras, por razón de sexo.


Para el Grupo Parlamentario Socialista esta ley supone un compromiso de justicia, dignidad y derechos civiles y humanos, que es donde se encuadra, a nuestro entender, el derecho a la identidad de género, porque, señorías, aún hoy hay en nuestro país ciudadanos y ciudadanas que no pueden desarrollar sus derechos en plenitud. Con esta ley, el Gobierno cumple uno más de sus compromisos electorales, reconoce un derecho reivindicado desde tiempo atrás por el colectivo de personas transexuales y damos respuesta a una realidad social que va a garantizar el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de estas personas, permitiéndoles adecuar su identidad de género actual distinto al sexo con el que inicialmente fueron inscritas.


El objetivo de esta ley es dar solución a los problemas vinculados a la identidad de género y contemplar el cambio registral relativo al sexo y al nombre, constatando como un hecho cierto el cambio ya producido de la identidad de género para adecuarlo al sexo psicosocial, y ello mediante un procedimiento no judicial y sin obligar a pasar por una cirugía de reasignación de sexo, lo que aporta, a nuestro entender, seguridad jurídica.


Señorías, en su tramitación en el Congreso de los Diputados esta ley fue modificada ampliamente, mejorando en gran medida el proyecto que presentó el Gobierno a través de la incorporación de enmiendas presentadas por los distintos grupos, consiguiéndose un amplio consenso.


Entrando ya directamente en el análisis de las enmiendas, en primer lugar quiero hacer una referencia muy breve, porque ya ha sido explicada suficientemente, al consenso alcanzado por todos los grupos de esta Cámara para sacar adelante una enmienda transaccional sobre la base de las enmiendas números 3, de Izquierda Unida; 22, de Convergència i Unió y 30, 38 y 39, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, que supone una mejora notable de este proyecto, y que agradecemos, como no podía ser de otra manera, a todos

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los grupos su aceptación y el esfuerzo realizado para llegar a este consenso. Como decía, ha sido explicada esta cuestión suficientemente por el senador de Entesa así como por el senador del Grupo Parlamentario Popular, y no voy a hacer más referencia ella.


Respecto a las enmiendas que siguen vivas y con las que mi grupo no está de acuerdo, me referiré a continuación a la enmienda número 1, de Izquierda Unida. Señoría, entendemos que la transexualidad no es una enfermedad y, por tanto, no tiene que ser diagnosticada. Estimamos que el diagnóstico de disforia de género, por estimarse claro y científico, ha de ser mantenido ya que aporta seguridad jurídica y un criterio de certeza en una decisión de tal trascendencia. Además, es el que está recogido en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, consideramos que es el adecuado.


No podemos aceptar las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos porque no nos parece prudente que médicos no colegiados en España certifiquen tratamientos, porque entendemos que se pierde seguridad y protección.


Respecto a la existencia de auto para acordar la rectificación de la mención del sexo, quiero recordar a su señoría que estamos ante un proceso administrativo que no requiere de auto sino de expediente gubernativo.


En cuanto al traslado total del folio registral, entendemos que ya se recoge ampliamente en el artículo 1.2 de este proyecto. Del mismo modo, entendemos que la seguridad de la información está suficientemente garantizada por el Reglamento del Registro Civil y por el artículo 7 de este proyecto de ley.


Por último, la enmienda número 7, igual a la número 25 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y la número 37, que ha sido retirada, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, entendemos que no aborda verdaderos problemas de derecho transitorio. En cuanto a su contenido, el desistimiento, según las reglas procesales de nuestro ordenamiento, es siempre posible para el actor y, por tanto, estimamos que no es necesario.


Respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, en primer lugar, respecto a la enmienda número 18, entendemos que el cambio del término propuesto no implica mejora técnica alguna, pues el término rectificación que utiliza el proyecto no alude a que necesariamente se haya incurrido de forma previa en un error en la inscripción. Además, el término modificación que se propone no es conforme a la terminología de la ley y del Reglamento del Registro Civil que, como hace proyecto, utiliza la expresión rectificación al referirse a asientos registrales. Por el mismo motivo no podemos aceptar la enmienda número 20.


Respecto a la enmienda número 21, el proyecto prevé el traslado del folio registral en el artículo 1.2. Además, no se trata de una nueva inscripción, sino de una rectificación operada conforme a los procedimientos de la ley y del Reglamento del Registro Civil.


