Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Senado, Pleno, núm. 131, de 26/09/2007
 

parte 1      parte 2     



CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO

Año 2007 VIII Legislatura
Núm. 131
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles 26 de septiembre de 2007


ORDEN DEL DÍA:

Primero

PREGUNTAS

-- De D. JOSÉ MANUEL GARCÍA BALLESTERO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si el Gobierno tiene el convencimiento de que el problema de la vivienda en España se resuelve a base de subvenciones.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 780, de fecha 24 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S.
680/001398).


-- De D. AGUSTÍN CONDE BAJÉN, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si tiene previsto el Gobierno introducir alguna modificación legislativa para evitar que los presos que han cometido delitos sexuales y no se han rehabilitado sean puestos en libertad.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 780, de fecha 24 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S.
680/001396).


-- De D. FRANCISCO XESÚS JORQUERA CASELAS, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la disposición en la que se encuentra el Gobierno para iniciar los trámites conducentes a la transferencia de las competencias en materia de tráfico y seguridad vial a la Junta de Galicia. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 780, de fecha 24 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001387).


-- De D.a ELENA ETXEGOYEN GAZTELUMENDI, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las medidas previstas por el Gobierno para agilizar la gestión administrativa de los más de seiscientos mil expedientes sancionadores en trámite, asociados a la aplicación del car-

Página 8146


net por puntos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 780, de fecha 24 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001390).


-- De D. MANUEL PEZZI CERETO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las actuaciones que llevará a cabo el Gobierno en relación con las fuertes lluvias caídas en diversas zonas de España durante los días 22 y 23 de septiembre de 2007. (Núm. exp. S. 680/001409).


-- De D. JAIME REINARES FERNÁNDEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si ha recibido el Gobierno la petición del Gobierno del Principado de Asturias para ejecutar las obras de soterramiento de la autopista a la entrada de la ciudad de Oviedo (Asturias) para preservar el monumento prerrománico de San Julián de los Prados. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 780, de fecha 24 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001399).


-- De D. RAFAEL SIMANCAS SIMANCAS, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración del Gobierno acerca de las inversiones en infraestructuras de comunicación y transporte en el territorio de la Comunidad de Madrid. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 780, de fecha 24 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001405).


-- De D. ALFREDO BELDA QUINTANA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre si tiene previsto el Gobierno ampliar en el próximo ejercicio presupuestario la bonificación al transporte de mercancías entre la Comunidad Autónoma de Canarias y la península.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 780, de fecha 24 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S.
680/001388)

-- De D. CARLES ALFRED GASÒLIBA I BÖHM, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la posición del Gobierno con respecto a las propuestas de reforma y supervisión de determinados instrumentos financieros en la Unión Europea, las entidades evaluadoras de riesgo y el Banco Central Europeo (BCE). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 780, de fecha 24 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001392).


-- De D. JORDI GUILLOT MIRAVET, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre el criterio del Gobierno con respecto a los abusos que se producen con las nuevas figuras crediticias, como son los créditos rápidos y la reunificación de créditos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 780, de fecha 24 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001393).


-- De D. FRANCISCO JAVIER MAQUEDA LAFUENTE, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las acciones previstas por el Gobierno para tratar de paliar la crisis hipotecaria que afecta directamente a una gran parte de las familias. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 780, de fecha 24 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001395).


-- De D. DAMIÁN CANEDA MORALES, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si cree el Gobierno que el Gobernador del Banco de España acierta cuando pide que se consolide el superávit y se evite el gasto ante el cambio de ciclo económico. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 780, de fecha 24 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001397).


-- De D. NICOLÁS FERNÁNDEZ CUCURULL, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si va a negociar el Gobierno las inversiones estatales en los presupuestos para el año 2008 con todos los gobiernos de las Comunidades y Ciudades Autónomas. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 780, de fecha 24 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001401).


-- De D. ANTONIO GERMÁN BETETA BARREDA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los motivos por los que el Gobierno ha negado a la Comunidad de Madrid la transferencia de las competencias de la red ferroviaria de cercanías. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 780, de fecha 24 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001400).


-- De D. JOSÉ MARÍA CHIQUILLO BARBER, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las razones por las que el Ministerio de Cultura a través de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones

Página 8147


Culturales (SECC) ha organizado y producido la exposición «1907-2007. Un Siglo de Cultura y Ciencia en los Países Catalanes», que vulnera el marco constitucional y el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 780, de fecha 24 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S.
680/001402).


-- De D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la situación en la que se encuentra la construcción de las estaciones depuradoras del Pirineo aragonés que fueron declaradas de interés general en el año 1993. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 780, de fecha 24 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001362).


-- De D. JOSÉ RAMÓN URRUTIA ELORZA, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las acciones que piensa llevar a cabo el Ministerio de Medio Ambiente para solucionar los desprendimientos de rocas y tierras en el acantilado de la playa de Barrika (Vizcaya). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 780, de fecha 24 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001386).


-- De D. FRANCISCO JAVIER CASTAÑO DEL OLMO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre los objetivos que se han marcado en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 780, de fecha 24 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001403).


-- De D.a ADORACIÓN QUESADA BRAVO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración que hace el Ministerio de Medio Ambiente del «Foro Internacional sobre la Sequía», celebrado en Sevilla los días 17 a 20 de junio de 2007. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 780, de fecha 24 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001404).


-- De D. ALFREDO BELDA QUINTANA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre la posición del Gobierno con respecto a la propuesta planteada en el Consejo de Justicia e Interior de la Unión Europea del pasado día 18 de septiembre, consistente en la distribución solidaria de menores inmigrantes no acompañados entre los distintos países miembros. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 780, de fecha 24 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001389).


-- De D.a MARIA BURGUÉS BARGUÉS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre la valoración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con respecto a la aplicación de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, por parte de la Administración General del Estado, de las administraciones de las Comunidades Autónomas y de los gobiernos locales durante estos veinticinco años. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 780, de fecha 24 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001394).


-- De D. RAMÓN COMPANYS I SANFELIÚ, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre las acciones que está llevando a cabo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para evitar que los ganaderos no se vean obligados a abandonar su explotación, como consecuencia del desfase entre los incrementos de los costes de producción y la evolución del precio de venta de sus productos.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 780, de fecha 24 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S.
680/001391).


-- De D.a MARÍA CINTA CASTILLO JIMÉNEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración que hace el Gobierno del Plan de Activación de la Participación española en el VII Programa Marco de I+D de la Unión Europea. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 780, de fecha 24 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001407).


-- De D. LUIS MIGUEL SALVADOR GARCÍA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración que hace el Gobierno del Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España («.es»). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 780, de fecha 24 de septiembre de 2007). (Núm.
exp. S. 680/001408).


Página 8148


Segundo

INTERPELACIONES

-- De D. ADOLFO ABEJÓN ORTEGA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la política educativa que ha llevado a cabo el Gobierno durante la presente Legislatura. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 780, de fecha 24 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S. 670/000172).


Tercero

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

-- De la Comisión de Medio Ambiente en relación con el Proyecto de Ley de responsabilidad medioambiental. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 117, de fecha 24 de septiembre de 2007). (Núm.
exp. S. 621/000117) (Núm. exp. C.D. 121/000130).


-- De la Comisión de Interior en relación con el Proyecto de Ley Orgánica reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 105, de fecha 26 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S. 621/000105) (Núm. exp. C.D. 121/000117).


-- De la Comisión de Interior en relación con el Proyecto de Ley Orgánica del régimen disciplinario de la Guardia Civil. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 106, de fecha 26 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S. 621/000106) (Núm. exp. C.D.
121/000132).


-- De la Comisión de Interior en relación con el Proyecto de Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 111, de fecha 26 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S.
621/000111) (Núm. exp. C.D. 121/000131).


Página 8149


SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.


PREGUNTAS (Página 8156)

De D. JOSÉ MANUEL GARCÍA BALLESTERO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si el Gobierno tiene el convencimiento de que el problema de la vivienda en España se resuelve a base de subvenciones (Página 8156)

El señor García Ballestero formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Vivienda (Chacón i Piqueras).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor García Ballestero. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Vivienda (Chacón i Piqueras).


De D. AGUSTÍN CONDE BAJÉN, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si tiene previsto el Gobierno introducir alguna modificación legislativa para evitar que los presos que han cometido delitos sexuales y no se han rehabilitado sean puestos en libertad (Página 8157)

El señor Conde Bajén formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Justicia (Fernández Bermejo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Conde Bajén. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Justicia (Fernández Bermejo).


De D. FRANCISCO XESÚS JORQUERA CASELAS, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la disposición en la que se encuentra el Gobierno para iniciar los trámites conducentes a la transferencia de las competencias en materia de tráfico y seguridad vial a la Junta de Galicia (Página 8158)

El señor Jorquera Caselas formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Jorquera Caselas. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba).


De D.a ELENA ETXEGOYEN GAZTELUMENDI, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las medidas previstas por el Gobierno para agilizar la gestión administrativa de los más de seiscientos mil expedientes sancionadores en trámite, asociados a la aplicación del carnet por puntos (Página 8160)

La señora Etxegoyen Gaztelumendi formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Etxegoyen Gaztelumendi. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba).


De D. MANUEL PEZZI CERETO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las actuaciones que llevará a cabo el Gobierno en relación con las fuertes lluvias caídas en diversas zonas de España durante los días 22 y 23 de septiembre de 2007. (Núm. exp. S. 680/001409) (Página 8162)

El señor Pezzi Cereto formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba).


De D. JAIME REINARES FERNÁNDEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si ha recibido el Gobierno la petición del Gobierno del Principado de Asturias para ejecutar las obras de soterramiento de la autopista a la entrada de la ciudad de Oviedo (Asturias) para preservar el monumento prerrománico de San Julián de los Prados (Página 8163)

El señor Reinares Fernández formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Reinares Fernández. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


De D. RAFAEL SIMANCAS SIMANCAS, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración del Gobierno acerca de las inversiones en infraestructuras de comunicación y transporte en el territorio de la Comunidad de Madrid (Página 8164)

El señor Simancas Simancas formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


De D. ALFREDO BELDA QUINTANA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre si tiene previsto el Gobierno ampliar en el próximo ejercicio presupuestario la bonificación al transporte de mercancías entre la Comunidad Autónoma de Canarias y la península (Página 8166)

Página 8150


El señor Belda Quintana formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Belda Quintana. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).


De D. CARLES ALFRED GASÒLIBA I BÖHM, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la posición del Gobierno con respecto a las propuestas de reforma y supervisión de determinados instrumentos financieros en la Unión Europea, las entidades evaluadoras de riesgo y el Banco Central Europeo (BCE) (Página 8166)

El señor Gasòliba i Böhm formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Gasòliba i Böhm. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).


De D. JORDI GUILLOT MIRAVET, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre el criterio del Gobierno con respecto a los abusos que se producen con las nuevas figuras crediticias, como son los créditos rápidos y la reunificación de créditos (Página 8168)

El señor Guillot Miravet formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Guillot Miravet. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).


De D. FRANCISCO JAVIER MAQUEDA LAFUENTE, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las acciones previstas por el Gobierno para tratar de paliar la crisis hipotecaria que afecta directamente a una gran parte de las familias (Página 8169)

El señor Maqueda Lafuente formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Maqueda Lafuente. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).


De D. DAMIÁN CANEDA MORALES, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si cree el Gobierno que el Gobernador del Banco de España acierta cuando pide que se consolide el superávit y se evite el gasto ante el cambio de ciclo económico (Página 8170)

El señor Caneda Morales formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Caneda Morales. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).


De D. NICOLÁS FERNÁNDEZ CUCURULL, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si va a negociar el Gobierno las inversiones estatales en los presupuestos para el año 2008 con todos los gobiernos de las Comunidades y Ciudades Autónomas (Página 8172)

El señor Fernández Cucurull formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Fernández Cucurull. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).


De D. ANTONIO GERMÁN BETETA BARREDA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los motivos por los que el Gobierno ha negado a la Comunidad de Madrid la transferencia de las competencias de la red ferroviaria de cercanías (Página 8173)

El señor Beteta Barreda formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Administraciones Públicas (Salgado Méndez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Beteta Barreda. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Administraciones Públicas (Salgado Méndez).


De D. JOSÉ MARÍA CHIQUILLO BARBER, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las razones por las que el Ministerio de Cultura a través de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales

Página 8151


(SECC) ha organizado y producido la exposición «1907-2007. Un Siglo de Cultura y Ciencia en los Países Catalanes», que vulnera el marco constitucional y el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana (Página 8174)

El señor Chiquillo Barber formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Cultura (Molina Sánchez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Chiquillo Barber. En turno de dúplica, lo hace el Ministro de Cultura (Molina sánchez).


De D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la situación en la que se encuentra la construcción de las estaciones depuradoras del Pirineo aragonés que fueron declaradas de interés general en el año 1993 (Página 8176)

El señor Mur Bernad formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Mur Bernad. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).


De D. JOSÉ RAMÓN URRUTIA ELORZA, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las acciones que piensa llevar a cabo el Ministerio de Medio Ambiente para solucionar los desprendimientos de rocas y tierras en el acantilado de la playa de Barrika (Vizcaya) (Página 8177)

El señor Urrutia Elorza formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Urrutia Elorza. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).


De D. FRANCISCO JAVIER CASTAÑO DEL OLMO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre los objetivos que se han marcado en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015 (Página 8178)

El señor Castaño del Olmo formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).


De D.a ADORACIÓN QUESADA BRAVO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración que hace el Ministerio de Medio Ambiente del «Foro Internacional sobre la Sequía», celebrado en Sevilla los días 17 a 20 de junio de 2007 (Página 8179)

La señora Quesada Bravo formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).


De D. ALFREDO BELDA QUINTANA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre la posición del Gobierno con respecto a la propuesta planteada en el Consejo de Justicia e Interior de la Unión Europea del pasado día 18 de septiembre, consistente en la distribución solidaria de menores inmigrantes no acompañados entre los distintos países miembros (Página 8180)

El señor Belda Quintana formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Belda Quintana. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán).


De D.a MARIA BURGUÉS BARGUÉS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre la valoración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con respecto a la aplicación de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, por parte de la Administración General del Estado, de las administraciones de las Comunidades Autónomas y de los gobiernos locales durante estos veinticinco años (Página 8181)

La señora Burgués Bargués formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán).


De D. RAMÓN COMPANYS I SANFELIÚ, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre las acciones que está llevando a cabo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para evitar que los ganaderos no se vean obligados a abandonar su explotación, como consecuencia del desfase entre los incrementos de los costes de producción y la evolución del precio de venta de sus productos.


Esta pregunta ha sido aplazada.


De D.a MARÍA CINTA CASTILLO JIMÉNEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO

Página 8152


SOCIALISTA, sobre la valoración que hace el Gobierno del Plan de Activación de la Participación española en el VII Programa Marco de I+D de la Unión Europea.


Esta pregunta ha sido aplazada.


De D. LUIS MIGUEL SALVADOR GARCÍA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración que hace el Gobierno del Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España («.es»).


Esta pregunta ha sido aplazada.


INTERPELACIONES (Página 8183)

De D. ADOLFO ABEJÓN ORTEGA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la política educativa que ha llevado a cabo el Gobierno durante la presente Legislatura (Página 8183) )

El señor Abejón Ortega expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Educación y Ciencia (Cabrera Calvo-Sotelo).


Vuelve a intervenir el señor Abejón Ortega. Cierra el debate la señora Ministra de Educación y Ciencia (Cabrera Calvo-Sotelo).


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 8189)

De la Comisión de Medio Ambiente en relación con el Proyecto de Ley de responsabilidad medioambiental. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 8189)

El señor Mur Bernad, presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


Comienza el debate de totalidad.


En turno a favor hace uso de la palabra el señor Hernández Guillén.


Se procede al debate del articulado.


El señor Urrutia Elorza defiende las enmiendas números 1 a 7, del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor Badia i Chancho defiende las enmiendas números 110 a 112, 114 y 115, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


La señora Loroño Ormaechea defiende las enmiendas números 73 a 83, 85 y 86, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas números 8 a 72, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.


La señora Iranzo Sánchez defiende las enmiendas números 116 a 120, 122 y 126, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la incorporación de las enmiendas 113, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, 84 y 87 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y 98 del Grupo Parlamentario Popular.


El señor Sopeña Velasco defiende las enmiendas números 88 a 97 y 99 a 109, del Grupo Parlamentario Popular.


En turno de portavoces, intervienen los señores Urrutia Elorza, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Belda Quintana, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; la señora Loroño Ormaechea, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; el señor Guillot Miravet, Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; la señora Iranzo Sánchez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Chiquillo Barber, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se pospone la votación.


Se suspende la sesión a las trece horas y cincuenta y cinco minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.


De la Comisión de Interior en relación con el Proyecto de Ley Orgánica reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN (Página 8201)

El señor Martínez Fernández, presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


El señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba) presenta el proyecto de ley.


Comienza el debate del articulado.


El señor Bruguera Batalla retira la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.


La señora Mendiola Olarte defiende las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Parlamentario Popular.


Página 8153


En turno en contra hace uso de la palabra el señor González Bethencourt.


En turno de portavoces, intervienen el señor Badia i Chancho, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; la señora Etxegoyen Gaztelumendi, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; los señores Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y González Bethencourt, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Mendiola Olarte, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Parlamentario Popular, por 115 votos a favor, 122 en contra y 1 abstención.


Se aprueba el resto del proyecto de ley por 238 votos a favor.


El señor presidente anuncia que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales este proyecto de ley.


De la Comisión de Medio Ambiente en relación con el Proyecto de Ley de responsabilidad medioambiental. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Votación) (Página 8208)

Se rechazan las enmiendas números 1 y 7, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por el señor Urrutia Elorza, por 117 votos a favor y 125 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 2 y 6, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por el mismo señor senador, por 12 votos a favor, 227 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la enmienda número 111, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 18 votos a favor, 223 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 110 y 114, del mismo grupo parlamentario, por 21 votos a favor, 217 en contra y 3 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 115, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 17 votos a favor, 223 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 73 a 76 y 82, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 23 votos a favor, 218 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por 19 votos a favor y 222 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 24 y 46, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 14 votos a favor, 219 en contra y 9 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 22, 44, 53 y 62, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 14 votos a favor, 218 en contra y 9 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 72, del mismo grupo parlamentario, por 114 votos a favor, 125 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés por 7 votos a favor, 225 en contra y 10 abstenciones.


Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que propone la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la incorporación de las enmiendas 113 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, 84 y 87 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y 98 del Grupo Parlamentario Popular, por 108 votos a favor y 134 en contra.


Se aprueba la enmienda número 126, del mismo grupo parlamentario, por 120 votos a favor, 118 en contra y 4 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, por 116 votos a favor y 126 en contra.


Se rechaza la enmienda número 105, del Grupo Parlamentario Popular, por 117 votos a favor, 124 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, por 117 votos a favor y 125 en contra.


Se aprueban por asentimiento de la Cámara las propuestas de modificación del dictamen con los números de registro 97590 y 97594.


Se aprueban las propuestas de modificación del dictamen con los números de registro 97591 a 97593, por 240 votos a favor y 1 abstención.


Se aprueban las enmiendas aceptadas en comisión no comprendidas en las votaciones anteriores, por 241 votos a favor y 1 en contra.


Se aprueba el resto del proyecto de ley por 242 votos a favor.


El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey

De la Comisión de Interior en relación con el Proyecto de Ley Orgánica del régimen disciplinario de la Guardia Civil (Página 8210)

Página 8154


El señor Martínez Fernández, presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


El señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba) presenta el proyecto de ley.


Comienza el debate del articulado.


El señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 1, 2, 4 a 9, 11, 12 y 14 a 16, retirando las números 3, 10 y 13.


El señor Badia i Chancho defiende las enmiendas números 187 a 197, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


La señora Etxegoyen Gaztelumendi defiende las enmiendas números 159 a 174, 176, 177 y 180 a 184, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, retirando las números 175, 178 y 179.


El señor Bruguera Batalla defiende las enmiendas números 83, 84, 93, 95, 96, 103, 119, 140 y 154, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.


El señor Rodríguez Martín defiende las enmiendas números 185 y 186, del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Conde Bajén defiende las enmiendas números 17 a 71, del Grupo Parlamentario Popular.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Rodríguez Martín.


En turno de portavoces, intervienen los señores Jorquera Caselas, por el Grupo Parlamentario Mixto; Badia i Chancho, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Rodríguez Martín, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Cosidó Gutiérrez, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 1, 2, 4 a 9, 11, 12 y 14 a 16, del señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, por 9 votos a favor, 226 en contra y 8 abstenciones.


Se aprueba la enmienda número 187, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 137 votos a favor y 105 en contra.


Se aprueba la enmienda número 188, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 137 votos a favor y 106 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 189 a 197, del mismo grupo parlamentario, por 17 votos a favor y 225 en contra.


Se aprueba la enmienda número 174, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 123 votos a favor y 120 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 159 a 173, 176, 177 y 180 a 184, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 17 votos a favor y 226 en contra.


Se aprueba la enmienda número 140, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 123 votos a favor y 120 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 83, 84, 93, 95, 96, 103, 119 y 154, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 8 votos a favor, 225 en contra y 10 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 185 y 186, del Grupo Parlamentario Socialista, por 114 votos a favor, 126 en contra y 1 abstención.


Se aprueba la enmienda número 32, del Grupo Parlamentario Popular, por 127 votos a favor y 115 en contra.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Popular por 118 votos a favor y 123 en contra.


Se aprueba el resto del proyecto de ley, con las correcciones técnicas aprobadas en comisión, por 124 votos a favor y 119 en contra.


El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


De la Comisión de Interior en relación con el Proyecto de Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil (Página 8225)

El señor Martínez Fernández, presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


El señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba) presenta el proyecto de ley.


El señor Cosidó Gutiérrez defiende la propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Popular.


El señor Camacho Sánchez consume un turno en contra del veto.


En turno de portavoces, intervienen los señores Jorquera Caselas, por el Grupo Parlamentario Mixto; Belda Quintana, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, y Badia i Chancho, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como la señora Etxegoyen Gaztelumendi, por el Grupo Parlamentario de Senadores

Página 8155


Nacionalistas Vascos, y los señores Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Camacho Sánchez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Cosidó Gutiérrez, por el Grupo Parlamentario Popular.


Por el artículo 87 interviene el señor Camacho Sánchez.


Se rechaza la propuesta de veto por 119 votos a favor y 122 en contra.


Comienza el debate del articulado.


El señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 1 a 7 y 9 a 19.


El señor Badia i Chancho defiende las enmiendas números 106 a 115, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


La señora Etxegoyen Gaztelumendi defiende las enmiendas números 20 a 25, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


El señor Bruguera Batalla defiende las enmiendas números 74, 76, 82, 87, 89, 93, 94, 97, 99 y 101, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, retirando las números 71, 73, 75, 77 a 81, 83 a 86, 88, 90, 92, 95, 96, 98, 102, 103 y 105.


El señor Conde Bajén defiende las enmiendas números 26 a 70, del Grupo Parlamentario Popular.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Barranco Gallardo.


En turno de portavoces, intervienen el señor Jorquera Caselas, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Etxegoyen Gaztelumendi, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; los señores Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Barranco Gallardo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Conde Bajén, por el Grupo Parlamentario Popular.


Por el artículo 87 intervienen los señores Barranco Gallardo y Conde Bajén.


MINUTO DE SILENCIO CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO EN AFGANISTÁN DE LOS SOLDADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS DON GERMÁN PÉREZ BURGOS Y DON STANLEY VERA.


La Cámara guarda un minuto de silencio.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación) (Página 8247)

De la Comisión de Interior en relación con el Proyecto de Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.
(Votación) (Página 8247)

Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 1, del señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, por 12 votos a favor, 221 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la enmienda número 6, del señor Jorquera Caselas, por 15 votos a favor y 220 en contra.


Se rechazan las restantes enmiendas del señor Jorquera Caselas por 12 votos a favor, 220 en contra y 1 abstención.


Se aprueban las enmiendas números 112 y 114, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 128 votos a favor, 106 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió por 12 votos a favor y 222 en contra.


Se aprueba la enmienda número 23, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 129 votos a favor, 105 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por 12 votos a favor y 223 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 74, 76, 82, 87, 89, 93, 94, 97, 99 y 101, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 5 votos a favor, 222 en contra y 6 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 26 a 70, del Grupo Parlamentario Popular, por 117 votos a favor y 118 en contra.


Se aprueba el resto del proyecto de ley por 119 votos a favor, 115 en contra y 1 abstención.


El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


Se levanta la sesión a las veintiuna horas y veinte minutos.


Página 8156


Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.


El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días, se abre la sesión.


PREGUNTAS:

-- DE DON JOSÉ MANUEL GARCÍA BALLESTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI EL GOBIERNO TIENE EL CONVENCIMIENTO DE QUE EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA SE RESUELVE A BASE DE SUBVENCIONES (S.
680/001398).


El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Preguntas.


Las preguntas del señor Companys i Sanfeliú, de la señora Castillo Jiménez y del señor Salvador García han sido aplazadas.


Pregunta del senador García Ballestero. Tiene la palabra su señoría.


El señor GARCÍA BALLESTERO: Muchas gracias, señor presidente. Señora ministra, buenos días.


Después del espectáculo monclovita de la semana pasada, sin precedentes, donde usted le pone un lazo al plan de la ex ministra Trujillo, ¿cree que el problema del alquiler lo va a resolver el Gobierno dando subvenciones?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la ministra de Vivienda.


La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor presidente.


Señoría, lo que sí sé es cómo no se resuelve. A ver si le suena: apruebo una ley que abre camino a la especulación; dejo caer a mínimos históricos la iniciación de vivienda protegida y luego me cruzo de brazos mientras el precio del suelo sube un 500 por ciento y el de la vivienda un 150 por ciento. Eso es lo que nos dejaron sus ocho años de Gobierno.


¿Qué está haciendo este Gobierno para cambiar las cosas? Una decidida intervención pública: hemos aprobado una ley que combate seriamente la especulación del suelo y reserva suelo a vivienda protegida, junto a planes que financian e incentivan la vivienda protegida, con medidas fiscales para los compradores y también para los inquilinos y con ayudas a la compra y al alquiler para los ciudadanos en función de su situación.
En otras palabras, señoría, con una acción contundente de los poderes públicos y de la mano de comunidades autónomas y de ayuntamientos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


Tiene la palabra su señoría.


El señor GARCÍA BALLESTERO: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, si usted es ministra sencillamente es porque la anterior fracasó y ahora lo que quieren es tapar su gestión echando mano de la hucha pública de todos los ciudadanos. Pero para que ustedes sean creíbles en esta cuestión del alquiler lo primero que tienen que empezar a hacer es publicar los datos de la Sociedad Pública de Alquiler, ese gran invento de su Gobierno, ese gran invento socialista, para dinamizar el mercado del alquiler en España y que iba a poner en el mercado más de un millón de viviendas en esta legislatura.


La verdad es que la realidad les desmiente a usted y a su Gobierno. En sus años de gestión la vivienda ha subido un 40 por ciento, los alquileres son más caros y siguen subiendo por encima del IPC, las hipotecas están mucho más caras, la construcción está a la baja, ha generado más de 22.088 parados en el mes de agosto y la vivienda figura hoy como la segunda preocupación de los ciudadanos. Por si fuera poco ustedes repiten y se reinventan un plan ya fracasado, lo cual ha molestado sensiblemente a los ciudadanos, señora ministra, que han descubierto su truco, y se ponga como se ponga su principal medida es ya de 2004. Lo que usted ha hecho es poco serio, poco riguroso y confía poco en la inteligencia de los ciudadanos españoles.


Mientras usted siga estimulando la demanda de los alquileres seguirá sin solucionar su primer problema, que es la oferta. Si usted cree que con subvenciones al inquilino se van a alquilar más casas, usted desconoce el funcionamiento del mercado: la oferta y la demanda. En España hoy los pisos no se alquilan por falta de garantías para sus propietarios y sus medidas van más encaminadas al impacto electoral que a solucionar realmente el problema. Con su cheque vivienda lo único que pretende es el voto de los jóvenes conseguido con el dinero de todos los españoles. Van a encarecer los alquileres, señora ministra, y además también se los van a encarecer a todos aquellos ciudadanos que no van a acceder a las ayudas, todo lo cual preocupa seriamente porque estas políticas no son serias, estables ni rigurosas.


Dejen de repetirse, señora ministra, y apliquen medidas serias, decididas y rigurosas para todos los ciudadanos: rebajen los impuestos; bajen las retenciones fiscales; dejen el dinero en el bolsillo de los ciudadanos para que lo gasten donde quieran; emprendan reformas legislativas; reformen la Ley de Arrendamientos Urbanos; agilicen los desahucios por impago; reformen la Ley de Enjuiciamiento Civil; pongan en marcha los juzgados de vivienda; den seguridad jurídica a la relación contractual entre el propietario y el inquilino.


En definitiva, señorías, los ciudadanos no quieren ya que el Estado sea su niñera, quieren que el mercado se liberalice, que se eliminen las trabas legales, las jurídicas y las fiscales. Mientras usted no entienda esto no solucionará el alquiler y no saldrán pisos al mercado, y si no hay pisos, señora ministra, ¿nos quiere usted contar para qué sirven las ayudas?

Muchas gracias (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Página 8157


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la ministra de Vivienda.


La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Chacón i Piqueras): Gracias, presidente.


Señoría, creo que está usted tratando con cierto desdén en su respuesta a tres millones de jóvenes españoles. Son tres millones de jóvenes que trabajan y que en un 80 por ciento nos dicen que no pueden emanciparse, no pueden poner en marcha sus propias vidas por una razón, a causa del precio de la vivienda, y que solo lo podrían hacer si les ayudamos. Por eso estamos buscando soluciones integrales que incluyen la promoción de vivienda protegida para quien quiera comprar -le recuerdo que en los ocho años que ustedes gobernaron hubo un descenso constante de la vivienda protegida iniciada y que desde que llegamos nosotros lo hemos aumentado hasta un 55 por ciento; así que ojo con lo que dice-.


Una buena política pública de vivienda debe incluir también una fiscalidad no discriminatoria. Por eso hemos mantenido las deducciones por compra que ya existían y las hemos igualado a las del alquiler, que ustedes suprimieron. ¿Y ahora me habla de rebajar la fiscalidad? ¡Pero si ustedes la suprimieron! Nosotros acabamos de introducir de nuevo la deducción.


Una buena política debe incluir, además, instrumentos legales que protejan a los ciudadanos de las especulaciones inmobiliarias. Frente a su Ley del Suelo que -le recuerdo- multiplicó el precio del suelo en un 500 por ciento, hemos aprobado otra, apoyada por todos los grupos parlamentarios excepto por el suyo, que implica una reserva de vivienda protegida mínima e incrementa la transparencia y el control, la participación ciudadana y el respeto al medio ambiente.


Hay que ponérselo fácil a los promotores, constructores e intermediarios, pero también a los propietarios para que alquilen con más garantías. Por ello el viernes el Gobierno presentará -no hablará, como hacen ustedes, sino que, como digo, presentará- un paquete de medidas para dar más garantías en este caso a los propietarios y para que las viviendas vacías puedan salir al mercado de alquiler. Pero también debemos ayudar a colectivos con especiales necesidades, y por ello este plan viene a tratar de solucionar un problema ante el que no nos quedaremos cruzados de brazos. Hablo de toda una generación de jóvenes, tres millones de ellos incorporados ya al mercado de trabajo, que nos dicen que no pueden alquilar o comprar una primera vivienda a causa de su precio.


Hemos decidido incorporar deducciones fiscales al alquiler, ayudarles con una renta de emancipación durante cuatro años de más de 10.000 euros junto con una ayuda para aquello que nos dicen que más les cuesta a la hora de contratar un alquiler para una primera vivienda: una fianza con un apoyo de hasta 600 euros y seis meses de aval.


Señorías, todo esto frente a ustedes, que se cruzaron de brazos mientras subían los precios. Creo que uno debería medir sus palabras cuando viene aquí y habla, habla y habla después de no haber hecho nada por ellos durante ocho años. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON AGUSTÍN CONDE BAJÉN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO INTRODUCIR ALGUNA MODIFICACIÓN LEGISLATIVA PARA EVITAR QUE LOS PRESOS QUE HAN COMETIDO DELITOS SEXUALES Y NO SE HAN REHABILITADO SEAN PUESTOS EN LIBERTAD (S.680/001396).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Conde, que tiene la palabra.


El señor CONDE BAJÉN: Gracias, señor presidente.


Señor ministro de Justicia, recientemente algunos violadores múltiples que por confesión propia no están rehabilitados han quedado en libertad. Esto ha causado una gran alarma social y a nosotros nos interesa mucho saber si el Gobierno tiene previsto introducir algún tipo de modificación legislativa para que esto no vuelva a suceder en el futuro.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Señor presidente, señoría, el Gobierno tiene previstas medidas no solo legislativas, sino también no legislativas, que están en estudio. Ahora se las cuento.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Tiene la palabra el senador Conde.


El señor CONDE BAJÉN: Señor ministro, eso me parece una absoluta falta de respeto. Le estoy haciendo una pregunta y espero que me la conteste, pero su señoría no se toma la molestia de hacerlo porque para usted esto de venir al Parlamento a responder a un grupo parlamentario una pregunta que se formula de buena fe por lo visto no va con su talante ni con su trayectoria ni con su experiencia personal.


Nosotros hemos formulado una pregunta al Gobierno, el Gobierno nos dice que sí tiene una respuesta, pero no nos la da. Es algo sorprendente; bueno, es sorprendente casi en cualquiera menos en el excelentísimo señor ministro de Justicia, don Mariano Fernández Bermejo, a quien si retribuyéramos con su mal estilo y su bajeza en el discurso deberíamos llamar bermejito. Pero no, señoría, nosotros no vamos a seguir por su senda.


Señor ministro, nos interesa saber qué van a hacer ustedes. No voy a tener un turno de réplica porque usted me lo está hurtando, porque usted está impidiendo un debate parlamentario en un Parlamento que todavía -e insisto,

Página 8158


todavía- es democrático, si bien es cierto que como sigan ustedes muchos años en el Gobierno veremos dónde queda eso.


Señorías, el Gobierno no sabe, no contesta, no tiene respuesta alguna, y ahí se tiene que terminar el debate, señor ministro. Tiene un cero en actitud parlamentaria, en talante democrático. Este es el señor ministro de Justicia, esta es su auténtica cara. No contesta a una pregunta...
¡pues siga usted dedicándose a hacer poesías, a hacer gracietas y a insultar al adversario! ¡Enhorabuena, señor ministro! Hoy está demostrando usted exactamente la altura a la que está dejando un ministerio tan importante como el de Justicia. Menos mal que le quedan cuatro o cinco meses, y en marzo, pese a eso de que ha fichado usted por cinco años como si fuera un futbolista, se volverá a la Fiscalía; por cierto, que ya veremos qué es lo que hace allí.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Lamento, señoría, que no le guste el mal estilo y la bajeza de bermejito. Yo no entraré a utilizar esa dialéctica tan elevada, señor Conde. (Rumores.) Cada uno estamos en el nivel que nos corresponde. Administro como estimo pertinente el tiempo que me otorga el Reglamento, pero claro que le voy a contestar.


Me hubiera gustado oír algún comentario constructivo, pero ya sé que es usted incapaz de hacerlo. En cualquier caso, sí le voy a contestar, no se confunda. (El señor Conde Bajén: ¿Ahora?.-Rumores.) Ahora y cuando quiera. Me administro mi tiempo.


El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego silencio, por favor.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Los casos de que habla la prensa en estos días fueron juzgados conforme al Código Penal de 1973 y fueron objeto del tratamiento de ese código; el Estado de Derecho no admite otra cosa.


Haciendo demagogia, ustedes se han ocupado de ir diciendo que había que hacer muchas cosas, pero han olvidado lo esencial y es que en el Estado de Derecho solo se puede hacer lo que la ley manda y hasta donde la ley manda. Por ello, aunque el fiscal ha recurrido, el violador de Vall d´Hebron, por ejemplo, saldrá y lo hará porque éste es un Estado de Derecho.


La cuestión que nos estamos planteando, no ahora sino desde hace ya bastante tiempo, es qué hacemos con los delincuentes sexuales. En el Código Penal de 1995 ya existen medidas, pero no se han podido aplicar para aquellos que fueron condenados con el de 1973; por ello, le voy a apuntar algunas de las que estamos estudiando. En este sentido, desde hace ya tiempo trabaja en el Ministerio de Justicia un equipo multidisciplinar para estudiar realmente qué podemos hacer con el delincuente sexual porque no está claro; nosotros no lo tenemos tan claro como los franceses que llaman ahora castración sexual al tratamiento químico que se utiliza en España, y en todas partes, desde hace mucho tiempo, sin resultados positivos. Aquí utilizamos el psicológico, pero tampoco estamos contentos con los resultados; debemos seguir trabajando y en ello estamos. Por tanto, la primera medida no es legislativa.


Además, estamos trabajando en las medidas de protección a las víctimas.
Hay que intentar extender algunas de las medidas recogidas en la ley de violencia a las víctimas sexuales que no estén ya incluidas, como es el caso del teléfono de atención, que puede ser un bálsamo tranquilizador y además útil, así como la protección de su intimidad a ultranza, porque quizá no lo hayamos conseguido totalmente.


En segundo lugar, señor Conde, hay una serie de medidas que ya están incluidas en el proyecto que se está tramitando en el Parlamento. Por ejemplo, un conjunto de medidas adicionales en el artículo 94 del proyecto, donde figura el sometimiento posterior a procesos de tratamiento terapéutico y educativo hasta dos años -creo que hay que extender esta medida durante la tramitación parlamentaria-, o la libertad vigilada hasta dos años, que también considero necesario extender.


Sin embargo, voy a ir más allá porque en ese proyecto se incluyen una serie de actuaciones para retrasar la salida de estas personas y poder tratarlas en prisión: dificultades de suspensión de ejecución de condena, que prácticamente se hace imposible; dificultad de sustitución de penas privativas de libertad para asegurar el tratamiento dentro; el tercer grado se aleja prácticamente porque se exige el cumplimiento de la mitad de la pena para que se acuerde; la libertad condicional prácticamente no es posible. Además de todo lo anterior, hay que señalar el sometimiento a programas de libertad vigilada.


El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Además, queremos recordar que solo ahora, en esta legislatura, hay en tratamiento 200 personas en prisión y le diré más, estudiamos medidas civiles para aquellos que no han podido ser tratados con medidas de tipo penitenciario. Por ello, estamos pensando y estudiando muy a fondo la creación de un órgano central de seguimiento de este tipo de delincuentes, que son demasiados y que pueden hacerlo rentable.


Como ve, bermejito trabaja. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON FRANCISCO XESÚS JORQUERA CASELAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA DISPOSICIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA EL GOBIERNO PARA INICIAR LOS

Página 8159


TRÁMITES CONDUCENTES A LA TRANSFERENCIA DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL A LA JUNTA DE GALICIA (S. 680/001387).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Jorquera Caselas.


Tiene la palabra su señoría.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, ¿en qué disposición se encuentra el Gobierno para iniciar los trámites conducentes a la transferencia de competencias en materia de Tráfico y Seguridad Vial a la Xunta de Galicia?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.


Como su señoría conoce, la competencia en materia de tráfico es exclusiva del Estado, al amparo del artículo 149.1.21a de la Constitución, lo que quiere decir que para hacer la transferencia a una comunidad autónoma habría que elaborar una ley orgánica de transferencias, previstas en el apartado 150.2 de la Constitución y este trámite no se ha iniciado en este momento ni tenemos previsto hacerlo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Tiene la palabra su señoría.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor ministro.


La información que usted acaba de facilitarme, como podrá suponer, ya la conocía. En cualquier caso, ese trámite lo puede iniciar el Gobierno central o el Parlamento gallego; sin embargo, nosotros queremos saber qué disposición tiene su Gobierno y usted ha eludido responder a esta pregunta.


Señor ministro, permítame que para apoyar mi argumentación sobre la necesidad de que Galicia asuma estas competencias me apoye en unas polémicas declaraciones del señor Navarro, que el pasado 4 de julio manifestó entre otras cosas lo siguiente: La accidentalidad es un problema psicológico de los gallegos. Se está reduciendo igual que en el resto de España, pero ustedes están instalados en el pesimismo; piensan que Galicia es otra cosa y que en Galicia no hay solución.


Señor ministro, espero no tener que convencerle de que el pesimismo y el fatalismo de los gallegos tiene mucho de tópico. Lo que ocurre es que, sencillamente, los datos hablan por sí solos. En Galicia, durante el verano de 2007, el número de víctimas mortales ha aumentado en casi un 25 por ciento con respecto al año anterior, en el resto del Estado poco más de un dos por ciento. Entre el verano de 2003 y el de 2007, el número de víctimas mortales en Galicia aumentó un 20 por ciento, mientras que en el resto de las comunidades la tendencia fue descendente. Y esto es así, señor ministro, por la sencilla razón de que Galicia tiene singularidades tan marcadas que exigen otras políticas y, por lo tanto, contar con los instrumentos para poder hacerlas efectivas. No llegan con un plan específico de seguridad vial para Galicia, como los hechos, por desgracia, se están encargando de corroborar. Más gastos en tecnología, mayor vigilancia puntual, más campañas publicitarias no constituyen una política de seguridad vial nueva, y mucho menos adaptada a las necesidades de Galicia.


Además, señor ministro, ¿no es paradójico que el Ministerio del Interior tenga que destinar medios a carreteras secundarias que son competencia de la Xunta de Galicia? El problema, señor ministro, es que somos un país con un alto porcentaje de la población asentada en el medio rural, con una población con un alto grado de dispersión. Somos un país lluvioso y con una orografía accidentada. Tenemos una red muy densa de carreteras secundarias, por las que se desarrollan la mayoría de los desplazamientos internos en nuestro país. Para dar respuesta a estos problemas necesitamos políticas propias, necesitamos asumir nosotros las competencias. ¿Acaso no tienen el País Vasco y Cataluña delegación de atribuciones del Estado en tráfico y seguridad vial? ¿Acaso la singularidad de Galicia, por las razones que le acabo de referir, no hacen tanto o más necesaria la delegación de estas atribuciones a la administración autonómica de nuestro país?

Por eso, señor ministro, esperamos una buena disposición de su Gobierno para negociar la transferencia de estas competencias y asumir los compromisos adquiridos en otras materias. Todavía estamos esperando que se den pasos que hagan efectivo el compromiso de traspaso de competencias adquirido en su día por el entonces ministro, señor Jordi Sevilla, con el vicepresidente de la Xunta, señor Anxo Quintana. Señor ministro, Galicia carece de un nuevo estatuto por el bloqueo del Partido Popular. No quisiéramos constatar que tampoco podemos desarrollar el estatuto actual y ampliar nuestro autogobierno a través de las vías que contempla el estatuto...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.


Voy a hacer tres comentarios. Primero, como usted sabe, hace dos o tres días el vicepresidente de la Xunta de Galicia se reunió con la ministra de Administraciones Públicas para trabajar en un calendario de transferencia de competencias pendientes. Y quiero recordarle que en ese calendario no se incluyen, como no podía ser de otra forma, las competencias en tráfico, entre otras cosas, porque como le he recordado en mi primera intervención, hace falta una ley cuya iniciativa en este momento no se ha tomado.


Segundo, usted ha hecho una disquisición sobre transferencias y fallecimientos en carretera que, ciertamente, nos

Página 8160


llevaría muy lejos. Podríamos comparar datos de comunidades autónomas, quién tiene transferencias, quién no las tiene, cómo evoluciona el número de fallecimientos en carretera etcétera; igual resulta que nos llevábamos alguna sorpresa. Pero, en fin, no quiero entrar por ahí, en todo caso, lo que sí le digo es que si la Xunta de Galicia quiere hacer una política de seguridad vial, la puede hacer. De hecho, le diré más, la hace, hay un Plan de Seguridad Vial 2006-2010 de la Xunta de Galicia, por cierto, un excelente plan, que se ha elaborado junto con la Dirección General de Tráfico, donde se incorporan un conjunto de actuaciones que la Xunta puede hacer en materia de sus competencias, que junto con las que hace el Estado van a mejorar la seguridad vial en las carreteras de Galicia. Por tanto, no hace falta una transferencia específica para hacer un plan y para tomar medidas, puesto que la Xunta de Galicia tiene capacidad para tomarlas en muchos aspectos que afectan a la seguridad vial, por ejemplo, aquel que se refiere a las carreteras secundarias, que usted ha mencionado.


Tercero, y ya termino, señor presidente, es cierto que Galicia tiene características singulares, que probablemente expliquen algunos de los fenómenos estadísticos a los que usted se refería. Pero no es menos cierto que su comportamiento, el de la comunidad de Galicia y, por tanto, el de los automovilistas que por Galicia conducen, que no son sólo los gallegos, es exactamente igual que el del resto del Estado, como no podía ser de otra manera, cuando se aplican los planes correspondientes. Así, en julio del año pasado hicimos un plan específico para el entrada del carné por puntos en Galicia porque sabíamos que había esas circunstancias específicas. Y el resultado es que en un año de carné por puntos en Galicia, el número de fallecimientos en carretera se ha reducido en 31, lo que si no me fallan los números es alrededor de un 11 por ciento, que es básicamente la misma cifra que existe en el conjunto de España.


En resumen, no hay ninguna maldición para justificar los datos que en el pasado hubo en Galicia. Hay una red complicada de carreteras, una orografía compleja, una diseminación cierta, muchas carreteras secundarias, etcétera. Pero cuando hay un buen plan, la Comunidad de Galicia se comporta, como no podía ser de otra forma, como el resto de las comunidades autónomas, y en eso estamos, señoría.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DOÑA ELENA ETXEGOYEN GAZTELUMENDI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA AGILIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS MÁS DE SEISCIENTOS MIL EXPEDIENTES SANCIONADORES EN TRÁMITE ASOCIADOS A LA APLICACIÓN DEL CARNET POR PUNTOS (S. 680/001390).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Etxegoyen.


Tiene la palabra su señoría.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, señorías, muy buenos días a todos.


Habiéndose cumplido el pasado día 1o de julio un año ya desde la entrada en vigor del carné de conducir por puntos y tras la campaña de Tráfico del verano 2007, parece este un buen momento para hacer un primer comentario, necesariamente parcial, de los resultados obtenidos.


Antes que nada, apuntaré lo que ya sabemos, que el carné por puntos no es la panacea ni la solución definitiva para acabar con la siniestralidad vial, sino simplemente un instrumento de gestión más, que debe ir acompañado de otras estrategias o herramientas.


Hay aspectos positivos, que están, por ejemplo, en la favorable acogida que, sobre todo al principio, tuvo esta medida entre los conductores y los usuarios de carretera, que entendieron efectivamente su potencial como medida preventiva, o la influencia que ha tenido para adoptar un comportamiento más prudente y responsable a la hora de conducir, si bien creo que tenemos que admitir que en estos aspectos positivos han tenido muchísimo que ver las campañas de información puestas en marcha desde las diferentes administraciones competentes en materia de tráfico, singularmente en la DGT y en la Dirección de Tráfico de Euskadi.


No hay que bajar la guardia y lo que procede es implementar toda una batería de medidas, que son fundamentales para asegurar la plena efectividad de este carné por puntos. Y de estas, hay una que a esta portavoz preocupa sobremanera, porque la credibilidad del permiso por puntos, sobre todo en su vertiente preventiva, depende en gran medida de que los conductores sancionados perciban su efectividad. Sencillamente, se trata de que las sanciones se cumplan y se haga con celeridad.
Seguramente es una afirmación impopular, pero decir lo contrario sería una frivolidad.


El sistema de sanciones tal vez funcione, pero no lo hace con agilidad. Es un sistema muy lento, sobre todo en lo que se refiere a la tramitación de las denuncias. Si mis datos son correctos, por poner un ejemplo, hay cerca de 1.700 conductores que ya han agotado su cupo de puntos, pero Tráfico ha podido retirar el carné tan solo a 550.


Como les decía, el sistema tal vez funcione, pero lo hace con excesiva lentitud, y, en materia de prevención de la accidentalidad y muertos en carretera, cifras estadísticas aparte, no podemos permitirnos este lujo.
De ahí, señor ministro, que le pregunte sobre las medidas previstas por el Gobierno a tal fin.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Gracias, señor presidente.


Página 8161


Como cuestión general, diré que comparto la valoración que hace su señoría de la entrada en vigor del permiso de conducir por puntos. Efectivamente, los datos están ahí. Se ha producido una reducción importantísima del número de fallecimientos en carretera durante el año de entrada en vigor de este carné por puntos. Estamos hablando de una cifra de 500 fallecimientos menos, 500, dato que vamos a mejorar.


Es verdad que no se puede pedir al carné por puntos que el segundo año sea igual de efectivo que el primero, por razones estadísticas, que todo el mundo puede entender, pero es cierto que, si uno examina lo que está pasando, puede ver las cosas con cierto optimismo, aunque, como he dicho en repetidas ocasiones y como usted ha señalado, no es el único instrumento.


No obstante, es un buen instrumento, que todavía no ha agotado todas sus potencialidades. Para que las agote, tiene razón su señoría en que hay que poner en marcha algunos mecanismos de agilización en materia de sanciones. Nuestro sistema de sanciones es enormemente complejo, como corresponde a nuestro Derecho Administrativo que, a su vez, deriva de una Constitución muy garantista; en otras palabras, antes de proceder a una sanción efectiva, hay una serie de recursos que los ciudadanos pueden presentar a los que la Administración tiene que contestar.


Hay una serie de trámites que hacer y los estamos agilizando en todos sus elementos, desde el momento mismo de la denuncia hasta los distintos recursos, pasando por las comunicaciones a los ciudadanos, y este conjunto de medidas supone que tenemos más personal y medios informáticos más eficaces. Asimismo, esperamos que en la próxima legislatura pueda haber una ley que, además de eso, organice las cosas, respetando nuestra Constitución y los derechos de los ciudadanos, de forma más ágil y, por tanto, más eficaz.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la senadora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, no puedo por menos que compartir sus afirmaciones, pero permítame que le diga que no me ha contestado a la pregunta.


Evidentemente, si estamos ante 650.000 expedientes sancionadores en trámite asociados a la aplicación del carné por puntos, si mis datos no son erróneos, me gustaría saber qué medidas concretas tiene previsto el Gobierno poner en marcha para agilizar esta tramitación.


Desde luego, considero, seguramente como usted, que es imprescindible contar con herramientas y organismos que garanticen la agilidad de las sanciones. Creo que alguien anunció la puesta en marcha -no sé si inminente pero, desde luego, todavía no ha sido efectiva- del llamado centro estatal de tramitación de denuncias automatizadas, conocido como centro Estrada. No he escuchado ni una palabra a este respecto.


Me gustaría saber en qué consiste exactamente, en qué plazos será y qué coordinación tendrá con el resto de organismos con competencias en materia de tráfico en el Estado.


Supongo que avanzar en el uso de la telemática y de las nuevas tecnologías podría agilizar el procedimiento sin menoscabar, como usted ha dicho, las garantías del administrado a la hora de recurrir. Asimismo, permitiría, por ejemplo, la transferencia a Euskadi de la plena competencia -también las asociadas a la emisión y retirada de licencias de conducción- en materia de tráfico; y de nuevo lo pongo sobre su mesa, no en clave reivindicativa, que también, sino de eficacia. En este caso, podríamos evitar además el doble procedimiento que hoy sigue sobre la mesa a la hora de sancionar una misma infracción.


Para terminar, quiero señalar lo que dijo el director de Tráfico del Gobierno vasco, don Andoni Arriola, cuando hizo referencia a este sistema. Señaló que se trataba de compartir la carretera entre todos y de sacar de ella al que no fuera capaz de hacerlo. Sea cual sea la estadística de turno, debemos buscar el muerto cero aunque sea una utopía.


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine por favor.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Termino, señor presidente.


Creo que agilizar, en los términos que esta senadora ha puesto sobre su mesa, los procedimientos administrativos sería una de las claves para hacerlo.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.


Comparto, también, esta segunda parte de su intervención, y voy a contestarle a algunas de las precisiones que me ha pedido.


Estamos trabajando en todos los elementos que conforman el procedimiento sancionador, empezando por la propia denuncia, que estamos agilizando por la vía de dotar a los guardias civiles de Tráfico de medios técnicos más apropiados, como terminales de mano para denuncias en carretera que nos van a permitir que las denuncias se realicen más rápidamente.


Estamos trabajando en todo lo que se refiere a la instrucción de los expedientes, mediante un proceso de informatización que ya hemos ultimado y la dotación del correspondiente personal.


Estamos trabajando en el proceso de notificación a los conductores a través de los acuerdos correspondientes con Correos, que hemos firmado y que están funcionando.


Estamos poniendo en marcha el centro de tratamiento de denuncias automatizadas, por el que usted se ha interesado. El proyecto ya está adjudicado y confiamos en que el centro entre en vigor en marzo. En este centro se van a analizar con rapidez las fotos de los vehículos que presun-

Página 8162


tamente han cometido una infracción y, si la foto tiene la suficiente nitidez y cuenta con los requisitos jurídicos precisos, se tramitará la denuncia inmediatamente, lo que se hará en conexión, lógicamente, con las comunidades autónomas que tienen competencias en la materia.


Finalmente, también estamos mejorando los trámites del llamado recurso de alzada.


Todo ello sin perjuicio de que, como le decía, estemos estudiando -y tenemos bastante avanzado- una revisión global de todo el procedimiento sancionador respetuosa con la Constitución pero, también, con la necesaria eficacia que un instrumento como el carné por puntos nos reclama.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DON MANUEL PEZZI CERETO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS ACTUACIONES QUE LLEVARÁ A CABO EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LAS FUERTES LLUVIAS CAÍDAS EN DIVERSAS ZONAS DE ESPAÑA DURANTE LOS DÍAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2007 (S. 680/001409).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Pezzi.


Tiene la palabra su señoría.


El señor PEZZI CERETO: Muchas gracias, señor presidente.


En los últimos días, coincidiendo con el inicio del otoño, se han producido fuertes lluvias e inundaciones en diversas zonas del sur y este de España con especial incidencia en Andalucía, en concreto en las provincias de Granada, Málaga, Almería y Jaén.


Estas fuertes lluvias han provocado desgracias personales en la localidad de Almuñécar, donde ha muerto un ciudadano alemán sorprendido en su garaje, y en Sabiote, Jaén, donde un hombre ha muerto y otro ha desaparecido al ser arrastrado su vehículo por la riada.


En primer lugar, sin duda, debemos lamentar estos fallecimientos y trasladar nuestra condolencia a sus familias. en segundo lugar, en muchos municipios ha habido que soportar y sufrir impactos en la red de carreteras y autovías, en la red secundaria de carreteras y caminos rurales, en las instalaciones ferroviarias, en los puentes y en los sistemas de seguridad de ríos y ramblas, desbordados por las fuertes lluvias que cayeron en pocas horas. La mayoría de estas instalaciones e infraestructuras están siendo arregladas por las administraciones competentes con la rapidez necesaria, aunque quizá con más problemas por parte de las pequeñas corporaciones locales con presupuestos muy reducidos.


Especial relevancia tienen las pérdidas que afectan a los ciudadanos particulares: los agricultores por sus cosechas y los comerciantes o industriales por sus tiendas o fábricas, así como las que tienen que ver con viviendas, sótanos, vehículos, ajuares o enseres. Todo ello requiere de un trabajo muy minucioso de evaluación de daños en cada municipio afectado y poner en marcha los mecanismos de cooperación en la gestión de las subvenciones previstas, por un lado, por la Junta de Andalucía y, por otro, en los reales decretos de 2005 y 2007, por los que se regulan las subvenciones de atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica por parte del Gobierno de España.


Es precisamente en este marco jurídico en el que realizo mi pregunta, para solicitarle la máxima agilización de la tramitación y el pago de las ayudas que correspondan, de acuerdo con el real decreto, a familias, personas físicas y jurídicas, titulares de establecimientos mercantiles, industriales o de servicios, comunidades de propietarios y corporaciones locales. Me gustaría oírle decir, dada su eficacia demostrada y su impronta solidaria, que en un tiempo breve va a llevar al Consejo de Ministros el acuerdo de ayudas para que estas puedan llegar lo más rápidamente posible a los afectados.


Usted sabe, señor ministro, que soy senador por Granada. Vi directamente los desastres a las pocas horas, y vi la desesperación y la impotencia ante la furia de la naturaleza y la esperanza en recibir ayuda en el tiempo más breve posible. Los ciudadanos de Almuñécar, de La Herradura, de Jete o Lentegi, del valle de Lecrín, en la provincia de Granada, los de Almería, Málaga, Jaén y los de otras zonas, esperan del Gobierno de España eficacia en la solidaridad para paliar en parte los elevados daños que han sufrido.


El señor PRESIDENTE: Señoría...