Por lo que se refiere la enmienda número 23, entendemos que el proyecto ya contempla en su artículo 5 que el cambio de nombre será parte del contenido de la resolución. La mención del régimen de recurso del Reglamento del Registro Civil no es necesaria en esta ley. Que no se cite en ella no implica que deje de tener vigencia dicho régimen, al que continuarán sujetos los intervinientes en el procedimiento.


Por último, respecto a la enmienda número 24, sobre publicidad de los documentos, estimamos que la seguridad de la información está suficientemente garantizada por el Reglamento del Registro Civil y por el artículo 7 del propio proyecto de ley.


Respecto a la enmienda número 25, me he referido a ella al hacer mención a la enmienda número 7 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


Respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y que han sido retiradas, solo me queda agradecer al señor Bofill y a su grupo esa retirada. Por lo tanto, no me voy a referir a ellas.


Por último, señorías, respecto a las enmiendas que mantiene vivas el Grupo Parlamentario Popular, en primer lugar, agradecer el esfuerzo que su señoría ha realizado para aproximar posturas, a pesar de lo cual, señorías, las enmiendas que mantiene no podemos aceptarlas porque entendemos que son contrarias al espíritu de la ley. No podemos estar de acuerdo en mantener como requisito básico la cirugía de reasignación del sexo, y entendemos que por una razón de humanidad. Señorías, no podemos cargar a estas personas, si no lo creen oportuno, con un trauma más, porque traumática es cualquier operación quirúrgica por muy simple y sencilla que esta sea. Además, entendemos que la apariencia genital es irrelevante y creemos suficiente que las características físicas que constituyen la apariencia externa de la persona interesada se correspondan con las propias del sexo con el que se siente identificada.
Por tanto, su enmienda número 12, señoría, la transaccional que usted hizo a su propia enmienda, nos sigue pareciendo realmente insuficiente.


Por último, la vacatio legis tampoco podemos aceptarla porque estimamos que no es necesaria.


Para terminar, agradezco sinceramente a todas sus señorías el esfuerzo realizado y principalmente al senador Nogueira Pol por llegar a un entendimiento entre todos los grupos.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


A continuación, pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Cuenca Cañizares.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo las aportaciones de todos los colectivos para mejorar el texto, que nos han ayudado en el trabajo, nos han aclarado muchas veces cómo deberíamos encauzarlo en la tramitación de esta ley, y no puedo más que reconocer que

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su aportación, al menos para el que les habla, ha sido importantísima. Por lo tanto, quiero saludar sus aportaciones y la colaboración que han tenido con Izquierda Unida.


Segunda cuestión. En la primera intervención, por tener solamente una enmienda y poco tiempo, no me he extendido en la explicación, pero, senadora del Grupo Parlamentario Socialista, de verdad que la enmienda número 1 no es lo que usted ha querido dar a entender, se lo aseguro. En el texto hemos corregido, dicho en términos coloquiales, y eliminado de los diferentes artículos el concepto de disforia de género, que todavía queda en un artículo. Por eso, hemos podido cambiar ese concepto por el de transexualidad y usted lo ha interpretado erróneamente; no es así y, si lo lee en la enmienda y en la justificación, se ve clarísimamente.


De ahí que nos haya quedado una enmienda viva que vamos a someter votación. Si hemos corregido con su colaboración la eliminación de ese concepto en el texto legislativo, no parece lógico que todavía aparezca en el artículo 4.1.a). Por eso, durante los últimos días hemos insistido en la necesidad de eliminarlo y corregirlo para que al menos -si es verdad lo que decimos cuando bajamos aquí y nos referimos a que nos implicamos con los diferentes colectivos- la ley recoja las aspiraciones y propuestas que estos colectivos nos han demandado al respecto.


Dicho esto, señorías, antes he comentado que iba a plantear la propuesta que hice en comisión, que tiene que ver con evitar la marginación que sufre este colectivo en el mundo laboral; se calcula que en torno a un 80 ó 90 por ciento se ven marginados a la hora de incorporarse o mantenerse en sus puestos de trabajo. Planteamos una disposición adicional, que voy a pasar a leer como una propuesta in voce para que pueda ser tenida en cuenta por todos los grupos; en concreto, nos dirigimos al grupo que sustenta al Gobierno para que, si no es este texto, sea uno más simple que venga a recoger las aspiraciones de este colectivo en todo lo que tiene que ver con el mundo laboral.