El señor PEZZI CERETO: Mi pregunta concreta es: ¿qué actuaciones va a llevar a cabo el Gobierno en relación con las fuertes lluvias caídas en diversas zonas de España al final de la semana pasada?

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señor Pezzi.


Lo primero que quiero hacer, como ha hecho usted en su pregunta, es transmitir la solidaridad del Gobierno a las familias de los fallecidos, a la del desaparecido y, en general, a todos los ciudadanos que han sufrido graves pérdidas personales y familiares por las lluvias que tuvieron lugar hace algunos días en Andalucía. Es cierto que han afectado específicamente a Jaén, Málaga, Granada, Almería, Alicante y también Valencia -a dos provincias de la Comunidad Valenciana, por tanto-, y que han sido especialmente crueles en la ciudad de Almuñécar.


¿Qué hemos hecho? Siguiendo el orden de las propuestas que usted hacía en su pregunta, tratamos de dar la máxima celeridad a todo el proceso de tramitación de las ayudas previstas en un real decreto que se aprobó hace

Página 8163


muy poco tiempo y que revoca algunas cuestiones del real decreto de 2005.
Básicamente, mejora las condiciones de las prestaciones que otorga el Estado a los ciudadanos que sufren catástrofes naturales.


La aplicación del decreto tiene distintos trámites. El primero e inexcusable es disponer de información sobre lo que ha pasado; es decir, disponer de información detallada de los bienes perjudicados y de los servicios municipales afectados -viarios, eléctricos y de todo tipo-. Esa información la tienen que proporcionar las delegaciones del Gobierno y también la comunidad autónoma. Y sobre la base de esa información se producen inmediatamente las actuaciones administrativas correspondientes.
Desde el mismo día en que se produjeron las inundaciones se está trabajando en la recogida de la información. Lo está haciendo la Junta de Andalucía.


Como usted señalaba, hace falta un acuerdo del Consejo de Ministros, y ya le puedo indicar que lo llevaré a la sesión del próximo viernes. En el acuerdo se recogerán un conjunto de trámites, se ordenará a la Administración completar los que ya están iniciados y se recogerán una serie de ayudas a las que usted se ha referido: ayudas a unidades familiares o de convivencia, por daños específicos en su vivienda o enseres; ayudas a entidades locales que hayan tenido que hacer gastos de emergencia, como limpieza de vías públicas, desobstrucción del alcantarillado o alojamiento provisional de los damnificados, puesto que hay una serie de gastos que han hecho los administraciones locales que hay que compensar; ayudas a establecimientos industriales, mercantiles o de servicios, así como a comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal; y, lógicamente, ayudas específicas a las familias de los fallecidos. Todas estas ayudas se pondrán en marcha a través de un acuerdo -repito- que adoptará el Consejo de Ministros en la reunión del viernes próximo.


Muchísimas gracias, señor Pezzi.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON JAIME REINARES FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI HA RECIBIDO EL GOBIERNO LA PETICIÓN DEL GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA EJECUTAR LAS OBRAS DE SOTERRAMIENTO DE LA AUTOPISTA A LA ENTRADA DE LA CIUDAD DE OVIEDO (ASTURIAS) PARA PRESERVAR EL MONUMENTO PRERROMÁNICO DE SAN JULIÁN DE LOS PRADOS (S. 680/001399).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Reinares.


Tiene la palabra su señoría.


El señor REINARES FERNÁNDEZ: Muchas gracias, presidente.


Señora ministra, le formulo la pregunta en los términos que figuran en el orden del día.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, presidente.


Señoría, aún no hemos recibido el proyecto por el que usted pregunta, si bien desde marzo de 2007 tenemos conocimiento de la intención del Gobierno del Principado de Asturias de solicitar financiación del uno por ciento cultural para preservar el monumento prerrománico de San Julián de los Prados. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)

Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori) Muchas gracias.


Tiene la palabra, senador Reinares.


El señor REINARES FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, como siempre, no me ha contestado. Voy a hacer un poco de historia. Este proyecto data de 2003, año en que fue aprobado por el Gobierno de José María Aznar. Y el acuerdo era el siguiente: La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento está preparando el proyecto para acometer con su propio presupuesto -repito, con su propio presupuesto- las obras de la losa de Santullano -tengo aquí el acuerdo-.
El señor Morlán, ante las distintas preguntas que le hice en la Comisión de Fomento, siempre nos dio largas. Y su contestación el día 18 de abril es la misma que me da hoy: que se está esperando el proyecto. Pues bien, yo no sé quién tiene que hacer ese proyecto; según los acuerdos habidos en su momento, tendría que hacerlo la Dirección General de Carreteras.
Por otro lado, el presidente del Principado de Asturias, el señor Álvarez Areces, también socialista, manifestó que proponía al señor Zapatero un convenio para hacer la losa de Santullano; esas manifestaciones han quedado reflejadas en el acuerdo del Consejo de Gobierno del 19 de abril de 2007, que también tengo aquí y le puedo enseñar.


Son múltiples las promesas que llevan haciendo ustedes, los socialistas, para obras en Oviedo. Y respecto a ese monumento prerrománico, considerado por la UNESCO patrimonio de la humanidad, en un lugar por el que pasan miles y miles de vehículos todos los días, ustedes no hacen nada.


¿Y qué ocurrió? Que, desgraciadamente para los ovetenses y para los asturianos, en general, ustedes ganaron las elecciones y han paralizado todos los proyectos que teníamos en la parrilla de salida para Oviedo. Se los voy a recordar, señora ministra: La ronda norte, el acceso de Latores-El Cristo, la ampliación del puente de Nicolás Soria, el museo militar de Trubia y este proyecto de soterramiento. Llegaron ustedes a decir que esta obra era totalmente inviable, que no se podía hacer porque peligraba el monumento del prerrománico. Y ahora, una vez que les hemos demostrado que efectivamente se puede hacer, han reconocido que es viable.


Página 8164


Señora ministra, yo espero que en la próxima intervención no me salga nuevamente por los cerros de Úbeda, como me hizo el 18 de abril, echándole la culpa al señor Cascos. Yo creo que usted está todas las noches pensando en él. (La señora ministra de Fomento, Álvarez Arza, hace signos negativos. -Rumores y risas.) Sí, sí, estoy completamente seguro.
En otra intervención, contestándome a esta cuestión, me habló de una obra diferente...


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, concluya, por favor.


El señor REINARES FERNÁNDEZ: Termino ya, señor presidente.


Decía que entonces me habló de una obra totalmente diferente, lo que supongo que será debido a que le habrán informado mal.


Señora ministra, los asturianos, y los ovetenses en particular, queremos que nos conteste clara y contundentemente, de forma clara, concreta y concisa. La pregunta es muy clara: ¿van ustedes, los socialistas, a acometer las obras de la losa de Santullano? ¿La va a acometer el Gobierno de la nación? ¿La va a acometer con el Principado de Asturias? ¿La va a acometer con el Principado de Asturias y con el ayuntamiento de Oviedo?

Espero su contestación, señora ministra.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias senador.


Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.


Señoría, por lo visto, el anterior Gobierno hizo una promesa en relación con lo que usted me pregunta que no cumplió, y ahora me pregunta usted a mí, cuatro años más tarde, sobre esa cuestión. Tenía que haber sido el Gobierno que lo prometió el que cumpliera su promesa.


En relación con la preservación de la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados, puedo informarle que el 20 de marzo de 2007 recibimos un escrito de la consejera de Cultura del Principado en el que nos comunicaba que, cuando dispusieran del proyecto de ejecución lo presentarían para el análisis y la consideración de su financiación ante la Comisión Mixta Fomento-Cultura del uno por ciento cultural. Esta misma intención, señoría, fue expresada por el consejero de Medio Ambiente, Infraestructura y Ordenación del Territorio de Asturias al secretario de Estado en la reunión que mantuvieron el 3 de abril de 2007. En esa reunión el consejero expuso los estudios realizados por el Principado para la protección de la iglesia y se refirió a un borrador de acuerdo entre el Principado y el Ayuntamiento de Oviedo para reordenar el entorno de San Julián de los Prados.


Por lo tanto, señoría, tan pronto como se reciba la documentación exigida, de acuerdo con lo establecido en la Orden Ministerial de Cultura 596/2005, en la que se recogen, como usted bien sabe, todos los requisitos para la financiación de actuaciones con cargo al uno por ciento cultural, se procederá a su análisis por el Ministerio de Fomento.
Y se hará con el fin de elevar a la Comisión Mixta Fomento-Cultura, que es el órgano competente, como usted bien sabe, la propuesta relativa a la subvención de las obras para preservar el monumento prerrománico de San Julián de los Prados.


Con respecto a su afirmación de paralización de las obras del uno por ciento cultural en el Principado de Asturias, permítame recordarle que en los tres años y medio que llevamos en el Gobierno hemos subvencionado actuaciones a través del uno por ciento cultural -cuando digo hemos me refiero exclusivamente al Ministerio de Fomento- por un importe de 5,45 millones de euros, que es el doble de lo que destinó el Partido Popular en sus ocho años de Gobierno en Asturias. Es más, señorías, significa multiplicar por cinco la subvención media anual de las Legislaturas del Partido Popular. Por otra parte, hemos elevado en esta legislatura el número de actuaciones en un 37 por ciento.


Y con relación a lo que usted dice, sobre que yo pienso por las noches en el señor Cascos, le puedo asegurar que tengo miles de cosas mucho más interesantes que hacer.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori ): Muchas gracias.


-- DE DON RAFAEL SIMANCAS SIMANCAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID (S. 680/001405).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta del senador Simancas.
Su señoría tiene la palabra.


El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, el objetivo de esta pregunta consiste en dar a conocer mejor a los madrileños la realidad sobre las inversiones del Estado en su región, la verdad de los datos, la verdad de los hechos sobre las inversiones del Estado en Madrid. Este es el mejor antídoto frente a la demagogia victimista que el Gobierno regional del Partido Popular despliega cada día en nuestra región. ¡Claro que el Estado invierte en Madrid! Invertía con los gobiernos del Partido Popular, e invierte e invertirá con los gobiernos del Partido Socialista. Eso sí, con una diferencia: con el Partido Socialista se invierte en Madrid más y mejor, hay más inversión media anual presupuestada y una mejor ejecución de lo que se presupuesta.


Página 8165


Efectivamente, el Gobierno socialista acaba las obras que el Gobierno popular comenzó, tal como, incomprensiblemente, denuncia cada día el Partido Popular. Nos dicen: Es que están ustedes terminando las obras que empezó el Gobierno anterior. ¿Y qué esperaban? ¿Que las dejáramos a medias? ¿Eso es lo que haría un eventual Gobierno del Partido Popular en marzo respecto de las obras actualmente en marcha? Se finalizan a buen ritmo las obras comenzadas. Se da comienzo a obras nuevas, a pesar de lo que se dice: desde la variante del Molar, en el norte, hasta la ampliación de la C3 de Cercanías, en el sur; y se proyectan y licitan más infraestructuras para el futuro próximo, obras que van a hacer de Madrid la región con más autovías por kilómetro cuadrado de Europa, la capital europea de la alta velocidad ferroviaria y la sede aeroportuaria más moderna del continente.


El Gobierno de España invierte en Madrid y los madrileños no se sienten víctimas en la España del desarrollo, a pesar de lo que dice el Partido Popular. Los madrileños se saben habitantes de una región puntera y privilegiada por su situación de capitalidad, de centralidad, por ser locomotora del desarrollo económico del país.


Todos los gobiernos de España quieren invertir en Madrid porque esa inversión contribuye decisivamente al progreso del conjunto de España. Se invierte mucho y se podría invertir mejor. ¿Qué ha pasado, señora ministra, con la llegada del Metro a la T-4 de Barajas? ¿Por qué se retrasó? ¿Y por qué las obras de la estación de la Puerta del Sol han sido paralizadas por la burocracia arqueológica de la Comunidad de Madrid? ¿Y por qué todavía no se ha desmantelado el aeródromo de Cuatro Vientos, tal como demandan los vecinos y propuso en su día la señora ministra? Porque el Gobierno regional del Partido Popular subordina su deber de colaboración institucional a su estrategia de agitación contra el Gobierno de España. Pero el discurso victimista del Partido Popular sobre las inversiones del Estado en Madrid no sólo es falso y absurdo; yo creo que además es antipatriota. No defienden más España quienes año tras año piden para su región más porcentaje de inversiones en detrimento de sus vecinos. Los auténticos patriotas son los que reclaman del Gobierno que invierta cada año allí donde sea preciso para asegurar el desarrollo conjunto, la solidaridad entre las regiones y la igualdad de todos los españoles. Eso es ser patriota. Lo demás es demagogia y oportunismo. Por tanto, cero patatero en rigor, en responsabilidad y en patriotismo para el Partido Popular en Madrid, señora ministra.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.


Efectivamente, el actual Gobierno ha dado un fuerte impulso al desarrollo de las infraestructuras en la Comunidad de Madrid, pues entre 2004 y 2006, solo en tres años de legislatura, hemos ejecutado inversiones que ascienden a 4.564,53 millones de euros, certificados por la Intervención, lo que supone un esfuerzo inversor muy superior al realizado en la anterior legislatura. Concretamente, en términos de media anual, hemos invertido 123 millones de euros más al año que los anteriores gobiernos del Partido Popular, es decir, hemos invertido un 9 por ciento más como media anual respecto de la legislatura anterior. Este esfuerzo, que todo el mundo puede pensar que ha ido dirigido solo al aeropuerto de Barajas, en el que hemos invertido 2.400 millones de euros en esta legislatura, es mucho más importante por lo que supone de crecimiento en carreteras y ferrocarril, para los que hemos invertido 1.890,72 millones de euros, es decir un 55,4 por ciento más que aquellos que presumen de invertir bien y que nos acusan de no hacerlo en Madrid.


En carreteras, concretamente, hemos puesto en servicio 77 kilómetros en vías de alta capacidad en las M-11, M-12, M-14 y M-22, el cuarto carril por sentido en la A-6, entre Las Rozas y Villalba, y el tercer túnel de Guadarrama, en la AP-6.


Además, hemos iniciado actuaciones que solo en carreteras suponen una inversión superior a 3.000 millones de euros, de las que destacaría, por su gran importancia, todas las actuaciones en las autovías de primera generación: su modernización, ampliación y el Bus-VAO, tres actuaciones importantísimas para Madrid, de tal manera que ya hemos iniciado el plan de adecuación, reforma y conservación de las A-1, A-2, A-3, A-4 y A-5, y ya hemos licitado las obras de la A-2 y la A-4, por importe de 543 millones de euros. Adicionalmente, con una inversión de 904 millones de euros, estamos llevando a cabo plataformas Bus-VAO que no estaban previstas por el anterior Gobierno del Partido Popular en las A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6 y A-42. Todas estas plataformas están pendientes de evaluación ambiental.


En segundo lugar, hemos iniciado actuaciones de incremento de capacidad y mejora funcional de la A-6, con 420 millones de euros, y de la M-40, con 409 millones de euros. Y en tercer lugar, hemos ejecutado inversiones en las radiales y estamos trabajando en nuevas infraestructuras, de tal manera que ya hemos licitado la concesión de la R-1 y ya hemos iniciado el estudio informativo de la R-3, que no estaba prevista en la anterior legislatura.


Termino, señorías, refiriéndome al ferrocarril de alta velocidad. Hemos conectado Madrid con Toledo, Antequera y Tarragona, y lo vamos a hacer con Valladolid, Barcelona y Málaga en esta legislatura. Hemos terminado una obra muy importante, el quinto túnel más largo del mundo, que conecta Madrid con...


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Termine, señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


Página 8166


-- DE DON ALFREDO BELDA QUINTANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO AMPLIAR EN EL PRÓXIMO EJERCICIO PRESUPUESTARIO LA BONIFICACIÓN AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y LA PENÍNSULA (S.
680/001388).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta del senador Belda.


Su señoría tiene la palabra.


El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente

¿Prevé el Gobierno del Estado ampliar en el próximo ejercicio presupuestario la bonificación al transporte de mercancías entre Canarias y la Península?

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Tiene la palabra el señor vicepresidente segundo y ministro de Economía.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señoría.


En relación con el problema que plantea, referido a las islas Canarias, uno de los principales objetivos del Gobierno es establecer las medidas tendentes a paliar las desventajas estructurales vinculadas a la insularidad. Entre ellas se encuentran las bonificaciones y subvenciones que compensan los mayores costes de transporte marítimo y aéreo de mercancías y de pasajeros entre la península y el archipiélago.


En lo que se refiere al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino a las islas Canarias, el sistema de compensaciones viene regulado en el Real Decreto 199/2000. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 contempla un volumen total de recursos para las subvenciones de transporte marítimo y aéreo de mercancías de 52,65 millones, lo que supone duplicar la dotación presupuestaria de los ejercicios anteriores. Este incremento es posible gracias a que parte del fondo para las regiones ultraperiféricas, financiación adicional del Feder, creado para las perspectivas financieras de 2007 a 2013, se empleará precisamente para compensar los gastos adicionales que para estas regiones supone el transporte de mercancías.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


Senador Belda, tiene la palabra.


El señor BELDA QUINTANA: Gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señor ministro y vicepresidente del Gobierno. Como bien sabe, el artículo 7 de la Ley 19/1994, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, mandata una consignación anual en los Presupuestos Generales del Estado para financiar unas compensaciones que permitan abaratar el coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías entre Canarias y la península. Y, como bien ha dicho, la bonificación en la actualidad del flete de mercancías entre la península y Canarias se rige por el Real Decreto 199/2000. Sin embargo, desde el año 2000, en que fue aprobado ese real decreto, el Estado no había incrementado esa dotación presupuestaria; se había asignado una cantidad que prácticamente había permanecido invariable, de 25 millones de euros, que no daba ni para cumplir con los propios porcentajes de bonificación para todos los productos que recoge el citado real decreto.


Desde hace años Coalición Canaria viene presentando enmiendas en este sentido a los Presupuestos Generales del Estado. Sabemos también que desde hace meses el Gobierno de Canarias y su Gobierno vienen negociando y trabajando conjuntamente para el incremento que hoy nos anuncia y para el diseño de un nuevo real decreto que permita la asignación de esos fondos Rup, que usted ha mencionado, de tal manera que las mercancías que deben ser transportadas desde la península y desde la Unión Europea hacia Canarias tengan hasta un 70 por ciento de bonificación del coste del flete, y así los canarios puedan disminuir el coste que supone vivir en una región ultraperiférica.


Señor vicepresidente, reconociendo el esfuerzo y los frutos de la negociación realizados por el Gobierno de España y por el de Canarias, solo cabe preguntarle ¿para cuándo tiene previsto el Gobierno del Estado la modificación del real decreto que regula esas bonificaciones, de manera que se pueda hacer efectivo su incremento. Porque si este está consignado y no se modifica el real decreto, no se podrá llevar a cabo.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.


Señor vicepresidente, tiene la palabra.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor presidente.


Voy a ser muy breve. Como sabe su señoría, el problema fundamental era la autorización por parte de Bruselas para incrementar el porcentaje al 50 por ciento. Esa autorización ya existe. Los fondos presupuestarios ya están consignados en los presupuestos, y estamos trabajando en el real decreto. Y no se podrá poner en marcha, evidentemente, mientras el proyecto de presupuestos no esté aprobado.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


-- DE DON CARLES ALFRED GASÒLIBA I BÖHM, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LAS PROPUESTAS DE REFORMA Y SUPERVI-

Página 8167


SIÓN DE DETERMINADOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN LA UNIÓN EUROPEA LAS ENTIDADES EVALUADORAS DE RIESGO Y EL BANCO CENTRAL EUROPEO (BCE) (S.
680/001392).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta del senador Gasòliba.


Tiene la palabra su señoría.


El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gràcies, senyor president.


Señor vicepresidente, el motivo de mi pregunta es una serie de noticias y de informes que, con anterioridad a la crisis de las subprime en los Estados Unidos, ha provocado toda una serie de turbulencias financieras que estamos padeciendo; y ya había una serie de propuestas, o al menos se estaba debatiendo a nivel de la Unión Europea, sobre la necesidad de regular los fondos de alto riesgo.


Por otra parte, el presidente de la República Francesa ha reiterado la necesidad de cambiar la dirección de la política económica, y sobre todo monetaria, es decir, intervenir más directamente en la cotización del euro. Eso ha provocado un sentimiento de rechazo por la mayoría, por no de decir de todos los Estados miembros de la Unión, que quieren mantener la independencia del Banco Central Europeo. Sin embargo, he leído que se pensaba elaborar un informe sobre la situación actual en respuesta a la insistencia sobre estos temas por parte del presidente de la República Francesa.


Por otra parte, Alemania ha precisado la necesidad de revisar los criterios y también el nivel de credibilidad de las empresas que evalúan el riesgo, las rating companies. Todo esto lleva a una situación, desde el punto de vista del debate, extraordinariamente interesante. Y, dado que usted pertenece al Ecofin y al Eurogrupo, quisiera conocer su posición respecto de toda esta situación, que en estos momentos tiene un interés especialmente relevante por las turbulencias financieras y posiblemente tenga alguna repercusión económica no únicamente en la economía de los Estados Unidos, sino también en la eurozona.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


Tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, muchas gracias. Es verdad que las turbulencias de los mercados financieros han puesto de relieve y han dejado al descubierto que el marco institucional de regulación y supervisión debe reforzarse para corregir fallos de mercado. Creíamos que con pasar el riesgo de las entidades financieras a otros compradores desaparecería el problema y lo que se ha hecho es dispersarlo pero no resolverlo.


Las primeras discusiones sobre un programa de acción para responder a estos fallos ya estaban en marcha en el marco del Eurogrupo y del Ecofin, como usted bien ha dicho, y no solo en la Unión Europea, sino también a nivel internacional, en el Banco de Pagos de Basilea. Es pronto para sacar conclusiones. Si usted está siguiendo el debate en el Reino Unido, las actuaciones del Banco de Inglaterra o el debate de la Reserva Federal y si la reducción de tipos sirve para resolver problemas de liquidez o no, estará usted viendo que no hay un consenso sobre estos puntos.


Nosotros participamos en el Comité de Servicios Financieros de la Unión, y no solo participamos, sino que el secretario de Estado de Economía, el señor Vegara, es su presidente. En este sentido, ya hay un primer borrador del documento que vimos el otro día en Oporto, que supongo que se hará público, una vez que se vea definitivamente, en las próximas semanas o meses. Y las líneas de trabajo que se defienden son las siguientes: en primer lugar, intensificar la cooperación entre los supervisores a corto plazo para responder a la situación de falta de confianza en algunos mercados interbancarios.


En segundo lugar, reforzar la transparencia en el funcionamiento de los mercados de instrumentos financieros más complejos. Aquí podemos hablar de las hedge funds, los fondos de mayor riesgo, y se ha hablado de una posibilidad de códigos de conducta; y estas acciones deben incluir también las agencias de calificación de riesgos, las agencias de rating, para determinar las fórmulas que permitan potenciar su contribución a un adecuado entendimiento y valoración de los riesgos.


En tercer lugar, dar un tratamiento adecuado para el riesgo de liquidez que introduzca incentivos para que las entidades lo gestionen y puedan hacer frente a una situación como la actual, de rápido repliegue de la liquidez.


En cuanto al Banco Central Europeo, creo que en los aspectos en los que podía actuar en la crisis lo ha hecho de forma perfectamente correcta, facilitando liquidez. Nuestro sistema tiene la liquidez penalizada, digamos, a la que puede recurrir cualquier entidad financiera, algo que no tiene el sistema británico. Y respecto de la política del Banco Central Europeo, creo que hay consenso entre los ministros de Economía en que están muy bien las cosas como están, en que la independencia de un banco central en la fijación de los tipos de interés es una garantía para todos.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


Senador Gasòliba, tiene la palabra.


El señor GASÒLIBA I BÖHM: Empiezo por su última afirmación. Sabe que mi posición ha sido siempre la de apoyar el actual estatuto del Banco Central Europeo y, por lo tanto, preservar su independencia.


Solo le pediría dos comentarios complementarios. Uno es sobre la cotización del euro, que es lo que provoca la

Página 8168


posición más intervencionista, si lo he leído bien, por parte de las propuestas del presidente de la República Francesa. No sé si crecerá más pero estamos en el máximo histórico de la cotización del euro frente al dólar, y como eso afecta a nuestras economías...


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Senador, ha terminado su tiempo.


Señor ministro, le doy la palabra para que dé una contestación escueta, ya que también está a punto de terminar su tiempo.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Sí, señor presidente, unos segundos únicamente.


Es verdad que en cuanto al tipo de cambio nuestra posición sigue siendo la del G-8. Los fundamentales de la economía deben reflejar el tipo de cambio, y lo peor son las situaciones de volatilidad. Si no hay volatilidad, las economías pueden adaptarse a pesar de los riesgos de un tipo alto.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


-- DE DON JORDI GUILLOT MIRAVET, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE EL CRITERIO DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LOS ABUSOS QUE SE PRODUCEN CON LAS NUEVAS FIGURAS CREDITICIAS, COMO SON LOS CRÉDITOS RÁPIDOS Y LA REUNIFICACIÓN DE CRÉDITOS (S. 680/001393)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta del senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Señor Solbes, el Senado aprobó el 20 de febrero del 2007, por unanimidad, una moción que instaba al Gobierno a elaborar una normativa para las empresas de crédito privado. El 6 de marzo se aprobaba otra moción casi idéntica presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en la que se pedía también la regulación y el control de estas empresas. Con la vuelta de las vacaciones y el inicio del curso escolar, diferentes medios de comunicación y administraciones han alertado sobre los abusos que se producen en la concesión de créditos llamados rápidos y en la reunificación de deudas. El incremento de estos préstamos instantáneos y la reunificación de deudas son un claro síntoma del sobreendeudamiento que sufren muchas familias españolas.


La pregunta, señor Solbes, es la siguiente: ¿cuáles son las medidas que ha tomado el Gobierno para regular y controlar esta cuestión en cumplimiento de las mociones aprobadas por el Pleno del Senado?

Gràcies, president.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


Señor vicepresidente, tiene la palabra.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, presidente.


Señoría, como usted sabe muy bien, la actividad de concesión de préstamo o crédito no está reservada a las entidades de crédito, ya que lo reservado a tales entidades, y por lo tanto prohibido para quien no posea tal consideración, es la captación de depósitos, esto es, la garantía del reembolso público.


Es verdad que hay multiplicidad de instituciones que llevan a cabo la concesión de créditos, y el Gobierno, siguiendo lo que usted ha comentado, ha considerado conveniente estudiar la forma de mejorar la regulación vigente ante la aparición de estas nuevas figuras crediticias.


El Ministerio de Sanidad y Consumo está trabajando en la preparación de un proyecto relativo a la protección de los consumidores en los servicios de intermediación y en la contratación de préstamos o créditos y, como usted sabe muy bien, la protección al consumidor es básicamente una competencia de las comunidades autónomas. El 11 de mayo se presentó un informe al Consejo de Ministros sobre un texto de anteproyecto de ley por el que se amplía la protección a los consumidores en la contratación de créditos al consumo e hipotecarios, así como en la llamada agrupación o reunificación de deuda. ¿Qué objetivo se pretende? Primero, que las empresas que se dediquen a este tipo de actividad tengan obligaciones de transparencia y de información; segundo, que informen al consumidor de la totalidad de comisiones, cargas y gastos derivados de estos contratos; y tercero, que las empresas tengan que suscribir un seguro de responsabilidad civil y estar inscritas en un registro con carácter previo al ejercicio de su actividad. En definitiva, lo que pretendemos con esta norma es aumentar la protección de los consumidores en la contratación de tres tipos de productos que tienen una amplia repercusión social: los créditos al consumo, los créditos hipotecarios y la agrupación o reunificación de deudas. Nosotros, en el Ministerio de Economía y Hacienda, estamos trabajando en estrecha colaboración con el Ministerio de Sanidad y Consumo para resolver este problema.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


Tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, president.


Señor Solbes, usted sabe que el 17 por ciento del consumo familiar se financia con créditos bancarios, el endeudamiento familiar ha crecido un 56,1 por ciento en el período 1999-2005, ha disminuido el poder adquisitivo, suben los tipos de interés, las cargas familiares no se aligeran y muchas familias que viven al límite han recurrido a esos

Página 8169


nuevos tipos de préstamos y están siendo víctimas de un nuevo tipo de usura.


Una inspección de la Generalitat de Catalunya sobre 58 entidades -en España tenemos más de 8.000 empresas de intermediación financiera- de reunificación de créditos de todo tipo concluye que en todas, señor vicepresidente, se han detectado irregularidades. Todas incurren en publicidad engañosa, y el 97 por ciento de los contratos tienen cláusulas abusivas para los clientes. Estamos hablando de contratos que comprometen al cliente, a sus ascendientes y descendientes, cónyuges y empresas participadas; de intereses del 20 y el 30 por ciento en caso de retrasos o impagos; del cobro de un 30 por ciento del capital avanzado aunque luego no se consiga la financiación; de prácticas publicitarias que inducen al error tanto en el concepto de ahorro como respecto al coste de la operación o identidad del anunciante, casi siempre meros intermediarios que se presentan como si fueran la entidad financiera.


Señor Solbes, agradezco que el Gobierno haya tomado la iniciativa y le ruego que la acelere, porque pienso que hay que proteger a esta gente que tiene estas necesidades de ese tipo de usureros, ya que creo que esto es una inmoralidad.


Gràcies, senyor president.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor presidente.


Señoría, comparto su valoración, y únicamente quiero decirle que nosotros vamos a poner en marcha e intentar acelerar esta propuesta, pero no olvide que el tema del que estamos hablando, la protección al consumidor, es competencia de las comunidades autónomas, y estas poseen capacidad normativa para actuar.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.


-- DE DON FRANCISCO JAVIER MAQUEDA LAFUENTE, DELGRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS ACCIONES PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA TRATAR DE PALIAR LA CRISIS HIPOTECARIA QUE AFECTA DIRECTAMENTE A UNA GRAN PARTE DE LAS FAMILIAS (S.680/001395).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta del senador Maqueda.
Tiene la palabra su señoría.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, ¿qué acciones tiene previstas para tratar de paliar la crisis hipotecaria de las familias?

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Lo que se ha producido recientemente es un aumento de la morosidad y de los fallidos en el mercado hipotecario de Estados Unidos con las famosas subprimes, lo que ha tenido una repercusión para todos. También ha habido una subida de tipos de interés en Europa como consecuencia de la evolución de la política monetaria.


¿Cuál es la situación española? En mi opinión, nuestro sistema hipotecario presenta un alto nivel de transparencia, de prudencia y de competencia; no es comparable al de otros países y mucho menos al tipo específico americano. Por tanto, lo que hay en estos momentos es una subida de tipos de interés, que comenzó hace casi dos años, que, por un lado, ha aumentado las cargas hipotecarias pero, por otro, ha retribuido en mayor medida a las familias con ahorros y, por tanto, como usted sabe, en términos agregados la posición neta es favorable en cuanto a los beneficios percibidos.


No hay problemas de solidez, no hay problemas de solvencia, lo que hay son problemas para algunas familias que han suscrito los préstamos hipotecarios a tipo de interés variable cuando los tipos de interés estaban más bajos y no han calculado que estos suben.


¿Qué hemos puesto en marcha para resolver estos problemas? Fundamentalmente una reforma de la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario, que tiene como objeto dinamizarlo, aumentando su transparencia y, sobre todo, reduciendo los costes de amortización anticipada y de paso de hipoteca de un tipo a otro, es decir, ofrecer una mayor posibilidad para poder disponer de lo que el mercado ofrece. Esto está funcionando, se están renegociando hipotecas. Por ejemplo, entre enero de 2006 y junio de 2007 se han renegociado 260.000, y también hemos tomado alguna decisión que, en mi opinión, puede favorecer a aquellas familias más afectadas por este tipo de medidas que, sin duda, pueden ayudarlas a compensar los incrementos del tipo de interés.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Maqueda.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, no sé si, como dice usted a menudo -lo dijo ayer mismo-, la despensa está medio vacía o medio llena. Soy economista y no tendero y, lo que es peor, creo que la mayoría de los españoles no entienden muy bien qué es lo que quiere decir.


Página 8170


Me parece que en su ministerio no se han enterado de que en este país la gente no llega a fin de mes. Este país no está en crisis, permítame que se lo diga -sé que me va a decir que la economía crece-, lo que está en crisis son las familias. La gente no llega a fin de mes. Está bien que las empresas, los bancos, las cajas de ahorro, las multinacionales crezcan a un ritmo del 3 por ciento, como marca la economía, pero hay que regular lo que está ocurriendo con las familias.


En la pregunta anterior se ha comentado que este grupo parlamentario presentó precisamente una moción que trataba de regular estas cuestiones para que no suceda lo mismo que con Forum y Afinsa, es decir, el hecho de que muchas familias reunifiquen las deudas y estén pagando tipos de interés en torno al 800 por ciento, incluso algunos están viendo cómo se están quedando con sus pisos.


¿Qué pasa con los jóvenes? La ministra de Vivienda ha dicho esta misma mañana que existen 3 millones de jóvenes en este país que no llegan a comprar una vivienda. Sé que han adoptado una serie de medidas al respecto y yo, como muchos padres de este país, tengo hijos menores de 20 años que viven de alquiler, que tienen contratos temporales y que con lo que cobran no llegan a fin de mes, ni siquiera pueden pagar la hipoteca.


Centrándonos en el asunto de la crisis hipotecaria, usted sabe, señor Solbes, que, desde la llegada del euro, la gente de la calle -y supongo que su equipo estará en contacto con la gente de la calle- dice tener verdaderos problemas para llegar a fin de mes. Usted se ha referido a los tipos de interés variable, ahora que se está hablando de las hipotecas inversas, -pobre de la gente mayor que opte por este tipo de productos, pues sus casas también correrán peligro-, de las hipotecas en divisas, etcétera. Mientras tanto, el Gobierno -usted lo ha mencionado aquí hoy- habla a los ciudadanos de asuntos que creemos que no les interesan mucho, como los hedge funds, etcétera.


Por otra parte, usted ha reconocido que las hipotecarias subprimes de USA han afectado a nuestra economía, pero la Reserva Federal ha actuado enseguida y ha bajado de una manera drástica, un 0,5 por ciento, los tipos de interés, aunque usted me dirá que Jean Claude Trichet, responsable de la política monetaria europea, no ha actuado, pero sí ha lanzado mensajes, como ha hecho el actual director del Fondo Monetario Internacional, que ha vaticinado que la crisis hipotecaria prevista para 2008 es importante. Por lo tanto, creemos que no deben anunciar rebajas en el IRPF -aunque esté bien, pero al final los ciudadanos deberán enfrentarse en mayo con los pagos de la renta-, sino desarrollar actuaciones concretas como una bajada decidida de los impuestos, controlar la inflación, crear empleo, en definitiva, arbitrar medidas que ayuden a la economía familiar y la que las empresas crezcan en beneficios y los ciudadanos lo noten a fin de mes.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.


El señor vicepresidente tiene la palabra.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señoría.


Es cierto que existe en este país un colectivo de ciudadanos afectado por las dificultades que usted plantea, especialmente el de jóvenes, o no tan jóvenes, con bajos ingresos, que suscribieron hipotecas a partir del año 2003 al considerar que el tipo de interés iba a ser permanente. Puede que hayan recibido mala información por parte de las instituciones financieras, porque era evidente que ese tipo no podía ser permanente en una hipoteca de tipo variable. Por lo tanto, le vuelvo a repetir lo que ya le he dicho. Dado que eso se dedica fundamentalmente a invertir, la riqueza en términos de PIB es hoy del 600 por ciento en inmobiliario, pero la riqueza en inversión es del 150 por ciento del PIB, lo cual no quiere decir que no haya problemas en familias concretas. ¿Qué estamos haciendo para evitarlo? Que el paso de una hipoteca a otra sea más fácil, intentar dar más transparencia a los reunificadores de deuda, rebajar de verdad los impuestos -un 2 por ciento el próximo año desde el primer momento, porque no solo deflactamos la tarifa, sino también los restantes elementos- y, evidentemente, dentro de nuestro margen de actuación, apoyar la vivienda en lo que podamos.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor vicepresidente.


-- DE DON DAMIÁN CANEDA MORALES, EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI CREE EL GOBIERNO QUE EL GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA ACIERTA CUANDO PIDE QUE SE CONSOLIDE EL SUPERÁVIT Y SE EVITE EL GASTO ANTE EL CAMBIO DE CICLO ECONÓMICO (S. 680/001397).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta del senador Caneda.


El señor CANEDA MORALES: Gracias, señor presidente.


Buenos días, señor ministro.


En los últimos tiempos, con el fin de fiesta de la legislatura, se están tomando una serie de medidas de gasto que han suscitado declaraciones de la Comisión Europea, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores e, incluso, del Banco de España, en las que se advierte sobre los peligros de estas alegrías presupuestarias.


Quisiera saber qué piensa el Gobierno sobre este asunto y si está de acuerdo con el director del Banco de España en consolidar el superávit y evitar estas alegrías presupuestarias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.


Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y

Página 8171


HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señor Caneda.


Tengo como norma considerar al gobernador del Banco de España totalmente independiente, lo cual quiere decir que él manifiesta su opinión sobre los temas que estime pertinentes y yo la respeto -sí tomo nota de sus puntos de vista- aunque no la voy a comentar en público. Se trata de una institución -pues cuando habla como gobernador, no habla en términos privados- que manifiesta las opiniones que considera convenientes, y el Gobierno debe aprender de esas opiniones y sacar las conclusiones necesarias.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


Senador Caneda.


El señor CANEDA MORALES: Muchas gracias.


Evidentemente, lo que le pregunto es si comparte o no las opiniones del gobernador del Banco de España. Ya sé que las respeta, pero creo que puedo preguntar si las comparte o no.


Señor Solbes, a mí me preocupan tres cuestiones en este momento. Una, el exceso de demagogia; dos, el tratamiento del superávit; tres, la incertidumbre que se pueda crear. Vivo en una comunidad donde, en teoría, con las medidas electorales de las últimas tres legislaturas deberíamos tener una habitación individual en los hospitales, vacaciones para las amas de casa, colegios bilingües y casas para todos. Evidentemente, esto no ha sido verdad. Hoy, en vez de dos camas en cada habitación, como teníamos antes, tenemos cuatro.


¿Qué es lo que ocurre? Que existe un descrédito generalizado de toda la clase política, lo cual hará que, poco a poco, con estas medidas que se anuncian permanentemente, se haga cierto el Ensayo sobre la lucidez, de Saramago, y la gente deje de ir a votar. Eso me preocupa

También me preocupa el tratamiento del superávit porque, en efecto, usted dijo ayer que se había encontrado la despensa vacía, pero mucho más importante que encontrarse unos cuantos miles de euros en la caja es heredar lo que usted heredó, que es una fábrica de fondos, una economía absolutamente saneada que producía unos ingresos, porque ustedes no han controlado el gasto en ninguno de los ejercicios. ¿Han tenido superávit? Sí, pero gracias al incremento de ingresos, a que la economía ha funcionado muy bien, no a la gestión del gasto.


En consecuencia, a mí me parece un error que ahora se quieran hacer gastos estructurales -es decir, para siempre- cuando se está en un pico de ingresos por la situación económica, y seguro que usted lo ve también. No se puede decir que vamos a gastar cuando tenemos unos ingresos muy altos, porque los ingresos no son constantes y los gastos son para siempre. Ese es el tratamiento por el que yo le pregunto: si está de acuerdo en que el superávit es una necesidad para cuando vengan mal dadas, porque aunque el presidente del Gobierno diga que la crisis financiera es algo externo, en un país que es el más endeudado del mundo, con un déficit en cuenta corriente tremendo y que depende de los préstamos del exterior, creo que en algo -en algo- nos puede afectar la crisis financiera internacional.
En consecuencia, solo se le pido un poco de prudencia.


Por último, también decía usted un día que estamos en un momento de incertidumbre e indefinición, pero no ayuda nada a aclarar la situación el tener unos organismos económicos que dan una cierta imagen de lo que está pasando: mientras hay una calle y una economía productiva que tienen la sensación de que existen unos ciertos riesgos, de que hay que ser prudente, el presidente parece Antoñita la Fantástica, y todos los días sale diciendo que podemos tener AVE en cada esquina, que podemos tener hospitales en todos los sitios, que podemos tener mayores pensiones...


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, concluya, por favor.


El señor CANEDA MORALES: Eso genera incertidumbre, aparte de poner de manifiesto contradicciones entre entidades y gente tan solvente como he mencionado al principio y el presidente del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


Tiene la palabra, señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señoría.


Comparto con usted la idea de que hay veces que se cometen excesos por la clase política. Por ejemplo, es un exceso cuando se dice que se van a dar 2.500 euros por niño y la oposición diga que 2.500 no, que 3.000. Me parece que es un exceso que se diga que cuando cae el crecimiento del 4,1 al 4 eso es una recesión. No me encaja. Me parece un exceso que se diga, por una parte, que gastamos mucho y al mismo tiempo que hay que bajar impuestos de forma sustancial. Son excesos que todo el mundo comete.


A partir de ahí, ¿soy defensor del superávit? Soy tan defensor del superávit que soy el primer ministro de Hacienda -desde la implantación de la democracia, sin duda alguna- que ha conseguido superávit en todos los años de su legislatura, y he trabajado para ello. Comprendo que los momentos han sido económicamente distintos, pero en ese sentido hemos trabajado con seriedad.


A partir de ahí, ¿estamos haciendo demagogia? No; estamos presentando -a lo mejor de forma excesivamente agresiva desde algún punto de vista- reformas y propuestas pero, como dije ayer, el gasto social sigue siendo el 50,5 por ciento -el mismo que ha sido en los últimos años- del gasto total. No ha aumentado el gasto respecto al PIB nominal en los últimos años, y eso es lo que nos

Página 8172


está permitiendo reducir la deuda y que se mantenga por debajo del 40 por ciento, del 36 por ciento concretamente al finalizar este año.


Por lo tanto, el Estado está bien. ¿Que el país está endeudado? Las empresas tienen deudas, claro, y las familias tienen deudas, en euros fundamentalmente, por eso la cuenta corriente me preocupa de forma relativa. La situación de las familias a lo mejor no es tan sana en algún caso, como planteaba el señor Maqueda, pero sí lo es en términos generales, porque las familias poseen una parte muy importante de la riqueza de este país. Y, respecto de las empresas, no tengo ninguna duda en cuanto a su capacidad y su solvencia financiera.


Muchas gracias (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


-- DE DON NICOLÁS FERNÁNDEZ CUCURULL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI VA A NEGOCIAR EL GOBIERNO LAS INVERSIONES ESTATALES EN LOS PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2008 CON TODOS LOS GOBIERNOS DE LAS COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS (S. 680/001401).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta del senador Fernández Cucurull.


El señor FERNÁNDEZ CUCURULL: Gracias, señor presidente. Buenos días, señor vicepresidente.


En los últimos días se han hecho públicas las negociaciones bilaterales entre el Gobierno de España y el de Cataluña, y posteriormente el de Andalucía, en las que se ha determinado el montante de las inversiones estatales que para dichos territorios figura en el proyecto de presupuestos para 2008. ¿Va el Gobierno a negociar dichas inversiones con todos los gobiernos de las comunidades y ciudades autónomas?

Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


Tiene la palabra el señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.


El Gobierno no ha negociado bilateralmente con ninguna de las comunidades autónomas las inversiones estatales incluidas en los presupuestos de 2008; lo que ha hecho ha sido cumplir con las leyes que el Parlamento ha aprobado y, entre ellas, la de Presupuestos Generales del Estado del año pasado, en la que se encomendaba al Gobierno la creación de una comisión bilateral Estado-Generalitat que estableciese la metodología a utilizar para determinar el cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y eso es lo que se ha hecho con Cataluña, no otra cosa.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor ministro.


Tiene la palabra el senador Fernández Cucurull.


El señor FERNÁNDEZ CUCURULL: Gracias, señor presidente.


Señor vicepresidente segundo del Gobierno, entenderá usted que su respuesta nos parezca completamente insatisfactoria, pues lo sucedido con las inversiones recogidas en los Presupuestos Generales del Estado es un verdadero despropósito, tal y como opinaba usted mismo hasta hace muy poco tiempo al hablar de sudokus imposibles de resolver hasta que los ha resuelto por la insolidaria vía del martillazo: lo que me falta en un lado lo quito de otro. Por eso no puede negociar con los gobiernos cuyos territorios se han visto perjudicados. Porque el verdadero problema de fondo es el sistema de reparto de las inversiones por cuotas fijas, absolutamente insolidario sea cual sea el sistema de cálculo, ya que impide cualquier margen para reducir las diferencias regionales y convierte al Gobierno en un mero espectador que se limita a recibir al dictado el porcentaje correspondiente y a las Cortes Generales, sede de la soberanía nacional, en el despacho donde se pone el sello al documento presupuestario. Además, como sucede ahora, los criterios de reparto son distintos para cada territorio, y como no pueden sumar más de cien en total, se establece una diferenciación entre autonomías de primera, que fijan su porcentaje en función del criterio que más les convenga, y las de segunda, que se tienen que conformar con lo que le den, y gracias.


Estas son las consecuencias presupuestarias del imprudente proceso de reforma de la organización territorial del Estado impulsado por el presidente del Gobierno: la liquidación de la solidaridad interterritorial y un Gobierno atado de pies y manos para decidir con criterio de Estado dónde son más convenientes las inversiones en cada momento, sometido a aquellas regiones donde la capacidad de presión nacionalista puede arrancar un trozo mayor del pastel o a aquellas otras a las que el partido del señor Zapatero le convenga favorecer por clientelismo electoral.


En cuanto a la primera cuestión, el sometimiento a la capacidad de presión lo definió perfectamente un titular de prensa cuando se anunciaba el acuerdo con el Gobierno de Cataluña: Zapatero afloja. En cuanto a la segunda, es indisimuladamente electoralista que el cambio de criterio a la hora de calcular las inversiones se produzca a escasos meses de las elecciones generales y que las beneficiadas por él sean precisamente las regiones que constituyen el principal granero de votos del Partido Socialista. Y que conste que no estamos discutiendo si esas inversiones son necesarias o no. La cuestión es que el método escogido para decidirlo es insolidario, electoralista, corrosivo y generador de agravios.


Las decisiones sobre inversiones estatales corresponden al Gobierno de España, que, entre otras cosas, para eso

Página 8173


está, y si pide opinión debe hacerlo a todas y cada una de las comunidades y ciudades autónomas, no a unas sí y a otras no. De lo contrario -y me gustaría que me respondiera, señor Solbes-, ¿dónde queda el interés general?, ¿quién lo defiende?

Es una pena que los disparates del señor Zapatero se lo vayan a llevar también a usted por delante, porque de la noche a la mañana ha pasado de ser el guardián de la ortodoxia a tragasables presupuestario. Pero tenga por seguro que los marginados de este reparto insolidario e injusto no van a tragar, y que el Partido Popular los va a defender.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, no soy ni guardián de la ortodoxia ni tragasables. He hecho lo que en cada momento he creído que tenía que hacer, y si usted sigue mi trayectoria personal verá que prácticamente he hecho siempre lo mismo.
Como decía un viejo ministro con el que trabajé algunos años, los que han cambiado son los otros, no yo. Creo que esta es parte de la situación en este momento.


Dice usted que mi respuesta es insatisfactoria, y ya le he respondido que lo que para mí es insatisfactorio es su pregunta, que le voy a reformular de otra manera: ¿Debe el Gobierno cumplir con las obligaciones establecidas por el Parlamento? ¿Sí o no? A mí me parece que la respuesta es que sí.


Su señoría no está de acuerdo con las normas que se han aprobado en el Parlamento y preferiría un modelo distinto porque considera que el aprobado es insolidario. Desde mi punto de vista, el modelo es tan solidario como cualquier otro, porque al final la definición de inversiones se hace en función de las necesidades reales del territorio, en función de períodos temporales y en función de ciertas circunstancias.
Desde mi punto de vista, el debate territorial -y soy el primero que lo ha señalado en reiteradas ocasiones y ayer lo repetí en una rueda de prensa- no se puede plantear como un debate en el que todo el mundo quiera tener cada año más, y todos por encima de la media; eso no sale, y por eso hay tratamientos temporales diferenciados. Su señoría puede hacer también un análisis sobre lo que sucedió en el período de gobierno del Partido Popular en este país y verá que los comportamientos no fueron los mismos por comunidades autónomas, seguramente por razones de prioridad en las inversiones en un momento determinado distintas a las actuales, pero ahora las previsiones de inversión son diferentes y, en consecuencia, el impacto territorial también.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor vicepresidente.


-- DE DON ANTONIO GERMÁN BETETA BARREDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS QUE EL GOBIERNO HA NEGADO A LA COMUNIDAD DE MADRID LA TRANSFERENCIA DE LAS COMPETENCIAS DE LA RED FERROVIARIA DE CERCANÍAS (S. 680/001400).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta del senador Beteta.


Tiene la palabra su señoría.


El señor BETETA BARREDA: Muchas gracias, señor presidente.


¿Cuáles son los motivos por lo que el Gobierno ha negado a la Comunidad de Madrid la transferencia de la competencia de la red de Cercanías, en una actitud claramente anticonstitucional y que afecta al principio de igualdad?

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


Tiene la palabra la señora ministra de Administraciones Públicas.


La señora MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, como usted sabe, lo único que hace el Gobierno es aplicar la legalidad, lo que dicen la Constitución, el Tribunal Constitucional y el Estatuto de la Comunidad de Madrid.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


Tiene la palabra el senador Beteta.


El señor BETETA BARREDA: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, de su respuesta se deduce que la auténtica voluntad de no transferir la podemos leer en los Presupuestos Generales del Estado, porque las transferencias de competencias y recursos a las comunidades autónomas pasan a formar parte del sistema de financiación, y ahí no cabe asfixia o retirada de fondos ni esta actitud caciquil y bananera que está demostrando el Gobierno socialista en la comunidad. Mire usted, para conseguir más escaños, cada madrileño va a tener que pagar 120 euros, ¡120 euros!, que es la diferencia existente entre el dinero de la inversión media por habitante y la que recibe cada ciudadano de Madrid; 120 euros para comprar votos, señoría. Y, por supuesto, si se hacen las transferencias, eso no puede ser.


Ustedes, con su actitud, saben que perjudican a los ciudadanos de Madrid en una doble dirección: en primer lugar, porque los 200 millones de viajeros que utilizan las Cercanías de Madrid van a sufrir un empeoramiento del

Página 8174


servicio al no poderse coordinar efectivamente con la red del Metro de Madrid; pero, en segundo lugar, porque como ustedes saben muy bien, invirtiendo menos en Madrid generan menos empleo en Madrid, porque invirtiendo menos en Madrid generan menos recaudación fiscal en Madrid y con ello perjudican a la sanidad y perjudican a la educación y perjudican a los servicios sociales de los madrileños. Es una doble bofetada al pueblo de Madrid, se analice como se analice, señoría; porque si se analiza la población, somos el 13,44 por ciento del conjunto de España, ¿por qué recibimos el 10,7 por ciento de la inversión presupuestaria? Pero, además, si lo analizamos en función del producto interior bruto, suponemos el 17,7 por ciento del conjunto de España, ¿por qué recibimos entonces el 10,7 por ciento? Porque lo que ustedes están haciendo es asfixiar a Madrid.


Si comparamos la ley de presupuestos con el proyecto que acaban de presentar se puede apreciar un incremento del 0,07 por ciento y el 0,49 por ciento si comparamos los proyectos presupuestarios de 2007 y 2008.
Esa es la única explicación de por qué no transfieren a Madrid ni eso ni nada, ni siquiera un alfiler, nada de nada que se pueda consolidar en el sistema de financiación para seguir erosionando. ¿De qué otro modo se explica que en todo el período socialista se haya incrementado el 39 por ciento la inversión pública estatal y que en ese mismo período, en la Comunidad de Madrid, se haya reducido el 18,6 por ciento?

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, finalice ya.


El señor BETETA BARREDA: Por la discriminación; esa es la explicación...
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Battlori): Muchas gracias.


Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.


Entenderá, señoría, que no comparta sus afirmaciones. Y me va a permitir también que ponga de relieve algunas de las contradicciones de su grupo parlamentario en lo que viene siendo su estrategia de utilizar a la Comunidad de Madrid como ariete para el desgaste del Gobierno. Llama la atención que personas de ley y de orden, como se definen ustedes, hagan un uso tan torticero de las normas. Como, por ejemplo, cuando dicen que las Cercanías son competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid y que no se cumple su estatuto. Por cierto, la misma instrumentalización que hicieron cuando trataron de organizar un referéndum ilegal contra el Estatuto de Cataluña que, por cierto, sí incluye el traspaso de las Cercanías, referéndum ilegal que, le recuerdo, sustituyeron por mesas petitorias; o cuando llaman a la insumisión de leyes, como en el caso de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.


Señoría, en reiteradas ocasiones el Gobierno ha manifestado su voluntad de traspasar la gestión de las Cercanías ferroviarias a cualquier comunidad autónoma a la que su estatuto atribuya dicha competencia, como es el caso de algunas comunidades con estatutos de nueva generación. Y no es ese el caso de la Comunidad de Madrid puesto que, como sabe su señoría, hay que examinar conjuntamente los artículos 26.1.6, que efectivamente habla de la competencia exclusiva sobre ferrocarriles dentro de la comunidad, y el artículo 28.1.13 del propio Estatuto de la Comunidad de Madrid, que prevé expresamente que le corresponde la ejecución de la legislación del Estado -leo textualmente- en transportes de mercancías y viajeros que tengan su origen y destino en el territorio de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de la ejecución directa que se reserva el Estado. Y en los servicios ferroviarios esta reserva se plasma en una disposición transitoria tercera de una ley aprobada durante su Gobierno, la Ley 39/2003, que atribuye a Renfe-Operadora la explotación de los servicios de transporte de viajeros que se presten sobre la red de interés general, hasta que se produzca la liberalización del sector a nivel de la Unión Europea. Por tanto, cualquier cambio se tiene que acometer, y usted lo sabe, desde la reforma del marco legal vigente, ya sea reformando el estatuto de autonomía, cosa que parece que no les gusta, ya sea reformando la ley aprobada durante el Gobierno del Partido Popular.


Igualmente nos llama la atención el victimismo, que no encaja con la prepotencia de propaganda que ustedes desarrollan y, por cierto, con las alegrías fiscales que anuncian, que casualmente favorecen siempre a los mismos. Señoría, el Gobierno, con las inversiones del Estado ni asfixia, ni discrimina a comunidades autónomas por su signo político. Esa debe ser su experiencia cuando gobernaron. El Gobierno atiende por igual las necesidades de los ciudadanos vivan donde vivan, y ejerce y defiende la solidaridad entre regiones, a diferencia de ustedes.


Termino con dos datos: la inversión ejecutada por Fomento en carreteras y ferrocarriles en la Comunidad de Madrid ha tenido en esta legislatura un crecimiento del 55'4 por ciento respecto de la media anual entre 2001 y 2003. La inversión prevista para Madrid en los Presupuestos Generales del Estado de 2008 supera en un 12 por ciento la media del período 1997-2004.
Ni hubo disminución de inversión en los últimos tres años, ni la hay ahora.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


-- DE DON JOSÉ MARÍA CHIQUILLO BARBER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS RAZONES POR LAS QUE EL MINISTERIO DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE CONMEMORACIONES CULTURALES (SECC), HA ORGANIZADO Y PRODUCIDO LA EXPOSICIÒN «1907-2007. UN SIGLO DE CULTURA Y CIENCIA EN LOS PAÍSES CATA-

Página 8175


LANES», QUE VULNERA EL MARCO CONSTITUCIONAL Y EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (S. 680/001402).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta del senador Chiquillo. Tiene su señoría la palabra.


El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, ¿por qué razones el Ministerio de Cultura ha apoyado una exposición que vulnera el ordenamiento jurídico y atenta contra los valencianos y sus señas de identidad?

Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


El señor ministro de Cultura tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE CULTURA (Molina Sánchez): Gracias, señor presidente.


De acuerdo con el convenio firmado entre la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y el Institut d´Estudis Catalans, que obra aquí en mi poder y con mucho gusto le haré llegar, en todas las reuniones y comunicaciones preparatorias de las exposiciones previstas, el subtítulo que siempre se barajó fue Un Segle de Cultura i Ciencia Catalans, Un Siglo de Cultura y Ciencia Catalanas. No obstante, el Institut d´Estudis Catalans modificó unilateralmente este subtítulo y lo cambió por el que ha creado la actual polémica: Un segle de Cultura i Ciència als Pa_sos Catalans, sin notificarlo oficialmente a la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. El Institut d´Estudis Catalans tampoco ha consultado con la SECC los comunicados de prensa que ha ido dando, obligación que también recoge el acuerdo.