Paso a describir lo que dijimos en la comisión por si todavía estamos a tiempo de incorporarlo como una enmienda transaccional. Dice algo así: Las distintas administraciones públicas, tanto autonómicas como locales y estatales, deberán adoptar todas aquellas medidas de fomento del empleo en general para las personas transexuales, así como de manera especial la contratación pública de personas transexuales para trabajar en los distintos servicios de las administraciones públicas mediante un llamado cupo de discriminación positiva como el que gozan, por ejemplo, las personas discapacitadas, sin promover un porcentaje concreto. Asimismo, se realizarán cuantas acciones sean necesarias por parte del Ministerio de Trabajo, la Seguridad Social y los servicios autonómicos transferidos para conseguir una suficiente acción inspectora que vele por salvaguardar en su integridad todos los derechos laborales, sindicales y sociales de las personas transexuales en los centros de trabajo de las empresas, tanto públicas como privadas, con un plan específico que evite especialmente el acoso psicológico y moral y cualquier forma de discriminación laboral inconstitucional e ilegal.


Esto es lo que pretendemos y lo que planteamos en comisión como una reflexión en un intento de que fuera una transaccional. Como he dicho antes, les hemos propuesto sustituir este texto por algo más simplificado que venga a decir lo mismo y que tenga en cuenta la necesidad de que existan medidas de discriminación positiva y de velar por los derechos laborales de estas personas en el mundo laboral, sea en el ámbito privado o público.


Parece que no hemos sido capaces de convencerles y no lo entendemos, señorías. Si hemos reconocido aquí las dificultades de los colectivos transexuales, ¿por qué no es posible dar el último paso que queda para convertirlo en una recomendación al Gobierno para que adopte medidas de discriminación positiva o incentive el empleo entre este colectivo? No lo entendemos y hacemos una llamada a la reflexión.


Se nos ha dado una alternativa, que lo presentemos vía proposición de ley o moción. Ustedes saben, señorías, que no tienen el mismo rango de fuerza, que no tiene la misma significación que si está incorporado en una adicional en la propia ley. Por lo tanto, repito que hacemos una llamada a la reflexión.


Para concluir, señorías, quiero decir que si esto, que nos parece fundamental, no se incluye nosotros vamos a valorar que la ley es importante, que hemos contribuido todos a mejorarla y que hemos incorporado a muchísimos al gran consenso de esta propuesta de ley.
Vuelvo a decir que la aportación de los colectivos, al menos para Izquierda Unida, ha sido fundamental, lo que agradecemos una vez más.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Ayala.


El señor AYALA FONTE: Gracias, presidente.


Coalición Canaria comparte los objetivos marcados en este proyecto de ley que regula los requisitos para la rectificación registral en lo que se refiere al cambio de sexo y al cambio de nombre de las personas transexuales.


La transexualidad -ya se ha dicho- es una realidad incomprendida por muchos que provoca, en consecuencia, rechazo por una gran parte de la sociedad, lo que induce a discriminaciones de todo tipo y empuja a muchas de esas personas a la marginalidad. De ahí la oportunidad de esta ley en cumplimiento de nuestra Constitución, que proclama, como sabemos, la igualdad de todos ante la ley sin que pueda producirse discriminaciones por razón de sexo.


Mi grupo parlamentario no ha presentado enmiendas a este proyecto de Ley porque, como dije al principio, lo valoramos positivamente de forma global. No obstante, apoyaremos las enmiendas de Izquierda Unida y las del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, así como buena

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parte de las enmiendas de Convergència i Unió y también, obviamente, todas las que hemos transado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) No se hace uso de la palabra.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.


Señorías, al igual que mis compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, quiero que las mías primeras sean para saludar y agradecer la presencia en la tribuna de invitados de nuestros amigos de la Federación Estatal de Gays, Lesbianas y Transexuales y de todos aquellos que les acompañan. Bienvenidos, pues.


En una entrevista reciente que le hicieron a la directora de cine Isabel Coixet, respondió a un comentario del periodista con la siguiente frase: La vida es básicamente injusta, pero a veces es sencillamente insoportable. Esta reflexión que me vino a la mente cuando supe que debía defender ante el Pleno de esta Cámara la postura del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en el proyecto de ley que ahora nos ocupa: la vida es básicamente injusta, pero a veces es sencillamente insoportable. Y pensé que, ciertamente, es así, que prácticamente es la ley de vida para quienes se saben y se sienten personas de un sexo diferente a aquel con el que han nacido.