Ante estos hechos, quiero trasladarle la explicación que ha dado la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y afirmar con total rotundidad que, como ministro de Cultura, he pedido un seguimiento exhaustivo y estricto del convenio de colaboración firmado entre la SECC y el Institut d´Estudis Catalans para la conmemoración de su primer centenario.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


Tiene la palabra el senador Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, gracias por sus explicaciones.


No obstante, su departamento ha prestado un incondicional apoyo a una exposición, al parecer después de que una entidad de base privada solicitara apoyo económico para una muestra, sin revisar contenidos, objetivos y fines de la citada exposición. Porque, si concedió el apoyo sin revisar los contenidos, es un claro síntoma de incompetencia, y si conocía el contenido y objetivos y concedió su inestimable apoyo, es una clara muestra de irresponsabilidad, tratándose de una exposición en la que se hace apología de los inexistentes países catalanes. Porque la modificación del título es algo sustancial, motivo suficiente para retirar su apoyo económico a una exposición. Imagínese una que sustituye a la expresión actividad terrorista por la de actividad humanitaria. ¿Qué haría usted? Ándese con ojo y revise contenidos, señoría, o pronto le veremos financiando algún sarao cultural donde se haga apología de algo que no nos gustaría que se hiciera y se enterara por la prensa.


Entendemos que los contenidos deben valorarse antes de conceder cualquier subvención o ayuda, máxime cuando se trata de dinero público, y esta exposición, desde su título hasta su contenido, supone un ataque frontal al texto constitucional, en concreto, a su artículo 145, que prohíbe tajantemente la federación de comunidades autónomas, fin obsesivo que persigue la campaña de la que forma parte esta exposición. Detrás del disfraz seudocultural se encuentra el objetivo político intolerante y coercitivo hacia la Comunidad Valenciana de los llamados países catalanes. Es una exposición que fomenta la discordia, y parece mentira que el Gobierno de España financie proyectos que atacan de raíz la integridad territorial.


Además, quiero que usted sepa que los objetivos y fines de esta exposición, de estos promotores no tienen ningún apoyo social ni político en la Comunidad Valenciana. Por tanto, si ese acuerdo se firmó y, como usted ha dicho hoy, se ha incumplido unilateralmente -hecho del que no le culpo-, entonces, rómpalo, no cumpla la parte contratante que le corresponde.


Como ayer le pidió la señora consejera de Cultura del Gobierno valenciano, en nombre de los valencianos yo también le pido que recapacite, rectifique y, por incumplimiento manifiesto del contrato por una de las partes firmantes, retire su apoyo y colaboración económica a una exposición que desprecia las señas de identidad, lengua y cultura valencianas, vulnera el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, fomenta la confrontación entre los pueblos y, lo que es más triste, hace un flaco favor a la cultura a la que ustedes dicen defender.


Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


Tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE CULTURA (Molina Sánchez): Gracias.


Señoría, vuelvo a repetir, y usted lo verá cuando tenga tiempo de leer el texto del acuerdo y del convenio, lo que aquí se especifica, porque está perfectamente subrayado y acordado por ambas partes: exposición itinerante, Cien años del Institut d Estudis Catalans, etcétera. Todo está perfectamente especificado y en las cláusulas figura que, cuando no se cumpla, se denunciará y se romperá el acuerdo.


Página 8176


Está todo especificado y vuelvo a insistir en ello. Hay un acuerdo entre las dos partes, un acuerdo que ha de basarse en este convenio de colaboración, que, he pedido a la Sociedad Estatal que se cumpla. Lo he dicho antes y lo repito ahora. Este es el convenio, y nosotros nos tenemos que guiar por los convenios que se firman. Lo que no podemos hacer es censurar las cosas antes de ver lo que sucede, que es como hemos trabajado en este caso.


Le facilitaré copia del convenio, señoría, para que usted vea que se firmó una cosa y luego se ha hecho otra. Y por nuestra parte, denunciaremos ese incumplimiento del convenio. Se acordó de la manera descrita y así se firmó.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


-- DE DON JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DEL PIRINEO ARAGONÉS QUE FUERON DECLARADAS DE INTERÉS GENERAL EN EL AÑO 1993 (S. 680/001362).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta del senador Mur.


El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor presidente.


Buenos días, señora ministra. Queremos saber en qué situación se encuentra la construcción de las depuradoras del Pirineo aragonés que en 1993 fueron declaradas de interés general.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, senador, por suscitar esta cuestión relativa a un conjunto de depuradoras en el alto Pirineo, que, como usted señala, son de interés general del Estado desde el año 1993, como también lo eran las depuradoras de Jaca y Sabiñánigo, que iniciaron su tramitación licitando los correspondientes proyectos con un Gobierno socialista el año 1995.
Sepa que precisamente aquellas que se iniciaron con un Gobierno socialista son las únicas que están terminadas y que también es un Gobierno socialista el que, después de ocho años de Gobierno del Partido Popular, que en absoluto hizo ningún trámite respecto al resto de las depuradoras del alto Pirineo, adjudicó la redacción de los anteproyectos de todas ellas en el año 2005.


En este momento estos anteproyectos ya están realizados y se encuentran en tramitación ambiental. He de decirle, señoría, que dentro de estos proyectos los que están más avanzados son los del alto Aragón, que incluye los términos municipales de Benasque y Sahún y darán servicio también a Linsoles, Eriste, Broto, Fiscal y Cerler, todos ellos en la fase más avanzada del trámite ambiental. Todas las depuradoras del alto Pirineo: las del valle de Benasque, las del alto río Aragón, las del alto río Gállego, Bielsa, Torla, Broto, Fiscal, Hecho y Ansó, todas ellas, cuentan con un anteproyecto adjudicado por gobiernos socialistas y estoy convencida de que también con gobierno socialista serán una realidad.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


Senador Mur, tiene la palabra.


El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, muchas gracias. Usted ha empezando recordando el comportamiento del PP y quiero que sepa que mi partido, el Partido Aragonés, está tan de acuerdo con usted que, a raíz de su comportamiento, dejamos de gobernar en la comunidad autónoma y formamos un Gobierno de coalición con el Partido Socialista. Precisamente por eso no queremos que ahora el Gobierno del Partido Socialista haga lo mismo que hizo el Gobierno del Partido Popular.


Usted sabe que ese decreto declara el interés general de la depuración de las aguas de los ríos del Pirineo aragonés y, como tenemos un Plan Nacional de Calidad de las Aguas, me gustaría saber si dicho plan asegura la financiación y la ejecución de esas obras.


Señora ministra, resulta que además usted tiene suerte, porque está contando con la colaboración del Gobierno de Aragón y de su consejero de Medio Ambiente, que, aprovechando las actuaciones que nos permite el nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón, le ha propuesto la firma de convenios y fórmulas que agilicen la construcción de las depuradoras y obras de regulación que tenemos que acometer en Aragón.


Pero, señora ministra, lo que ocurre es que se producen agravios comparativos. Tengo que mencionarle lo que ha ocurrido con las depuradoras del Pirineo catalán, que tiene una problemática parecida; mientras que en Aragón se han hecho dos depuradoras en Cataluña 41. En el año 2008, es decir el próximo año, y supongo que con cargo a los presupuestos, su ministerio, a través de un convenio que usted ha firmado, entregará a Cataluña 80 millones de euros para obras y 50 millones para abastecimiento, en total 130 millones de euros.


¿De cuánto dispondremos en Aragón? ¿Para cuándo el impulso de las obras de regulación que tenemos acordadas? ¿Cuándo va a impulsar usted ese instrumento con el que cuenta: la Sociedad de Aguas de la Cuenca del Ebro, que ejecuta un porcentaje mínimo de las obras que tiene encomendadas teniendo dinero? Porque hay que decir que no se trata de un problema presupuestario, sino de un problema de decisión y agilidad.


Señora ministra, le ruego que aproveche la colaboración que le brinda el Gobierno de Aragón para hacer 32

Página 8177


depuradoras, al menos, que son las que la Confederación Hidrográfica del Ebro tiene detectadas. No nos ponga la situación difícil. Ya sabe usted que lo relacionado con el agua en Aragón es muy controvertido. Ya sabe que allí no nos sobra agua: nos faltan inversiones para poder aprovecharla y, si no la utilizamos, se reabre el debate del trasvase del Ebro. Estos últimos días hemos visto cómo el señor Bono ha vuelto otra vez a abrir en Valencia el debate sobre el trasvase de las aguas del Ebro, cómo el señor Arenas reclama lo mismo en Andalucía, y cómo en Valencia y Murcia se incita el celo trasvasista, entre otras cosas porque nosotros no hacemos las obras de regulación y no aprovechamos el agua.


Señora ministra, le pido agilidad, le pido decisión y le pido presupuesto.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.


Señora ministra, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.


Señoría, efectivamente, no nos estamos comportando como el Gobierno del Partido Popular que durante ocho años no inició ningún trámite de las depuradoras del Alto Pirineo ni empleó ningún recurso económico en ellas.
Nosotros hemos invertido ya 1.130.000 euros en la redacción de todos los anteproyectos; de todos. Eso ya está hecho, señoría. Es la primera parte de un proceso que en estos momentos se encuentra en trámite ambiental; le he citado incluso las depuradoras cuyo trámite ambiental ha avanzado más.
Por supuesto, señoría, en el nuevo plan de calidad de las aguas están todas las actuaciones que, habiendo sido declaradas de interés general del Estado, no se han ejecutado. Por tanto, hay financiación. Hay financiación, hay un compromiso político y existe también ese convenio que se le ha ofrecido al consejero de Medio Ambiente de Aragón para agilizar juntos inversiones en política de agua y recuperar el tiempo perdido.


El trasvase del Ebro, señoría, es una cuestión absolutamente cerrada, más allá de la opinión de personas que en estos momentos no tienen ninguna responsabilidad política. El Gobierno -el Ministerio de Medio Ambiente- intenta recuperar el tiempo perdido en Aragón ajustando determinadas inversiones en obras hidráulicas a las máximas condiciones de consenso social, de seguridad y de exigencia ambiental. Y quiero agradecer expresamente el apoyo que en esa labor estoy recibiendo del consejero de Medio Ambiente...


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señora ministra, le ruego termine.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): ...de su grupo parlamentario.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


-- DE DON JOSÉ RAMÓN URRUTIA ELORZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS ACCIONES QUE PIENSA LLEVAR A CABO EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE PARA SOLUCIONAR LOS DESPRENDIMIENTO DE ROCAS Y TIERRAS EN EL ACANTILADO DE LA PLAYA DE BARRIKA (VIZCAYA) (S. 680/001386).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta del senador Urrutia Elorza.


El señor URRUTIA ELORZA: Eskerrik asko, presidente jauna. Egun on, ministra andrea. Bienvenida y buenos días, ministra.


El desprendimiento de rocas y tierras en el acantilado de la playa de Barrika, en Vizcaya, durante el pasado mes de agosto, obligó a precintar el arenal durante algunos días. ¿Qué acciones piensa llevar a cabo su ministerio, competente en esta materia, para solucionar este problema, señora ministra?

Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señora ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.


Señoría, como usted sabe, la playa de Barrika tiene un acantilado de gran altura y es una playa muy estrecha, que desaparece durante la pleamar. Es una playa de difícil acceso, que tiene un uso público escaso. Entre otras cosas, porque tiene muy cerca otras playas, como la de Gorliz o la de Plentzia, sobre las que está actuando la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente.


En este caso concreto, en el que hay cuestiones ligadas a la seguridad de las personas que puedan acceder a la playa, estamos trabajando con el ayuntamiento, con el Gobierno de la comunidad autónoma y con la diputación foral, porque cualquier actuación tendrá que ajustarse a lo que ya acordó el Gobierno vasco en su plan de ordenación territorial del litoral: declarar ese acantilado, esa playa, como zona de especial protección, como zona de protección estricta. Eso quiere decir que no se podrá llevar a cabo ninguna actuación que modifique un ecosistema cuyos valores ecológicos ha reconocido la comunidad autónoma.


Dicho eso, señoría, en los últimos contactos con el ayuntamiento y el resto de las administraciones territoriales, se ha acordado impulsar un nuevo estudio sobre las condiciones geotécnicas y geológicas y también se ha acordado analizar si los resultados de este estudio requieren que se cierre al uso público, por razones de seguridad, esa playa; y esa competencia, señoría, la de decidir sobre la seguridad en cuanto al acceso a la playa, es una decisión del propio ayuntamiento.


Página 8178


Nosotros, obviamente, vamos a colaborar, como lo hemos venido haciendo hasta el momento, pero hay una decisión que tiene que ver con la seguridad y una decisión sobre qué tipo de actuaciones se podrían hacer en el futuro, que tiene que ver con la protección especial, por los valores ecológicos del acantilado, que ha decidido el Gobierno vasco.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señora ministra.


El senador Urrutia tiene la palabra.


El señor URRUTIA ELORZA: Eskerrik asko.


Señora ministra, compruebo que casi hasta ha pateado usted el Arenal, esa cala pequeña.


Es verdad que Barrika es una cala preciosa, con un acantilado escarpado, pero no estoy de acuerdo con usted, señora ministra, en que la gente no acceda a ella. Es un lugar de esparcimiento, de recreo, de descanso, de paseo y, además, de práctica del surf; con Mundaka es uno de los lugares en los cuales las mareas y las olas generan situaciones preciosas. Y usted sabe, señora ministra -lo sabe perfectamente porque compruebo que tiene total conocimiento-, que durante el mes de agosto, hubo todo los días 4, 15 y 26 de agosto, hubo unos desprendimientos masivos de ese acantilado escarpado -muy escarpado, hasta el punto que para acceder a él hay que estar físicamente en forma- con un peligro inminente. Usted sabe que tanto la Ertzaintza, como Protección Civil, y Cruz Roja y -según creo yo- el día 15 la virgen de Begoña privaron de que no hubiera una desgracia, porque cayeron bastantes toneladas de piedras.


En este momento, con las mareas vivas, la mar, sobre todo en los pleamares, casi toca el acantilado, pero en los bajamares la gente pasea por ella, y existe el problema de que se pueda generar una situación de siniestralidad. La verdad es que todos los días la Ertzaintza pasea por ese lugar.


Le quiero matizar, señora ministra, que es verdad que el Arenal y la parte cercana a la mar es competencia del ayuntamiento y del Gobierno vasco, pero el acantilado es competencia de Costas. Desde el año 1988 ustedes están realizando los estudios geotécnicos; es verdad que es un acantilado de gran riqueza geológica, pero, señora ministra, hay que pasar a la acción. Está muy bien que ustedes hagan otro estudio geotécnico, pero tendrán que intentar buscar las soluciones técnicas, que las tienen en sus manos, pues ya les han dicho que es posible la realización del barrido de piedras sueltas y la colocación de las mallas de seguridad que refuercen y aseguren el cantil afectado, sin que haya ningún perjuicio ni para el ecosistema ni para la gente.


Señora ministra, de verdad, estamos a su total y entera disposición tanto el Gobierno vasco, como el ayuntamiento, pero, por favor, pase a la acción, no cierre el candil...


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Por favor, señor senador, concluya.


El señor URRUTIA ELORZA: Termino ya, señor presidente.


... cierre el Arenal, pues la gente necesita descanso y reposo y, sobre todo, los surfistas para poder llegar al campeonato de Europa que lo tenemos muy próximo. Así lo esperamos.


Eskerrik asko.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, senador.


Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señor presidente.


Senador, desde el Ministerio de Medio Ambiente haremos aquello que se pueda hacer de acuerdo con el Gobierno vasco, porque lo que ha cambiado en estos últimos años respecto a una situación de desprendimientos frecuentes que se producen en esa playa es esa declaración de zona especial, de zona de protección estricta por parte del Gobierno vasco. ¿Y eso qué significa, señoría? Significa que aunque el Ministerio de Medio Ambiente puede actuar sobre ese acantilado, el tipo de malla, el tipo de muro, el tipo de modificación, en su caso, del acantilado, ya no lo puede decidir sólo el Ministerio de Medio Ambiente; tiene que ser una decisión conjunta. Por eso nos hemos reunido y queremos conocer la opinión del Gobierno vasco sobre el tipo de malla o el tipo de actuación. Porque, si uno lee lo que se dice respecto de las limitaciones de ese tipo de zonificación, al límite, no podríamos hacer absolutamente nada, porque incluso colocar una malla iría en contra de lo que dice en estos momentos el Gobierno vasco en su plan territorial.


Por tanto, señoría, toda nuestra disponibilidad, pero entiéndame cuando le digo que tenemos que trabajar las distintas administraciones de acuerdo con las competencias que cada uno tiene. Haremos aquello que el Gobierno vasco considere que se puede hacer en ese bellísimo acantilado que, por cierto, conozco.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señora ministra.


-- DE DON FRANCISCO JAVIER CASTAÑO DEL OLMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS OBJETIVOS QUE SE HAN MARCADO EN EL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS: SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 2007-2015 (S.680/001403).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta del senador Castaño.


Tiene la palabra.


Página 8179


El señor CASTAÑO DEL OLMO: Gracias, señor presidente.


Buenos días, señora ministra.


España no depura hoy en día todas sus aguas. Sólo uno de cada tres municipios lo hace, lo que le ha valido a España una advertencia de las autoridades comunitarias sobre posibles sanciones si no mejoran las cifras del Plan de Saneamiento y Depuración de las Aguas de 1995-2005.


El Consejo de Ministros en el pasado mes de junio aprobó un nuevo Plan Nacional de Depuración de Aguas. Señora ministra, ¿podría explicarnos los objetivos que se han marcado en el plan nacional?

Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, como usted muy bien señala, todavía existen importantes carencias en nuestro país en cuanto a la depuración de las aguas residuales. En el año 1995 se aprobó un Plan Nacional de Depuración que fue concertado con todas las comunidades autónomas y que tenía como objetivo que en el año 2005, con la colaboración económica de las distintas administraciones, se alcanzaran los objetivos establecidos por las entonces vigentes directivas europeas. Lo que ha sucedido es que a lo largo de los últimos años no se ha hecho toda la inversión, en particular por parte de las comunidades autónomas, que correspondía para alcanzar esos objetivos. Por eso, el Gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente ha vuelto a ofrecer un nuevo marco de cooperación a las comunidades autónomas, un marco de colaboración que tiene que permitir cumplir con los objetivos de las directivas existentes el año 1995, pero ahora también con directivas posteriores y concretamente con la Directiva marco de Aguas del año 2000.


Este nuevo plan tiene un horizonte que llega hasta el año 2015 y pretende conseguir la calidad ecológica de nuestras aguas. Eso significa no sólo menos contaminación, sino ríos más vivos. Eso significa también que podamos depurar mejor para poder tener más agua disponible a través de la tecnología de la reutilización. Eso supone, por tanto, más salud en el medio hídrico en nuestro país, menos problemas asociados a la contaminación y más disponibilidad de agua cumpliendo con los objetivos de calidad que impone la Unión Europea.


El Gobierno ha ofrecido un nuevo plan que tiene una inversión total de 19.000 millones de euros. La tercera parte la va a aportar el Gobierno de España, a pesar de que la depuración y el saneamiento de las aguas residuales no son competencia del Ministerio de Medio Ambiente, sino de ayuntamientos y comunidades autónomas. Dentro de ese plan vamos a culminar aquellas actuaciones que, ya previstas en el primer plan nacional de depuración del año 1995, no se hayan culminado todavía.
Además de ello, ofrecemos financiación al 50 por ciento a las comunidades autónomas para las actuaciones en los términos municipales de la Red Natura 2000 para preservar mejor nuestro patrimonio natural en esa red y en los parques nacionales, y también una financiación, a fondo perdido, del 25 por ciento, de todas las actuaciones que están obligadas a hacer las comunidades autónomas, de acuerdo con las exigencias europeas, en las denominadas zonas sensibles.


También ofrecemos financiación al 50 por ciento, con recuperación a 45 años, por parte de las sociedades estatales. En estos momentos, señorías, se están preparando ya los primeros convenios bilaterales para firmar con todas las comunidades autónomas.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


-- DE DOÑA ADORACIÓN QUESADA BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN QUE HACE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DEL «FORO INTERNACIONAL SOBRE LA SEQUÍA», CELEBRADO EN SEVILLA LOS DÍAS 17 A 20 DE JUNIO DE 2007 (S. 680/001404).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta de la senadora Quesada.


Tiene la palabra.


La señora QUESADA BRAVO: Gracias, señor presidente.


Buenos días, señora ministra.


Durante el mes de junio se han reunido en Sevilla más de 150 especialistas de los cinco continentes para tratar un tema de vital importancia no sólo para nuestro país, sino para nuestro planeta. Me estoy refiriendo concretamente a la sequía, fenómeno natural que es recurrente porque se repite cada cierto tiempo, con una dimensión que afecta a casi todas las regiones del mundo, a veces durante meses y otras incluso durante años, y ello debido a que llueve significativamente menos de lo habitual.


La sequía es una circunstancia meteorológica que deriva en escasez cuando el consumo de agua sobrepasa los recursos hídricos disponibles, esto es, cuando consumimos más de lo que disponemos. Puede afectar a todos los ámbitos: a la vida humana, a los ecosistemas, a la economía, y puede dar lugar a incrementar la pobreza en determinados países, a fomentar más las migraciones e incluso los conflictos, pero también es cierto que tenemos que dejar de ver la sequía como un fenómeno devastador que tardará mucho tiempo en repetirse y cambiar nuestra actitud ante este fenómeno. Debemos asumir los límites de un crecimiento sostenible, entre ellos, saber que es insostenible consumir todo el agua que fluye por los ríos al mar. Hay que proteger los abastecimientos urbanos para que el agua llegue a ser accesible a todos los ciudadanos; esta debe ser la prioridad: asegurar el abastecimiento sin dejar de lado el ahorro y el uso eficiente del agua, porque se puede causar tanto daño a los ecosistemas que resulte casi imposible su recuperación.


Es necesario, ¡cómo no!, intercambiar experiencias y compartir información, así como intentar aprender de los

Página 8180


errores o de los fallos de otros. Yo creo que estas son las claves para abordar la sequía con nuevos ojos, hay que aprender a considerarla como algo natural y normal, que forma parte del clima, y saber afrontarla, porque seguirá repitiéndose, como digo, con mayor o menor asiduidad.


Esos son los futuros desafíos que tenemos. Es necesario dialogar e implementar las agendas políticas con nuevas propuestas para gestionar los recursos hídricos, y hacer un llamamiento a los medios de comunicación, porque ellos, como creadores de opinión, tienen un papel primordial en la concienciación social sobre el asunto que estamos tratando.


Por todo lo expuesto, nos gustaría que hiciese una valoración del Foro Internacional sobre la Sequía, celebrado en Sevilla los días 17 a 20 de junio.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias

Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.


Gracias, señoría.


Ese foro internacional, organizado con la Junta de Andalucía y con la Expo de Zaragoza, ha sido una de las ocasiones que ha impulsado el Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno de España, para trasladar al debate internacional el fenómeno de la sequía y las medidas a adoptar para prevenir mejor y hacer frente a los riesgos de un fenómeno que, debido al cambio climático, cada vez está siendo más frecuente y afecta a más países.


Además del Foro Internacional sobre la Sequía, señorías, este mismo año hemos conseguido que por primera vez un Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea se dedique de manera monográfica a debatir sobre sequía y escasez de agua y, por iniciativa precisamente de España, la Comisión Europea ha publicado su primera comunicación sobre sequía y escasez de agua, y hemos tenido también el privilegio de presidir en Madrid la reunión de la Conferencia de las partes del Convenio de Desertificación.


En todos estos eventos, y muy en particular en el Foro Internacional sobre la Sequía, celebrado en Sevilla, se ha producido una gran coincidencia sobre cómo abordar la sequía y la escasez de agua a escala internacional, por supuesto dando absoluta prioridad a la buena gestión de lo recursos hídricos, a perseguir un uso cada vez más eficiente del agua siempre, no solo cuando hay sequía, porque el agua que ahorramos hoy es el agua que tendremos disponible cuando deje de llover, considerando las aguas subterráneas, las aguas superficiales y las aguas procedentes del mar, desde un enfoque integral que las nuevas tecnologías nos permiten cada vez más, y con un compromiso como el que España está demostrando a escala internacional: más ayuda al desarrollo de los países más pobres, donde la situación de sequía comporta los mayores tanto daños tanto desde el punto de vista social como ambiental, reconociendo el derecho al agua como un derecho fundamental y trabajando para que ese derecho se haga efectivo en todas partes, mejorando el conocimiento sobre la gestión del agua a través del impulso de observatorios sobre la sequía, como el que hemos constituido ya en España, y que ha contribuido a que, con la peor sequía que ha abordado este país, no haya habido ningún problema en el abastecimiento de agua potable a nuestras ciudades. Una situación muy diferente a la de hace 14 años ,cuando en el último período de sequía más de 12 millones de españoles sufrieron cortes de agua. Eso nos permite, señoría, liderar a escala internacional la búsqueda de soluciones y el estímulo a una mayor cooperación internacional en la materia.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora ministra.


-- DE DON ALFREDO BELDA QUINTANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA PROPUESTA PLANTEADA EN EL CONSEJO DE JUSTICIA E INTERIOR DE LA UNIÓN EUROPEA DEL PASADO DÍA 18 DE SEPTIEMBRE, CONSISTENTE EN LA DISTRIBUCIÓN SOLIDARIA DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS ENTRE LOS DISTINTOS PAÍSES MIEMBROS (S. 680/001389).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta del senador Belda.


Tiene la palabra su señoría.


El señor BELDA QUINTANA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, ¿cuál es la posición del Gobierno del Estado con respecto a la propuesta planteada el pasado día 18 de septiembre en el seno del Consejo de Justicia e Interior de la Unión Europea, consistente en la distribución solidaria de menores inmigrantes no acompañados entre los distintos países de la Unión Europea?

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente. Gracias, señoría.


Como no podía ser de otro modo, nuestra valoración es positiva. En el Consejo de Justicia e Interior, del 18 de septiembre, se aprobaron unas conclusiones en las que se anima a los Estados miembros, con espíritu de solidaridad y responsabilidad compartida, a proporcionar apoyo con carácter bilateral a dichos Estados, y entre los ejemplos que se citan, se encuentra la posibilidad de acogida de menores no acompañados. España ha realizado un gran esfuerzo en esta materia; es más, ha sido coautor de la propuesta en este sentido. Por tanto, lo valoramos positivamente.


Página 8181


Supone un salto cualitativo, pues la Unión Europea reconoce que la inmigración en general y la llegada de menores no acompañados en particular afecta a los Estados miembros, y por ello reclama una solidaridad entre todos ellos a los efectos de una posible gestión compartida. Es un avance, pero no está exento de dificultades. Hay una enorme complejidad jurídica en relación con los menores y, a pesar de que hay bastantes dificultades propias del proceso de toma de decisiones en la Unión Europea, no le quepa duda de que el Gobierno de la nación está trabajando intensamente para lograr que estas iniciativas se pongan en marcha.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Belda.


El señor BELDA QUINTANA: Gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señor ministro. Usted sabe que estos menores, lógicamente, deben estar en las mejores condiciones y deben ser atendidos lo mejor posible. Usted sabe que el Gobierno de Canarias está realizando un importante esfuerzo para atenderlos. Usted sabe también, porque se comentó en el pasado pleno, que en el mes de septiembre de 2006 se comprometió a derivar 500 menores desde Canarias a otras partes del Estado, y en aquella ocasión nos dijo que había derivado a 487 menores, con lo que ni siquiera se había dado cumplimiento exacto al cabo de un año a ese compromiso inicial. Usted y el Gobierno de Canarias acordaron que el número de menores inmigrantes no acompañados no sobrepasaría los 300 en los centros del archipiélago. Pues bien, actualmente hay más de 800 menores, y siguen llegando en un goteo incesante.También sabrá que en el pasado pleno se tomó en consideración una iniciativa legislativa de Coalición Canaria con diversas medidas para la lucha contra la inmigración clandestina, entre ellas, que la tutela de estos menores pase al Estado.


Y no quiero que me hable, señor ministro, de devolución de competencias porque esto no es cierto. Una cosa es la competencia que tiene la Comunidad Autónoma de Canarias sobre los centros de menores -artículo 30.14 del Estatuto de Autonomía de Canarias-, y otra, a qué Administración corresponde su tutela, -Ley del Menor o legislación civil-. No confunda, por favor, señor ministro. Creemos que el interés de los menores debe prevalecer ante todo y, por tanto, deben disfrutar de unas condiciones adecuadas para su desarrollo y educación allá donde mejor se pueda, y si hay que trasladarlos para que estén mejor atendidos, debería hacerse.


Señor ministro, me alegro sinceramente de que haya sido el Gobierno español uno de los coautores de esta propuesta en el Consejo de Justicia e Interior de la Unión Europea. Y a este respecto, señor ministro, ¿quiere esto decir que el Gobierno vuelve a considerar a los menores no acompañados un asunto de Estado derivado de su responsabilidad en el descontrol de las fronteras, y porque el Derecho Internacional obliga a los Estados para con estos menores? ¿Está usted seguro de que los gobiernos europeos atenderán mejor la petición de su Gobierno que las distintas comunidades autónomas dentro del propio Estado? Esperemos que así sea y que así se concrete por el bien de todos estos menores.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor senador.


Tiene la palabra el señor ministro de Trabajo.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.


La competencia es inequívoca, pertenece a las comunidades autónomas, como todas las comunidades reconocen, salvo la Comunidad Autónoma de Canarias.
Otras muchas comunidades están haciendo notabilísimos esfuerzos en la gestión de la atención a los menores no acompañados.


Le repito que mi Gobierno ha cumplido a rajatabla el compromiso asumido en el Consejo Superior de la Inmigración, que no es cierto que yo me comprometiera con el Gobierno de Canarias a mantener solo 300 menores en Canarias y que la capacidad de actuación de mi Gobierno está limitada por la aceptación de quien tiene competencia en la atención de estos menores.
Hemos hecho un enorme esfuerzo, señoría, no sabe usted bien lo que ha costado hacer ese traslado de 487 menores sin siquiera un reconocimiento por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y se lo he dicho muchas veces: si ustedes convencen a sus socios del Partido Popular en Madrid y en La Rioja para que acepten menores cuya tutela les corresponde de acuerdo con la Constitución y las leyes, nosotros financiaremos esos traslados.


Pero créame, tengo para mí que el Gobierno canario es bastante incompetente, y lo digo con absoluta claridad. Por cierto, su presidente no obtuvo la mayoría de los votos de los ciudadanos de Canarias. Y fíjese si es incompetente que hemos puesto a disposición de la comunidad autónoma nueve millones de euros para la acogida e integración de inmigrantes que, debido a trámites administrativos propios de la comunidad, todavía no hemos podido transferir por responsabilidad del Gobierno de Canarias. Pienso que un Gobierno que se comporta con tal incompetencia no está capacitado para criticar al Gobierno de la nación, que es el que trabaja con los países emisores de inmigrantes en Europa para resolver este problema.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


-- DE DOÑA MARÍA BURGUÉS BARGUÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE LA VALORACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES CON RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LA LEY 13/1982, DE 7 DE ABRIL, DE INTEGRACIÓN

Página 8182


SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS, POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, DE LAS ADMINISTRACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y DE LOS GOBIERNOS LOCALES DURANTE ESTOS VEINTICINCO AÑOS (680/001394).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta de la senadora Burgués.


La señora BURGUÉS BARGUÉS: Gracias, señor presidente.


Buenos días, señor ministro. La Lismi, Ley de Integración Social de los Minusválidos, supuso hace 25 años un avance importantísimo en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Esta ley está fundamentada en el artículo 49 de la Constitución , así como en su artículo 10, Título I, de los derechos y deberes fundamentales, y a través de los años y con distintos gobiernos se ha ido desarrollando con la aprobación de diferentes normativas que han hecho efectivo el reconocimiento de los derechos. El mismo lenguaje o denominación ha ido cambiando, pasando de denominarse minusválidos, a disminuidos, a personas con discapacidad, personas con alguna diferencia, pero con la plena dignidad de persona con derechos y obligaciones. Creo que esto es un reflejo de la evolución de la sociedad, que ha ido avanzando en la concienciación y reconocimiento de este problema social.


Ha sido importante también la implicación de la iniciativa privada en colaboración con las instituciones públicas para el desarrollo de esta ley y el pleno ejercicio de los derechos reconocidos a las personas con discapacidad. Las asociaciones de padres o familiares de personas con discapacidad han realizado un gran esfuerzo, creando equipamientos que ayuden a la integración social y laboral.


Cataluña, y en este caso por tradición asociativa, ha tenido un papel importante y continúa colaborando con la creación y gestión de centros que atienden a este sector de población. También es verdad que otras comunidades autónomas han contribuido a ello. No han sido ajenos en este proceso los ayuntamientos que, a través de los planes municipales de accesibilidad, han contribuido de forma importante en el diseño y reforma de edificios públicos, planificación y urbanización de vías y espacios públicos, así como transporte urbano, mejorando la movilidad. Por suerte, desde la mayoría de los gabinetes de arquitectos municipales ya se diseñan los espacios y edificios pensando en la accesibilidad global en el diseño para todos. No obstante todos estos adelantos, la situación es todavía mejorable y los esfuerzos de todos deben continuar. Y con motivo del cumplimiento de los 25 años de aprobación de la ley, le pregunto, señor ministro, cuál ha sido la valoración de su ministerio en cuanto a aplicación por parte de las administraciones públicas en los tres niveles, estatal, autonómico y local, durante estos años y qué ha supuesto la actual legislatura en el avance del reconocimiento de nuevos derechos.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


El señor ministro de Trabajo tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señora senadora.


Uno de los primeros empeños de mi Gobierno en esta legislatura fue impulsar políticas activas sobre las personas con discapacidad encaminadas a conseguir de modo efectivo la no discriminación, la plena igualdad de oportunidades y derechos y la eliminación de barreras de cualquier tipo. La constitución del Consejo Nacional de la Discapacidad, la aprobación y desarrollo de la Ley de la promoción de la autonomía personal y atención a las personas dependientes, los desarrollos de la ley en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad, la asistencia jurídica gratuita y el sistema arbitral para la resolución de conflictos, las leyes y normas sobre el derecho al empleo de las personas con discapacidad y la protección patrimonial, entre otras, demuestran que nuestra voluntad, como puede usted comprobar, ha sido muy firme. Nunca hubo una producción legislativa tan intensa para favorecer los derechos de las personas con discapacidad como en estos tres últimos años. A este respecto nos hemos comprometido, junto con los interlocutores sociales, a dar prioridad absoluta a las acciones dirigidas a promover e incentivar el empleo para las personas con discapacidad como la vía más efectiva de normalización y de inserción social. La Lismi, en el año 1982, dio el primer paso en la lucha contra la discriminación hacia las personas con discapacidad y aún hoy casi 50.000 personas se benefician de sus prestaciones, cuya cuantía total supera al año los ochenta millones de euros, pero en esta materia, como su señoría sabe bien, fue capital la aprobación de la Ley de prestaciones no contributivas de Seguridad Social en 1990, que superó las prestaciones de la Lismi. Como verá, ambas leyes en un período de mandato socialista.


Desde entonces hasta hoy se han ido sucediendo planes y medidas capaces de dar respuesta al problema de la integración social y laboral de las personas con discapacidad. De ahí que la accesibilidad universal, la educación, la salud, el acceso a la cultura, al deporte, a las tecnologías de la comunicación, al empleo, a la participación política y social lo entendamos hoy como derechos de todos y, por tanto, como derechos de razón individual y colectiva, derechos que en su evolución han de seguir generando espacios en los que la palabra discapacidad, de manera semejante al texto de la Convención que el año pasado suscribió España, describa únicamente una situación física y jamás una forma de discriminación.


En ello seguirá trabajando cada minuto y cada segundo mi Gobierno con nuevas medidas en favor de las personas que padecen discapacidad.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


Página 8183


INTERPELACIONES:

-- DE DON ADOLFO ABEJÓN ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA POLÍTICA EDUCATIVA QUE HA LLEVADO A CABO EL GOBIERNO DURANTE LA PRESENTE LEGISLATURA (S. 670/000172).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Punto segundo del orden del día: Interpelaciones.


Interpelación de don Adolfo Abejón sobre la política educativa que ha llevado a cabo el Gobierno durante la presente legislatura.


Tiene la palabra su señoría.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, la legislatura del Gobierno del señor Zapatero, por fortuna, está finalizando y espero y deseo, para bien de la comunidad educativa, que en las próximas elecciones generales haya un cambio de gobierno. ¿Por qué digo esto, señorías, señora ministra? Porque tenemos un sistema educativo malo, un modelo que no funciona ni ha funcionado durante 16 años y que ustedes han reeditado dando la espalda a la comunidad educativa.


Con la democracia España ha experimentado una mejora espectacular en los niveles de bienestar, renta per cápita y crecimiento económico. Hoy nuestra economía se sitúa en el octavo lugar de los países más ricos del mundo. Sin embargo, este avance no se ha producido de la misma manera en la educación, que antes con la LOGSE y ahora con su hermana la LOE tiene las alarmas encendidas. Y lo peor, señora ministra, es que la educación de hoy puede convertirse en el desastre económico del mañana.


Según el último informe de la OCDE, conocido la semana pasada, sólo el 64 por ciento de los jóvenes españoles entre 25 y 34 años tiene una titulación superior a la obligatoria; es decir, que el 36 por ciento no ha superado los estudios de Formación Profesional de grado medio o de Bachillerato. Este informe coloca a España a la cola de los países desarrollados, en el número 26 de los 30 evaluados, muy lejos de la media europea que se sitúa en el 79 por ciento.


Señora ministra, la invito a hacer un análisis y una reflexión del porqué de esta situación. En primer lugar, el fracaso escolar en la Educación Secundaria Obligatoria, que está conduciendo a niveles insoportables de abandono escolar temprano, pues uno de cada tres alumnos o, lo que es lo mismo, prácticamente un 30 por ciento de los jóvenes, no estudia más que la educación obligatoria, principalmente porque si no tiene el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria,no podrá matricularse ni en el Bachillerato ni en la Formación Profesional de grado medio.


En segundo lugar, la LOGSE y ahora la LOE han destrozado el Bachillerato.
Con sólo dos años de duración, es el bachillerato más corto de Europa; esta nueva configuración obliga a una concentración de asignaturas y contenidos al tener que impartir en dos años lo que antes era en tres, más el COU, cuatro. Ello conlleva a que el salto entre la ESO y el Bachillerato, en lo que respecta a niveles de exigencia, sea muy alto y esta brusquedad hace que sea un Bachillerato rígido y poco atractivo. La consecuencia, señora ministra, es que un 35 por ciento abandona estos estudios sin finalizarlos. Y puedo darle un dato, algo que he sufrido en mis propias carnes: sólo 1 de 30 alumnos pasó a la selectividad en un instituto de Valladolid, y porque le aprobaron una asignatura que tenía suspensa.


En tercer lugar, la baja aceptación que tiene para los alumnos la Formación Profesional. Ocurre que la Formación Profesional de grado medio tiene un mayor prestigio y demanda en los países de nuestro entorno y de la OCDE; así, mientras sólo el 36 por ciento de los jóvenes españoles se gradúa en este tipo de formación, la media de la OCDE se eleva hasta el 48 por ciento y llega al 54 por ciento en la Unión Europea. Hay países que nos doblan, como Italia: 66 por ciento; Países Bajos, 66 por ciento, o Alemania, 62 por ciento.


En cuarto lugar, la incapacidad y la falta de previsión de la LOGSE para recuperar y poder reintegrar al sistema educativo a los alumnos que por diferentes razones no han podido finalizar la ESO. La garantía social prevista en ella no ha resuelto ser garantía de nada porque a los alumnos que la han cursado les ha servido de muy poco, ya que al no conducir al título de graduado en ESO no han podido acceder a ningún estudio posterior. El sistema de cualificación profesional inicial previsto en la LOE no se ha podido poner en marcha en el presente curso, señora ministra, no sé si por la incapacidad o por la desidia de su equipo, que no ha diseñado las cualificaciones profesionales de nivel 1 y, por tanto, tampoco se pueden diseñar los perfiles profesionales a impartir en estas enseñanzas.


En quinto lugar, nos preocupan las consecuencias educativas que se han producido con la política territorial del señor Zapatero. Lo peor que nos podía pasar es que se vaya configurando una España educativa con distintas velocidades y lo lamentable es que todos los datos de que disponemos están señalando que las brechas entre comunidades autónomas están aumentando. Hay disparidad en resultados, en fracaso escolar, en gasto público, en abandono escolar. Es un drama que unas estén por encima de la media de la OCDE y otras en el último lugar, y es más drama si cabe que el territorio del MEC presente un fracaso escolar del 50 por ciento, que dobla casi al resto de las comunidades autónomas.


Por último, señora ministra, si a todo lo anterior sumamos los efectos demoledores que tiene la LOGSE en lo que respecta a los niveles de conocimiento de los alumnos, desmoralización del profesorado y desmotivación de los estudiantes, fomento de la indisciplina y degradación del clima de estudio y de trabajo en las aulas, tendremos el porqué del derrumbamiento de los indicadores de calidad del sistema educativo español.


Ante este panorama, ¿qué dice y hace el Gobierno? Que todos estos problemas y los malos resultados de nuestro sistema escolar no tienen nada que ver con la LOGSE y la

Página 8184


LOE, sino que obedecen a causas externas. Afirmar que el sistema socialista es intocable y que estamos en el mejor de los mundos posibles, señora ministra, es falso, insostenible, irresponsable y de trágicas consecuencias para muchos jóvenes españoles. Me cuesta creer que usted, proviniendo del mundo educativo, mire hacia otro lado y no quiera ver la realidad.


Por lo tanto, señora ministra, hagamos balance, debatamos dónde nos encontramos y tomemos las medidas correctoras. Admitamos que la realidad educativa de nuestro país no es buena, es insatisfactoria para las familias, no es la que necesita la sociedad y es francamente mejorable.
No entiendo que ustedes, a quienes les gusta hacer demagogia electoralista con diversas medidas sociales, dejen en el congelador la mayor medida social: elevar el nivel de conocimiento de los españoles.


Desde el punto de vista político, el resumen de esta legislatura es que ustedes entraron a gobernar como un elefante en una cacharrería, aniquilando todo lo que había impulsado el Partido Popular. Dejaron sin aplicación la Ley de Calidad de la Enseñanza, para evitar que se pusieran en práctica las reformas a la LOGSE introducidas por esta ley, algunas de las cuales no solo eran imprescindibles, sino urgentes. Desoyeron a la sociedad, que pedía un pacto educativo, e instauraron elementos perturbadores al someter a la educación a vaivenes políticos. ¿Por qué han sentado el precedente de que el Gobierno de turno desoiga o deshaga la tarea del Gobierno anterior? ¿Por qué asumieron una decisión tan irresponsable y siguen empeñados en intereses partidistas, aunque los jóvenes nos estén pidiendo clamorosamente un cambio? ¿Qué intereses ocultos existen para continuar con la LOGSE o la LOE, que son una misma cosa, cuando se ha demostrado que con ellas ha naufragado la educación española y la de los países que la han inspirado, que, por cierto, hace tiempo que la han aparcado en sus lugares de origen?

Tengo que decirle también que la LOE no recuperó ningún consenso; ha sido la ley que menos votos favorables ha tenido en la historia de la democracia, tanto en el Congreso como en el Senado, señora ministra: 124 senadores de 259. Tanto molestaron estos debates al presidente del Gobierno que cesó a su antecesora, creando así el nuevo precedente de cesar a la ministra cuando celebraba -no sé si con champán o con cava- la aprobación de la ley en el Congreso -me imagino que usted sería testigo de ello-. Por cierto, alguna de las novedades que ha presentado usted estos días, contempladas en el borrador del Real Decreto del Bachillerato, nos preocupan de manera especial. ¿Cree usted, señora ministra, que pasar de curso con cuatro suspensos en Bachillerato va a mejorar el nivel de conocimiento de nuestros alumnos de cara a su ingreso en las universidades? ¿Sigue pensando la señora ministra que pasar de curso con tres asignaturas en la ESO y con cuatro en el Bachillerato son las medidas estrella para mejorar el nivel educativo y aumentar el número de titulados en estas etapas? Creo, señora ministra, que no, y se lo dice un docente con más de 25 años de experiencia como director, como jefe de estudios en la enseñanza secundaria. Y le digo que no porque la realidad es bien distinta. Estos son los alumnos que suspenden al final; se lo dice un director, estos son. Si les dejamos pasar, estarán con alumnos que han aprobado todas y, por lo tanto, ellos tendrán que estudiar esas cuatro asignaturas más las asignaturas que están estudiando el resto de alumnos; y en las clases donde no las han aprobado están perdidos.
Además, señora ministra -y esto hay que decirlo bien alto-, quienes sufren las consecuencias son los padres. Esto supone un engaño, porque, aparentemente, el padre está encantado de que su hijo pase de curso, pero ¿qué ocurrirá el curso siguiente? ¿Repetirá con todas las asignaturas, las cuatro más todo lo nuevo? Se lo digo, porque esto también ha sucedido en el mismo curso que le comentaba. Los alumnos que pasaban con algunas asignaturas pendientes, contaban, además, con el resto de las asignaturas del nuevo curso. Luego el problema, señora ministra, es que debemos encontrar una fórmula de entendimiento entre los profesores y los alumnos. Los alumnos pasan en la ESO y en el Bachillerato. Y los profesores, ¿qué dicen?: Harto hay con dar clase a estos gamberros.
(Rumores.) Y así estamos. Muchos profesores dicen eso en la realidad, ¿o no ha preguntado usted a profesores que están encantados de terminar la jornada lectiva porque ya están estresados? Ese problema existe. Sus señorías han hecho exclamaciones como diciendo: ¡No! Pregunten a los profesores que están en el aula si están encantados todos del clima escolar.


Señora ministra, ¿no le resulta al menos sorprendente el último informe de la OCDE en lo que respecta a la Formación Profesional de grado medio? Algo habrá que hacer para que los alumnos vayan a matricularse en estos estudios. ¿Y qué han hecho para cambiar esta proyección que nos coloca a la cola de la Unión Europea? Nada, ya se lo dije en la anterior comparecencia en este Pleno. El principal problema -se lo vuelvo a decir hoy- con que cuenta la formación española es no disponer de ciclos de grado medio y de grado superior actualizados, así como de un acceso que posibilite el paso de grado medio al superior.


Desde que se publicó la Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, las comunidades autónomas están esperando a que usted y su equipo definan las 600 o 700 cualificaciones para poder abordar la reforma de los contenidos de los títulos de FP acordes con la demanda actual del sistema productivo. ¿No se sonroja, señora ministra, cuando, finalizada la legislatura, solo han presentado el borrador de reforma de nueve de las 143 titulaciones? Y como el papel lo aguanta todo, usted anuncia en esta Cámara que en diciembre tendremos actualizadas el 50 por ciento de estas titulaciones. Por mucha propaganda mediática, en la comunidad educativa me dicen que no se lo cree nadie.


España es el tercer país de la Unión Europea, junto a Malta y Portugal, que queda matemáticamente fuera de los objetivos de Lisboa: de los tres indicadores que tienen que ver con la educación no universitaria no se cumplirá ninguno en 2010.


La Tasa del abandono escolar temprano, nos sitúa en torno al 30 por ciento, que está muy lejos del objetivo del

Página 8185


10 por ciento. Usted me va a decir el 29,9 por ciento, pero entraron con el 30 por ciento, con lo cual hasta llegar al 10 queda mucho. En lo que respecta al logro escolar de los jóvenes que entre 20 y 24 años obtienen un título de Bachillerato o FP de grado medio, estamos en el 72 por ciento frente al 85 por ciento del objetivo, y PISA nos dirá en diciembre que el tercer indicador -el nivel de lectura a los 15 años-, con la política lingüística del castellano que está llevando a cabo el Gobierno, estará también fuera del objetivo de la Unión Europea. Una de las medidas clave para reducir el abandono temprano en los estudios es dar oportunidades a los alumnos que por distintas razones no quieren o no pueden terminar los estudios de la ESO. Para ello, la LOE prevé los programas de Cualificación Profesional Inicial, con dos variantes formativas: una técnica y otra complementaria a la anterior que conduce al graduado en la ESO -lo mismo que digo yo se lo ha dicho el secretario general-. El Gobierno tenía previsto que las comunidades autónomas los pusieran en marcha este curso de forma voluntaria y de forma obligatoria en el siguiente. ¿Qué comunidad autónoma los ha puesto en marcha, señora ministra? Ninguna. ¿Cómo se van a poner en marcha estos programas si de las aproximadamente 60 cualificaciones profesionales de nivel 1 no se han diseñado más que una decena, cuando además las comunidades autónomas no pueden diseñar los contenidos? Luego fíjese: tenemos todo el fracaso de los alumnos que no han terminado la ESO y no les damos salida. Usted me dirá. Otro de los factores esenciales para cumplir con el objetivo de Lisboa de reducir el abandono escolar temprano lo constituye la política de becas. El Gobierno prometió mucho en campaña electoral.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, vaya concluyendo.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Termino, señor presidente.


Prometió multiplicar por tres el número de becarios que había en Bachillerato, FP y universidades. La realidad hoy es bien distinta -y ya se lo diré si tengo oportunidad en los cinco minutos siguientes- no solamente no han multiplicado por tres o han incrementado las becas en 400.000 en universidades, en Formación Profesional y Bachillerato, sino que las becas se han reducido según los datos que tenemos. ¿Nos puede usted decir, señora ministra, por qué a fecha de hoy aún no nos ha dado los datos del curso escolar 2006-2007 que ya terminó? Con los datos que tenemos yo le puedo decir que hay 10.000 becarios menos.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señoría, concluya, por favor.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Concluyo, señor presidente.


Luego podré continuar con otros temas, señora ministra.


Gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra de Educación.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, voy a tratar de explicarle cuál ha sido la política educativa de este Gobierno, y lo haré recordándole de dónde venimos. Asimismo trataré de manifestar mi sorpresa ante los saltos que da usted en el tiempo, olvidándose de que a lo largo de ocho años el Partido Popular fue responsable de la educación, y no parece que entonces corrigiera ninguno de esos males que usted señala que existen desde la década de los noventa. Quizá no hubo tiempo y no se pudo hacer nada.


Voy a tratar de explicarle qué es lo que hemos hecho durante estos años de legislatura.


Señoría, en treinta años -y creo que no está mal hacer un poco de historia- este país ha dado un salto cuantitativo y cualitativo que se nos reconoce internacionalmente. Así sucede, por ejemplo, con los responsables de los informes OCDE, con los que me reuní en Valencia la semana pasada. Ellos saben, aunque parece que usted no lo recuerda, que en la década de los ochenta -quiere decir que los hicimos mucho después que la inmensa mayoría de los países europeos de nuestro entorno, es decir, muy tarde- regulamos el derecho a la educación, la participación de padres, profesores y alumnos en nuestro sistema educativo y definimos el objetivo de una educación universal y gratuita para todos, extendiendo la escolarización obligatoria hasta los 16 años. Esto lo hicimos, como digo, en la década de los ochenta y primeros de los noventa; repito, más de veinte o treinta años más tarde que muchos otros países. En esa etapa también se llevó a cabo la expansión más importante de la educación en nuestro país que alcanzó tasas de escolarización desconocidas hasta entonces en Bachillerato, Formación Profesional y en la universidad de la mano de una política muy ambiciosa de construcción de centros escolares y de un creciente número de becas.


Ahora, a comienzos del siglo XXI, este Gobierno, como otros gobiernos socialistas en las décadas de los ochenta y noventa, ha vuelto a apostar y lo ha hecho decididamente desde el comienzo de la legislatura por una renovación y una modernización de la educación pues somos conscientes de esos datos que usted ha manejado -por cierto, senador Abejón, le recuerdo que los datos de la OCDE corresponden al curso académico 2004-2005-. Como digo, apostamos por una renovación y modernización de la educación porque estamos convencidos de que, efectivamente, constituye uno de los pilares del progreso y del desarrollo desde el punto de vista económico y social, así como desde el punto de vista personal de todos y cada uno de nuestros ciudadanos, convicción esta que compartimos con el resto de los países de la Unión Europea.


Le voy a explicar lo que ha hecho este Gobierno, señoría, porque por sus intervenciones a veces me da la impresión de que no lo sabe, como cuando habla de que ha habido congelación en las decisiones o en las normas, de que

Página 8186


entramos como un elefante en una cacharrería en un territorio en el que el Partido Popular había hecho no sé muy bien qué, salvo una ley que, por cierto, nació sin memoria económica. Señoría, no sé muy bien si conoce usted las novedades que ha introducido la Ley Orgánica de Educación y que hemos anunciado en relación con el Bachillerato, algo que hemos hecho, efectivamente, hace poco, pero poco tiene que ver lo que usted ha señalado con lo que efectivamente hemos propuesto.


¿Y qué hemos hecho? Pues la Ley Orgánica de Educación en mayo de 2006 a la que se incorporaron sugerencias y aportaciones de toda la comunidad educativa, y cuando usted quiera podemos hablar del debate parlamentario y del apoyo a dicha ley, entonces yo era presidenta de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados y recuerdo muy bien la tramitación parlamentaria que se llevó a cabo. Después de esa ley, durante el curso académico 2006-2007, hemos dictado decretos y normas para su desarrollo, y en este curso 2007-2008 ha comenzado la implantación de las nuevas enseñanzas. Esta Ley Orgánica de Educación toma como referencia los sistemas educativos de los países más avanzados del mundo, esos a los que efectivamente nos queremos parecer y a los que quizá nos parezcamos poco porque llevamos muchos años de retraso, no solo los tres últimos años, ni siquiera los ocho años anteriores, muchos más.


Políticas educativas que exigen diagnósticos tempranos como los que introducimos y atención a las dificultades de aprendizaje del alumnado en el momento en que estos son detectados están en la ley, señoría, una organización flexible de los centros escolares y de los currículos para proporcionar a todo el alumnado la educación adecuada a sus características y necesidades también está en la ley, como asimismo la mayor autonomía que necesitan los centros escolares para adaptarse a una población cada vez más compleja. También están recogidas en la ley las ocho competencias básicas que, según la Unión Europea, deben formar parte del sistema educativo -competencia en comunicación lingüística, en comunicación matemática, en conocimiento e interacción con el mundo físico, etcétera-, y estoy segura de que usted ya las conoce.


Por otro lado, y tal y como señala la Unión Europea, en la ley se plasma un modelo de escuela que, además de instruir en conocimientos -que es algo importantísimo y soy consciente de ello, no hace falta que me lo recuerde-, debe educar en valores, en consonancia con lo que se realiza en todos los países europeos. Nosotros no creamos polémica, crean polémica aquellos que no son conscientes de que esto pasa en toda Europa.
Además de lo anterior, la ley orgánica llegó con más de 7.000 millones de euros de inversión añadida en una memoria, lo que garantiza la cooperación con las comunidades autónomas en temas tan importantes como la extensión de la gratuidad de la educación a partir de los tres años, el refuerzo de las lenguas extranjeras o la introducción en el aula de las tecnologías de la información y de la comunicación y la formación del profesorado en convenio con las comunidades autónomas. La cooperación territorial es una pieza clave de la ley y de su desarrollo y aunque puede que a usted ahora no le parezca bien, tal y como he discutido en varias ocasiones en el Congreso de los Diputados -quizá no lo haya hecho en esta Cámara-, creo recordar que el modelo autonómico fue una decisión política de todos los ciudadanos desde la elaboración de la Constitución hasta ahora, y su aplicación en el ámbito educativo no solamente no ha agrandado las diferencias territoriales, sino que las está acortando, pero tiene usted que retroceder treinta años para apreciar cuáles eran las diferencias territoriales en el ámbito educativo en España.


Es absolutamente fundamental la cooperación territorial porque la ley no es un instrumento mágico, sólo es un contexto normativo necesario y puede ser una herramienta eficaz, pero hay que dejar que empiece su andadura y, en esa apuesta, las comunidades autónomas son actores principales porque sus atribuciones educativas son absolutamente decisivas. Por ello, este ministerio, consciente de que ése es nuestro marco constitucional y normativo, y de que las atribuciones de las comunidades autónomas son las que son, ha hecho especial hincapié en multitud de programas de cooperación territorial, aprobados en conferencia sectorial por todas las comunidades autónomas y que tienen -por suerte para todos- objetivos comunes en cuanto a la calidad que todos queremos en la educación acordes con los objetivos europeos. La sociedad actual ha cambiado mucho, señor Abejón, y la sociedad española lo ha hecho mucho más rápido que otras sociedades que nos rodean e insisto, todavía más si echamos la vista atrás.


Es necesario prestar atención individual a nuestros alumnos, pero atención individual y flexibilidad no quiere decir menos exigencia, y creo que ésta es una confusión que no deberíamos repetir porque la comunidad educativa no se lo merece. Esos profesores que usted mencionaba saben muy bien cuáles son los problemas de los centros y le puedo asegurar que los conozco bien porque siempre que tengo oportunidad -y tengo muchas- me reúno con ellos, me los cuentan e incluso premiamos las buenas prácticas, que le puedo asegurar que también son muchas, y profesores entusiastas y entregados a un trabajo que no es fácil, como usted sabe muy bien, tenemos muchos en este país.