El desajuste entre el sexo anatómico y la conciencia del sujeto de ser hombre o mujer es una alteración de la identidad sexual que, en función de los datos de que dispongo y que someto, desde luego, a la consideración y a la opinión de todos ustedes, se cree que afecta a uno de cada 30.000 hombres y a una de cada 100.000 mujeres, aunque otros datos que también he podido cotejar hablan de un porcentaje todavía mayor. Pero mucho más allá de números y estadísticas, estamos ante una situación que en todo caso requiere de un laborioso y complejo tratamiento, tenga o no como meta una intervención quirúrgica para cambiar de sexo.


Pero, señorías, además de contar con soluciones médicas, tener una ley que reconozca y proteja sus derechos es fundamental para la normalización de la vida de las personas transexuales. Una vez que reconocemos esta realidad tenemos que pasar de las musas al teatro, de las palabras a los hechos y, aplaudiendo la lucha de determinados colectivos que se alzan como un factor casi imprescindible para que el resto del mundo tome conciencia y nos pronunciemos, nuestra responsabilidad hoy aquí como representantes de la ciudadanía es legislar. En esta materia y en este país hemos dejado pasar mucho tiempo y muchas oportunidades para hacerlo.
Europa ya echó a andar en su momento, hace, 17 años, con la Resolución del Parlamento Europeo de 12 de septiembre de 1989 sobre discriminación de los transexuales, en la que se hacían varias recomendaciones. La primera de ellas, la más importante, y que además se refleja en el artículo 10 de nuestra Constitución, es que la dignidad humana y el derecho al libre desarrollo de la personalidad deben abarcar el derecho a vivir de acuerdo con la identidad sexual y, en consecuencia, pedía a los Estados que aprobaran las disposiciones para hacer real y efectivo dicho derecho.


Más allá de las consideraciones sobre la orientación sexual de cada cual o su morfología genital, estamos hablando, señorías, de identidad, de la identidad íntima, primaria y propia de cada persona. Porque, del mismo modo que la orientación sexual responde a la pregunta de quién me atrae, la identidad de género responde simple y directamente a la pregunta de quién soy yo. Es una cuestión esta a la que únicamente cada uno de nosotros podemos responder y, sea cual sea la respuesta, es digna del mismo y más absoluto respeto.


En este contexto, la transexualidad, como se ha dicho con anterioridad, ha sido y es todavía una realidad desconocida, incomprendida, arrinconada, perseguida y en muchas ocasiones, olvidada. De ahí que, más allá del esfuerzo en comprender el drama personal que muchos transexuales deben afrontar todos los días, en la medida en que somos representantes de nuestros conciudadanos tenemos la responsabilidad de promover y aprobar las normas que regulan nuestra convivencia. Por lo tanto, debemos actuar junto con ellos y responder con eficacia para acabar con esa situación injusta y discriminatoria: la de verse obligados a vivir en un cuerpo equivocado, limitados por un sexo que no sienten como propio. Con ello respondemos además a sus reivindicaciones, porque llevan muchos años luchando por conseguir el pleno reconocimiento de sus derechos, que no de su dignidad, porque esta nunca la perdieron.


El objeto de la iniciativa que ahora nos ocupa, la rectificación registral de la mención del sexo de las personas, no es tampoco un asunto baladí.
Muy al contrario, conseguir el cambio de nombre y de sexo en su partida de nacimiento y, por ende, en su carné de identidad -dicho llanamente, en todos sus papeles- es una vieja reivindicación de las personas transexuales; ha sido mucha la discriminación social, la marginación laboral y la frustración personal que se han visto obligados a soportar por esta sola circunstancia. Siendo conscientes de que discriminaciones hay muchas, yo me pregunto si verdaderamente existe una discriminación mayor y más profunda que aquella que no permite a una persona vivir con el sexo que verdaderamente siente. Porque, ¿quién puede negar que existe una discriminación cuando, según mis datos, nueve de cada 10 personas transexuales no pueden trabajar por no llevar un DNI acorde al sexo en el que viven, y su única salida es la marginalidad o la prostitución?

La ley que hoy debatimos hará posible que su documentación refleje la verdadera identidad de los transexuales diagnosticados, aun cuando no pasen por el quirófano, y resolverá numerosas situaciones puntuales -seguramente no todas- que derivan de la marginalidad y la prostitución, a las que me acabo de referir. Determinar si esta ley llega o no con retraso es una cuestión que hoy no toca. Lo que hoy me interesa subrayar, señorías, es que

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con la aprobación de esta ley muchas personas hasta ahora sin amparo cuentan ya con una herramienta jurídica que amplía su horizonte personal hacia la plena igualdad en derechos y oportunidades. Por eso contará con nuestro apoyo.


Dicho esto, tampoco quiero dejar pasar la oportunidad de manifestar nuevamente la total predisposición y solidaridad del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos para seguir trabajando en la remoción de cualquier obstáculo que impida la definitiva y real igualdad de todas las personas que sufren exclusión por razón de género o identidad sexual o cualquier otra discriminación por razón de sexo. Digo esto, señorías, porque en este campo todavía tenemos mucho, pero que mucho trabajo por hacer.


Finalizo, señor presidente, señorías, dando mi enhorabuena y reconociendo la labor de los cientos de activistas de la Federación Estatal de Gays, Lesbianas y Transexuales y la de muchas y distintas asociaciones y personas individuales que trabajan a lo largo y ancho de nuestra geografía por una sociedad abierta, más justa, ajena a la doble moral y a la hipocresía. Esta es una conquista que va más allá de sus concretas reivindicaciones, porque avanzamos un paso más en pro de una sociedad capaz de responder con generosidad y absoluta naturalidad ante lo que estuvo arrinconado y relegado al ostracismo solo por ser o percibirse diferente. Avanzar en esta línea es algo que además nos enriquece a todas y a todos. Por tanto, mi agradecimiento y, en nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, nuestro público reconocimiento. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Bofill.


El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor senador inicia su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones», «Gràcies, senyor president. Amb aquesta llei crec que es fa un pas petit però molt important per al reconeixement de la identitat de gènere i sexual que cadascú assumeix d«acord amb el seu sentiment més ínitim en plena llibertat.» Decía que con esta ley creo que se da un paso pequeño pero muy importante para el reconocimiento de la identidad de género y sexual que cada uno asume de acuerdo con su sentimiento más íntimo en plena libertad.


Seré breve, pero no por ello menos claro. La identidad sexual, además de las hormonas, tiene también condicionantes sociales y psicológicos. Hay personas que a menudo, desde edad muy temprana, se saben diferentes y van descubriendo que su aspecto morfológico externo no coincide con su identidad sexual. Hoy, esta contradicción puede ser salvada gracias a los avances médicos, que permiten tratamientos seguros. La persona que libremente decide conjugar, de la manera que considere más procedente, su identidad sexual con su aspecto morfológico tiene derecho a no ser discriminada en ningún aspecto y a ser reconocida en todos los ámbitos con su propia identidad. Hoy hemos dado un paso importante para que estas personas puedan identificarse plenamente con sus documentos y títulos personales y los puedan utilizar en plena libertad, sin correr el riesgo de sufrir discriminaciones.


El hecho de que estemos hablando de transexualidad con toda normalidad en el Senado es un paso que deben seguir otros para que cesen todas las discriminaciones que tanto han hecho sufrir a estas personas, que deben poder asumirse en privado y en sociedad con plena normalidad. Para ello, seguramente deberemos preparar nuevas iniciativas, y es bueno que los senadores hagan propuestas, como las que yo hecho en relación a la extranjería y a los menores, o como las que ha hecho el senador Cuenca en relación al mundo laboral. Sería bueno, pues que, próximamente se presentase alguna iniciativa, aunque solo fuera una moción para instar al Gobierno a estar atento a estas cuestiones, que asumiéramos colectivamente.


Moltes gràcies, president.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Granado.


La señora GRANADO PANIAGUA: Gracias, señor presidente.


Señoría, en primer lugar, con respecto a la enmienda in voce que ha defendido el señor Cuenca Cañizares, y que no está recogida en el dictamen de la comisión, siento decir que no la vamos a aceptar porque entendemos que esta ley no es el marco adecuado para contemplar el problema que el senador plantea. Y ello, por varias razones.


En primer lugar, en estos momentos, para el acceso a la contratación tanto laboral como en lo referente a la Función Pública, los cupos solo existen para personas que tienen especiales dificultades por razones de discapacidad; circunstancia, señoría, que en este caso no se produce. En segundo lugar, y en lo que respecta al ámbito privado, el artículo 14 de la Constitución Española impide el despido por razones de sexo. Por último, esta ley afecta al ámbito civil, concretamente a la inscripción registral.


En conclusión, la propuesta del señor Cuenca Cañizares escapa del ámbito material de esta ley, y no sería correcto, por pura técnica jurídica, entrar en un ámbito material distinto. Pero no se preocupe su señoría, que tanto desde el Gobierno de España como desde las dos Cámaras de las Cortes Generales velaremos para que no se produzcan con posterioridad discriminaciones por razones de sexo, como queda bien recogido en nuestra Constitución.