Por lo que se refiere a la política de becas, si lo desea podremos volver a hablar sobre esta cuestión dentro de un momento, pero me resulta difícil encajar su afirmación -y también lo he dicho en multitud de ocasiones- en el sentido de que cada vez hay un menor número de becarios, teniendo en cuenta cuál ha sido el incremento que han experimentado las becas en los presupuestos a lo largo de esta legislatura, pero además le puedo prometer que esos presupuestos se gastan. Si ha habido ese aumento en los presupuestos de 2008 (estamos en 1.245 millones de euros, más 85 millones de euros dedicados al inglés, más 150 millones de euros dedicados a los préstamos-renta), probablemente tengamos que medir el número de becarios no en los términos clásicos porque estamos hablando de becas y ayudas que se diversifican y que tienen, por lo tanto, unos beneficiarios que no encajan en la figura clási-

Página 8187


ca del becario, pero volveremos a hablar después de becas si usted quiere.


El informe de la OCDE al que usted se ha referido, si se lee con detenimiento -y le repito que tuve ocasión de discutirlo con la encargada de educación de la OCDE en Valencia hace pocos días-, se ve muy claro que España ha conseguido invertir una tendencia negativa que venía registrando en materia educativa en décadas anteriores. Le doy solamente un dato que está en una de las páginas del informe: hace treinta años, -no es tanto tiempo-, sólo el 26 por ciento de los ciudadanos españoles entre 25 y 34 años conseguía llegar a la segunda etapa de la educación, es decir, al Bachillerato y a la Formación Profesional de grado medio.
Hoy ese porcentaje -tiene usted razón en que está por debajo de la media europea y nos preocupa tanto como a usted- ha subido hasta el 64 por ciento, del 26 por ciento al 64 por ciento, y es uno de los países de la OCDE que más ha mejorado en ese ámbito, 38 puntos en treinta años; creo que no deberíamos olvidarlo.


Sobre la tasa de abandono temprano, tengo que decirle que repuntó en el año 2004 hasta el 31,7 por ciento y que en dos años de gestión de este Gobierno hemos conseguido que baje al 29,9 por ciento. Me dirá usted que es poco, pero es una inversión de la tendencia y me parece que es un dato digno de ser señalado, entre otras cosas, porque anima. En lugar de repetir continuamente que tenemos un sistema educativo pésimo, nos convendría resaltar de vez en cuando lo que el sistema educativo consigue.


Respecto a la proporción de titulados superiores en ciencias matemáticas y tecnología, según el informe de la OCDE alcanza ya el 11,8 por ciento y el objetivo para 2010 es el 13,5 por ciento y en población que recibe formación continua estamos en el 10,4 por ciento y la meta es el 12,5 por ciento. Estamos lejos, pero no tanto. No obstante, el Ministerio de Educación y Ciencia ha planteado a las administraciones educativas la necesidad de reducir significativamente la tasa actual de abandono de estudios obligatorios a través de diferentes medidas, todas ellas recogidas en la Ley Orgánica de Educación y desarrolladas en programas convenidos con las comunidades autónomas. Este curso 2007-2008 se pondrán en marcha en colaboración con las comunidades autónomas programas específicos de promoción del éxito escolar destinados especialmente a la recuperación de los alumnos que finalizan la Educación Primaria sin haber adquirido las competencias básicas previstas -porque, como sabe usted muy bien, ese paso de Primaria a Secundaria es decisivo para conseguir éxito al final de la Secundaria- y un programa para combatir el abandono escolar temprano destinado a la puesta en marcha de iniciativas orientadas a reducir las tasas de jóvenes que dejan los estudios a partir de los 16 años sin alcanzar un título de Bachillerato o de Formación Profesional.


Tiene usted razón, señor Abejón, en que el índice que más nos separa de otros países de la OCDE no es la titulación en Bachillerato -me refiero a la enseñanza postobligatoria, en la que incluso estamos por encima de la media europea en Bachillerato-, sino en la Formación Profesional, y ya hemos hablado de esta cuestión aquí. Usted siempre repite que no hemos hecho nada. Yo le recordaré lo que de novedad supone el Real Decreto de 15 de diciembre de 2006, relativo a la Formación Profesional, que responde al desafío del aprendizaje a lo largo de la vida y que fomenta la inclusión social, mejora oportunidades para incorporarse al empleo cualificado en las diversas profesiones y avanza en esa línea que usted reclama y que la LOE recoge de mayor flexibilidad en este ámbito.


¿Por qué no han funcionado los programas de Cualificación Inicial Profesional? Efectivamente, deben desarrollarlos las comunidades autónomas y en lo que al Ministerio de Educación y Ciencia compete, que es lo que llamamos territorio MEC, los hemos puesto en marcha. Si se han puesto en marcha en dicho territorio, no entiendo bien cuáles son los problemas que plantea a las comunidades autónomas, aunque, efectivamente, era opcional introducirlos este año, y entiendo que las comunidades autónomas en el marco de sus competencias pueden decidir en qué momento quieren poner en marcha estos programas.


Senador Abejón, aunque volveremos sobre algunos de los temas que usted ha señalado en la réplica, entiendo que forma parte de la crítica política el subestimar la acción de este ministerio, pero lamento que forme parte de esa crítica política el dar visiones apocalípticas y desastrosas sobre nuestro sistema educativo. Lo he manifestado muchas veces y lo sigo diciendo: tenemos el mejor sistema educativo de nuestra historia, lo cual no quiere decir que no sea mejorable, porque lo es, y tenemos que responder a los retos que nos está planteando la sociedad española ahora mismo. Por eso, hemos hecho una nueva Ley Orgánica de Educación, que no entra como elefante en cacharrería, y, senador Abejón, lo sabe muy bien.


Ustedes se empeñan en decir que la Ley Orgánica de Educación es una continuación de la LOGSE. Sabe usted que dicha ley recoge lo que de positivo ha tenido la legislación anterior, incluida la LOCE -lo sabe usted muy bien-, y además hace un diagnóstico ajustado de la situación, de manera que es una ley que, efectivamente, responde a los retos de nuestro sistema educativo.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señora ministra, vaya concluyendo, por favor.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Termino, señor presidente.


Senador Abejón, entiendo que hay que hacer crítica política, pero le pediría -porque sé que a usted le importa el sistema educativo- que a esa crítica política -que me parece propia de un sistema parlamentario y democrático como el que tenemos- y a ese diagnóstico que hace usted y que yo puedo compartir sumara una visión positiva del esfuerzo no ya de este ministerio, que entiendo que usted tiene que criticar sino del sistema educativo español que viene realizando desde hace unos años para hacer frente a unos retos que resultan difíciles. Estoy convencida de que los 600.000 profesores que están en el sistema se lo agradecerían.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

Página 8188


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


Para turno de réplica, tiene la palabra el senador Abejón.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Gracias, señor presidente.


Estoy de acuerdo con usted, señora ministra, en cuanto al enorme esfuerzo de los profesores, que, desde luego, merecen la ovación y el reconocimiento de la sociedad.


Los datos que he manifestado son los reales. La labor de la oposición es señalar aquello que debemos mejorar, usted tiene que expresar aquello que hemos mejorado, pero, desde luego, no creo que me pueda rebatir algún dato, entre otras cosas, señora ministra, porque llevo treinta y cinco años en la docencia y, en consecuencia, una persona que ha ocupado en ese tiempo las máximas responsabilidades respecto de los institutos creo que conoce bien el sistema educativo.


Señora ministra, en cuanto a las becas, usted lo sabe y yo lo sé. ¿Qué hacían ustedes cuando gobernaba el Partido Popular? Decían que no subía y cada año la cuantía total de las becas subía lo mismo que ahora la han hecho crecer ustedes, un 10 por ciento, pero ustedes decían, con justicia, que había menos becarios. Ahora yo le digo que ustedes han subido un 10 por ciento los presupuestos todos los años pero que hay menos becas, y eso es así. ¿Qué prometieron ustedes? Llegar al 40 por ciento de becarios en universidades y al 50 por ciento en Formación Profesional. ¿Cuántos alumnos son? Aproximadamente, 560.000 en Bachillerato y Formación Profesional y unos 550.000 en universidades.
¿Dónde estamos? Nos encontramos en 155.000 becas para Bachillerato y Formación Profesional y, aproximadamente, 188.000 para universidades. Por tanto, fíjese si les queda recorrido para cumplir con sus objetivos de programación cuando está finalizando la legislatura. Estamos donde estábamos, 10.000 universitarios menos, y les falta por hacer un recorrido de aproximadamente 400.000 alumnos. Eso es lo que prometieron ustedes a los españoles, usted estuvo elaborando el programa. ¿Estoy de acuerdo con esto? ¡Cómo no voy a estar de acuerdo en que haya un 40 por ciento de becarios en las universidades y un 50 por ciento en Bachillerato y Formación Profesional! Pero ustedes, a quienes los ciudadanos han votado porque han hecho esa promesa, cúmplanla, eso es lo que yo le pido. Aún les quedan algunos meses, y el señor Rodríguez Zapatero dice que todavía se pueden hacer muchas cosas. Por tanto, tomen medidas para llegar al objetivo de la convergencia europea.


Señora ministra, la permanencia de nuestros alumnos en los estudios de Bachillerato es de 2,3 años -3,8 en la OCDE-. Se cambió un Bachillerato de cuatro años por otro de dos. Preguntemos a la comunidad educativa, nombre una comisión al más alto nivel que estudie la situación del Bachillerato en las aulas y hagamos algo. Escuchemos los informes.
Nosotros estamos abiertos a esa posibilidad de estudiar sobre un bachillerato de tres años en una comisión que usted decida, y estaremos de acuerdo, para que nos diga qué pasa realmente en las aulas de Bachillerato.


Creo, señora ministra, que uno de los temas fundamentales es el del profesorado -usted lo ha dicho-, que no deja de ser otro fracaso del ministerio. Intente en lo que queda de legislatura llegar a la aprobación del estatuto de la función docente y cumpla los acuerdos alcanzados, por usted o su antecesora, con los sindicatos el 20 de octubre de 2005. Creo que hay que mejorar la retribución del profesorado, su estabilidad, su satisfacción y su reconocimiento social, máxime cuando a este profesorado se le está exigiendo bastante más, como usted ha dicho. Antes se le exigían ciertas cuestiones relacionadas con el conocimiento, pero ahora muchas más cosas. Sin ellos sería imposible llevar a cabo la educación, han hecho una labor inmensa: pues reconozcámosla social y profesionalmente. En eso vamos a coincidir con usted. Llegue a un acuerdo del estatuto de la función docente y cumpla los acuerdos alcanzados con los sindicatos.


He dejado para el final de mi intervención un tema de gran preocupación y calado para amplios sectores de la opinión pública, y es la Educación para la Ciudadanía. Señora ministra, el Gobierno, lejos de resolver los problemas que acucian al sistema educativo español, crea otros donde no los hay, y ahora estamos todos enfrascados en uno que antes no teníamos.
La mejor muestra de ello es la inclusión en la LOE de una nueva materia en Primaria y en la ESO para educar en la ciudadanía, que para un sector muy relevante de la población no solo no educa al ciudadano sino que, según dicen, le destruye.


El Gobierno, sin consenso con las comunidades autónomas -con todas- y con los sectores del mundo educativo impone a la sociedad una asignatura que esta no reclamaba -desde luego, yo no lo había oído en ninguna parte-.
Las consecuencias de esta imposición y falta de consenso son 15.000 objetores. El señor Zapatero impone, a través de esta materia, un modelo de ciudadanía y de sociedad que invade la educación moral, afectiva y el sentido de la vida y otros muchos aspectos que corresponden a las familias, según el artículo 27.3 de la Constitución Española; impone un modelo de hombre y de sociedad que trata de uniformar a todos los ciudadanos en la manera de ser y de pensar, creando un hombre nuevo, una sociedad nueva que se crea a sí misma y dice lo que es bueno y malo. Ante la legítima defensa que hacen los padres, amparados en la Constitución Española, en la no nata Constitución Europea y en los tratados internacionales de la invasión del Gobierno a sus competencias educativas, usted ha respondido con la intransigencia, la amenaza y la prepotencia. Señora ministra, no atender las justas reivindicaciones de las familias es un grave error y descalificar despectiva e incorrectamente, como usted ha hecho, a las familias que objetan tiene sesgos totalitarios.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, termine.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Concluyo, señor presidente.


Los padres tienen el derecho y el deber de defender a sus hijos y cuentan con todo el apoyo del Partido Popular en la defensa contra un Estado que pretenda imponer una especie de catecismo moral del buen ciudadano.


Página 8189


En definitiva -y termino, señor presidente-, como conclusión cabe decir que esta ha sido la legislatura de más de lo mismo: tenemos la misma ley parecida, los mismos problemas aunque más agravados aun si cabe y unos pésimos indicadores de calidad que nos alejan de la OCDE y de los objetivos de Lisboa si bien estamos con usted en la mejora que se haya producido. Si a ello sumamos la intolerancia, la falta de consenso y el debilitamiento de la...


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.


Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.


Voy a tratar de responder a lo que me ha planteado de manera concreta.


En cuanto a las becas, he de decirle que la prioridad del Gobierno es mejorar el número y la cuantía de las becas y ayudas al estudio desde el curso 2003-2004 hasta el curso 2007-2008. Estimamos que el número de beneficiarios, -y usted sabe tan bien como yo que es difícil calcularlo- está en cerca de 250.000. Este curso pretendemos aumentar los umbrales de renta un 13,5 por ciento en función del criterio de renta, lo que significa que en este curso aproximadamente el 55 por ciento de las familias españolas con hijos en edad de estudiar podrían tener derecho a la matrícula gratuita y más del 40 por ciento a ayudas para el transporte, los libros, etcétera. Vuelvo a repetirle, señor Abejón, que cuando contabilizamos a los beneficiarios de las becas también hay que tener en cuenta a los beneficiarios de las ayudas. Queremos cumplir con el compromiso adquirido al inicio de la legislatura de adelantar el pago de las becas. En este sentido, en el curso 2003-2004 se conseguía pagar aproximadamente un 30 por ciento en el primer cuatrimestre y en el presente curso vamos a acercarnos al 80 por ciento, creo que es una mejora notable.


En los presupuestos de 2008 se contemplan 1.245 millones de euros y a ellos hay que añadir 85 millones de euros más para el aprendizaje del inglés y 150 millones de euros para préstamos-renta. Se prevé también una mejora de las becas Erasmus, que han pasado de cuatro o seis millones de euros a 60 millones de euros, para el año. Si suma usted, señor Abejón, todos los que se benefician de ese aumento y de la diversificación de becas y ayudas, probablemente le saldrá el número de becarios que efectivamente prometimos y que vamos a cumplir.


Bachillerato y reforma del Bachillerato. La reforma del Bachillerato que hemos propuesto, señor Abejón, a la que aludí en mi comparecencia ante la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, es la que consensuó el Consejo Escolar del Estado, máximo órgano asesor del Ministerio de Educación y representante de la comunidad educativa.


Profesorado. Fracaso del ministerio -dice usted- en el cumplimiento de los acuerdo de octubre de 2005. Repase los acuerdos y pregunte a los sindicatos cuál es su grado de cumplimiento.


Estatuto de la función docente. Estamos más cerca que nunca de conseguir un acuerdo sobre una reivindicación histórica del profesorado, como es el estatuto de la función docente, cuya novedad fundamental es la carrera docente. De esta manera, nuestros docentes, que tienen unos sueldos situados en la media europea al comenzar su carrera, los seguirán teniendo al terminarla, lo que no ocurre ahora. Ese es nuestro objetivo.
El ministerio puede hacer su parte, pero las comunidades autónomas desempeñan un papel esencial, y tenemos que llegar a acuerdos con ellas sobre el estatuto de la función docente.


Preparación del profesorado. Tenemos dos programas en marcha para el curso 2007-2008 más las novedades que nos permitirán la reforma de las titulaciones universitarias. Los maestros van a tener un título de grado -es decir, un año más de preparación- y los profesores de Educación Secundaria un máster, que se viene demandando desde hace mucho tiempo.
Eso hemos hecho.


Educación para la Ciudadanía. Señor Abejón, este Gobierno no impone nada.
Usted sabe muy bien cómo funciona el sistema educativo. Cuesta mantener que hay imposición, adoctrinamiento o catecismos en un sistema educativo plural como el nuestro, en el que cada centro escolar decide qué libro de texto utiliza, o incluso si no utiliza ninguno, y qué profesor imparte la asignatura. Me cuesta trabajo pensar que de un sistema educativo así se pueda hablar, como ha dicho usted, de amenazas, de totalitarismos o de que el Estado impone catecismos morales. Señor Abejón, esto no es cierto.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

-- DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000117 C.D. 121/000130).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Punto tercero del orden del día: dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley. La Comisión de Medio Ambiente presenta el proyecto de ley de responsabilidad medioambiental, que se tramita por el procedimiento de urgencia.


Para la presentación del dictamen en nombre de la comisión, tiene la palabra el senador Mur.


El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, tengo el honor de presentar ante ustedes el resultado de la tramitación del proyecto de ley de responsabilidad medioambiental a su paso por la Comisión de

Página 8190


Medio Ambiente. Como todas sus señorías saben, entró en la Cámara el 7 de septiembre, fue declarado urgente y se abrió un plazo de enmiendas que terminaba el día 11 de septiembre y que luego hubo que ampliar hasta el día 13 del mismo mes. En ese período se presentaron 127 enmiendas distribuidas así: del Grupo Parlamentario Mixto, senador Urrutia, de la 1 a la 7; de Entesa Catalana de Progrés, de la 8 a la 72; del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, de la 73 a la 87; del Grupo Parlamentario Popular, de la 88 a la 109; del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, de la 110 a la 115, y del Grupo Parlamentario Socialista, de la 116 a la 127.


La Comisión de Medio Ambiente se reunió el 19 de septiembre para dictaminar el proyecto, y en esa sesión se aprobaron las enmiendas siguientes: 113, de Convergència i Unió; 84 y 87, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; 98, del Grupo Popular, y 121, 123 a 125 y 127, del Grupo Parlamentario Socialista. Se aprobó también una corrección de errores, y el resto, como es habitual, quedó para su debate en el Pleno que celebramos ahora.


Con esto resumo la rápida tramitación de este proyecto de ley en la Comisión de Medio Ambiente y, como presidente de la misma, quiero agradecer a todos los miembros de la comisión la agilidad y la facilidad para este trámite y de manera muy especial la ayuda recibida de nuestra letrada doña Paloma Martínez Santa María.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.


Pasamos al debate de totalidad.


¿Turno a favor? (Pausa.)

Tiene la palabra el senador Hernández Guillén.


El señor HERNÁNDEZ GUILLÉN: Muchas gracias, señor presidente.


Sobra decir que estamos ante un proyecto de ley de mucho calado, la transposición de una directiva europea que viene a poner de manifiesto la necesidad de contar con la legislación ambiental que instrumente sistemas de responsabilidad que prevengan con eficacia los daños medioambientales, a la vez que asegure una rápida reparación.


Creo que era hora de contar con un instrumento legislativo, que estuviera a la altura de una cultura medioambiental que cada vez se asiente más entre todos y sobre el que, por supuesto, este Gobierno, en esta, como en otras materias, ha tomado la delantera, como no puede ser de otra manera, porque así lo exigen nuestros ciudadanos.


Básicamente, la ley lo que establece es un régimen administrativo de responsabilidad ambiental de carácter objetivo e ilimitado, basado en los principios de prevención y de quien contamina paga. Este régimen se separa del que es propio de la responsabilidad civil clásica, donde el conflicto entre el causante del daño y el perjudicado se dirimen en sede judicial. La responsabilidad medioambiental es, además, ilimitada en cuanto a que el operador responsable viene obligado a devolver los recursos naturales dañados a su estado original, sufragando el total de los costes de las correspondientes acciones preventivas o reparadoras. De esta forma, al poner el énfasis en la restauración total de los recursos naturales y de los servicios que prestan, se prima el valor medioambiental de la responsabilidad como institución jurídica frente al valor patrimonial inherente a la responsabilidad civil, el cual se entiende satisfecho con una indemnización dineraria, en la que la dimensión medioambiental no siempre está presente.


La responsabilidad medioambiental es también una responsabilidad de carácter objetivo en la que las obligaciones de actuación se imponen al operador, al margen de cualquier tipo de culpa, dolo o negligencia que haya podido existir en su comportamiento. Así, se hace efectivo el principio de que quien contamina paga, al trasladar los costes derivados de la reparación de los daños medioambientales desde la sociedad hasta los operadores económicos beneficiarios de la explotación de los recursos naturales.


Me gustaría resaltar, además, que la dimensión reparadora del nuevo régimen no debe llevarnos a equívocos en cuanto a su dimensión preventiva, en el sentido, tal y como se resalta en la ley, de que no hay mejor política conservacionista que la política de prevención frente a los daños medioambientales. En esta tarea todos tienen su obligado papel de protagonistas en este objetivo medioambiental, pero sin duda serán las comunidades autónomas las que desarrollen el marco legislativo a la vez que la ejecución de la propia ley, porque corresponde a las comunidades autónomas en cuyo territorio se localicen los daños causados o la amenaza inminente de que tales daños se produzcan, las que tienen que llevarlo a efecto. Sólo, en el caso de que el daño afecte a cuencas hidrográficas de gestión estatal o a bienes de dominio público, será preceptivo el informe del órgano estatal competente, es decir, en aquello que afecte a la legislación en materia de aguas o de costas.


La ley, además, atendiendo a esos posibles daños sobre el medio ambiente, prevé y condiciona la presentación por parte del operador de una garantía financiera que le permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad o actividades que desarrolla.
Esta garantía financiera será determinada por la autoridad competente y la cantidad mínima será acorde según la intensidad y extensión del daño, pudiéndose acoger a varias modalidades, como pueden ser las pólizas de seguro o un aval de alguna entidad financiera autorizada para operar en nuestro país. Esta garantía debe estar suscrita desde el inicio de la actividad que se trate y mantendrá su vigor durante todo el periodo de la actividad. Quiero indicar en este punto que el desarrollo del mercado de las garantías financieras constituirá un beneficio para la empresa del sector. Además, se creará, a la vez, un fondo estatal de reparación de daños medioambientales que será gestionado por el Ministerio de Medio Ambiente. La constitución de ese fondo no supondrá incremento del gasto público, sino una mera reasignación de créditos procedentes del presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente. La apelación de los costes de reparación de los daños medioam-

Página 8191


bientales a los operadores generará el consiguiente ahorro en los presupuestos de las Administraciones públicas.


Las infracciones, por otro lado, se van a tipificar como infracciones graves o muy graves y estas últimas podrán ser castigadas con multas de hasta dos millones de euros y con la extinción de la autorización o suspensión de ésta por un período mínimo de un año y máximo de dos.


Me gustaría destacar sobremanera una cuestión de mucho calado y es que este proyecto de ley reduce la pérdida de bienestar social porque al primar la reparación de los activos naturales frente a la compensación monetaria viene a cubrir no solo la pérdida de servicios ambientales para los propietarios del recurso, sino también las externalidades que éste genera a terceros.


Para finalizar, permítame que en esta exposición de la ley exprese la satisfacción del Grupo Parlamentario Socialista por la incorporación de una enmienda, aunque la compañera Esmeralda profundizará más en ello, relativa a atender las reivindicaciones indemnizatorias de los afectados por los daños sufridos como consecuencia del hundimiento de la presa de Tous; una propuesta que viene a restablecer una injusticia en el tiempo y que este Senado aprobó en forma de moción el día 8 de mayo de este año y que, por tanto, después de la aprobación de la ley en este período de sesiones en día de hoy, finalmente, repararemos la injusticia que se ha cometido.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, senador Hernández Guillén.


Consumido el turno a favor, ¿hay turno en contra? (Pausa.)

¿Algún grupo quiere fijar su posición en este momento del debate? (El señor Belda Quintana pide la palabra.)

Senador Belda, ¿quiere intervenir en turno de portavoces o en turno de totalidad? Le explico: hay dos turnos de portavoces, uno en el de totalidad, y otro después de la defensa de las enmiendas.


El señor BELDA QUINTANA: Posteriormente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.


Vamos a entrar en el turno de defensa de las enmiendas que se mantienen vivas.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Urrutia para defender las enmiendas números 1 a 7.


El señor URRUTIA ELORZA: Mila esker, presidente.


(El señor senador inicia su intervención en euskera, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones»): Ama Lur Maitea. Ez zaitugu gehiago mindu nahi. Querida madre naturaleza no queremos herirte más. Ese debiera ser no solo el origen y la filosofía de este proyecto de ley en teoría, sino en la práctica la realidad.


He querido empezar así la defensa de las enmiendas que Eusko Alkartasuna ha presentado a este proyecto de ley porque creo que es básico que aunque este proyecto de ley tiene como finalidad transponer la Directiva 2004/ 35 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre responsabilidad medioambiental, de acuerdo con los principios de que quien contamina paga y de prevención, es fundamental que este proyecto de ley obligue a los operadores y profesionales de la actividad económica a adoptar todas las medidas de prevención necesarias al objeto de evitar cualquier amenaza de daño al medio ambiente y que, además, se regulen las obligaciones de recuperación no sólo del agua, sino del suelo, de las especies silvestres y del hábitat.


Es fundamental que también en el mundo del medio ambiente se innove. Esto es lo que intenta este proyecto de ley: innovar algo más con respecto a la normativa comunitaria. Ahora bien, esa innovación puede generar cierta colisión con otras normativas medioambientales en vigor. Este es uno de los temas que este senador quisiera puntualizar en las enmiendas que ha presentado y, sobre todo, los aspectos relacionados con las normativas que las comunidades autónomas han elaborado ya en las legislaciones correspondientes ya aprobadas.


Esta es la filosofía de las siete enmiendas que Eusko Alkartasuna ha presentado a este proyecto de ley. Es incuestionable que cuando el legislador ha querido innovar y ha ido más allá de la normativa de la comunidad europea ello ha podido crear incongruencia entre legislaciones y ciertas vises interpretativas que pueden crear ciertos problemas.


No debemos olvidar que en los últimos años las comunidades autónomas han aprobado una serie de regulaciones, por ejemplo el País Vasco dispone de normativa propia que, por un lado previene la contaminación del suelo y, por otro, establece la obligación de recuperar la calidad para que el medio ambiente no se modifique. De este modo intentamos que se acepte que la determinación del riesgo que la contaminación puede generar para la salud humana y para el medio ambiente se debe llevar a cabo a través de procedimientos técnicos perfectamente diseñados que lo que intenten sea que el ambiente permanezca totalmente limpio y los suelos no contaminados.


Por ejemplo, el concepto que aplica el legislador sobre la amenaza significativa es nuevo, se introduce en el proyecto de ley, y desconocemos el modo en que dicha amenaza será identificada y el alcance que deberá otorgarse a la expresión «amenaza significativa». Como puede apreciarse, estos diferentes conceptos pueden generar inseguridad jurídica y confusión, tanto a la Administración como al administrado.


Quiero hacer una leve crítica, cariñosa y cercana, al legislador sobre el Anexo III, que al establecer el listado de actividades susceptibles de producir daños medioambientales amplía injustificadamente el ámbito de aplicación de la norma en el supuesto de actividades que realizan vertidos a aguas continentales, marinas o subterráneas, reguladas por la normativa específica.


Este proyecto de ley, desde que se inició su andadura ha sufrido mejoras y modificaciones, tanto en el Congreso como en el Senado a través de estas enmiendas. Han sido aportaciones hechas por los diferentes partidos políticos,

Página 8192


también por Eusko Alkartasuna, y se están realizando aportaciones, como la magnífica intervención de la senadora Esmeralda Iranzo, que mejorarán el proyecto, sabiendo que hay secuelas negativas que pueden generar inseguridad en la terminología aplicada, que es diferente a la de la Comunidad Europea, y también pueden crear discrepancias si no hay coordinación entre la Administración central y las comunidades autónomas.


Nuestras enmiendas intentan fundamentalmente solventar estos conceptos y actuaciones. Como algunas de ellas se van a intentar consensuar, aceptar o, por lo menos, llegar a algún acercamiento, dejaremos para el turno de portavoces la fijación de nuestra posición.


Muchas gracias, señor presidente.


Mila esker, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Badia.


El señor BADIA I CHANCHO: Gràcies, senyor president.


Señorías, voy a defender en este turno las enmiendas presentadas por mi grupo, así como nuestra posición en la valoración global de esta importante ley que viene a dar respuesta a muchos de los intereses, a veces divergentes, que se producen en un asunto tan significativo como es el medio ambiente.


Nosotros hemos intentado matizar lo que pretende esta ley, que es la responsabilidad de dos cuestiones importantes: la prevención de los daños medioambientales y la consecuente y rápida reparación de dichos daños.
Estamos ante una ley de futuro, una ley que es una transposición de una antigua normativa europea del año 2004, que regula el concepto de responsabilidad, y lo hace desde una óptica amplia, de entender la responsabilidad en cuestiones medioambientales como algo ilimitado y también desde el concepto objetivo de que cualquier actividad que ocasione daños medioambientales supone, evidentemente, dos planteamientos fundamentales: la prevención en sí misma y la reparación.


Quería referirme a un concepto claro que cuando se habla de cuestiones medioambientales tiene un común denominador importante que es el concepto de que quien contamina paga. Pero me gustaría añadir que eso no quiere decir que quien pague puede contaminar, que es una variable que a veces obviamos y que alguien puede entender que está incluida. La ley lo marca claramente, y desde esta posición hemos presentado nuestras aportaciones en positivo, intentando mejorar la ley.


Nuestro grupo parlamentario ha presentado seis enmiendas: una de adición, tres de modificación y dos de supresión, a las que voy a referirme puntualmente.


En concreto, la enmienda número 110 propone una cuestión importante en tanto en cuanto la adición supone que las empresas españolas que realizan actividades en el exterior, con apoyo público vía inversión, deben responder al nivel de responsabilidad equivalente al exigido en España.
Desde este punto de vista, nuestra enmienda pretende que esas empresas que reciben ayuda pública vía subvención, vía financiación, no puedan tener responsabilidades diferentes según actúen en España o en el extranjero.


La segunda enmienda, de modificación, pretende la inexigibilidad de la obligación de sufragar determinados costes, y entendemos que sería contradictorio que en los casos de inexigibilidad de la obligación de sufragar los costes por el operador, se obligara a éste a asumir en primera instancia los costes de reparación de los daños producidos. Es una cuestión evidente; de ahí, nuestra propuesta de incorporarla a la ley.


La enmienda número 112, de modificación, se refiere al concepto de interesados. Espero que podamos llegar a un acuerdo transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista, ya que, de alguna manera, vendría a mejorar la propia redacción y la aplicación de la ley en el futuro.


También quiero resaltar algo que ya se aprobó en comisión, y me refiero a la supresión de la disposición adicional segunda, punto 5, relativa a cuestiones de orden técnico, en tanto en cuanto supone la mejora de la ley.


Quiero referirme también a las enmiendas números 114 y 115.


La enmienda número114 es de supresión, en tanto en cuanto entendemos que en esa disposición adicional décima la autoridad pública competente debe exigir las medidas previstas en esta ley, incluso cuando se trate de obras públicas. Es una cuestión fundamental, pero no entendemos por qué no se acepta que lo que reclamamos para la iniciativa privada también lo podamos exigir cuando se trate de obras de interés general y de obras ejecutadas por la propia Administración Pública. Espero y deseo, y sería positivo, que a lo largo del debate podamos también profundizar en este punto.


Por último, en cuanto a la enmienda número 115, entendemos que es una cuestión puramente semántica, y esperamos que a lo largo del debate también podamos avanzar en ello.


Quiero manifestar también en este turno nuestro posicionamiento con respecto a la enmienda número 126, del Grupo Parlamentario Socialista, que votaremos favorablemente, así como a las enmiendas de corrección técnica.


En definitiva, estamos ante una ley que pretende incrementar el respeto a un bien común, como es la calidad del aire; bien común que, además, tiene una incidencia directa sobre la calidad de vida de las personas.


Quiero ratificar también una cuestión fundamental en el propio contenido de la ley, que es la corresponsabilidad; de alguna manera, la sociedad también ha de entenderla como una cuestión fundamental para la eficacia de la ley en el futuro. En tanto en cuanto esto sea una realidad, en tanto en cuanto esta corresponsabilidad se pueda valorar en su justa medida, tendremos una ley que responderá a las expectativas que todos nos hemos marcado.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.


Página 8193


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha presentado al proyecto de ley que en estos momentos debatimos un total de 15 enmiendas, de las cuales 13 permanecen vivas.


En el dictamen de la comisión celebrada la pasada semana ya se incluyeron dos enmiendas presentadas por este grupo parlamentario, ambas referidas a la garantía financiera obligatoria que se recogía, y que se recoge, en el proyecto de ley. De hecho, el Capítulo IV del proyecto de ley está íntegramente dedicado a esta cuestión, así como la disposición final cuarta.


Las enmiendas incorporadas se refieren al artículo 24 de la ley y a la disposición final cuarta, matizando que, en todo caso, las órdenes ministeriales que se dicten para la aplicación de la garantía financiera obligatoria en ningún caso podrán plantear la constitución de la misma a los operadores que pudieran estar sujetos en virtud del Anexo III recogido en el proyecto de ley antes del 1 de enero de 2011.


La mayoría de las enmiendas que mantenemos vivas son competenciales. Las números 73 a 76 se refieren al artículo 7 que recoge las competencias administrativas, y establece que el desarrollo legislativo y la ejecución de esta ley corresponden a las comunidades autónomas en cuyo territorio se localicen los daños o la amenaza inminente de daños en su apartado 1, tal y como ha dicho en esta tribuna el senador Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista, en el debate de totalidad de este proyecto de ley.


Nuestras enmiendas pretenden delimitar el nivel competencial de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas en cuestiones en las que se dé concurrencia competencial. Las propuestas son coherentes con sentencias del Tribunal Constitucional sobre la consideración otorgada al concepto de dominio público que sirve para calificar una categoría de bienes, pero no para aislar una porción de territorio de su entorno y considerarlo como zona exenta de las competencias de los diversos entes públicos que la sustenten.


Por otro lado, establecen el mecanismo a seguir cuando el daño afecta a territorios de varias comunidades autónomas, primando en esa intervención los principios de información mutua, de cooperación y colaboración.


En coherencia con estas enmiendas al artículo 7 se plantea la referida al artículo 34, que establece el fondo estatal de reparación de daños medioambientales.


Hay otro conjunto de enmiendas, relacionadas con el Capítulo VI del proyecto de ley, sobre normas aplicables a los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental. Mi grupo parlamentario entiende que en esta cuestión el proyecto de ley se excede en lo que la transposición de la directiva europea plantea, procediendo a una prolija y detallada regulación, agotando así toda posibilidad para las comunidades autónomas de desarrollo legislativo alguno al respecto y en virtud, incluso, de lo que el propio apartado 1 del artículo 7 recoge.


La enmienda número 80 plantea una modificación completa de este capítulo mediante desarrollo y detalle que se ciñe a lo fundamental y básico, que es la normativa aplicable, los interesados y la recuperación de costes por la Administración Pública. En coherencia con esta enmienda se presentan otras cuatro que tratan de ajustar al contenido de la misma lo que se plantea en distintos artículos del proyecto de ley.


Por último, en cuanto a enmiendas denominadas competenciales, planteamos una nueva disposición adicional sobre normativa foral tributaria. Las remisiones que la ley hace a la Ley General Tributaria se deben entender también realizadas a las normas forales tributarias correspondientes y aplicables en los territorios históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, en lógica coherencia con la capacidad normativa que ambas comunidades autónomas poseen en virtud del Convenio y del Concierto Económico, todo ello como reflejo manifiesto del respeto a la capacidad normativa de estas comunidades autónomas y en un plano y perspectiva, incluso, de lealtad y reconocimiento institucional.


Señorías, finalmente planteamos dos enmiendas referidas a la disposición adicional decimotercera, denominada responsabilidad medioambiental en el exterior, con el claro objetivo de otorgar un redactado más justo al planteamiento de exigencia de responsabilidad medioambiental dirigido a operadores que desarrollen su actividad en Estados que no forman parte de la Unión Europea y que trata de imprimir en la cultura del desarrollo empresarial y económico que lo que vale y debe hacerse aquí también vale y debe hacerse en países con distinto desarrollo y cultura medioambiental a la nuestra.


Entendemos que son enmiendas que mejoran el texto del proyecto de ley y no quiero bajar de esta tribuna sin mencionar otra enmienda que se ha comentado aquí y que ya está incluida en el dictamen de la comisión a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, y es la enmienda sobre compensación de daños por la rotura de la presa de Tous.


En este sentido, quiero decir que este Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha asumido esa enmienda y la hace también suya, al igual que el resto de los grupos parlamentarios, porque se incorporó por unanimidad y solo en respuesta, al menos en lo que me corresponde como portavoz de mi grupo en la defensa de las enmiendas y en el contexto de este proyecto de ley, al presidente de la asociación de damnificados por las inundaciones de octubre de 1982, que se ha dirigido a todos los portavoces de los grupos parlamentarios de esta Cámara agradeciendo su actitud y la inclusión de esta enmienda en respuesta incluso a una moción aprobada por unanimidad en esta Cámara el pasado 8 de mayo de 2007. Lo que se ha hecho es actuar con justicia y reparar algo con 25 años de retraso y así como él nos agradece la celeridad y la res-

Página 8194


puesta que hemos dado, le pedimos disculpas por aquello que este grupo parlamentario no haya hecho hasta el momento, que es cuando se ha podido introducir esta respuesta a estas 44 familias que en su momento quedaron excluidas de indemnización compensatoria en la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1997.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.


Tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, por primera vez tendremos, por la transposición de una directiva europea, una ley de responsabilidad ambiental, una ley necesaria, exigente, clara, que cuenta con el apoyo de nuestro grupo y a la que hemos presentado una serie de enmiendas para mejorarla.


Se trata de una ley que hay que reconocer que ya viene muy mejorada del Congreso tras un esfuerzo exitoso para consensuar con los diferentes grupos una serie de enmiendas que han mejorado, y mucho, el proyecto de ley. En este sentido, reconocemos tanto al Grupo Parlamentario Socialista como al Gobierno esta capacidad de diálogo en positivo respecto de una ley tan importante.


Mi grupo parlamentario ha presentado 64 enmiendas a este proyecto de ley, concretamente de la número 8 a la número 72. Ya aviso que vamos a retirar 42 de ellas, y paso a defender y a proponer la aprobación de las siguientes.


La enmienda número 14 hace referencia al artículo 3.2.b. y pretende que se añada al final del actual redactado que también sean exigibles las medidas de reparación aunque no haya dolo, culpa o negligencia, junto con las que ya contempla la actual redacción de prevención y evitación.


Las enmiendas números 15, 17 y 55 proponen no eximir de responsabilidades ambientales en el caso de actividades relacionadas con la defensa y la seguridad nacional.


En cuanto a las enmiendas números 19 y 71, se refieren a la inclusión de las instalaciones nucleares en el ámbito de esta ley.


Por lo que se refiere a las enmiendas números 33 y 34, tienen como objetivo modificar el artículo 28, letras a) y c), para no eximir a los productos fitosanitarios y biocidas de la obligación de constitución de garantía financiera obligatoria.


Las enmiendas números 22, 23, 44, 53 y 62 pretenden una mejora de carácter competencial, así como las números 24 y 46, que afectan a los artículos 7.3 y 38.1.a.11, porque a nuestro entender vulneran el artículo 144.1 del nuevo Estatuto de Cataluña.


Las enmiendas números 35 y 36 tienen como voluntad no excluir ninguna de las otras posibles causas que pueden originar daño ambiental más allá de la contaminación.


La enmienda número 37 pretende que no se limite a un máximo de 20 millones de euros la garantía financiera obligatoria.


Por su parte, con la enmienda número 41 se propone asegurar que el recargo sobre la prima sea el suficiente para garantizar que se puedan cumplir las funciones que el Fondo de compensación de daños medioambientales tiene encomendadas.


La enmienda número 61 hace referencia a la compensación económica a las comunidades autónomas con el equivalente al coste adicional que impliquen las nuevas obligaciones de esta ley.


En cuanto a la enmienda número 67, la presentamos para tratar de evitar la contaminación por productos modificados genéticamente.


La enmienda número 72 persigue modificar el anexo VI, sustituyendo el carácter potestativo por un carácter preceptivo de una serie de puntos.


Creo que con estas enmiendas se cierran más los objetivos de esta ley, se hace más exigente la transposición de esta directiva europea, se incorporan una serie de aspectos que amplían las materias sobre la responsabilidad ambiental, a la vez que pensamos desde nuestro grupo que se mejoran sustancialmente aspectos en materia competencial, siempre cojos en la legislación del Ministerio de Medio Ambiente.


Con estas propuestas, y con el listado de enmiendas que vamos a retirar, nuestro grupo considera que se mejora sustancialmente el texto que nos viene del Congreso y podremos conseguir así una buena ley de responsabilidad medioambiental.


Gràcies, senyor president.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Iranzo para defender las enmiendas que mantienen y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en algunos artículos.


La señora IRANZO SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario Socialista presentó 12 enmiendas a este proyecto de ley que transpone la directiva de responsabilidad medioambiental. Diez de ellas tienen por objeto hacer alguna corrección técnica necesaria. Paso a explicar las que han quedado vivas para el Pleno, por si algún grupo parlamentario pudiera tener alguna duda a la hora de respaldar esa corrección técnica.


Así, la enmienda número 116 pretende corregir el preámbulo, epígrafe II, tercer párrafo, letra c), y que donde dice «...al suelo y al agua...» se diga «...al suelo, a la ribera del mar y de las rías y al agua...», en coherencia con los artículos 2.1c) y 3.2.


En cuanto a la enmienda número 117, actualmente el texto dice: «...ha existido culpa o negligencia...», y entendemos necesario añadir el dolo, por coherencia también con los artículos 3.1, 3.2 y 14.2 de la ley.


La enmienda número 118 pretende añadir a la actividad profesional la actividad económica, no por mero gusto, sino por coherencia con el artículo 2.11.


Página 8195


La enmienda número 119 es a día de hoy necesaria porque debemos hacer referencia a las disposiciones adicionales que hemos incorporado al texto.


Lo mismo ocurre con la enmienda número 120, que debe hacer referencia a la nueva disposición final.


Con la enmienda número 122 ocurre exactamente lo mismo que con la número 116. Se pretende, pues, una adición después de donde se dice: «...tratándose de las aguas...» y que continúe: ...de la ribera del mar..., etcétera.


Señorías, como podrán comprobar, el contenido de estas enmiendas es puramente técnico y a la vez necesario. Por tanto, pido el apoyo de todos los grupos parlamentarios, ya que considero que no tendría demasiada justificación votar en contra de aquello con lo que únicamente se pretende dotar de coherencia al texto y poner en concordancia unos artículos con otros.


Quiero hacer mención -ya lo ha hecho el senador Marcos Hernández- a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista número 127, que se aprobó por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente. Mediante ella añadimos una nueva disposición adicional destinada a atender las reivindicaciones indemnizatorias de los 44 afectados por los daños sufridos como consecuencia del hundimiento de la presa de Tous. En mi opinión, todos debemos felicitarnos por esta incorporación, por hacer justicia ante una reivindicación ya tan antigua y por haber incorporado en un proyecto de ley algo que esta Cámara aprobó por unanimidad en una moción en la que manifestábamos nuestra total adhesión a las reivindicaciones de esos 44 afectados. Por ello, repito, hoy es un día de enhorabuena para ellos y también para la dinámica parlamentaria.


Existe otra enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que considero fundamental que reciba el apoyo de todos los grupos. Me refiero a la número 126, sobre la disposición adicional decimotercera relacionada con la responsabilidad medioambiental en el exterior, que obtuvo la unanimidad en el Congreso de los Diputados. Una vez en esta Cámara, nos encontramos con que el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y el mío propio introducen enmiendas. Pues bien, hago este comentario para dejar claro que no es mi grupo parlamentario el que rompe la unanimidad, sino que simplemente hemos llegado a la conclusión de que, aunque coincidimos plenamente en el espíritu, esta cuestión necesita de matices, y me refiero, por ejemplo, a la indefinición de la autoridad competente.


Si tal como establece el artículo 7 de este proyecto de ley, en el que se define la competencia en función de la localización del daño, la autoridad competente es aquella del Estado en la que haya tenido lugar el daño medioambiental o amenaza de daño, es necesaria una mayor definición en ese aspecto, ya que la actual redacción podría implicar, en primer lugar, el obligar a la autoridad competente en el extranjero a aplicar medidas reguladas por la ley española; y como ustedes saben, señorías, eso supondría una injerencia en la soberanía de un tercer Estado. En segundo lugar, con la redacción actual se presume la responsabilidad única de los operadores españoles independientemente del grado de participación. Les voy a poner un ejemplo: en un gran proyecto en el que haya participación española minoritaria frente a otros socios la autoridad extranjera podría hacer responsable del coste total -repito, del coste total- de las medidas a los operadores españoles. Y en tercer lugar, una decisión unilateral por parte de las autoridades españolas de ampliar la cobertura de la directiva que transponemos a países terceros introduce una discriminación en contra de las empresas españolas en su actividad internacional.


El Grupo Parlamentario Socialista, mediante su enmienda número 126, pretende subsanar lo que acabo de explicar. Este Gobierno ha demostrado y está demostrando con diversas medidas su total apoyo al cuidado del medio ambiente y su apuesta decidida por un desarrollo sostenible. A su vez, también queremos evitar los perjuicios y las discriminaciones que la redacción actual de la disposición adicional decimotercera podría suponer para los intereses de las empresas españolas. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda de supresión de ese texto. Sin embargo, yo no querría que suprimiésemos la disposición adicional decimotercera porque estoy de acuerdo en que quien contamina tenga que pagar, y porque quien recibe dinero público debe responder en alguna medida. Por lo tanto, repito que yo no quiero que se suprima esa disposición adicional, y así se lo pido al Grupo Popular, que, en su día se unió a esa unanimidad. Dotemos a este texto de un marco coordinado y coherente con el marco internacional y evitemos los posibles perjuicios que se pudieran generar para las empresas españolas en el extranjero.


Por otro lado, se ha presentado una enmienda firmada por todos los grupos, con motivo de la corrección en comisión de la entrada en vigor del proyecto de ley. Esta nueva enmienda, incorporada ahora en el Pleno, establece que la fecha de entrada en vigor de la directiva sea el 30 de abril de 2007, mientras que los capítulos IV y V, que se refieren a las garantías financieras y a las sanciones e infracciones, entren en vigor al día siguiente de su publicación.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Sopeña.


El señor SOPEÑA VELASCO: Gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario Popular mantiene vivas 20 de las enmiendas presentadas a este proyecto, de las cuales les haré un breve resumen, pues su contenido ya es del conocimiento de todos los portavoces de los demás grupos. Tal como se ha dicho aquí repetidamente, y yo suscribo, como es lógico, estas enmiendas no tienen otro objetivo que mejorar una ley necesaria, cuyo contenido general es bueno; una ley que, por otra parte, no es mérito de nadie, sino la transposición obligada de una directiva europea de abril de 2004.


Página 8196


El Grupo Parlamentario Popular mantiene la enmienda número 88, que se refiere al articulado. Con dicha enmienda queremos eliminar una posible indeterminación jurídica suprimiendo la palabra «profesional», ya que esa actitud no es más que un tipo de actividad económica. Todas las actividades empresariales y profesionales están incluidas en la actividad económica.


Las enmiendas números 89 y 90, que hacen referencia al artículo 2, apartados 4 y 5, no pretenden otra cosa que clarificar, que aportar sencillez y claridad, no solamente con respecto a las administraciones responsables del seguimiento y cumplimiento de esta ley, sino sobre todo a los operadores que, en el desarrollo de una actividad, tienen que conseguir que los objetivos de esta ley se cumplan. La remisión a las Directivas 79/409 y 92/43 de la Unión Europea da lugar a una maraña legislativa de complicada interpretación.


En cuanto a la enmienda número 93, pretende enmendar lo que nos parece una obviedad, pues solo el ser humano puede ejercer actividades que entren en el ámbito de aplicación de la presente ley. Dado que el objetivo de esta ley es el control de la actividad económica, nos parece más oportuno mantenernos en estos términos.


La enmienda número 95 propone recoger expresamente, entre los casos de no aplicación de esta ley, los actos terroristas. La ley transcribe literalmente los términos de la directiva europea, y se refiere a hostilidades, actos de guerra civil o insurrección. Pues bien, no creemos que deba haber ninguna dificultad en que el resto de los grupos acepte que añadamos «actos terroristas». No sería lógico hacer una reclamación a una empresa que, por ejemplo, sufriera un acto terrorista en una de sus plantas químicas causante de un daño medioambiental; y no tendría sentido que pasáramos a discutir si es un acto de hostilidad, de insurrección, o incluso que alguien pudiera decir que de guerra civil. Evidentemente, todo puede incluir todo, pero nos parece que no tiene sentido el no querer hablar de algo que, por desgracia, está presente en nuestra nación.


La enmienda número 97 pretende eliminar lo que entendemos que sería un abuso y una injusticia hacia las empresas -estamos refiriéndonos al artículo 14.3-. Según se especifica en esta misma ley, cuando un operador no es responsable del daño causado, a nuestro entender no se le puede exigir que adelante los costes de reparación de ese daño para recuperarlos no se sabe en qué plazo, ni cuándo ni cómo ni con qué intereses, máxime, cuando ese daño pudo ser causado por el resultado del cumplimiento de una orden obligatoria dictada por la autoridad pública.
Es seguro que la aplicación de este artículo sería lesiva para la competitividad de las empresas.


La enmienda número 99 se refiere a la cobertura financiera, que pedimos que se establezca de forma razonada para evitar discriminación entre las diferentes empresas y las diferentes comunidades autónomas.


En la enmienda número 100, que se refiere al artículo número 35, y en consonancia con el artículo 2.10 de la presente ley, mantenemos que un operador puede ser público o privado, y si actúa como operador en el mercado debe ser sujeto responsable de las infracciones. No estamos hablando de las administraciones del Estado como órganos de contratación, sino de operadores económicos a los que no entendemos que no se les aplique esta ley. Insisto: no entendemos que si un operador económico, aunque tenga capital social público, actúa en el mercado compitiendo con otros operadores pueda tener esa eximente con respecto a sus competidores. Empresas y operadores económicos públicos ustedes conocen muchos; yo soy asturiano, y no necesito hacer mucha memoria para recordar empresas que gestionan residuos, en el caso asturiano casi en régimen de monopolio, pero en cualquier caso compitiendo con el resto de las empresas. Hay también empresas públicas constructoras de infraestructuras, de trabajos marítimos... En fin, ya admitimos que no se les exija la garantía financiera, porque esta la aportaría la Administración, pero no que estén al margen de cumplir sus responsabilidades medioambientales.


El objetivo de las enmiendas números 101, 102, 103 y 104 es evitar la alarma social en lo que se refiere a denuncias sin un fundamento claro, así como que las denuncias por daños medioambientales puedan ser utilizadas con fines espurios.


En lo que se refiere a la enmienda 105, sobre la disposición adicional decimotercera, tiene razón la senadora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: necesita de matices; pero el problema es que no hemos sabido o no hemos podido llegar a un acuerdo sobre esos matices. Nosotros entendemos que su aplicación tal como está redactada supone un serio perjuicio para las empresas españolas en su actividad fuera de la Unión Europea.


Tiene razón la senadora doña Esmeralda Iranzo cuando dice que hubo un principio de acuerdo en el Congreso de los Diputados; pero todos los grupos, incluyendo el Grupo Socialista, nos dimos cuenta en esta Cámara de que de alguna forma no era aceptable la redacción del Congreso de los Diputados y todos los grupos estamos de acuerdo a día de hoy en que hay que introducir algún tipo de modificación. No sé si será posible en el tiempo que nos queda hasta votación, pero el Grupo Parlamentario Socialista conoce nuestra postura y nos gustaría llegar a algún acuerdo.


¿Qué dice en principio nuestra enmienda? Que se elimine la disposición adicional decimotercera. Nosotros estaríamos de acuerdo, y así lo hemos dicho, en llevar al texto el que las empresas españolas, como no podía ser menos, tengan que sujetarse a todas aquellas normas internacionales que haya suscrito España con esos otros países, y que incluso pudieran llegar a perder las ayudas públicas que hubieran percibido. Pero hay otro tipo de concreciones en la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que nos parecen excesivas, como puede ser la retirada de ayudas durante dos años, y alguna otra cuestión que no nos parece muy correcta. Así, cuando se dice en el punto número 1: ... pudiendo resultar de aplicación, en virtud de los mismos, cuantas medidas de prevención, evitación y reparación... ¿qué se quiere decir con el término «pudiendo»?

Página 8197


¿Que alguien debe interpretarlo o que podrán resultar de aplicación?

Efectivamente se trata de matices; si somos capaces de resolverlos hoy, hagámoslo; de lo contrario es probable que se haga en el futuro. Pero la buena voluntad por nuestra parte y por parte de todos los grupos parlamentarios existe y está sobre la mesa.


Por otro lado, no entendemos bien la enmienda transaccional, que hemos suscrito, y que se refiere a la fecha de entrada en vigor de esta ley.
Entendemos su finalidad, y como digo, la suscribimos, porque nos da la impresión de que el Grupo Parlamentario Socialista, que da soporte al Gobierno, en la primera parte pretende llevar la entrada en vigor de esta ley al 30 de abril para evitar algún tipo de sanción o multa por parte de la Unión Europea, que fijaba el plazo límite del 30 de abril. Si ello es así, tienen nuestro apoyo, senadora Iranzo, pues no tenemos ningún interés en que la Unión Europea multe o sancione al Estado español.


Asimismo, no sé hasta qué punto tiene base jurídica el hecho de que desde el 30 de abril sean de aplicación una serie de capítulos, en tanto que otros no lo sean. Entiendo que alguna tendrá, pero no estoy seguro de ello. Supongo que el objetivo es intentar proteger o dar argumentos jurídicos a las empresas españolas por alguna actividad ejercida entre el 30 de abril y la publicación de la ley en el boletín. Y nosotros también apoyamos esta cuestión, aunque quizá podamos no compartir el alcance de esta medida por falta de conocimientos jurídicos. No obstante, como digo, si el objetivo es proteger a las empresas, también lo apoyamos.


En cualquier caso, y dada mi poca formación en estos temas, creo que la directiva europea lo dice claro: la Ley está en vigor desde el 30 de abril; y aunque no se puedan aplicar sanciones, si tiene sustento y base jurídica lo que planteamos aquí, las empresas están obligadas a realizar desde esa fecha todos los trabajos de prevención y reparación que sean necesarios. Entendemos que esta ley persigue, más que una sanción administrativa o económica, que se repare el daño causado tenga ello el coste que tenga. Considero que en ese sentido es importante que las empresas españolas sean conscientes de que están bajo el ojo de esta ley desde el pasado 30 de abril.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señoría, vaya concluyendo.


El señor SOPEÑA VELASCO: He terminado, señor presidente.


Quiero agradecer los intentos de transacción y de acuerdo que ha habido por parte del resto de los grupos parlamentarios. Espero que seamos capaces de introducir, hasta el momento de la votación, alguna nueva mejora en el texto de esta ley.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.


¿Turno en contra? (Pausa.)

Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Urrutia.


El señor URRUTIA ELORZA: Eskerrik asko, presidente.


El Grupo Parlamentario Mixto, y en este caso Eusko Alkartasuna, va a mantener las enmiendas números 2 y 6 referidas a la responsabilidad derivada de la actuación medioambiental. Pensamos que la responsabilidad solidaria es más acorde con la normativa en vigor que la mancomunada.
Asimismo, con la enmienda número 6 pretendemos evitar la excesiva ampliación en la exigencia de responsabilidad de la norma.


Hemos transaccionado enmiendas, las números 3, 4 y 5, y además apoyaremos la enmienda a la disposición final sexta con respecto a la vacatio legis, es decir, a su entrada en vigor, salvo lo dispuesto en los capítulos IV y V.


Por otro lado, también votaremos a favor de una enmienda transaccional presentada originalmente por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, algunas de Entesa Catalana de Progrés, y las números 116, 117, 118, 119, 120, 122, 126 y la 127, a la disposición adicional novena, por la compensación de daños por la rotura de la presa de Tous, que nos parece un intento adecuado de solventar un problema a determinadas personas.


Eskerrik asko.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el senador Belda.


El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente.


Intervendré muy brevemente para fijar la posición de mi grupo parlamentario en relación con el proyecto de ley y las enmiendas presentadas.