Por otro lado, quiero agradecer el trabajo y el esfuerzo de todos los ponentes de este proyecto de ley para alcanzar un grado importante de aproximación y consenso. Considero que con la tramitación de este proyecto de ley el Senado ha cumplido su papel de Cámara de segunda lectura, mejorando notablemente el texto remitido por el Congreso de los Diputados mediante la introducción de enmiendas propuestas por los distintos grupos parlamentarios tanto en el trámite de comisión como en el Pleno.


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Señorías, consideramos que con las enmiendas introducidas hemos dado respuesta a reivindicaciones de determinados colectivos. Pero lo más importante es que estamos reconociendo la dignidad de un colectivo y el ejercicio de los derechos que como personas tienen reconocidos en nuestra Constitución, lo que va a suponer un cambio importante en sus vidas.


Este proyecto es coherente con el conjunto de normas comunitarias incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico, dirigidas a eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres. Esta ley va a solventar situaciones de discriminación y marginalidad de las personas transexuales.


Señorías, para mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, esta ley responde a un compromiso electoral del Partido Socialista Obrero Español y un compromiso de Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero; un Gobierno sensible ante los derechos humanos y civiles, que apuesta por dar una respuesta legislativa para garantizar el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de las personas cuya identidad de género actual no se corresponde con el sexo con el que están inscritos.


Este Gobierno ha abordado esta ley desde su compromiso por la ampliación de los derechos civiles y porque es una cuestión de justicia para cientos de ciudadanos y ciudadanas que realmente no pueden desarrollarse como personas con plenos derechos. La extensión de los derechos individuales ha sido, es y será una característica de este Gobierno, y con ello ponemos de manifiesto, una vez más, el compromiso del grupo que en este momento tengo el honor de representar, del Partido Socialista Obrero Español, y del Gobierno con la ampliación de los derechos civiles y libertades públicas.


Con esta ley estamos dando un paso decisivo para el reconocimiento de la dignidad y de los derechos de ciudadanía del colectivo de personas transexuales, que ha sido injustamente discriminado durante años en nuestro país. Como digo, esta ley resolverá esas situaciones de discriminación y marginalidad que sufren día a día: discriminación laboral, rechazo familiar, pérdida de relaciones afectivas, transfobia, no acceder con naturalidad a los servicios públicos, etcétera. Y no olvidemos, señorías, que las personas transexuales constituyen el colectivo más discriminado en el ámbito de la Unión Europea.


Hoy estamos haciendo justicia con cientos de ciudadanos y ciudadanas que no han podido desarrollarse como personas con plenitud de derechos, y que tienen el mismo derecho que el resto de los españoles a vivir libremente la vida que deseen. Esta ley supone una conquista social, hace que nuestro país sea un poco mejor, y supone, en definitiva, un paso adelante en la consecución de los derechos reivindicados por los colectivos transexuales.


Finalizo, señorías, dando la enhorabuena y reconociendo la ingente labor de cientos de activistas de la Federación Estatal de Gays, Lesbianas y Transexuales y de otras organizaciones con las que hemos trabajado en esta ley. Quiero darles las gracias por ese trabajo de tantos años, que ha servido, entre otras cosas, para que con esta ley consigamos hacer entre todos un país menos hipócrita, con menos doble moral, en definitiva, un país mucho mejor.


Por último, señor presidente, permítame felicitar también a todas sus señorías por el importante paso que hoy estamos dando para conseguir, como he dicho, un país más justo, más libre y más igualitario; un país en el que ninguno de sus ciudadanos vuelva a sentirse discriminado, marginado ni humillado.


Y ahora sí, termino, haciendo un ruego, una invitación a sus señorías: voten a favor de esta ley con el convencimiento de que es una ley que habla de igualdad y de derechos humanos.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Nogueira.


El señor NOGUEIRA POL: Gracias, señor presidente.


Señorías, el ejercicio de la libertad individual es sin duda un principio básico que debe fundamentar todo Estado moderno y todo Estado social y democrático de Derecho. Eso se hace a través de las iniciativas que el Poder Ejecutivo traslada a las Cámaras, y a las que nosotros damos forma.
Y esto es lo que ha sucedido con la ley que hoy estamos debatiendo, una ley que, en opinión del Grupo Parlamentario Popular, va a paliar dos problemas que achacaban -y permítanme la expresión- vilmente a los colectivos afectados.


Me refiero, en primer lugar, al plano meramente jurídico. Esta ley sin duda les va a dar una seguridad jurídica, una seguridad legal que hasta el momento no tenían.