Señorías, estamos transponiendo una directiva comunitaria, la 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que entendemos que el marco básico o la finalidad básica que se persigue ya ha sido delimitada por la propia normativa europea. Por tanto, se trata de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico un régimen de responsabilidad ambiental de carácter objetivo e ilimitado, basado en los principios de prevención y de que quien contamina, paga. Es decir, las obligaciones de actuación en materia de responsabilidad ambiental se imponen a los operadores económicos, al margen de cualquier culpa, dolo o negligencia en que hayan podido incurrir en su comportamiento.


Asimismo, también se trasladan los costes derivados de la reparación de los daños medioambientales desde la sociedad a los operadores económicos beneficiarios de la explotación de los recursos naturales, en aplicación de ese principio de que quien contamina, paga, sin descuidar lógicamente la política de prevención que se universaliza y se extiende a todo tipo de actividades y frente a todo tipo de comportamientos.


Página 8198


Teniendo en cuenta estos objetivos, que el proyecto es respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas, que se han incorporado sus sugerencias en el seno de la conferencia sectorial correspondiente, además de las enmiendas que han introducido los distintos grupos parlamentarios para la mejora del texto, así como las enmiendas transadas, mi grupo parlamentario va a apoyar este proyecto de ley con la convicción de que las medidas que se incluyen y su posterior desarrollo y ejecución por las comunidades autónomas van a dotarnos de unos instrumentos que, ejecutados con eficacia, minimizarán o harán disminuir sensiblemente los daños a nuestros recursos naturales, bien mediante las políticas de prevención, bien mediante la reparación de los daños y la aplicación de las sanciones.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


¿Desea intervenir el portavoz de Convergència i Unió? (Denegaciones del señor Badia i Chancho.) Ya explicó con anterioridad el sentido de su voto.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra la senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.


Subo de nuevo a esta tribuna para hablar del proyecto de ley de responsabilidad medioambiental, pero no de las enmiendas, porque ya lo hice en el turno anterior.


Antes de iniciar la intervención en sí, quisiera agradecer a todos los portavoces de los distintos grupos parlamentarios que han participado en el debate de esta ley los esfuerzos que se han hecho para conseguir en esta Cámara un proyecto de ley adecuado y acorde con lo que exige la directiva europea, dado que se trata de una transposición de la directiva sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales. Pero permítanme que agradezca de forma más especial a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la senadora Iranzo, los esfuerzos que ha realizado con el ánimo de llegar a acuerdos con los portavoces de todos los grupos parlamentarios.


Se trata de un proyecto de ley que, tras las distintas leyes que hemos ido aprobando en esta Cámara en materia medioambiental a lo largo de esta legislatura, e independientemente de las que nos puedan quedar en estos momentos para debatir y aprobar, supone un paso positivo en la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales en condiciones idóneas para generaciones futuras.


Un concepto que subyace en todo el proyecto y que aquí se ha mencionado de forma bastante reiterada es: quien contamina paga; pero también estoy de acuerdo con la afirmación del senador Badia de que el propio contenido y el desarrollo de la ley hacen ver a quienes obliga que el hecho de pagar no supone que puedan contaminar. Esto hilaría con la disposición adicional decimotercera, que me parece adecuada, con independencia de que necesite matices, y la adopción de determinadas medidas que no generen una excesiva deuda -entre comillas- en materia medioambiental para nuestros operadores en el exterior. Por tanto, aunque comparto lo que se hizo en su momento en el Congreso, esa disposición adicional decimotercera precisa ser matizada y ajustada a los términos correctos, justos e igualitarios, incluso en estos momentos, con operadores de la Unión Europea. Lo que vale aquí y a lo que aquí se obliga al operador también vale y debe aplicarse para nuestros operadores que desarrollan su actividad en el exterior y, por tanto, no eximirlos de sus responsabilidades.


Para el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, esta ley es necesaria e importante dado que recoge por primera vez de forma matizada y detallada las obligaciones medioambientales en materia de prevención, evitación y reparación de daños materiales para los operadores en el desarrollo de su ejercicio profesional o de su actividad, de manera que se va instaurando una cultura de forma normal y habitual con la adopción de medidas de prevención para evitar daños medioambientales que, inicialmente, suponen un costo pero que, a posteriori, resultan más rentables social y económicamente para el operador que tener que asumir la reparación o, incluso, la evitación de daños mayores una vez causado el daño medioambiental.


Un aspecto novedoso que introduce la ley en comparación con la directiva -lo he comentado anteriormente en el trámite de enmiendas- es la garantía financiera como obligatoria. Estamos de acuerdo en que los operadores tengan cubierta con garantías la respuesta que tuvieran que dar por su responsabilidad medioambiental, pero también decimos que ojalá no se tenga que hacer uso de dicha garantía por parte de ningún operador, pues ello supondría que nos iban bien las cosas. Las medidas que según la ley deben adoptar los operadores en ningún momento deben limitar la competitividad de nuestros operadores con respecto a otros operadores de la Unión Europea. De ahí que hayamos planteado distintas enmiendas, pues aunque compartimos la filosofía y objetivos que pretende lograr la ley, en estos momentos hay que pedir cautela en su desarrollo y, a la par, igualdad con respecto a otros operadores de la Unión Europea, derivando su aplicabilidad a la disposición final cuarta y vinculándola al informe que la Comisión Europea deberá emitir y presentar antes del 30 de abril de 2010.


Tal y como recoge la directiva, a la vista de dicho informe y de una exhaustiva evaluación de impacto que incluya un análisis de rentabilidad, deben exigirse las distintas obligaciones en esta materia, teniendo en cuenta las posibles propuestas relativas a un sistema de garantía financiera obligatoria armonizada que pudiera realizar la Comisión, si procede, tal y como recoge el artículo 14.2 de la mencionada directiva.


Quisiera concluir haciendo mención, señor presidente, si me lo permite, a dos cuestiones más.


La primera de ellas se refiere a un asunto importante para mi grupo parlamentario desde la perspectiva a la que

Página 8199


antes me refería del respeto y la lealtad institucional. Por eso proponemos una disposición adicional nueva referida a la aplicación de esta ley en relación con la norma general foral tributaria. En este texto se hace referencia a la Ley General Tributaria, y, como todos ustedes saben y ya he manifestado, en virtud del concierto económico y el convenio económico, la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra tienen capacidad normativa. Lo que este grupo pide es que eso se refleje en esta ley solo con esa perspectiva de lealtad y respeto institucional que en este caso confiere a unas determinadas comunidades una compacidad normativa, pues debemos acostumbrarnos a que quede reflejado en los distintos proyectos de ley.


Concluyo con mi felicitación por este proyecto de ley que saldrá de la Cámara, y entiendo que el posterior trámite de votación supondrá la introducción de mejoras importantes en el texto que en estos momentos figura como dictamen de la comisión.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.


Por Entesa Catalana, el senador Guillot tiene la palabra.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.


Señorías, todo el mundo sabe que cuando se traspone una directiva europea a una ley española la tramitación parlamentaria es más sencilla y siempre hay un doble reto: el de ser más o menos exigentes respecto de los contenidos, aunque siempre se nos cruza el debate referido a la interpretación competencial de estas normativas europeas.


Pero el debate que estamos desarrollando hoy en el Senado me parece un elemento preocupante, peligroso, porque veo que el texto que va a ser aprobado nos va a colocar en peores condiciones que el proyecto de ley que nos llegaba del Congreso. Me refiero a la disposición adicional decimotercera, que regula la responsabilidad medioambiental en el exterior, y lo hace mediante dos puntos. El primero compromete a que los operadores que realicen actividades reguladas en esta ley y sean beneficiarios de instrumentos públicos de apoyo estén obligados a prevenir o reparar los daños medioambientales ocasionados. El segundo punto obliga a los operadores que incumplan las obligaciones previstas a devolver todas las ayudas públicas de apoyo a la inversión en el exterior recibidas para el desarrollo de la actividad.


A esta disposición adicional se han presentado tres enmiendas. Una de ellas es la número 85, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que modifica el segundo punto. Este grupo parlamentario nos propone que, si el operador repara los daños medioambientales en un periodo determinado y así se comprueba, se sustituirá la devolución de las ayudas por un apercibimiento. Es discutible, pero no modifica el sentido de la disposición adicional que nos llega del Congreso.


La enmienda número 126, del Grupo Parlamentario Socialista, sí lo hace.
Modifica el punto primero y reduce la obligación a que los aspectos regulados en esta ley formen parte de los acuerdos internacionales que España haya suscrito en estas materias. En España y en la Unión Europea, exigentes. En el resto del mundo, lo que den de sí los tratados o pactos, siempre menos exigentes o inexistentes. De este modo, se crea un factor de diferenciación respecto del espacio europeo y nuestra actividad en el resto del mundo.


La enmienda 105, del Grupo Parlamentario Popular, propone la supresión total de cualquier regulación sobre responsabilidad de nuestros operadores en el exterior. Este grupo, señor Sopeña, sí que no se anda con chiquitas ni medias tintas. En España y en la Unión Europea quien contamina paga, mientras que en el resto del mundo quien contamina gana, según ustedes, y siempre según la lógica de hacer más competitivas a nuestras empresas.


Para mí son preocupantes estas enmiendas, sobre todo la socialista y mucho más la popular porque, no nos engañemos: estamos hablando del Tercer Mundo, de los países más frágiles, más débiles y más pobres de nuestro planeta, y, de prosperar estas enmiendas, estamos impidiendo un nivel de exigencia a los operadores que puedan ocasionar daños medioambientales igual que el que pedimos con esta ley para España y la Unión Europea.
Pondré un ejemplo. En Guinea Ecuatorial, donde hay una dictadura, donde existen reservas de explotación de hidrocarburos y un medio ambiente muy frágil, ¿qué pueden hacer nuestros operadores? Lo que quieran, senador Sopeña. ¿Bajo qué regulación van a operar en Guinea Ecuatorial? Es inexistente. O, señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista, ¿qué vamos a hacer allí? ¿Esperar a que el presidente Obiang firme un tratado sobre medio ambiente con España? Creo que nos encontramos ante una lógica muy preocupante que nos va a situar en el principio cínico de hacer allí lo que se quiera pero aquí impedirlo.


La señora Iranzo ha comentado otra cuestión que tampoco comparto, que es el principio de territorialidad. Ha dicho que con nuestra legislación no podemos injerirnos en otros países, pero es que con esta disposición adicional de la ley no se injiere en ellos; sencillamente se está recordando a las empresas españolas que tengan cuidado porque, aunque actúen en el exterior, no pueden contaminar. Les recuerda que allí también se aplica aquello de que el que contamina paga, especialmente si reciben los fondos y las ayudas de carácter público.


Creo que la lógica no puede ser esta. Hay que preservar el texto del Congreso porque no podemos emplear una doble vara de medir y aplicarla en función de lo que se hace en la Unión Europea y en España y lo que se hace en el resto del mundo. Insisto en que cuando hablamos del resto del mundo nos referimos al Tercer Mundo, y no puede ser que allí nuestras empresas y operadores se comporten de esta manera.


No es cierto que contaminar sea ser competitivo. A corto y medio plazo las empresas que contaminan serán las menos competitivas de nuestras economías, de las eco-

Página 8200


nomías planetarias. Los destrozos que se están produciendo son graves, y es importante que un Estado como el nuestro: maduro, democrático, avanzado y desarrollado, sea muy exigente, por primera vez, a la hora de evaluar los principios de responsabilidad medioambiental tanto en España como fuera.


Por último, tengo que manifestar que me preocupa la voltereta que ha dado Convergència i Unió. Con su enmienda 110 pretende incorporar un apartado nuevo al artículo 8; un apartado más exigente y detallado sobre la responsabilidad medioambiental en el exterior, y manifiesta su apoyo a la enmienda 126, que, diga lo que diga el Grupo Parlamentario Socialista y, sobre todo, mi amiga Esmeralda Iranzo, diluye el nivel de exigencia de nuestras empresas en sus actuaciones en el exterior.


Ustedes sabrán lo que hacen, pero insisto en que no podemos empeorar el texto remitido por el Congreso. No puede ser que no seamos tan exigentes fuera de España como dentro porque, en definitiva, esta lógica cínica y preocupante no es aceptable ni como Gobierno ni como senador.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, senador.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Iranzo.


La señora IRANZO SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Iba a empezar contestando a otros portavoces pero, al final, he decidido responder primero al senador Guillot.


Le repito que comparto totalmente el espíritu del texto remitido por el Congreso, y he intentado explicarle por activa y por pasiva por qué no puede aceptarse esa redacción. Senador Guillot, si mantenemos la redacción del Congreso, ¿qué hacemos con el principio de territorialidad de la ley? ¿Qué hacemos? (El senador Guillot Miravet pronuncia palabras que no se perciben.) Vale, obviamos el principio de territorialidad de la ley.


¿Qué hacemos con la posible injerencia en un tercer Estado? ¿Vamos a intervenir e interferir en la voluntad de Guinea? Las empresas españolas, senador Guillot, van a estar vinculadas a la directiva que hoy transponemos, y en ella se observan sanciones y obligaciones de los operadores, pero, evidentemente, cuando se trate de países que no pertenezcan a la Unión debemos vincularlas a las normas, tratados y principios que España suscriba. Es una cuestión de derecho internacional.
Eso en cuanto al primer punto.


Respecto al segundo punto, ya le he puesto antes un ejemplo sobre lo que supondría la redacción actual. ¿Qué hacemos con la responsabilidad de los operadores españoles cuando participan en proyectos en los que intervienen otros Estados? En un macroproyecto, ¿solo van a tener responsabilidad y a asumir el total de los costes las empresas españolas, aunque tengan una participación minoritaria? Senador Guillot, hay que mirar por todos y también por las empresas y, en este caso, se estaría cometiendo una injusticia con el sector empresarial.


Pero modificando y apoyando la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista estamos dando esa cobertura necesaria y protegiendo los intereses de nuestras empresas. No estamos dejando escapar a nadie ni estamos dando cobertura a nadie, senador Guillot. Le pido, de verdad, que reflexione sobre su postura. Se lo he pedido encarecidamente en la intervención anterior y lo vuelvo a hacer. Se lo pido encarecidamente por necesidad.
(Rumores.) Bueno, ya nos dirá el senador Guillot qué va a hacer.


En cuanto a las enmiendas de los demás grupos parlamentarios, apoyaremos la 1 y la 7, del senador Urrutia Elorza, y hemos transaccionado con él la 3, la 4 y la 5.


Con Convergència i Unió hemos transaccionado la enmienda 112, que nos parece interesante porque incorpora al artículo 42.1, que es el que concreta la condición de interesados, una nueva letra que incluye a aquellos que establezca la legislación de las comunidades autónomas.


No podemos votar a favor de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos que se refieren a las garantías financieras, ya que estas tienen carácter obligatorio y constituyen una herramienta que tiene por objeto asegurar la eficacia de la ley en su aplicación, evitando que una eventual insolvencia del operador responsable impida financiar las medidas que deban adoptarse para la prevención o reparación de los daños. Además, el régimen jurídico de las garantías financieras cuenta con toda una serie de cautelas destinadas a limitar sus efectos negativos sobre la competitividad y a asegurar la existencia de una oferta aseguradora suficiente -que es lo que preocupaba a la senadora Loroño, entre otras cosas- de los mercados financieros.


Por ahora, no podemos aceptar ninguna enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Por ejemplo, la 95, senador Sopeña, vulneraría lo que dispone la directiva. Tampoco la 104; ¡ojo con la enmienda 104, por la que todo el mundo ha pasado de puntillas! Podría lesionar el derecho de participación que la directiva reconoce en el artículo 12 a las organizaciones no gubernamentales que se dedican a la protección del medio ambiente y a otros cualificados y especialmente activos en esa protección. En cuanto a la enmienda 105, de supresión, ya le he dicho antes que no la podemos apoyar porque estamos de acuerdo con la redacción. Además, le repito que no entendemos su cambio de actitud, ya que ustedes promovieron el objetivo de esta disposición adicional.


No obstante, quiero matizar lo siguiente sobre la disposición final. Me ha dado a entender que, con lo que hemos firmado todos los grupos, pretendo amparar a alguien; que alguien ha podido hacer algo desde el 30 de abril hasta hoy. No; la entrada en vigor de la directiva se producirá desde esa fecha con las sanciones y con las situaciones que contenga la directiva.
Ahora bien, los capítulos IV y V, de garantía financiera e infracciones y sanciones, que son los que introducimos en nuestra legislación, entrarán en vigor al día siguiente. Pero no le estamos dando cobertura a nadie, senador Sopeña. Simplemente estamos transponiendo bien. También le agradezco la firma del Grupo Parlamentario Popular en esa disposición final.


Página 8201


No quiero finalizar mi intervención sin agradecer a todos los portavoces de los grupos parlamentarios la buena disposición que han mostrado en todas estas negociaciones y el buen tono de sus intervenciones.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular, al que quiero agradecer su sensibilidad y atención por permitirme hablar en este trámite de la ley de responsabilidad medioambiental y por permitirme que haga llegar a todos los miembros de esta Cámara mi satisfacción personal y política, porque hoy incorporamos un precepto muy importante a este proyecto de ley. Es una muestra de sensibilidad y hace justicia a una larga injusticia después de 25 años.


Es motivo de satisfacción incorporar al proyecto de ley, en forma de disposición adicional decimocuarta, la enmienda 127 del Grupo Parlamentario Socialista, que tiene su origen en el texto de la moción aprobada el 8 de mayo de 2007 por esta Cámara. El 8 de mayo de 2007 tuve el honor de canalizar y conciliar en una moción la petición del colectivo de damnificados de Carcaixent, ese colectivo de 44 damnificados que quedaban aún luchando, exigiendo que se hiciera justicia, después de transcurridos casi 25 años de la rotura de la presa de Tous, que acaeció un 20 de octubre de 1982, y cuyo 25 aniversario conmemoraremos en próximas fechas. Esa petición, plasmada en esta moción, hoy ha sido recogida en esta enmienda, apoyada por todos los grupos, como en su día se apoyó la moción del 8 de mayo de 2007, en la que se atendían las demandas de ese colectivo de 44 damnificados por la rotura de la presa de Tous de los municipios de Sumacàrcer, Antella y Carcaixent.


Quiero aprovechar esta ocasión para reconocer la constancia, el esfuerzo, el tesón y el sacrifico de los responsables de esa asociación, Salvador Calatayud y Celia Aliaga, y darle las gracias. También es justo que aquí y ahora conste el reconocimiento y la gratitud a los senadores Lerma Blasco y Agramunt Font de Mora por su dedicación, compromiso y sensibilidad. Tampoco me quiero olvidar de una persona que, como yo, es una damnificada de la zona de Carcaixent, Sumarcàrcer y Antella, que también ha puesto su granito de arena, su especial dedicación más silenciosa, que es Enrique Guerrero.


Dicho esto, esta enmienda puede cerrar uno de los últimos capítulos de esta larga historia que arranca hace veinticinco años. El que les habla sufrió aquel día en sus propias carnes esa tragedia, en el año 1982; trabajé con el movimiento asociativo de los damnificados, y después con mis responsabilidades en el Congreso de los Diputados. Hoy es un día, en las vísperas de este 25 aniversario, de especial satisfacción personal y política, de sentimiento de alegría, a pesar de las tristezas de veinticinco años de decretos que no satisfacían las demandas de los damnificados, de una sentencia que, en el año 1997, no cerró definitivamente el caso haciendo justicia, pues no se atendieron las demandas de los cerca de 30.000 damnificados veinticinco años después, con esta enmienda, con este compromiso y con esta incorporación a un texto legislativo, se hace justicia para este último grupo de 44 damnificados que han sido los que han mantenido la lucha, el compromiso contra una injusticia que ha durado veinticinco años. Veinticinco años después se va a pagar una factura cuyo importe creo que se merecen todos los que sufrieron aquella terrible desgracia.


Desde esa satisfacción y esa gratitud quiero acabar mi intervención con una cita en valenciano, mi lengua, que dice: Mes val tart que mai. Más vale tarde que nunca.


Muchas gracias a todos los grupos. Muchas gracias al Senado de España.
(Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.


Finalizado el debate, la votación de este proyecto de ley se realizará tras la primera votación del proyecto de ley que haya esta tarde.


Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.


Eran las trece horas y cincuenta y cinco minutos

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes señorías. Se reanuda la sesión.


Tercero

-- DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Continuación.)

-- DE LA COMISIÓN DE INTERIOR EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REGULADORA DE LA BASE DE DATOS POLICIAL SOBRE IDENTIFICADORES OBTENIDOS A PARTIR DEL ADN (S. 621/000105) (C.D. 121/000117).


El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados. De la Comisión de Interior en relación con el proyecto de ley orgánica reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN.


Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra el Senador Martínez.


El señor MARTÍNEZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Página 8202


Señorías, el 7 de diciembre de 2006 el Gobierno presentó en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN. Con diversas modificaciones el Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de ley en sesión plenaria celebrada el 21 de junio pasado, remitiéndolo al Senado donde tuvo su entrada y fue publicado el día 29 de junio de 2007.


El plazo de presentación de enmiendas al referido proyecto de ley expiró el día 11 de septiembre ampliándose hasta el 17 de septiembre. Durante dicho plazo se presentaron seis enmiendas de los siguientes grupos parlamentarios: Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y Grupo Parlamentario Popular. La Ponencia designada por la Comisión de Interior para informar el proyecto de ley ha estado formado por la señora Mendiola Olarte y por el señor Román Jasanada en nombre del Grupo Parlamentario Popular; por los señores Díaz Tejera y González Bethencourt en nombre del Grupo Parlamentario Socialista; por el señor Bruguera Batalla en nombre del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; por la señora Etxegoyen Gaztelumendi en nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; por el señor Badia i Chancho en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; por el señor Belda Quintana en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y por el señor Mur Bernad en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.


La ponencia, reunida el día 24 de septiembre, acordó deferir el examen del proyecto y de las enmiendas al debate de la comisión. La comisión se reunió el día 24 de septiembre para dictaminar el proyecto de ley. Las enmiendas defendidas fueron rechazadas, aceptando la comisión como dictamen el texto remitido por el Congreso de los Diputados.


Por otra parte, se retiraron en el curso de la sesión las enmiendas 3, 4 y 6 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. El dictamen de la Comisión, junto con los votos particulares presentados ha sido publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales en el día de hoy.


El objetivo fundamental de este proyecto de ley lo constituye la creación de una base de datos en la que de manera única se integren los ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los que se almacenan los datos identificativos obtenidos a partir de los análisis de ADN que se hayan realizado en el marco de una investigación criminal o en los procedimientos de identificación de cadáveres o de averiguación de personas desaparecidas.


Desde hace dos décadas, tanto en España como en los países de nuestro entorno, se ha tomado conciencia de la transcendencia de los marcadores genéticos en las investigaciones criminales. En el ordenamiento jurídico español un paso significativo lo constituyó la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada en el año 2003 que dio nueva redacción a los artículos 3.26 y 3.63 de dicho texto legislativo. Sin embargo, la reforma no contempló aspectos importantes como la posibilidad de crear una base de datos en la que de manera centralizada e integral se almacenase el conjunto de los perfiles de ADN obtenidos a fin de que pudiesen ser utilizados en investigaciones distintas o futuras.
Precisamente la insuficiencia de la regulación vigente para satisfacer las demandas sociales en virtud de los avances técnicos, así como los compromisos internacionales progresivamente adquiridos por nuestro país, justifica la presente iniciativa legislativa.


Nada más, señorías. Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Finalizada la presentación del dictamen, tiene la palabra el ministro del Interior para presentar el proyecto de ley.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Gracias, señor presidente.


Señoras y señores senadores, subo a esta tribuna para presentar en nombre del Gobierno el proyecto de ley orgánica reguladora de la base de datos policial sobre identificaciones obtenidas a partir del ADN. Esta es una ley que ha recorrido ya una parte sustantiva de su trayectoria parlamentaria con un grado altísimo de consenso; por ello, me ha parecido más oportuno comentar las grandes líneas de la ley, que en parte han sido ya recogidas por su ponente.


Quiero hacer referencia a dos cuestiones: una, las normas de desarrollo que nos proponemos preparar y aprobar en los próximos meses y, otra, algunos de los efectos inmediatos que esta ley va a producir sobre investigaciones en marcha o que pudieran realizarse.


Queremos hacer un desarrollo inmediato de la ley en dos aspectos: por una parte, como es razonable, queremos integrar en la base nacional de datos de ADN que se crea en la presente ley, tanto los perfiles genéticos de la base que ya comparten en este momento la Policía y la Guardia Civil como los correspondientes a las bases de las tres policías autonómicas, al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, así como algún otro fichero existente, que se incorporará, previo a los correspondientes acuerdos, a la base nacional creada en la presente ley.


Asimismo, y con carácter urgente, el Gobierno, a propuesta conjunta de los ministerios de Justicia e Interior, previo a la elaboración de los dictámenes correspondientes, regulará mediante real decreto la estructura, composición, organización y funcionamiento de la Comisión Nacional sobre uso forense del ADN, dando cumplimiento a la disposición adicional tercera de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estos son los dos decretos que van a ver la luz en las próximas semanas.


A continuación, me referiré a algunos de los elementos sustantivos de la ley y a los avances que nos van a permitir realizar en las investigaciones policiales. Para ello quiero recordar en esta Cámara que la Policía y la Guardia Civil disponen de una base común de datos de ADN, en la que se encuentran en este momento almacenados unos 45.000 perfiles genéticos, de los cuales aproximadamente el 90 por ciento son anónimos, es decir, pertenecen a personas cuya identidad no se conoce.


La experiencia demuestra que cuando un perfil genético nuevo, procedente de muestras halladas en el lugar donde

Página 8203


se ha cometido un delito, se introduce en esta base de datos, se repite aproximadamente en un 20 por ciento de los casos; es decir, nos informa de que se trata de una persona que ha cometido un delito con anterioridad. Por tanto, estamos ante una duplicidad que nos demuestra que existe una reincidencia en muchos de los delitos más habituales en nuestra sociedad.


Como sus señorías conocen, porque figura en el texto de ley que se va a votar esta tarde en esta Cámara, a partir de la entrada en vigor de la presente ley comenzarán a inscribirse en la base nacional de datos los perfiles genéticos obtenidos a partir de análisis, de muestras biológicas, de detenidos o imputados, cuando se trate de delitos a los que hace referencia el artículo tercero de la ley que estamos discutiendo.


Estos perfiles obtenidos así, con la pertinente autorización jurídica, se cruzarán automáticamente con los perfiles anónimos almacenados en la base de datos a los que me he referido anteriormente, y por la estadística que he manejado y los datos que he suministrado hasta este momento, lo previsible es que vamos a poder identificar aproximadamente entre un 40 y un 50 por ciento más de los que actualmente tenemos; vamos a pasar de un 10 a más de un 50 por ciento, lo que dicho en otras palabras y de manera muy sintética, nos va a permitir la identificación real de un número importante de autores de delitos cuyos perfiles genéticos constan en este momento en la base de datos, pero cuya identificación no ha podido llevarse a la práctica.


En definitiva, se trata de una ley que va a aumentar extraordinariamente y de manera muy clara en los próximos meses la eficacia de la Policía y de la Guardia Civil.


Todo ello es posible porque desde que empezó la legislatura, Policía y Guardia Civil se están dotando de los medios necesarios para que una vez que esta ley se apruebe pueda ser de aplicación lo más inmediatamente posible. Para ello la Policía ha invertido en distintos laboratorios, empezando por el de la Comisaría General de Policía Científica y por los de las Jefaturas Superiores de Cataluña, Andalucía occidental, Valencia y Coruña. La Guardia Civil, por su parte, ha realizado inversiones importantes, aunque su laboratorio criminalístico tiene que ser objeto de una profunda remodelación y probablemente de una reubicación en los próximos tiempos.


Quisiera finalmente subrayar ante sus señorías que, como es evidente, esta norma va a contribuir a facilitar enormemente la identificación de personas desaparecidas, también de restos cadavéricos, algo que venimos haciendo gracias a alguna base de datos que ya existe, fundamentalmente en la Guardia Civil, pero cuya eficacia se va a multiplicar notablemente después de la aprobación de esta ley.


En resumen, señorías, solo me resta agradecer el esfuerzo de consenso mostrado por todos los grupos parlamentarios, que ha permitido que hoy aprobemos una ley que, sin duda, es mejor que aquella que el Gobierno envió a estas cámaras. Una ley, no les quepa duda, y es lo que he tratado de demostrar en esta breve intervención, que va a suponer una herramienta importante en manos de nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, una herramienta que les va a ayudar a incrementar su eficacia en la importante tarea que la Constitución les encomienda y que la sociedad legítimamente les demanda.


Gracias, señor presidente y señoras y señores senadores. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


¿Algún grupo desea intervenir en el debate de totalidad? (Pausa.)

Pasamos a debatir las enmiendas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.


Para la defensa de la enmienda número 5, tiene la palabra el senador Bruguera.


El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.


Mi grupo parlamentario ha presentado cuatro enmiendas a este proyecto de ley, tres de las cuales ya han sido retiradas en el trámite de la Comisión de Interior, quedando únicamente viva para el Pleno la número 5, que en este momento también retiro.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Mendiola.


La señora MENDIOLA OLARTE: Gracias, señor presidente.


Voy a defender las enmiendas números 1 y 2, que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular al artículo 5 y a la disposición transitoria única de este proyecto de ley.


Con estas enmiendas pretendemos garantizar escrupulosamente la calidad de los análisis de ADN y asegurar la fiabilidad de las investigaciones policiales, profundizando así en la defensa de los derechos individuales de los ciudadanos.


La enmienda registrada como número 1 va dirigida a modificar el artículo 5, apartado 2. El texto aprobado por el Pleno del Congreso establece en este artículo que solo podrán realizar análisis de ADN para la identificación genética los laboratorios acreditados a tal fin por la Comisión Nacional para el uso forense de ADN. Consideramos que solo deberían poder realizar análisis de ADN para identificación genética los laboratorios acreditados por la Enac. A nuestro juicio, es tremendamente importante salvaguardar la calidad y las buenas prácticas de los laboratorios que realizan las analíticas del ADN, y la Enac, Empresa Nacional de Acreditaciones, es la organización declarada de utilidad pública independiente y sin ánimo de lucro, auspiciada y tutelada por la Administración para evaluar la competencia técnica y coordinar y dirigir en el ámbito nacional un sistema de acreditación conforme a los criterios y normas establecidas internacionalmente al igual que por la Unión Europea.


Página 8204


Los laboratorios que prestan servicios para respaldar su prestigio científico deben tener un reconocimiento de terceros, y esta acreditación para el reconocimiento de la competencia técnica tiene que venir de parte de un organismo independiente, como en este caso es la Enac, y no de la Comisión Nacional sobre el uso forense del ADN, pues además difícilmente, señorías, puede acreditar nada una comisión que ni siquiera -como muy bien ha dicho el ministro- está todavía constituida. Es difícil considerar que una comisión de la que no conocemos ni su estructura ni su composición ni su organización ni su funcionamiento vaya a acreditar la competencia técnica de los laboratorios y la calidad de los ensayos del ADN. Obviamente, la acreditación de los laboratorios de ensayo de ADN tiene que corresponder a Enac y no a una agencia que todavía está sin perfilar.


Además, señorías, lo que tratamos con nuestra enmienda es generar en los ciudadanos confianza en la eficacia y fiabilidad de los métodos de las investigaciones policiales. La acreditación de la Enac proporcionaría esa confianza sobre las medidas realizadas por los laboratorios, ya que la acreditación es la herramienta establecida a escala internacional para generar esta confianza.


Esta enmienda no solamente es oportuna, sino que además es necesaria, porque si no está bien garantizada la fiabilidad de los métodos y de los ensayos, se podrían generar dudas e incertidumbres totalmente indeseables. Por lo tanto, esta acreditación por la Enac de los laboratorios que realizan análisis del ADN para identificación genética implicaría un beneficio para todos.


La enmienda número 2 es consecuencia de la primera enmienda y va dirigida a modificar la disposición transitoria única en lo que se refiere al plazo que tienen los laboratorios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para acreditarse.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.


La señora MENDIOALA OLARTE: Acabo ya, presidente, un segundo.


Proponemos solamente un plazo de tres años, ya que el proceso de acreditación correcto y adecuado, que ya hemos propuesto en la enmienda número 1, es un proceso costoso, largo y complejo, imposible de materializarse en el plazo de un año. Así pues, solicitamos el apoyo de los grupos parlamentarios a estas enmiendas.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Turno en contra.


Tiene la palabra el senador Bethencourt.


El señor GONZÁLEZ BETHENCOURT: Gracias, presidente.


Señor ministro, señorías, esta ley llega al Senado tras un consenso político alcanzado en el Congreso de los Diputados, de tal forma que fue aprobada por 310 votos a favor y solo dos abstenciones, un consenso importante para poner en práctica todo lo que significa la utilización de los datos del ADN. Creemos que este es un proyecto de ley, repito, muy importante y en cuanto a la enmienda del Partido Popular y no consideramos en absoluto que sea necesario o imprescindible que una empresa como la Empresa Nacional de Acreditaciones sea la que acredite de alguna forma a estos laboratorios.


La Comisión Nacional para el uso forense del ADN se creó en el año 2003.
Es cierto que tiene que ponerse en marcha: de hecho está previsto tanto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal como por los ministerios de Justicia y de Interior que funcione lo más pronto posible y dicha comisión será quien acredite a todos los laboratorios facultados para contrastar los perfiles genéticos en la investigación y persecución de delitos y la identificación de cadáveres.


Por lo tanto, nos parece mucho más razonable apoyar el funcionamiento de la Comisión Nacional para el uso forense del ADN, entre otras cosas porque es totalmente público, sin que ello quiera decir que renunciemos a criterios del sector privado, que también los podemos entender. Pero no nos parece razonable esa enmienda; nos parece más razonable que el Gobierno apoye a esta Comisión Nacional para el uso forense del ADN. Por consiguiente, no podemos apoyarla.


En cuanto a la segunda enmienda, la verdad es que nos sorprende mucho que el Partido Popular intente dilatar la puesta en funcionamiento de esta ley, porque en el texto se dice que estos laboratorios deberán estar acreditados en el plazo de un año y ustedes quieren que esté en el plazo de tres años. Realmente significa dilatar la ley, no entendemos para qué sirve y creemos que se debe mantener el texto porque así obligamos a que la ley comience a funcionar cuanto antes, tal como figura en la disposición transitoria única. Esto ha permanecido así en todos los borradores.


Por lo tanto, no apoyamos esas dos enmiendas del Partido Popular porque ni benefician el texto ni ayudan a que la tramitación de la ley sea lo más efectiva posible.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Badia.


El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, señorías, es evidente, como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que estamos ante una ley que ya tuvo un consenso importante en el Congreso y que, por lo tanto, tiene la garantía de que también va a tener el apoyo de todas las fuerzas políticas del Senado.


Página 8205


De todas formas, permítame que en esta intervención como grupo haga referencia a una serie de cuestiones en tanto en cuanto entiendo que la ley alude a importantes derechos constitucionales por lo que, de alguna manera, deberemos tener el máximo respeto en su aplicación.


Es evidente que esta ley toca el derecho a la intimidad, que es un derecho constitucional, porque se refiere a la protección de datos de carácter personal, cuya finalidad se debe gestionar con las máximas garantías procesales -creo que también se ha dicho en lo que llevamos de debate-.
Además, todo ello ha de suponer esta mejora de la eficiencia policial, que creo que se garantiza, y la mejora de las decisiones judiciales al obtener un mayor grado de eficacia y de justicia al sustentarse en esa mayor información. Esos resultados de la aplicación definitiva de esta ley han de suponer, evidentemente, esta mejora y la coordinación en los medios de investigación.


Acabo diciendo lo que he comentado al principio, que es evidente que esta ley toca derechos fundamentales de los ciudadanos, y desde este principio creo que deberíamos esforzarnos todos, especialmente los encargados de su ejecución, en garantizar a los ciudadanos que ese principio de legalidad imprescindible e incuestionable también habrá de ser especialmente tratado.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra la senadora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro, muy buenas tardes a todos.


El ADN constituye hoy un instrumento esencial en manos de las autoridades judiciales y policiales para la investigación de delitos, para la identificación de cadáveres y para la averiguación del paradero e identidad de personas desaparecidas, y si bien la utilización procesal del ADN como elemento de prueba en los procesos penales -y también en determinados procesos civiles- está ya reconocida en las leyes vigentes, lo cierto es que los avances tecnológicos han mejorado las técnicas de análisis reforzando su rapidez, su eficacia e incluso su certeza.


Parece lógico, pues, que el uso de estas nuevas técnicas se vea correspondido con una regulación precisa que asegure al máximo la veracidad de los resultados del análisis sin obviar el más escrupuloso respeto, como ha señalado el portavoz Badia hace unos momentos, a los derechos de todos los ciudadanos, extremos estos que en su día la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal no pudo contemplar adecuadamente y menos aún prever.


Como ya ha sido señalado por otros portavoces -creo que el ministro también se ha referido a ello con anterioridad-, este proyecto de ley no viene a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino a procurar la eficaz aplicación de la misma a la luz de unas técnicas que hoy son novedad. Regulando las bases de datos de uso policial para la persecución y el esclarecimiento, como decía, de delitos, pero también para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas o la identificación de personas fallecidas, cuestión esta muy delicada y creo que de amplio calado social.


Por otro lado, existen una serie de derechos fundamentales concernidos por este proyecto de ley, particularmente el derecho a la intimidad -ya se ha dicho- en sus variables de intimidad corporal, biológica y genética, pero no es el único. Cabe mencionar también el uso legal de la informática para garantizar el ejercicio de estos derechos según lo previsto en su artículo 18 y sus hermanos menores -permítanme la expresión- en cuanto a jerarquía normativa respecto a la protección de los datos de carácter personal, lo relativo a la integridad de las personas y de los ciudadanos y las garantías procesales previstas para el uso de tales bases de datos de perfil genético.


Para terminar, quiero subrayar un dato que abunda, además, en la valoración más que positiva que este proyecto de ley suscita en mi grupo parlamentario. Me refiero a la determinación de los sujetos legitimados para la obtención y el uso de los datos en el marco de las competencias que a cada cual le corresponden. En este caso se menciona a la autoridad judicial, como no podía ser de otra forma, los fiscales, el Centro Nacional de Inteligencia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con una mención expresa -de lo cual me congratulo- a las policías autónomas, como no podía ser de otra manera dada la cualidad de policía integral de cuerpos policiales como la Ertzainza o los Mossos d´Esquadra, pero me parece oportuno y pertinente subrayar dicho reconocimiento en una ley como la que nos ocupa.


Por esta circunstancia -pero no solo por ella, sino por otras muchas más que no voy a desarrollar- consideramos que estamos ante una buena ley, y sinceramente pensamos que va a facilitar el trabajo de cuantos agentes intervienen en la investigación del delito, de la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, de personas fallecidas, y entiendo además una cosa muy importante, que va a mejorar la eficacia y la forma de trabajar de muchos profesionales que hacen su labor de una forma callada y denodada por el bienestar de todos.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el senador Bruguera.


El señor BRUGUERA BATALLA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro, buenas tardes.


A partir de la aprobación de la ley que estamos tratando en estos momentos, nuestro país se va a dotar de un instrumento jurídico específico, moderno y adaptado a las necesidades actuales en el sentido de regular la utilización de las pruebas del ADN en determinados supuestos, especialmente en lo que hace referencia -también lo ha dicho el señor ministro- a la investigación criminal, a la identificación de cadáveres y a la búsqueda de personas desaparecidas.


Página 8206


Hasta la fecha es cierto que disponemos de una regulación únicamente parcial e insuficiente que en la práctica nos ha llevado a determinados problemas. Hoy estamos discutiendo una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del año 2003, que proporcionaba una cobertura jurídica a unas prácticas de investigación que ya se venían realizando anteriormente pero que no resolvía otros aspectos necesarios que sí resuelve la actual ley.


Resumiendo, las características básicas más importantes de la ley, desde nuestro punto de vista, son la creación de la base de datos única, unificando las existentes actualmente, y el acceso de las policías autonómicas no solamente a la base de datos única sino también la posibilidad de incorporar sus propios ficheros a dicha base de datos, lo cual nos parece un avance importante desde el punto de vista de la eficacia y de la necesaria coordinación y cooperación entre las distintas policías.


Por otra parte, creemos que la ley garantiza suficiente y adecuadamente la salvaguarda del derecho a la intimidad en el sentido de que solo podrán ser inscritos los datos referentes a la identidad de la persona y a su sexo, y en ningún caso -y leo textualmente- los de naturaleza codificante que permitan revelar cualquier otro dato o característica genérica.


Ya se ha dicho también que ha habido unanimidad en el Congreso y esperemos que también la haya en el Senado. La ley ha mejorado sustancialmente en su trámite en la Cámara baja y creemos que la ley no es únicamente necesaria, sino que significa un avance importante para la medicina forense en la ayuda y la labor de investigación que realizan las autoridades policiales y judiciales y da respuesta a las demandas de las asociaciones de personas desaparecidas.


En este sentido este senador está especialmente sensibilizado en este tema por razones personales y, por lo tanto, me parece que hoy una parte importante de la sociedad española, los familiares de personas desaparecidas, estarán contentos por disponer de una regulación jurídica que vienen reclamando desde hace tiempo.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador González Bethencourt.


El señor GONZÁLEZ BETHENCOURT: Los aspectos esenciales de este proyecto de ley están constituidos, como ya se ha dicho, por la base de datos, en la que de una manera única se integrarán todos los ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en los que se almacenan los datos identificativos obtenidos a partir de los análisis del ADN. Obviamente, las bases de datos policiales sobre identificadores dependerá del Ministerio del Interior, concretamente de la Secretaría de Estado de Seguridad.


Como importante novedad de este proyecto de ley destacaría la obtención de datos en determinados delitos de especial gravedad y repercusión social, así como en el caso de los patrones identificativos obtenidos en los procedimientos de identificación de restos de cadáveres o de personas desaparecidas, o cuando el titular de los datos haya prestado su consentimiento para la inscripción. Los resultados obtenidos a partir del análisis de las muestras biológicas del sospechoso. detenido o imputado serán inscritos y conservados en la base de datos policial a fin de que puedan ser utilizados en esa concreta investigación o bien en otras que se sigan por la comisión de alguno de los delitos para los que la propia ley habilita la inscripción de los perfiles de ADN en la base de datos.
Se abre así la posibilidad de que los perfiles obtenidos puedan ser utilizados posteriormente en otras investigaciones, algo que se venía demandando insistentemente por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para contribuir de forma significativa al esclarecimiento de los delitos cometidos por un mismo autor reincidente.


A fin de configurar una base de datos lo más completa y eficaz posible se dispone no sólo que el Ministerio del Interior adopte las medidas oportunas para que los diferentes ficheros y bases de datos de ADN en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado existan en el momento de su entrada en vigor sino que pasen a integrarse en la base de datos que la presente ley crea, así como todos los registros y datos en general de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


Igualmente abre la posibilidad a la colaboración de autoridades judiciales, fiscales, policiales de terceros países -lo que considero un aspecto muy importante de la ley- de acuerdo con los convenios internacionales vigentes, así como a las policías autonómicas, como ya se ha dicho, y el Centro Nacional de Inteligencia.


Se salvaguardan los derechos y las libertades de los ciudadanos, en especial en la eliminación de toda posible vulneración del derecho a la intimidad -un aspecto importante también- de tal forma que las garantías de protección de los derechos fundamentales ahí están, y sólo podrán ser inscritos aquellos perfiles de ADN que sean reveladores exclusivamente de la identidad del sujeto y de su sexo, en ningún caso los de naturaleza codificante que permitan revelar cualquier otro dato o característica genética o, por ejemplo, todo lo relativo a los datos relacionados con posibles enfermedades de tipo genético.


Sólo podrán recabarse los perfiles obtenidos a partir de muestras biológicas recogidas en la escena de un delito o tomadas de sospechosos, detenidos o imputados con su consentimiento. Pero también existe la posibilidad en su defecto de que se haga a través de una autorización judicial mediante auto motivado.


Los laboratorios que vayan a realizar dichos análisis deben estar adecuadamente acreditados y la ley fija claramente los periodos de cancelación, cuya duración dependerá del tipo del delito, de la resolución judicial con que finalice el procedimiento penal. Se trata de una ley orgánica de protección de datos de carácter personal que salvaguarda cualquier intromisión en los datos personales del ciudadano, lo que considero un aspecto muy importante.


Página 8207


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista quiero mostrar mi agradecimiento y apoyo al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y al resto de los grupos, y al Grupo Parlamentario Popular he de decirle respecto de su segunda enmienda, que no tiene razón de ser dilatar el plazo de uno a tres años y con respecto a la primera, que nos comprometemos a que quede perfectamente garantizada la acreditación de los laboratorios mediante la comisión nacional del uso forense del ADN.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Mendiola.


La señora MENDIOLA OLARTE: Muchas gracias, señor presidente.


Buenas tardes y bienvenido, señor ministro.


Señorías, efectivamente, con este proyecto de ley se da cumplimiento a una demanda de las autoridades judiciales y policiales. El ADN es hoy un instrumento esencial en manos de las autoridades judiciales y policiales.


Mi grupo parlamentario entiende que es necesario seguir avanzando y completando la regulación vigente en este momento en nuestro país y considera también que hay que culminar la serie de iniciativas que se habían venido planteando por el Gobierno anterior del Partido Popular.


La existencia en España de bases de datos policiales con identificadores obtenidos a partir del ADN data del año 1994. En estos años la regulación de estas bases de datos se hizo primero a través de órdenes ministeriales y posteriormente mediante la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así, en primer lugar, se reguló el fichero de la Dirección General de la Policía; en 1998 se regula el fichero automatizado de la Guardia Civil; en marzo de 2002 se regula también el fichero automatizado de identificación genérica de vestigios biológicos de la Dirección General de la Guardia Civil. A la vez, nacen nuevos ficheros como ADN-Humanitas, con el objetivo de identificar restos humanos, y el fichero ADN-Veritas, para almacenar datos de ADN, basado en muestras y vestigios biológicos. Asimismo, las órdenes ministeriales dictadas en 2002 y 2004 adecuan los ficheros que contenían datos de carácter personal a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal del año 1999. En el año 2003, se lleva a cabo una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estos cambios legislativos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la nueva redacción de los artículos 326 y 363, supusieron un gran respaldo en el aprovechamiento del ADN como medio de prueba. Se regularon los casos en los que las personas se negaban a donar vestigios biológicos para la obtención de su ADN, permitiendo así su obtención, siempre que se justificara su necesidad, independientemente de la gravedad del delito, lo que supuso un gran avancen en la utilización del ADN como una prueba más. Por eso digo que este proyecto de ley viene a culminar una serie de iniciativas que ya se habían planteado con anterioridad. Agradezco al senador Martínez, presidente de la Comisión de Interior, la referencia que ha hecho sobre este aspecto en su intervención.


Señorías, es necesario una base de datos de perfiles de ADN para contrarrestar y cotejar y para que sea posible que determinados datos y pruebas obtenidos en una investigación se puedan utilizar en distintas y futuras investigaciones, ya que esto es de gran utilidad en el esclarecimiento de determinados delitos. Hoy sabemos que los perfiles de ADN, estructurados en bases de datos para poder ser comparados sistemáticamente, pueden ser una herramienta muy eficaz para reducir el índice de criminalidad de determinados delitos sin autor conocido, especialmente aquellos en los que existe reincidencia, y lo es también para la identificación de desaparecidos o de víctimas de grandes catástrofes. Es evidente la gran relevancia que para la investigación criminal tiene la unificación de ficheros. Resulta indudable que las autoridades judiciales y policiales encargadas de la persecución de los delitos tienen que contar con los instrumentos de investigación más eficientes posibles, especialmente en la lucha contra aquellos crímenes que generan mayor alarma social. Cabe señalar que la adopción de estas medidas jurídicas, así como la creación de bases de datos que permitan intercambiar la información entre los Estados miembros, mejorará sustancialmente las investigaciones policiales. Además, es muy importante que la ley regule que solamente podrán ser inscritos aquellos perfiles de ADN que revelen exclusivamente el sexo y la identidad del sujeto.
Asimismo, nos congratulamos del carácter orgánico de determinados artículos de la ley y de que la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal sea de aplicación directa en todo el ámbito de esta ley ya que, de esta manera, el proyecto de ley ofrecerá mayores garantías de las que tenía inicialmente.


Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, tanto aquí en el Senado como en el Congreso, han ido dirigidas a mejorar el proyecto de ley, a facilitar y garantizar escrupulosamente los derechos individuales de los ciudadanos y habilitar instrumentos más eficaces para nuestras Fuerzas de Seguridad, con el objetivo de que puedan mejorar su trabajo y cumplir con el compromiso de asegurar y garantizar la libertad y seguridad de los españoles.


El grupo parlamentario del Partido Popular, como siempre, ha hecho un esfuerzo de aproximación y ha mantenido una buena predisposición para llegar a acuerdos y facilitar así el consenso de esta ley. Es una pena que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista no acepte nuestras enmiendas. Creo firmemente que nuestra enmienda número 1 mejoraba las garantías de las investigaciones policiales y para nada comparto con el portavoz socialista que la número 2 dilate la puesta en funcionamiento de la ley; hasta ahí podíamos llegar, que solamente por dilatar un plazo la ley no se pusiera en marcha.


Estamos convencidos de que la enmienda número 1 es de gran utilidad para mejorar el proyecto de ley y lamentamos profundamente que el Gobierno y el Grupo Parla-

Página 8208


mentario Socialista no lo consideren así. Además, no dudo de que dentro de muy poco tiempo se tendrá en cuenta este aspecto que nosotros proponemos -que, insisto, va dirigido exclusivamente a la defensa de la calidad de los análisis de ADN- y los propios laboratorios, para mantener su prestigio, buscarán esta acreditación de la ENAC por su cuenta, al igual que ya lo hace el propio Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.


Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista sabe -y el Gobierno socialista también lo sabe- que todo lo que sea fortalecer...


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.


La señora MENDIOLA OLARTE: Sí, presidente, acabo ya.


Decía que el Grupo Parlamentario Socialista sabe que para todo lo que sea fortalecer los instrumentos jurídicos para el mantenimiento de la seguridad de los ciudadanos y la lucha contra el crimen y para todo lo que sea mejorar la eficacia y la eficiencia de la actuación policial el Partido Popular ahí va a estar apoyando. Por eso vamos a votar favorablemente este proyecto de ley que -sí, señorías- consideramos necesario y conveniente.


Muchas gracias, presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Señorías, vamos a proceder a la votación del proyecto de ley orgánica reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN.


En primer lugar votamos las enmiendas números 1 y 2 del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 115; en contra, 122; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación el resto del proyecto de ley.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 238.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Señorías, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley orgánica reguladora de la base de datos policial sobre identificadores de datos obtenidos a partir del ADN.


-- DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000117) (C.D. 121/000130) (Votación).


El señor PRESIDENTE: A continuación votamos el proyecto de ley debatido en la mañana de hoy sobre responsabilidad medioambiental.


En primer lugar comenzamos votando las enmiendas números 1 y 7, del senador Urrutia del Grupo Parlamentario Mixto.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a favor, 117; en contra, 125.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 2 y 6 del senador Urrutia.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a favor, 12; en contra, 227; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 111, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a favor, 18; en contra, 223; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 110 y 114, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 21; en contra, 217; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 115 de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a favor, 17; en contra, 223; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


Votamos en primer lugar las enmiendas números 73 a 76 y 82.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a favor, 23; en contra, 218; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


Página 8209


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 19; en contra, 222.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación de las enmiendas de Entesa Catalana de Progrés.


En primer lugar, las enmiendas números 24 y 46.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a favor, 14; en contra, 219; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación de las enmiendas números 22, 44, 53 y 62, de Entesa Catalana de Progrés.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 14; en contra, 218; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación de la enmienda número 72, de Entesa Catalana de Progrés.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 114; en contra, 125; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de las enmiendas de Entesa Catalana de Progrés.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a favor, siete; en contra, 225; abstenciones, diez.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación de las enmiendas socialistas. En primer lugar, la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 113 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, 84 y 87 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y 98 del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a favor, 108; en contra, 134.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación de la enmienda número 126, del Grupo Parlamentario Socialista.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a favor, 120; en contra, 118; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a favor, 116; en contra, 126.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, la enmienda número 105.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a favor, 117; en contra, 124; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a favor, 117; en contra, 125.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Señorías, a continuación vamos a votar las propuestas de modificación del dictamen con los números de registro 97590 y 97594. Han sido firmadas por todos los grupos parlamentarios.


¿Se pueden aprobar por asentimiento? (Asentimiento.)

Quedan aprobadas.


A continuación vamos a proceder a la votación de las propuestas de modificación del dictamen con los números de registro 97591 a 97593.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 240; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Pasamos a votar el dictamen. En primer lugar, votación de las enmiendas aprobadas en comisión no comprendidas en las votaciones anteriores.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a favor, 241; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos el resto del dictamen.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a favor, 242.


Página 8210


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Señorías, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


-- DE LA COMISIÓN DE INTERIOR EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA GUARDIA CIVIL (S. 621/000106) (C.D.121/000132).


El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, señorías, a debatir el dictamen de la Comisión de Interior en relación con el proyecto de ley orgánica del régimen disciplinario de la Guardia Civil.


Para su presentación tiene la palabra el senador Martínez.


El señor MARTÍNEZ FERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, el 21 de marzo de 2007 el Gobierno presentó en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley orgánica del régimen disciplinario de la Guardia Civil. Con diversas modificaciones, el Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de ley en sesión plenaria celebrada el 21 de junio pasado, remitiéndolo al Senado, donde tuvo su entrada y fue publicado el 29 de junio de 2007.


El plazo de presentación de enmiendas al referido proyecto de ley expiró el día 11 de septiembre, ampliándose hasta el día 17 del mismo mes.
Durante dicho plazo se presentaron 167 enmiendas de los siguientes senadores y grupos parlamentarios: senador Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, Grupo Parlamentario Socialista y Grupo Parlamentario Popular.


La ponencia designada por la Comisión de Interior para informar el proyecto de ley ha estado formada por los señores Conde Bajén, Cosidó Gutiérrez y Sacristán Rodríguez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular; los señores Barranco Gallardo, Camacho Sánchez y Rodríguez Martín, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista; el señor Bruguera Batalla en nombre del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; la señora Etxegoyen Gaztelumendi en nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; el señor Badia i Chancho en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; el señor Belda Quintana en nombre del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria y el señor Mur Bernad en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.


La ponencia, reunida el día 24 de septiembre, acordó referir el examen del proyecto y de las enmiendas al debate de la comisión. La comisión se reunió el día 24 de septiembre para dictaminar el proyecto de ley. Las enmiendas defendidas fueron rechazadas, aceptando la comisión como dictamen el texto remitido por el Congreso de los Diputados. El dictamen de la comisión junto con los votos particulares presentados ha sido publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del día de hoy.


Este proyecto de ley viene a sustituir la vigente Ley Orgánica 11/1991, de 17 de junio, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, tanto en lo sustantivo como en lo procesal, introduciendo importantes novedades, algunas en función de las pautas marcadas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Sala Quinta del Tribunal Supremo.


El proyecto se ordena en seis títulos, el primero se refiere a disposiciones generales y, el segundo, contempla las faltas y sanciones.
El Título III se refiere a la potestad disciplinaria que corresponde a las autoridades y mandos de los ministerios de Defensa e Interior, que concreta el artículo 25. El Título IV desarrolla específicamente el procedimiento sancionador. El Título V regula la ejecución de las sanciones, así como su anotación y cancelación. Y el Título VI regula el régimen de recursos, que comprende el de alzada, el de reposición y el contencioso disciplinario militar en sus modalidades ordinario, preferente y sumario.


Este proyecto de ley contiene seis disposiciones adicionales, que abordan sucesivamente las normas de aplicación supletoria, la comunicación de resoluciones judiciales, la colaboración del Registro Central de Penados y Rebeldes y determinadas modificaciones del Código Penal Militar, de la Ley 42/1999, de régimen personal de la Guardia Civil, y de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, se incluyen dos disposiciones transitorias, una derogatoria y cuatro finales.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Señor presidente, señoras y señores senadores, subo de nuevo a esta tribuna para presentar el proyecto de ley de régimen disciplinario de la Guardia Civil.


Como conocen sus señorías, la tramitación de este proyecto de ley ha sido paralela a la del que regula los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, que trataremos en esta Cámara a continuación. Con ambas leyes, además de cumplir sendos compromisos electorales del Partido Socialista, pretendemos sentar las bases del nuevo régimen jurídico de la Guardia Civil.


Efectivamente, como sus señorías conocen, en el programa electoral con el que el Partido Socialista concurrió a las elecciones asumíamos una serie de compromisos en relación con el régimen disciplinario de la Guardia Civil. Básicamente, nos proponíamos eliminar la sanción de arresto, delimitar claramente aquellas conductas previstas en el Código Penal Militar que afectan o pueden afectar a los miembros de la Guardia Civil y reforzar la competencia sancionadora de los órganos correspondientes al Ministerio del Interior.