Y ahora les hablo del plano humano, del plano de los derechos humanos.
Señoras y señores senadores, esta ley servirá también para paliar la discriminación que estos colectivos han sufrido hasta el momento y que, sin duda, yo equipararía a la discriminación sufrida por racismo; considero que es una discriminación tan dura y cruel como puede ser aquella que deriva del propio racismo.


Probablemente la ley haya llegado tarde, pero ha llegado. Y quiero trasladar a todas aquellas personas activistas de las diferentes asociaciones mi enhorabuena por el trabajo realizado; la enhorabuena sincera del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Quizá haya quedado gente atrás, y no hace tanto tiempo hubo gente que incluso pagó con la privación de libertad sus justas reclamaciones. A todos ellos, mi enhorabuena. Quiero decirles que hay que mirar hacia el futuro.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Señorías, vamos a proceder a la votación del proyecto

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de ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.


En primer lugar, votamos la enmienda número 1, del senador Cuenca Cañizares.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a favor, ocho; en contra, 189.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas de Convergència i Unió.


En primer lugar, vamos a votar las enmiendas números 18 a 21.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a favor, ocho; en contra, 187; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 23, 24 y 25, también de Convergència i Unió.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a favor, 11; en contra, 185; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, números 4 a la 7.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a favor, 10; en contra, 186; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, números 8, 12, en lo referido a las letras a), b) y c), y números 15, 16 y 17.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a favor, 95; en contra, 101.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la propuesta de modificación con el número de registro 84251, que ha sido firmada por todos los grupos parlamentarios.


¿Se entiende que queda aprobada por asentimiento? (Asentimiento.)

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos las partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior, en un solo bloque.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a favor, 196.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos el resto del proyecto de ley.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a favor, 196; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Señorías, queda aprobado.


Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados, para que este se pronuncie sobre las mismas de forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey. (Aplausos prolongados de las senadoras y de los senadores, puestos en pie, dirigiéndose a la tribuna pública.)

CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

-- PROYECTO DE LEY DE DECLARACIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE. (S.
621/000082) (C.D. 121/000088)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto del orden del día: Conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.


Proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de Monfragüe.


Pasamos directamente al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.)

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, damos la bienvenida a los representantes de la Junta de Extremadura y a las personas de Extremadura que nos acompañan en la tribuna, en este momento en que se va a llevar a cabo la aprobación de un proyecto de ley importante para su comunidad autónoma: la declaración del Parque Nacional de Monfragüe.


El día 26 de diciembre de 2006 tuvo entrada en el Senado el proyecto de ley de declaración del parque nacional de Monfragüe. Mediante dicho proyecto, y tras concluir el debate que hoy mantendremos, Monfragüe entrará a formar parte de la red de parques nacionales, respecto de la cual también se encuentra en tramitación en esta Cámara, como todos ustedes saben, el proyecto de ley correspondiente.


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El espacio natural de Monfragüe ya fue objeto de protección en abril de 1979, cuando se declaró parque natural al objeto de preservar las características singulares y específicas de su flora, su fauna y su paisaje; unas características, por otro lado, a cuya conservación y mantenimiento han contribuido también quienes viven en ese espacio natural. En julio de 2003, recibió el reconocimiento de la Unesco como reserva de la biosfera, un reconocimiento que implica su consideración como zona de especial protección y en la que las administraciones con competencia, en este caso la Junta de Extremadura, así como los municipios enclavados en la zona incluida en el ámbito y demarcación de la reserva de la biosfera, deben trabajar -y trabajaron- juntamente con sus habitantes en un desarrollo sostenible en el que debe lograrse un equilibrio efectivo entre las actividades y el desarrollo socioeconómico de la zona y la protección de ese espacio con sus características singulares para el futuro, lo que supone la elaboración de los correspondientes planes de ordenación de recursos y de planes sectoriales.


Pero hoy se da un paso más. Mediante la declaración de parque nacional, la primera que se produce tras la sentencia del Tribunal Constitucional que considera que su gestión es competencia de las comunidades autónomas, vamos a tener la ocasión de que Monfragüe entre a formar parte de esta red.


El proceso de declaración ha seguido el trámite establecido para alcanzarla, y este proyecto de ley no ha sido objeto de enmiendas en el trámite realizado en esta Cámara, a diferencia de lo ocurrido en el Congreso, donde sí se introdujeron cambios referidos al objeto del proyecto de ley y al régimen jurídico de protección. El objeto de la ley es declarar parque nacional este espacio de Monfragüe y, por tanto, la actual reserva de la biosfera, incorporándola a la red de parques nacionales con la finalidad de proteger ese espacio natural singular y contribuyendo así a un desarrollo sostenible de una zona habitada, porque hay catorce términos municipales que constituyen el área de influencia socioeconómica del parque nacional cuya declaración aprobamos definitivamente hoy.