Estos compromisos se recogen en este proyecto de ley que viene a actualizar el régimen disciplinario existente

Página 8211


desde 1991, cuyo contenido se ha visto sobrepasado en la práctica por las nuevas funciones, por la nueva estructura de la Guardia Civil y también, por decirlo claramente, por unos usos y comportamientos nuevos en la sociedad española.


El proyecto que traemos a esta Cámara se elaboró tomando en consideración las distintas opciones y opiniones existentes en el seno de la Guardia Civil, las pautas marcadas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por la Sala Quinta del Tribunal Supremo y, como se ha dicho previamente desde esta tribuna, por la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos, de 2 de noviembre de 2006.


Para su elaboración, se contó con la colaboración de los distintos ministerios implicados: Defensa, Justicia y Administraciones Públicas; asimismo, se incorporaron observaciones del Consejo del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, así como muchas enmiendas, la mayoría de ellas transaccionales, en ambas Cámaras, lo que ha mejorado notablemente el texto que hoy debatimos.


Es un proyecto, señorías, que parte de una concepción moderna, una concepción actual de la Guardia Civil, en la que buscamos aunar las funciones policiales que desarrolla en el día a día con la naturaleza militar de su estructura, que no se altera, y todo ello teniendo en cuenta que además estamos hablando del régimen disciplinario de una organización armada y jerarquizada y que está volcada básicamente en garantizar la seguridad ciudadana, preservar los valores básicos de nuestra convivencia y defender la legalidad.


Hemos buscado, pues, un equilibrio entendemos que adecuado entre estas dos realidades: su carácter militar y el trabajo que desarrolla en pro de la seguridad ciudadana, todo ello para conseguir un régimen disciplinario que entendemos riguroso, moderno, eficaz y, en todo caso, más garantista.


Desarrollaré muy brevemente las novedades más importantes que se derivan de la aprobación del proyecto de ley orgánica.


En primer lugar, como he dicho antes, el proyecto elimina definitivamente la sanción del arresto. En la práctica es una sanción que resulta innecesaria y difícilmente justificable como instrumento para el mantenimiento de la disciplina en el quehacer cotidiano de la Guardia Civil. Me atrevería a decir que el grado de consenso, en lo que se refiere a la eliminación de esta sanción, es amplísimo, tanto dentro como fuera de la Guardia Civil. En todo caso, con su eliminación damos cumplimiento a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la que he hecho referencia.


A partir de la aprobación de esta ley, la sanción de arresto a un guardia civil quedará limitada, exclusivamente, a los supuestos en que los miembros de este cuerpo pasen a integrarse en unidades militares; supuestos en los que les será de aplicación por su condición de militar y, sobre todo, por estar actuando como tales, y en ese sentido les será de aplicación el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.


En segundo lugar, el proyecto de ley precisa el ámbito material de aplicación del Código Penal Militar a los miembros de la Guardia Civil, al considerar que muchos de los tipos penales que este código recoge en condiciones cotidianas son de nula o escasa aplicación para los integrantes de un cuerpo cuyas funciones, como he señalado reiteradamente, están mayoritariamente asociadas a garantizar la seguridad ciudadana.


En tercer lugar, se han reforzado las competencias sancionadoras de los órganos correspondientes al Ministerio del Interior mediante la atribución de competencias hasta hoy propias del Ministerio de Defensa; atribución que ha recaído, fundamentalmente, en el ministro del Interior.


En el proyecto de ley también se ha modificado el catálogo de conductas sancionables, se ha dado entrada a conductas merecedoras de una nueva tipificación expresa, por ejemplo, aquellas constitutivas de acoso moral y psicológico o las atentatorias contra la libertad sexual, y se ha reforzado la prohibición de otras que entendemos resultan del todo incompatibles, tanto social como profesionalmente, con la imagen del cuerpo de la Guardia Civil, como son las relacionadas con el consumo de drogas, de alcohol y de otras sustancias tóxicas. Paralelamente, se han suprimido determinadas faltas que se consideraban superfluas, obsoletas y en algún caso excesivamente vagas, lo que no contribuía a garantizar la seguridad jurídica de aquellos que van a ver regida su vida por este régimen disciplinario.


En lo que se refiere al procedimiento sancionador, como he mencionado al principio, también hemos reforzado las garantías y los derechos que asisten a los interesados, a los guardias civiles, incorporando, entre otras medidas, la eliminación del carácter oral del procedimiento por faltas leves, que queda sustituido, como resulta razonable, por un nuevo procedimiento escrito.


Finalmente, quiero destacar que en el proyecto de ley se establece la regulación de un régimen disciplinario específico para los alumnos de los centros docentes de formación de la Guardia Civil, que, a nuestro juicio, estaba inadecuadamente regulado en la disposición adicional de la ley de 1991, que hoy queda derogada.


Me gustaría terminar destacando el esfuerzo que se ha realizado en aras de aproximar el régimen disciplinario aplicable a los miembros de la Guardia Civil con los principios y las características que para el resto de los servidores públicos se ha plasmado en el reciente Estatuto Básico del Empleado Público; acercamiento del que son ejemplo la igualación de la duración máxima de sanción de suspensión de empleo, seis años, o el establecimiento de plazos idénticos para la prescripción de infracciones y sanciones.


En definitiva, señorías, creo que nos encontramos ante un texto, que vuelvo a calificar de moderno y riguroso, cuya aprobación supone, por un lado, un nuevo paso en el camino emprendido para la modernización de la Guardia Civil y, por otro, un ejercicio público de reconocimiento de la confianza que el Gobierno de España y estas Cortes Generales, reflejando el sentir de los ciudadanos, tienen depositada en una institución centenaria que resulta un

Página 8212


instrumento imprescindible para la defensa de los derechos y libertades en nuestra sociedad.


Muchas gracias, señoras y señores senadores, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Si no hay debate a la totalidad, pasamos al debate de las enmiendas.


En primer lugar, corresponde la defensa de las enmiendas números 1 a 16 del senador Jorquera, del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra su señoría.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, señorías, aprovecharé esta intervención, sin excederme del tiempo establecido, para fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego sobre este proyecto de ley, de manera que después, en el turno de portavoces, solo fije nuestra posición respecto a las enmiendas.


En opinión del Bloque Nacionalista Galego, tanto este proyecto de ley como el que regula los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, aun cuando suponen pasos adelante en algunos aspectos, distan todavía mucho de cubrir las necesidades de un Cuerpo que acumula un retraso excesivo en el reconocimiento de los derechos de sus trabajadores. El BNG saluda como un avance importante la desaparición del arresto, un tipo de sanción típica de los regímenes militares, que supone una pérdida de la libertad deambulatoria, impuesta por un mando militar y no por un juez.
También saludamos la importante mejora que introducen las garantías procesales y el refuerzo de las competencias del Ministerio del Interior en la sanción de separación del servicio, y consideramos positivo que se deje de aplicar el Código Penal Militar, aunque en este aspecto el proyecto de ley remitido a las Cortes es más restrictivo que los borradores iniciales, al establecer un mayor catálogo de excepciones.


En este aspecto radica precisamente uno de nuestros puntos de discrepancia. Pensamos que con este proyecto de ley se ha perdido una gran oportunidad para la efectiva civilización -y lo digo, por supuesto, entre comillas-del régimen disciplinario de la Guardia Civil, para apostar en definitiva por la total desmilitarización del Cuerpo. Si se hubiese llegado hasta las últimas consecuencias en la desmilitarización de la Guardia Civil, la legislación básica aplicable debería ser la Ley 30/1992 del Régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, estableciendo un régimen disciplinario semejante al de la Ley reguladora del estatuto del empleado público.


Civilizar el procedimiento disciplinario supondría considerar exclusivamente competentes en los recursos contra sanciones disciplinarias en el ámbito de la Guardia Civil a los juzgados y tribunales de lo contencioso-administrativo. Sin embargo, este proyecto de ley mantiene la naturaleza militar del Cuerpo, lo que implica que se siga manteniendo rasgos típicos de una estructura militar, como por ejemplo el hecho de que se siga manteniendo la potestad disciplinaria en la práctica totalidad de los mandos de la Guardia Civil.


Estas disfunciones se pretenden corregir con las enmiendas que ha presentado el BNG. Consideramos que una concepción más actual y democrática de la Guardia Civil debe desligarse de su pretendida naturaleza militar, razón por la que proponemos la supresión de toda referencia a la naturaleza y estructura militar del Instituto Armado. En concreto, fundamentamos esta pretensión con la presentación de las enmiendas 1, 2, 12 y 15.


Las enmiendas 3, 11 y 13 proponen acotar la aplicación del Código Penal Militar a los miembros del Cuerpo que cumplen misiones militares o integrados en unidades militares únicamente cuando estas unidades se hallen o estas misiones se realicen fuera del territorio del Estado español. Consideramos justificada, por tanto, la aplicación del Código Penal Militar fuera del territorio español por el hecho de constituir una herramienta para el mando militar, que, por razones de distancia, no puede acudir a los tribunales situados en España. Pero esto no ocurre en el territorio español, donde el mando militar sí puede recurrir con todas las garantías a la justicia ordinaria o a los mandos de la Guardia Civil, según el caso.


La enmienda número 4 propone suprimir el apartado 2 del artículo 24, relativo al ejercicio de la potestad disciplinaria, puesto que, al tratarse de faltas disciplinarias y no de delitos, no nos parece coherente que exista una forma de evitar el procedimiento sancionador apelando al mantenimiento de la disciplina. Pensamos que este apartado deja abierta la posibilidad de un ejercicio arbitrario de la potestad disciplinaria. De nada sirve un procedimiento sancionador si luego existen formas de saltárselo.


Las enmiendas 5, 6, 7 y 8 proponen una nueva ordenación del reparto de la potestad disciplinaria. El texto del proyecto de ley sigue otorgando potestad disciplinaria a la práctica totalidad de los mandos de la Guardia Civil, un elemento típico de los regímenes militares, que puede afectar a la calidad y arbitrariedad de las sanciones. Por ello proponemos una delimitación competencial diferente que, por un lado, establezca la necesaria distancia entre denunciante y sancionador, y, por otro, asegure que la potestad disciplinaria recaiga en autoridades que dispongan de servicios jurídicos y oficinas dedicadas al régimen disciplinario con carácter exclusivo, evitando por tanto que tengan competencia disciplinaria mandos que carecen de estas herramientas y que pueden no estar al corriente de la jurisprudencia.


La enmienda número 9 propone incluir al Consejo de la Guardia Civil, y no sólo al Consejo Superior, a la hora de emitir informes en expedientes instruidos por faltas muy graves. Entendemos que de esta forma se reforzaría la legitimidad de las sanciones, además de adaptarse a lo dispuesto para los demás funcionarios públicos.


La enmienda número 10, al artículo 78, propone sustituir la vía contencioso o disciplinario militar, una vez agotada la vía disciplinaria, por la vía contencioso-administrativa. Pensamos que es un paso necesario para equiparar el régimen disciplinario de la Guardia Civil al resto de

Página 8213


regímenes disciplinarios policiales o de funcionarios. Además, carece de sentido mantener la vía militar una vez que se ha hecho la reserva para los miembros de la Guardia Civil integrados en unidades militares.


La enmienda número 14 propone la adición de un apartado 6 a la disposición transitoria primera del siguiente tenor, y paso a leerla textualmente, si me lo permiten sus señorías: «Todos los Guardias Civiles que hayan sido separados del servicio y expulsados por la realización de actividades derivadas del ejercicio de derechos constitucionales y humanos reconocidos por la Constitución Española, por tratados internacionales reconocidos por el Estado español y por la presente ley, serán readmitidos en el Cuerpo de la Guardia Civil en las mismas condiciones que poseían en el momento de su cese, con el reconocimiento de todos sus derechos económicos y administrativos. La readmisión será tramitada de oficio y por el procedimiento de urgencia. Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación preferente a los casos de guardias civiles que hayan sido separados del servicio y expulsados por la realización de actividades relacionadas con el ejercicio del derecho de asociación, reconocido por el artículo 22 de la Constitución Española».


Con esta enmienda, señorías, queremos reparar una injusticia histórica: La democratización de la Guardia Civil exige la rehabilitación de miembros que han sido expulsados del Cuerpo de forma injusta y arbitraria, en especial de los guardia civiles que impulsaron los movimientos asociativos democráticos al amparo de lo establecido en el artículo 22 de la Constitución.


Por último, y en parecido sentido, la enmienda 16 pretende corregir los efectos derivados de la adopción de medidas disciplinarias tomadas mediante la tramitación de expedientes sancionadores, en donde no se ha respetado convenientemente la neutralidad y proporcionalidad que debe presidir el ejercicio de la potestad sancionadora, limitando inaceptablemente el derecho de defensa por no haberse alejado el órgano sancionador del ámbito funcional del guardia civil expedientado. En este sentido entendemos que se debe aplicar con efectos retroactivos la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 2 de noviembre de 2006, en el asunto de Dacosta Silva contra el Estado español.


Señorías, pensamos que con la aceptación de estas enmiendas estaríamos dando un paso decisivo para que la reforma que se propone sea realmente merecedora de ese nombre y que la institución de la Guardia Civil se adapte definitivamente a las exigencias de una sociedad democrática. No tiene sentido, señorías, desde nuestro punto de vista, mantener un cuerpo militar cuyas funciones son estrictamente de carácter policial civil, sin que existan razones de eficiencia policial que justifiquen esta situación.


Si me permiten la broma, aunque estamos tratando asuntos muy serios, pongamos fin de una vez a la paradoja de que la Guardia Civil, como su propio nombre indica, es un Cuerpo militar.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Badia para defender sus enmiendas.


El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo desde el escaño para defender las once enmiendas que hemos presentado a este proyecto de ley, proyecto que viene a sustituir un marco jurídico, un marco legislativo de más de 25 años que evidentemente comporta la existencia de una sociedad diferente y evidencia también las funciones y las obligaciones que en todo caso debe asumir la Guardia Civil.


Nuestras once enmiendas son: una de adición, seis de modificación y cuatro de supresión, y haré referencia a cada una de ellas que entiendo vienen a garantizar o a poner de manifiesto dos cuestiones fundamentales cuando se habla de un régimen disciplinario: en primer lugar, la trasparencia absurda en su aplicación y, en segundo lugar, el régimen de garantías que debe comportar la aplicación de dicho régimen disciplinario.


Entrando en las enmiendas, la número 188 de modificación al artículo 21, tiene un objetivo claro de eliminar incertidumbres. En nuestra opinión, no es aceptable aumentar los plazos de prescripción de las faltas porque ello crearía un nuevo problema, una nueva incertidumbre que, desde nuestro punto de vista, no sería aceptable.


La enmienda número 189, de supresión garantiza que no exista arbitrariedad en el procedimiento sancionador. De nada sirve un procedimiento de este tipo si luego existen posibilidades objetivas de saltárselo con todas las consecuencias.


La enmienda número 190, íntimamente ligada a la 191 y a la 192, es también de supresión. Todas ellas buscan evitar competencias disciplinarias a mandos intermedios, eliminando que estas autoridades y mandos con competencia disciplinaria puedan a crear arbitrariedad o falta de transparencia. Por lo tanto, nosotros incidimos en el régimen de equidad de los miembros de la Guardia Civil cuando acuden a defenderse ante un régimen disciplinario puesto en marcha.


Similar sería la 193, que atañe a las competencias de estos mandos que de alguna manera intervendrían.


La número 194, de modificación, se justifica porque entendemos que la jurisdicción natural para recurrir es el procedimiento contencioso administrativo, igual que el resto de regímenes disciplinarios, ya sean policiales o de funcionarios. Evidentemente aquí sí que salvamos la situación de miembros de la Guardia Civil integrados en unidades militares.


Retiramos la 195 y la 197 en tanto en cuanto hemos llegado a un acuerdo transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista que interpreta también en positivo lo que nosotros planteamos al respecto. Repito que ese acuerdo nos parece positivo.


Finalmente la número 196, de modificación, se justifica porque habríamos de calificar el tema de la seguridad jurídica y ese es el motivo por el que la mantenemos.


Página 8214


En definitiva, señoría, lo que pretendemos con estas enmiendas es salvar las dudas de orden arbitrario, equitativo y de certeza absoluta en un tema como éste y, evidentemente, limitar el Código Penal Militar a su aplicación en las cuestiones concretas que tiene planteadas.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Etxegoyen para defender sus enmiendas.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.


Mi grupo parlamentario mantiene vivas a este proyecto de ley, si no me equívoco, 26 enmiendas, aunque voy a defender tan sólo 23 porque ya les anuncio que retiro las enmiendas números 175, 178 y 179. Además, quiero hacer una precisión, puesto que ha habido un error de transcripción, que desde luego es exclusivamente mío, porque la enmienda 174 afecta al apartado 3, según queda constancia en el boletín. Sin embargo, visto el texto alternativo, la justificación en realidad es al apartado 2.


No voy a entrar en el fondo del asunto ni mucho menos a defender una por una las enmiendas que mantenemos vivas. Con carácter general voy a hacer una relación de las mismas señalando ya de entrada que todas ellas persiguen el objetivo común de mejorar las garantías de un procedimiento sancionador que afecta en este caso a un régimen disciplinario del Cuerpo de la Guardia Civil. Voy a hacerlo desde una triple perspectiva y con una índole de corte jurídico.


En primer lugar, para reconducir ciertos problemas de tipificación en algunas de las sanciones previstas, por ejemplo, hay una muy clara que es la desobediencia o la no aceptación de las indicaciones de los superiores, porque la tipificación de este tipo en la ley no es la acertada. Se hace con tal generalidad que conculca principios jurisprudenciales ya consolidados que establecen cómo en el ámbito administrativo sancionador la tipificación de las sanciones corre casi pareja a las garantías que se exigen por ley para la tipificación de los ilícitos penales. Tal vez parezca esto una diatriba dialéctica, pura jerga jurídica, pero en definitiva, si no se clarifica podemos provocar de una manera un tanto irresponsable dudas de constitucionalidad en relación con determinados aspectos de esta ley.


En segundo lugar, con nuestras enmiendas también pretendemos evitar otra disfunción que creemos haber detectado en el proyecto y que aun cuando el texto inicial ha salido sustancialmente mejorado tras el debate y tramitación en el Congreso, consideramos que todavía no se ha terminado de depurar. Me estoy refiriendo a la no aplicación del principio non bis in idem, clave e informador de todo derecho sancionador.


En este sentido consideramos que el texto del proyecto de ley incurre todavía en algún problema de este tipo, manifiestamente claro además y que deberíamos remover porque de su mano podemos estar incurriendo igualmente en un problema de inconstitucionalidad. Señorías, este principio no nos dice otra cosa que no podemos sancionar dos veces la comisión de una misma infracción.


Por último, procuramos enderezar determinados elementos que consideramos mal encarados en el proyecto de ley, porque lo cierto es que, regulando el régimen disciplinario de la Guardia Civil, el proyecto se ve obligado a hacer todo un ejercicio de equilibrio para ajustar cuestiones que derivan del carácter militar que todavía mantienen sus sinergias y cuestiones de carácter civil, una especie de tercer género, un híbrido que nada entre dos aguas, lo que es ciertamente desaconsejable cuando lo que tenemos entre manos son normas de derecho sancionador y sus consecuencias, para cuya regulación la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es clara y taxativa. Sin embargo, la redacción del proyecto que nos ocupa, a mi humilde entender, no lo es.


No obstante lo anterior, no quisiera quedarme en una crítica esencialmente negativa. Debo reconocer que se ha avanzado bastante en materia de garantías y se ha iniciado el camino -al menos en lo que al régimen disciplinario se refiere, el régimen al que se ven sujetos todavía los agentes de la Guardia Civil- de la desmilitarización -entre comillas, y permítanme la expresión- de la Guardia Civil. Esto es una buena noticia aun cuando todavía en este campo queda mucho camino por recorrer. En todo caso, aunque desconocemos cuál va a ser el destino -lo puedo intuir- de las enmiendas que hemos presentado, sí les anuncio desde ya que mi grupo va a votar a favor del proyecto de ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bruguera para defender sus enmiendas.


El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.


Anuncio que mantenemos para su votación las enmiendas números 83, 84, 93, 95, 96, 103, 119, 140 y 154, y solicitamos votación separada de la enmienda número 140.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Martín para defender sus enmiendas.


El señor RODRÍGUEZ MARTÍN: Gracias, señor presidente.


Mi intervención va a ser muy breve.


Las dos enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista pretenden mejorar y clarificar el texto, y se corresponden, como ya se ha dicho por algunos de los intervinientes, con dos enmiendas transaccionales que en su momento intentamos presentar en el Congreso de los Diputados y no fue posible por razones ajenas a nuestra

Página 8215


voluntad, que transaccionaban enmiendas del Bloque Nacionalista Galego, Coalición Canaria, Convergència i Unió, Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya, que ha dado lugar a la retirada de enmiendas por parte de CiU, y yo voy a solicitar también la retirada de las del Bloque Nacionalista Galego.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Conde.


El señor CONDE BAJÉN: Gracias, señor presidente.


Subo a esta tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, a defender las enmiendas que hemos presentado a este proyecto de ley del régimen disciplinario de la Guardia Civil. Señorías, si hay que aprobar ahora una nueva ley del régimen disciplinario de la Guardia Civil es por la pura y simple razón de modernizar un procedimiento que en muchos casos estaba obsoleto, no por una especial necesidad de disciplinar a la Guardia Civil que si por algo se ha caracterizado durante sus más de 150 años de historia es exactamente por lo contrario, por ser un Cuerpo absoluta y siempre fiel cumplidor de la legislación vigente, un Cuerpo tremendamente disciplinado, uno de los brazos ejecutores de la ley, del que han dispuesto siempre los gobiernos y que se ha abnegado en la defensa de los derechos de los ciudadanos.


Cuando el duque de Ahumada hizo publicar la cartilla del Guardia Civil elogiando las virtudes de este Cuerpo y decía: «Por ti cultivan la tierra. La patria goza de calma», anticipaba ya en el propio momento fundacional del Cuerpo lo que finalmente la patria le debe a la benemérita institución de la Guardia Civil.


Queremos entrar en este procedimiento de reforma del régimen disciplinario de la Guardia Civil porque, ciertamente, señorías, algunas cosas han cambiado desde la última ley que regulaba la materia, la Ley 11/1991. De ello fue consciente el anterior director general del Cuerpo, don Santiago López Valdivielso -que, en mi opinión, fue un extraordinario director general de la Guardia Civil y desde aquí le rindo mi modesto homenaje-, cuando, cumpliéndose los diez años de semejante ley, inició un procedimiento de revisión de esta norma.


Era necesario suprimir algunas antiguallas jurídicas que todavía estaban contenidas en el procedimiento, por ejemplo, la del arresto. Una pena privativa de libertad impuesta en procedimiento administrativo es, como digo, un arcaísmo jurídico absolutamente contrario a principios básicos de nuestro ordenamiento constitucional, e incluso al ordenamiento general de Derechos Humanos reconocido internacionalmente por España, y en consecuencia, parte del ordenamiento jurídico interno.


La supresión del arresto, como ha dicho el ministro del Interior ahora ausente, no obedecía a debate alguno. Era un asunto absolutamente compartido dentro del Cuerpo en todas sus escalas y fuera de él, tanto social como políticamente.


Sin embargo, señorías, queriendo entrar como queremos en este procedimiento legislativo, nos hemos encontrado con un proyecto de ley del Gobierno muy deficiente. En primer lugar, es un proyecto de ley que nace con una notable falta de consenso. No ha habido conversaciones previas con los partidos políticos, o al menos no las ha habido con el partido en cuyo nombre tomo hoy la palabra, y que guste o no, es el partido alternativa de gobierno que ha estado gobernando hasta la pasada legislatura y que representa una parte muy sustancial de la sociedad española y del arco político y parlamentario.


El proyecto que el Consejo de Ministros remitió a las Cortes Generales es técnicamente malo; es un proyecto poco garantista de los derechos de los guardias civiles, y por tanto, hemos tenido que introducir toda una batería de enmiendas que tienden a mejorar el proyecto en lo sustantivo,y hablamos de una ley de régimen disciplinario, es decir, a la concreta tipificación de las conductas que se entienden reprobables, a la definición de las faltas sancionables, porque nosotros consideramos -por cierto, algo que ha sido puesto de manifiesto por los portavoces de casi todos los grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra- que existía una indefinición, una serie de conceptos jurídicos indeterminados que si son siempre algo nocivo en cualquier norma, lo son mucho más cuando se refieren a una norma sancionadora que por virtud del principio de tipicidad debe ser precisamente donde más empeño debe ponerse en clarificar las conductas que se entienden lesivas para proceder posteriormente a su castigo.


Es una ley deficiente también en lo procesal, porque en muchos aspectos no da garantías suficientes a los guardias civiles que puedan ser objeto de sanción. Y a todo esto han tendido las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, a concretar debidamente las sanciones, las faltas y a concretar adecuadamente también las garantías de los guardias civiles inmersos en un procedimiento sancionador.


En el Congreso de los Diputados tuvimos suerte. Fueron aprobadas 37 de nuestras enmiendas, y no eran cuestiones baladíes. Se aprobaron 11 enmiendas al artículo 7, que es precisamente el que define las faltas muy graves; 12, al artículo 8, que es el que describe las graves; 3, al artículo 9, en relación con las leves. Se aprobó también una enmienda al artículo 19, en el que se establecía el criterio de proporcionalidad de la sanción a la gravedad del daño. Se aprobó otra enmienda al artículo 21, en relación con la prescripción; otra, al artículo 24, sobre la personación en la Unidad del guardia civil en determinadas situaciones; al artículo 40, sobre el contenido del parte disciplinario; al 42, sobre el derecho del guardia civil a disponer de abogado en toda la tramitación del procedimiento sancionador; al 46, sobre el contenido de la resolución; o al 52, sobre el derecho a la recusación de instructor y secretarios. Señorías, como podemos observar, se trata de enmiendas aprobadas en el Congreso de los Diputados no sobre cuestiones menores, sino sobre cuestiones medulares objeto de este proyecto de ley.


Página 8216


En el Senado hemos presentado 55 enmiendas, las números 17 a71, las cuales estoy defendiendo en este momento. Y si bien es cierto que teníamos un principio de acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista, en virtud del cual 21 de ellas podían haber sido aceptadas por el grupo que sostiene al Gobierno en esta Cámara, finalmente no ha sido posible contar con la aceptación del Grupo Parlamentario Socialista; no obstante, quiero reconocer el esfuerzo que ha hecho el ponente del Grupo Parlamentario Socialista y lo agradable que ha sido discutir con él el contenido de esas enmiendas e intentar por el bien de la Guardia Civil llegar a un consenso. No va a ser posible, según parece, pero eran enmiendas que tendían también a mejorar técnicamente la norma que saldrá de esta Cámara y, en definitiva, cumplir con la función que tenemos encomendada.


Señorías, las enmiendas 19, 20, 21, 22 y 23 son enmiendas a los artículos 8 y 9, es decir, enmiendas todavía relativas a la descripción de las faltas graves y leves en este caso para mejorar la técnica legislativa para tipificar de modo mucho más exacto las conductas sancionables.


La enmienda 24 al artículo 10 pretende la supresión de este artículo, porque no entendemos que exista un artículo que diga cuál es la finalidad de la sanción, que no es otra que la de castigar. Eso va de suyo, es evidente en cualquier procedimiento sancionador y entendemos que es una excrecencia dentro del propio texto normativo que no tiene sentido alguno.


La enmienda número 26 al artículo 11 pretende la supresión de la sanción de pérdida de puestos en el escalafón, porque pensamos que es una sanción que puede perjudicar de modo muy distinto a unos u otros guardias civiles en función de cuáles sean sus propias expectativas de carrera profesional o el propio impulso que el guardia civil quiera darle a su carrera profesional. Habrá guardias civiles con intención de progresar en la carrera, de progresar en el Cuerpo que tengan, en definitiva, intención de ascender, a los cuales la sanción de pérdida de puestos en el escalafón les va a resultar extraordinariamente más dañina que a aquellos otros que han decidido acomodar su vida profesional a permanecer en un determinado empleo y para los cuales esa sanción de pérdida de puestos en el escalafón en realidad no va a ser tal porque no va a causarles perjuicio alguno, que es, en definitiva, lo que busca cualquier sanción.


También pretendemos que la suspensión tenga una duración máxima de un año.
En este caso el Gobierno ha sido excesivamente duro a la hora de establecer la duración de la pena de suspensión, que entendemos es excesiva y que, por lo tanto, debe limitarse en los términos acabados de exponer.


En cuanto a la enmienda 28, al artículo 15, referido a la pérdida de destino, entendemos que la pérdida de destino tiene que llevar aparejado que durante dos años no pueda solicitarse destino en el territorio de la Comandancia en el que venía sirviéndose, cuando el proyecto de ley establece una prohibición semejante pero en relación a la Unidad, teniendo en cuenta que cabe la existencia de distintas Unidades en el mismo territorio de la misma Comandancia, es más, en muchos casos incluso en el mismo edificio, el iter lógico de la pena aprobada por el Gobierno en el proyecto de ley pierde por completo su sentido y es mucho más lógico tener esta sanción que impide solicitar destino no solo en la Unidad, sino en el territorio de la misma Comandancia.


La enmienda 32, al artículo 21.1, hace referencia a la prescripción de las faltas que nosotros queremos rebajar. El Gobierno quiere que las faltas muy graves prescriban a los tres años, las graves a los dos y las leves a los seis meses. El Grupo Parlamentario Popular entiende que las graves deben prescribir a los dos y no a los tres años; las graves a los seis meses y no a los dos años y las leves a los dos meses y no a los seis, como pretenden el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista.


La enmienda 33, al artículo 22, hace referencia a la prescripción de las sanciones, donde actuamos con la misma lógica y en consecuencia con lo anterior rebajando los plazos.


La enmienda 34, al artículo 22, establece por nuestra parte que el comienzo del plazo de la prescripción debe ser el momento a partir del cual la sanción adquiere firmeza y no así el momento en el cual la sanción es notificada al guardia civil, como, por otra parte, parecería lo lógico.


La enmienda 35, al artículo 25, en relación con la competencia sancionadora, pretende por nuestra parte incluir al secretario de Estado de Seguridad entre las autoridades competentes en materia sancionadora, cosa que de modo incomprensible el proyecto de ley del Gobierno no contempla.


La enmienda 36 pretende, lógicamente con la anterior, añadir un nuevo artículo 27 bis, dando esas competencias al secretario de Estado de Seguridad.


La enmienda 39, al artículo 34, en relación con la autoridad competente sobre los procedimientos sancionadores incoados a vocales del Consejo Asesor de Personal, establece que tenga que ser, como parece bastante lógico, el ministro del Interior la autoridad competente.


La enmienda 40, al artículo 36, en relación con las competencias de los mandos interinos, que el Gobierno pretende que tengan las mismas competencias que aquellos a los que están sustituyendo, nosotros pretendemos atemperar este principio estableciendo que ello será así siempre y cuando el mando interino cuente con el empleo de sargento o superior.


La enmienda número 49, al artículo 50.6, pretende también que la finalización del procedimiento sancionador en las faltas leves se amplíe de dos a tres meses, es decir, dar más tiempo para poder instruir adecuadamente los procedimientos sancionadores de faltas leves, que en muchos casos conllevan la misma dificultad de tramitación que si se tratase de un procedimiento incoado por falta grave, e incluso muy grave.


La enmienda número 50, al artículo 52.2, se refiere al nombramiento del instructor. Nosotros entendemos que el instructor debe ser preferentemente un guardia civil que o bien sea jurídico militar o bien pertenezca al cuerpo jurí-

Página 8217


dico de las escalas de facultativos de la Guardia Civil; esto es, consideramos que la figura del instructor reviste tal importancia y debe dotar de tales garantías al guardia civil sujeto a un expediente sancionador que, en la medida de lo posible, habrá que buscar aquellos oficiales de la Guardia Civil que tengan esa formación jurídica por pertenecer o al Cuerpo jurídico militar o al cuerpo facultativo jurídico de la Guardia Civil. Y digo preferentemente porque es evidente que en determinado tipo de empleos no habrá oficiales de superior rango al expedientado que cuenten con esta formación, pero la Guardia Civil es un cuerpo con 70.000 hombres, y si bien es cierto que lo primero podrá ser aplicable a los oficiales generales no lo es ya para empleos de inferior categoría.


Las enmiendas números 51 y 52 a los artículos 53.1 y 53.2 establecen plazos de recusación: 15 días para poder instar la recusación y 3 días para resolver la recusación instada, cuestión a la que no se hace referencia alguna en el proyecto de ley del Gobierno ni en el texto remitido por el Congreso de los Diputados, y nosotros creemos que deben quedar contemplados en la norma.


La enmienda número 53 al artículo 54.1 es la relativa al cese de medida cautelar. El proyecto de ley del Gobierno establece que cabe una serie de medidas cautelares de suspensión del guardia civil incurso en un procedimiento sancionador durante un plazo de hasta tres meses, y si bien es cierto que el plazo para poder resolver el expediente es de tres meses, nosotros entendemos que la medida cautelar no puede durar más de lo que dure la tramitación del expediente sancionador; es decir, que la medida cautelar podrá imponerse no por una cantidad de tiempo previamente fijada ni tasada sino, en todo caso, como una cuestión accesoria y subordinada a la tramitación del expediente, de modo tal que si el expediente se terminase antes de los tres meses decayera la medida cautelar en el mismo momento en el que éste quedase resuelto, cuestión que no deja aclarada el proyecto del ley del Gobierno, señor ministro.


La enmienda número 58 al artículo 67.3, se refiere a las multas de pérdida de días de haberes. Creemos que es muy necesario dejar meridianamente claro que esas pérdidas de días de haberes han de referirse a las retribuciones fijas mensuales que venga percibiendo el guardia civil, y no a las retribuciones que, como dice el proyecto de ley, viniera percibiendo hasta el momento el guardia civil, porque hay que tener en cuenta que existe una serie de retribuciones variables, pluses o complementos de distinta naturaleza que puede hacer que en el momento de imponerse la sanción de multa de pérdida de días de haberes no se ajuste a la retribución que en ese momento de manera fija, periódica y estable venga percibiendo el guardia civil expedientado.


Por último, señorías, entramos en el asunto más peliagudo de la ley, que son las enmiendas a la disposición adicional cuarta; es decir, todo lo relativo a la aplicación del Código Penal Militar. El proyecto de ley del Gobierno -mi compañero el senador Cosidó tendrá ocasión de extenderse ampliamente sobre el particular en el turno de portavoces- pretende suprimir por completo la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil, con la sola excepción de que esté en misiones militares en el extranjero.


Nosotros creemos que decir que la Guardia Civil es un Cuerpo militar no se queda simplemente en escribirlo en un Boletín Oficial del Estado, ha de tener unas determinadas consecuencias. Para nosotros, la Guardia Civil es un Cuerpo militar y, por ello, sujeto a la disciplina militar, con las especificidades que lógicamente este Cuerpo tiene en relación con el resto de institutos militares. Por esta razón no estamos de acuerdo en absoluto con el criterio que establece el proyecto de ley del Gobierno y el tenor de la disposición adicional cuarta.


Nosotros no queremos que se aplique el Código de Justicia Militar por sí y en bloque a la Guardia Civil, no tendría sentido ni se ajustaría a los tiempos ni a las misiones que tiene encomendadas. Pero nosotros queremos ir acotando esa aplicación del Código Penal Militar, por ejemplo, con nuestra enmienda número 66, dejando claro que no serán servicios de armas o de transmisiones, a los efectos que esto tiene en el Código Penal Militar, los que presta la Guardia Civil en situación de normalidad, es decir, en todas, excepto cuando esté encuadrado en Unidades Militares.
Esto tiene una trascendencia penal enorme desde el punto de vista de la aplicación del Código Penal Militar.


Nosotros creemos que el Código Penal Militar debe ser aplicable a la Guardia Civil en condiciones tasadas que exponemos en nuestra enmienda.
Consideramos que debe aplicarse a la Guardia Civil en todo caso -esté encuadrada o no en Unidades Militares, estemos en tiempo de guerra o no, estemos en misiones en el extranjero o no- en lo relativo a los artículos 89, 90, 99, 100, 103, 104, 162, 180 y 188 del Código Penal Militar. ¿Qué dicen estos artículos, señorías? El artículo 89 castiga los ultrajes a la bandera, a las insignias y emblemas militares. Si estamos diciendo que la Guardia Civil es un Cuerpo militar y el artículo 89 del Código Penal Militar castiga específicamente a los militares que ultrajan la bandera, no parece que esto sea incompatible con que la Guardia Civil no esté en situación de guerra ni encuadrada en Unidades Militares. Yo comprendo que para este Gobierno lo de quemar las banderas es cosa de poca importancia; así lo ha dicho la señora vicepresidenta: quemar banderas es cosa de poca importancia, es algo recurrente y habitual. Pero si a los guardias civiles no se les aplica el Código Penal militar por quemar la bandera española, cuéntenme entonces a quién va a aplicarse. Señorías, creemos que va de suyo.


El artículo 90 del Código Penal Militar castiga las injurias a los ejércitos. Por lo tanto, si estamos diciendo que la Guardia Civil es un Cuerpo militar, ¿existe algún inconveniente en que, en la prestación normal del servicio, a un guardia civil se le castigue si injuria al Ejército? El artículo 98 castiga los maltratos de obra a un superior.
También se castigan las amenazas con armas a un superior, recogidas por el artículo 100; el abuso de autoridad frente a inferiores, recogido por el artículo 103; el maltrato de obra a

Página 8218


un inferior, recogido en el artículo 104; las agresiones en público de Oficiales Generales, Oficiales o Suboficiales, recogido en el artículo 162, sea superior o inferior el ofendido. Los delitos contra la Administración de justicia militar se contemplan en los artículos 180 y 188, que recogen cuestiones tan baladíes como la simulación de delito, el falso testimonio, las torturas, la prevaricación, el cohecho o el desacato. ¿Existe algún problema, señorías, en que estos artículos del Código Penal Militar se apliquen a la Guardia Civil, en cuanto Cuerpo de naturaleza militar? Consideramos que ninguno, absolutamente ninguno, salvo, evidentemente, que el Gobierno, con este y con el siguiente proyecto de ley, quiera fingir que la Guardia Civil sigue siendo un Cuerpo de naturaleza militar, cuando, en realidad, conserva el título pero vacio por completo de contenido.


Con estas enmiendas, señorías, el Grupo Parlamentario Popular pretende mejorar el texto y el servicio que presta la Guardia Civil, a través de un régimen disciplinario más moderno, más garantista y más realista del tiempo que nos está tocando vivir. Informo también que nuestro grupo votará favorablemente la enmienda número 152, de Entesa, y las enmiendas números 187 y 188, de CiU, que no desarrollaré porque no dispongo de tiempo y para no cansar a la presidencia-, que cuentan con nuestro absoluto consenso.


Por otra lado, quiero anunciar -no sé si lo he hecho ya con antelación- que las enmiendas números 25 y 41, del Grupo Parlamentario Popular quedan retiradas en este acto, de lo cual solicito se tome nota, a efectos de organizar la votación.


Esta es la posición del Grupo Parlamentario Popular que he tenido el honor de defender en la tribuna y este es el voto que solicito a sus señorías para las enmiendas presentadas. Conservo todavía cierta candidez y alguna inocencia pensando que esto puede servir para convencer a algunos de la posibilidad de llegar a algún acuerdo. En todo caso, en el turno de portavoces, mi compañero, el senador Cosidó, tendrá ocasión de hablar de algunas de las razones que a nosotros nos impedirán votar favorablemente el texto no enmendado, porque un acuerdo de la Mesa de esta Cámara, que impide la votación separada del dictamen en lo no modificado, nos llevará a tener que votar, junto con todo lo demás, la disposición adicional cuarta que para nosotros es obstáculo insalvable para poder dar un voto favorable a todo lo no enmendado por esta ley.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Senador Conde, como aclaración, no es un acuerdo de la Mesa, es un acuerdo de la Junta de Portavoces y después de la Mesa.


Señorías, pasamos a continuación al turno en contra.


Tiene la palabra el senador Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ MARTÍN: Señor presidente, señoras y señores senadores.


En primer lugar quiero comenzar agradeciendo la presencia del ministro en el debate de este proyecto.


Antes de empezar el turno en contra de las enmiendas nos gustaría precisar que las líneas fundamentales de este proyecto de ley son tres: la primera es que se mantiene la naturaleza militar de la Guardia Civil; la segunda, se delimita y clarifica la aplicación del Código Penal Militar y, por tanto, la tercera, la propia naturaleza de la Institución hace necesario el mantenimiento de la jurisdicción militar. Con esto el Gobierno no ha hecho nada más que optar por el modelo que estableció el legislador posconstitucional para la Guardia Civil, manteniendo a la misma como un instituto armado de naturaleza militar.


En casi todas las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Mixto-BNG subyace algo, que es el deseo de hacer desaparecer la naturaleza militar de la Guardia Civil, por eso difícilmente las podemos apoyar.


Nosotros les vamos a pedir que retiren las enmiendas números 3, 10 y 13 porque consideramos que con las dos enmiendas que nosotros hemos presentado se da cumplimiento a una transaccional que propusimos en el Congreso de los Diputados que no fue posible presentar por razones ajenas a nuestra voluntad y que nos comprometimos a traerla en forma de enmienda al Pleno del Senado, con lo cual damos satisfacción a esas tres enmiendas que ustedes presentan.


Ustedes hacen hincapié en la desaparición del carácter militar y no es solo que no esté de acuerdo -que evidentemente no lo estoy porque el proyecto no dice eso-, es que ustedes están planteando que quieren una condición más actual y más democrática, haciendo desaparecer la naturaleza militar. Yo quiero decirle que para nosotros la naturaleza militar de la Guardia Civil en ningún momento le quita ninguna cualificación democrática, lo militar no es en ningún momento incompatible con la democracia, al menos nosotros así lo creemos y defendemos.


Ustedes nos piden que incluyamos el consejo de la Guardia Civil en esta ley, pero el problema es que el consejo de la Guardia Civil ahora mismo no existe, eso se aprobará en la próxima ley que vamos a someter a consideración de este Pleno. Además, en el caso de que la ley se apruebe -que confío en que sí- habrá que esperar a un proceso de elecciones, con lo cual si nosotros hiciéramos caso omiso del consejo asesor estaríamos dejando una laguna que consideramos que no se puede dejar. Ya en su momento habrá que incluir los consejos que se vayan aprobando.


En la enmienda número 14 lo que vienen ustedes a proponer es una amnistía y yo quiero recordarle que la Constitución Española prohíbe las amnistías.


Por lo tanto, nosotros no podemos votar ninguna de las enmiendas del Grupo Mixto BNG y sí les pedimos que retiren las tres antes mencionadas porque, consideramos que con las dos enmiendas que nosotros presentamos damos satisfacción a sus peticiones de manera transaccional lo intentamos en el Congreso y hoy mediante enmienda lo hacemos en el Senado.


Página 8219


El Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió presenta 11 enmiendas, de las cuales ya nos ha notificado que va a retirar las números 195 y 197, precisamente en función de las dos enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.


En cuanto a la enmienda 187, nosotros creemos que la expresión «reconocimiento médico» incluye reconocimiento psicológico, como no podía ser de otra manera, por eso no la podemos votar a favor, porque sería hacer una diferenciación de algo que está dentro de la Medicina y que podríamos hacer también con otras materias como las de digestivo, pulmón, etcétera, lo que no nos parece oportuno. La expresión «reconocimiento médico» engloba todo lo habido y por haber en la Medicina, evidentemente.


En cuanto a los plazos de prescripción de las infracciones, sus enmiendas son concurrentes con alguna del Grupo Parlamentario Popular, pero nosotros hemos fijado esos plazos en relación con lo incluido en el Estatuto Básico de la Función Pública. Reducirlos significaría dar a la Guardia Civil un tratamiento diferente que al resto de los funcionarios, y no creemos que eso sea necesario ni conveniente.


Han presentado ustedes las enmiendas números 190, 191 y 192. Entendemos que este tipo de enmiendas se plantean porque en muchas de ellas subyace la idea de que deje de existir la naturaleza militar de la Guardia Civil, pero hay algo que no debemos ignorar, y es la realidad de la Guardia Civil, cuyas Unidades se encuentran distribuidas territorialmente de forma atomizada ejerciendo en numerosas ocasiones el mando de las mismas suboficiales que precisan de una capacidad sancionadora proporcionada, eso sí, para mantener la disciplina en ámbitos territoriales frecuentemente extensos y aislados.


Finalmente quisiera decirles que nos alegra que hayan retirado ustedes dos enmiendas, pues con las nuestras satisfacemos lo que con ellas pretendían, pero no podemos votar a favor de ninguna otra porque ello supondría volver a lo que ya no votamos en el Congreso de los Diputados y que va en contra del espíritu y de la letra de la ley.


El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos presenta 26 enmiendas, de las cuales ha dicho que retira tres. Mi grupo parlamentario va a votar favorablemente la enmienda número 174 como ya habíamos dicho.


Señoría, seguimos con el mismo discurso: no se quiere la naturaleza militar de la Guardia Civil, y por tanto, se presenta una serie de enmiendas que si no hacen referencia directa a dicha naturaleza, lo cierto es que a través de la modificación de los regímenes disciplinarios procuramos ir descafeinándola.


Por ese motivo, señoría, tampoco estamos de acuerdo con ninguna de las enmiendas presentadas, a excepción, como digo, de la número 174, así como con esas dos que han retirado porque quedan plenamente reflejadas en las que ha presentado mi grupo parlamentario.


En cuanto a la enmienda número 159, he de decir que la disciplina es un concepto perfectamente acuñado en el ámbito de los regímenes disciplinarios, y especialmente en el de los sometidos a estatuto militar. Por otro lado, y como usted sabe, los conceptos jurídicos indeterminados son consustanciales en muchas ocasiones a todo tipo de régimen disciplinario. De hecho la referencia a la desobediencia que ustedes proponen en la enmienda encierra la misma o iguales posibilidades de indeterminación e interpretación que la mención a la disciplina tal como figura en el texto actual. Ustedes parten de un hecho que después repiten y en el que caen exactamente igual. Dicen que queda indefinido, ¿pero es que lo que están diciendo ustedes no es una indefinición? ¡Pues claro que sí!

Al igual que ocurre con la disciplina, la subordinación es un concepto plenamente acuñado en los regímenes disciplinarios. Por otra parte, con la redacción que ustedes proponen castigaríamos de la misma forma la desobediencia que la insubordinación, cuando, como usted bien sabe, son dos cosas totalmente distintas.


El tipo sancionador cuestionado en la enmienda número 161 resulta bastante habitual y no se puede hablar de indefinición, pues consideramos que la conducta punible: falta de rendimiento, está claramente definida y por ello no vamos a votar a favor de dicha enmienda.


Y así ocurre sucesivamente con el resto de las enmiendas. Pero hay una enmienda, la número 163, a la que me quiero referir especialmente y de forma cariñosa. En la comisión que se celebró en el Congreso de los Diputados se dijo que dicha enmienda es conocida en los páramos jurídicos madrileños como la enmienda Olabarria debido a la cantidad de veces que ese excelente parlamentario, que es don Emilio, la ha presentado junto con su grupo parlamentario en diferentes ocasiones y en textos que nada tenían que ver, como es el caso. Consideramos, pues, que este no es momento ni lugar de aprobar una enmienda de dichas características.


Anunciamos el voto en contra de todas las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, a excepción de la número 140, que votaremos favorablemente.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Señorías, es cierto que, como ha dicho el señor Conde, hicimos un esfuerzo considerable en el Congreso de los Diputados. Hicimos un esfuerzo pensando que el Partido Popular iba a estar dispuesto a recorrer parte del camino que nosotros emprendíamos con esta reforma de la Guardia Civil, porque incluso se trataba de algo que ellos habían reclamado en algunas ocasiones.


Ha dicho usted que el señor Valdivielso inició un proceso. Es cierto; encargó un estudio a una ponencia, pero después de dos años no se entregó conclusión alguna. Probablemente se le acabó la legislatura, pero lo cierto es que ustedes dispusieron de dos: fueron ocho años, y sólo en los dos últimos se encargó un estudio que, finalmente, no concluyeron. Por lo tanto, ustedes no pudieron presentar nada.


Seguramente esta ley tendrá sus defectos, pero al menos tiene una virtud, y es que es una ley que se ha presentado, que es algo que no ocurrió anteriormente, ya que no presentaron absolutamente nada. Usted sabe bien que es más fácil criticar lo que se presenta que hacer el esfuerzo de

Página 8220


presentar algo, aunque se diga que se quiere presentar y al final no se haga.


Por otro lado, le agradezco sinceramente la referencia que ha hecho a mi persona, y la verdad es que no puedo decir menos de usted porque las conversaciones que hemos mantenido durante estos últimos días han sido absolutamente distendidas y agradables; el problema es que usted siempre es una persona brillante a la que se le reconoce esa brillantez, pero estando en completo desacuerdo. Por ejemplo, usted ha hablado de unos ilícitos que parece que no estén penados; parece que un guardia civil va a poder ultrajar la bandera y no le va a pasar nada, pero eso no es cierto. ¡Claro que está penado! Sin embargo, si atendemos a la manera en que usted lo expresa puede dar la impresión de que no es así; parece como si el hecho de que un guardia civil ultrajase la bandera, a pesar de que esa circunstancia esté penada para todos los españoles, fuese a ser distinto porque a los guardias civiles no se les aplica el Código Militar. Evidentemente, será un delito ultrajar a la bandera, tanto para un guardia civil como para cualquier otro español de a pie. Por lo tanto, no se preocupe, porque aunque no se aplique el Código Militar, está tan penado como si así lo fuese.


Mi grupo parlamentario no va a votar a favor de ninguna de sus enmiendas.
Me gustaría hacer un repaso de ellas, pero no es fácil porque son muchas; han presentado un elenco de enmiendas técnicas que tampoco cambian el sentido del proyecto de ley ni mucho menos.


En cualquier caso, me gustaría resaltar algunas de ellas. Así, no vamos a poder apoyar la enmienda número 17 porque pretende adaptar el preámbulo en función de las enmiendas que han presentado; y dado que no vamos a apoyar esas enmiendas, ¿cómo vamos a votar a favor de esa adaptación? Se podría dar el caso de que se aprobara el preámbulo, que no se aprobaran las enmiendas, y que al final el preámbulo de la ley no tuviera nada que ver con estas, lo que no dejaría de ser una situación absolutamente incoherente e incluso algo cómica.


He de insistir en lo mismo en relación con algunas de las enmiendas que han presentado. En este sentido, los plazos de prescripción se han fijado teniendo como referencia los incluidos en el Estatuto básico, no creemos que deban ser inferiores, y no entendemos el porqué; imagino que se habrá tratado de un desliz.


Por lo que se refiere a la enmienda número 34, usted sabe mejor que yo que es un principio general del Derecho administrativo, y del Derecho sancionador en especial, que los actos administrativos son inmediatamente ejecutivos y surten eficacia desde el momento en que se dictan. Por lo tanto, no podemos apoyar esta enmienda.


De forma sutil, con la enmienda número 37 pretenden cargarse la figura del director general de la Policía y de la Guardia Civil. Pero el problema es que según el Real Decreto 991/2006, de 8 de septiembre, la figura está unificada y es la que existe actualmente. Por eso, nosotros tenemos que hacer referencia a ella en esta ley.


Por otra parte, no he tenido ocasión de entender exactamente cuáles eran las enmiendas que iban a retirar, pero luego lo podremos aclarar.


Por lo que se refiere a la enmienda número 52, el plazo que ustedes proponen es el del 29.4 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que se aplica supletoriamente, según la disposición adicional primera del proyecto y, en consecuencia, no es necesaria la modificación que propone su enmienda. Insisto en lo que ya se ha comentado respecto de los plazos: que están fijados según el criterio del Estatuto Básico de la Función Pública.


Me gustaría resaltar la enmienda número 69, para la supresión de la disposición adicional sexta. Dicen ustedes que el contenido de esta disposición adicional, con un nuevo texto, ha pasado a ser el número 3 del artículo 2 de esta ley, con lo que no es necesario modificar el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de noviembre, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Sabe usted cuál es el problema? Que no existe el número 3 del artículo 2 en esta ley. Por tanto, ha debido de haber algún error, ya que por más que lo he buscado no lo he encontrado.
Y le quiero decir que si lo hubiese sabido antes se lo hubiese dicho, porque lo más lógico es que esta enmienda acabe retirándose.


No quiero cansar a las señoras y los señores senadores, así que les diré que con la presentación de esta ley creemos que el Partido Socialista y el Gobierno cumplen con su programa electoral. Y lamentamos que en este caso el Partido Popular, principal partido de la oposición, que creíamos que nos iba a acompañar en este camino, evidentemente de manera crítica, al final no nos acompañe y acabe, como presumo, votando en contra de este proyecto de ley.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Pasamos a continuación al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


En mi intervención para defender las enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego he manifestado que iba a aprovechar para fijar una posición global sobre este texto legislativo y, por lo tanto, que en el turno de portavoces me iba a limitar a fijar la posición sobre las enmiendas presentadas. No obstante, considero que tras la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista hay algunas cuestiones que debo aclarar.


En primer lugar, en ningún momento en mi intervención he identificado una institución militar como algo incompatible con la democracia. En ningún momento se puede derivar nada de eso de mis afirmaciones. Lo que sí defendemos yo y la formación política a la que represento es que un Cuerpo que tiene misiones fundamentalmente policiales debe ser un Cuerpo civil. Nos parece que es mucho más congruente con un sistema democrático que

Página 8221


las instituciones que tienen funciones policiales sean de carácter clara y netamente civil. Además, no hay ninguna razón de eficiencia policial que justifique otra naturaleza.


En segundo lugar, no entiendo el argumento que se ha dado para oponerse a la enmienda con la que el Bloque Nacionalista Galego defiende que el Consejo de la Guardia Civil participe en los informes en aquellos casos que afecten a expedientes por faltas disciplinarias muy graves. Se argumenta que dicho consejo aún no está creado. Que yo sepa, hoy debatimos dos proyectos de ley que tienen una clara congruencia entre sí: el proyecto de ley del régimen disciplinario de la Guardia Civil y el proyecto de ley reguladora de sus derechos y deberes, y en este último se contempla la creación del Consejo de la Guardia Civil. Por lo tanto, si existe esa previsión, es lógico que nosotros consideremos que en este proyecto, que afecta al régimen disciplinario de la Guardia Civil, se incluya la posibilidad de que el Consejo de la Guardia Civil pueda participar a la hora de emitir informes, porque eso dotaría a estas decisiones de mayor legitimidad.


En cualquier caso, es evidente que tenemos concepciones distintas de lo que significa la palabra amnistía. Voy a recordar lo que plantean las enmiendas a las que aludía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Nosotros defendemos que todos los guardias civiles que hayan sido separados del servicio y expulsados -y subrayo lo que viene a continuación- por la realización de actividades derivadas del ejercicio de derechos constitucionales y humanos reconocidos por la Constitución Española, por tratados internacionales reconocidos por el Estado español y por la presente ley, sean readmitidos en el Cuerpo de la Guardia Civil.
Por tanto, también defendemos que tenga efecto la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Dacosta Silva. Creemos que eso no es aplicar la amnistía, y utilizaré un símil para explicarlo. Está en discusión el proyecto de ley de la memoria histórica, y uno de los aspectos controvertidos es si hay que declarar ilegítimos los juicios celebrados durante el franquismo contra personas que lucharon por las libertades. De admitirse eso, ¿estaríamos aplicando la amnistía y, por tanto, conculcando la Constitución? Creo que esta interpretación nos conduciría a auténticos absurdos.


Hechas estas argumentaciones y pasando ya a fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego con respecto a las enmiendas, comunico la retirada de las números 3, 10 y 13 porque, efectivamente, se había llegado a un acuerdo de transacción en el Congreso que después no se pudo sustanciar, y las enmiendas números 185 y 186, del Grupo Parlamentario Socialista, se corresponden con ese acuerdo de transacción. Por tanto, en congruencia, con ese acuerdo al que habíamos llegado en el Congreso, repito que etiramos nuestras enmiendas números 3,10 y 13. Asimismo, manifestamos el apoyo del BNG a las enmiendas presentadas por Convergència i Unió, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y Entesa Catalana de Progrés, que entendemos que avanzan en una dirección muy similar a la que propone el Bloque Nacionalista Galego.


En cualquier caso, el BNG apoyará este proyecto de ley porque es consciente de las dificultades del contexto político para conseguir una reforma más profunda del régimen disciplinario de la Guardia Civil, así como de los avances que supone con respecto a la situación anterior. De todas formas, estamos convencidos de que si se apoyan estas enmiendas la reforma será mucho más profunda y ajustada a las demandas de la sociedad española y las necesidades de dicho Cuerpo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Coalición Canaria no hace uso de la palabra.


En nombre de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Badia.


El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señor presidente.


Es evidente que nuestro posicionamiento en este proyecto de ley nace también de un análisis de la situación previa del propio Cuerpo de la Guardia Civil, que tiene una especial connotación en toda su historia, y a la que hacía referencia el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, desde el Duque de Ahumada hasta hoy. Y es evidente también que la necesidad de adecuación a la realidad que hoy vivimos supone asimismo una constante en muchos de los planteamientos debatidos.


Entendemos que el proyecto de ley que se nos propone tiene un avance limitado. Es cierto que estamos hablando de un nuevo marco disciplinario, pero nos siguen causando dudas determinadas cuestiones. Evidentemente, hay avances por cuanto que las arbitrariedades e incertidumbres son menores que antes, pero creemos que aún existe algún fallo de equidad y, por tanto, manifestamos una crítica moderada respecto de este avance también moderado del proyecto de ley.


Por otra parte, como ya he dicho, la necesidad de adecuación de la Guardia Civil a la realidad del siglo XXI es una cuestión innegable. Las prioridades de hoy son diferentes, los delitos son nuevos, el nuevo modelo de Estado es una realidad, el Estado de las Autonomías nada tiene que ver con el que existía en su momento, y las competencias de la Guardia Civil también son nuevas y específicas, en un marco jurídico, y especialmente de orden público, muy diferente.


Entendemos que el espíritu garantista de la ley, en el que nuestro grupo ha pretendido profundizar, así como la necesidad de democratización de dicho Instituto Armado son cuestiones fundamentales. Y en esta adecuación a los nuevos tiempos, eliminar, clarificar y aparcar las dudas que pudieran existir han sido nuestros objetivos con las enmiendas que hemos presentado.


Es una cuestión indiscutible que la Guardia Civil tiene un problema de rigidez, lo que seguramente incide en su eficacia, y para conseguir esta estoy convencido de que todos los grupos parlamentarios considerábamos que el primer paso era el reconocimiento de los derechos de sus componentes en todas sus competencias y, en segundo lugar, garantizar esos derechos.


Página 8222


Podríamos profundizar más en ello. Es evidente que lo que aquí subyace es la disyuntiva de mantener o no la Guardia Civil como cuerpo militar; es un debate pendiente, que supongo que en algún momento habrá que llevar a cabo pero, como digo, es lo que hoy subyace en los posicionamientos de muchos de los grupos parlamentarios, cuyos portavoces han intervenido anteriormente.


En definitiva, señor presidente, hoy daremos el visto bueno a una nueva regulación disciplinaria de la Guardia Civil, que, aunque no nos satisface, reconocemos que supone un avance importante. En todo caso, creemos que la necesidad de avanzar más sigue pendiente, aunque insisto en que apoyaremos esta ley, entendiéndola, repito, como un avance importante.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no se hace uso de la palabra.


Por el Grupo Parlamentario de la Entesa tiene la palabra el senador Bruguera.


El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.


Manifestaré en primer lugar que nuestro grupo parlamentario votará afirmativamente la enmienda número 174, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, así como las números 185 y 186, del Grupo Parlamentario Socialista, por entender que ambas recogen algunas de las enmiendas que nuestro grupo ya había retirado.


Respecto de esta ley que hoy vamos a aprobar, nos parece que después de dieciséis años de vigencia de la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, de 1991, este es un momento adecuado y necesario para llevar a cabo esta adaptación. Desde nuestro punto de vista, esta adecuación viene justificada por dos o tres elementos que quiero destacar brevemente.


En primer lugar, por la propia jurisprudencia que ha ido desarrollando tanto el Tribunal Constitucional como la Sala Quinta, de lo Militar, del Tribunal Supremo a lo largo de estos años. En segundo lugar, por la necesidad imperiosa de adecuar el régimen disciplinario de la Guardia Civil a las necesidades actuales de un país que, realmente, es muy distinto al de hace dieciséis años.


En este sentido, nos parece importante la equiparación en muchos aspectos a los regímenes disciplinarios del resto de administraciones públicas de nuestro país, circunscribiendo únicamente la aplicación del Código Penal Militar a determinadas circunstancias absolutamente excepcionales y en relación con las misiones de carácter militar que desempeña la Guardia Civil, especialmente en el extranjero. Consideramos un avance significativo que, desde el punto de vista del régimen disciplinario, se clarifique lo que es la mayoría de la actuación de la Guardia Civil como fuerza de seguridad del Estado y, por lo tanto, adaptar su régimen disciplinario y asemejarlo al resto de regímenes disciplinarios de los funcionarios de las administraciones públicas, y dejar circunscrita la aplicación del Código Penal Militar a esas excepciones que he comentado.


Por lo tanto, como ha dicho el ministro, este nos parece un texto moderno y riguroso que representa un avance importante y significativo en la modernización de la Guardia Civil. Y, evidentemente, vamos a votar a favor de la ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.


Lamento que el señor Jorquera se haya ido, pero quiero que sepa que yo no he hecho referencia a su intervención en el Senado sino a la justificación que se da en la presentación de sus enmiendas.


En primer lugar, quiero agradecer el trabajo realizado por todos y cada uno de los grupos presentes en esta Cámara y en el Congreso de los Diputados a lo largo de la tramitación de este proyecto de ley. Quiero destacar también, como no podía ser menos, el esfuerzo realizado, tanto por el Gobierno como por el Grupo Parlamentario Socialista, para llegar al máximo grado de consenso, como lo demuestra el importante número de enmiendas de los demás grupos que se han ido aceptando; en total han sido 63 en el trámite de ponencia llevado a cabo en el Congreso de los Diputados y, si mal no recuerdo 14 en el Pleno, así como varias transaccionales; y hoy en el Pleno también votaremos a favor de algunas enmiendas. Consideramos que este esfuerzo es digno de tenerse en cuenta, y lamentamos que el apoyo no haya podido ser superior, pero creemos que no hemos obtenido la respuesta adecuada.


Con la presentación de este proyecto el Gobierno da cumplimiento al programa electoral de 2004, cuando comparecíamos ante la ciudadanía comprometiéndonos a un ambicioso programa de seguridad pública que se ha ido cumpliendo sin prisa pero sin pausa.


Como ustedes bien saben, un nuevo modelo disciplinario precisa de un correcto equilibrio entre todos los instrumentos que lo articulan para su mantenimiento. Por eso, figuras como el arresto dificultaban la configuración de un nuevo orden, al no tener hoy, si es que alguna vez lo tuvo, en circunstancias ordinarias justificación alguna su aplicación; de ahí que una de las principales y más demandadas novedades sea la eliminación definitiva, como así se hace en el proyecto, del arresto como sanción disciplinaria.


Asimismo, se delimita en el citado proyecto el ámbito de aplicación material del Código Penal Militar. Se refuerza la competencia sancionadora de los distintos órganos del Ministerio del Interior, adaptando sus competencias disciplinarias a su nueva estructura orgánica.
Se refuerza y actualiza el catálogo de infracciones y sanciones, suprimiendo algunas, e incluyendo, clarificando y perfilando otras. Por último, y esto es muy importante, se introducen mayores garantías en el procedimiento sancionador. De

Página 8223


hecho, desaparece el carácter oral del procedimiento por faltas leves y se revisa el sistema de recursos disciplinarios contra estas, se refuerzan las garantías y derechos que asisten al interesado, y se desarrolla de forma más adecuada a su realidad el régimen disciplinario aplicable a los alumnos de los centros docentes de formación de la Guardia Civil.


Para finalizar, quiero aprovechar la ocasión para expresar mi más profundo respeto por esas mujeres y esos hombres que forman el Cuerpo de la Guardia Civil y que, con su quehacer diario y el riesgo que este supone, tanto colaboran en el mantenimiento de la paz, de la libertad y de la seguridad de todos los ciudadanos. Por eso, señorías, pedimos el voto favorable para esta ley, en la seguridad de que, con su aprobación, estaremos ayudando a que el guardia civil cumpla mejor con el cometido encomendado en el apartado 5o del artículo 1 de la Cartilla de la Guardia Civil de 1845: Siempre fiel a su deber, sereno en el peligro y desempeñando sus funciones con dignidad, prudencia y firmeza, será más respetado que el que con amenazas solo consigue malquistarse con todos.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, desde nuestra transición democrática la Guardia Civil se encuadró en nuestro ordenamiento constitucional como un Cuerpo de seguridad del Estado, desgajado de las Fuerzas Armadas -porque durante la etapa anterior formaba parte del Ejército de Tierra-, de naturaleza militar, con una duplicidad de misiones -policiales y de defensa militares- y con una duplicidad de dependencia: del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. Con la reforma legislativa que debatimos esta tarde, en los términos en los que los textos nos han llegado del Congreso de los Diputados, hay una modificación sustancial del encaje constitucional de la Guardia Civil en nuestro país. Así, pasamos de una Guardia Civil de una sola naturaleza, con dos tipo de funciones diferenciadas, a una Guardia Civil de dos naturalezas en función de la misión que en cada momento le encomiende el Gobierno. Al guardia civil le será aplicado un régimen disciplinario, un régimen de derechos y deberes, un Código Penal diferente, no solamente en función del tipo de misión que desempeñe en cada momento, sino en función incluso de la unidad en que esté encuadrado en un momento preciso y también del lugar en que se halle.


Hay, además, una clara contradicción, porque a un guardia civil que el proyecto de ley de régimen disciplinario que debatimos mantiene sometido a la jurisdicción de lo contencioso-militar se le excluye, sin embargo, en la inmensa mayoría de las situaciones de estar sometido a la jurisdicción penal militar. Creemos que eso genera un galimatías jurídico considerable y que además resulta poco conveniente desde el punto de vista político.


Hemos presentado una enmienda muy razonable para tratar de delimitar aquellos artículos del Código Penal Militar que serían de aplicación en todo caso y cualesquiera que fueran las circunstancias. Decía antes el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en relación con esta cuestión: Ya está penado por el Código Penal Civil el ultraje a los símbolos y a las instituciones de la nación. Y es cierto. La diferencia es que, mientras que en el Código Penal la pena para el ultraje a la bandera es una multa, en el Código Penal Militar puede acarrear una pena de prisión de hasta 10 años en determinadas circunstancias. Mi grupo entiende que el guardia civil, en tanto que militar de carrera, tiene una obligación especial, porque, además, ha hecho un juramento específico de defensa de la nación, de defensa de sus símbolos. Por tanto, la pena aplicable a este supuesto debería ser en todo caso más rigurosa.


Así pues, vamos a votar en contra de esta ley por dos razones que resultan muy fáciles de entender. La primera, porque compartimos plenamente las dudas de constitucionalidad que expone en su informe el Consejo General del Poder Judicial en torno a esta ley. Si ustedes quieren modificar la naturaleza de la Guardia Civil, háganlo como lo tienen que hacer y tengan, además, el valor político de hacerlo, que es modificando la Ley 2/1986, que es a la que remite directamente el artículo 104 de la Constitución. Se lo digo: es perfectamente constitucional plantear la desmilitarización de la Guardia Civil, pero háganlo de la forma y por el camino que lo tienen que hacer, y no nos metan en esta chapuza jurídica en la que nos quieren introducir.


La segunda razón es de fondo. El Grupo Parlamentario Popular considera que la naturaleza militar es parte del éxito histórico de la Guardia Civil y, por tanto, difícilmente va a apoyar esta ley ni cualquier otra que lo que plantee sea una desmilitarización, aunque sea parcial o encubierta, como han manifestado aquí la práctica totalidad de los portavoces de los grupos minoritarios que han intervenido.


La defensa de la naturaleza militar de la Guardia Civil no se fundamenta, según la posición de mi grupo, en un mero respeto a una tradición histórica, aunque sin duda los valores militares tienen su importancia en el ser y en el devenir histórico de la Guardia Civil, sino porque suponen hoy por hoy un valor añadido en el servicio a los ciudadanos y porque, además, la convierten en un instrumento privilegiado para hacer frente a las amenazas que, lamentablemente, tenemos que hacer frente en este siglo XXI.


Creo que es una grave irresponsabilidad del Gobierno no haber consensuado con el principal grupo de la oposición, con la alternativa de gobierno, una ley orgánica que tiene que ver con una institución básica y fundamental para la seguridad de los españoles, para la libertad de los españoles y para la propia estructura del Estado.


Prueba del espíritu constructivo de mi grupo son las numerosísimas enmiendas que hemos presentado, y que en su trámite en el Congreso de los Diputados creo -y así también ha sido reconocido por el propio portavoz del Grupo Parlamentario Socialista- que han contribuido a mejorar el contenido de esta ley.


Página 8224


Quiero que sepan que mi grupo no tendría ningún inconveniente en votar afirmativamente la totalidad de esta ley si por parte del Grupo Parlamentario Socialista y del Gobierno hubiera existido una voluntad para acercar posiciones en la aplicación de la jurisdicción penal-militar, lo que entendemos es una cuestión de principio para la propia pervivencia de la Guardia Civil en el futuro. Lo lamentamos. Pero allá ustedes al sacar esta ley adelante sin el consenso del grupo mayoritario en esta Cámara.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Señorías, vamos a proceder a la votación del proyecto de ley orgánica del régimen disciplinario de la Guardia Civil.


En primer lugar, votamos las enmiendas del senador Jorquera, de la 1 a la 16, con la excepción de la 3, la 10 y la 13, que han sido retiradas.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, nueve; en contra, 226; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas de Convergència i Unió. En primer lugar, la 187.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a favor, 137; en contra, 105.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda 188, de Convergència i Unió.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 137; en contra, 106.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmiendas de Convergència i Unió, números 189 a 197.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a favor, 17; en contra, 225.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Enmienda número 174.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 123; en contra, 120.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada

Enmiendas números 159 a 173, 176, 177 y 180 a 184, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 17; en contra, 226.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a continuación a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.


Enmienda número 140.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 123; en contra, 120.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmiendas números 83, 84, 93, 95, 96, 103, 119 y 154.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, ocho; en contra, 225; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 185 y 186, del Grupo Parlamentario Socialista.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 114; en contra, 126; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.


En primer lugar, enmienda número 32.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a favor, 127; en contra, 115.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 118; en contra, 123.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos el resto del proyecto de ley, con las correcciones técnicas aprobadas en comisión.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 124; en contra, 119.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


Página 8225


-- DE LA COMISIÓN DE INTERIOR EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REGULADORA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA GUARDIA CIVIL (S. 621/000111) (C.D. 121/000131).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al dictamen de la Comisión de Interior en relación con el proyecto de ley orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.


Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Martínez.
(El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)

El señor MARTÍNEZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, el 21 de marzo de 2007 el Gobierno presentó en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. Con diversas modificaciones, el Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de ley en sesión plenaria, celebrada el pasado 21de junio, y lo remitió al Senado, donde tuvo su entrada y fue publicado el día 11 de julio de 2007.


El plazo de presentación de enmiendas al referido proyecto de ley expiró el día 12 de septiembre, ampliándose hasta el día 18 de septiembre.
Durante dicho plazo, se presentaron una propuesta de veto del Grupo Parlamentario Popular y 112 enmiendas de los siguientes senadores y grupos parlamentarios: senador Jorquera, del Grupo Parlamentario Mixto; Grupo Parlamentario Catalán de Convèrgencia i Unió; Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y Grupo Parlamentario Popular. La ponencia designada por la Comisión de Interior para informar el proyecto de ley ha estado formada por los señores Conde Bajén, Cosidó Gutiérrez y Sacristán Rodríguez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular; los señores Barranco Gallardo, Camacho Sánchez y Rodríguez Martín, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista; el señor Bruguera Batalla, en nombre del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; la señora Etxegoyen Gaztelumendi, en nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; el señor Badia i Chancho, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convèrgencia i Unió; el señor Belda Quintana, en nombre del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, y el señor Mur Bernad, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.


La ponencia, reunida el día 24 de septiembre, acordó diferir el examen del proyecto y de las enmiendas al debate en comisión. Esta se reunió el día 24 de septiembre para dictaminar el proyecto de ley. Las enmiendas defendidas fueron rechazadas, y la comisión aceptó como dictamen el texto remitido por el Congreso de los Diputados.


Por otra parte, en el curso de la sesión se retiraron la enmienda número 8, del senador Jorquera, y la número 72, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. El dictamen de la comisión, junto con los votos particulares presentados, ha sido publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del día de hoy.


Este proyecto de ley tiene por finalidad actualizar el Estatuto de la Guardia Civil y acercar su régimen jurídico al del resto de los servidores públicos. A este respecto, en su Título II aborda la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas; el Título III, la de los deberes de los miembros de la Guardia Civil; el Título IV, determinados derechos y deberes de dichos miembros; y el Título V, los derechos profesionales. La principal novedad reside en la previsión del derecho de asociación profesional, que se regula en el Título VI, y en la institucionalización de la participación profesional por medio del Consejo de la Guardia Civil, que se aborda en el Título VII.


Completan el proyecto de ley cuatro disposiciones adicionales referentes a la aplicación del régimen de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas, al régimen especial de agrupaciones de escalas y a determinadas modificaciones de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación y de la Ley 42/1999, Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil.


Finalmente, el proyecto incluye dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor ministro del Interior para la presentación de la ley.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores senadores, comparezco una vez más en esta tribuna para presentar el proyecto de ley reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, un proyecto de ley cuya aprobación considero que va a marcar un antes y un después en la historia de la Guardia Civil al reconocer ciertos derechos fundamentales a sus miembros, situando la normativa reguladora de esta institución a la altura de lo que los guardias civiles merecen y de aquello que con toda seguridad los ciudadanos esperan.


También en este caso, como saben sus señorías, estamos cumpliendo uno de los compromisos adquiridos en el programa electoral con el que el Partido Socialista concurrió a las elecciones generales. Textualmente se recogía en él que la regulación del derecho de asociación profesional de los miembros de la Guardia Civil, de acuerdo con lo previsto en los artículos 22 y 104.2 de la Constitución para la representación y promoción de las condiciones profesionales y de sus miembros sería objeto de tratamiento específico en esta legislatura, y así ha sido.


Desde el inicio de su elaboración han sido tres los grandes objetivos que hemos perseguido con este proyecto de ley. En primer lugar, dotar al Cuerpo de la Guardia Civil

Página 8226


de un auténtico estatuto regulador de los derechos y deberes de sus miembros, superando el tratamiento enormemente limitado que se recoge en la ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.


En segundo lugar, pretendíamos disponer de una regulación que respondiera a la realidad social del Cuerpo de la Guardia Civil hoy. Finalmente, nos proponíamos regular el derecho de asociación profesional de los guardias civiles y establecer un nuevo órgano de participación, el consejo de la Guardia Civil, en el que se sienten los representantes de los miembros del Instituto Armado. Creo poder decir con toda seguridad, y en buena medida gracias a las aportaciones de los grupos parlamentarios, que los tres objetivos están ampliamente conseguidos en este texto.


También en este caso contamos desde el principio, para la elaboración del proyecto de ley que hoy se discute en esta Cámara, con el parecer de las distintas opciones existentes dentro de la Guardia Civil, con la experiencia comparada de cuerpos de semejante naturaleza en países de la Unión Europea y, por supuesto, con la colaboración de los departamentos implicados, básicamente Defensa, Justicia, Economía, Presidencia y Administraciones Públicas.


El proyecto de ley parte, como no podía ser de otra forma, de la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas para todos los ciudadanos en nuestra Constitución.
De esta forma, el texto regula el ejercicio de estos derechos y de estas libertades para los guardias civiles, con las limitaciones o las condiciones derivadas de su naturaleza, de su responsabilidad, de aquellas que tienen constitucional y legalmente asignadas, y de la trascendencia que el mantenimiento de la seguridad pública exige a los responsables de esa garantía, si bien lo hace partiendo de una premisa esencial, y es que las peculiaridades que se introducen en el ejercicio de estos derechos son mínimas y están plenamente justificadas en virtud de las exigencias derivadas del servicio o de la propia naturaleza o configuración de la Guardia Civil como instituto armado de naturaleza militar.


Por este motivo, se recogen algunas limitaciones, entre otras las referidas a las libertades de residencia y desplazamiento, al ejercicio de la libertad de expresión o al ejercicio del derecho de reunión. En todo caso, la principal novedad que incluye este texto es el reconocimiento a los guardias civiles del derecho fundamental de asociación en su doble vertiente: la genérica, que podrán ejercer de acuerdo con lo establecido en la ley orgánica correspondiente al derecho a la asociación, y la específicamente profesional, a cuyo tratamiento detallado se dedica un título en el presente texto de ley.


El nuevo régimen jurídico que establecemos recuerda a aquel que se recoge específicamente en la Constitución para determinados colectivos como el de jueces, magistrados y fiscales, y permitirá la creación de asociaciones profesionales integradas exclusivamente por miembros no retirados de la Guardia Civil para la promoción y defensa de los intereses profesionales de sus asociados, sin que en ningún caso dichas actuaciones puedan amparar o encubrir otras que les están expresamente vedadas y que también aparecen recogidas, en el texto.


Se recoge también en el proyecto de ley el carácter no lucrativo que deberán tener estas asociaciones, así como los medios que se ponen a su disposición y las condiciones para que puedan celebrar reuniones en centros oficiales de la Guardia Civil.


El proyecto pone, también, un énfasis especial en el reforzamiento de los mecanismos que garantizan la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en la Guardia Civil, con lo que se evitan así discriminaciones personales o de carácter profesional.


Por otra parte, el catálogo de derechos lleva aparejado un régimen de deberes de los miembros de la Guardia Civil, que por primera vez se establece con carácter general, que comienza con el deber de acatamiento a la Constitución y al ordenamiento jurídico y que incluye las obligaciones propias de los guardias civiles en aspectos tan relevantes como son el respeto a la jerarquía y a la subordinación, así como la prescripción obligatoria de que el uso de la fuerza en el ejercicio de sus funciones sea siempre legítimo y proporcionado, y algunas obligaciones en relación con la residencia, las incompatibilidades y el sometimiento a reconocimientos psicofísicos para determinar su completa aptitud para el servicio.


También se recogen en el proyecto de ley determinados derechos que al mismo tiempo constituyen deberes, como el de la defensa de España, el portar armas o el uso del uniforme, y un catálogo de derechos profesionales que tendrán un desarrollo posterior y que afecta a aspectos tan importantes para la vida cotidiana de los guardias civiles como el horario del servicio, las vacaciones, la prevención de riesgos laborales, la presentación de quejas o el régimen retributivo.


Por último, el proyecto de ley crea y regula el consejo de la Guardia Civil, un nuevo órgano colegiado en el que participarán representantes de la Guardia Civil y de la Administración, que tiene como finalidad mejorar tanto las condiciones profesionales de los guardias civiles como el funcionamiento de la propia Institución. De esta forma, los guardias civiles elegirán a los representantes de sus respectivas escalas en el consejo a través de un procedimiento electoral al que podrán concurrir las propias asociaciones, así como las agrupaciones de electores de guardias civiles no asociados que pudieran constituirse a tal fin.


En definitiva, señorías, el proyecto incorpora una regulación novedosa de los deberes y de los derechos profesionales de la Guardia Civil en una doble perspectiva: en primer lugar, canalizando las sensibilidades existentes en el Cuerpo que hasta ahora no habían encontrado un cauce adecuado de representación y, en segundo término, haciéndolo compatible con el específico estatuto de dicha institución, que en este texto legal no se altera.


Finalizo ya. Quisiera insistir una vez más en que este proyecto de ley de derechos y deberes, de la misma forma que el anterior, el relativo al régimen disciplinario que se acaba de votar, no es solo una expresión de nuestra obli-

Página 8227


gación como Gobierno, es también un reconocimiento al trabajo que desarrollan los guardias civiles. Es esta una valoración que estoy seguro de que compartimos con la inmensa mayoría de esta Cámara y prácticamente con todos los españoles. Estamos convencidos de que las medidas que hoy se están discutiendo y aprobando en esta Cámara van a contribuir a mejorar la eficacia de la Guardia Civil, lo que es tanto como decir que van a incrementar la seguridad y con ello la libertad de todos nuestros conciudadanos.


Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores senadores. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Presentado por el ministro el proyecto de ley orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, pasamos al debate.


En primer lugar, propuesta de veto que presenta el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el senador Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente, señores senadores.


Señor ministro, el tono que ha empleado usted en la presentación de este proyecto de ley es perfectamente descriptivo del entusiasmo que le genera la ley que hoy nos toca debatir. (El señor ministro del Interior, Pérez Rubalcaba: Es que tengo fiebre.) Discúlpeme entonces si es por la fiebre, pero es que me había parecido un tono bajo y poco entusiasta.


A fuer de ser repetitivo, no puedo iniciar mi intervención sin afirmar que para mi grupo la Guardia Civil es una institución esencial para garantizar la seguridad y la libertad de todos los españoles. En sus 163 años de historia esta Institución ha sido un ejemplo -y así lo han reconocido, y me alegra, otros muchos portavoces en esta tribuna- de entrega, de sacrificio, de abnegación, de servicio y de espíritu benemérito al servicio de la sociedad española. La Guardia Civil contribuyó decisivamente a la consolidación del Estado moderno en nuestro país, a la creación de un Estado de Derecho, y aún hoy garantiza una presencia efectiva del Estado en todos y cada uno de los rincones de España por más que les pese a algunos.


La Guardia Civil fue el instrumento esencial para acabar con el bandolerismo que asolaba la España del siglo XIX, el terrorismo anarquista de principios del siglo XX, y constituye hoy una institución indispensable para responder a los graves desafíos para nuestra seguridad que nos plantea el siglo XXI. En un momento en que la amenaza del terrorismo de ETA se ha revitalizado y en el que el terrorismo yihadista amenaza a España con creciente intensidad, la Guardia Civil está demostrando ser, cada día, un último seguro de vida para todos los españoles.


Es, por tanto, obligado comenzar mi intervención expresando el reconocimiento de mi grupo -que creo que es general- todos los guardias civiles que han escrito páginas en la historia de este Cuerpo, a los muchos que han dejado la vida en el servicio a los ciudadanos y a todos aquellos que cada día en nuestras carreteras, en nuestros campos, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades o en el mar trabajan incansablemente para garantizar nuestra seguridad y defender nuestra libertad.


La trascendencia de las misiones que tiene encomendadas la Guardia Civil, la relevancia de esta Institución en la estructura del Estado y el reconocimiento social del que goza este Cuerpo como una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos hacen más que aconsejable imprescindible que una reforma profunda de sus fundamentos legislativos, como la que abordamos esta tarde, se haga por consenso, al menos entre los dos partidos que constituyen una alternativa de gobierno en nuestro país. La triste realidad es que el Gobierno no sólo no ha querido ese consenso sino que, como tantas veces, ha preferido buscar la confrontación en los asuntos de Estado con el Partido Popular. El espíritu del Tinell parece que sigue teniendo plena vigencia en este ocaso de la legislatura.


Sé bien que ustedes nos echarán ahora la culpa de esa falta de consenso; echar la culpa al PP es un argumento recurrente que cada vez se creen menos ciudadanos. Pero para evitar debates estériles sobre culpabilidades quiero dejar constancia de dos hechos que resultan inapelables: el primero es que en esta Cámara, durante la tramitación de esta ley, no solo no ha habido consenso, es que no ha habido siquiera diálogo.


Ustedes han querido hacer de este debate un puro trámite reglamentario.
Han tramitado esta ley con la celeridad con la que se pasa una patata caliente de una Cámara a otra. Créanme que lo siento no solo política sino personalmente. Nada habría gustado más al Grupo Parlamentario Popular -y si me lo permiten, de forma especial a este portavoz- que haber llegado a un acuerdo en esta reforma tan necesaria y tan trascedente para el futuro de la Guardia Civil. No nos han dado siquiera la oportunidad de intentarlo. Allá ustedes con su responsabilidad.


El segundo hecho incuestionable es que aquellos grupos que con toda legitimidad democrática defienden abiertamente -me atrevería a decir que con pertinaz insistencia en algunos casos-, primero, la desmilitarización de la Guardia Civil, y, segundo, su disolución y desaparición, van a votar a favor de esta reforma. Por el contrario, el grupo mayoritario de esta Cámara, el grupo que más insiste en la importancia de la existencia de la Guardia Civil y que con más firmeza defiende las ventajas de su naturaleza militar, va a votar en contra. Creo que la diferencia de voto evidencia mejor que ninguno de los argumentos que yo pueda utilizar cuál es el sentido de la reforma que impulsa el Gobierno y hacia dónde se dirige. Señorías, con toda sinceridad y todo respeto, nosotros no los vamos a acompañar por un camino que conduce, en última instancia, a la desmilitarización primero y a la desaparición después de la Guardia Civil.


Además, este proyecto nace no de la convicción del Gobierno sino de la presión a la que se ha visto sometido. No puedo coincidir con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien, tras

Página 8228


la manifestación de guardias civiles de uniforme en la Plaza Mayor de Madrid, afirmó que el Gobierno no cedería a ningún chantaje; el chantaje, señor ministro, se lo plantearon otros sobre otra cuestión y, además, usted cedió lamentablemente, humillando con esa cesión a los españoles.
No ha habido en la Guarcia Civil chantaje, pero, a lo largo de estos años, sí ha habido en la Guarcia Civil mucha decepción con este Gobierno, mucha frustración y un sentimiento de estar siendo sistemáticamente engañados.


Los representantes de las asociaciones -alguno de ellos nos ha acompañado en parte del debate- saben bien que usted había decidido aparcar esta reforma hasta la próxima legislatura, y lo saben porque así se lo dijo el propio portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Pero, quizá, fruto de la casualidad, tras la manifestación del 20 de enero pasado -realizada de forma ilegal, y por la que usted tiene abiertos varios expedientes disciplinarios, sobre los que aun no sabemos cuál va a ser su resolución-, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista han dado una enorme celeridad a la práctica de esta reforma. Es una lástima, señor ministro, que este proyecto llegue tan tarde, en estas circunstancias y con estos antecedentes lamentables.


Entrando en el fondo del proyecto de ley, quiero decir que mi grupo mantiene una diferencia doctrinal fundamental respecto al mismo, que condiciona una parte de sus artículos y justifica por sí sola la presentación de este veto. Esta divergencia se refiere a la aproximación a los derechos y deberes de los guardias civiles y tiene que ver con la propia convicción ideológica de mi grupo parlamentario.


En el proyecto de ley impulsado por el Gobierno se da un marcado énfasis al derecho colectivo de asociación de los guardias civiles, orientación propia de una concepción colectivista y de izquierda como la que representa el Gobierno. En nuestro modelo alternativo, por el contrario, se pone un énfasis mayor en los derechos individuales de los guardias civiles, en sintonía con la concepción liberal de la sociedad que defiende mi partido. Así, el proyecto de ley que el Gobierno envió al Parlamento era más bien una mera ley de asociaciones profesionales y no una ley completa de derechos y deberes de los guardias civiles.


Es cierto que, durante su tramitación en el Congreso, se ha avanzado y que, en gran parte, gracias a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, se aceptaron y transaccionaron propuestas encaminadas a ampliar derechos tan fundamentales para los guardias civiles como la inviolabilidad de su domicilio, la imposibilidad de cualquier privación de libertad por vía administrativa -como hemos visto reflejado en el proyecto de ley anterior- o la libertad de movimientos, por poner solo algunos ejemplos.


En cierta medida, se corrigió así la cicatería inicial con la que el Gobierno había delimitado los derechos de los guardias civiles, hasta el punto de que el proyecto inicial se limitaba a una pobre reproducción de algunos derechos constitucionales a los que, en ocasiones, se incluían tantas excepciones que, de hecho, los hacían impracticables. Aun así, mi grupo considera que sigue habiendo un déficit de derechos individuales en el texto remitido al Senado que lo siguen haciendo inaceptable. Hablamos de derechos tan básicos como la libertad religiosa, el derecho al honor y a la propia imagen, el derecho a la seguridad propia y la de sus familias, derechos que, a nuestro juicio, no tienen aun el debido amparo en este proyecto de ley.


Por el contrario, el Gobierno pretende introducir en la Guardia Civil un modelo pseudosindical, que no solamente resulta incompatible con la naturaleza militar de la Guardia Civil, sino que introduce importantes distorsiones en el funcionamiento interno de la institución. Y lo que más preocupa es que este modelo pseudosindical que ustedes propugnan puede degenerar en una creciente politización de la Guardia Civil, reproduciendo en el seno de este Cuerpo el juego partidista que, lamentablemente, ya existe en otras instituciones del Estado. En la presentación, señor ministro, ya hablaba de las sensibilidades internas de la Guardia Civil y de las distintas opciones que existían dentro de la misma.


Señor ministro, ¿por qué ese miedo a las listas abiertas en las elecciones al Consejo? ¿Por qué esas trabas a que los guardias civiles puedan presentarse individualmente como candidatos? ¿Por qué esa diferenciación entre asociaciones profesionales de primera y asociaciones profesionales de segunda? Por lo tanto, no podemos asumir un modelo que estamos convencidos va a resultar distorsionador para el funcionamiento de la Guardia Civil, contraproducente para el servicio que presta a los ciudadanos y que pone en riesgo, además, la proverbial neutralidad política que la ha caracterizado a lo largo de su historia y que, a lo mejor, a ustedes empieza a molestarles.


Aunque me he referido al ejercicio de los derechos fundamentales de los guardias civiles, en nuestra opinión, tan importante como esto resultaría subsanar definitivamente el déficit de derechos sociales y profesionales, la discriminación profesional que han padecido históricamente los guardias civiles, y que siguen sufriendo hoy en algunos aspectos, respecto al resto de los servidores públicos.


Cuando esta ley entre en vigor, los guardias civiles tendrán reconocido un derecho de asociación que de hecho ya ejercen, pero seguirán siendo los servidores del Estado que más horas trabajan y que están peor pagados.


Cuando esta ley entre en vigor los guardias civiles tendrán reconocida, gracias a una enmienda de nuestro grupo, la inviolabilidad de su domicilio, y sin duda esto es fundamental, pero la mitad de ellos seguirá viviendo con sus familias en pabellones que no tienen unos mínimos de habitabilidad, y en ocasiones me atrevería a decir que de dignidad, como ayer mismo reconocía en Baleares el director general de la Guardia Civil.


Cuando esta ley entre en vigor los guardias civiles tendrán reconocido el derecho a la seguridad en el trabajo, pero muchos de ellos seguirán conduciendo vehículos con más de diez años de antigüedad y varios cientos de miles de kilómetros en sus ruedas.


Cuando esta ley entre en vigor los guardias civiles tendrán formalmente reconocido su derecho a conciliar su profesión con la vida familiar, pero en su mayoría segui-

Página 8229


rán conociendo el nombramiento del servicio con unas pocas horas de antelación.


Cuando esta ley entre en vigor los guardias civiles tendrán reconocido formalmente el derecho a no ser discriminados por motivo alguno, pero seguirán sufriendo un sistema de reparto de productividad que en ocasiones resulta manifiestamente discriminatorio.


Por tanto, señor ministro, señores senadores, les reitero el mensaje que ya les hemos dado en otras ocasiones: menos demagogia con la Guardia Civil y más competencia para solucionar sus problemas reales. Más derechos fundamentales, sin duda, pero también más derechos sociales y mejores condiciones profesionales. Y en materia de derechos sociales esta ley es, en buena medida, una oportunidad perdida.


Señor ministro, nadie puede negarle que usted es un maestro de la simulación. Durante más de tres años el Gobierno y su grupo parlamentario han estado toreando literalmente a las asociaciones de guardias civiles prometiéndoles cosas que luego no han cumplido. Cuando la situación se ha hecho insostenible ustedes han promovido in extremis una ley para salir del paso, para asegurarse cierta tranquilidad de cara al período electoral que ahora se abre. Pero esta ley es en buena medida un engaño a la Guardia Civil y a los guardias civiles que va a provocar a largo plazo mayor frustración aún de la que existe. El Gobierno no ha mostrado a lo largo de esta legislatura voluntad alguna de reforma y modernización de la Guardia Civil. El Gobierno ha ido siempre a remolque de las circunstancias, y solo ha actuado bajo la presión cuando esta se ha hecho insoportable. El ejercicio efectivo de los derechos que reconoce esta ley a los guardias civiles depende, en la inmensa mayoría de los casos, de un desarrollo reglamentario posterior. Los grandes principios que esta ley contiene pueden quedar en una mera declaración de intenciones si no existe voluntad real y efectiva de hacerlos realidad. Y mi grupo tiene dudas más que razonables sobre la voluntad real de usted, señor ministro, para aplicar esta ley.


Por eso el Grupo Popular les planteó ya en el Congreso una larga serie de enmiendas que tratan precisamente de concretar aspectos, para nosotros fundamentales, como el régimen de horarios, de vacaciones, de viviendas, de composición del consejo asesor, de personal o del sistema electoral que ustedes rechazaron porque no querían asumir esos compromisos. No era un afán reglamentista, sino un intento de que los principios plasmados en esta ley no dependan de la voluntad del Gobierno de turno, sino que queden reconocidos debidamente en el texto legal. El rechazo de estas enmiendas nos reafirma más en la convicción de que esta ley tiene su sello personal, generar la sensación de que está haciendo algo y en realidad no dar un solo paso efectivo.


Termino ya, señor presidente, diciendo que en todo caso nuestro veto es constructivo. Hemos presentado innumerables enmiendas que han mejorado sustancialmente aspectos fundamentales del proyecto remitido por el Gobierno y hoy vamos a debatir con posterioridad, si este veto no prospera, otras nuevas enmiendas.


Quiero terminar, señor ministro, como lo hice en mi última intervención, diciéndole que creo que hemos desaprovechado una magnífica oportunidad para habernos puesto de acuerdo en esta ley. Ni siquiera ha habido un intento de diálogo por parte del Grupo Parlamentario Socialista.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor senador.


En turno en contra del veto tiene la palabra el senador Camacho.


El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Señor presidente, señor ministro, buenas tardes.


En primer lugar quiero darle las gracias por estar aquí esta tarde. Sé que su condición física no es la más adecuada y probablemente sea la fiebre la que le haga tener ese tono de voz que reclamaba antes el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Pero no se preocupe, senador Cosidó, que el tono voy a intentar ponerlo yo en esta intervención y así no habrá ningún problema.


Señoría, no deja usted de sorprenderme. Tenía preparada una intervención para hablar del contenido de la ley porque pensaba que el veto que iba usted a defender hoy estaba relacionado con ello, pero nos ha hecho una exposición que muy poco tiene que ver con dicho contenido. No obstante voy a intentar responder a cada una de las cuestiones que ha planteado en su intervención.


El pasado día 7 de febrero tuvo usted la oportunidad de interpelar al ministro del Interior en este mismo hemiciclo para hablar de los incumplimientos del programa electoral del Partido Socialista y del Gobierno relacionados con la Guardia Civil. Entonces pudo oír cómo el ministro hacía referencia a todo lo que habíamos hecho en esa materia, algo que le voy a repetir en este momento, pues dispongo de 15 minutos, que es tiempo suficiente para exponérselo con tranquilidad. Y aunque a usted no le gusta que digamos alguna de esas cuestiones, se las voy a recordar por si se le han olvidado.


En su intervención ha dicho que no hemos hecho absolutamente nada en cuanto a la modernización de la Guardia Civil, pero dada su intervención de hace unos minutos tengo la sensación de que usted añora, y mucho, a la Guardia Civil del capote y la bicicleta, y de otra serie de cuestiones que por suerte hace ya muchos años que no están en vigor.


En nuestro programa electoral nos comprometimos a modernizar la Guardia Civil con una serie de medidas que le voy a enumerar. Para empezar nos comprometimos a la creación del mando único; y lo hemos hecho. Nos comprometimos a algo tan importante y básico, y que considero de pura lógica, como la unificación de las bases de datos que deberían compartir la Guardia Civil y la Policía Nacional; y también lo hemos hecho. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Página 8230


Nos comprometimos a mejorar las retribuciones de la Guardia Civil. Usted se ha quejado hace un momento de las retribuciones de los guardias civiles, que son los peor pagados, pero tiene usted muy mala memoria. Han gobernado este país durante ocho años, ¿y sabe lo que hicieron con la Guardia Civil y con los funcionarios públicos? Congelarles el sueldo para conseguir algo que para ustedes era la panacea: el déficit cero. Les congelaron el sueldo, señoría, y hemos tenido que venir nosotros, tras ocho años de Gobierno del Partido Popular, a solucionarlo incrementando las retribuciones. Eso lo sabe usted perfectamente porque ha tenido responsabilidades en la Dirección General de la Guardia Civil, y parece mentira que habiendo tenido esas responsabilidades suba a esta tribuna y diga con ese desparpajo determinadas cosas, senador Cosidó. Debería ser usted, como mínimo -y no entro en otra serie de consideraciones-, algo más prudente.


Lo siguiente que nos comprometimos a hacer, y hemos hecho, era el incremento de las plantillas, no solo de la Guardia Civil, sino también de la Policía Nacional, es decir, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Se acuerda usted de qué número de efectivos de la Guardia Civil había cuando llegaron al Gobierno? Había 71.000 efectivos; cuando se fueron había 68.000, y ¿sabe cuántos hay ahora, tras tres años de Gobierno del Partido Socialista? Pues hay 13.000 efectivos más.


Hablaba usted también de las condiciones sociales de la Guardia Civil.
¿Sabe cuánto ha incrementado este Gobierno socialista -que se supone que no ha hecho nada por la Guardia Civil en tres años- las ayudas sociales que ustedes daban? Pues se han incrementado un 639 por ciento. No un 63,9 por ciento, sino un 639 por ciento. Así pues, algo se ha hecho, señoría.


Y en su intervención del día 7 de febrero en esta Cámara dijo públicamente que no íbamos a cumplir con el compromiso electoral de reformar el régimen disciplinario y los derechos y deberes de la Guardia Civil. Por cierto, señoría, que lo del régimen disciplinario es muy curioso, pero creo que con la intervención de hoy en este salón de plenos, no solo respecto de esta ley, sino también de la anterior, se van quitando ustedes la piel de cordero y ya les vamos viendo muy claro; estoy convencido de que los miembros de la Guardia Civil también lo ven.


Por mucho que digan desde esta tribuna que quieren que se modifique el régimen disciplinario, no lo quieren; quieren que las cosas continúen igual y que se les siga aplicando el Código Penal Militar en todas las circunstancias, y siguen diciendo que el Partido Socialista quiere desmilitalizar la Guardia Civil para que posteriormente desaparezca. Ese discurso ya no se lo cree absolutamente nadie, senador Cosidó; absolutamente nadie, y menos dentro de la Guardia Civil, porque les conocen a ustedes muy bien. Pregunten ustedes a los miembros de la Guardia Civil por lo que ustedes han hecho durante ocho años. Si usted mismo dijo desde aquí que no se había hecho nada en materia de inversión en las casas cuartel; usted mismo lo reconoció en un debate presupuestario, ¿se acuerda de ese lapsus? ¿Se acuerda?

El Gobierno ha elaborado un plan de inversiones para solucionar lo que no se había hecho durante ese tiempo. Eso se ha dejado claro y, por lo tanto, no pretenda desde esta tribuna -porque le puedo asegurar que no lo consigue- dar lecciones sobre lo que tenemos que hacer para modernizar la Guardia Civil. Ése es el trabajo que hemos venido haciendo, eso es lo que vamos a seguir haciendo, cumpliendo con nuestros compromisos y, de hecho, hoy estamos cumpliendo con un compromiso de nuestro programa electoral.
Además, se trata de un compromiso que parte de la legislatura anterior, ¿se lo recuerdo? Durante su etapa de Gobierno se presentó una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para la no aplicación del Código Penal Militar en los casos en que la Guardia Civil no estuviera en misión de guerra y ustedes, con un desparpajo descomunal, votaron en contra.
Tenían mayoría absoluta, podían hacer lo que quisieran y lo que hicieron fue aplicarla votando en contra. Posteriormente, han estado mareando la perdiz y diciendo que quieren que se reforme, pero hoy se ha visto claramente que no; que no querían que se reformara, que querían que se siguiera aplicando el Código Penal Militar en todas las circunstancias.
En cuanto a sus derechos y deberes, creo que ha quedado plasmado claramente en su intervención. Ustedes no quieren que se modifique nada y, como decía al principio, quieren que la Guardia Civil continúe con el capote, la cartuchera y, a ser posible, hasta con la bicicleta, porque si quiere algún día hablaremos del estado de los vehículos y quizá tenga alguna responsabilidad el anterior director de la Guardia Civil a quien, por cierto, le gustaban mucho los coches, ¿se acuerda de lo de los rallies? Quizá también tenga alguna responsabilidad.


Por lo tanto, senador Cosidó, tengo que pedirle -si es que puedo pedirle algo-, que ese carácter que usted pone de manifiesto en esta tribuna para achacar al Gobierno sus incumplimientos lo utilice también para analizar qué es lo que han hecho ustedes durante ocho años y qué es lo que pueden hacer para ayudar a que la Guardia Civil sea una fuerza de seguridad del Estado moderna. Eso es lo que queremos, en eso estamos trabajando, eso es lo que está haciendo el Gobierno y lo que va a seguir haciendo el Grupo Parlamentario Socialista, aunque a ustedes les pese.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Intervengo simplemente para manifestar el voto en contra del Bloque Nacionalista Galego a esta propuesta de veto.


En cualquier caso, y por agilizar el debate, prefiero reservar mis argumentos para el turno de defensa de las enmiendas si, como es lógico, no prospera el veto.


Página 8231


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Belda.


El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, voy a intervenir brevemente para fijar la posición de mi grupo parlamentario con respecto al veto presentado por el Grupo Parlamentario Popular y al contenido de la propia iniciativa legislativa ya que, desde el punto de vista de Coalición Canaria, resultaba una necesidad imperiosa adaptar el régimen legal de la Guardia Civil a la realidad social. La sociedad va evolucionando y las normas e instituciones tienen el deber de adaptarse a todos esos cambios sociales, y con más razón, señorías, en el caso de un cuerpo de seguridad con más de 150 años de historia y de un indudable prestigio entre los cuerpos de seguridad y policiales de otros países de nuestro entorno.


Desde nuestro punto de vista, el contenido del proyecto de ley se ajusta plenamente al espíritu y a la letra del texto constitucional, procediendo a regular el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas para un grupo concreto de funcionarios, los miembros de la Guardia Civil y, además, lo hace con las mínimas peculiaridades y limitaciones, únicamente aquellas necesarias derivadas de las exigencias del servicio y de la importante naturaleza de sus funciones. A la vez, entendemos muy positiva la regulación del derecho fundamental de asociación, tanto en la vertiente genérica como en la vertiente específicamente profesional. Esto era algo que clamaba al cielo, que ya había sido reconocido por el propio Tribunal Constitucional, y que se introduce de manera similar a la de otros grupos de funcionarios, como los jueces, magistrados o fiscales.


También quisiéramos destacar como acertada y muy oportuna la regulación que introduce mecanismos para garantizar la igualdad real y efectiva de los hombres y mujeres de la Guardia Civil, para evitar así cualquier atisbo de discriminación personal o profesional por razón de género. En el mismo sentido, mostramos nuestro apoyo a la regulación de las obligaciones y deberes de los miembros de la Guardia Civil. Y finalmente, valoramos también de manera positiva la introducción del Consejo de la Guardia Civil, con participación de representantes de los miembros del Cuerpo y de la propia Administración, para buscar soluciones comunes a las condiciones profesionales de los miembros y al propio funcionamiento de la institución.


Por tanto, en líneas generales Coalición Canaria está de acuerdo con el contenido de este proyecto de ley. A la vez se ha mejorado el proyecto inicial, tanto en el Congreso de los Diputados como en esta Cámara, a través de las oportunas enmiendas y las transaccionales. Todo ello nos lleva a la conclusión de que vamos a votar favorablemente el proyecto de ley y, por lo tanto, en contra del veto presentado por el Grupo Parlamentario Popular.


Señorías, quisiera concluir con un reconocimiento y una sugerencia. Un reconocimiento, como no podía ser menos, a las importantes funciones que en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen tiene y ha tenido la institución de la Guardia Civil, así como un reconocimiento a la dedicación de sus miembros en el cumplimiento de sus funciones. Y una sugerencia, señorías, ya que junto con este proyecto de ley orgánica que regula los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil acabamos de aprobar, también, el proyecto de ley orgánica del régimen disciplinario de la Guardia Civil, y está a punto de entrar en esta Cámara el proyecto de ley de modificación de la Ley 42/1999, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, si a esto, además, le sumamos las disposiciones de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, yo me planteo si no sería mejor compilar o refundir todos estos textos legales, con la finalidad de que la Guardia Civil disponga de un solo texto legal, en el que se contemplen todos estos aspectos de su actividad y de su personal. Ya sé que no es fácil, evidentemente, porque no puede facultarse al Gobierno al tratarse de materias, muchas de ellas con reserva de ley orgánica, pero dejo esta idea sobre la mesa para que desde las Cortes Generales nos planteemos elaborar un estatuto de la Guardia Civil, con rango de ley orgánica, que comprenda todos estos aspectos contenidos en diversas leyes, bien a iniciativa de los propios grupos parlamentarios, o bien a iniciativa del propio Gobierno.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Badia.


El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo para manifestar nuestro voto en contra del veto presentado por el Grupo Parlamentario Popular.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.


Con la misma brevedad, intervengo para anunciar igualmente el voto negativo de mi grupo parlamentario al veto presentado y defendido por el Grupo Parlamentario Popular.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de la Entesa tiene la palabra el senador Bruguera.


El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.


No pensaba intervenir en este turno, pero lo hago para referirme a dos cuestiones, al hilo de la intervención del senador Cosidó.


En primer lugar, una aclaración ante una afirmación que ha puesto sobre la mesa y que, utilizando las palabras

Página 8232


menos duras, me parece una inexactitud y una injusticia histórica. Me refiero al hecho de haber calificado como sinónimo de terrorismo al anarquismo de principios del siglo XIX. Este senador que les habla no tiene nada que ver con el anarquismo, pero esta afirmación me parece de una rigurosidad histórica y política nula. Por tanto, debo decir que no todo el anarquismo de principios del siglo XIX fue terrorista.


En segundo lugar, comparto con el senador Cosidó el hecho de que, efectivamente, el modelo que ha planteado, refiriéndose al término doctrinal, es radicalmente distinto al que nosotros defendemos.
Evidentemente, en este debate se comprueba un modelo encarnado por el Grupo Parlamentario Popular y el que se ha negociado y consensuado entre los restantes grupos parlamentarios y que nosotros también compartimos.


Por tanto, el veto que usted ha defendido, que, a su vez, es la justificación de la enmienda a la totalidad que su grupo parlamentario presentó en el Congreso de los Diputados, con texto alternativo, no lo podemos compartir, de modo que vamos a votar en su contra.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Camacho.


El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


Muy brevemente, señor presidente, simplemente, para agradecer la posición del resto de los grupos en cuanto a la aprobación o no del veto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Gracias, señor presidente.


Subo a la tribuna, porque, si no, el señor ministro me riñe, pues dice que cuando hablo desde el escaño es que no tengo argumentos para poder contestar.


Quiero empezar dando un consejo al senador Camacho. Señoría, mire a ver si la Presidencia le concede la gracia de publicar el discurso que traía escrito, porque el que ha hecho no es que no tenga que ver con los derechos y deberes de la Guardia Civil -que no ha dicho absolutamente nada sobre los derechos ni sobre los deberes reflejados en esta ley-, sino que únicamente ha tratado de lo malo que es el Partido Popular, que es su afición favorita pero que, repito, no tiene nada que ver con aquello. Quedaría mucho mejor parlamentariamente si la Presidencia tuviera a bien publicar como anexo la intervención que traía preparada.


También quiero hacerle una petición, señoría: no persevere tanto en la mentira; es decir, ya la ha utilizado muchas veces. Muy gustosamente le voy a enviar una copia de la última memoria estadística de la Guardia Civil, editada este año y relativa a 2006, donde verá -le indicaré la página- que sus efectivos, a fecha 31 de diciembre de 1996, eran 71.923, y a fecha 31 de diciembre de 2004, 72.066, es decir, no hubo decrecimiento durante los Gobiernos del Partido Popular. (El señor Camacho Gutiérrez: «Envíemelo, envíemelo.») Se lo enviaré, porque es un debate sobre cifras objetivo. No persevere tanto en la mentira, porque no es la primera vez que se lo digo. Por tanto, ya no puedo alegar ignorancia, sino mala fe en su persistencia en la mentira.


Por otra parte, cada uno es muy libre de tener las aficiones que quiera y todas son muy respetuosas. Al señor López Valdivielso le gustaban los coches -es una opción-, a otros directores de la Guardia Civil les daba por organizar orgías; no pasa nada. Creo que lo que tiene que preocupar a los ciudadanos es que cada uno pague sus aficiones con su dinero, eso sí que es muy importante. Por tanto, me han parecido profundamente desafortunadas y, con los antecedentes que tienen ustedes, temerarias esas afirmaciones personales sobre las aficiones de unos y otros ex directores de la Guardia Civil.


No era mi intención catalogar a todos los anarquistas de principios del siglo XX como terroristas, más bien me refería al terrorismo de corte anarquista. Desde luego, no era mi intención hacer una equiparación y creo que tiene razón cuando su señoría dice que no siempre ha sido así.


Lo que sí puedo afirmar con orgullo es que en ocho años de gobierno del Partido Popular se avanzó más en el ejercicio de los derechos de los guardias civiles que en los diecisiete años que ha gobernado el Partido Socialista en este país desde la transición democrática.


Fue un Gobierno del PP el que estableció, por primera vez en la historia del Cuerpo, un horario reglado de servicio que tuvo como efecto una reducción muy sustancial de la jornada laboral de los guardias civiles.
Fue un Gobierno del PP el que, por primera vez, comenzó a compensar a los guardias civiles en el exceso de horas de servicio. Fue un Gobierno del PP el que, por primera vez, impulsó un régimen de personal para la Guardia Civil diferenciado del régimen del personal de las Fuerzas Armadas. Fue un Gobierno del Partido Popular el que estableció un primer consejo asesor de personal como un nuevo canal de interlocución interna, pero fue a ustedes, y no a nosotros, a los que les dimitieron; asimismo, fueron ustedes, y no nosotros, los que consiguieron una participación del 1 por ciento de los guardias civiles, mientras que cuando gobernaba el Partido Popular votaron en las elecciones un 50 por ciento de los guardias civiles en activo; ustedes se cargaron el consejo asesor de personal y quieren ahora volver a reinventarlo. Fue un Gobierno del Partido Popular el que celebró las primeras elecciones internas dentro de un cuerpo para elegir a los representantes de los guardias civiles en dicho consejo; fueron las primeras elecciones en la historia de la Guardia Civil. Fue un Gobierno del Partido Popular el que flexibilizó la normativa para fijar la residencia de los guardias civiles. Fue un Gobierno del Partido Popular el que hizo que la sanción de arresto prácticamente desapareciera como sanción antes incluso de la

Página 8233


reforma legislativa que ahora estamos abordando; prácticamente desapareció y se redujo a la mínima expresión porque ustedes, por arrestar, arrestaban hasta a los miembros de las asociaciones de la Guardia Civil.
Fue un Gobierno del Partido Popular el que hizo las modificaciones reglamentarias sobre pabellones para que no hubiera discriminación alguna para las parejas de hecho de cualquier tipo. Y fue un Gobierno del Partido Popular el que, por primera vez, estableció una interlocución directa con las asociaciones de la Guardia Civil para dialogar sobre los muchos problemas profesionales -y he hecho referencia a algunos- que, lamentablemente, todavía tienen los guardias civiles.


Por lo tanto, no me venga esta tarde con el estereotipo del dóberman que va a quitar las pensiones y va a meter en la cárcel a los guardias civiles, porque no se lo cree nadie. Ese estereotipo está más pasado que el capote de la Guardia Civil al que ha hecho usted referencia.


Pero quiero decirle algo más. Esa Guardia Civil que andaba por los campos de España, que usted personalmente conoce bien, era poseedora de unos valores que son los que hoy hacen que la Guardia Civil sea la institución mejor valorada por la sociedad y que siga prestando a los ciudadanos y a España los servicios que actualmente realiza, así que más respeto para la Guardia Civil del capote.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-Rumores.-Un señor senador: ¡Demagogo!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (El señor Camacho Sánchez pide la palabra.)

Sí, senador Camacho.


El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Señor presidente, solicito la palabra por el artículo 87.


El señor PRESIDENTE: Tiene su señoría la palabra.


El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Simplemente, quiero aclarar una cuestión que ha dejado en el aire el portavoz del Partido Popular cuando en una última afirmación ha pedido más respeto para la Guardia Civil.


En ningún momento he faltado el respeto a la Guardia Civil, y el senador Cosidó sabe perfectamente que jamás se me ocurriría hacerlo. Lo único que he puesto en duda desde esa tribuna ha sido la actitud y el comportamiento del Partido Popular, pero jamás el de la Guardia Civil.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Un señor senador: ¡Demagogo!-La señora senadora Vindel López: ¡Encima!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (Rumores.)

Señorías, silencio, por favor.