Sin embargo, señorías, protección y desarrollo no están reñidos cuando se consigue el equilibrio adecuado, de ahí que entre las aportaciones realizadas en el Congreso figure entre las finalidades del parque contribuir a la conservación de los valores culturales y modos de vida tradicionales compatibles con su conservación que, de hecho, han tenido mucho que ver con este espacio natural para que pueda alcanzar esta consideración y sobre el que también incide el régimen jurídico de protección que establece la inclusión de la referencia a la saca de corcho y otros tratamientos suberícolas, que también es una actividad tradicional, sobre todo en Extremadura, así como la ordenación de su uso y disfrute público bajo las premisas de sostenibilidad y accesibilidad del parque nacional.


Señorías, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos va a apoyar la declaración de Monfragüe como parque nacional y agradece a la Comunidad Autónoma de Extremadura la actuación desarrollada en relación con este espacio natural, pero permítanme, dado que pertenezco a un municipio de Vizcaya que conforma una reserva de la biosfera, como es la de Urdaibai, que manifieste un especial agradecimiento a los habitantes de la zona de influencia del parque, tanto en la de protección como en la periférica de protección, pues son ellos principalmente quienes han hecho posible, con su modo de vida, que este espacio reúna las singulares características necesarias para obtener esta declaración.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.


Intervengo solo para expresar el apoyo entusiasta de mi grupo parlamentario a la declaración de Monfragüe como parque nacional.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fuentes.


El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista quiero dar la bienvenida a los miembros de la Junta de Extremadura, de la Junta Rectora de Monfragüe y de otros espacios naturales extremeños y a los alcaldes de la zona.


Hoy asistimos al último acto de un largo proceso que se inició allá por el principio de los años setenta, con una serie de movilizaciones sociales y que dieron lugar a que en 1979 se crease el Parque Natural de Monfragüe.
Posteriormente, se reconoció a Monfragüe como zona especial de protección de aves. En el año 2003, la UNESCO reconoce a Monfragüe como reserva de la biosfera, y en enero de 2006 la Junta de Extremadura remitió al Gobierno de España la propuesta de declaración de Monfragüe como parque nacional. Esta propuesta, previamente, había sido avalada por el Parlamento extremeño por unanimidad el 22 de octubre del año 2005. Por último, el pasado mes de noviembre el Congreso de los Diputados aprobó el texto que hoy debatimos en el Senado. Por tanto, vamos a votar la transformación de Monfragüe en parque nacional, es decir, vamos a incorporar a Monfragüe a la red de Parques Nacionales de España. El nuevo parque nacional tiene una extensión de 18.000 hectáreas, y cuando se incorpore la nueva zona de protección podremos hablar de 116.000 hectáreas.


Señoras y señores senadores, Monfragüe es uno de los paraísos de la flora y la fauna mediterránea. Allí habitan el buitre leonado y el buitre negro, la cigüeña negra, el águila imperial y el águila real, el alimoche, el búho real, etcétera, y conviven con poblaciones de mamíferos como la jineta, el tejón, la nutria y el lince ibérico.


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Estos son los datos objetivos y los aspectos materiales de Monfragüe, pero Monfragüe es mucho más. En el imaginario colectivo extremeño, Monfragüe, en la lucha contra la central nuclear de Valdecaballeros, reforzó las señas de identidad de los extremeños y ayudó a crear y a aumentar la conciencia regional, rompiendo los tópicos del conformismo, el fatalismo y la resignación. Muchos extremeños se iniciaron en las reivindicaciones políticas y sociales a principios de los años setenta defendiendo a Monfragüe y luchando contra los peligros que se cernían sobre lo que hoy va a ser parque nacional.


Señoras y señores senadores, este proyecto ha suscitado un amplio acuerdo en el Parlamento, en el Parlamento extremeño primero, en el Congreso de los Diputados después, y espero que hoy en el Senado. Lo reconozco públicamente y se lo agradezco al resto de las fuerzas políticas.


Dicho esto, no podemos olvidar que no es casualidad que este viejo sueño se haga realidad hoy, en el año 2007, gobernando Extremadura y España el Partido Socialista Obrero Español. Hoy es, por lo tanto, un día importante y feliz para España y para Extremadura.

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