Vamos a someter a votación la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Popular al proyecto de ley orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 119; en contra, 122.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el veto.


Pasamos, a continuación, a debatir las enmiendas al proyecto de ley.


En primer lugar, las enmiendas del senador Jorquera.


Tiene la palabra su señoría.


El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señor presidente. (Rumores.)

Señorías, como he hecho en el debate del anterior proyecto de ley..


El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría.


Señorías, ruego guarden silencio o abandonen el hemiciclo.


El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señor presidente. Como he hecho en el debate del anterior proyecto de ley, aprovecharé el turno de enmiendas no solo para exponer las enmiendas presentadas por el BNG, sino para fijar posición con respecto al proyecto de ley en su conjunto. Al igual que en el proyecto de ley orgánica del régimen disciplinario de la Guardia Civil, el BNG saluda los avances que este proyecto introduce con respecto a la situación anterior, algunos fruto de transacciones a las que se llegó en el Congreso de los Diputados a partir de enmiendas del BNG. Así, las enmiendas presentadas por el BNG en la Cámara baja han contribuido a establecer limitaciones a las restricciones del derecho de residencia, también han conseguido limitar los supuestos en los que se puede denegar la autorización para la celebración de reuniones en centros oficiales de la Guardia Civil y han introducido la posibilidad de consulta a las asociaciones profesionales en el proceso de elaboración de proyectos normativos que afecten a las condiciones profesionales de los miembros de la Institución. No obstante, consideramos que el proyecto sigue siendo mejorable en muchos aspectos. Hay una congruencia evidente entre este proyecto de ley y el que regula el régimen disciplinario de la Guardia Civil, como hay también, no podía ser de otra manera, una congruencia evidente entre las enmiendas presentadas por el BNG a ambos textos. Avanzar en la civilización, entre comillas, de la Guardia Civil, avanzar en la plena normalización democrática a la hora de establecer el régimen de derechos y deberes de los miembros de este Cuerpo significa, a nuestro juicio, equiparar en todo lo posible este régimen al del resto de los funcionarios policiales. Esta consideración es la que ha motivado la presentación por parte de nuestra formación política de 18 enmiendas, muchas de ellas atendiendo a demandas de asociaciones de guardias civiles representativas y activas que operan en nuestro país, Galicia, enmiendas que a continuación paso a exponer.


La enmienda número 2 propone suprimir la referencia a la observancia de la disciplina y el deber de neutralidad política y sindical a la hora de fijar límites al ejercicio del

Página 8234


derecho a la libertad de expresión e información. Entendemos, por un lado, que la observancia de la disciplina es un concepto demasiado ambiguo y puede introducir elementos arbitrarios en la limitación de este derecho.
Por otro lado, consideramos que la neutralidad política y sindical es exigible a los guardias civiles en el desempeño de sus funciones, pero no en su labor asociativa. Consideramos que en este artículo, como en otros, el proyecto de ley es especialmente temeroso de las relaciones de colaboración que puedan darse entre las asociaciones y los sindicatos, ya sean centrales sindicales de clase o sindicatos de funcionarios de Policía. Por ese motivo, la enmienda número 3 propone suprimir el punto 1 del artículo 8 que establece límites al ejercicio de los derechos de reunión y manifestación. Entendemos que declarar una manifestación o reunión de carácter sindical o político es realmente complicado puesto que todas las manifestaciones siempre tienen cierta connotación política o sindical. Pensamos, por ello, que con las limitaciones establecidas en el punto 3 debe ser más que suficiente.


Esta misma motivación es la que nos ha llevado a presentar las enmiendas números 5, 7 y 12. Así, la enmienda 5 propone eliminar el punto 5 del artículo 9, que establece que las asociaciones de guardias civiles no podrán llevar a cabo actividades políticas o sindicales ni formar parte de partidos o sindicatos. Las propias definiciones de política o de actividad sindical invalidan, a nuestro juicio, este punto. Si se está regulando una vía de representación colectiva de los trabajadores, ¿cuál es la frontera que determina que esas actividades sean sindicales o no?

La enmienda número 4 propone suprimir como motivo para la no autorización de una reunión causas de mantenimiento de servicio. Entendemos que es un concepto excesivamente ambiguo que deja abierta una puerta a la arbitrariedad de su aplicación.


Señorías, la enmienda número 9 pretende suprimir el apartado 1 del artículo 21, residencia y domicilio, por entender que impone reservas al derecho de residencia de dudosa constitucionalidad.


El artículo 19 de la Constitución Española regula como derecho fundamental que los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional sin hacer, al contrario de lo que sucede con el derecho de sindicación, ninguna reserva para los cuerpos militares.


La enmienda 10 propone la modificación del punto 2 del artículo 37 que regula el régimen económico de las asociaciones profesionales. Pensamos que la percepción de subvenciones públicas debe ser preceptiva y consideramos que no sólo deben realizarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado sino que también hay que contemplar la posibilidad de que sean con cargo a los presupuestos de las comunidades autónomas.


La enmienda 11 propone añadir un nuevo apartado al artículo 37 que establece el derecho de las asociaciones profesionales de guardias civiles a que se les faciliten los locales adecuados para el desarrollo de sus actividades.


Señorías, creemos que no sólo se debe reconocer el derecho de asociación.
Es necesario facilitar y fomentar el desarrollo del asociacionismo. Esto es fundamental para el funcionamiento de una sociedad democrática en todos sus ámbitos, incluida la Guardia Civil.


No voy a insistir, señorías, en este argumento, simplemente les apunto que esta propuesta es idéntica a la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 19 de abril de 2002.


La enmienda número 14 propone una nueva redacción del punto 2 del artículo 45 que regula los derechos de los representantes de las asociaciones profesionales representativas. Consideramos que se tienen que regular unos permisos para que los miembros del Consejo de la Guardia Civil estén dotados de las mismas condiciones en cuanto al acceso a estos permisos que el resto de los trabajadores de las administraciones públicas.


Las enmiendas 15, 16 y 17 se refieren a la composición, funciones y derechos de los miembros del Consejo de la Guardia Civil. Así, la enmienda 15 propone eliminar el sistema de representación por escalas. La enmienda 16 propone un nuevo catálogo de funciones. Consideramos que las funciones propuestas en nuestra enmienda son las que mejor equiparan al Consejo de la Guardia Civil con las funciones de las juntas y delegados de personal de las administraciones públicas.


En esta misma línea la enmienda 17 pretende equiparar los derechos de los miembros del Consejo a los delegados de las juntas de personal de las administraciones públicas.


La enmienda 18 propone suprimir la disposición adicional primera, puesto que no tiene sentido tener a unos guardias civiles con unos derechos y a otros con otros dependiendo de dónde estén destinados. Además, los destinos en el extranjero suelen tener carácter temporal, incluso comisiones de servicio, lo que dificulta la aplicación de esta disposición. Existen funcionarios civiles que prestan sus servicios en el ámbito de la Defensa y no por ello pierden sus derechos y deberes.


La enmienda 19 propone la inclusión de una disposición transitoria nueva que establezca que hasta tanto se regule la disposición de créditos de tiempo, horas mensuales y permisos, según se dispone en el artículo 57.3, los miembros de la Guardia Civil dispondrán de los mismos créditos que se regulan para las organizaciones sindicales del Cuerpo Nacional de Policía con representación en el Consejo de Policía.


Hay también dos enmiendas relativas a la adaptación de esta ley a un Estado plurinacional y pluricultural como desde nuestro punto de vista, es el Estado español. Así, señorías, la enmienda 6 propone añadir un artículo 17 bis relativo al conocimiento y uso de las lenguas oficiales del Estado que establezca el deber del conocimiento por parte de los miembros de la Guardia Civil de la lengua o lenguas oficiales del territorio en el que estén destinados. Esta es una cuestión ya recurrente en debates en esta Cámara, señorías. El ejercicio de un derecho siempre conlleva la

Página 8235


exigencia de deberes, y nunca podrá ser efectivo el derecho de los ciudadanos a que los servidores públicos se dirijan a ellos en su idioma si no se establece el deber de su conocimiento por parte de los funcionarios.


Por último, señorías, paso a exponer la enmienda número 1 para la cual solicito -ya lo hago expreso- votación separada del resto de las enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego porque comprendo que introduce un factor ideológico político y que puede haber grupos parlamentarios en esta Cámara a los que les resulte difícil de asumir.
Por tanto, solicitamos votación separada respecto de otras enmiendas que estamos convencidos que significan avanzar en la dirección de la democratización y modernización del régimen de derechos y deberes de la Guardia Civil. Así la enmienda número 1 propone sustituir la palabra nacional en todo el texto por la palabra estatal. No voy a introducir ahora un debate sobre lo que es una nación y lo que es un Estado, creo que sería abusar de su paciencia, y en otras ocasiones tendremos oportunidad de introducir este debate tan rico. En cualquier caso, a criterio del Bloque Nacionalista Galego la introducción del término estatal es mucho más respetuosa con la realidad profunda del Estado español, que es un Estado configurado por distintas naciones y por distintos pueblos. De ahí el sentido de esta enmienda.


Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


¿Por el Grupo Parlamanterio de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Badia.


El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, no solo voy a hacer la defensa de nuestras enmiendas sino que en este turno también expondré el posicionamiento de nuestro grupo en relación con este proyecto de ley.


Es evidente que estamos ante un nuevo modelo de derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, y nuestras enmiendas han ido en la línea de concretar tres cuestiones fundamentales. La primera, la garantía de la libertad personal de los guardias civiles; la segunda, la garantía de neutralidad en el ejercicio de su labor, y la tercera, dar contenido al Consejo de la Guardia Civil con garantía de cumplimiento de sus funciones.


Estas diez enmiendas que presentamos, siete de las cuales son de supresión; dos, de modificación y una, de adición, intentan mejorar el proyecto de ley y conseguir que estos objetivos a los que me he referido se cumplan.


En concreto, la enmienda número 106, de supresión, hace referencia a una de las cuestiones fundamentales para nosotros en el contenido futuro de esta ley: la imprescindible neutralidad en el ejercicio de las funciones profesionales respecto de lo que es la labor asociativa, a la que también tienen derecho los miembros de la Guardia Civil. Entendemos que esta diferenciación entre capacidad asociativa y capacidad funcional en el ejercicio de su actividad es una cuestión imprescindible.


También planteamos como enmienda de supresión la número 107 en tanto en cuanto no podemos limitar la colaboración social de las diferentes organizaciones dentro de la Guardia Civil con sindicatos y asociaciones profesionales.


Asimismo, la enmienda número 108 se refiere a la neutralidad e imparcialidad de sus funciones pero no a la limitación de sus derechos, y, por tanto, no podemos limitar estas acciones de orden sindical y representativo.


Respecto a la enmienda número 109, entendemos que no es lógico prohibir las relaciones sindicales en el ámbito nacional, como se hace en la ley, y permitirlas en el ámbito internacional. Es una contradicción, y de ahí nuestra propuesta de supresión del texto legal a través de esta enmienda.


Finalmente, las enmiendas números 110 y 111 van íntimamente ligadas al respeto a la función neutral de la Guardia Civil en el ejercicio de sus competencias pero en ningún caso limitando su capacidad asociativa porque entendemos que es esta una cuestión fundamental.


Respecto a la enmienda número 111, también de supresión, entendemos que es imprescindible la regulación de los permisos en igualdad de condiciones al resto de los trabajadores de las administraciones públicas. Las cuarenta horas por semana debe ser una cuestión innegociable si realmente queremos avanzar en el modelo de la Guardia Civil de futuro.


Finalmente, las enmiendas números 112 a 115 hacen referencia al Consejo de la Guardia Civil. En ellas buscamos garantizar que el cumplimiento de las funciones de este Consejo sea real, de ahí la enmienda número 112, que hace referencia a la composición del Consejo de la Guardia Civil, buscando evitar el perjuicio en la escala de suboficiales, cuestión que si no se produce provocaría un perjuicio en su representación.


La enmienda número 113 es de adición en tanto en cuanto asimilamos los derechos de los vocales del Consejo de la Guardia Civil a los que tienen los delegados de las juntas de personal de las administraciones públicas, lo que a nuestro entender es imprescindible.


La enmienda número 114 es de supresión, en tanto en cuanto entendemos que no es viable que los guardias civiles tengan derechos distintos en función de su destino.


Finalmente, respecto a la enmienda número 115, de modificación, entendemos que el régimen especial de agrupación de escalas garantiza su presencia en dicho Consejo de la Guardia Civil.


Estas serían nuestras enmiendas, respecto a las cuales, evidentemente, solicitamos el apoyo de los grupos parlamentarios.


En cuanto a nuestro posicionamiento en este proyecto, debo manifestar una serie de cuestiones fundamentales. En primer lugar, quiero agradecer públicamente desde esta tribuna a los colectivos y representantes del Cuerpo de la Guardia Civil que nos han permitido cooperar para intentar mejorar el proyecto de ley; por tanto,

Página 8236


desde aquí nuestro reconocimiento a su labor a lo largo de muchas semanas.


En segundo lugar, estamos ante una ley positiva, y por su importancia debemos destacar cuatro puntos fundamentales. Es una ley que va a incidir sobre más de 70.000 personas y sus familias, repito, sus familias, quiero que quede muy claro porque no estamos incidiendo exclusivamente sobre las personas, sobre los números, sino sobre muchas personas y muchas familias. Entendemos también que es una ley positiva porque incide sobre una actividad especial y difícil, con todo tipo de connotaciones y con una historia concreta a la que he me he referido en el anterior proyecto de ley. Estamos ante un grupo de personas con una situación laboral complicada, que a veces realizan esfuerzos sobrehumanos a la hora de cumplir, y con un concepto disciplinario complicado, por decirlo de una forma más suave. También responde este proyecto de ley a una necesidad de democratización. La sociedad a la que hoy debe adaptarse la Guardia Civil es la que es y, por tanto, la amplia regulación de derechos y deberes, de derechos y libertades debe estar perfectamente delimitada.


Cuando he mencionado la ley positiva quería referirme a la necesidad de amplio consenso aunque, lamentablemente, ésta no va a ser una situación positiva, y espero que en el futuro leyes que afectan a tantas personas y familias puedan contar con el máximo consenso parlamentario.


Por último, quiero referirme a los resultados de futuro de la ley; resultados que, de alguna manera, hemos de plantear y entendemos que si no van por esta línea, el esfuerzo que se ha hecho habrá sido baldío. En primer lugar, hemos de valorar la garantía de igualdad de todos los miembros de la Guardia Civil; la garantía de libertad personal y eliminar las faltas de rigor existentes hasta la fecha; y, sobre todo, la garantía de respeto a la vida privada, a la libertad de residencia, a la libertad de expresión o al propio derecho de asociación.


Estamos ante un nuevo marco legal que ha de garantizar una Guardia Civil acorde con la realidad; una Guardia Civil con garantías de todo orden para sus miembros y, en definitiva, una Guardia Civil que, con su singularidad especial, no debe condicionar que las garantías imprescindibles para sus miembros sean de alguna manera garantizadas con la aprobación de esta ley.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.


Señorías, mi grupo parlamentario ha presentado seis enmiendas al presente proyecto de ley que van -si no yerro- de la número 20 a la 25, ambas inclusive.


Lo que con ellas pretendemos es lo mismo que he manifestado con motivo de la defensa de las enmiendas al anterior proyecto de ley, por tanto, no lo voy a reproducir , y sencillamente las doy por defendidas en los términos y por la justificación que conocen, puesto que ya se ha publicado en el correspondiente boletín oficial de la Cámara.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bruguera.


El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.


Intervengo para manifestar que mantenemos para la votación las enmiendas números 74, 76, 82, 87, 89, 93, 94, 97, 99 y 101 y que vamos a retirar el resto de las enmiendas que quedaban vivas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Conde.


El señor CONDE BAJÉN: Gracias, señor presidente.


Señorías, no voy a comenzar esta intervención haciendo de nuevo un elogio de la Guardia Civil. Ya tuve ocasión de hacerlo en mi intervención en la anterior ley, ha sido hecha de nuevo por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, senador Cosidó, y por otros miembros de otros grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra. Solo diré que la Guardia Civil ha sido un Cuerpo ejemplar en saber modernizarse. Hemos pasado de la Guardia Civil del tricornio, del capote, el naranjero y el caballo, de la que el senador Camacho hacía cierto escarnio, a una Guardia Civil moderna, eficaz, adaptada a las nuevas tecnologías, una Guardia Civil que es un Cuerpo reconocido internacionalmente como uno de los mejores cuerpos policiales del mundo.


La Guardia Civil ha hecho un extraordinario esfuerzo por estar a la altura de los tiempos y presta hoy unos servicios absolutamente inestimables a la nación. Sus misiones de seguridad ciudadana, de aduanas, de custodia del mar territorial, de vigilancia de las costas y fronteras, de servicio en puertos, aeropuertos, en vías de comunicación, su función de intervención de armas y explosivos, su custodia de centros penitenciarios, traslados de presos, protección de la naturaleza, lucha contra el tráfico de drogas y lucha contra el terrorismo le convierten además en uno de los cuerpos policiales del mundo con mayor cantidad de misiones, que cumple de modo ejemplar todas y cada una de ellas.


Pues bien, si el Cuerpo ha sido capaz de modernizarse y adaptarse a los nuevos tiempos, parecía lógico y de retribución justa que estas Cortes Generales, como representantes del pueblo español, dotasen a este benemérito Instituto de un instrumento legal moderno y también adaptado a los tiempos para regular algo tan básico como son sus derechos y deberes, que es lo que estamos acometiendo esta tarde.


Página 8237


Lamentablemente, esta es una ocasión perdida, porque el proyecto de ley que remitió el Gobierno y el texto que nos ha traído el Congreso de los Diputados es un pobre proyecto, un proyecto muy poco ambicioso, es un proyecto que reitera puros y simples derechos constitucionales, que son ya vigentes en cuanto que derechos constitucionales y cuya reiteración en esta norma crea un efecto contraproducente en nuestra opinión, porque los guardias civiles son ciudadanos, son españoles y, por lo tanto, sus derechos son los que como ciudadanos españoles tenemos todos y cada uno de nosotros. No hace falta venir a otorgárselos con un instrumento legal específico, les pertenecen por derecho de pura ciudadanía. Por consiguiente, esta ley cuando trae aquí ese reconocimiento de derechos constitucionales, ¿qué viene a hacer? ¿pensar o presumir o insinuar que antes no los tenían? Por lo tanto, sobran ese tipo de reconocimientos en este texto.


Pero lo lamentable no es esto, que sería pura redundancia y a mayor abundamiento, lo peor es que restringe algunos derechos constitucionales que en tanto que tales no admiten restricción alguna, ni siquiera por vía de esta ley orgánica. Es un proyecto de ley que está pensado más para los derechos colectivos que para los derechos individuales. Es lógico y razonable que un instrumento legal que provenga de la izquierda se fije más en el grupo que en el individuo, pero reconózcannos entonces a nosotros, que venimos de una tradición liberal, que enmendemos el proyecto precisamente para lo contrario, para intentar garantizar en la medida de lo posible los derechos de los individuos frente a los grupos.
Esta no puede ser una ley de asociaciones, tiene que ser una ley de derechos y deberes de los guardias civiles en cuanto que tales, en cuanto que individuos que han decidido rendir un servicio a la patria desde la Institución que es la Guardia Civil.


Es una ley cicatera porque no reconoce algunos de los derechos que hoy resultan más exigibles, como tendremos ocasión de ver en el examen detallado del texto de este proyecto de ley. No incluye algunos de los derechos que a nosotros nos parecen básicos. En este momento procesal se está perdiendo una oportunidad de oro para reconocer, por fin, algunos derechos a los guardias civiles que los vienen reclamando desde hace tiempo y con razón, y es justo que se le dé la razón a quien la lleva.


Señorías, hemos presentado al efecto 45 enmiendas, de la 26 a la 70, ambas inclusive, enmiendas que no hemos tenido ocasión de poder debatir con el grupo mayoritario. Si bien en la anterior ley yo hacía un expreso reconocimiento de la intención del Grupo Parlamentario Socialista para por lo menos tratar de negociarlas -bien es cierto que con poco éxito visto el resultado-, en este caso no se han tomado ni la molestia de intentar consensuar absolutamente nada de esta ley. Es una ley hecha por ustedes, ante ustedes y que ustedes solos, probablemente con el consenso y concurso de algunos de sus socios parlamentarios, podrán sacar adelante. Pero ello no quita para que nosotros hagamos defensa de las razones que aducimos en relación con este proyecto de ley.


Señorías, nosotros presentamos la enmienda número 27, que pretende tomar el precioso texto del artículo 14 de la Constitución que ustedes han decidido venir a reescribir sin saber por qué ni por qué no, que es el que reconoce el principio de igualdad ante la ley y la proscripción de todo tipo de discriminación. Nosotros, evidentemente, cuando enmendamos lo hacemos para reiterar lo que la Constitución ya dice y que la jurisprudencia del tribunal tiene ya tan suficientemente desarrollado, por lo que nos parecería bastante conveniente mantener el texto. Aparte de esto añadimos un segundo párrafo en el que pretendemos que quede meridianamente claro que el ejercicio legítimo de los derechos y libertades del Guardia Civil reconocidos en esta ley no puede suponer causa de discriminación directa o indirecta de ningún tipo, cuestión bastante necesaria, sobre todo cuando estamos en un proceso de tránsito de un modelo a otro y que nos parece que debe quedar en el frontispicio de la norma para que en su aplicación cada día, después de su envío al Boletín Oficial del Estado, todo el mundo quede avisado al respecto.


Abundamos en la libertad personal del guardia civil cuando decimos que no estarán sujetos a sanciones administrativas o disciplinarias que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. Alguien podría decir que esto se ha dicho ya en la ley de régimen disciplinario, pero nosotros entendemos que es precisamente aquí, en la ley de derechos y deberes de la Guardia Civil, donde tiene que quedar claro que no caben este tipo de sanciones disciplinarias privativas de libertad, porque aquí es donde se reconoce el derecho, y en la otra ley, en cuanto que ley instrumental de desarrollo de los derechos, está bien puesto, pero es también aquí donde debe quedar. Por cierto, no puedo perder la ocasión para desmentir al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista cuando nos acusaba falsamente -y lo peor es que él lo sabe- de que nos estábamos quitando la piel de cordero porque queríamos, pura y simplemente, la aplicación en todo caso del Código Penal Militar a la Guardia Civil. El senador Camacho sabe que falta a la verdad y lo hace a sabiendas, lo cual lo convierte en mentira.
Digo esto porque basta leerse las enmiendas 64 y 66 presentadas al otro proyecto de ley para ver con meridiana claridad que el Partido Popular no pretende la aplicación pura y simple del Código Penal Militar a la Guardia Civil, sino solo exactamente los artículos que se citan -ultrajes a la bandera, ofensas, altercados, etcétera-, con lo cual se ha faltado a la verdad de modo deliberado. Se trata de una vieja táctica que ya conocemos la de repetir cien veces una mentira para convertirla en una verdad. No van a tener ustedes éxito porque cada vez que digan esa mentira se encontrarán con la adecuada respuesta por parte del Partido Popular.


Desarrollamos en la enmienda número 29 el derecho a la intimidad y vida privada del guardia civil, en concreto el derecho a conocer su historial profesional, el derecho a conocer su historial médico y sus evaluaciones, cuestión que no se contiene ni en el proyecto de ley del Gobierno ni en el texto emanado del Congreso de los Diputados. Desarrollamos el derecho a la libertad de expresión cuan-

Página 8238


do el proyecto de ley del Gobierno fija un límite en la observancia de la disciplina, límite que a nosotros nos parece un concepto jurídico indeterminado y que nada tiene que ver con el recto y legítimo ejercicio de la libertad de expresión. Esa expresión que utilizan ustedes en el texto del proyecto de ley no crea sino confusión e indeterminación jurídica. En su consecuencia, nosotros proponemos una nueva redacción donde, por supuesto, esto se suprime y se reconoce, eso sí, el derecho a las expresiones críticas de carácter jurídico en las tesis de defensa.


Señorías, en la enmienda número 31 dejamos claro que el ejercicio de los derechos de los guardias civiles tiene que hacerse con respeto a la neutralidad y objetividad propias del Cuerpo, tradición que inmaculadamente ha conservado durante estos 163 años de su historia.


En la enmienda número 32 proponemos la supresión del artículo 14, que en el proyecto de ley supone el derecho de los guardias civiles al acceso al Defensor del Pueblo, y aquí ven ustedes cómo con el ejemplo se demuestra la argumentación que he hecho anteriormente. ¿Es que acaso los guardias civiles no son ciudadanos españoles? ¿No está el Defensor del Pueblo precisamente a disposición de todos y cada uno de los españoles en cuanto que ciudadanos sometidos al imperio de la Constitución? ¿A qué viene entonces en esta norma decir que los guardias civiles tienen derecho a ir al Defensor del Pueblo?

No estamos de acuerdo con esta técnica legislativa que viene a concebir a los guardias civiles, en opinión del Grupo Parlamentario Socialista y del Gobierno, como una especie de seres capitidisminuidos a los que hoy por medio de carta otorgada se les va a dar acceso a determinados derechos fundamentales.


Señorías, establecemos el derecho a la libertad religiosa; un derecho fundamental del ser humano y que en esta ley que pretende regular los derechos y deberes fundamentales no estaría de más poder incluir. Bien es cierto que últimamente la libertad religiosa en el seno del Gobierno socialista y su grupo parlamentario es algo bastante discutido, pero nosotros, que no tenemos complejos al respecto, lo sostenemos, lo afirmamos y lo firmamos en la enmienda número 33 que hemos presentado en esta Cámara.


Señorías, desarrollamos el derecho y garantía del honor y propia imagen del guardia civil, de modo que se establece la prohibición de que su imagen pueda ser reproducida en medios de comunicación cuando sea obtenida como consecuencia de los actos propios del servicio. Esta práctica, que en la mayoría de los medios de comunicación se sigue y observa, de tapar el rostro de los guardias civiles cuando están prestando algún servicio es en el fondo una pura concesión graciosa, una actuación recta de los directores de los medios de comunicación, pero que no tiene un respaldo legal obligatorio. Por ello, nosotros queremos que en esta norma con rango de ley orgánica y desarrollo de sus derechos fundamentales aparezca ese derecho a la intimidad, a la propia imagen y, en su consecuencia, la prohibición de reproducir su rostro en ninguna circunstancia en un medio de comunicación.


Desarrollamos también otros derechos, por ejemplo, en la enmienda número 39 el derecho al uso del uniforme y armas, no sólo en el ejercicio de sus funciones sino en todo momento y circunstancia. El proyecto de ley del Gobierno limita ese derecho al uso del uniforme y a portar esas armas en el ejercicio de sus funciones, pero nosotros entendemos que el guardia civil lo es 24 horas al día; no quiere decir que esté prestando servicio 24 horas al día, pero su condición de guardia civil no queda colgada en el perchero de su casa en el momento en que cuelga el tricornio o se desposee de las insignias de su uniforme. Por tanto, ese derecho a portar las armas e incluso a vestir uniforme cuando lo considere oportuno debe quedar garantizado en esta norma.


En la enmienda número 41, al artículo 29, señorías, queremos desarrollar el derecho al ocio y a la vida privada del guardia civil, y en el párrafo segundo de dicha enmienda decimos que el guardia civil tendrá derecho a conocer con antelación suficiente los periodos en los que podrá disfrutar de sus vacaciones; es un derecho básico para poder organizar la vida familiar de cualquiera, y que siendo de cualquiera tiene que ser también de la Guardia Civil. Igualmente, establecemos que a la hora de fijar los turnos de vacaciones y permisos, se tendrá en consideración en lo posible las necesidades de conciliación de la vida familiar y laboral.


Señorías, por otro lado, creemos que una ley que hace referencia a la Guardia Civil, que habla de sus derechos y deberes, no puede dejar de hacer una mención a las víctimas del terrorismo. La Guardia Civil ha sido un Cuerpo ejemplar en la lucha contra el terrorismo, incluso en aquellos tiempos en los que muchos miraban para otro lado y algunos decían: algo habrá hecho cuando a éste lo han asesinado. La Guardia Civil supo sufrir en silencio y con extraordinaria dignidad las innumerables bajas que el terrorismo etarra, entre otros terrorismos, les ha causado. Por eso queremos que en esta ley se haga un expreso reconocimiento de este servicio a la patria con la enmienda número 42, al artículo 32, que en su apartado tercero dirá: las víctimas del terrorismo y sus familias recibirán una protección social específica y complementaria.


Señorías, la enmienda número 43 lo es al artículo 33.1 del proyecto. No entendemos por qué el Gobierno impide a un guardia civil formular quejas y sugerencias en relación con las condiciones de vida de su Unidad, si resulta que tiene presentado un recurso gubernativo al respecto. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra, el derecho de petición con el derecho al recurso? Son cuestiones diferentes, de naturaleza distinta, y una no puede ser impedimento para el ejercicio de la otra; en consecuencia de lo cual se ha redactado esta enmienda.


La enmienda número 44, al artículo 35, entra en el ámbito de las retribuciones, las remuneraciones. Queremos una equiparación de los guardias civiles con los funcionarios civiles del Estado, con las peculiaridades que tiene la Guardia Civil en cuanto Instituto Armado de naturaleza militar y Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado.


Página 8239


Señorías, el artículo 38 del proyecto de ley habla de los derechos de las asociaciones. Es aquí donde yo llamaba la atención anteriormente, sobre cómo el Gobierno regula los derechos en cuanto que miembro de un colectivo y no en cuanto que individuo singular. En este artículo 38 se habla de los derechos de las asociaciones, pero los derechos, señorías, son de los individuos. Las asociaciones pueden tener funciones, misiones y objetivos, pero los derechos son de los individuos, uno de los cuales es el de asociarse y, por supuesto, actuando en asociación, realizar determinado tipo de funciones. Así queremos que conste en el texto de la norma.


Señorías, queremos suprimir el concepto de asociaciones representativas.
Son asociaciones las que constituyan a partir de la entrada en vigor de esta ley los guardias civiles; su representatividad vendrá derivada por el número de sus afiliados y por el éxito que puedan tener en las elecciones internas que al respecto se convoquen para cubrir los puestos en el Consejo de la Guardia Civil. Establecer ese concepto de asociaciones representativas, en nuestra opinión, pretende, pura y simplemente, crear una serie de asociaciones establecidas para impedir la existencia de cualesquiera otras asociaciones que existan ahora o en el futuro y que puedan desarrollar su labor más adelante. En coherencia con lo anterior, presentamos la enmienda número 48 de supresión del artículo 44.


Señorías, en la enmienda número 50, relativa al artículo 46, establecemos el derecho de reunión, la posibilidad de que los guardias civiles celebren reuniones con una simple comunicación previa al jefe de la Unidad, que no podrá oponerse a su celebración sin que tenga que argumentar cuáles son las razones que puedan perturbar el normal funcionamiento del servicio o la misión encomendada.


En la enmienda número 55, al artículo 52, establecemos que la presidencia del Consejo de la Guardia Civil debe ostentarla el ministro del Interior o, en todo caso, y por su delegación, el secretario de Estado de Seguridad. El proyecto de ley del Gobierno deja abierta la puerta a que el ministro delegue en no se sabe quién, porque se habla del ministro o la persona en quien delegue. Nosotros consideramos que la dignidad del órgano que estamos alumbrando esta tarde debe ser tal que sea el ministro quien lo presida o, necesariamente, una persona con rango de secretario de Estado. En la misma situación se encuentra el nombramiento de vocales por los ministerios del Interior y de Defensa. Por dignificar este Consejo que nace ahora, nosotros queremos que esté perfectamente tasado quiénes pueden ser esos vocales nombrados por los ministerios de Interior y de Defensa; no cualesquiera, sino, precisamente, el secretario de Estado de Seguridad, el director general de la Guardia Civil, los subsecretarios de los ministerios de Defensa e Interior, los directores adjuntos y subdirectores generales de la Guardia Civil y los responsables de las jefaturas que tienen a cargo la enseñanza, la acción social y la gestión del personal.


Se me acaba el tiempo y, por tanto, tendré que ir eligiendo la defensa de determinadas enmiendas. En relación con la elección de los miembros del Consejo, señorías, nosotros creemos que es muy importante que el cargo de miembro de ese Consejo no sea reelegible al modo y manera en que sucede, por ejemplo, con el Consejo del Poder Judicial o con el Tribunal Constitucional. De esta forma, se garantizaría bastante mejor la independencia de quienes así actúan. Y, por otro lado, señorías, no sabemos qué temor tienen ustedes a las listas abiertas a la hora de elegir esos vocales del Consejo de la Guardia Civil. Que sea precisamente en esta Cámara, donde todos y cada uno de los que aquí tomamos asiento hemos sido elegidos en lista abierta, con nuestro propio nombre y apellidos. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: (No, no!) ¡Claro, excepto los senadores de designación autonómica! (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: (Ah, ah!) Por lo visto a alguno habría que explicarle nociones de primero de Derecho, porque estamos hablando de forma evidente de los modos de elección de senadores, que no de su designación. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

¿Qué miedo se tiene a las listas abiertas? No somos capaces de comprenderlo, pero creemos que este es un buen foro, un buen sitio donde poder establecer las listas abiertas como modo de elección de esos vocales del Consejo.


Señorías, he de terminar ya y reitero lo dicho en el preámbulo de esta intervención: se está perdiendo una ocasión de oro para reconocer ampliamente derechos fundamentales a los guardias civiles. Tenemos la oportunidad hoy de reconocer todos y cada uno de estos derechos que han sido objeto de enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular, y puestos a ver quién lleva pieles de cordero -o no- y quién se desposee de ellas -o no-, ahora nos vamos a retratar con el voto, señorías, ahora tendrán que votar ustedes a favor o en contra de todo esto que les acabo de decir y que -¡qué quieren que les diga!- a nosotros nos parece muy razonable.


Muchas gracias (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Turno en contra.


Tiene la palabra el senador Barranco.


El señor BARRANCO GALLARDO: Con la venia, señor presidente. Señorías.


Efectivamente, hoy aquí nos vamos a retratar todos (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.): nos vamos a retratar los que hemos traído esta ley -que por supuesto estamos cumpliendo con nuestro programa electoral y con nuestros compromisos- y se van a retratar también aquellos que llevan exigiéndole al Gobierno socialista que la traigan y cuando la trae votan en contra o sencillamente adoptan una posición que en el fondo lo que quiere es evitar que salgan adelante estos dos proyectos de ley, que mejoran sustancialmente las condiciones laborales y los derechos y deberes de la Guardia Civil. Por lo tanto aquí vamos a quedar todos retratados y

Página 8240


los primeros que lo van a saber son los 72.000 miembros del Cuerpo de la Guardia Civil de este país.


En cualquier caso, señorías, yo doy por sentado que todos los grupos políticos aquí representados somos absolutamente conscientes del papel que desempeñan estos 72.000 hombres y mujeres que componen el Cuerpo de la Guardia Civil de España y que somos conscientes del papel que juegan en cuestiones tan importantes para nosotros como es la seguridad ciudadana, la seguridad en nuestras carreteras, el control de las aduanas o las misiones internacionales o misiones humanitarias que en este momento está desempeñando el Cuerpo de la Guardia Civil, entre otras muchas actividades que a lo largo de la tarde se han puesto de manifiesto.


Por lo tanto, la Guardia Civil merece lo que se ha ganado con creces: nuestro respeto, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. Por eso el Gobierno ha tomado la iniciativa de presentar estas leyes hoy aquí y por eso también todos los grupos políticos, absolutamente todos, hemos hecho un esfuerzo para mejorar este proyecto de ley, tanto en el Congreso de los Diputados como en la Cámara alta. Luego lo primero que quiero hacer es reconocer y agradecer este trabajo y este esfuerzo que han hecho todos los grupos políticos para poder aprobar una ley que garantice los derechos y deberes de la Guardia Civil, un esfuerzo que se ha reflejado en muchas enmiendas en el Congreso de los Diputados y que se ha vuelto a reflejar también en esta Cámara: 115 enmiendas inicialmente y luego algunas menos al final del trámite en el Senado.


Efectivamente, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado 45 enmiendas, Entesa 31 -que luego han quedado reducidas a diez, si no he tomado mal las notas-, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos seis, CiU diez y el Grupo Parlamentario Mixto 18. Pues bien, por una elemental cortesía y respondiendo a ese esfuerzo explicaré la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con todas esas enmiendas presentadas.


Comenzaré con las 18 enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. Quiero recordar al señor Jorquera -que no está presente en este momento- que de esas 18 enmiendas, 16 son exactamente iguales a las presentadas en el Congreso de los Diputados, y por tanto, ya han sido debatidas. Pero responderé al señor Jorquera empezando por el final de su intervención.
Él acababa haciendo alusión a su enmienda número 1, en la que se pretende sustituir en todos los artículos los términos «territorio nacional», «defensa nacional» o «ámbito nacional» por la palabra «estatal».


Mi grupo parlamentario considera que los términos de territorio nacional, defensa nacional y ámbito nacional están plenamente justificados dada la propia naturaleza de su finalidad, tal y como sucede en el supuesto de la defensa nacional, donde, además, la competencia que se está regulando pertenece al Estado. No se trata, por tanto, de entrar a discutir la naturaleza de nuestro Estado, y por ello él mismo, consciente de esta dificultad, ha pedido votación separada de esta enmienda sabiendo que, de lo contrario, pondría al resto de los grupos parlamentarios en un serio compromiso. Por otra parte, el modelo territorial del Estado, el concepto estatal, se pone en relación con los ámbitos territoriales de competencia estatal y autonómica con absoluta claridad.


Con la enmienda número 2 el Grupo Parlamentario Mixto pretende suprimir también la referencia a la disciplina, y nosotros no estamos de acuerdo con ello. La disciplina es un elemento sustantivo a la Guardia Civil y no es, ni mucho menos, tal y como argumentan, un concepto ambiguo, sino muy concreto y preciso.


Con la enmienda número 4, al artículo 8, se pretende suprimir unas frases, algo con lo que sencillamente no estamos de acuerdo, y además, una vez introducidas las modificaciones en el Congreso de los Diputados, el texto que pretende suprimir ya no existe. En la enmienda número 6 se plantea el deber de conocer las lenguas oficiales. Todo el mundo sabe que la vida profesional del personal de la Guardia Civil y sus cambios de destino motivados, bien por ascensos, bien por traslados, harían extraordinariamente difícil que se le impusiera el deber de conocer todas las lenguas cooficiales, motivo por el que tampoco creemos oportuno aceptar esta enmienda.


La enmienda número 8 se ha retirado, y se mantienen vivas las números 10 y 11, en las que también se plantea suprimir algunos conceptos, algo que consideramos no procede, entre otras cosas, porque las asociaciones ya tienen carácter de ámbito nacional.


La enmienda número 17, al artículo 57, plantea una serie de derechos de los miembros del Consejo. Quiero recordar al señor Jorquera que, aparte de que esta enmienda es igual a la que ya presentaron en el Congreso de los Diputados, ya existe ese artículo 57, y que en el Congreso se incorporaron algunas de las cuestiones que ustedes proponen, por lo que consideramos que se ha satisfecho lo solicitado en su enmienda.


A continuación paso a referirme a las seis enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. En la enmienda número 20 se plantea suprimir la expresión «Instituto Armado Militar».
Señorías, ustedes saben perfectamente cuál es nuestra posición y la del Gobierno. Nosotros no pretendemos en ningún momento, y no es objeto de esta ley, desmilitarizar la Guardia Civil. Ese no es el planteamiento, no es nuestro propósito ni, como digo, es el objetivo de esta ley, motivo por el que no vamos a aceptar la enmienda.


Asimismo, plantean en la enmienda número 21 una nueva redacción que creemos que no añade sustancialmente ninguna cuestión susceptible de mejora. En la enmienda número 22 pretenden que en el artículo 5.2 se supriman algunas expresiones, pero quisiera recordarle, señora Etxegoyen, que eso es algo que ya se modificó en el Congreso de los Diputados mediante el acuerdo de todos los grupos parlamentarios.


El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha mantenido vivas diez enmiendas, pero he de recordar al senador Badia -como usted sabe perfectamente-, que nueve son exactamente iguales a las

Página 8241


que ya se plantearon en el Congreso de los Diputados y allí no se admitieron por razones que ya se explicaron y, por coherencia, vamos a mantener la misma posición.


Es cierto que ustedes han añadido una nueva enmienda, la número 115, que propone garantizar la representación de vocales en el consejo. Su propuesta implicaría que el modelo de elección se viera vulnerado; es decir, que si no obtuvieran representación en las elecciones, tuvieran esos puestos garantizados por ley y, por ello, mi grupo parlamentario no considera conveniente aceptar esta nueva enmienda que han introducido en el Senado.


Por lo que se refiere a las enmiendas presentadas por Entesa Catalana de Progrés, como ya he comentado con anterioridad, las treinta y una iniciales se han quedado reducidas a diez. La enmienda número 73 está retirada; la enmienda número 74 es igual a una que presentaron Izquierda Unida y Esquerra Republicana y que ya fue debatida y rechazada en el Congreso de los Diputados, por lo que aquí mantendremos la misma posición.


En el caso de la enmienda número 76, también es igual a otra de Izquierda Unida y Esquerra Republicana y, además, he de recordar que lo que pretende ya se aceptó en el Congreso de los Diputados ya que se ha suprimido la palabra «disciplina».


Las enmiendas números 77, 78, 79, 80 y 81 están retiradas. La enmienda número 82 plantea un texto que desde el punto de vista de mi grupo parlamentario no es procedente y, por lo tanto, no la apoyaremos.


Las enmiendas números 84, 85 y 86 están retiradas. La enmienda número 87 tiene exactamente la misma redacción que la que presentaron al alimón Izquierda Unida y Esquerra Republicana y ya fue rechazada por el conjunto de los grupos en el Congreso de los Diputados y aquí mantendremos la misma posición.


La enmienda número 89 fue también presentada por Izquierda Unida y quiero recordar que su solicitud ya se ha recogido en el texto y, por lo tanto, esta enmienda es innecesaria.


En el caso de las enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Popular ocurre exactamente lo mismo, señor Conde. Ustedes han presentado 45 enmiendas, pero 38 de ellas ya fueron también presentadas y debatidas en el Congreso de los Diputados. Allí se aceptaron una serie de enmiendas de su grupo parlamentario e incluso se pactaron con ustedes diversas transaccionales, como posteriormente comentaré.


Usted nos achacaba en su intervención en la defensa de sus enmiendas que no ha habido diálogo. Asumo la crítica en la parte que me corresponde, pero usted también tendrá que admitir, señor Conde, que no ha hecho tampoco el menor esfuerzo por intentar consensuar ninguna enmienda en este trámite, en el Senado. Por lo tanto, el problema del diálogo es una cuestión de ida y vuelta y, en todo caso, esa es una responsabilidad que tendríamos que compartir. Además, resulta muy difícil y quedan muy pocos margenes de entendimiento y de acuerdo cuando 38 enmiendas de las 45 presentadas son exactamente iguales a las que ya se plantearon en el Congreso de los Diputados, donde sí que hubo diálogo, sí que se alcanzaron acuerdos con ustedes, en algunas materias importantes desde mi punto de vista.


Su grupo parlamentario ha presentado una enmienda nueva, la número 31 que plantean el establecimiento de unos límites a la libertad de expresión. A nuestro juicio, se trata de algo innecesario y, en consecuencia, no la vamos a aceptar.


En su intervención para la defensa de las enmiendas ha hecho alusiones que me parecen contradictorias: por un lado, ha acusado al Gobierno y al Grupo Parlamentario Socialista de recoger preceptos constitucionales en el articulado de este proyecto de ley y, por otro, se ha quejado porque algunos derechos fundamentales ya estaban recogidos y era una redundancia, por ejemplo, el tema del Defensor del Pueblo o el de la libertad religiosa.


Ustedes presentan la enmienda número 35 para introducir el acatamiento a los estatutos de autonomía, que ya se presentó por otros grupos parlamentarios en el Congreso. La Guardia Civil acata todo el ordenamiento jurídico de este país, teniendo en cuenta, además, su característica de Cuerpo nacional.


En la enmienda número 37 pretenden añadir la frase: «o relacionados con el servicio». Lo que proponen incluir se suprimió ya en el Congreso de los Diputados, precisamente por acuerdo de todos los grupos parlamentarios.
Con la enmienda número 39 , pretenden suprimir: «en el ejercicio de sus funciones», lo que sencillamente creemos que no procede.


Respecto a las enmiendas números 52 y 53, hemos observado alguna incongruencia. En la número 52 proponen dar una nueva redacción al artículo 48. Y luego en la enmienda número 53, es decir, en la siguiente, ustedes modifican el apartado 5 del mismo precepto que quieren modificar con la anterior. Así, en la primera se prevé que la inscripción sólo podrá denegarse cuando la composición o el objeto de la misma, o la solicitud de inscripción, o los estatutos, carezcan de alguno de los requisitos establecidos en la presente ley orgánica, y los defectos no hayan sido subsanados en el plazo de diez días a partir del momento en que así se haya requerido.


La segunda enmienda prevé que en el caso de existan defectos formales en la solicitud o en la documentación que la acompaña, se suspenda el plazo para proceder a la inscripción, abriéndose un plazo de subsanación de los defectos advertidos no superior a los diez días. Por tanto, es difícil admitir enmiendas que entre sí son contradictorias o incongruentes.


La enmienda número 60, que ustedes han planteado ex novo aquí en el Senado en relación con el consejo, órgano colegiado, a nuestro juicio, supone devaluar el consejo que es un organismo de auténtica y verdadera participación y un canal, precisamente, para defender los derechos de los miembros de la Guardia Civil. Por lo tanto, creemos que no debe ser aceptada.


Por otra parte, en la enmienda número 66 ustedes plantean una redacción diferente, que creemos que no clarifica nada y, por lo tanto, creemos que no debe ser aceptada.


Página 8242


Una vez contestadas, aunque sea someramente, una por una, las enmiendas que ustedes han presentado, quiero destacar en mi intervención los aspectos más importantes de la tramitación de este proyecto de ley. Y es que de una ley orgánica de 56 artículos, en el proceso de tramitación se han modificado 19 de ellos y una disposición transitoria, que es una cifra importante. El texto remitido por el Gobierno constaba de 56 artículos y se ha incluido un artículo 57 nuevo para recoger los derechos de los miembros vocales del Consejo de la Guardia Civil. De este 35 por ciento de enmiendas que ya hemos aceptado en el Congreso de los Diputados, la mayor parte son el resultado de propuestas de transacción que se ofrecieron a los distintos grupos parlamentarios. Y si bien no refleja, como no podía ser de otra manera, la totalidad de las pretensiones de los grupos parlamentarios, sí habrá que reconocer por parte de todos que se han recogido las cuestiones más sustantivas que ustedes han planteado en el proceso de tramitación de esta ley.


Por eso quiero decirles a todos ustedes que el texto de esta ley es de todos. No es un texto del Gobierno, ni del Grupo Parlamentario Socialista, sino un texto de todos. Se han producido modificaciones importantes de las que me gustaría destacar la que se refiere a los derechos y deberes de la Guardia Civil, la referida a la creación de asociaciones, las referentes a los guardias civiles, se ha reforzado su derecho de intimidad personal en el artículo 4; se ha suavizado el régimen de prohibiciones en relación con las manifestaciones; se ha incorporado una garantía adicional en el artículo 28.3; se ha mejorado la redacción del deber de residencia en el artículo 21, considerando que la disciplina es uno de los valores esenciales de los miembros de la Guardia Civil y esencial en su naturaleza como instituto armado. En el artículo 31 se ha incluido la referencia expresa de que en la materias de prevención de riesgos laborales se tendrá en cuenta las especiales circunstancias y riesgos específicos de sus funciones. Esta mención es el resultado de atender las demandas derivadas de algunas enmiendas presentadas, en las que se solicitaba precisamente la mención expresa a la protección especial como víctimas del terrorismo, a la que usted, señor Conde, precisamente hacía alusión en su intervención. En lo que se refiere a las asociaciones se ha incluido que puedan defender los intereses económicos y sociales en el artículo 36. Se ha incluido la previsión de que puedan estar presentes en organismos y entidades de previsión social. Se les ha dado una nueva facultad al formular el artículo 44 de una forma distinta y se ha incorporado también la posibilidad de que sigan formando parte de asociaciones los guardias civiles en situación de retiro, como figura en el artículo 39.


En definitiva, se ha reforzado el funcionamiento del Consejo incluyendo ese nuevo artículo 57, al que hacía referencia, y se ha establecido que la Presidencia corresponde al ministro del Interior, mientras que en el texto del Gobierno se atribuía directamente esta función al director de la Guardia Civil. Creemos que da muchas más posibilidades, y es muy importante, que la competencia sea del propio ministro, y no del director de la Guardia Civil. Además, para dar mayor celeridad al cumplimiento de esta nueva regulación, se ha acortado el plazo de convocatoria de las primeras elecciones, que en el texto del Gobierno figuraba un año, hasta nueve meses, así como el de celebración de las primeras elecciones que de 18 meses se ha reducido a un año..


Por tanto, como le he dicho antes, creo que, sin caer en ninguna exageración, podemos considerar legítimamente que esta ley es el fruto del trabajo de todos los grupos políticos y de la flexibilidad del Gobierno. Concretamente, los enmendantes que más han trabajado en la presentación de las enmiendas han sido del Grupo Popular, a quienes quiero recordar que se han aceptado tres de sus enmiendas y se han pactado diez transaccionales.


Por tanto, consideremos legítimamente este texto de todos, sintámonos orgullosos de dar este paso importante en la mejora de las condiciones laborales y en los derechos de los miembros de la Guardia Civil de nuestro país.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Pasamos a continuación al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Voy a procurar ser muy breve, para no aburrir a sus señorías.


El señor Barranco, al explicar por qué no aceptaba muchas de las enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego -y utilizó argumentos similares al manifestarse en contra de las enmiendas presentadas por otros grupos-, en muchos casos simplemente se limitó a decir que considera que no procede, que no es conveniente, etcétera, sin profundizar más en las argumentaciones. Nosotros consideramos que sí es conveniente, que sí procede, que las enmiendas que presenta el Bloque Nacionalista Galego perfilan mejor el régimen de derechos y deberes de la Guardia Civil, eliminan cortapisas al desarrollo real del asociacionismo y protegen mejor los derechos de los representantes de los trabajadores.


Pero, en cualquier caso, quería referirme a dos cuestiones.


Según el señor Barranco, no procede aprobar nuestra enmienda que establece el deber de conocimiento de las lenguas oficiales de cada territorio para, de esta manera, estar en condiciones de dirigirse a los ciudadanos de esos territorios cuando ellos, a su vez, se refieren a un número de la Guardia Civil en su idioma propio.


Simplemente, quiero hacer una reflexión. Mientras no haya avances en este sentido, el derecho de personas que tenemos como primer idioma uno distinto al castellano a poder ejercer plenamente en nuestros territorios nuestra vida en nuestro propio idioma, será simplemente papel mojado, pese a la realidad invertida que muchas veces algunos representantes políticos y algunos medios de comunicación pretenden proyectar de lo que realmente pasa en Gali-

Página 8243


cia, Cataluña o Euskadi, haciendo ver que los nacionalistas lo que pretendemos es imponer el gallego, el vasco o el catalán. Simplemente, se trata de presentar la realidad exactamente al revés y, mientras no haya avances en este terreno, nosotros, los gallegohablantes, en este caso, veremos enormemente limitado el ejercicio de nuestros derechos.


Por otra parte, el señor Barranco en muchas de sus afirmaciones, no solo las referidas a las enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego, sino a las de otros grupos, se ha limitado a decir que eran cuestiones ya debatidas en el Congreso, enmiendas idénticas a las presentadas en aquella Cámara.


En mi intervención anterior ya aludí a que transacciones fruto de enmiendas del BNG en el Congreso introdujeron mejoras en este texto. En cualquier caso, creo que esa es una línea argumental peligrosa, porque, si nos apoyamos en ella, el tan aplazado tema de la reforma del Senado lo podemos resolver muy rápidamente optando todos por tener la valentía política de disolverlo. Si cualquier cuestión que ya ha sido debatida en el Congreso no merece debate en el Senado, eso es así.


Si me permiten la ironía, les comentaré otra propuesta de reforma que me trasladó un compañero de esta Cámara. Sugería que el Senado con su composición actual -cuando hablo de composición actual me refiero a los senadores que actualmente conforman el Senado- prorrogase sus funciones y su composición indefinidamente mientras no nos pusiéramos de acuerdo en cómo abordar la reforma. Eso está muy bien para blindarnos y asegurarnos un contrato indefinido pero, si la filosofía es la que propugna el senador Barranco, creo lo mejor sería disolverlo.


En cualquier caso, quiero apelar una cuestión al Partido Socialista. Le pido que no dé tantas patadas a grupos que están dando soporte a proyectos de ley del Gobierno, pese a que difieren en muchos aspectos.
Acabamos de ver una votación en la que un veto no ha prosperado por dos votos, así que le pido más sensibilidad y más esfuerzo de transacción.


En cualquier caso, mantenemos nuestras enmiendas y anunciamos el voto positivo a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergencia i Unió, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, que, desde nuestro punto de vista, avanzan en la misma dirección que las nuestras.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ya ha expresado su posición.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, finalizamos ya el debate del tercer proyecto de ley previsto en el orden del día de esta tarde, sin duda un proyecto igualmente importante.


Abordar cualquier cuestión relativa a los derechos y deberes de los ciudadanos nunca es algo baladí y sí, por el contrario, una cuestión de empaque; es más, al tratarse en este caso de la Guardia Civil, aún lo es más, habida cuenta de que es la primera vez que se aborda con seriedad la articulación jurídica de los derechos y deberes que asisten a sus miembros.


Dicho esto, hemos de reconocer que allí donde nada o casi nada había es difícil aportar algo novedoso, y basta con hacer algo para avanzar por pequeño que sea. Pero debo subrayar que la presente iniciativa, a mi entender, lo hace, avanza en la dirección correcta.


Es una ley que supone mejoras importantes en lo que a la garantía de derechos y deberes para los agentes de la Guardia Civil se refiere; derechos y deberes que, además, están claramente determinados en su contenido esencial en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y previstos negro sobre blanco en la propia Constitución.


Pero, señorías, no puedo ocultar que al mismo tiempo considero que bien se pudiera haber hecho algo más pero solo la insistencia -y confieso nuevamente que no acierto a comprenderla- en mantener el carácter militar de la Guardia Civil, cuando es un cuerpo policial cuyas funciones son objetiva, clara y exclusivamente civiles, ha impedido ir más allá y pasar el examen, si me permiten la expresión, con nota.


No voy a volver a lo que ya he dicho sobre la necesaria, a mi entender, desmilitarización de la Guardia Civil con motivo del proyecto de ley sobre el régimen disciplinario ya debatido, cuyas reflexiones reitero y doy por reproducidas. Como diría mi admirado compañero y diputado Emilio Olabarría, es una cuestión que hemos debatido ad nauseam y no procede, al menos hoy, añadir nada nuevo al debate.


Dicho esto, pretendo tan solo apuntar un par de reflexiones que, como comprobarán, vuelven a ser de índole jurídica; deformación profesional que, en este caso, no sé si me adorna pero al menos sí me asiste.


El proyecto tipifica y reconoce a los funcionarios de la Guardia Civil una serie de derechos e igualmente consagra una serie de deberes. Sin embargo, por vía de las excepciones que la misma ley contempla, aquellos se difuminan hasta a hacer en no pocas ocasiones el derecho consagrado casi irreconocible. La Sentencia del Tribunal Constitucional 8/81 explicita cómo comprender el contenido esencial de un derecho tipificado y prescrito por la Constitución y establece que en la regulación normativa de un derecho constitucional tiene que hacerse constar todas las facultades que hagan reconocible dicho derecho como pertinente al tipo abstracto previsto en el texto constitucional. Esto en el proyecto de ley que nos ocupa campa por sus fueros.


En relación a varios derechos que consagra, hay ocasiones en las que, vía excepción, sencillamente se niega el derecho y en otras incurre en una, a mi entender, manifiesta irregularidad. Me remito a la justificación de nuestras enmiendas para explicar, con aplicación al caso concreto, lo dicho, habida cuenta de que, como ya he dicho, nuestras

Página 8244


enmiendas iban dirigidas a salvaguardar las disfunciones jurídicas de las que, como así consideramos, adolece todavía el proyecto que debatimos.


Termino casi como comencé. Quiero que las críticas de esta portavoz no se interpreten como un no rotundo a la ley. Todo lo dicho y hasta lo que no he dicho no me hace perder la perspectiva y reconozco el avance que la misma supone para el reconocimiento de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil; un colectivo que hasta el momento vivía una situación de devaluación jurídica, si me permiten la expresión, en este campo, sin duda algo fundamental para cualquiera.


Señorías, el voto de mi grupo parlamentario será favorable al proyecto de ley que debatimos.

parte 1      parte 2     


Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal