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DS. Senado, Pleno, núm. 134, de 23/10/2007
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO

Año 2007 VIII Legislatura
Núm. 134
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 23 de octubre de 2007


ORDEN DEL DÍA:

Previo

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON MARTÍN MARCOS MARTÍNEZ BARAZÓN. (500/000318).


ACUERDO DE DELEGACIÓN DE LA COMPETENCIA LEGISLATIVA EN LAS COMISIONES.
(550/000043).


Primero

ACTAS

-- Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 9 y 10 de octubre de 2007.


Segundo

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

-- Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, por la que se insta al Gobierno a adoptar diversas medidas en relación con el cierre de la pesquería del atún rojo. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 803, de fecha 22 de octubre de 2007). (Núm. exp.
S. 671/000132).


-- Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a incrementar las partidas presupuestarias correspondientes a diversos proyectos de infraestructuras en la Comunidad de

Página 8380


Madrid. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 803, de fecha 22 de octubre de 2007). (Núm. exp.
S. 671/000134).


Tercero

MOCIONES

-- Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a apoyar la propuesta planteada por Polonia en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea para incrementar la cuota láctea europea y defender determinado mecanismo de reparto. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 803, de fecha 22 de octubre de 2007). (Núm. exp. S. 662/000198).


-- Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la elaboración y publicación de las balanzas fiscales entre las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 803, de fecha 22 de octubre de 2007). (Núm. exp. S.
662/000197).


Cuarto

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

-- De la Comisión de Defensa en relación con el Proyecto de Ley de la carrera militar. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 107, de fecha 19 de octubre de 2007). (Núm. exp. S. 621/000107). (Núm. exp. C.D. 121/000114).


Quinto

INFORME SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES

-- Informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones en el período ordinario de sesiones febrero-junio de 2007, aprobado por la Comisión en su sesión del día 8 de octubre de 2007 y emitido en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 195 del Reglamento del Senado. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 795, de fecha 11 de octubre de 2007). (Núm. exp. S. 871/000007).


Página 8381


SUMARIO

Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.


JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON MARTÍN MARCOS MARTÍNEZ BARAZÓN (Página 8384)

El señor don Martín Marcos Martínez Barazón jura acatar la Constitución.


ACUERDO DE DELEGACIÓN DE LA COMPETENCIA LEGISLATIVA EN LAS COMISIONES (Página 8384)

En La Comisión De Interior, del Proyecto De Ley De modificación de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil (Página 8384)

En la Comisión de Economía y Hacienda, del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria (Página 8384)

En La Comisión de Medio Ambiente, del Proyecto de Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Página 8384)

La Cámara acuerda por asentimiento delegar la competencia legislativa para la tramitación de las iniciativas mencionadas en las correspondientes comisiones.


ACTAS (Página 8384)

Lectura y aprobación, si procede , de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 9 y 10 de octubre de 2007.


Se aprueban las actas.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN (Página 8384)

Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, por la que se insta al Gobierno a adoptar diversas medidas en relación con el cierre de la pesquería del atún rojo (Página 8384)

El señor Urrutia Elorza defiende la moción.


La señora Hernández Gutiérrez defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Azurza Aristeguieta defiende la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


El señor Urrutia Elorza expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas.


En turno de portavoces, intervienen los señores Urrutia Elorza, por el Grupo Parlamentario Mixto; Perestelo Rodríguez, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; Companys i Sanfeliú, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Azurza Aristeguieta, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y Batlle Farrán, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, así como la señora Hernández Gutiérrez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Cores Tourís, por el Grupo Parlamentario Popular.


Vuelven a intervenir el señor Urrutia Elorza y la señora Hernández Gutiérrez.


Se aprueba la moción consecuencia de interpelación, en los términos de la propuesta de modificación, por 130 votos a favor y 111 en contra.


Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a incrementar las partidas presupuestarias correspondientes a diversos proyectos de infraestructuras en la Comunidad de Madrid (Página 8391)

El señor Peral Guerra defiende la moción.


El señor Simancas Simancas defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Peral Guerra expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda.


En turno de portavoces, intervienen los señores Jorquera Caselas, por el Grupo Parlamentario Mixto;; Macias i Arau, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Azurza Aristeguieta, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; Aragonès Delgado de Torres, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Simancas Simancas, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Peral Guerra, por el Grupo Parlamentario Popular.


Vuelve a intervenir el señor Jorquera Caselas.


Se rechaza la moción consecuencia de interpelación por 116 votos a favor, 127 en contra y 3 abstenciones.


Página 8382


MOCIONES (Página 8397)

Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a apoyar la propuesta planteada por Polonia en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea para incrementar la cuota láctea europea y defender determinado mecanismo de reparto (Página 8397)

El señor Pérez Lapazarán defiende la moción.


El señor Jorquera Caselas defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor Rodríguez Cantero defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Batlle Farrán defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.


El señor Pérez Lapazarán expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas.


En turno de portavoces, intervienen los señores Jorquera Caselas, por el Grupo Parlamentario Mixto; Perestelo Rodríguez, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; Companys i Sanfeliú, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Azurza Aristeguieta, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; Batlle Farrán, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Rodríguez Cantero, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Pérez Lapazarán, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se aprueba por asentimiento de la Cámara la moción, en los términos de la propuesta de modificación.


Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la elaboración y publicación de las balanzas fiscales entre las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado (Página 8409)

El señor Gasòliba i Böhm defiende la moción.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Bru Parra.


En turno de portavoces, intervienen los señores Sampol i Mas, por el Grupo Parlamentario Mixto; Ayala Fonte, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; Gasòliba i Böhm, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Maqueda Lafuente, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, así como la señora Aroz Ibáñez, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y los señores Bru Parra, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Fernández Cucurull, por el Grupo Parlamentario Popular.


Por el artículo 87 vuelven a hacer uso de la palabra los señores Maqueda Lafuente y Bru Parra.


Se rechaza la moción por 21 votos a favor, 95 en contra y 129 abstenciones.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 8420) )

De la Comisión de Defensa en relación con el Proyecto de Ley de la carrera militar (Página 8420)

El señor Blanco García, presidente de la comisión, presenta el dictamen.


Comienza el debate del articulado.


El señor Jorquera Caselas defiende las enmiendas números 1 a 4, del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor Companys i Sanfeliú defiende las enmiendas números 85 a 97 y 99 a 100, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


El señor Aleu i Jornet defiende las enmiendas números 40 a 44, 46, 47, 53, 54, 62 a 66, 70 a 72 y 74 a 80, retirando las números 45, 48 a 52, 55 a 61, 67 a 69, 73, 81 y 84.


El señor Caballero Moya defiende la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la incorporación de la enmienda número 38 del Grupo Parlamentario Popular.


El señor Muñoz-Alonso Ledo defiende las enmiendas números 8 a 16, 18, 21 a 37 y 39.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Uzquiza González.


El señor Muñoz-Alonso Ledo consume un turno en contra del voto particular del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de portavoces, intervienen los señores Jorquera Caselas, por el Grupo Parlamentario Mixto; Perestelo Rodríguez, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; Companys i Sanfeliú, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Caballero Moya, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Muñoz-Alonso Ledo, por el Grupo Parlamentario Popular.


Página 8383


Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 1 y 3, del Grupo Parlamentario Mixto, por 10 votos a favor, 224 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 2 y 4, del mismo grupo parlamentario, por 3 votos a favor, 230 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 85 a 95, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 9 votos a favor, 224 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 96 y 97, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 8 votos a favor, 109 en contra y 117 abstenciones.


Se aprueba la enmienda número 100, del mismo grupo parlamentario, por 126 votos a favor y 109 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 40, 41, 47, 62, 63, 76, 77, 79 y 80, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 12 votos a favor, 221 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 42, 43, 44 y 54, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 5 votos a favor, 224 en contra y 5 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés por 4 votos a favor, 228 en contra y 3 abstenciones.


Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que propone la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la incorporación de la enmienda número 38 del Grupo Parlamentario Popular, por 106 votos a favor, 128 en contra y 1 abstención.


Tras someterse tres veces a votación por producirse un resultado de 117 votos a favor, 117 en contra y 1 abstención , se rechazan las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números 8 a 16, 18, 21 a 37 y 39.


Se aprueba la propuesta de modificación del dictamen con número de resgistro 99801, por 117 votos a favor, 3 en contra y 115 abstenciones.


Se aprueba por asentimiento de la Cámara la propuesta de modificación con número de registro 99802.


Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 99803 por 116 votos a favor, 1 en contra y 117 abstenciones.


Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores, por 231 votos a favor y 4 en contra.


Se aprueba el resto del proyecto de ley por 113 votos a favor, 5 en contra y 117 abstenciones.


El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


INFORME SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES (Página 8435) )

Informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones en el período ordinario de sesiones febrero-junio de 2007, aprobado por la Comisión en su sesión del día 8 de octubre de 2007 y emitido en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 195 del Reglamento del Senado (Página 8435)

La señora Granado Paniagua presenta el informe.


A continuación, interviene el señor Benet Cañete, presidente de la comisión.


Se levanta la sesión a las veintidós horas y quince minutos.


Página 8384


Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. Señorías, se abre la sesión.


JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON MARTÍN MARCOS MARTÍNEZ BARAZÓN (S. 500/000318).


El señor PRESIDENTE: Asunto previo al orden del día: Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución del excelentísimo señor don Martín Marcos Martínez Barazón.


Voy a tomar juramento al nuevo senador.


Excelentísimo señor don Martín Marcos Martínez Barazón, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?

El señor MARTÍNEZ BARAZÓN: Sí, juro.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Habiendo prestado acatamiento de la Constitución, el excelentísimo señor don Martín Marcos Martínez Barazón ha adquirido la condición plena de senador. (Aplausos.-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


ACUERDO DE DELEGACIÓN DE LA COMPETENCIA LEGISLATIVA EN LAS COMISIONES (S.
550/000043).


-- EN LA COMISIÓN DE INTERIOR, DEL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 42/1999, DE 25 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN DEL PERSONAL DEL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL.


-- EN LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA, DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 2/1981, DE 25 DE MARZO, DE REGULACIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIO Y OTRAS NORMAS DEL SISTEMA HIPOTECARIO Y FINANCIERO, DE REGULACIÓN DE LAS HIPOTECAS INVERSAS Y EL SEGURO DE DEPENDENCIA Y POR LA QUE SE ESTABLECE DETERMINADA NORMA TRIBUTARIA.


-- EN LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, DEL PROYECTO DE LEY DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD.


El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, señorías, a leer el acuerdo de delegación de la competencia legislativa de las comisiones. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 130, apartado 1, del Reglamento de la Mesa del Senado, oída la Junta de Portavoces, en su reunión del 16 octubre de 2007 ha resuelto proponer al Pleno de la Cámara que se deleguen en las comisiones correspondientes la competencia legislativa para la tramitación de las siguientes iniciativas: en la Comisión de Interior, del proyecto de ley de modificación de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, del régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil; en la comisión de Economía y Hacienda, del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria, y en la Comisión de Medio Ambiente, del proyecto de ley de patrimonio natural y de la biodiversidad.


¿Acuerda la Cámara por asentimiento dicha propuesta? (Asentimiento.)

Por tanto, queda delegada la competencia legislativa para la tramitación de las iniciativas mencionadas en las correspondientes comisiones.


ACTAS:

-- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES, CELEBRADAS LOS PASADOS DÍAS 9 Y 10 DE OCTUBRE DE 2007.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto primero del orden del día: Actas.
Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados 9 y 10 de octubre de 2007. (El señor Aleu i Jornet pide la palabra.)

Su señoría tiene la palabra.


El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor presidente.


No intervengo propiamente por las actas, sino sencillamente porque en el Diario de Sesiones del Pleno de la primera semana de este periodo de sesiones aparece la palabra «nacionalsocialista» dirigida a una mayoría del Congreso. Sabemos que no se puede corregir, pero las explicaciones que se leen en el mismo Diario de Sesiones no nos satisfacen, nosotros queremos manifestar nuestra repulsa y nuestro disgusto por que aparezca esa palabra en el Diario de Sesiones.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


¿Se entiende que quedan aprobadas las actas de los días 9 y 10 de octubre? (Asentimiento.)

Quedan aprobadas por asentimiento.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN:

-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR DIVERSAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL CIERRE DE LA PESQUERÍA DEL ATÚN ROJO (S. 671/000132).


Página 8385


El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Mociones consecuencia de interpelación. Del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a adoptar diversas medidas en relación con el cierre de la pesquería del atún rojo.


A esta moción se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


Tiene la palabra el senador Urrutia.


El señor URRUTIA ELORZA: Eskerrik asko, presidente.


Arratsalde on guztioi; antzeko orriak, señorías. Muy buenas tardes a todos; bienvenidos, señorías.


El asunto que debatimos hoy hace referencia a una interpelación presentada en el Pleno anterior que, como consecuencia de la misma, ha terminado en moción.


En septiembre, la Comisión Europea decretó el cierre de la pesquería del atún rojo con el inicio de la veda, en principio -y digo en principio porque tal vez la cuestión se complique- hasta el 31 de diciembre de 2007, y la zona que ocupa es el Atlántico este y el Mediterráneo. Creemos que esta decisión de la Comisión Europea ha venido con retraso y ha creado un verdadero problema grave ¿Por qué? Porque van a pagar justos por pecadores.


Seguro que sus señorías conocen -porque este senador, con el asunto de la pesca tanto de la anchoa como del atún, viene dándoles bastante la lata- que la pesquería del atún rojo -Thunnusthynnus, en latín, o Hegalaburra, en euskera- sufre problemas desde hace tiempo motivados porque ha habido una sobrepesca y una sobreexplotación. Desde finales del año pasado e inicios de éste, debido a que la situación era bastante traumática, se está realizando un plan de recuperación de la especie. Este plan de recuperación, que tiene un periodo de 15 años y que lo que intenta es buscar que la pesca se reduzca, se haga con cautela y con cariño y no se busquen especies que tengan una dimensión inferior a los 30 kilos, determina que cada país de la Unión Europea tenga unas cuotas de captura que, para 2007, no llegaban a las 17.000 toneladas para los países miembros de la Comunidad Europea.


¿Qué ha pasado? Que la Comisión Europea no ha llevado un control exhaustivo y varios de los países que conforman la Unión Europea han superado las capturas, con lo cual aquellos países que no han realizado las capturas correspondientes se encuentran con la veda, no han llegado a las cifras y están en situación totalmente precaria.


¿Qué ha pasado aquí? El atún rojo es una especie que en Japón se cotiza a más valor que el oro. Los japoneses, por el shusi -que es un alimento que se hace con atún-, pagan cantidades astronómicas, con lo cual se está incitando a los países de dentro y fuera de la Unión Europea a esquilmar todos los caladeros del atún, creando un verdadero problema para aquellas pescas, pescadores y barcos que sean artesanales o superiores que van buscando una pesca pacífica, una pesca sostenible y una pesca de mantenimiento de especie. ¿Qué ha pasado entonces? Nos estamos encontrando con unos países que han cumplido perfectamente las cuotas y el trabajo y se han quedado compuestos y sin novia -y perdónenme la expresión- porque ha habido veda, y con aquellos otros países como Francia e Italia que se han anticipado, han capturado más pesa, y han arrasado, y antes del periodo correspondiente han cumplido sus cuotas.
Por tanto, la Comisión Europea, como se ha retrasado bastante en la petición de los datos provisionales, se ha encontrado con que se han superado las 17.000 toneladas y, habiéndose abierto la veda, suspende la pesca en el mes de septiembre.


Por tanto, hay países que pierden -España y otros varios- y hay países que han ganado como Francia e Italia, que lo que han hecho ha sido arrasar con cualquier tipo de pesca y con cualquier tipo de arte, y han producido un verdadero desastre.


La verdad es que no me compensa -y entramos ya en el núcleo de la moción- que la Unión Europea haya dicho: Ustedes, los países, comuníquennos por favor oficialmente cuántas han sido las capturas habidas. Y parece que desde el 26 de septiembre -es la primera parte de la moción- los Estados de la Unión Europea no han comunicado oficialmente las cuantías capturadas y las cuantías recepcionadas por cada uno de los barcos, con lo cual se ve que tanto la Comisión Europea como los países europeos que ahora están en este juego no han cumplido su obligación. Repito, es uno de los primeros puntos de la moción: el Estado español ¿ha informado o no? Porque si no, ¿de qué la Comisión Europea le recrimina a usted y a los demás países que la tengan informada? Primer aspecto.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine.


El señor URRUTIA ELORZA: Segundo aspecto.


El señor PRESIDENTE: Señoría, dispone de dos turnos más.


El señor URRUTIA ELORZA: Perfecto, señor presidente. No quiero molestar ni a usted ni a sus señorías, con lo cual intervendré en los siguientes turnos.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Para la defensa de la enmienda socialista, tiene la palabra la senadora Hernández.


La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.


El Grupo Parlamentario Socialista -como también ha manifestado la señora ministra- está de acuerdo con casi todo lo expuesto por el senador Urrutia, por tanto, nuestras enmiendas son únicamente para matizar lo que ha expuesto. En el planteamiento de la moción -aunque no se vota- se mezclan cuestiones relativas a dos pesquerías, la del atún blanco o bonito y la del atún rojo, ambas dirigidas a los túnidos pero que presentan una casuística diferenciada y están sometidas a requisitos y ordenaciones diferentes.


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En cuanto a las propuestas concretas que se plantean, en el procedimiento abierto por la Comisión que se ha comunicado a España mediante carta de emplazamiento de fecha 26 de septiembre, ya le dijo a usted la señora ministra que había sido un error informático y que ya se demostrará cuando finalice el plazo -que será a lo largo de este mes- en la respuesta del Ministerio de Agricultura a la Comisión Europea acerca de que la Administración pesquera española había comunicado toda la información; por tanto, teniendo en cuenta que no ha finalizado el plazo de contestación, en este momento se está preparando la respuesta a dicha carta, que contiene los detalles que aclaran ante la Comisión que España ha cumplido puntualmente con las comunicaciones sobre las exposiciones en materia de control que están establecidas en dicho Reglamento y, que se debe simplemente a un error informático de la Comisión Europea.


En lo referente a las medidas que se están abordando desde el mismo momento en que se cerró la pesquería, y tal y como se puso de manifiesto en la comparecencia del día 10, se ha solicitado a la Comisión que se adopten medidas sobre la base del artículo 23.4 del Reglamento, y sobre la base de dicho Reglamento está previsto que la Comisión deberá realizar deducciones de las futuras posibilidades de pesca a los Estados miembros que hayan rebasado su asignación. Asimismo, este mismo artículo establece que, si por haber rebasado un Estado miembro sus posibilidades de pesca asignada otro Estado miembro no puede agotar sus propias posibilidades de pesca, podrán reasignarse en su totalidad o en parte a dicho Estado miembro unas posibilidades de pesca equivalentes a las deducidas. No obstante, en el día de hoy, la Comisión Europea ya ha resuelto indemnizar a los pescadores españoles por pérdida de cuota.


Por tanto, nuestras enmiendas vienen a puntualizar que se actúe con diligencia en el seguimiento de las cuotas porque lo primero es informar -ya lo estoy haciendo yo aquí, pero no habría ningún inconveniente en que el Gobierno informara-, con lo cual lo podríamos aceptar; sin embargo la segunda parte, referente al reconocimiento de error, no, porque no se ha cometido ningún error, aunque parece menor, según lo que estamos hablando.


Y con respecto al segundo punto, relativo a que se efectué la deducción de cuotas, estaríamos dispuestos a aceptárselo, aunque ya es inminente que el Gobierno de España le ha pedido a la Comisión Europea, y esta ha tomado la decisión hoy, indemnizar a los pescadores que han perdido cuotas; por consiguiente, yo creo que el punto segundo está superado. No obstante, y sobre la base de llegar a un acuerdo, yo creo que podríamos aceptarla en sus propios términos, aunque nuestra enmienda, señor Urrutia, debería valorarla porque pretende completar el texto y es positiva para el sector.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Azurza.


El señor AZURZA ARISTEGUIETA: Gracias, señor presidente.


Señor presidente, señorías, la moción consecuencia de interpelación número 173, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre política del Gobierno en materia de pesca, resulta oportuna para el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


La moción pone el dedo en aspectos críticos para la fiabilidad del control efectivo de las normas de la política pesquera de la Comisión Europea.
Participamos de la filosofía de la moción, pero echamos de menos en ella dos aspectos de la situación, a cuya regularización dedicamos la enmienda de adición que con número de entrada 99357 hemos interpuesto. Por una parte, la continuidad en la pesca de palangre de superficie que posibilita la captura de túnidos con este arte en el Atlántico Norte contraviene de forma flagrante la voluntad del Parlamento, que ha instado al Gobierno de forma reiterada a no permitir la captura de estas especies en el Atlántico con artes distintas al curricán y al cebo vivo. Por eso, en el primer párrafo del texto de nuestra enmienda pedimos la inmediata modificación de la Orden 2521/2006, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre palangre de superficie.


En el segundo párrafo de la enmienda proponemos que se adapte la aplicación del Plan de recuperación del atún rojo, de forma que el 2 por ciento de la cuota española aplicable para la captura de ejemplares de menos de 30 kilos para las flotas artesanales de pescado fresco se asigne únicamente al Atlántico, tal y como establece el Reglamento comunitario.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Para manifestar su posición con respecto a las dos enmiendas que acabamos de debatir, tiene la palabra el senador Urrutia.


El señor URRUTIA ELORZA: Eskerrik asko, presidente.


Yo creo que la senadora Hernández y el Grupo Parlamentario Socialista no han entendido ni la interpelación ni la moción. Agradezco el apoyo que me dan, pero la enmienda dice: «El Pleno del Senado, insta al Gobierno a que plantee a la Comisión Europea:» Realmente, le estamos pidiendo al Gobierno de España, al Gobierno del Estado español, que informe, y lo venimos haciendo desde el 25 de septiembre, que fue cuando se lo comunicaron, así que espero que sea mañana o pasado mañana cuando nos diga qué ha pasado con respecto a la información. La señora ministra sí me dijo que había sido un error informático, pero yo tengo ganas de saber si ha sido así o es que se han intentado cambios de cromos con respecto a otros temas acaecidos en el mundo de la pesca, no con el atún, pero sí con la anchoa y la merluza. Primer aspecto.


Segundo aspecto. No me vale lo que me dice la senadora Hernández con respecto a las compensaciones para que las cuotas no consumidas durante el 2007 lo sean en los años posteriores o, en su caso, aumentadas. ¿Por qué moti-

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vo? Porque, como no hay un control exhaustivo sobre la pesca que realizan las flotas, aquellas que tienen capacidad pero no corazón ni solidaridad consumen mucho antes la cuota, con lo cual el que se queda atrás, sobre todo el que emplea flotas artesanales, no puede hacerlo y tiene un doble perjuicio; por un lado, se queda sin lo que no ha capturado y, por otro lado, las capturas excesivas de los demás le crean un problema: el lucro cesante, que hace que los precios bajen debido a un superávit en la oferta y que sus capturas se vean perjudicadas. Además, se le pide al Estado -y eso es lo que yo quiero- que mejore los controles en las importaciones reales y en las figuradas, que se producen bajo cuerda, como son las que entran por Irún, en el norte del Estado español, y en los tres últimos días periódicos como Vocento o El País han publicado las cantidades de decomiso sobre capturas de atún que vienen camufladas, perjudicando el precio. Por ello, este humilde senador de Eusko Alkartasuna no puede aceptar las enmiendas con la filosofía de que sea la Comisión Europea.


Al Grupo de Senadores Nacionalistas Vasco le agradezco, de verdad, que crea que es interesante esta moción. Lo cierto es que esta situación no solo la están sufriendo los pescadores de las cuatro comunidades del Cantábrico, sino también los de las comunidades del sur, en zonas como Tarifa, Cádiz, Almería y Murcia; la está sufriendo todo el Estado, y el Gobierno del Estado no está defendiendo ni empleando la fuerza necesaria, máxime cuando el Estado español es la primera potencia europea en pesca y gestiona más del 50 por ciento del presupuesto del sector pesquero. Si supiera cuál es la realidad de los hombres y mujeres que se dedican al sector pesquero, cuál es su potencial tecnológico y el peso específico, la defensa de esta pesca y de todas las demás sería mucho más considerable.


Con respecto a su enmienda, le acepto el segundo párrafo y, en cuanto al primero, quiero que vean que los partidos nacionalistas también se acuerdan del resto del Estado. Y que aquellos que están sufriendo problemas con las almadrabas y se enfrentan a otras dificultades en la costa Atlántica, en la de Canarias y en la mediterránea sepan que tenemos relación con ellos. Por tanto, acepto el segundo párrafo de su enmienda, pero con respecto al primero les pido, por favor, al objeto de crear un nexo de unión y un abrazo con los demás pueblos del sector pesquero, que lo retiren para poder presentar una enmienda transaccional.


Eskerrik asko, presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Le recuerdo al proponente que, en caso de acordar una enmienda transaccional, ha de ser presentada en la Mesa con todos los requisitos que requiere la misma.


Pasamos, a continuación, al turno de portavoces.


Tiene la palabra el senador Urrutia.


El señor URRUTIA ELORZA: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo con brevedad para no aburrir a sus señorías. De verdad que deseo que toda la bancada, tanto la parte derecha como la izquierda, tome conciencia de que el Estado español tiene unos mares: el Mediterráneo, el Atlántico este y el Cantábrico, de enorme riqueza, aunque estén bastante deteriorados por las artes de pesca. Me gustaría que el Gobierno del Estado, y sobre todo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tomaran verdadera conciencia de que tenemos un sector en situación precaria, de que tenemos un sector al que hay que defender con uñas y dientes dentro de la Unión Europea, porque tenemos personas excepcionalmente preparadas, trabajadores a ultranza, que defienden una pesca lúcida y transparente, que defienden la riqueza del mar; tenemos unas prácticas de pesca que se están recuperando, se están rejuveneciendo y actualizando, y tenemos una capacidad de mares que nos permiten una extraordinaria dimensión.


Señorías, quisiera dar un cercano abrazo a todo el sector pesquero, a toda la gente que en este momento se está moviendo por los mares del mundo, y sobre todo por los más cercanos. Espero que este tema se tome con verdadera conciencia para que este sector, que siempre ha tenido un peso específico en el producto interior bruto, se siga manteniendo con respeto y con la subsistencia de la pesca marítima.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el senador Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo brevemente para fijar la posición de mi grupo parlamentario, en principio favorable a la moción presentada por el senador Urrutia, que creo que ha defendido brillantemente la situación actual, sobre todo en el trámite de interpelación a la señora ministra.


Compartimos el criterio de la primera parte de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre todo en lo que se refiere a la modificación de la orden relativa a las artes de captura de las especies, que son las que emplean en Canarias nuestros pescadores. A veces existe competencia desleal con otras empresas que llegan a nuestra zona.


Hemos dado nuestro apoyo a la presentación de una transaccional que entiendo no se ha planteado formalmente. En todo caso, vamos a votar favorablemente la moción con la incorporación, aceptada por el senador Urrutia, de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Companys.


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El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Señor presidente, señoras y señores senadores, efectivamente tenemos encima de la mesa un tema importante: el debate sobre la situación del atún rojo. Pero permítanme que me centre en algo que me afecta de forma más directa, me refiero al comportamiento en el Mediterráneo, un mar cerrado con muchos problemas al respecto.


La población del atún rojo ha descendido durante los últimos 30 años en un 80 por ciento. En el año 2000 la Comisión de Conservación del Atún Rojo en el Atlántico, la CICAA, estimó que la mortalidad en pesca era dos veces y media superior al nivel máximo compatible con su reproducción.
Estamos frente a un problema de sobreexplotación del atún rojo en el conjunto del litoral, y especialmente en el Mediterráneo. Esta es una vieja preocupación, y si bien es cierto que ha habido adelantos respecto de algunos temas -pues hace algunos años el problema estaba en que la protección era solo de 12 millas y en ese momento la protección en el Mediterráneo es de 80 millas, con lo que evitamos la entrada de buques de pesca de países asiáticos-, no lo es menos que efectivamente la Unión Europea no actúa de forma rápida y contundente, permitiendo que sucedan cosas en la pesca que no permitiría en la agricultura. En agricultura no se permitiría un sobrepasamiento de la cuota láctea sin que pasara nada; habría multas importantes. En cambio en pesca hay un sobrepasamiento de la cuota del atún, y lo que se hace es cortar, y los que se han comportado bien, se quedan sin pescar. Eso no tiene sentido, no es algo coherente.


Sabemos que los intereses en torno al atún rojo son muy potentes, sabemos lo que en este momento están pagando los mercados asiáticos por un kilo de atún rojo, y por tanto, que la presión es brutal. Es más, en este momento se ha creado una flota industrial que se dedica a la pesca indiscriminada en el Mediterráneo para alimentar las jaulas en las que viven los atunes que luego se comercializarán, y los franceses están haciendo verdaderas masacres en la zona territorial de Libia con atunes de todos los tamaños, incluidos los inferiores a 30 kilos.


Señor presidente, creía que todos los grupos parlamentarios podríamos apoyar esta moción porque estamos de acuerdo con la necesidad de la protección, máxime si realmente queremos seguir teniendo atún en el futuro; el problema es que se ha presentado una enmienda que mi grupo parlamentario no puede apoyar. En este sentido, la enmienda propone que, efectivamente, se aplique un plan de recuperación del atún rojo, pero de forma que el 2 por ciento de la cuota española aplicable para la captura de ejemplares de menos de 30 kilos, para flotas artesanales -estamos hablando de flotas pequeñas y, por tanto, de carácter litoral- de pescado en fresco se asigne únicamente al Atlántico y, por lo tanto, se rompa la situación de equilibrio que teníamos hasta este momento.


Estamos a favor de la propuesta, pero entendemos que la solución al problema no pasa por romper el equilibrio existente y que si es necesario poner en marcha un programa de recuperación, lo tendremos que hacer entre todos, pero no unos a costa de los otros.


Por lo tanto, senador Urrutia, me hubiese gustado poder votar a favor de esta moción -y lo hubiese hecho si se hubiese mantenido el texto original-, pero la enmienda que se ha incorporado lo hace inviable, porque es muy complicado que este senador pueda defender en su territorio que está de acuerdo en que para salvar al atún el único sitio en el que no se pueda pescar sea el Mediterráneo.


Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores senadores.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Azurza.


El señor AZURZA ARISTEGUIETA: Gracias, señor presidente.


Las grandes perjudicadas con la decisión del cierre de la pesquería de atún rojo por la Comisión Europea son, señorías, como ustedes saben, las pesquerías artesanales del Cantábrico -entre ellas, la flota vasca- que operan en las épocas de verano y otoño y que trabajan con artes de pesca responsables y sostenibles, al igual que la flota artesanal del Estrecho, que faena habitualmente en otoño.


Es necesario señalar que, en el caso del Estado español, dado lo limitado de la cuota asignada, se ha estado cerca de alcanzarla; de ahí que resulte incomprensible que se haya permitido a flotas ajenas a esta pesquería, como es el palangre de superficie del Atlántico, la captura accesoria del atún; como tampoco se comprende que el MAPA asigne el 2 por ciento de su cuota para pescado de menos de 30 kilos a flotas del Mediterráneo, cuando el plan de recuperación establece claramente que únicamente es aplicable a pesquerías artesanales del Atlántico. Ello ha contribuido a enturbiar el mercado, en el que se ha encontrado este pescado de menos de 30 kilos sin el etiquetado exigible que tiene la flota de cebo del Cantábrico.


Se debe denunciar, asimismo, la presencia en el mercado español de atún rojo capturado de forma ilegal, que ha sido introducido en puertos españoles tanto por flotas de pabellón español como de otros pabellones.


En todo caso, señorías, se ha llegado a un acuerdo transaccional con algunos grupos de la Cámara y, entre ellos, con el del autor de la iniciativa, al que se lo agradecemos especialmente. Confiamos en que otros grupos se sumen al acuerdo.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el senador Batlle.


El señor BATLLE FARRÁN: Gracias, señor presidente.


De la lectura de la moción consecuencia de interpelación del señor Urrutia se deducen una serie de cuestiones: en primer lugar, la preocupación por la utilización de artes de pesca inadecuadas por parte de algunos países; en segundo lugar, la falta de cumplimiento de las cuotas asignadas por parte de la Comisión; en tercer lugar, las impor-

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taciones cuantiosas e indiscriminadas de productos pesqueros por la falta de aplicación de medidas de salvaguarda, lo que lleva a una cierta situación de fraude, y, en cuarto lugar, el requerimiento que significaba la apertura de un expediente por la no transmisión de información a la Unión Europea de las cantidades de pesca hasta el momento, con fecha de 26 de septiembre. Y la paradoja es que España, que no cubre su cupo de pesca en cuanto a las toneladas asignadas para el atún rojo, ve cómo se cierra antes de hora una pesquería porque otros abusan de la cantidad de sobrepesca. Como mínimo es una situación chocante.


En el fondo de la interpelación defendida por el senador Urrutia se expresa una preocupación por la sobreexplotación en la pesca del atún rojo, aunque en otros casos e intervenciones también ha reflejado similar preocupación por la sobreexplotación de otras pesquerías. Compartimos el criterio y la preocupación del senador Urrutia, y de la respuesta dada por la señora ministra deduzco que también el Gobierno comparte sus preocupaciones. Entiendo que da respuesta satisfactoria a una serie de cuestiones planteadas por el senador Urrutia, entre ellas sobre la evolución del plan de recuperación del atún rojo, plan que España cumple, algunos otros países también, aunque otros, bastantes menos.


Pero, una vez aclarado en el debate que la Comisión Europea abre procedimiento mediante comunicación a España y a los demás países de la Unión Europea que disponen de cuota de atún rojo porque no traslada las disposiciones en materia de control establecidas en el Reglamento 643/2007, era lógico pensar que este punto estaba aclarado, de modo que no hacía falta exponerlo o hacerlo figurar en la moción consecuencia de interpelación. Porque ese mismo Reglamento prevé que la Comisión deberá realizar deducciones de las futuras posibilidades de pesca de los Estados miembros que hayan rebasado su asignación, y además establece que si por haber rebasado un Estado miembro las posibilidades de pesca asignadas otro Estado miembro no puede agotar sus posibilidades de pesca, podrán resignarse en su totalidad o en parte a dicho Estado unas posibilidades de pesca equivalentes a las deducidas. Efectivamente, eso dice el Reglamento.


Por tanto, nuestro grupo estaría de acuerdo en apoyar una moción que instara al Gobierno a la adopción de medidas de control de cuotas asignadas y que la Comisión penalizara a los Estados miembros que rebasaran sus cuotas asignadas, al tiempo que estableciera mecanismos de reasignación de cuotas complementarias a los países que, por utilizar buenas artes de pesca y por hacer efectiva la pesca sostenible no hubieran podido cumplir con toda la cantidad de cuota asignada.


Y esta moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, a nuestro entender, rompe los equilibrios en las asignaciones de cuotas, sobre todo en lo referente al plan de recuperación de la pesquería del atún rojo en el Mediterráneo.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Hernández.


La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Gracias, señor presidente.


Vamos a analizar lo que vamos a votar, es decir, la transaccional firmada por los grupos Mixto, Popular, de Senadores de Coalición Canaria y de Senadores Nacionalistas Vascos.


Así, el punto número uno queda igual que en la moción presentada: «El Senado insta al Gobierno a que informe sobre el procedimiento abierto por la Comisión Europea a España, entre otros países, por no haber cumplido con la obligación de enviar a la misma la documentación sobre las capturas en los plazos establecidos.»

En dicha carta la Comisión plantea las carencias de comunicación en que supuestamente ha incurrido la Administración pesquera española en relación con las disposiciones relativas a las comunicaciones en materia de control establecidas en el Reglamento 643/2007, publicado el 13 de junio de 2007, por el que se modifica el Reglamento 41/2007, que incorpora a nivel comunitario las obligaciones adoptadas en el seno de la ICAAT relativas al plan de recuperación del atún rojo.


Cabe destacar que este proceso se ha dirigido a todos los Estados miembros, sin excepción, que disponen de cuota de atún rojo, y señala a todos ellos por el incumplimiento de la transmisión de información a la Comisión, siguiendo las disposiciones en materia de control establecidas en dicho Reglamento. En la citada carta se fija un plazo de un mes para emitir una respuesta, plazo que cumplirá a finales del presente mes. He dicho: a todos los Estados. ¿Usted sabe por qué? Ya se lo dijo la ministra: porque había un fallo informático. Pero son tres las veces -con una moción, una interpelación y una moción consecuencia de interpelación- en que se les ha informado de lo mismo. Y nosotros lo aceptábamos. Que el Gobierno vuelva a informarle a usted y a todos los grupos parlamentarios del problema. No pasa nada, si la información es correcta.


Y respecto de lo segundo que vamos a votar, es usted el que ha retirado lo de las indemnizaciones a los pescadores. (El senador Urrutia Elorza hace gestos negativos.) Sí señor. Hay un punto número uno y un punto número dos, y usted ha incluido el segundo párrafo de la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Es decir, votamos un primer punto y lo segundo que votamos es que no se pueda pescar atún rojo en el Mediterráneo. Lo tengo aquí. Hay una enmienda transaccional firmada por el Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; el punto número 1 es para que se informe y el punto número 2 para que no se pueda pescar atún rojo en el Mediterráneo.


Señoría, el «todo para mí» de usted, lo puedo entender. ¿Sabe de quién no puedo entenderlo? Del Grupo Popular,

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que nos viene machacando con Mariano el del bombo -perdón, Manolo el del bombo; no sé en qué estaría pensando-, un día tras otro, con la unidad de España. A ver ahora con qué cara su portavoz parlamentario va a ir a hablar con el consejero de la Región de Murcia y de la Comunidad Valenciana para decirle que están votando con el portavoz de EA para que no puedan pescar atún rojo en los caladeros del Mediterráneo, y que sus pescadores, los de Cataluña, Baleares, Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía se van a quedar sin pescar atún rojo. Ustedes serán los que tendrán que explicar por qué atribuyen a otros que se rompe España y no sé qué, cuando están pidiendo algo sólo para el País Vasco y para el Cantábrico. Estamos de acuerdo en que hay que hacer un plan de recuperación del atún rojo. De hecho, lo ha impulsado el Gobierno de España en la Comisión Europea, pero no a costa de que se sacrifiquen sólo los pescadores del Mediterráneo; no a costa de que se sacrifiquen sólo murcianos, valencianos, catalanes, baleares y andaluces, no a costa de eso. Y se lo repito: de usted ese egoísmo lo puedo entender; ¿del Grupo Popular? ¡Vaya!

Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Cores.


El señor CORES TOURÍS: Muchas gracias, señor presidente.


El pasado 20 de septiembre la Comisión Europea decretó el cierre de la pesquería de atún rojo. Conviene recordar que nuestro país tiene asignada una cuota de 5.568,21 toneladas, siendo el país de la UE con mayor cuota.
Pero también hay que recordar que supone un 11 por ciento menos que en el año 2006 y que nuestra flota tiene pendiente de capturar a día de hoy más de 150 toneladas, lo que significa unas pérdidas de 1,35 millones de euros en este año. Hay que recordar asimismo que Italia y Francia dieron por finalizada la pesquería en los meses de julio y agosto, y que han admitido con total descaro e impunidad que superaron su cuota de captura.
Se sabe que para ello han utilizado en muchos casos artes esquilmadoras y que, en definitiva, los culpables y causantes de la grave situación que atraviesa en este momento nuestra flota -que sí ha cumplido fielmente el reglamento comunitario- han sido ellos.


El comisario de Pesca ha admitido en diferentes ocasiones que existen problemas de sobrepesca y una ineficaz aplicación de las medidas de control. El actual Gobierno español ha venido demostrando una debilidad ante la Unión Europea al no lograr que se apliquen los mecanismos de sanción y compensación que hagan justicia a una flota como la nuestra, que, como ya dije, ha cumplido el reglamento comunitario, pero a pesar de ello se verá gravemente perjudicada al no poder realizar las capturas que tiene pendientes de la cuota asignada. Es el momento de actuar con contundencia. El Gobierno debe exigir indemnizaciones a Francia e Italia por ser los verdaderos culpables. España debe recuperar su autoridad y su peso específico dentro de la UE. Y el Gobierno socialista tiene que poner fin, de una vez por todas, a la debilidad que viene demostrando, año tras año, en este y otros asuntos de vital importancia para nuestro país.


En junio la señora ministra ya sabía de la existencia de indicios claros de sobrepesca por parte de buques franceses, pero ni la Comisión ni el Gobierno español adoptaron medidas para evitarlo. Es más, según la Comisión, el Gobierno español ha incurrido en dejación de funciones al no haber informado convenientemente de las cuantías de nuestras capturas. El Gobierno debe tomar medidas urgentes para paliar esta situación, porque estamos hablando del sustento económico de muchas familias que atraviesan una situación precaria y problemática. ¿Cómo se va a compensar, senadores del Grupo Parlamentario Socialista, a la flota española por estas pérdidas en la reasignación de cuotas futuras? ¿Cómo recuperaremos lo que no hemos pescado si cada año las cuotas son menores? ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para compensar a nuestra flota por los ingresos no obtenidos este año? Y lo peor: ¿por qué no se convocó a la Federación Nacional de Cofradías a la reunión celebrada en la Secretaría General de Pesca Marítima para tratar del tema del cierre de la pesquería, siendo esta una entidad de consulta y colaboración con la Administración que viene participando activamente en todas las reuniones relacionadas con el atún rojo?

Señores del Grupo Parlamentario Socialista, en la reunión celebrada en Bruselas el pasado 17 de octubre, representantes de la citada federación analizaron las razones que llevaron al cierre de la pesquería y quedó demostrado que la gestión del plan de conservación del atún rojo ha sido, además de deficiente, discriminatoria con ciertas artes. Queremos hacerle llegar a la señora ministra no sólo nuestra preocupación, sino también la de los pescadores sobre cómo va a ser el nuevo plan de gestión del año 2008. Entendemos que se deben poner en marcha de forma urgente, y como demanda también la Federación Nacional de Cofradías, medidas de compensación para las embarcaciones españolas perjudicadas por el cierre anticipado de la pesquería del atún rojo. Estamos de acuerdo con la llamada de atención de la referida federación, queexige al Gobierno y a la Comisión Europea que no vuelvan a consentir que determinados Estados, pese a tener la cuota agotada, sigan pescando por encima de sus posibilidades. Y compartimos también su malestar por el modo en que se gestionó el plan de recuperación del atún rojo.


Por ello, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar esta moción por entender que el Gobierno debe informar de todo lo expuesto anteriormente, y para que se estudien las posibles vías impugnadoras o de reclamación frente al modo de actuar de la Comisión, pero teniendo siempre en cuenta al sector afectado, que es lo que no se ha hecho en estos casos.


Muchas gracias, señor presidente. (Apalusos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (El señor Urrutia Elorza pide la palabra.)

¿Senador Urrutia?

El señor URRUTIA ELORZA: Señor presidente, sólo pido la palabra medio segundo por alusiones de la senadora Hernández.


Creo que tiene que leer perfectamente la enmienda, porque dice lo mismo que establece el Reglamento comunitario. Le pediría que no arrimara el ascua a su sardina ni se metiera con el Mediterráneo ni con sus pescadores. Repito que la enmienda dice lo mismo que establece el Reglamento comunitario. No decimos nada más.


El señor PRESIDENTE: Gracias señoría. (La senadora Hernández Gutiérrez pide la palabra.)

La senadora Hernández tiene la palabra.


La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Resulta que, tal como establece el Reglamento comunitario, no se puede pescar atún rojo en el Mediterráneo. Usted estuvo hablando antes de Italia. El atún rojo se está pescando, y España no ha sido sancionada.


Señor Urrutia, eso no lo dice el Reglamento comunitario y, desde luego, eso no lo dijo usted en la interpelación a la señora ministra.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Vamos a proceder a la votación de la moción defendida por el senador Urrutia.


Votamos la transaccional a la moción, firmada por los grupos Mixto de Senadores de Coalición Canaria, Popular y de Senadores Nacionalistas Vascos.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 130; en contra, 111.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INCREMENTAR LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CORRESPONDIENTES A DIVERSOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID (S.
671/000134).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a incrementar las partidas presupuestarias correspondientes a diversos proyectos de infraestructuras en la Comunidad de Madrid.


A esta moción se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores.)

Señorías, silencio. Abandonen el hemiciclo aquellos que no quieran escuchar.


Para la defensa de la moción tiene la palabra el senador Peral.


El señor PERAL GUERRA: Gracias, señor presidente.


Señorías, la Comunidad de Madrid es una región abierta y solidaria, donde todos son bienvenidos y donde no hay lugar ni para la exclusión ni para el privilegio. Comprometidos con el progreso y con el futuro de nuestra patria común, España, y con el de todas sus comunidades autónomas, hemos sido siempre generosos a la hora de contribuir a las necesidades comunes, que deben ser financiadas con los recursos públicos. Valgan como ejemplos los ingresos por cuotas de la Seguridad Social en Madrid, que superan en un 58 por ciento a los gastos que aquí se producen, o que la Comunidad de Madrid, con un 13,4 por ciento de la población de España, suponga el 34,5 por ciento de la recaudación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o que seamos la única comunidad, junto con la de Baleares, que en el año actual ha realizado una aportación neta de 186 millones de euros, al Fondo de suficiencia del sistema de financiación.


Pero como ya dije en la interpelación, el que la Comunidad de Madrid sea una región abierta y solidaria no lleva a que deba forzosamente adoptar una actitud mansa, sumisa o servil ante el reiterado agravio y discriminación al que, por motivos ideológicos, le someten José Luis Rodríguez Zapatero y su Gobierno. Nosotros no hemos reclamado que la inversión del Estado sea proporcional a nuestro producto interior bruto ni tampoco a nuestra población, aunque ambos criterios nos beneficiarían; tampoco hemos pedido 700 millones de euros para destinar a inversiones indeterminadas, pero que ya están reservados para una comunidad autónoma.
Sí que hemos reclamado que no se insulte a nuestros ciudadanos, imputando a nuestra región inversiones para el saneamiento de Ceuta y Melilla, así como para la restauración de las cuencas de los ríos Duero, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar y Ebro, e incluso para la seguridad del tráfico marítimo y la vigilancia costera, lo que es un verdadero escarnio cuando la costa más cercana está a 350 kilómetros de Madrid.


En la Comunidad de Madrid, como en todas las demás, hay víctimas de la LOGSE, cuyos conocimientos de la geografía de España dejan mucho que desear, pero la inmensa mayoría de los que habitan en nuestra región van a considerar grotesca esta territorialización de las inversiones. Y seguro que tampoco está conforme con que el 47 por ciento de la inversión del Estado en Madrid se dedique a mobiliario, enseres, equipos informáticos, desarrollos web en los ministerios, así como a conservación y reformas en ellos, salvo que el Gobierno piense aquello de que Madrid es un poblacho manchego lleno de subsecretarios.


No hay más que salir a la calle para comprobar qué distinta es la realidad de esta región, que genera el 18 por ciento del producto interior bruto de España.


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A pesar de estas imputaciones presupuestarias que ofenden al sentido común, la inversión del Estado en la Comunidad de Madrid solo va a crecer un 0,49 por ciento en el próximo año, frente a un incremento medio para el conjunto de las comunidades autónomas del 17,8 por ciento. Y si no se destinasen doce millones de euros al complejo presidencial de La Moncloa, la inversión del Estado en Madrid no crecería nada. Hablando de La Moncloa, parece increíble que entre los 600 asesores de José Luis Rodríguez Zapatero, pagados por el contribuyente, no haya uno solo que le haya recomendado que deje de maltratar a su circunscripción electoral.


El pasado 18 de octubre la Asamblea de Madrid aprobó una proposición de ley para que el criterio de equidad se una al de solidaridad a la hora del reparto de los recursos del Estado. Por eso hemos presentado esta moción, que insta al Gobierno de España a dotar adecuadamente de una serie de inversiones en infraestructuras, que son necesarias y urgentes, a nuestra región, a través de la cual se realiza una parte muy importante del transporte de personas y mercancías de toda España. Algunas de estas infraestructuras fueron mencionadas aquí por la ministra de Fomento el pasado 26 de septiembre; otras fueron abordadas en la reunión que el presidente del Gobierno y la presidenta de la comunidad mantuvieron el pasado 10 de septiembre, y han sido incluidas en la propuesta de convenio enviada a don José Luis Rodríguez Zapatero el pasado 20 de septiembre.


Finalmente, estoy seguro de que esta Cámara va a apoyar el inicio del proceso de transferencia de la gestión de cercanías a la Comunidad de Madrid, en coherencia con los votos unánimes de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del 29 de marzo de 2005 y del Pleno del Senado del pasado 19 de junio en relación con el traspaso de cercanías a todas las comunidades autónomas que lo soliciten.


Hoy se ha celebrado una reunión entre la ministra de Fomento y la presidenta de la Comunidad de Madrid. La ministra, que, al contrario de otros ministros menos poseídos de su cargo, no tiene costumbre de reunirse con los consejeros de infraestructuras de la Comunidad de Madrid, citó a la presidenta en su despacho. Naturalmente, nuestra presidenta, que se reúne con todo tipo de personas de forma habitual, ha acudido a la cita para defender los intereses de Madrid.


Como ya dije en la interpelación, las infraestructuras deben estar siempre por encima del debate ideológico. Por eso pido a sus señorías que apoyen esta moción y que, de mutuo acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, se dote de las necesidades de infraestructura y de transporte colectivo a esta región, que siempre ha querido ser abierta y solidaria con todas las comunidades autónomas de España.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Simancas.


El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señor presidente.


A la hora de hacer una valoración sobre esta moción tenemos que distinguir entre su literalidad y su intencionalidad política. La literalidad de la moción está plagada de datos falsos, de juicios de valor infundados y de reivindicaciones que, sorprendentemente, se sitúan por debajo de lo que el propio Gobierno de España y el Partido Socialista Obrero Español están ya planificando, proyectando e incluso ejecutando en las infraestructuras de Madrid. La intencionalidad de la moción, no obstante, nada tiene que ver, como era previsible, con las inversiones del Estado en Madrid. La intencionalidad pretende claramente alimentar el discurso falsamente victimista que mantiene el Partido Popular en Madrid, en una estrategia permanente de confrontación del Gobierno regional con el Gobierno de España, estrategia estéril para los intereses de los ciudadanos y absolutamente lamentable en términos institucionales.


Pero vayamos por partes. Literalidad de la moción: datos falsos. Dicen ustedes literalmente en su moción que en los Presupuestos Generales del Estado no se contemplan dotaciones para realizar nuevas infraestructuras en la Comunidad de Madrid, sin más matices. Que no hay dinero para infraestructuras en Madrid, literalmente. Incluso llegan a concretar que no hay dinero para plataformas reservadas, no hay dinero para la A-6, no hay dinero para la M-40, no hay dinero para mejorar las autovías de primera generación. Y solo hay dos alternativas, señorías: o no se han leído ustedes el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2008 o intentan ustedes mentir de una manera deliberada a esta Cámara y a los ciudadanos y ciudadanas de Madrid.


Señor Peral, no hace falta tener un primo físico para conocer de los Presupuestos Generales del Estado en Madrid. Basta con tener un primo que sepa leer; por ejemplo, el proyecto de presupuestos en su Sección 17, en la Comunidad Autónoma número 16. ¿Aparece en este documento una alusión al dinero presupuestado para las plataformas reservadas? Sí, en la página 557. ¿Aparece dinero para la mejora de la A-6, para la mejora de la M-40 o para la mejora de las autopistas de primera generación? Sí aparece ese dinero, señor Peral. Por tanto, ¿cómo se puede mantener literalmente que no hay dinero para nuevas infraestructuras en la Comunidad de Madrid? Solamente desde la intencionalidad de engañar a los ciudadanos. ¿Y por qué esas mentiras? ¿Por qué falsear los datos? Porque los datos reales no avalan el «Zapatero asfixia Madrid» ni tampoco avalan el «cero Zapatero», el raca, raca del Partido Popular en Madrid. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Los datos reales no lo avalan.


En esta legislatura ha habido 4.500 millones de euros ejecutados desde el Ministerio de Fomento en infraestructuras madrileñas, y si comparamos con la legislatura anterior tenemos que significar lo siguiente: carreteras, 321 millones de euros en la legislatura anterior, 603 millones de euros en esta legislatura. Ferrocarriles, 1.500 millones

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de euros en la anterior legislatura, 2.095 millones de euros en esta legislatura. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular hacen signos negativos.)

Señores del Grupo Parlamentario Popular, si Zapatero asfixia con 2.095 millones de euros en inversiones en ferrocarril, ¿qué es lo que hacía Aznar con 1.500 millones de euros, estrangulaba a los madrileños? (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Seamos un poquito serios.


En el capítulo de las reivindicaciones tienen que ser ustedes más precisos, lógicamente, pero, también lógicamente quedan ustedes más en evidencia. Reivindican ustedes literalmente dinero en un presupuesto público para ejecutar la Radial 1. ¡Pero si es una autopista de peaje! ¡Si estamos hablando de una inversión privada para prolongar la Radial 3, otra autopista de peaje! ¿Quieren ustedes que paguemos a los empresarios privados con el dinero de los ciudadanos? Reivindican ustedes dinero para el cierre de la M-50 y aparece la partida 0930. El dinero para la variante de Las Rozas está. El dinero para las plataformas reservadas en las A-1, A-2, A-3, A-4 está. Todo está proyectado y presupuestado.
Partida 0169, partida 0171, mejora de la M-40; mejora de las autovías de primera generación, 95 millones de euros; tren a Barajas y a dieciocho ciudades españolas con alta velocidad; la mejora de la red de Cercanías.
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

¿Esto es todo lo que se les ocurre? ¡Pero si incluso para hacer un discurso victimista hay que hacer un esfuerzo de imaginación! Pero ustedes ni siquiera echan mano de la imaginación. Están haciendo el ridículo también en las cifras. (Rumores.-Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Reivindican ustedes con gran solemnidad: Queremos una cantidad mínima de 1.071 millones de euros para que el Ministerio de Fomento inicie en 2008 actuaciones imprescindibles para la Comunidad de Madrid. ¡Y tan mínima! ¡Pero si el Ministerio de Fomento ya ha presupuestado más que esto! ¡Si ha presupuestado 1.353 millones de euros! Y eso sí, piden ustedes que todo se resuelva en poco más de dos meses, que todas estas obras nuevas, que suponen más de 1.000 millones de euros, se inicien y se finalicen -interpreto yo según la literalidad de su moción- en tres meses.


¿Saben ustedes cómo hacía Álvarez-Cascos las cosas en Madrid? (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular. ) ¿Saben ustedes cuándo se presupuestó la variante de El Molar en los Presupuestos Generales del Estado? En 2001, presupuestado; en 2002, presupuestado; en 2003, presupuestado; en 2004, presupuestado.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.


El señor SIMANCAS SIMANCAS: ¿Saben ustedes cuándo se ha ejecutado de verdad la variante de El Molar? En el año 2005, con un Gobierno socialista. (Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Esa es la prisa que se daban ustedes cuando gobernaban esta comunidad.


El señor PRESIDENTE: Senador Simancas, termine, por favor.


El señor SIMANCAS SIMANCAS: Señores del Grupo Parlamentario Popular, finalizo esta primera intervención. Dejen ustedes de actuar de una manera demagógica e irresponsable. Aprueban ustedes la enmienda que hemos planteado a su moción, una enmienda que se deja de victimismos y que reclama al Gobierno nada más y nada menos que siga actuando para mejorar las infraestructuras del transporte en esta comunidad. Son 600 millones de euros en carreteras, 3.000 millones de euros en ferrocarriles. Esto es lo que ustedes deberían hacer. (Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular. -Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Para manifestar su posición sobre la enmienda socialista, tiene la palabra el senador Peral.


El señor PERAL GUERRA: Señor presidente, no aceptamos la enmienda porque adolece de una extraordinaria falta de rigor con los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Ministerio de Fomento.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Pasamos al turno de portavoces.


En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Intervendré brevemente -por eso hablo desde el escaño-, para anunciar que el Grupo Parlamentario Mixto votará en contra de esta moción por varias razones. En primer lugar, porque nos parece incongruente presentar una moción relativa a las demandas de un determinado territorio con el objeto de incluir nuevas partidas de inversión con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, para el próximo ejercicio, cuando estos se encuentran en tramitación parlamentaria y, por tanto, se pueden presentar enmiendas, cuando se están debatiendo en el Congreso y cuando, próximamente, serán sometidos a debate en el Senado.


Les quiero preguntar a sus señorías si les parecería serio que todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara actuáramos de esta forma, presentando mociones que propusieran dotaciones presupuestarias nuevas para nuestros territorios cuando todavía están en trámite los Presupuestos Generales del Estado.


Permítanme decir, además, que considero que el Partido Popular, tanto en esta como en otras muchas cuestiones, demuestra su total y absoluta incongruencia política. El Partido Popular presume muchas veces de ser un partido

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nacional y da lecciones sobre lo que significa serlo -permítanme hacer un matiz: yo también soy representante de un partido nacional, el Bloque Nacionalista Galego-, criticando, en coherencia con esa afirmación de ser un partido nacional, el mercadeo que las demandas de los distintos territorios provoca en la negociación de los presupuestos. Sin embargo, el partido que sostiene esta argumentación ha presentado en esta Cámara una moción relativa única y exclusivamente a demandas de inversión en una comunidad. Por lo tanto, el Partido Popular nos tendría que explicar su incongruencia.


Para concluir, deseo manifestar que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular reiteró en varias ocasiones, durante su intervención, que Madrid es una comunidad abierta y solidaria. Señorías, todas las comunidades son abiertas y solidarias. (Rumores.) El Partido Popular, a través de su portavoz,...


El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio, por favor.


El señor JORQUERA CASELAS: ?ejemplificó la solidaridad de Madrid a través de su aportación al Fondo de Suficiencia. Más tarde se debatirá una moción de Convergéncia i Unió relativa a la necesidad de publicar las balanzas fiscales -ojalá podamos celebrar un debate a fondo sobre este asunto-, sin embargo, hay que recordar que, entre otras cosas, la Comunidad de Madrid se beneficia del efecto sede y de que multitud de empresas tengan su sede social fijada en Madrid por ser la capital del Estado. Por lo tanto, muchos tributos computan en Madrid, aunque, en apariencia, figura como una comunidad solidaria. Por ello, sería necesario mantener un debate riguroso y en profundidad sobre esta cuestión y no hablar de mitos como el de que es Madrid la aporta al sostenimiento del resto de las comunidades, porque es un auténtico mito; más bien es al contrario: son los distintos pueblos del Estado quienes contribuyen a construir la gran macrocefalia que es cada vez más Madrid.
Además, a la hora de analizar las inversiones del Estado, lo riguroso sería no fijarse única y exclusivamente en un ejercicio presupuestario; lo riguroso sería fijarse en un ciclo de ejercicios y comprobar si Madrid ha salido beneficiada o perjudicada en ellos.


Aparte de lo beneficiada que resulta Madrid en los Presupuestos Generales del Estado por ser capital del Estado y por absorber muchas inversiones que no figuran como inversiones territoriales, Madrid, sin negar en absoluto que tenga necesidades, y sin dejar de ser solidario con el pueblo madrileño en la demanda de sus necesidades objetivas, ha sido la gran beneficiada, por ejemplo, en grandes obras de infraestructura de transporte y comunicación. En el último decenio, en los últimos quince años, se ha apostado por un modelo aeroportuario que favorece la consolidación del aeropuerto de Madrid como gran centro aeroportuario del Estado; se ha apostado por un sistema de red viaria que parte del esquema centralista radial, y la transformación de las viejas carreteras en autovías se ha hecho acometiendo un esquema radial, dejando otras autovías para una segunda fase, y lo mismo ocurre con las líneas de alta velocidad. Por lo tanto, si queremos hacer un balance objetivo, debemos analizar las inversiones del Estado a lo largo de un periodo sostenido en el tiempo y no única y exclusivamente durante un ejercicio presupuestario. En cualquier caso, consideramos totalmente incongruente...


El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor.


El señor JORQUERA CASELAS: ?cuando se están debatiendo los Presupuestos Generales del Estado, presentar una moción que defienda la incorporación a estos presupuestos de una serie de nuevas partidas relativas a una única comunidad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.


Señorías, nuestro grupo tampoco va a apoyar esta moción del Grupo Parlamentario Popular. De hecho, podría suscribir en su totalidad la intervención del senador Jorquera, quien con gran brillantez ha explicado algunas de las cuestiones que a nosotros nos preocupan, pero debo añadir un nuevo argumento que agradezco que hoy el senador Peral no haya utilizado aquí ante la Cámara, aunque, sin embargo, reiteradamente lo hemos oído y lo hemos sufrido por parte de los representantes del Partido Popular: me refiero a la utilización permanente de Cataluña y de los catalanes en relación con cualquier tipo de argumentación.


Antonio Beteta, en el Pleno de la Asamblea de Madrid, refiriéndose al Estatuto de Autonomía de Cataluña decía: un estatuto de autonomía que tiene unos privilegios que van en contra de la Constitución. Fíjense, señorías -añadía el señor Beteta-, hemos llegado hasta tal dislate en la praxis del Gobierno de la nación que, siendo incapaces de inventar más inversiones en Cataluña, tienen que poner un rubro de 700 millones de euros en inversiones a designar cuando en su momento se nos ocurra.


Otra intervención: 700 millones de euros en un taloncito en blanco para Cataluña, o más. Esta tiene ya un retintín más peligroso que, además, no es cierto, porque si el propio señor Beteta nos dice que la Comunidad de Madrid va tan bien -cosa de la cual me alegro muy sinceramente-, no entiendo por qué el señor Muñoz Abrines tiene que decir, por ejemplo: una comunidad rica como es Cataluña recibe un cheque en blanco de 722 millones de pesetas. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Simple calderilla para los ciudadanos de Madrid frente a los 200 euros para un ciudadano de Cataluña.


O las declaraciones de don Ignacio González: La política es que como en un sitio me soportan y aceptan mi gobierno les doy más, y la consecuencia es que se da más

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al que más tiene, a Cataluña (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Podría continuar, pero no lo voy a hacer porque a mí me gustaría que el Grupo Parlamentario Popular comprendiera que esta manera de hacer política basada en utilizar a Cataluña como moneda de cambio, como una puya que se va clavando en un determinado Gobierno, al que podrían ustedes criticar por muchas más cosas. Saben ustedes que no tengo ninguna razón para defender al Gobierno Zapatero en estos momentos; es más, considero que lo hace francamente mal, muy mal en el caso de las infraestructuras -mañana hablaremos esto-; se merece un suspenso absoluto. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Y como hay motivos, utilicen ustedes estos motivos racionales, no nos metan a nosotros de por medio, se lo ruego (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Ustedes están defendiendo un concepto de España -para ustedes es su nación- con unos elementos curiosos. Dicen ustedes: para nosotros España es una nación toda ella, pero hay unos, los catalanes, avariciosos, que no paran nunca de pedir, siempre ponen mil y una trampas al pobre presidente del Gobierno... Si ustedes creen en esto que llaman la nación española no se dediquen a excluir a los catalanes de esto que ustedes creen que es la nación española. Esto es un contrasentido intelectual y me parece, por tanto, que no debería ser utilizado como argumento.


Por último -ya se ha dicho anteriormente-, nosotros traemos hoy aquí una moción para que se presenten las balanzas fiscales. No se preocupen, el Gobierno no va a cumplir tampoco en esto, va a votar en contra, van a seguir ocultando las balanzas fiscales.


Me gustaría que ustedes reflexionaran. En cualquier país democrático la transparencia es una virtud. ¿Por qué aquí están ustedes y ellos de acuerdo en ocultar las cifras y que no haya esa transparencia fiscal?

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.


El señor MACIAS I ARAU: Voy acabando, señor presidente.


Quizás si estas cifras fueran transparentes yo podría hoy haber votado a favor de su moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Azurza.


El señor AZURZA ARISTEGUIETA: Gracias, señor presidente.


Nuestro grupo, un tanto asombrado por la moción y por la enmienda, por las contradicciones tan evidentes que hay en cuestión de hecho, ve un poco este debate como una riña preelectoral y nos abstenemos de intervenir.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra el senador Aragonès.


El señor ARAGONÈS DELGADO DE TORRES: Gracias, señor presidente.


Nuestra posición en esta moción carta a los Reyes no persigue la reivindicación de lo que formalmente reivindica, porque esto -ya se ha dicho antes- es más propio del debate presupuestario que se está desarrollando en estos momentos en el Congreso de los Diputados y que vendrá al Senado. Presenten ustedes una enmienda. Imagino que la habrán presentado, o no, porque muchas de estas peticiones ya figuran en los presupuestos.


Con todos los respetos tengo que decirles que sus reivindicaciones pueden ser legítimas si son eso, reivindicaciones que no persiguen nada más que eso. Pero el sentido de la moción es otro. No nos engañemos. El sentido de la moción persigue sin ninguna duda, una vez más, esta voluntad de confrontación entre las comunidades autónomas que ustedes, desde hace mucho tiempo y por tierra, mar y aire, están incentivando sin tregua.
Ahora les toca a las inversiones, y más tarde vendrán otras cosas.


¿Ustedes no son conocedores de que en esta legislatura tan dañina, según dicen, para la Comunidad de Madrid, se han duplicado las inversiones en carreteras o en ferrocarriles? Creo que tienen un conocimiento muy preciso de la realidad, de cuáles son los datos reales. Ustedes son sabedores de que hace mucho tiempo que no se les trata injustamente; todo lo contrario, y desde hace muchos años.


Los reto a que comparen las inversiones en infraestructuras que se han ejecutado en la Comunidad de Madrid y en Cataluña durante los últimos quince años. La evidencia es tan grande, pero tan grande, la descompensación es tal, que acalla e, incluso, sonroja a cualquiera que tenga dos dedos de frente. Ignorar estos hechos solo se puede atribuir a un intento de distorsionar a conciencia la realidad para sacar tajada electoral. Ustedes están convencidos de que la catalanofobia les tiene cuenta, pero no dude de que el efecto búmeran acabará haciéndoles descubrir la magnitud de su error.


En Cataluña, la clase política, desde hace una temporada, está muy sensible. No es para menos. La situación es muy grave. Todo aquello que lleva la «E» de España -Renfe, Red Eléctrica, Ave, AENA-, nos está perjudicando, y mucho, y es fruto de la descoordinación de quienes están ejecutando las obras, pero, sobre todo, es fruto de la desinversión histórica, que nos sitúa en unas condiciones completamente inaceptables.


¿Y saben cuál es el colmo de la desfachatez? Las declaraciones que hoy mismo ha hecho uno de sus portavoces, concretamente el señor Zaplana, que ha atribuido el caos de las infraestructuras en Cataluña a su clase política -¡Por Dios!-, diciendo: La clase política catalana, que anda muy ocupada, encerrada en un pabellón, reclamando unos papeles de Salamanca mientras se les están cayendo a trozos las infraestructuras. No hay derecho.


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Señores del Partido Popular, en Cataluña, tendremos la clase política que tengamos, suscribo -mayoritariamente algunas de las intervenciones que me han precedido- y yo me siento muy orgulloso de ella, pero ustedes, los españoles, no se merecen que les represente un señor como Zaplana, que provoca más que habla. Esto es injusto y no tienen ningún derecho a hacerlo. (Rumores y risas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Simancas (Continúan los rumores.)

Silencio, por favor.


El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señor presidente.


Y siguen ustedes con la música; dale, dale; raca, raca. Comienzan a ser aburridos y cansinos con esto del cero Zapatero y de la asfixia a Madrid.


Que no, señores del Partido Popular, aunque lo repitan aquí mil veces, aunque lo diga Telemadrid por la mañana, por la tarde y por la noche, no se puede sostener una falsedad indefinidamente. La Comunidad de Madrid no es una región discriminada, y los madrileños no se sienten discriminados en esta España de las autonomías. Esta es una región privilegiada, también en las inversiones del Estado, con los gobiernos del Partido Socialista y con los gobiernos del Partido Popular. Ahora más, es verdad, pero con los gobiernos del Partido Popular también los gobiernos de España invierten en Madrid porque este es uno de los motores del desarrollo económico general. Esto lo saben los madrileños, y sus falsedades no van a desmentirlo. Son 4.500 millones de euros los ejecutados en inversiones en de infraestructuras en Madrid durante esta legislatura. Discriminación, ¿en relación con qué? ¿A la legislatura última en que gobernó el Partido Popular? Hemos multiplicado por dos las inversiones en carreteras, de 300 a 600 millones de euros, y un 35 por ciento más las inversiones en ferrocarriles. ¿Cómo que hay discriminación? ¿Discriminación en relación con otras comunidades autónomas? Por ejemplo, respecto a las que más renta tienen, a lo largo de los últimos ocho años, la Comunidad de Madrid ha encabezado los ránquines de inversión territorializada per cápita entre las comunidades con más renta, por encima de Baleares, de Cataluña y de Valencia.


Que no, señores del Partido Popular, somos la región con más kilómetros de autovía por kilómetro cuadrado, una de las capitales europeas con más kilómetros de alta velocidad ferroviaria y uno de los mejores aeropuertos de Europa. ¿Cómo vamos a presentarnos ante esta Cámara, en la que están representados todos los territorios de España, como una región discriminada? ¿No se dan ustedes cuenta de que pierden toda credibilidad?.


Vamos a hablar de asfixia. Si las inversiones del Estado en la Comunidad de Madrid son una asfixia y se han incrementado en un 3,7 por ciento, ¿cómo hemos de considerar las inversiones del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, o del Partido Popular en el ayuntamiento de Madrid, que han disminuido un 2,5 por ciento? Si aquello es una asfixia, ¿esto qué es? ¿Un beso a tornillo, señor Peral? Vamos a hablar con seriedad.


Transferencias. Sabe usted que lo llevé en mi programa. Completamente de acuerdo: Cercanías ferroviarias. Pero esto lleva un trámite. Hay un artículo en el Estatuto de la Comunidad de Madrid, el 28, que lo impide.
Deben ustedes consultar al primo físico del señor Rajoy. Hay una ley física elemental: no se puede sorber y soplar a la vez (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.), no se puede ser campeón de la españolidad y decir que no se cambien los estatutos y a la par reivindicar algo que requiere un cambio estatutario. Decídanse. Si cambian al estatuto, el Gobierno de España y el Partido Socialista estarán ahí, y miedo me da, porque ahora mismo las Cercanías en Madrid están bien valoradas, mejor que el Metro, y ponerlas en sus manos es un riesgo.


Vamos a pedirles que dejen la demagogia aparte y que actúen con responsabilidad. No utilicen al Gobierno de la comunidad como un ariete contra el Gobierno de España, porque es un fraude institucional y es un fraude a los ciudadanos, se lo he dicho muchas veces. En democracia, en un Estado de derecho, los partidos políticos compiten por ganar la voluntad de las mayorías; los gobiernos no compiten, los gobiernos tienen que colaborar para resolver problemas, y no hagan ustedes -es verdad- discursos victimistas que generan agravios con otras regiones de España.
Nos preocupa, porque cuando ustedes dicen que el Gobierno de España no invierte en Madrid lo suficiente no se quedan ahí, y siempre añaden: el Gobierno de España no invierte en Madrid porque les da el dinero a otros, se lo da a los catalanes. Están ustedes agitando los más bajos instintos de una parte del electorado madrileño, ese que comparte con Mayor Oreja algunas placideces sobre el anterior régimen.


¿Y creen ustedes que merece la pena agitar esos bajos instintos para cazar unos cuantos votos? Señores del Partido Popular, están generando ustedes agravios, desconfianzas y rencores extraordinariamente peligrosos y que no tienen nada que ver con el patriotismo. Yo creo en la nación española, como ustedes, y esto no tiene nada que ver con querer a la nación española, con cuidar a la nación española y con ser patriotas de la nación española. Esto es puro oportunismo y pura demagogia que hacen daño a España y al Estado de derecho en este país.


Dejen de utilizar ustedes las instituciones de una manera torticera. Dejen de utilizar ustedes el discurso sobre las inversiones en infraestructuras. Pónganse de acuerdo ustedes con el Gobierno de España; tienen la mano tendida del presidente Zapatero y de la Ministra de Fomento. Aprueben la enmienda que les acabamos de plantear, y vamos a reclamar juntos las cuestiones que necesita la Comunidad de Madrid.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Peral.


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El señor PERAL GUERRA: Gracias, señor presidente.


Señor presidente, señorías, señor Simancas, me pareció que el otro día atendió usted con atención mi intervención en la interpelación a la señora ministra, en la que detallé que las dotaciones para el año 2008 de las obras que ella misma había anunciado aquí en respuesta a una pregunta suya eran simbólicas, absolutamente insuficientes; pero, por si acaso se ha olvidado usted en quince días de lo que yo manifesté, le voy a poner unos ejemplos: A la mejora de la A-6 y las plataformas reservadas se va a destinar solamente el 3,76 por ciento del importe de la obra, 15,4 millones de euros; a las autovías de la primera generación se van a destinar 160.000 euros, es decir, el 0,03 por ciento de la cantidad que ustedes mismos proponen como coste total de la obra; a la famosa estación de la Puerta del Sol, que va a batir el récord de ineficacia en la construcción de instalaciones y estaciones subterráneas de ferrocarriles, se van a destinar solo 641.000 euros, el 0,6 por ciento.


Con estas dotaciones para el año 2008 estas obras van a tardar mucho en terminarse, y usted, como representante de los madrileños y como persona que ha aspirado infructuosamente a ser su presidente, debería preocuparse muy especialmente para que no sigamos sufriendo la enorme demora que se está ocasionando en estas obras.


Señor Simancas, el Gobierno anterior promovió autopistas en la Comunidad de Madrid, las famosas radiales, que supusieron una inversión que superó los 4.000 millones de euros. Usted lo recordará muy bien, porque en su programa electoral figuraba una propuesta para que estas autopistas de peaje fueran gratuitas, pero no le hicieron ningún caso. Al año siguiente llegaron sus correligionarios y su propuesta quedó en nada. En alguna ocasión he intentado decir en algún peaje: ¡Pero, por Dios, Si lleva Zapatero dos años gobernando, y Simancas ha dicho que estas autopistas eran gratuitas! Y me han contestado: Aquí, o se paga o no pasa usted. Y así ocurrió. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Señor Simancas, en los presupuestos sí que se incluyen las autovías de peaje, por ejemplo, usted puede comprobar en esas hojas que me ha enseñado que hay una cantidad -simbólica, es cierto- para la Radial 3, exactamente 116.200 euros. A mí me parece que usted obedece instrucciones de don José Blanco cuando dijo que Madrid tenía de todo, y el que tiene de todo, naturalmente, no necesita nada; por tanto, ya sabemos todos, ya saben todos los españoles que si en España continúa el Gobierno del Partido Socialista, Madrid no va a recibir nada porque tiene de todo.


Quiero decirle al senador del BNG que paso por alto la ofensa de comparar a los madrileños con las personas que padecen macrocefalia. Me ha parecido una referencia bastante poco oportuna. Sin duda, usted se ha precipitado y no ha querido decirlo. Señoría, está muy visto eso de echar las culpas a Madrid de la propia incompetencia. No sé cuál fue su postura cuando con el plan de autovías del Partido Socialista, con el Gobierno de Felipe González, Galicia fue la comunidad más perjudicada; fue precisamente Galicia la región de España que más tardó en estar comunicada por carreteras, por autovías decentes con el resto de España.
Probablemente usted era un fervoroso oponente de esa política de autovías, pero lo desconozco. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.


El señor PERAL GUERRA: Sin duda, estaba usted dispuesto a atarse ante el Ministerio de Fomento competente para exigir que las autovías llegaran a Galicia, pero quien consiguió que llegaran rápidamente fue el senador Fraga, aquí presente. (Rumores.-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor PERAL GUERRA: En contestación a los senadores Macia y Aragonès, les voy a decir en mi mal catalán, que mejora, porque tengo familia catalana, mi mujer es catalana, mis hijos tienen mucha sangre catalana, lo siguiente: (El señor senador termina su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones.) La solució de les necessitats d´inversió de Catalunya no té res a verue amb el victimisme permanent dels partits nacionalistas i amb la mala gestió del Govern tripartit i també del Govern de Convergència i Unió. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Jorquera. Señorías, silencio.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Intervengo simplemente porque considero que se ha puesto en mi boca una frase despectiva con respecto a los madrileños, lo cual constituye una falsedad. Tengo el máximo respeto hacia el pueblo madrileño como hacia todos los pueblos del Estado y del mundo. Quiero decir al senador del PP, por si no lo ha entendido -voy a creerlo así-, que en Latinoamérica se llama modelo macrocefálico el existente en muchos Estados con una capital que absorbe gran parte de su población y de sus recursos económicos, y yo lo que he intentado ha sido describir un diseño que favorece un modelo de organización territorial del Estado.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular que acabamos de debatir.


Como no se ha aceptado la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, pasamos a votar la moción original.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 246; a favor, 116; en contra, 127; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


MOCIONES:

-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO

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A APOYAR LA PROPUESTA PLANTEADA POR POLONIA EN EL CONSEJO DE MINISTROS DE AGRICULTURA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA INCREMENTAR LA CUOTA LÁCTEA EUROPEA Y DEFENDER DETERMINADO MECANISMO DE REPARTO (S. 662/000198).


El señor PRESIDENTE: Señorías, a continuación, pasamos al punto tercero del orden del día: Mociones.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a apoyar la propuesta planteada por Polonia en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea para incrementar la cuota láctea europea y defender determinado mecanismo de reparto.


A esta moción se han presentado tres enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, otra del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Lapazarán.


El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario Popular ha presentado la moción que hoy me toca defender. Se refiere al sector lácteo, cuestión que fue planteada en el pasado Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea del día 26 de septiembre y que, sin duda, va a afectar sobremanera al sector lácteo español.


En aquel Consejo de Ministros se tomaron acuerdos en un tema muy concreto referente a este sector: el aumento de las cuotas lácteas. Les quiero transmitir lo que recoge el acuerdo tomado en aquel Consejo de Ministros, que tengo en mi mano y que textualmente dice: El Consejo ha tomado nota de una solicitud de la delegación polaca, respaldada por numerosas delegaciones, de aumentar su cantidad nacional de referencia para la producción de leche y productos lácteos a fin de responder al aumento de la creciente demanda. Continúa apuntando el informe de prensa: La comisaria Fischer Boel ha tomado nota de la solicitud urgente de una gran mayoría de Estados miembros a favor de un aumento de las cantidades de referencia. Ha declarado que había encomendado a sus servicios la realización de un análisis detenido, que será tratado en un informe a finales de año antes de estudiar medidas apropiadas. Esto es lo que dice, textualmente, la nota de prensa de aquel Consejo de Ministros.


A mi juicio, señorías, estamos ante un tema de máximo interés para el sector alimentario de España y, también, para la economía de nuestro país, que, como les comentaré más adelante, es un importador neto de leche. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)

En concreto, la delegación polaca solicita a la Unión Europea que autorice un incremento de producción como consecuencia de la mayor demanda que se viene produciendo en los mercados mundiales. Si esta petición fuese atendida por la Unión Europea y se acepta, finalmente, este aumento de cuota, se procedería inmediatamente a un reparto entre los países productores. Esta petición se debe a que la producción de leche en Europa está sometida a unas cantidades limitadas para cada país y su aumento depende de la autorización de la Unión Europea.


La iniciativa de Polonia de pedir un aumento temporal de cuotas para los Estados miembros es previsible, según dicen los analistas, que tenga efecto desde el próximo ejercicio lácteo 2008-2009, y se inscribe en el marco de adelantar las reformas anunciadas por la Comisión a través de lo que se ha denominado chequeo médico de la PAC. Todo ello, como ha dicho la comisaria de la Unión Europea, debe suponer un aterrizaje suave -esa es la frase que se dijo- a partir del año 2009 y hasta el 2015, en el que se ha anunciado la eliminación total y absoluta de cuotas, y por tanto, una liberalización absoluta del sector.


Si finalmente se atiende esta solicitud polaca, estaremos ante una oportunidad única de conseguir más capacidad productiva para nuestro país, de comenzar a preparar al sector lácteo español de cara al reto futuro de la competitividad, así como de dotarle de lo que ha reivindicado desde 1986, año en el que España entró a formar parte de la Comunidad Económica Europea: una mayor cantidad de cuota colectiva, y por tanto, una mayor cantidad de cuota por explotación. Y todo ello sucede en unos momentos en los que se intuye la exposición gradual hacia la competencia internacional y en un momento favorable debido al crecimiento de la demanda de leche mundial como consecuencia del tirón de mercado propiciado por China e India.


Y esto es precisamente lo que se pide al Gobierno en la primera parte de la moción: una mayor cuota para España, apoyando, en este caso, una iniciativa polaca, y añadiendo algo que para nosotros es fundamental, y es que todo esto se haga rápidamente.


En la segunda parte de la moción se pide algo que a mi juicio es, si cabe, más importante que la cuota y que viene reivindicando España desde su integración en Europa: que a la hora del reparto del incremento de la cuota que se pueda producir, se tenga en cuenta -y el Gobierno lo utilice como argumento- la situación española en materia de producción y consumo o, dicho de otra forma, que se tenga en cuenta la oferta y la demanda de leche del mercado español.


Les voy a explicar de forma resumida cómo está la situación láctea en nuestro país. España tiene una cuota de seis millones de toneladas en números redondos, en tanto que la demanda aproximada de la industria láctea española es de nueve millones de toneladas. Ello quiere decir que la producción española solo cubre el 65 por ciento de las necesidades de nuestro consumo interior; el 35 por ciento restante es importación.
Importamos queso, importamos leche e importamos derivados lácteos.


Pero hay otros datos que ponen en evidencia la precariedad de la cuota láctea en nuestro país. España es, junto a Grecia, uno de los países que menos cuota láctea tiene por habitante y año, concretamente 143 litros, mientras que Irlanda tiene 1.340 litros, es decir, diez veces más; Dina-

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marca, 829 litros, es decir, seis veces más; Holanda, 680 litros, es decir, cinco veces más; Francia, tres veces más, y Alemania, 3,5 veces más. Pero hay otros países, como Austria, Reino Unido, Portugal e Italia que también tienen más cuota por habitante que España; y hasta los diez nuevos países que se han incorporado tienen más cuota por habitante que España; pero incluso Polonia, que es la que ha planteado este asunto en el Consejo de Ministros, tiene el doble de cuota que España: 241 litros por habitante, en tanto que, como ya he dicho, nosotros tenemos solo 143.


La cuota por habitante de España es, pues, simplemente ridícula, y todo ello sin tener en cuenta a la población inmigrante que ha venido a sumarse a la población española y que, en definitiva, disminuiría la cuota disponible de producción láctea española por habitante. Por eso, en esta moción le pedimos al Gobierno que se mueva y que reivindique, con el fin de que nuestro país sea el máximo beneficiario de este incremento de cuota.


Asimismo, le pedimos al Gobierno que tenga más presencia en Europa, porque le echamos en falta; le pedimos al Gobierno que busque apoyos entre aquellos que estén de acuerdo con las tesis española, y, por supuesto, que en el caso de que haya ampliación de cuota en Europa, el reparto se haga teniendo en cuenta los parámetros que les acabo de comentar. En consecuencia, solicitamos al Gobierno que defienda el que se reparta más cuota en Europa y en mayor proporción para nuestro país. El Grupo Parlamentario Popular simplemente quiere que estemos en las mismas condiciones que Francia, Portugal o Italia, porque todos tienen más cuota que España y en mucha mayor proporción.


El Gobierno tiene que saber todo esto y lo tiene que trabajar, y ése es el motivo por el que hemos presentado esta moción para que, si es posible, el Senado respalde de forma unánime al Gobierno en sus negociaciones en Europa.


Por otro lado, fíjense lo que está ocurriendo en el mundo: mientras la demanda de los países asiáticos está aumentando, el resto del mundo no la ha podido cubrir gracias a una mayor oferta global, debido a los problemas climáticos en el hemisferio sur y al sistema de cuotas tan rígido de la Unión Europea. De esa manera, se están produciendo incrementos en el número de vacas en Estados Unidos e incluso existe el riesgo de que los países sudamericanos puedan destinar parte de sus superficies -que, en este momento, se dedican a otros cultivos- a las praderas para incrementar la producción láctea. Es decir, que en Europa estamos en una situación de precariedad.


Como consecuencia de esta mayor demanda en el mundo, se ha producido un espectacular aumento del precio de la leche en polvo, de la mantequilla y de los quesos; es decir, de los llamados productos básicos industriales, en el sentido de que estos productos viajan por todo el mundo rápidamente y vienen a ocupar los nichos y los huecos de mercado que se están desabasteciendo. ¿Saben ustedes quién se está beneficiando de este mayor incremento del comercio mundial de leche? Aquellos países de la Unión Europea que tienen más desajustadas sus ofertas y son altamente excedentarios; y, curiosamente, los más perjudicados son los países como el nuestro, que tiene que importar y pagar por las importaciones y no se beneficia de esos mercados emergentes, pues se trata de todos aquellos productos lácteos que nosotros importamos. Es decir, nuestro país no se está beneficiando de esta mayor bonanza económica del mercado de la leche.


En definitiva, en la Unión Europea se están produciendo asimetrías entre aquellos países cuya cuota les permite cubrir con creces sus necesidades de consumo interior y participar, a su vez, de la bonanza de los mercados exteriores, y aquellos otros países como España, cuya producción solamente cubre el 65 por ciento de la demanda, que dependen de materia de prima de los países de la Unión Europea y, a su vez, también tienen que competir con esos mismos países en la elaboración de productos lácteos de consumo.


Si analizamos qué es lo que ha ocurrido en el pasado ejercicio lácteo de la Unión Europea, 2007, podremos descubrir que en Europa se produce el 0,7 por ciento menos de leche, pero se ha incrementado la producción de leche en polvo -hasta el 11 por ciento-, la producción de mantequilla y también la de queso a costa de una falta de disponibilidad de leche líquida para el comercio interior.


La consecuencia inmediata la hemos visto hoy en los periódicos: el precio medio de la leche en origen se ha incrementado el 49 por ciento, entre abril y septiembre, pero además habría que analizar cómo ha evolucionado el diferencial de nuestro país con Francia, por ejemplo; mientras en Francia sólo ha subido cinco euros por cada 100 litros, en España ha subido 15 euros por litro, como consecuencia de los desequilibrios que padecemos. Como les decía, todo ello está repercutiendo en el consumidor final y, tal y como anuncian hoy los periódicos, va a seguir repercutiendo en ese incremento lento de los precios de la leche en el futuro.


A mi juicio, ésta es una situación absurda, que el Gobierno debe administrar en sus negociaciones futuras con la Unión Europea, en las de mañana, en las de la semana que viene y en las del mes de diciembre porque, en definitiva, esos repartos rápidos y esos aumentos de la cuota van a beneficiar a todo el sector lácteo español.


Si se aumenta la cuota en España, este incremento va a servir para reestructurar y recuperar la competitividad del sector lácteo español y va a permitir incentivar la producción de leche en nuestro país a precios rentables. Por otro lado, si se produce este aumento de cuota láctea para España, también se va a proteger al consumidor final pues ello supondrá una mayor estabilización de los precios de la leche, sin espirales inflacionistas, lo cual permitirá un modelo de desarrollo que transformará el sector lácteo español por tamaño y por rentabilidad. Si se hace realidad lo que solicitamos en esta moción, no hay duda de que beneficiará en gran manera a todo el sector lácteo español. En definitiva, regiones como la mía, Navarra, o como Galicia, que tienen una gran vocación láctea, se podrán beneficiar si se producen estos incrementos. España se beneficia de estos repartos más equitativos en función de

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esos déficits. Si el Senado aprueba esta moción y el Gobierno asume esa necesidad real de defender al sector lácteo español, no hay duda de que beneficiará a todo el sector ganadero y, también, al sector industrial.


Por tanto, señorías, pedimos el apoyo a esta moción cuyo objetivo es solicitar más cuota para España y que esa mayor cuota que se produzca en Europa se distribuya para cubrir esos desequilibrios que se producen entre oferta y demanda. Creemos que es una moción que se puede apoyar fácilmente, no es una moción crítica, sino de apoyo al Gobierno para que pueda negociar con el respaldo de una Cámara como es el Senado y pueda obtener los beneficios que en ella solicitamos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.


A esta moción se han presentado tres enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, otra del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario de la Entesa. Para defender la primera de ellas, tiene la palabra el senador Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Nosotros hemos presentado una enmienda a la moción propuesta por el Grupo Parlamentario Popular básicamente por dos motivos. El primer motivo es que consideramos que la parte dispositiva de la moción presentada por el Grupo Popular, en su redacción actual, es incongruente por cuanto en el punto uno se insta al Gobierno a apoyar la propuesta planteada por Polonia y en el punto dos se defiende que se establezcan criterios a la hora de repartir el posible incremento de cuota que corrijan los desequilibrios existentes entre los diferentes Estados. Bien, si no manejo una información errónea, la propuesta polaca defiende una subida lineal del 2 por ciento para cada uno de los Estados miembros, lo cual no es conciliable con el punto dos que establece un criterio de corrección de desequilibrios. Y la segunda razón que fundamenta la presentación de esta enmienda es que entendemos que el Senado tiene que instar al Gobierno a que defienda un determinado criterio ante la Unión Europea desde su propia posición, con criterios autónomos, no de adhesión a la propuesta de otro Estado. No nos parece lógica esa redacción, por eso proponemos una redacción alternativa que, en cualquier caso, pensamos que salva lo fundamental de la moción propuesta por el Grupo Popular, con la que estamos de acuerdo en lo sustancial -y anticipo argumentos que daré con más detenimiento en el turno de portavoces-: la necesidad de que se incremente la cuota láctea europea, la necesidad de que esta sea progresiva y rápidamente adjudicada a los Estados miembros y la necesidad de que establezcan mecanismos de reparto que corrijan los desequilibrios existentes entre los diferentes Estados miembros. Estas son las razones que motivan nuestra enmienda y, por lo tanto, proponemos al Grupo Parlamentario Popular la posibilidad de transaccionarla.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Cantero.


El señor RODRÍGUEZ CANTERO: Gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar la moción en cualquier caso, tanto si el grupo proponente acepta nuestra enmienda como si no la acepta. Eso que quede claro.


Presentamos esta enmienda porque nos parece que tanto en el texto de la moción como en la exposición realizada por el senador Pérez Lapazarán hay una cierta resistencia a aceptar lo evidente, es decir, que en el Consejo de Ministros del día 26 de septiembre no se tomó ningún acuerdo respecto de las cuotas. Se tomó nota, como él mismo ha leído, de una propuesta, una reflexión de Polonia, que, coincidiendo con el interviniente del Grupo Mixto, creo que no interesa a España, porque lo que propone Polonia en esa propuesta o reflexión -que no acuerdo, insisto- es un incremento lineal entre el 2 y el 5 por ciento, y a España no le interesa ningún incremento lineal, porque entonces no se corrigen los desequilibrios existentes en la asignación de cuotas respecto de los Estados miembros.


La segunda cuestión que queremos matizar es que no hay que instar al Gobierno a que apoye ese acuerdo, en primer lugar, porque no hubo acuerdo y, en segundo lugar, porque ya el Gobierno de España, la señora ministra apoyó la propuesta de Polonia. Me parece que es poco generoso decir en este debate que fue apoyada por varios Estados miembros; fue apoyada, entre otros, por el Gobierno español. Luego, tal y como está redactada originariamente, resulta innecesaria, porque ya se ha apoyado esa propuesta, que no acuerdo.


Tercera cuestión. Lo que sí salió de aquel Consejo fue el encargo a la Comisión por parte de la comisaria de redactar un informe de impacto en el sector lácteo antes de que finalice el año, a fin de que, a la vista de dicho informe, se celebren los debates correspondientes, se vote y se pueda considerar la posibilidad de reformar la cuota, lo que se ha dado en llamar el chequeo médico.


Por eso, nuestra enmienda, que mantiene en todos sus términos la filosofía y los objetivos que el Grupo Popular dice perseguir en su moción, simplemente contempla la existencia de esa petición de acuerdo, porque ese sí es un acuerdo firme, una decisión de la comisaria. Por tanto, se solicita la presentación de aquel informe y, una vez que exista un debate y la posibilidad de acuerdo y de votación, que el Gobierno español apoye todas aquellas medidas que supongan incremento de cuota, especialmente incremento de cuota para los Estados miembros deficitarios, es decir, apoye usted el incremento de cuota y no apoye el incremento lineal, tal como expresa la propuesta-reflexión de Polonia.


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El segundo punto de nuestra enmienda introduce un incondicional, es decir, en caso de que aumente la cuota, tenga usted cuenta y defienda que el reparto, tal como establece la moción del Grupo Popular, sea proporcional al déficit que cada Estado miembro tenga respecto de la cuota y el consumo.


En definitiva, estamos de acuerdo en los objetivos. Queremos resaltar que en este caso no hace falta que al Gobierno de España le piquen espuelas, puesto que ya se ha puesto en marcha y se ha apresurado en el propio Consejo del 26 de septiembre a apoyar esa propuesta. Y les recuerdo que ese desequilibrio entre las cuotas asignadas viene de atrás: existía en 1992, en 1999, en 2003 -por cierto, entonces el ministro Arias Cañete renunció a un pequeño incremento de cuota- y sigue existiendo ahora, en 2007; es decir, estamos ante un déficit ya antiguo, que es verdad que hay que solucionar, pero también es verdad que entre todos deberíamos fortalecer la posición del Gobierno al respecto, que no es otra que apoyar el incremento de cuota para España y que su reparto sea proporcional al déficit.


Por tanto, ya lo ha dicho el Gobierno, lo dice también el Grupo Popular y lo decimos nosotros, aunque, lógicamente, creo que recogemos mucho más fielmente lo que sucedió en el Consejo, los acuerdos del Consejo y los compromisos del Consejo.


Yo espero que el Grupo Parlamentario Popular acepte nuestra enmienda porque, en definitiva, viene a recoger su objetivo, pero ya le adelanto, -y termino como empecé- que, en cualquier caso, vamos a votar a favor de esta moción.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias senador.


Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Batlle.


El señor BATLLE FARRÁN: Gracias, señor presidente.


Es sabido por quien ha seguido los debates que en materia agraria, ganadera y sobre del sector lácteo ha habido en esta Cámara que nuestras discrepancias con el Grupo Popular en casi todos estos debates han sido notorias. ¿Y en función de qué? En función de unos criterios diferentes de cómo entendemos nosotros que deben producirse los incrementos, en este caso, de cuotas que tengan como objetivo garantizar la rentabilidad del sector. Basar la estrategia simple y únicamente en un incremento de cuota, a nuestro entender es un error. Por eso, conociendo los acuerdos del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca del 26 de septiembre y conociendo también la posición de Polonia y la petición que sirve de base a esta moción, nos parece prudente el compromiso adoptado por la Comisión de empezar a hablar del tema cuando se conozca el estudio de impacto que sobre el conjunto del sector puede tener.


A nuestro entender, hay que analizar diferentes cuestiones y hay que valorarlas todas porque, en este momento ¿quién conoce la incidencia que pueda suponer la supresión de la supertasa -que es lo que proponemos en nuestra enmienda, y cuánto representa sobre la capacidad productiva española y europea? ¿O somos conscientes del coste que el sector tuvo que soportar para la regulación y posterior eliminación del contenido de grasa que se le asignaba a la cuota en España?

Esto queda muy lejos, pero debería contar especialmente si tenemos en cuenta que no sólo hay que producir más, que hay que hacerlo, sino producir con más calidad y, sobre todo, tiene que ser rentable producir leche, porque si no, aunque tengamos más cuotas, si la rentabilidad no está garantizada, las explotaciones irán desapareciendo.


Por eso, nuestra enmienda pretendía esto, que se analicen todos estos temas, ¿por qué no?, aparte de estar de acuerdo con la presentación del estudio y con que el Gobierno demande más cuota. Pero ¿y si la cantidad de cuota que se asigna no es suficiente?

Muchos gobiernos han intentado un incremento de cuota y hasta ahora no se ha conseguido. Por lo tanto, a nuestro entender, pretendíamos enriquecer la moción con nuestra aportación, que a la hora de instar al Gobierno a lo que propone el Grupo Popular, se le instara también a que en la elaboración del estudio propusiera a la Unión Europea que se tuvieran en cuenta todos estos factores, porque de nada nos sirve más cuota, si como hace unos años, el sector lechero sigue perdiendo dinero y no nos preocupamos de la rentabilidad del sector. Muchas explotaciones han desaparecido; es verdad que no hemos perdido cuota, pero las menos competitivas han tenido que dejarlo, y no siempre las menos competitivas han sido las más pequeñas. No olvidemos que en la última reestructuración del sector lechero español, explotaciones grandes con más de un millón de toneladas de cuotas asignada han dejado de producir. Preguntémonos por qué y propongamos soluciones.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor senador.


Tiene la palabra el señor Pérez Lapazarán para indicar si acepta alguna de las enmiendas presentadas.


El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente.


A esta moción se han presentado tres enmiendas y brevemente voy a hacer referencia a cada una de ellas. En primer lugar, la enmienda del Bloque Nacionalista Galego propone un texto prácticamente idéntico porque lo único que hace es eliminar las referencias a Polonia. Nosotros estamos dispuestos -y por lo que hemos hablado parece que hemos llegado a un acuerdo y si los partidos y los grupos parlamentarios lo firman se lo trasladaremos a la Presidencia- a mantener el texto idéntico de la moción del Grupo Parlamentario Popular, eliminando el renglón que habla de Polonia y lo referente a los acuerdos que

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afectan a Polonia. Simplemente se trata de borrar ese renglón y mantener el resto de la moción en los términos y en el texto que ha sido aquí leído y que es el que conocen todos ustedes. Por lo tanto, si esa transacción sale adelante, votaremos la transacción, que es el texto del Grupo Popular eliminando las referencias a Polonia.


La enmienda de Entesa adolece, a mi juicio, de una falta de concreción. Es una enmienda para salir del paso. Lo que realmente se pide en la moción es que España pida más cuota o que apoye más cuota en la Unión Europea y la enmienda de Entesa habla de proponer medidas alternativas como la supresión de la supertasa, la eliminación del contenido en grasa de la cuota, facilitar las transferencias, -yo creo que las transferencias están en estos momentos cuestionadas por la propia normativa-, o cesiones temporales de cuotas, unificar..., etcétera. España necesita más cuota y Europa necesita más cuota y que la cuota que consiga Europa se reparta en función de los déficit que tiene cada país. Eso es lo que pide. Esto es una enmienda, a mi juicio, para salir del paso.


La enmienda del Grupo Socialista me preocupa, porque al final lo que dice es: «Que una vez la Comisión Europea presente el informe sobre el mercado lácteo, que va a elaborar a instancias del Consejo...». Esto es literatura y marear la perdiz. Lo que pide la moción del Grupo Popular es que España pida más cuota y que Europa le dé más cuota a España y que se la dé asimétricamente porque tenemos un déficit de leche en España. La enmienda del Grupo Socialista me parece muy bien y me parece muy bien que apoyen la moción del Grupo Parlamentario Popular y le insto al Grupo Socialista a que apoye la transacción que les he propuesto, que es el texto de la moción del Grupo Popular eliminando las referencias a Polonia.


Le quisiera decir una cosa, y es que en la nota de prensa ustedes podrán tener acceso a la negociación que se produjo, pero la nota de prensa, que es el texto oficial del Consejo, no habla absolutamente nada del 2 por ciento. Por eso se propuso apoyar la propuesta de Polonia. Aquí el Consejo ha tomado nota de la solicitud de la delegación polaca, pero no habla absolutamente nada del 2 por ciento.


Por lo tanto, no admitimos ninguna de las tres enmiendas. Proponemos ese texto alternativo y sería muy bueno para el Gobierno de España y sobre todo para tener encima de la mesa y de cara a la negociación un respaldo unánime para poder negociar solicitar más cuota, que, en definitiva, va a resolver un conflicto histórico, una negociación resuelta muy desfavorablemente para España en el año 1986.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.


¿Hay alguna enmienda transaccional? Lo digo porque los grupos han de fijar la posición de acuerdo con el sentido de lo que van a votar luego. (El señor Pérez Lapazarán presenta a la Mesa el texto de la propuesta de modificación.)

Se admite a trámite y sobre la enmienda transaccional los grupos formularán su posición. Les hago conocedores a todos del contenido de la enmienda transaccional, pero si alguien dice que no lo conoce pararíamos el debate. (Pausa.)

Tiene la palabra el senador Jorquera por el Grupo Parlamentario Mixto.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, y entre otras razones para rebajar el tono del debate de la moción anterior, aunque esa no sea la única razón, quiero felicitar al Grupo Parlamentario Popular por haber suscitado este debate en esta Cámara porque nos parece una cuestión importante y relevante. Tengo que manifestar que con el señor Pérez Lapazarán es fácil entenderse y, por lo tanto, quiero transmitirle la felicitación del BNG desde ese punto de vista.


Aunque tenemos algún elemento de discrepancia con alguna de las apreciaciones contenidas en la exposición de motivos, para nosotros lo fundamental es la parte resolutiva, y estamos de acuerdo con su filosofía, aunque entendíamos que su redacción era incongruente. Una vez salvado ese escollo, una vez que se ha llegado a una transacción por parte de todos los grupos, el Bloque Nacionalista Galego apoyará, como es lógico, esta moción.


Desde nuestro punto de vista el sector lácteo fue en su momento el gran sacrificado en las negociaciones para la adhesión del Estado español a la Unión Europea. El sector lácteo arrastra un problema estructural, y es que la cuota de producción láctea asignada al Estado español es muy inferior a la de su consumo, como el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha manifestado con toda corrección en su intervención.


Creemos que este motivo, unido a que estamos en un contexto de incremento de la demanda internacional de leche, entre otras cosas por el muy notable incremento del consumo de las potencias emergentes, como China e India, hace necesario definir una posición clara para instar al Gobierno central a que defienda la necesidad de un incremento de cuota en el conjunto de la Unión Europea y, sobre todo, que ese incremento se distribuya corrigiendo los desequilibrios existentes entre los distintos Estados miembros.


Simplemente quiero concluir mi intervención diciendo que el BNG es especialmente sensible a esta problemática porque tiene un impacto muy particular en Galicia. El campo gallego si por algo se caracteriza es, sobre todo en la zona norte, por su especialización en la producción láctea, y las consecuencias de esta política comunitaria en Galicia han sido total y absolutamente nefastas.


Sin ánimo de aburrirles permítanme que les aporte un dato. En el año 1994 Galicia tenía 68.421 productores de leche; ahora, en el año 2007, tenemos menos de 15.000, es decir, nuestro campo ha sufrido una reconversión brutal, pero aun así Galicia tiene capacidad productiva y los ganaderos gallegos tienen voluntad de producir más porque tienen capacidad de producir más. Nuestro campo reúne con-

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diciones para producir más leche. Y voy a ilustrar esto que acabo de afirmar con una serie de datos sin pretender reabrir debates que ya tuvimos en su momento en el Senado relativos a los planes para el sector lácteo de cada período.


Con cargo al Plan lácteo 2006-2007, el 62 por ciento de la cuota repartida con cargo a la reserva estatal fue a parar a productores gallegos, y esto no fue así por un favoritismo hacia Galicia, sino porque gran parte de los solicitantes fueron productores gallegos, porque si por algo se caracteriza el campo gallego es por su especialización en la producción láctea. Tanto es así, y aunque este dato pueda parecer muy elocuente, muy rotundo, y pese a que el 62 por ciento de la cuota repartida con cargo a la reserva estatal fue a parar a productores gallegos, esto en absoluto llegó para cubrir la demanda. Tan solo el 22 por ciento de los productores gallegos solicitantes de cuota gratuita con cargo a la reserva estatal vieron satisfecha esta solicitud y tan solo el 43 por ciento de los solicitantes de cuota previo pago, como también indica esta voluntad productora de los ganaderos gallegos el hecho de que Galicia sea la única comunidad autónoma en que siguen incrementándose las entregas de leche. Pero nuestro sector lácteo padece un problema estructural por una política de cuotas que impide su necesario dimensionamiento, su necesario desarrollo.


Por tanto, reiteramos nuestro apoyo a esta moción y nuestra felicitación al Grupo Parlamentario Popular por suscitar este debate. Y ya que estamos defendiendo al sector lácteo quiero recordar que nosotros no solo estamos defendiendo un sector económico -y éste es un argumento que no es solo aplicable a Galicia sino al conjunto de las comunidades autónomas de la cornisa cantábrica- sino un sector que tiene una importancia básica y fundamental para mantener un campo vivo, para evitar la despoblación del medio rural y para asegurar la preservación del territorio.


Muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria tiene la palabra el senador Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, nuestro grupo ha firmado la enmienda transaccional que se ha presentado para la votación definitiva de esta moción, firma que no es solamente de cortesía sino una manifestación del apoyo de nuestro grupo parlamentario a la iniciativa planteada. Permítannos una reflexión en torno a una cuestión importante sobre todo en estos tiempos que se avecinan en esta Cámara.


Cuando un grupo presenta una iniciativa, como ha hecho hoy el Grupo Parlamentario Popular, cuando además se trata de un problema que afecta a los ciudadanos, como entienden todas las fuerzas políticas, cuando se hace una presentación de esta iniciativa sin aportar ni un gramo de demagogia sino que, por el contrario, se plantea todo en sus justos términos -y es que es indudable que esta moción podría plantearse en otros términos; a ello que estamos acostumbrados en esta Cámara sobre todo cuando se trata de negociaciones en el marco de la Unión Europea, sin establecer qué porcentajes de incremento queremos, condicionando la negociación del Gobierno ante la Unión Europea-, como iba diciendo, cuando se plantea una perspectiva de una iniciativa en positivo se pueden conseguir los consensos que hoy se han logrado gracias también a las enmiendas que han presentado otros grupos, enmiendas encaminadas exclusivamente a ayudar al contenido de la moción y sobre todo a mejorarla desde la perspectiva de cada grupo parlamentario, es decir, desde la iniciativa del Bloque Nacionalista Galego en cuanto a lo de Polonia, lo que nos parece acertado, desde la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, desde la perspectiva del Gobierno, partiendo de un supuesto de apoyo inmediato a la moción independientemente de la aceptación de la enmienda, y también desde la iniciativa del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés que el señor Pérez Lapazarán contemplaba en su último párrafo, el referente al incremento de la cuota láctea.


En todo caso, creo que la moción se ha presentado en unos términos positivos. Nosotros nos alegramos de ello y les felicitamos por esa iniciativa y por el consenso conseguido.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


Tiene la palabra el senador Companys por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Señor presidente, señoras y señores senadores, efectivamente, uno tiene la sensación de que estamos repitiendo en este momento el último debate sobre el incremento del precio de los cereales. Se pone en evidencia que la política agraria dirigida a la congelación de las producciones, a la falta de control de calidad de las importaciones y a convivir en un mercado muy opaco es un verdadero problema y proyecta un desánimo colectivo que sitúa a los agricultores y a los ganaderos en posiciones difíciles de competitividad.
En el caso de la leche, tema que hoy estamos debatiendo, al igual que sucede con otros sectores, después de más de una década de cuotizaciones estancadas a la baja aparece un incremento importante de precios en origen. Efectivamente, la escasez se debe en gran parte a la disminución propia de las explotaciones europeas, a la sequía en Nueva Zelanda y en Estados Unidos y paralelamente a un incremento del consumo en mercados emergentes como pueden ser China, India o Rusia, así como a la intervención en algunos casos de capital especulativo, creándose unas situaciones en que se ponen en evidencia una vez más las contradicciones de una política agraria comunitaria anquilosada, sin cintura e incapaz de adaptarse con rapidez a las necesidades de un mercado muy cambiante.


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En el caso de España, la producción anual está alrededor de 6,1 millones de toneladas, muy por debajo de nuestra capacidad de consumo, que ronda los 10 millones de toneladas. En consecuencia, se nos obliga a cerrar explotaciones ganaderas al negarles la posibilidad de crecer y, paralelamente, nos vemos en la obligación de importar un 40 por ciento de leche, que consumimos con unos mínimos controles de calidad.


Esta situación es el resultado de unas políticas que no están diseñadas para prepararnos de cara a una mayor apertura de los mercados durante los próximos años, sino que, más bien, parecen estar pensadas para liquidar a un sector. En este momento, Polonia, metida en una vorágine electoral, ha denunciado esa incoherencia y no se conforma con reducir su producción para adaptarla a la cuota comunitaria que le corresponde, sino que pide una ampliación de la misma. Por otra parte, la propia Unión Europea se ha dado cuenta del aumento desmesurado del precio de la leche y que debe reaccionar. Por lo tanto, creo que sería bueno aprovechar esta situación, pues si realmente se va a producir como parece la eliminación de las cuotas lácteas en los años 2014 ó 2015, deberíamos comenzar a diseñar una hoja de ruta que nos permitiera un aterrizaje suave al conjunto de los productores de la Unión Europea. Mientras tanto, tenemos que posicionarnos adecuadamente, ya que de ello va a depender el estar en condiciones adecuadas para competir cuando se liberalicen las cuotas.
España ha de explicar que la política agraria nos ha convertido en importadores netos y que tenemos el derecho y la obligación de mejorar nuestra posición relativa, apoyando el crecimiento de la producción en función del statu quo, que es lo que pretende Polonia. Aplicar unos porcentajes sobre las cuotas actuales consolidaría aun más si es posible una situación de privilegio y, por lo tanto, dejaría en clara situación de desventaja a los países que somos importadores de cara a la apertura al mercado en el año 2015.


Resumiendo, señores y señoras senadores, se ha llegado a la conclusión de que, efectivamente, existe un déficit en la producción que comportará el inmediato incremento de las producciones. Si es cierto que en el año 2015 habrá una liberación de la producción, hay que pensar cómo la podemos llevar a cabo de forma paulatina, afectando mínimamente al sector.
Efectivamente, sería razonable marcar una hoja de ruta para que, como he dicho antes, ese aterrizaje fuese lo más suave posible y, por lo tanto, facilitar la adaptación de un sector poco flexible como el ganadero a las nuevas situaciones.


Por lo tanto, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió está básicamente de acuerdo con la propuesta formulada, sobre todo con la última transaccional. Por ello, queremos felicitar al Bloque Nacionalista Galego por su constancia y también al Grupo Parlamentario Popular por aceptar esa transacción, pues creo que con ella ha mejorado muchísimo la moción, que podría contar con el soporte del conjunto de la Cámara.


Muchas gracias, señores senadores.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, el senador Azurza tiene la palabra.


El señor AZURZA ARISTEGUIETA: Gracias, señor presidente.


Señorías, este senador, novel y fugaz, un poco impresionado por la altura de este debate, tanto por el conocimiento a fondo de la materia por parte de todos los que me han precedido en el uso de la palabra como por el alto nivel de su interés -no partidario, sino claramente humanista y patriótico- por sacar adelante una situación difícil, intentará que su intervención no desentone con este nivel envidiable.


La moción del Grupo Parlamentario Popular, digna de felicitación, insta al Gobierno a apoyar la propuesta planteada por Polonia el pasado mes de septiembre en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea para incrementar la cuota láctea europea y defender determinado mecanismo de reparto. La propuesta ha sido apoyada por otras delegaciones para revisar su cuota nacional ante la creciente demanda en sus respectivos países. También se solicita en el segundo punto de la moción que se defina ante la Comisión que dicho incremento de cuotas lácteas sea proporcional al déficit que tiene cada Estado miembro entre su consumo de productos lácteos y la cuota global asignada.


El planteamiento de nuestro grupo en esta materia a la vista de las peculiaridades de la actividad del sector en nuestra comunidad autónoma consiste en tratar de mantener un régimen comunitario europeo en el que exista algún tipo de intervención pública sobre la producción de leche, establecido a través de cuotas lácteas o algún otro sistema con resultados similares. La razón fundamental de este planteamiento es la debilidad relativa de las explotaciones lácteas en zona de agricultura de montaña tanto en nuestro país como en otros muchos de la Unión Europea.
La debilidad de nuestras explotaciones es evidente frente al potencial de Estados miembros de la Unión con sistemas productivos más eficientes posibilitados por una orografía propicia y que redundan en sus enormes capacidades productivas.


La propuesta del Grupo Parlamentario Popular, tal como se expresa en los dos últimos párrafos de la exposición de motivos de la moción, se basa en la defensa de un incremento generalizado, progresivo y rápido de las cuotas lácteas como mejor medio para la transición hacia un sector liberalizado. La moción viene a aceptar como adecuado un sistema liberalizado de la producción láctea en el conjunto de la Unión, sin reparar en que quedaría desprotegida dicha producción láctea en zonas tradicionales en que su continuidad es fundamental, aunque tenga que constreñirse a dificultades que condicionan sus costes de producción.


Nuestro grupo, como se ha hecho en ocasiones anteriores, apoyaría la posición de solicitar un significativo incremento específico de la cuota láctea estatal, argumentado sobre la base de la escasa cuota global asignada históricamente al Estado español. Sin embargo, justo es reconocer

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que en la parte dispositiva de la moción la propuesta se concreta de manera que no nos parece inasumible, y menos aún a la vista del texto transaccional que se nos ha dado a conocer y que hemos suscrito. Es sobre esta base que anunciamos el voto favorable de nuestro grupo a dicha transaccional.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.


Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Batlle.


El señor BATLLE FARRÁN: Gracias, señor presidente.


Señor Pérez Lapazarán, le hago la siguiente corrección con tono cordial.
Cuando yo le decía: Siga leyendo, siga leyendo, siga leyendo, es porque la segunda parte de nuestra enmienda usted la ha obviado y es coincidente con lo que piden ustedes. Si no estamos en desacuerdo con lo que pide el Grupo Parlamentario Popular, no estamos en desacuerdo con lo que pide el Grupo Parlamentario Popular.


Señor Pérez Lapazarán, en su exposición de motivos dice: «La Comisaria Fischer Boel ha tomado nota de la presión de la demanda de una gran mayoría de Estados a favor de un aumento rápido de cuotas. Ella declara haber dado orden a sus servicios técnicos para proceder a un profundo análisis que será objeto de un informe antes de que finalice el año para prever las medidas más apropiadas al respecto».


Y eso es lo que intentamos decir nosotros con nuestra aportación. Ese informe, a nuestro entender, debe contener una serie de cosas porque, a nuestro entender también -y en eso hemos discrepado muchas veces-, no solo un incremento de cuota garantiza la rentabilidad de las explotaciones lecheras -y en esto seguramente me dará la razón-; no solo un incremento de cuota garantiza la rentabilidad, la garantizan muchas otras cosas. Y el estudio de impacto, aparte de eso, debe tener en cuenta que debe haber un impacto social y un impacto ambiental también. ¿Y estamos dispuestos? ¿A qué precio estamos dispuestos a soportar el coste social o el impacto social y el impacto ambiental que tiene esta medida? Si se cumplen las previsiones, que no es seguro, llegará un día en que la Unión Europea eliminará las cuotas lecheras. ¿Estamos de acuerdo o no en que hay que facilitar las cosas para que las empresas y los ganaderos españoles que se dedican al sector lechero sean competitivos? Deberíamos disponer de estos estudios para calibrar todas estas cuestiones, porque para reducir la cantidad de grasa que asignaba la cuota los ganaderos de este país tuvieron que hacer un enorme esfuerzo, sobre todo, en mejora genética y en un cambio de hábitos alimentarios. Quien no quiera ser consciente de eso es que ignora la realidad del sector.


Por eso, a nosotros este estudio de impacto nos parecía importante y, por eso, entendemos que nuestra aportación debía ser tomada de forma positiva y no como la ha tomado el señor Pérez Lapazarán, como un mero trámite.
Para trámites no estamos. Estamos para colaborar con el Gobierno y con el sector. Nosotros no podemos estar en contra de un incremento de cuota para España. Si somos deficitarios, si necesitamos más de la que producimos, ¿cómo vamos a estar en contra? Lógicamente el Gobierno tampoco. Nadie que tenga dos dedos de frente puede estar en contra de una medida de este tipo, pero vamos a calibrar las cosas, vamos a poner las cosas en su sitio; porque dentro de poco, cuando esto se liberalice, deberemos seguir siendo rentables, deberemos permanecer en el sector y nuestras empresas deberán seguir aquí. Si todo eso tiene que ser así hay que hacer un análisis profundo que permita tomar las decisiones con criterio. Y tomar las decisiones con criterio no es única y exclusivamente perseguir un aumento de cuota, que también, pero no exclusivamente. ¿Por qué? Por una serie de razones.


Quien permanece en el sector y quien está en él es consciente de eso, y lo sabe. Y como es consciente y lo sabe, todo el mundo agradecería este acceso a la información. No nos engañemos, el sector de la leche vive ahora un momento dulce precisamente porque hay una demanda superior a la que existía hace un tiempo. ¿O ya no nos acordamos de los debates que hemos tenido en esta Cámara para aprobar algunas conclusiones y algunas resoluciones que pedían garantías para que el sector pudiera seguir vivo? ¿Ya no nos acordamos de esto? Pues garantías al sector habrá que dárselas con un incremento de cuota, -producir más porque se consume más-, pero con algo que garantice aparte que la decisión está tomada y que la rentabilidad en el futuro está garantizada. Porque a veces cuanta más cuota se tiene, más dinero se pierde, y la capacidad de pérdida de las explotaciones tiene un límite, y eso también está demostrado, señor Pérez Lapazarán. Usted lo sabe, porque usted y yo vimos los números del último plan de reestructuración del sector lácteo y sabemos que no sólo abandonaron los pequeños. Por tanto, el problema no consiste sólo en tener mucha cuota, sino en que la capacidad de producción sea rentable y que estemos dispuestos a garantizar esa capacidad de producción, que estemos dispuestos a seguir negociando y que nuestra industria láctea sea competitiva para poder salir al mercado exterior y vender a precios competitivos. Ahí está el secreto de la cuestión.


Si ustedes consideran que nuestra aportación a esta moción ha sido solo para cumplir un trámite, he de reconocer que mi capacidad como interlocutor en esta materia ha sido un fracaso, pero le puedo garantizar que esta no ha sido nuestra intención. Nuestra intención era otra.
Ustedes no lo han entendido así. De todas formas nosotros, como no podemos estar en contra de lo que dice la moción, la votaremos también a favor.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Cantero.


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El señor RODRÍGUEZ CANTERO: Gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario Socialista ha firmado la transaccional y lo ha hecho, primero, por ser fiel al compromiso expresado por este portavoz nada más iniciar la intervención anterior en el sentido de que en cualquier caso iba a apoyar una moción que pedía un incremento de cuota y un reparto proporcional al déficit. Y la hemos firmado porque es un texto coherente; el otro, apoyar lo que Polonia decía -crecimiento lineal- y a continuación decir que el reparto sería proporcional, es una incoherencia.


Hay dos formas de afrontar los problemas y de hacer política. Una es quedarse en la espuma de una información, de una nota de prensa y creer que con eso ya se tiene suficiente para argumentar y, sobre todo, para dar jaque al Gobierno. Otra es profundizar en las cuestiones, hablar con los interlocutores, preguntar a unos y a otros y leer los documentos, con lo cual uno termina mucho más informado y, en consecuencia, en mejor posición para formular un juicio, aunque sea crítico. La información no necesariamente debe ser laudatoria.


Nosotros lamentamos, porque es un criterio un tanto miope, que en el texto del petitum de la moción no se recoja el acuerdo de 26 de septiembre, que consiste en que se haga un informe de impacto. Calificar eso de literatura es, una vez más, una frivolidad, un recurso dialéctico, una descalificación. Lo cierto es que hoy el sector lácteo y los técnicos de la comisión están planteándose qué fórmula se puede encontrar para conseguir el mismo efecto, que podría conseguirse aumentando la cuota sin aumentar la cuota, porque el gran dilema es que en el año 2003 se acuerda que la cuota va a desaparecer en el horizonte de 2015, y hay quien piensa que la mejor forma de acercarse a esa eliminación de la cuota es con un aterrizaje suave, es decir, ir incrementando la cuota hasta devaluar el valor patrimonial que tiene y que el ganadero no se sienta agredido en su patrimonio cuando le digan que las cuotas han desaparecido y que aquel dinero que había utilizado en comprarla ya no le sirve y que no lo va a recuperar. Es algo parecido a lo que me decía un compañero que se hace en los ayuntamientos con las licencias de los taxis o con las licencias administrativas: cuando se va a suprimir, lo mejor es que haya muchas y así se devalúan. Esos criterios están en la Comisión, pero también hay otros. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Nosotros podemos conseguir más producción simplemente reduciendo la supertasa, que ahora mismo está en 50 pesetas por kilo, pero si la ponemos a la mitad, por ejemplo, el ganadero hará otras cuentas y a lo mejor le compensa producir más porque resulta que la penalización es menor que el precio que está obteniendo.


Por otra parte, hay quien piensa en la Comisión que lo que hay que hacer es eliminar la referencia al tanto por ciento de grasa, porque, como ustedes saben, España tiene algo más de 6 millones de toneladas de cuota con un 3,2 por ciento de grasa. Si en vez del 3,2 tuviera el 3,4 inmediatamente eso se traduciría en más toneladas producidas y, en consecuencia, en penalización. Por tanto, si bajamos o eliminamos el tanto por ciento de grasa, estamos favoreciendo la producción porque no hay penalización. También están pensando en que sea posible la transferencia de cuota o, al menos, las cesiones temporales entre Estados miembros.


Por último, otro de los criterios que se manejan -y por eso el señor Batlle lo había señalado, con acertado criterio, en su enmienda- es el de unificar la venta directa y la industrial, porque España tiene ahora, dentro de los algo más de 6 millones de toneladas de cuota, 66.000 toneladas de venta directa, y no lo cubrimos. ¿Y qué ocurre? Que nosotros no cubrimos la venta directa, pero si sobrepasamos la industrial, nos penalizan. A nosotros lo que nos interesa es que se unifiquen ambas cuotas y la referencia para la supertasa sea única y no 66.000 por un lado y algo más de 6 millones por otro.


Todo eso es lo que queríamos incluir en nuestra enmienda. Le pedíamos al Gobierno que cuando presentaran ese acuerdo insistieran en que se incrementara la cuota. No vaya usted a creer que con esto se va a arreglar, porque no nos conformamos. Esa es la razón, esa es la literatura que decía el senador Pérez Lapazarán que había en nuestra enmienda.


Lamentablemente no la han aceptado, y creemos que es un error porque, nos guste o no nos guste, estén o no estén reflejados el acuerdo y el informe de impacto en la moción, este es el único acuerdo firme y la única certeza que se tiene después del Consejo de 26 de septiembre; lo demás son propuestas, reflexiones y posicionamientos.


Pero, repito, hay dos cosas ciertas: una, que el Gobierno de España apoyó en el Consejo el incremento de cuota, y, dos, que la comisaria no se atrevió a decidir en ese momento, entre otras cosas, porque el incremento de cuota -se ha puesto también de manifiesto esta tarde- trae un choque de intereses inmediato. Porque no se deben sacralizar los conceptos, no se debe pensar que la cuota es un fin en sí mismo porque la cuota es un medio. El fin es que nuestras explotaciones sean competitivas y rentables, y actualmente, después de dos planes de reestructuración del sector lácteo en el periodo 2004-2007, ha mejorado la competitividad de nuestras explotaciones y la rentabilidad, porque ha aumentado el precio que se paga al ganadero.


Esa es la verdad, y las industrias tienen otros intereses -legítimos también- que habrá que contemplar. Pero no se puede uno cegar confundiendo el instrumento con el fin, porque la cuota era y sigue siendo un instrumento y el fin es que el sector lácteo cumpla, primero, con el papel social -al que también se ha hecho referencia aquí- de ocupación del territorio y de ocupación de mano de obra familiar, en definitiva, de desarrollo rural y, segundo, con otra finalidad, que es conseguir un sector competitivo y, además, rentable.


Nosotros creemos que con la simple mención y la simple proclama de «déme usted más cuota» no es suficiente, entre otras cosas, porque cuando se habla de cuota lechera -quizá inevitablemente porque en la pelea dialéctica política cada uno utiliza el argumento que considera favorece su posición- siempre se dice: En España ha habido

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escasez de cuota como consecuencia de la mala negociación de 1986. Pero, señorías, la negociación fue global. Decir a estas alturas que la negociación del ingreso de España en el Mercado Común, nuestra pertenencia a Europa, fue mala, es un sinsentido. Esto no se le ocurre decirlo ni afirmarlo a nadie, con independencia de que sectorialmente salieran mejor o peor parados; pero, en conjunto, no se puede descalificar, y mucho menos cuando quien descalifica normalmente olvida que la baja cuota que se asignó a España fue como consecuencia de que nuestras estadísticas no estaban actualizadas y además hubo quien hizo campaña, especialmente en Galicia, para que los ganaderos no declararan su cuota.


En los escaños del Grupo Parlamentario Popular pueden encontrar bibliografía viviente suficiente que les explique por qué y por quién se hizo aquello. A partir de ahí, todos los gobiernos han intentado incrementar la cuota: En el año 1992, Solbes consiguió 620.000 toneladas de incremento de cuota, con derecho a prima. En el año 1999, y dentro de la Agenda 2000, la ministra Loyola de Palacio consiguió 550.000 toneladas, sin derecho a prima; se lo dijimos entonces, ahora lamentablemente no se lo podemos decir, me gustaría podérselo decir personalmente y tenerla entre nosotros, pero de aquellos polvos vienen estos lodos y cuando actualmente se ha reconocido el pago único, resulta que España recibe un 10 por ciento menos de prima como consecuencia de que 550.000 toneladas, prácticamente el 10 por ciento de nuestra cuota, no tuvieron prima, y en vez de 5 pesetas nuestros ganaderos cobraban 4,50 pesetas. Fue así, luchó por el incremento, aunque no consiguió lo que aspirábamos. En el año 2003, Arias Cañete renunció a un incremento. ¿Por qué? Sencillamente porque en el entonces mercado especulativo de cuota, con unas tensiones territoriales que ustedes, el PP, ya practicaban, no se atrevió a obtener un incremento de cuota y a asumir la responsabilidad de repartirla, y por eso renunció; esto hay que decirlo sin ningún ánimo, simplemente para conocer la verdad del cuento. Y desde 2004 a 2007 ha habido dos planes de reestructuración, que se han debatido en esta Cámara en distintas mociones, que se han criticado, y el resultado final es que hoy no hay especulación de cuota, hoy no hay leche negra, hoy la renta y la competitividad de los ganaderos es mejor.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor RODRÍGUEZ CANTERO: Termino, señor presidente.


Sinceramente, creo que todas estas reflexiones no son literatura; es necesario hacer estas reflexiones en este foro sin ánimo de echarnos la culpa unos a otros, sino simplemente para saber por dónde andamos porque, en definitiva, si se consigue el incremento de cuota volveremos a mantener otro debate en esta Cámara, no sé si seremos nosotros u otros, los que nos sustituyan o los que estén, pero en ese momento pediré al Grupo Parlamentario Popular que tenga la sensatez y la seriedad de no volver otra vez a generar tensiones territoriales, como ha ocurrido con los anteriores planes de reestructuración.


En definitiva, quiero manifestar nuestro apoyo a la moción porque ha mejorado sustancialmente el texto original y porque la hace coherente.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Pérez Lapazarán.


El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Gracias, señor presidente.


Señor presidente, señorías, al escuchar la interpelación del Grupo Parlamentario Socialista he observado que hace equilibrios sobre una cuerda floja, y argumenta cuestiones que nada tienen que ver con un problema global que tiene España. Según el Grupo Parlamentario Popular, España importa 3 millones de toneladas, y 4 millones, según el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. ¿Sabe usted cuántos millones le supone a España esa importación? Son 1.500 millones de euros; repito, señoría, 1.500 millones de euros, y el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista todavía hace disquisiciones sobre si se quita grasa a la leche, si se elimina la supertasa, etcétera.


Señores del Grupo Parlamentario Socialista, este año la supertasa en Europa ha sido prácticamente nula y, lamentablemente, gracias a los planes de reestructuración del Partido Socialista llevados a cabo en los últimos tres años, España no ha llegado a la cuota que tiene asignada, es decir, ha disminuido el 5 por ciento en la producción láctea, lo que significa que los planes del Partido Socialista conllevan a la eliminación de vacas y a la imposibilidad de llegar a esa cuota láctea.


España no ha pagado este año supertasa, y dudo de que eliminándola se pueda incrementar el mercado. La realidad del mercado español es que tiene que importar mucha leche, y no se puede beneficiar de esa bonanza económica que supone vender a China y a la India; eso es lo que está ocurriendo simplemente en España, y, como somos deficitarios, también tenemos problemas para atender el consumo de los hogares españoles.


¿Sabe lo que ha ocurrido en los hogares españoles en estos últimos años? Pues bien, una nota del año 2007 del sindicato agrario COAG, que precisamente no está en la órbita del Partido Popular, dice lo siguiente: Según datos del panel del consumo del MAPA, el consumo de leche líquida continúa descendiendo tal y como viene haciéndolo en los últimos años. Ha bajado el consumo, lo que supone una reducción, etcétera. Es decir, gracias a la política del Partido Socialista cada vez se consume menos leche en la dieta alimenticia española; en Europa no ocurre lo mismo, señoría.


Por tanto, algo ocurre en el sector lácteo español, se lo he dicho por activa y por pasiva. La producción láctea por habitante en España es la más baja de Europa junto con la

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de Grecia; en Irlanda, hasta 10 veces más. Todavía están pensando ustedes en que son elucubraciones del Partido Popular, y que las mociones del Grupo Parlamentario Popular, como ha dicho anteriormente, son incoherentes, frívolas y que buscan fórmulas que no son sensatas.


Señoría, en la interpelación del año 2005 ya le manifestamos a la ministra los problemas del sector lácteo español, y continúan vigentes. Le voy a leer parte de lo que se dijo en la interpelación, y es lo siguiente: Quisiera decirle, señora ministra, que los principales problemas por los que atraviesa el sector lácteo español son precisamente los que arrancan de la histórica falta de cuota que nuestro país tiene reconocida en la Unión Europea. Esta insuficiencia de cuota es la que está provocando todas las tensiones que sufre el sector e influye sobre las necesidades de reestructuración y sobre la competitividad.


Y decía algo más: España negoció muy mal su integración en la antigua Comunidad Económica Europea; entonces se negoció una cuota nacional a la que le faltaba un millón de toneladas, es decir se negoció a la baja con un 20 por ciento menos de lo que, realmente, se producía. Usted me dice que el señor Solbes consiguió 600.000. ¡Nos ha jorobado!, muchísimo menos que el millón que le faltaba cuando entró a negociar.


¿Y sabe lo que hizo el señor Romero en aquella época, siendo ministro de Agricultura? No implantar el sistema de cuota y no llevar una estadística adecuada para negociarla. El sistema de cuota se implantó después de entrar España en la Unión Europea y fue el señor Solbes, con una brillante labor de ministro, el que lo hizo. Es decir, ustedes entraron a ciegas, sin estadísticas y con un ministro que iba a Bruselas en tren y que siempre llegaba tarde. (Risas.) Tenía miedo al avión y viajaba siempre en tren. O sea, que no me hable usted de milongas ni de negociación. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Se negoció mal y a la baja, y todo esto es lo que ha venido soslayando y sufriendo el sector lácteo español.


Usted ha hablado de la ministra Loyola de Palacio, que, afortunadamente, negoció más de medio millón de toneladas de incremento de la cuota como consecuencia de la Agenda 2000. Como usted ha dicho -y es verdad-, los ganaderos tienen cuota PSOE y cuota Loyola, y gracias a esta última muchos de ellos han accedido a ser rentables.


Por lo tanto, no me hable de milongas. En aquella interpelación también le dije que parece que ustedes tienen alergia a ir a la Unión Europea. Sí, alergia. El señor Zapatero está muy a gusto en La Moncloa regodeándose con su «Z», con su no «Z», etcétera, pero no tanto con salir de nuestro país para defender los intereses españoles, y eso se pone en evidencia.


¿Y qué país es el que pide incremento de la cuota láctea? Polonia, que tiene el doble de cuota por habitante que España. ¡Qué pena! ¡Qué oportunidad han tenido ustedes y el señor Zapatero de plantear este problema y ser los que, realmente, lideren el incremento de la cuota láctea española! Somos el último país en disposición de cuota, el que no se beneficia de los mercados internacionales. Eso es lo que les ha ocurrido a ustedes.


Lamentablemente, ustedes no van a reconocer esta situación. Nosotros hemos querido buscar una solución unánime que dé respaldo al Gobierno y transmitirle que no tenga alergia, que vaya a plantear estas cuestiones a la Unión Europea, que busque apoyos porque hay cuestiones por las que negociar y tienen instrumentos para hacerlo. Los tenían en el año 86 y no los utilizaron, aunque podían haberlo hecho. Por ejemplo, podían haber utilizado la masa de vino que tenía España, con influencia en los mercados, como contrapartida al sector lácteo, pero no quisieron, por lo que cabe considerar que el señor Romero obtuvo un cero pelotero.


Con esta moción simplemente quiero reconocer al sector lácteo español, así como las necesidades que tienen regiones como Galicia, Navarra y Andalucía, que deben saber que, si se consigue más cuota láctea en Europa, una de las regiones más beneficiadas si gobierna el Partido Popular va a ser Galicia. Eso se lo aseguro porque, en definitiva, Galicia es una parte muy importante del entramado económico español y sabemos que es allí, precisamente, donde hay más problemas en cuanto a cuota láctea.


Quiero decirle también, porque me ha parecido ver cierto grado de victimismo en su afirmación sobre que Galicia ha sido la gran perjudicada -y aquí está uno de los líderes que intentaron resolver el problema lácteo en Galicia, y se lo dije a la ministra en aquella interpelación-, que el decremento de explotaciones que se ha producido en Galicia, que es importante, al igual que en toda España, ha sido inferior que en el resto de comunidades gracias al Partido Popular. Es decir, todas las regiones españolas, empezando por la mía, pero sobre todo Castilla y León y muchas otras, soportaron un mayor decremento que Galicia en cuanto al número de explotaciones.


Además, hay que tener en cuenta una cuestión. Mientras la explotación media en Galicia ha crecido más del 300 por ciento -el tamaño medio en el año 2005 era de un 332 por ciento-, en el resto de España no se han alcanzado esos incrementos en cuanto a dimensión. Por lo tanto, todas las políticas que en aquel momento llevo a cabo el Partido Popular en Galicia resultaron rentables y beneficiosas para dicha comunidad.


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.


El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Termino, señor presidente.


Son tantas cosas las que se han dicho que resulta muy difícil rebatirlas en tan poco tiempo. Pero afortunadamente hay una cuestión clara, y es que el Senado se va a manifestar a favor de que España tenga una cuota láctea, que se reparta entre regiones y ganaderos, que en definitiva le permita reestructurar, aumentar el tamaño de las explotaciones, ser más competitivos y beneficiarse de los mercados que en estos momentos están en la Unión Europea.


Animamos al presidente del Gobierno a que salga, a que pelee y luche, y que no sean otros países, como Polonia, los que lideren un proceso como este, pues España era el

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país más perjudicado y el primero que debería haber planteado este problema en la Unión Europea.


Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, dada la propuesta de modificación firmada por todos los grupos parlamentarios -que no por lo dicho-, se entiende que esta moción puede ser aprobada por asentimiento.


¿Es así? (Asentimiento.)

Queda aprobada.


-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS BALANZAS FISCALES ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (S.
662/000197).


El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la elaboración y publicación de las balanzas fiscales entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado.


Para la defensa de la moción tiene la palabra el senador Gasòliba.


El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gracias, señor presidente.


Señorías, llegamos al final de esta legislatura sin haber resuelto un tema fundamental en el marco de la financiación de las comunidades autónomas.
Hay una serie de mandatos, tanto del Congreso de los Diputados como del Senado, instando al Gobierno a publicar las balanzas fiscales, y los gobiernos de uno y otro signo no han hecho caso, lo cual es grave por tres motivos. En primer lugar, porque no se respeta la soberanía popular representada en las Cortes Generales. Todo gobierno debería observar en buena democracia los mandatos de estas. En segundo lugar, porque en el marco de la Unión Europea se dan como valores consolidados de una democracia la transparencia y la credibilidad, y además, el Gobierno español y las instituciones españolas exigen a otros países fuera de la Unión Europea que se basen en las prácticas de buen gobierno, que incorporan dichos principios sobre los que vamos dando lecciones por el mundo, pero a la hora de aplicarlos, eso no se hace. Y quiero recordar que, aunque la palabra credibilidad se puede pronunciar como «credibilidaz», en realidad no acaba en «z» sino en «d» de democracia.


Y esto se produce respecto de un tema -y este es el tercer motivo- para el cual la financiación de las comunidades autónomas es absolutamente necesaria, sobre todo en el marco de los nuevos estatutos; es un tema que dura desde hace mucho tiempo, pero nosotros no cejaremos. Si a finales de este año no están publicadas las balanzas fiscales, lo volveremos a plantear en la próxima legislatura, y según como sea la correlación de fuerzas para formar nuevo gobierno, se verán obligados a publicarlas.


Voy a recordar el último mandato que se produjo en esta Cámara a este respecto, concretamente el 22 de marzo de 2005.


En aquella fecha, se aprobó el siguiente texto: «El Pleno del Senado insta al Gobierno a: 1. Dar cumplimiento antes de finalizar el presente año, a la proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados relativa a la publicación de balanzas fiscales entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado, aprobada el 28 de septiembre de 2004, en lo relativo al establecimiento de una metodología común para su elaboración. Es decir, se sintetizaba un mandato que llegaba del Congreso de los Diputados, lo apoyábamos y dábamos un mandato el Senado. A continuación, se añadía: Proceder a publicar anualmente las balanzas fiscales de las comunidades autónomas con la Administración General del Estado correspondientes al último ejercicio liquidado, en las cuales se reflejarán los flujos financieros bilaterales que se produzcan.
Exactamente fue el 22 de marzo de 2005.


Ésta no era nuestra propuesta original, sino que era fruto de la aceptación de una enmienda transaccional que presentó el Grupo Parlamentario Socialista; el Grupo Parlamentario Popular se abstuvo y, si no recuerdo mal, no hubo ningún voto en contra.


El texto dice que el 31 de diciembre de 2005 tenían que haber estado publicadas las balanzas fiscales, pero no fue así y aún hoy no es así. En este sentido, cuando reiteré esta cuestión en una pregunta al ministro Solbes, me contestó que se estaba estudiando la metodología, que es el refugio constante. La verdad es que, al final, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se estableció e impulsó un grupo de trabajo que en septiembre de 2006 -hace poco más de un año- publicó los resultados. Se trata de un volumen al que todos ustedes tienen acceso, muy amplio, muy documentado y muy bien fundamentado, que lleva a la conclusión de que se pueden utilizar dos métodos a la hora de elaborar el cálculo de las balanzas fiscales. Estas diferencias metodológicas, que ya sabíamos que existían, ahora están negro sobre blanco; pero, en cualquier caso, nuestra posición, nuestro criterio es que publiquen las dos, o bien que el Gobierno asuma su responsabilidad y publique la que considere más adecuada, como ocurre en muchos ámbitos de la estadística y de las cuentas de cualquier Estado. No sé si ustedes siguieron en su momento el debate sobre las normas internacionales de contabilidad, pero durante muchos años se estuvo discutiendo cuáles eran los criterios más adecuados a la hora de aplicar las normas internacionales de contabilidad. Además, si pedimos su opinión a los expertos en contabilidad nacional, verán que hay diversas opciones, pero, al final, se publica una contabilidad nacional. Asímismo, si ustedes quieren una línea de orientación, a nivel de la Unión Europea, tienen en Eurostat una metodología en la que se pueden ver las cuentas a nivel regional.


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En todo esto siempre ha habido una discusión metodológica, pero al final ha habido un gobierno que ha asumido su responsabilidad -por cierto, responsabilidad también acaba con d, no es responsabilidaz, es responsabilidad- y, entonces, desde nuestro punto de vista cumple el mandato haciendo honor a dos principios democráticos básicos: transparencia y credibilidad.


Por ello nuestro grupo parlamentario insiste de nuevo y recuerda el debate que tuvimos el 15 de marzo de 2005, del cual salió la propuesta de moción que al final se aprobó sobre la base de la transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Representantes de instituciones tan importantes como son el Instituto Nacional de Estadística o la propia Intervención General del Estado, aportaciones del sector privado o el Instituto de Estudios Fiscales, todos ellos se mostraron absolutamente predispuestos a publicarlas y a ofrecerlas. Es el caso del Informe de 2004, que lleva por título Las balanzas fiscales en España, publicado por Papeles de Economía Española. Por ello no se puede aducir que no hay estudios, que no hay análisis de alto nivel, que no hay buena predisposición por parte de instituciones tan consolidadas y tan respetadas como, insisto, el propio Instituto Nacional de Estadística, cuya directora en unas jornadas que organizamos en febrero de 2005 mostró su plena predisposición para su publicación.


Por lo tanto, con toda esa experiencia, y sin cejar en nuestro empeño para disponer de las balanzas fiscales y ver si el Gobierno al final cumple con los mandatos parlamentarios, como correspondería en buena democracia o simplemente en democracia, sobre la base de los resultados, las conclusiones y el resumen que ofrece el grupo de trabajo creado y tutelado por el propio Gobierno, hacemos la siguiente propuesta: Uno, encargar con carácter inmediato al Instituto Nacional de Estadística -insisto en la buena predisposición mostrada por su directora, reiterada como mínimo en dos ocasiones, negro sobre blanco, y las actas de esta reunión así lo demuestran-, o bien a la Intervención General de la Administración del Estado la elaboración de la balanza fiscal referida al saldo de flujos de ingresos y gastos fiscales correspondientes al último ejercicio liquidado, de acuerdo con la metodología de cálculo propuesta en el informe del grupo de trabajo creado en el seno del Instituto de Estudios Fiscales y publicado el 27 de septiembre de 2006. En esta publicación se deberán precisar los resultados de la balanza fiscal según los dos criterios de imputación propuestos: el criterio de carga-beneficio o el criterio de flujo monetario. Dichas balanzas deberán ser publicadas antes de seis meses. Dos, asumir la obligación de publicación anual de las balanzas fiscales una vez liquidado cada ejercicio presupuestario. Tres, presentar los resultados ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado.


Bien, ya tenemos las metodologías -aquello que decían que era el gravísimo obstáculo-; no tenemos la publicación, como sería de esperar, y estaba comprometido en la moción de marzo de 2005, con el acuerdo, insisto, del Grupo Parlamentario Socialista, porque admitimos su enmienda transaccional. Entonces, el tema ya no es metodológico, no es técnico, no es de una discusión entre expertos, el tema es político. El Gobierno ha de asumir su responsabilidad -responsabilidad, que no acaba en z, sino en d-. Y hay un mandato parlamentario. Entiendo que las dos Cámaras se han mostrado reiteradamente a favor de la publicación de las balanzas fiscales. Quiero recordar que el Grupo Parlamentario Socialista votó a favor de la primera propuesta que realizamos, hace ya algo más de diez años; quiero recordar a un experto entusiasta en su momento del análisis y la publicación de las balanzas fiscales, que hoy en día es el responsable del Departamento de Economía del Gobierno catalán y que había insistido reiteradamente en este tema, primero como académico y después como político, y a un Gobierno como el actual, en el que ingenuamente creíamos, dada la posición que había manifestado el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, eso sí, antes de asumir el Gobierno, que en esta legislatura publicaría las balanzas fiscales; y quiero recordar -ya insistí en ello, como en estos argumentos, aunque el día 15 de marzo de 2005 ya dije que pensaba que quizá estábamos pecando de ingenuidad, porque, viendo las resistencias que había, creíamos, insisto que ingenuamente, como también otros, que el Estatuto de Cataluña se aprobaría según saliese del Parlamento catalán, aunque esto no es exactamente igual- que se trata de un compromiso que fue apoyado por el Grupo Parlamentario Socialista en su momento, que luego se aprobó a través de una transaccional, y nos encontramos al final de esta legislatura y las balanzas fiscales no están publicadas.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Para un turno en contra, tiene la palabra el senador Bru.


El señor BRU PARRA: Gracias, señor presidente.


Senador Gasòliba, aunque ha hecho usted referencia a los gobiernos, como comprenderá no puedo responder por otros más que por el actual, por los últimos cuatro años, y, en todo caso, por la actitud de mi grupo en otros años que no ha actuado en el Gobierno.


Concretamente, ha hecho usted referencia a alguna otra vez que hemos votado a favor de alguna resolución, exactamente a favor de la moción de 24 de junio de 1997 presentada por su grupo, en la que se instaba al Gobierno -le cito literalmente- a realizar unos estudios que deberían elaborarse con una metodología común -una metodología común, senador Gasòliba, no dos, ni tres, ni cuatro- que deberá acordar con amplio consenso el Consejo de Política Fiscal y Financiera.


Creo que quien ha cambiado de criterio ha sido Convergència i Unió, porque de repente ya no le satisface una metodología común -le da igual que sean dos que tres- y ya no habla de llevar dicha metodología al Consejo de Política Fiscal y Financiera, como propugnaba hace diez años, sino que ahora responsabiliza al gobierno de turno.


Senador Gasòliba, nos encontramos con que, a punto de terminar la legislatura, ustedes presentan en esta Cámara

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una moción idéntica, exactamente igual, a la que ya se debatió y perdieron por amplia mayoría en el Congreso en el pasado mes de junio. Lo primero que se me ocurre es preguntar por qué; porque no pueden aspirar a un cambio de votos. No se trata pues ni de explotar o de explorar el diferente juego de mayorías y minorías que existe en el Senado; no se trata pues ni siquiera de convertir esta Cámara en cortes de casación. Se trata posiblemente de utilizarla como caja de resonancia partidaria o como amplificador de una campaña -una legítima campaña, por supuesto, senador Gasòliba- de agitación y propaganda. Pues bien, son ustedes muy dueños, y no cuestionaré yo el uso de sus recursos parlamentarios. Pero ahora sí que le voy a precisar varias cuestiones. La primera es que nadie en el Gobierno tiene ocultas ni escondidas en ningún cajón ni en archivador ni en cámaras secretas las balanzas fiscales que su señoría con tanto ahínco reclama, y no se puede proceder a su publicación porque sencillamente no existen, porque previamente, como su señoría ha recordado, el acuerdo tomado en esta Cámara el 22 de marzo del año 2005 fue que se instaba al Gobierno a que reuniese un grupo de trabajo en el seno del Instituto de Estudios Fiscales para que procediese a elaborar los estudios tendentes a la realización de una metodología común para poder construir, en su caso, las balanzas fiscales. Su señoría es consciente de que el Gobierno ha cumplido escrupulosamente -le repito, escrupulosamente, cosa que otros gobiernos no han hecho- con el mandato de esta Cámara. El Gobierno ha reunido un grupo de trabajo amplio, en el cual -como sabe usted, porque lo ha reconocido el señor Sánchez i Llibre en el Congreso de los Diputados- su grupo ha tenido representación, por emplear un término tradicional e histórico; ha habido un intelectual orgánico en el cual Convergència i Unió se sentía representado en el grupo de trabajo. Por lo tanto, ha habido un grupo de trabajo que ha trabajado intensamente, -valga la redundancia- y que ha presentado el desacuerdo, porque no ha habido acuerdo. Y para llegar a ese viaje posiblemente no hacían falta tantas alforjas. Permíteme que me autocite.
Ya le dije yo el 15 de marzo del año 2005 -cosa obvia para cualesquiera que tuviese un mínimo de conocimiento de estos procesos- que había básicamente dos criterios metodológicos, que eran el del flujo monetario y el de carga-beneficio; que estos métodos no eran inocuos, en el sentido de que no había neutralidad de la metodología respecto a los fines que iban a perseguirse, y que, a mi modesto juicio, más académico que político, iba a ser absolutamente imposible que los grupos que se reunieran se pusieran de acuerdo sobre la metodología puesto que la metodología no era neutral -y aquí no era una cuestión académica, sino básicamente política- y que, por consiguiente, los grupos que se reunieran en tanto en cuanto iban a tener unos fines a perseguir y que toda teoría, como decía aquel famoso metodólogo, que sería producir los hechos que la justificasen, no iban a ponerse de acuerdo. Evidentemente, no hacía falta ser Rappel para adivinar lo que iba a ocurrir, que no se iban a poner de acuerdo, como así ha ocurrido. Bueno, ha habido un trabajo encomiable; se ha adelantado la metodología; ha habido un trabajo de depuración y, como se evidenció en la comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda del director del Instituto de Estudios Fiscales el pasado mes de septiembre del año 2006, no había una metodología común, lo cual hacía imposible la construcción de las balanzas fiscales. Pero a esa reunión su señoría no asistió o, si asistió, se ausentó antes de acabarse. Por tanto, posiblemente su señoría no se enteró bien de las conclusiones del grupo de trabajo. Es una lástima porque el detallado y amplio informe que se entregó por el director de instituto, en la introducción, en la página 6, al explicar los fines de trabajo, contiene un párrafo con una rotunda afirmación sobre las balanzas fiscales, que ya de por sí casi le deberíaA partir de este momento, intentar seguir utilizando las balanzas fiscales en la lucha política -legítima, pero absolutamente torticera-, no tiene ningún sentido, puesto que esto es una manifestación clarísima de un grupo de expertos que dicen que no se pueden utilizar las balanzas fiscales para lo que algunos -insisto con toda legitimidad, pero poco sentido académico y científico- las quieren utilizar. No obstante, esto es pedirle peras al olmo.


¿Vamos a seguir con un debate que no se produce en ningún país del mundo más que en España? Es un tema en el cual, si quieren, entraremos porque yo de esto sé un rato. Hasta ahora he venido aquí como político, pero vendré como académico cuando ustedes quieran. (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Me pongo de académico y vamos a ver quién me justifica que en Alemania se publican; ni en Canadá, ni en ningún país del mundo. En ningún país del mundo nadie publica un artículo en ninguna revista, ni en las incluidas en los JCR, que tenga relación con balanzas fiscales, ni nada que se le parezca. Este es un debate estrictamente carpetovetónico, (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.), senador Gasòliba, carpetovetónico, porque la bibliografía que se cita en los informes, concretamente en el estimable Survey, del profesor Barberán, toda está en castellano, no hay nada en ningún idioma que no sea castellano. Como usted sabe, lo que académicamente no está en inglés en economía no existe en el mundo.
(Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Punto y aparte.


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Dejemos ya las cosas claras y el chocolate oscuro. Aquí vamos a centrarnos en lo que es y no desvirtuemos un tema que nace y muere en alguna universidad española, no en todas, afortunadamente. (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Se les pedía una metodología común y esta petición la senadora Aroz la retiraba en abril del año 2005 por escrito. Pedía establecer una metodología común, y en la comparecencia del director del Instituto de Estudios Fiscales, a la que usted -repito- no asistió, la propia senadora Aroz -cito literalmente- mostraba su perplejidad cuando se le presenta no una, sino dos metodologías y le pide que se aclare al profesor Ruiz-Huertas y le diga qué metodología es la que él estima conveniente.
El profesor Ruiz-Huertas se pone la toga académica y le dice que no, que no se moja y que no le dice cuál es la que estima conveniente.


Volviendo a la comparecencia del profesor Ruiz-Huertas, en la cual tenía que aclararse el asunto, como cabía esperar de una persona de su seriedad y su rigor académico, se limita a decir lo que le acabo de decir, que en todo el mundo esto guarda muy poca relación y que es un fenómeno singular en el contexto académico español porque internacionalmente nadie se ocupa de esto para nada. Lo viene a decir el profesor Ruiz-Huertas, no yo.


Luego viene a decir que no hay un mínimo consenso metodológico, que es un trabajo técnicamente dificilísimo, que esto es prácticamente imposible de hacer, que es imposible de imputar, que se ha avanzado mucho, pero que quiero seguir insistiendo en la naturaleza de origen esencialmente académico de las estimaciones de las balanzas fiscales y en las grandes dificultades metodológicas existentes -lo subrayo, senador Gasòliba-, algunas de las cuales son prácticamente irreductibles. Y usted viene y nos dice aquí que prácticamente esto está resuelto y que se puede publicar mañana. Yo creo que no, que hay que agradecer al grupo de trabajo la tarea que ha hecho de desbrozar, de avanzar por una senda compleja. En trasparencia en cuentas públicas, se puede avanzar mucho.
Evidentemente, aquí nadie oculta nada, y posiblemente el camino de las balanzas fiscales no sea el adecuado, sea otro, como el terreno de las inversiones territorializadas. En privado usted y yo hemos hablado sobre esto en el sentido de que quizá este no sea el camino adecuado y de que hay otras vías con más transparencia, mejora de las informaciones estadísticas, o que todas las administraciones con responsabilidades estadísticas publiquen bien sus cuentas -a este respecto el grupo de trabajo denuncia que no tiene toda la información-; o sea, hay una serie de recomendaciones utilísimas y, por lo tanto, no tenemos que llegar a la idea de que el trabajo de esta task force, de este grupo, ha sido estéril, ni mucho menos, pero de ahí a llegar a la conclusión de que todo está resuelto y que mañana podemos publicar las balanzas fiscales.
Posiblemente en un futuro se podría llegar a algo parecido. En Europa esto no existe porque son transferencias interregionales, cálculos de flujos monetarios y de tasas de retorno, que no es exactamente lo que aquí se está pidiendo, porque hay complejidades de cálculo, incidencias impositivas en el Impuesto sobre Sociedades, en el IVA, etcétera, que hacen prácticamente irresoluble hoy por hoy muchas cuestiones, aparte de los problemas de cálculo estadístico porque no se dispone de datos. Si encima el grupo dice que esto no guarda ninguna relación directa con la financiación autonómica, porque evidentemente los saldos o no saldos dependen en un sistema como el nuestro del tema fiscal, de un sistema progresivo y del patrón de distribución, evidentemente creo que el Gobierno ha cumplido escrupulosamente con el mandato recibido de esta Cámara, que era reunir un grupo de trabajo, y este grupo de trabajo, a su vez, también, porque era complicado poner de acuerdo a más de quince personas para que firmasen un documento conjunto en estas condiciones sobre un mínimo metodológico para seguir avanzando en ese avance metodológico, -valga la redundancia-, y poder seguir en ese camino no sé cuanto tiempo -camino más académico que político-. Por lo tanto, no es para que usted, senador Gasòliba, nos diga aquí que no hay ningún problema metodológico, porque lo hay y muy complicado, entre otras cosas porque no existe esa metodología común que solicitábamos, y esto, evidentemente, no es responsabilidad del Gobierno. No vamos a decir aquello de que no hay metodología, porco governo.


Por tanto, creo que con un mínimo de sensatez -y a usted, senador Gasòliba, le reputo por hombre sensato- no puede imputarle esto al Gobierno porque ha cumplido escrupulosamente con el mandato de esta Cámara, y el grupo de trabajo ha presentado sus conclusiones en la medida en que razonablemente podía hacerlo.


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.


El señor BRU PARRA: La legislatura se está acabando, deja ya hecho un trabajo considerable, y creo que por ese camino se podrá seguir progresando en un futuro.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Sampol.


El señor SAMPOL I MAS: Gracias, señor presidente.


Señorías, en nombre del PSM, Bloc per Mallorca y del Grupo Parlamentario Mixto, les anuncio el voto favorable a esta moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Y votaremos a favor por dos motivos. El primero, coincidente con el señor Gasòliba: porque efectivamente conocer los flujos fiscales entre territorios es un elemental principio democrático. El segundo, que creo que no ha salido todavía en el debate: porque la negativa a divulgar las balanzas fiscales esconde una realidad: los sucesivos gobiernos del Estado han aplicado un falso concepto de solidaridad que supone una grave injusticia para los habitantes de determina-

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dos territorios, además de ser de dudosa eficacia para los beneficiarios.


Efectivamente, si consideramos como principio básico que transparencia es democracia, nos encontramos ante un importante déficit democrático, porque las balanzas fiscales entre las distintas comunidades autónomas y el Estado constituyen el secreto mejor guardado del reino.


Decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular que no se han puesto de acuerdo en el método. Pues no las publiquen ustedes; faciliten los datos, que ya habrá instituciones independientes, privadas, universidades, expertos que a título particular se mojarán y firmarán sus conclusiones, como está pasando en todo el mundo. En la Unión Europea conocemos perfectamente los flujos fiscales entre los distintos territorios.
Sabemos qué cotizamos a la Unión Europea y sabemos qué reinvierte la Unión Europea en cada uno de los territorios, no solo de los Estados sino incluso de las regiones.


Den los datos como los dan en Alemania, en Austria -la Universidad de Linz publica las balanzas fiscales- o en Bélgica, del mismo modo que los dan en Estados Unidos, donde a partir de cifras oficiales la universidad de Harvard publica anualmente las balanzas fiscales de todos los Estados con el Gobierno federal, detallando la recaudación y el gasto en cada uno de los diferentes Estados, incluso clasificado por distintos tipos de gasto en inversión.


Pero en el Estado español estos datos son secretos. Por eso, señorías, debemos preguntarnos: ¿Qué democracia es aquella que esconde a sus ciudadanos cuántos impuestos se recaudan en cada uno de sus territorios y, sobre todo, dónde y cómo se gastan? ¿A quién beneficia esta desinformación? Solamente puede existir una respuesta a estas preguntas: el secretismo sobre los flujos fiscales entre comunidades autónomas y el Estado esconde una perversa aplicación del principio de solidaridad entre los distintos territorios. Pero a pesar de esta negativa se han ido divulgando diversos estudios, del Banco Bilbao Vizcaya, de la Fundación de Cajas de Ahorros y de expertos profesionales que han hecho distintas estimaciones, estudios que coinciden en revelar unos datos que, como mínimo, marcan una tendencia y muestran que bajo ese secreto se esconden la discrecionalidad, la injusticia y unas políticas que hipotecan el bienestar y el crecimiento económico de las comunidades perjudicadas y, por extensión, del conjunto del Estado.


Para ilustrar esta información voy a poner en su conocimiento algunos datos referidos a mi país, las Illes Balears, que revelan la gravedad de la situación. Las Illes Balears tienen estatuto de autonomía desde 1983.
Desde entonces hemos sido la última comunidad en financiación autonómica por habitante, como reconoció en esta Cámara el vicepresidente económico hace quince días y como ha reconocido también el presidente del Gobierno, que está hoy en Palma. Actualmente el déficit sobre la media es de más de 200 euros por habitante y año. Otro factor son las inversiones del Estado en nuestro territorio. También desde el principio de la democracia -antes no sabemos- hemos ocupado sistemáticamente el último lugar. Los presupuestos para 2008, a pesar de suponer una mejora relativa, nos siguen dejando en último lugar, a una distancia de la media de 319 euros por habitante. ¡Cómo debíamos estar antes! Por supuesto que estamos excluidos del Fondo de Compensación Interterritorial, que reparte 42 euros por habitante. Y en cuanto a los fondos de la Unión Europea, en el año de referencia, 2004, recibimos 53 euros por habitante frente a los 235 euros de la media.


El problema se agrava, además, si tenemos en cuenta el déficit histórico en competencias que son puntales del Estado del bienestar, por ejemplo, la educación, transferida en el año 1999, con un déficit de 43.000 pesetas por alumno; la sanidad, transferida en el año 2002, con un déficit de 680 camas de hospital y 2.000 profesionales de la sanidad sobre la media; o el transporte ferroviario, en el que entre 2000 y 2007 se habrán invertido más de 50.000 millones de euros, mientras que en Baleares, a pesar del mandato de la Ley de régimen especial, se han invertido cero euros.


En definitiva, afirmo ante esta Cámara, sin ningún tipo de duda, que somos la comunidad con los servicios públicos peor dotados del Estado; y todo ello, a pesar de ser la comunidad que más ingresos aporta relativamente a las arcas del Estado.


Señorías, con los datos que he ido aportando, datos oficiales, es comprensible que los estudios divulgados sobre las balanzas fiscales coincidan en dar una cifra estimativa, no oficial, del déficit del Estado con Baleares -es decir, la diferencia entre los impuestos que pagamos y lo que recibimos en inversiones públicas de todas las administraciones- de más de 3.000 millones de euros anuales, el 17 por ciento de nuestro producto interior bruto. Esto no tiene parangón en el mundo. Las estimaciones hechas al respecto dicen que Cataluña aporta del 9 al 11 por ciento de su PIB y el País Vasco, el 3,5 por ciento de su producto interior bruto. En el ámbito europeo, Lombardía, en Italia, es la región que más aporta a su Estado, con un 8 por ciento; en Alemania, Baviera aporta el 4 por ciento, y en Estados Unidos, el Estado más rico, Nueva York, aporta el 2,1 por ciento al Gobierno federal.


Como ven, señorías, esto no es solidaridad, es un auténtico expolio económico y, naturalmente, esta sangría económica ya tiene consecuencias, pues hemos pasado de ocupar el sexto lugar en el ranking de renta familiar disponible en poder de compra, a ocupar el décimo lugar, esto es, medio punto por debajo de la media. Por lo tanto, en Baleares ya somos más pobres que la media, como consecuencia de unos flujos fiscales insostenibles.


Decía Poschmann: Cuando el sector público mueve tanto dinero entre territorios, los pobres de las regiones ricas financian a los ricos de las regiones pobres. Hoy, señorías, mientras no tenemos los servicios públicos esenciales bien dotados en Baleares, oímos que algunas comunidades van a financiar un sueldo a los alumnos para evitar el fracaso escolar; también a los hijos de los ricos. O que ofrecen el servicio bucodental gratuito, el dentista, a todos los ciudadanos; también a los ricos. Son recursos

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que se detraen de nuestros pobres -un 17 por ciento de nuestra población ya vive en la pobreza-, de nuestros mileuristas, o de gente corriente...


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.


El señor SAMPOL I MAS: Termino, señor presidente, pidiendo transparencia, pero también un sistema de transferencia de recursos eficaz y con mesura, porque hoy no tenemos transparencia ni eficacia ni, por supuesto, mesura.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el senador Ayala.


El señor AYALA FONTE: Gracias, señor presidente.


Señorías, se nos presenta hoy una nueva iniciativa sobre las balanzas fiscales, iniciativa que podemos considerar continuación de otra moción del mismo grupo, debatida y aprobada en marzo de 2005. En ella se acordó crear una comisión de expertos, que en su informe final ha consensuado dos enfoques de los muchos que había en la metodología a aplicar para llevar a cabo las balanzas fiscales: la carga beneficio y el flujo monetario. Por esa razón entiendo que los resultados serán diversos y en algunos aspectos contradictorios, y aunque la transparencia siempre será positiva, a mi entender esta diversidad puede contribuir más bien a crear confusión y confrontación entre las comunidades que a otra cosa. Por consiguiente, tenemos ciertas dudas sobre la utilidad de la publicación de estas balanzas fiscales.


No sé si el objetivo es provocar un nuevo modelo de financiación autonómica pero, en cualquier caso, las transferencias del Estado a las comunidades autónomas solo representan una pequeña parte de los flujos fiscales y, en consecuencia, no puede recaer sobre la fiscalidad la responsabilidad de una insuficiente financiación de ciertas comunidades autónomas. Por otro lado, mientras la fiscalidad sea competencia del Estado -y así es a día de hoy- no podemos decir que unas comunidades autónomas transfieran fondos a otras.


Por tanto -y concluyo-, la posición de Coalición Canaria en este asunto es que antes de hacer públicas las balanzas fiscales y decidir qué metodología se aplica debe llegarse a un acuerdo entre el Estado y todas las comunidades autónomas a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Gasòliba.


El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gracias, señor presidente.


Evidentemente, este turno de portavoces va a ser un turno de réplica, y seguramente necesitaría otro de contrarréplica con el senador Bru, pero no tendré ocasión; así son las reglas del debate parlamentario.


Antes de replicar al senador Bru respecto de sus argumentos en contra, quiero agradecer el apoyo que ya se me ha manifestado por parte de los representantes de Eusko Alkartasuna, PSM-Bloc per Mallorca, Bloque Nacionalista Gallego y del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; hay otros de los que no sé si lo tengo, y otros que ya sé que votarán en contra.


Senador Ayala, solamente quiero puntualizarle que la publicación de las balanzas fiscales lo único que introduce es un elemento de conocimiento y transparencia, y no tienen por qué derivar en un nuevo modelo de financiación. Este es nuestro ánimo: un ánimo de credibilidad y transparencia.


Con respecto a la intervención del senador Bru, yo he encontrado una cierta incoherencia entre reclamar rigor académico y su propia intervención, que es política y de apoyo, como es lógico, a un Gobierno que no quiere publicar las balanzas fiscales. Su señoría ha leído unos trozos del informe -que, por cierto, he leído- y de las propuestas, y lo que encuentro más asombroso es que nos dice: El Gobierno ha cumplido; ha habido un grupo de trabajo en el Instituto de Estudio Fiscales, con unos expertos que han propuesto unas metodologías -dos, como muy bien ha recordado el senador Ayala-. Y ya está. Pero ya está, no, porque nosotros aceptamos una transacción del Grupo Parlamentario Socialista -que votó a favor; nosotros también- para tener un consenso y el correspondiente apoyo. Supongo que en aquellos momentos el senador Bru era muy responsable -como gran experto que es, él se ha proclamado como tal debía intervenir en esta decisión de su grupo parlamentario- porque el dos se comprometió a publicar anualmente las balanzas fiscales de las comunidades autónomas con la Administración General del Estado correspondientes al último ejercicio liquidado, en las cuales se reflejarán los flujos financieros bilaterales que se produzcan.


Yo no creo que fuese una cosa tan fuera de tono o de razón o una querencia simplemente carpetovetónica, como usted ha dicho. Por cierto, nosotros hicimos unas jornadas en el Senado en las que intervinieron profesores como Ángel de la Fuente, José María Tejeiro, Ramón Tremosa, Nuria Bosquez y Ezequiel Uriel. Intervino la directora general de Financiación Territorial, doña Silvia López Ribas; el director general del Instituto de Estudios Fiscales; la directora del Instituto Nacional de Estadística; don José Luis Sauquillo, asesor ejecutivo de la Dirección General de Cooperación Económica y don Pedro Irigoyen, de la misma Dirección General. Y a mí no me dio la sensación de que fueran unas personas que accediesen a pasar todo un día debatiendo esto, creyendo que era un debate carpetovetónico. Algunos de ellos son eminentes profesores que, como usted sabe, también publican en inglés, y no únicamente artículos, sino libros. Y una persona que no estaba aquí, pero que políticamente tiene una gran responsabilidad en estos momentos en el Gobierno de Cataluña, el profesor Antoni Castells, lo ha defendido siempre aca-

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démica y políticamente. Por lo tanto, está bien entrar en la dialéctica, pero no descalifique a personas de ese nivel de la manera en que usted lo ha hecho. No creo que se lo merezcan. Por ejemplo, la directora del Instituto Nacional de Estadística dijo que ella lo podía hacer y que había metodologías aceptadas en la Unión Europea. Todo esto lo sabemos, y se publican una serie de datos en este sentido.


Por lo tanto, comprendo, senador Bru, que el Gobierno no quiera publicar las balanzas fiscales y que usted busque argumentos para decir que eso está muy justificado. Pues no lo está. Usted mismo, que supongo que es corresponsable muy directo, repito que presentó una enmienda transaccional que se aceptó y se votó en esta Cámara por mayoría -el Grupo Popular se abstuvo-, en cuya segunda parte se dice que hay que proceder a publicar anualmente las balanzas fiscales de comunidades autónomas. Si esto es una barbaridad tan extraordinaria, como usted dice ahora, ¿por qué no lo era hace dos años?

Además, en todo el informe la síntesis es que hay dos métodos. Si hay dos métodos, primero, publíquense y, segundo, que el Gobierno se decida. En contabilidad nacional si usted toma un grupo de expertos seguro que encontrará metodologías diferentes. En los niveles estándar internacionales en contabilidad encontrará metodologías diferentes, pero, al final, hay una publicación de una serie cuentas del Estado y de una contabilidad nacional que están homologadas. Luego puede haber una serie de propuestas alternativas en un campo muy alejado de lo que estamos hablando ahora, pero en la discusión del nivel de contabilidad de los bancos, en lo que son sus niveles de solvencia, lo que se denomina Basilea II, ha habido una discusión que ha durado cuatro años, y al final ha habido unas autoridades que se han decidido por una y los bancos saben que la han de aplicar según aquellos criterios. Por lo tanto, insisto en que ya hemos pasado el debate, ya tenemos el tomo, las aportaciones y la síntesis final del grupo de trabajo que se ha desarrollado en el marco del Instituto de Estudios Fiscales.


El propio vicepresidente del Gobierno, el ministro Solbes, lo reconoció en una comparecencia aquí. Esto ya se estaba realizando, y dijo: Una vez conocidas, las publicaremos. ¿Qué quiere decir? Que una vez conocidas las metodologías y las propuestas del grupo de expertos, se publicaran. No quiere decir más que eso, y que hay alguien, que en este caso es el Gobierno, que lo ha de publicar. ¿Que antes pueda ser recomendable -como propone el senador Ayala- que se debata con las autonomías en el marco del Consejo de Financiación? Pues muy bien.


Por otra parte, tampoco estamos tan alejados en nuestra moción de este ámbito, porque en el punto 3 lo que proponemos es impulsar un debate en la Comisión de Economía y Hacienda para la determinación de los criterios de transparencia y solidaridad entre las comunidades autónomas. Pues tráiganlo. Además, pedimos que se presenten los resultados ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado. Pues discutámoslo. Pero alguien ha de asumir la responsabilidad. ¿Por qué no se asume esta? Pura y simplemente, porque no se quiere que se conozcan las balanzas fiscales y porque al Gobierno le interesa en este ámbito mantener una total opacidad, que es lo contrario -insisto- a transparencia y credibilidad, que son dos principios básicos considerados homologados y sin discusión, porque España lo ha aceptado en el marco de la Unión Europea, dos características básicas para una democracia en Europa. Por tanto, obsérvenlas y publíquense, y que el Gobierno asuma sus responsabilidades y sea fiel al mandato que le han dado las Cortes Generales.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Maqueda.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Arratsalde on danori. Buenas tardes a todos y a todas.


Todos los ponentes que han pasado por este tribuna piensan que su comunidad autónoma es la que más aporta y la que menos recibe. Señor Bru, no nos hace falta entrar en un debate academicista, para ello existen otros foros. En este momento, aquí, en el Senado, toca hablar de política, no de términos académicos; como digo, para eso hay otros foros en los que nos podremos poner o no de acuerdo. En este debate, que es arduo, hablando en términos económicos, vamos a tratar de que los ciudadanos y ciudadanas entiendan de qué estamos hablando.


Estamos hablando de solidaridad, como bien decía el senador Gasòliba, obedeciendo a un mandato que ya se había acordado en esta Cámara en marzo de 2005. Y hablando de política y de solidaridad, voy a recordarle unas palabras que hoy pronunciaba el ministro Clos en Bilbao: Creo que el crecimiento de Euskadi sería mayor sin la consulta de Ibarretxe. Esto nos viene muy a cuento para hablar de las balanzas fiscales. Creo que el señor Clos no conoce la hoja de ruta propuesta por Ibarretxe. Aquí la tengo, en sus cinco pasos, que fácilmente podría ayudar a solucionar, con el acuerdo de todos los grupos de la Cámara, el mal llamado conflicto vasco y que pondría de manifiesto que en Euskadi y en la balanza fiscal -por eso digo que viene a cuento-, en términos de PIB, de desempleo y de I+D+i la comunidad autónoma vasca, a pesar del esfuerzo del Estado generoso, que ahora voy a poner de manifiesto, se encuentra entre los primeros países de la Unión Europea.


Dicho esto -y aquí dispongo de la hoja de ruta, para que la conozcan si no la tienen-, añadiré que en el Senado celebramos unas jornadas en las que participaron expertos en economía del País Vasco, de Cataluña y de otras nacionalidades y pusieron de manifiesto cuál podría ser una de las metodologías para elaborar estas balanzas fiscales. Nosotros creemos de justicia que se puedan elaborar las balanzas fiscales para que los ciudadanos conozcan cuáles son las regiones que más aportan y cuáles las que menos. En ese sentido se pondría de manifiesto que algunos no somos tan insolidarios como a

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veces se trata de transmitir a la opinión pública desde determinados medios de comunicación.


No se puede decir a todo que no cada vez que venimos a esta Cámara con un planteamiento, y ha habido varios desde la renovación del Estatuto vasco el 2 de febrero de hace dos años en el Congreso, o cuando hemos planteado otros temas económicos. En la mayoría de los casos se nos ha dicho que no.


El otro día le dije al ministro de Cultura que, a pesar de todo ello, creemos que somos solidarios; ahí está: acabamos de apoyar los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso, cosa que no han hecho otros grupos parlamentarios, a pesar de que alguno pone cara de sorpresa.


Señor Gasòliba, en Cataluña se podría hacer un estudio sobre la balanza fiscal, pero tendríamos que ver desde qué año habría que tenerla en cuenta. Porque, efectivamente, si observamos la del último año, como solicitan ustedes en la moción, puede que los resultados sean de una manera, pero si tomamos varios años puede suceder -como se ha dicho en el debate de una moción esta misma tarde- que Madrid salga perjudicada a día de hoy. Insisto en que tendríamos que analizar una serie de años y comprobar las infraestructuras que tienen Madrid, Cataluña u otras zonas del Estado, que se han beneficiado de fondos de cohesión, que disponen de unos museos y unas redes de acceso importantes porque, entre otras cosas, han tenido olimpiadas, han tenido expos, o las van a tener, porque tienen AVE que pagamos entre todas las regiones del Estado; y, desgraciadamente, Euskadi no tiene nada de eso.


Y voy a darles un dato para que no se alarmen: el Estado va a invertir este año en Cataluña, gracias al acuerdo del Estatuto catalán, un 18 por ciento. Y gracias al concierto, ¿sabe lo que va a invertir el Estado en Euskadi este año? El 1,5 por ciento. Lo digo únicamente como dato, para ver la balanza fiscal que se demanda este año. Y nosotros la pedimos.


El ministerio no publica las balanzas fiscales porque a más de uno le podrían sacar los colores. Se trató -es conocido y se habló en la reunión de expertos que mantuvimos en el Senado- que las publicara el Instituto Nacional de Estadística; éste pasó la patata caliente al IGAE, y finalmente parece que el Instituto de Estudios Fiscales podría publicar algo, siempre y cuando el ministerio lo autorice. Pero, señorías, seamos claros, el ministerio no quiere de ninguna manera que se publiquen las balanzas fiscales.


Dependiendo del grupo de expertos, de catedráticos, de las personas que realicen la balanza fiscal, el resultado va a ser uno u otro. Puede tener diferentes lecturas, es decir, no hay una fórmula matemática para que podamos decir: esta balanza fiscal es la buena, esta es la mala, esta es la fotografía. Por tanto, y coincido con el senador Bru, es difícil que tengamos una balanza fiscal; hay países donde sí se hacen. Y dejemos al margen lo del inglés: no va a ser mejor porque se haga en inglés que porque se haga en español, en euskera o en catalán; si es buena es buena y si es mala es mala; en economía no es que todo lo que se haga en inglés exista y lo que no se haga en inglés no exista; en unos temas estoy de acuerdo, pero en otros no.


Señorías, metodológicamente no se sostienen los planteamientos del Gobierno, por lo que ya he explicado; desde el punto de vista político-técnico habría que realizar costosas variables para llegar a un resultado que sería complicado de explicar a los ciudadanos; por tanto, si los problemas metodológicos existen, lo bueno sería que el Gobierno explicara cuáles son y que se publicaran de una vez.


Estoy de acuerdo con el senador Gasòliba en que hubo un acuerdo en esta Cámara, y además, se llegó a una transacción, senador Bru; recuérdelo, lea el Diario de Sesiones. El Grupo Parlamentario Socialista votó a favor, por tanto, de que el Gobierno cumpliera con el mandato de esta Cámara; como ocurre con los mandatos de las comisiones y con otros muchos del Pleno, ¿para qué se aprueban si el Gobierno los desoye? Como más de una vez ha dicho nuestro portavoz, para eso el Senado no hace falta.


Termino con la reflexión principal: ¿Desde cuándo se harían las balanzas fiscales? ¿Desde el último año, desde los últimos quince años? Este sería un primer dato. ¿Qué se tendría en cuenta a la hora de su cálculo? Ahí está el dilema. Desde nuestro punto de vista, los expertos deberían alcanzar un consenso y, aunque técnicamente es difícil, se podría intentar alcanzar un resultado para manejarlo aunque fuera de manera política.


A pesar de todos estos inconvenientes, anuncio que el voto del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos va a ser positivo y va a apoyar la moción presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra la senadora Aroz.


La señora AROZ IBÁÑEZ: Gracias, señor presidente.


Mi Grupo Parlamentario, Entesa Catalana de Progrés, no tiene una posición común, y voy a referirme únicamente a la posición mayoritaria, que es la de los miembros socialistas. Nuestro reto va a ser de abstención.


En relación con el contenido de la iniciativa, como se señala en el preámbulo de la moción y ha expuesto el senador Gasòliba, la elaboración de las balanzas fiscales de las comunidades autónomas ha sido debatida largamente en el Parlamento, tanto en el Congreso como en el Senado y, a mi juicio, señorías, es un debate agotado en sus contenidos, porque podemos hablar ya de que existen unas ciertas conclusiones políticas que cuentan con el aval de los expertos; unas conclusiones que pueden tener un mayor o menor apoyo a nivel político, pero que están ahí.


Una primera conclusión, desde el punto de vista democrático, sería la relativa a la conveniencia de la transparencia en los flujos financieros interterritoriales, algo a lo que también se han referido algunas de sus señorías anteriormente.


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Otra conclusión es la necesidad de que la información sobre dichos flujos interterritoriales tenga un carácter objetivo, imparcial, dada su relevancia social y política. En este sentido, se ha fraguado un amplio consenso parlamentario y político, y también, como he dicho antes, académico y entre los expertos, en cuanto a que la metodología es una cuestión muy relevante desde el punto de vista político y social porque, como bien saben sus señorías, la aplicación de metodologías diferentes da lugar a resultados con unas disparidades tremendas.


Por tanto, ese consenso sobre la metodología, que es fundamental, se ha plasmado en el mandato parlamentario al que hemos venido refiriéndonos.
La cuestión está -son las diferencias que se están manifestando y que yo también voy a exponer- en si, en función de ese mandato parlamentario y en función del cumplimiento que ha dado el Gobierno, porque nadie cuestiona que el Gobierno ha cumplido con ese mandato, los resultados del grupo de trabajo constituido en el seno del Instituto de Estudios Fiscales, en el que participaron expertos muy prestigiosos externos y de todos los ámbitos, ofrecen una metodología o no, y aquí es donde están las diferencias que se han expuesto.


La opinión de mi grupo parlamentario, senador Gasòliba, es que los resultados no ofrecen la metodología que se le pidió a ese grupo parlamentario, porque si bien es cierto que presentan dos enfoques metodológicos distintos, que se consideran válidos, también lo es que en el informe, presentado por el director general del Instituto de Estudios Fiscales, el profesor Ruiz-Huerta, se dice claramente que el problema no es que no pudieran ponerse de acuerdo en una sola metodología y ofrecen dos, sino que cada una de ellas presenta suficientes problemas para que no sean realmente aplicables; este es el problema, y a eso se ha referido el senador Bru cuando ha hablado de las enormes dificultades metodológicas que subsisten, como ha manifestado el profesor Ruiz-Huerta.
Por ello, le recomiendo a usted y a todas sus señorías que lean con detenimiento, no el informe, porque realmente es un poco espeso y difícil, sino sencillamente el Diario de Sesiones, donde quedan expresadas con mucha claridad por el profesor estas grandes dificultades metodológicas existentes. Lo que pasa -y permítame que no coincida con usted, senador Bru- es que mi grupo parlamentario entiende que con lo que dice más adelante el profesor Ruiz-Huerta estas dificultades metodológicas son salvables, por eso conviene y recomienda continuar con el trabajo.


Por tanto, señorías, los expertos han realizado un trabajo, pero no existe una metodología. ¿Podrían utilizarse los dos enfoques metodológicos? No le digo que no, senador Gasòliba, porque mi grupo parlamentario cree que pueden ser complementarios. El problema no es tanto que existan dos enfoques metodológicos, sino que ninguno de los dos esté suficientemente bien resuelto. Es ahí, en relación con la metodología, donde todavía queda trabajo por hacer.


Señorías, consideramos que la actuación del Gobierno está sujeta todavía al mandato de las anteriores resoluciones parlamentarias, las que se aprobaron en el Congreso y en el Senado en los años 2004 y 2005. Se ha dado cumplimento a esas resoluciones pero, dado que el resultado no ha sido satisfactorio en orden al objetivo que debía conseguirse, lo que procede es continuar con el trabajo metodológico para que pueda ofrecerse una metodología consensuada. No entro a discutir que el resultado sea los dos enfoques, que pueden ser complementarios en el sentido de que puedan aplicarse ambos en determinadas cuestiones, pero antes -y esto sí que está claro- hay que resolver ciertas dificultades.


Por ello entiendo que, en cumplimiento de la resolución parlamentaria, lo que corresponde es resolver estas dificultades y que el Gobierno continúe impulsando el trabajo de este u otro grupo. Considero que este es un requisito previo a instar a que se elaboren y se publiquen las balanzas fiscales y, desde luego, señoría, no es realista decirle al Gobierno que las presente dentro de seis meses.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Bru.


El señor BRU PARRA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, agradezco el tono de la intervención de la senadora Aroz, con la que prácticamente coincido. Pero, igual que ella ha manifestado su discrepancia conmigo en un pequeño punto, yo también discrepo de ella simplemente en la parte final y por una cuestión muy sencilla. El profesor Ruiz-Huerta, viejo amigo y sufridor de oposición conmigo ya hace más de 30 años, se manifiesta aquí desde un punto de vista académico, y el tema no es inocuo. Senadora, no es cuestión de decir: Vamos a trabajar con dos metodologías. Y sus señorías van a entenderme perfectamente porque se trata de algo tan simple como lo siguiente en tanto en cuanto esto no es neutral sino que es una materia muy sensible. Si simplemente bastara con que afectase mínimamente al presunto saldo de una región para que fuera motivo de enfrentamiento o preocupación, posiblemente, según cómo se aplicara el método de flujos monetarios o el de carga-beneficio -y hablo por hablar pero, más o menos, saldría-, con un método el déficit o el superávit sería para Madrid y con el otro, para Cataluña. ¿Esto es inocuo políticamente? En absoluto, y posiblemente va a ocurrir.


Me parece bien que, desde el punto de vista académico, se entienda como un divertimento, una preocupación y un incentivo y se trate de ver, igual que haría un científico social o un laboratorio, qué ocurre con esto. Que hagan esto en la Universidad me parece perfecto. Es mi mundo, y, es posible que vuelva a él en breve, pero eso no quiere decir que yo acepte que en política se puedan hacer experimentos. Que en el mundo de la Universidad se experimente, me parece muy bien, ese es su trabajo y su incentivo, pero no se puede tolerar que en política, con un tema tan sensible para la opinión pública, salgan resultados diametralmente opuestos. Esto es algo que no puede asumir ningún Gobierno del mundo, porque se trata de una materia muy sensible. Aquí no podemos jugar con puntos ni

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comas, y menos cuando se trata de dos metodologías que van a arrojar resultados absolutamente opuestos, que son como la noche y el día.


Estos dos métodos no van a discrepar en comas o decimales, sino que el método de flujos monetarios y el de carga-beneficio van a arrojar resultados diametralmente opuestos. ¿Qué queremos conseguir? ¿Enfrentar a los ciudadanos? No cuenten conmigo para eso, señorías. Como académico tendré mucho interés en conocer el resultado del experimento, pero evidentemente como político jamás admitiré una situación como esta, y ningún Gobierno del mundo que sea responsable puede aceptarlo. El día que se llegue a una metodología que cuente con el respaldo unánime de la comunidad científica y que sea aceptada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, por tanto, reciba un respaldo político suficiente, podrá llevarse adelante. Otra cosa es sencillamente echar gasolina al fuego, y eso no es serio, no es responsable ni se puede hacer. Hay que tener una metodología común científicamente respaldada de forma unánime y con un consenso político amplio. Lo demás es sencillamente jugar con cartuchos de dinamita y con gasolina al lado de una hoguera.


Senador Gasóliba, lo que nosotros votamos y aprobamos lo hemos cumplido: publicar las balanzas fiscales cuando puedan construirse, lo cual sucederá cuando haya una metodología adecuada, tal y como acabo de explicarle. No he descalificado a nadie, pero se dice que esto se hace en todo el mundo, y no es verdad; no se hace en todo el mundo. No es cierto.
Entre usted en la página web del Gobierno federal alemán; no se publican las balanzas fiscales. Entre en la páginas del Ministerio de Finanzas canadiense; tampoco se publican.


Señoría, lo que no es cierto hay que decirlo con toda claridad, y se puede hacer con una mayor o menor vehemencia, pero si no lo es, no lo es, y por tanto, hay que desmentirlo. Se dice que este es un problema que preocupa a todo el mundo, pero si usted hubiera estado en la comparecencia del señor Ruiz-Huerta -que no lo hizo- se habría enterado de lo que dijo -que tampoco lo hizo-. El profesor Ruiz-Huerta dijo lo siguiente: Es cierto que en algún sitio se trabaja en algo parecido, pero estos trabajos no son exactamente iguales a los que se producen en el caso español. Y también añadió que en el exterior no hay tanta profusión de trabajos como en nuestra realidad, y que desde luego se producen más bien en el ámbito de las relaciones intergubernamentales y no en el de los análisis de las balanzas fiscales, como se plantea en el caso español. Y sigue diciendo: El interés suscitado por esta problemática en otros países es relativamente bajo, y lo que sí podemos afirmar es que esta gran cantidad de estudios constituye un fenómeno singular en el contexto internacional.


Así pues, esto no es algo que diga yo, sino que lo dice el profesor Ruiz-Huerta, y me he limitado a hacer una broma simpática diciendo que este es un fenómeno estrictamente carpetovetónico para expresar que se produce dentro de la piel de toro. Pero eso no es despreciar ni descalificar a nadie. Y no hay un solo artículo publicado en inglés sobre esta problemática específicamente española. Ninguno, senador Gasóliba, pero eso no significa despreciar a nadie, sino situar un ámbito en su dimensión académica.


Usted me preguntará por qué se produce esto. Pues, mire, señoría, como decía un profesor americano, el señor Martin Shubik, por desgracia ya fallecido, con frecuencia la industria académica es más sensible a las modas que la industria textil o la del calzado. Ello explica en gran parte esa manía monotemática de algunos con las balanzas fiscales.


Por cierto, senador Maqueda, me parece muy bien que apoye la moción, pero sepa usted que una de las conclusiones del grupo de trabajo es que los territorios forales no han facilitado la menor información al respecto para construir las balanzas fiscales. Así pues, no es que el ministerio no publique las balanzas porque las tenga escondidas, sino que en parte no las puede publicar porque las administraciones forales, entre ellas la vasca, no facilitan la menor información. Concretamente, en el informe del grupo de trabajo -que usted tampoco ha leído-, en la página 147, apartado 3, anexo IV, hace un llamamiento a los territorios forales para que, si son tan amables, faciliten información a fin de construir las balanzas fiscales, que usted tanto apoya y quiere construir.


Por último, he de lamentar algunas posturas, porque construir la conciencia fiscal en un país cuesta mucho. Recuerden ustedes aquellas campañas de hace muchos años en las que se decía: Contribuir es recibir.
Sin embargo, destruir la conciencia fiscal cuesta muy poco; basta con un poco o un mucho de demagogia, hasta con un poco o un mucho de irresponsabilidad, hasta con hablar de expolio y afirmar con total desparpajo, como lo hace, soi-disant, el presidente del Círculo de Estudios Soberanistas, que España nos roba 19.200 millones de euros exactamente. ¡Allá cada uno con su responsabilidad!

En definitiva, senador Gasòliba, un profesor muy estimable, por cierto, en otros ámbitos de trabajo y que usted suele citar, el profesor López Casanovas, dice -y en ese sentido no engaña a nadie- que el sentido de pertenencia de los ciudadanos a una colectividad es lo que justifica la construcción de las balanzas fiscales. Eso es lo que dice en Papeles de Economía Española, que usted tanto cita y, además, añade que desde esta perspectiva quizá podría cuestionarse el automatismo y la generalización de las balanzas fiscales para todos los territorios del Estado porque tiene que primar el sentimiento de pertenencia a una colectividad pues, desde su punto de vista, para que se construyan las balanzas fiscales se tiene que ser eminentemente bilateralista en las relaciones fiscales con el Estado y que, por consiguiente, los partidarios de las balanzas fiscales deben ser o políticamente independentistas o abiertos partidarios de la reforma de la Constitución. Por lo menos, el profesor López Casanovas no engaña a nadie y enseña sus cartas, no como otros que, bajo en el ámbito académico, son lobos con piel de cordero o corderos con piel de lobo.


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Lo que más me molesta de esta situación desde el punto de vista académico -y no quiero dar lecciones- es que, como denunció el presidente Kennedy en la entrega de títulos en la Universidad de Yale, en 1962, y cito literalmente: Hoy en día debemos trasladarnos desde la cómoda repetición de frases manidas a un difícil pero esencial enfrentamiento con la realidad, porque el mayor enemigo de la verdad no es la mentira, la mentira intencionada, planeada y fraudulenta, sino, más a menudo, el mito, persistente, persuasivo, ilusorio. La Universidad debe estar en el bando de la realidad, en permanente lucha contra la expansión de las falacias.


En este caso concreto que nos ocupa, estamos rodeados permanentemente de mitos ilusorios, de falacias, de expolios, de latrocinios que solo existen en la calenturienta imaginación de quien los difunde.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Fernández Cucurull.


El señor FERNÁNDEZ CUCURULL: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, nos hallamos ante un asunto que, como se indica en la moción y como han subrayado los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, ha tenido un largo recorrido parlamentario; un largo recorrido en el que, como también viene a reconocer la moción, el Grupo Popular ha mantenido una actitud coherente, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, calificativo -el de coherente- que me temo que no pueda extenderse al principal grupo de apoyo al Gobierno.


A lo largo de las numerosas ocasiones en que la cuestión relativa a las balanzas fiscales ha sido objeto de debate en las Cortes Generales, hemos reiterado nuestra disposición a colaborar en todo aquello que pueda contribuir a mejorar la transparencia de las relaciones fiscales entre las diferentes comunidades y ciudades autónomas y la Administración General del Estado. Por tanto, desde el punto de vista puramente teórico parece que es evidente que hay una coincidencia general. Los problemas, como reiteradamente se ha puesto de manifiesto, comienzan, en primer lugar, cuando esa manifestación puramente genérica de transparencia, a la que nadie formalmente podría oponerse, ha de ser concretada en un método y, en segundo lugar, cuando intentamos ver si hay algo más que un mero interés académico en conocer el resultado de esas balanzas o si, por el contrario, lo que subyace más allá del debate teórico no es sino tratar de buscar argumentos que ayuden a defender posiciones políticas previamente concebidas sobre el sistema de financiación autonómica o sobre la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.


En cuanto a la metodología, la parte expositiva de la moción nos dice que el grupo de expertos al que el Gobierno encargó un informe que la determinase, vino a señalar en septiembre de 2006 que existen al menos dos criterios de imputación territorial de ingresos y gastos: el que corresponde al criterio carga-beneficio y el que corresponde al criterio de flujo monetario, reconociendo igualmente que los resultados obtenidos de la aplicación de ambos métodos difieren notablemente y que, por tanto, deben ser objeto de interpretación. Dicho así, concluir, como hace la moción, que ya no existe un problema técnico nos parece excesivamente optimista porque, en nuestra modesta opinión, lo que viene a poner de manifiesto la conclusión previamente expuesta es, precisamente, lo que una y otra vez mi grupo parlamentario ha manifestado al debatir esta cuestión: que no existe un método único objetivo e indiscutible para calcular las balanzas fiscales, al menos hasta este momento y que, por tanto, cualquiera que sea el método elegido introduce variables subjetivas que requieren de una posterior interpretación, lo que abre el camino a inevitables discusiones de consecuencias nada claras.


Llegados a este punto, creo necesario poner de manifiesto nuevamente nuestras dudas sobre esta cuestión relativa a la metodología. Es algo que hemos repetido en cada discusión, pero que, si ahora no volvemos a recordar, quizá impida entender correctamente nuestro plantamiento. Por tanto, aunque sea de manera muy breve, me veo en la obligación de decir que para nosotros la concepción del territorio español como un mercado único hace que una evaluación de las relaciones entre las partes del territorio y el todo, desde un punto de vista exclusivamente fiscal, arroje una visión absolutamente deformada de esa relación. Por ejemplo, una sociedad domiciliada en una parte del territorio que opere en todo él, evidentemente, aflora sus ingresos fiscales y su contribución en solo una parte de aquel, pero ¿puede decirse, sin faltar a la verdad, que los beneficios han sido generados en el territorio donde tiene establecido su domicilio? Es evidente que no, aunque allí los declare. El mismo razonamiento podría ser aplicado a otros impuestos, como el IVA, y a muchas de las rentas comprendidas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.


Pero no solo hay dificultades en la imputación territorial desde el punto de vista de los ingresos, sino también desde el de los gastos porque, por ejemplo, ¿a qué territorio se imputa la pensión de alguien que ha cotizado en un territorio, pero que una vez jubilado ha cambiado su residencia a otro distinto, donde la percibe? O qué decir de los gastos de inversión, muchos de los cuales, especialmente los relativos a las grandes infraestructuras, son difícilmente regionalizables puesto que también benefician a los territorios próximos a aquel en que físicamente se ejecuta la inversión.


En fin, la casuística, como sus señorías pueden comprender, sería interminable, pero todos los ejemplos apuntan en la misma dirección. Con independencia del método de cálculo utilizado, el resultado de la balanza fiscal como dato puramente teórico no permitiría alcanzar muchas conclusiones prácticas, salvo que se interpreten subjetivamente con la intención de reforzar una posición previamente definida. Y este, como apuntaba al comienzo de mi intervención, es el principal motivo de preocupación de mi

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grupo parlamentario: que el interés por las balanzas fiscales no sea meramente académico o ilustrado, sino que en realidad oculte la búsqueda de argumentos que incidan en el debate sobre el sistema de financiación autonómico o sobre los Presupuestos Generales del Estado. Y es aquí donde, con toda claridad, queremos manifestar nuestra posición: para nosotros ambas cuestiones, la de las balanzas fiscales por un lado y la del sistema de financiación en los presupuestos por otro, deben estar claramente desvinculadas. Los ingresos se producirán, evidentemente, donde exista la capacidad contributiva, y los gastos habrán de aplicarse donde existan necesidades a cubrir, porque es evidente que la mayor capacidad contributiva se hallará en los territorios con mayor desarrollo socioeconómico, y las mayores necesidades de gasto en los menos desarrollados.


No podemos olvidar que los que pagan impuestos no son los territorios, sino las personas, sean estas físicas o jurídicas, y que los beneficiarios de la acción de las administraciones públicas tampoco son los territorios, sino las personas. En un mercado único todo el mundo contribuye en función de su capacidad y no del territorio en el cual realiza sus declaraciones fiscales, y es responsabilidad de la Administración General del Estado garantizar un nivel mínimo de prestación de servicio y satisfacción de necesidades en todo el territorio nacional.


En definitiva, señorías, como he señalado anteriormente, es difícil oponerse a una moción que proclama ampararse en la búsqueda de una mayor transparencia, pero, por un lado, los problemas metodológicos y conceptuales que he tratado de exponer siguen sin ser resueltos y, por otra parte, no nos gustaría de ninguna manera que contribuyéramos a fomentar la polémica que, en términos de agravios comparativos y enfrentamientos territoriales, ha sido la tónica de esta legislatura, porque para eso ya se basta y se sobra el actual Gobierno.


En cualquier caso, dado que estamos en un Parlamento y no en una universidad ni en ningún foro académico de debate, es difícil pretender que los que insisten en este asunto no tengan una intencionalidad política. Por eso queremos expresar claramente que, desde nuestro punto de vista y con independencia de la discusión sobre balanzas fiscales, cualquier cambio del sistema de financiación autonómica requiere el previo consenso del Estado y de las comunidades y ciudades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin establecimiento de autonomías de primera y de segunda, por supuesto, y que en materia de inversiones en los Presupuestos Generales del Estado la decisión sobre ellas debe ser propuesta por el Gobierno sobre la base de criterios de Estado y aprobada por estas Cortes Generales sin limitaciones ni condicionantes previos, o sea, aplicando el principio de solidaridad.


Por todo lo expuesto y de manera coherente con la posición que mi grupo ha venido manteniendo en esta materia de las balanzas fiscales, nos vamos a abstener en esta votación, sin perjuicio de volver a manifestar nuestra disposición a colaborar en la profundización de la transparencia y en la búsqueda de un método que, sin subjetivismos ni confusión con otros debates, haga posible la elaboración de las balanzas fiscales.


Muchas gracias. (Apalusos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (El señor Maqueda Lafuente pide la palabra.)

Tiene la palabra el senador Maqueda.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Señor presidente, pido la palabra por el artículo 87, por alusiones.


Voy a hacer referencia a una afirmación del senador Bru con la que no estamos de acuerdo en absoluto. Nosotros respetamos la opinión del profesor Ruiz-Huerta, aunque en el Estado somos muchos los catedráticos de Economía que no la compartimos. Ha afirmado que no se pueden elaborar las balanzas fiscales porque el Gobierno vasco no facilita los datos para que ello se haga. Quiero decir rotundamente que eso no es cierto. Y si no, le pregunto cómo se determinaría el cupo vasco si no se facilitasen los datos. No los consideramos tan ingenuos, senador Bru.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (El señor Bru Parra pide la palabra.)

El senador Bru tiene la palabra.


El señor BRU PARRA: Gracias.


En ningún caso, senador Maqueda, me he referido al Gobierno vasco.
Simplemente, me he limitado a recomendarle que lea algo en genral, sobre todo el informe, página 147, apartado 3, anexo IV, donde se dice que el grupo de trabajo lamenta la nula información que ha recibido de los territorios forales para construir las balanzas fiscales. Eso es lo que dice el grupo de trabajo, y a ello me remito. Saque usted mismo las conclusiones, señoría.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción que se acaba de debatir.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 21 ; en contra, 95; abstenciones, 129.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.


-- DE LA COMISIÓN DE DEFENSA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE LA CARRERA MILITAR (S. 621/000107, C.D. 121/000114).


El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al cuarto punto del orden del día: Dictámenes de comisiones

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sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el congreso de los diputados. De la Comisión de Defensa en relación con el proyecto de ley de la carrera militar.


Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Blanco.
(Rumores.)

Señorías, silencio, por favor. (Pausa.)

Señoría, puede empezar.


El señor BLANCO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo para presentar los trámites seguidos por el proyecto de ley de la carrera militar en esta Casa, en el Senado.


El proyecto de ley de la carrera militar tuvo su entrada en el Senado el 3 de julio de este año y el plazo de enmiendas concluyó el día 18 de septiembre. Se presentaron 129 enmiendas, distribuidas del siguiente modo: cuatro del Grupo Parlamentario Mixto, tres del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, 31 del Grupo Parlamentario Popular, 44 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, 15 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y 28 del Grupo Parlamentario Socialista.


La ponencia designada por la Comisión de Defensa para informar el proyecto de ley, a la vista de estas enmiendas, estuvo formada por el senador Muñoz-Alonso, del Grupo Parlamentario Popular, el senador Caballero, del Grupo Parlamentario Socialista, el senador Ramón Aleu, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y el senador Companys, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


El informe de la ponencia, señorías, se emitió el día 11 de octubre de 2007 y fue publicado el 16 del mismo mes.


La comisión para estudiar el informe de la ponencia se reunió el día 9 de octubre y en su dictamen se incorporaron en sus propios términos las siguientes enmiendas: de la 101 a 122 y de la 125 a 129, del Grupo Parlamentario Socialista; la número 38 del Grupo Parlamentario Popular; asimismo, hubo una serie de enmiendas transaccionales: las números 5, 6, 7, 82, 83, 98 y 104, que fueron aprobadas. El dictamen de la comisión se publicó en el Boletín del día 19 de octubre de 2007.


En relación con las enmiendas que se siguen manteniendo vivas, se han presentado cinco votos particulares de los siguientes grupos parlamentarios: el Grupo Parlamentario Mixto mantiene sus cuatro enmiendas; el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió mantiene 14 enmiendas; el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, 40; el Grupo Parlamentario Socialista, una, y el Grupo Parlamentario Popular mantiene, 26 enmiendas. En total 85 de las 129 presentadas.


Este es un proyecto de ley, señorías, que consta de un preámbulo,141 artículos, diez disposiciones adicionales, 11 disposiciones transitorias, una derogatoria y diez finales. Con ello quiero significar que se trata de un proyecto de ley de gran complejidad técnica, por lo cual, como presidente de la Comisión de Defensa, deseo expresar mi reconocimiento a los distintos grupos parlamentarios por el trabajo desarrollado, así como por el intento de aproximación que se ha conseguido, tanto en la ponencia como en la comisión, por lo que el proyecto ha sido sometido a una notable mejora técnica y gramatical.


Por último, señorías, quiero decir que era intención del señor ministro de Defensa estar con nosotros en la presentación de este proyecto de ley, pero le ha sido imposible, dado que lo tenía reservado en su agenda para mañana, puesto que el hábito de esta Casa es discutir los proyectos de ley el miércoles y no el martes, aunque la Mesa tiene sus competencias para configurar el orden del día. El señor ministro de Defensa se encuentra en Alemania, en una reunión de ministros de Defensa europeos.
Disculpen al ministro en esta ocasión, puesto que un problema de agenda le ha retenido en Alemania.


Señorías, para terminar, quiero decirles que esta es una ley que tiene un profundo calado dentro de las Fuerzas Armadas porque va a definir la carrera militar de los Ejércitos. Quiero significar que ha tenido mucha complejidad técnica, como he dicho antes, y también muchas enmiendas, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.


Muchas gracias, señorías, por su atención.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Pasamos al debate de las enmiendas. En primer lugar, las del Grupo Parlamentario Mixto.


Tiene la palabra el senador Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Señorías, aprovecho esta intervención para fijar nuestra posición, en nombre del Bloque Nacionalista Galego, con respecto a este proyecto de ley y así evitar intervenir en el turno de portavoces y contribuir a agilizar el debate.


En nombre del Bloque Nacionalista Galego, saludamos las mejoras introducidas en su tramitación parlamentaria, muchas de ellas, en lo que respecta a la tramitación en el Congreso de los Diputados, fruto de transacciones sobre la base de enmiendas del Bloque Nacionalista Galego, que han contribuido a mejorar el texto inicial. Estas mejoras se refieren a cuestiones de índole profesional, entre las que destacamos, en primer lugar, la mejora en el tratamiento de los militares de complemento, avanzando en su homologación con los militares de la escala normal. Desde nuestro punto de vista, debe haber una homologación de los derechos profesionales derivados de las funciones, méritos y capacidades de los militares de complemento, por mucho que en principio tengan un origen distinto a los militares de escala normal.


En segundo lugar, saludamos la enmienda introducida en el Congreso de los Diputados que hace referencia al ascenso de suboficiales al empleo de teniente, de manera que todos los suboficiales que hubieran obtenido el empleo de sargento con anterioridad al 1 de enero de 1999, fecha en la que entró en vigor la Ley Reguladora del Régimen Militar Profesional, y que no tuvieran limitación legal para alcanzar el empleo de subteniente, puedan obte-

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ner este grado de teniente en el momento de su pase a la reserva si así lo solicitan previamente.


Estas mejoras introducidas en cuestiones de índole profesional hacen que en el Senado el BNG solo haya presentado enmiendas que se refieren a cuestiones, por así decirlo, ideológico-políticas contenidas en este proyecto de ley de las que discrepamos, pues consideramos que desde un punto de vista ideológico el contenido de este proyecto de ley podría estar planteado de una manera más neutral. Este es el objetivo de las enmiendas que a continuación paso a defender.


La enmienda número 1, al artículo 4, propone sustituir la expresión «nación española» por «Estado español». Señorías, en distintas ocasiones hemos presentado enmiendas similares, acordes con nuestra visión de que el Estado español es un Estado plurinacional, compuesto por varias naciones y no por una única nación. Pero es que en este caso, y al margen de las distintas visiones que al respecto podamos tener, cuando hablamos de reglas de comportamiento militar estamos hablando de reglas de comportamiento de funcionarios del Estado que, por tanto, dependen de una estructura institucional que es el Estado español. Creemos que esta formulación es mucho más rigurosa que hablar en este contexto de nación española, que no deja de ser una caracterización mucho menos neutra y mucho menos administrativa si se refiere a la carrera militar.


La enmienda número 2, al artículo 7, se refiere al juramento ante la bandera y procura homologar el juramento o promesa a las fórmulas adoptadas para el resto de los funcionarios públicos. La finalidad objetiva del juramento ante la bandera debe ser que se preste el debido acatamiento al orden constitucional existente en el Estado español por parte de sus funcionarios, pues los militares, aunque tengan características especiales, no dejan de ser funcionarios dedicados a la defensa. Sin embargo, en el artículo 7 no se homologa ese juramento o promesa al resto de los funcionarios públicos, manteniéndose una fórmula, desde nuestro punto de vista excesivamente arcaica, cargada de contenidos míticos y religiosos, que consideramos perfectamente prescindible a la altura de los inicios del siglo XXI.


También se refiere al juramento ante la bandera la enmienda número 4, que propone suprimir la disposición final novena. Consideramos que el juramento ante la bandera por parte de personal civil, en la medida en que es un acto de carácter voluntario, no debería figurar en esta ley.
Desde nuestro punto de vista, lo contemplado en esta disposición resulta, además, contradictorio con la concepción profesional que deben tener las Fuerzas Armadas, que debe implicar que solo se contemple ese tipo de juramento para sus miembros.


Por último, señorías, la enmienda número 3, a la disposición adicional cuarta, procura un mayor respeto al uso de las lenguas cooficiales del Estado. Consideramos que no se debería dejar al funcionariado de Defensa, en concreto a los militares, al margen de unas reglas de juego mínimas en relación con los idiomas cooficiales. Una cosa es que se admita, que se acepte y que se defienda que todos deben conocer el idioma español como idioma oficial del Estado, que incluso sea el idioma prioritario de uso en aquellas actividades que así lo exijan netamente, y otra es que quede excluido el empleo de otras lenguas cooficiales en distintos territorios del Estado cuando sea posible, como puede ser en el caso de actividades de carácter simbólico, científico o informativo.


Igualmente, conviene dejar bien claro que los funcionarios que tengan encomendada la atención al público no solo deben atenderlo en la lengua que éste use, sino que incluso tienen que responderle y contestarle oralmente y por escrito en la lengua cooficial que utilicen los ciudadanos que se dirijan a ellos.


Este es el sentido de nuestras enmiendas y, por lo tanto, señorías, solicito a todos ustedes su apoyo.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Companys.


El señor COMPANYS I SANFELIU: Señor presidente, señoras y señores senadores, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha presentado catorce enmiendas, de la número 85 a la 100, con algunas que ya hemos incorporado al texto en el debate en comisión, y en este momento, con una enmienda transaccional que nos ha ofrecido el Grupo Parlamentario Socialista, nos van a quedar trece vivas.


En primer lugar, la línea de actuación de mi grupo parlamentario en este proyecto de ley está orientada, básicamente, a la mejora técnica del actual redactado; a intentar que se produzcan los menos desajustes posibles en un proyecto de ley que trata de unificar y adecuar a las necesidades actuales a un ejército que, fruto de modificaciones coyunturales, tiene unos organigramas todavía muy dispersos; y de forma especial a defender los derechos de los menos influyentes en el seno de las Fuerzas Armadas, que sí que los hay.


Se trata de un conjunto de enmiendas con más carga ideológica y que también defenderé más adelante, aunque no sería justo por mi parte no reconocer el esfuerzo del Grupo Parlamentario Socialista para llegar a acuerdos tanto en el Congreso como en el Senado. Efectivamente, somos conscientes de que no siempre es posible que todas las manzanas caigan en el cesto; en todo caso, nosotros tenemos unos compromisos con miembros de las Fuerzas Armadas que nos han venido a visitar y entendemos que sus posiciones son lógicas. A veces no es posible que todo se pueda incluir en un proyecto de ley, pero seremos constantes con los compromisos que hemos asumido.


En función de las enmiendas números 85 y 86 entendemos que se tendría que incorporar la definición de las funciones de los cuerpos de especialistas.


La enmienda número 87 incorpora como cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas a los controladores de tránsi-

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to aéreo. Dado lo compleja que es esta especialidad, nos parece un error de planteamiento no armonizar ni unificar los objetivos y las funciones de los controladores de los tres Ejércitos. No es posible hoy en día que ninguno de los tres Ejércitos actúe sin la presencia de la aviación. Por eso, unificar el cuerpo de controladores aéreos en un cuerpo común para los tres Ejércitos es, efectivamente, un esfuerzo solo de racionalidad, que es lo que nosotros le pedimos al proyecto de ley.


La enmienda número 90 es de carácter meramente técnico, de mejora del redactado. Se refiere a la supresión del requisito de permanencia para ascenso a cualquier empleo militar.


La número 91 es también de carácter técnico. Con ella tratamos de adaptar el artículo 107.2 a la disposición transitoria quinta, apartado 7, en la definición de los militares de carrera.


La enmienda número 92 se refiere a la adaptación del artículo 109 a la disposición transitoria quinta, apartados 3 y 7.


La número 93 se refiere al artículo 110.3, a fin de adaptar dicho precepto a la disposición transitoria quinta, apartados 3 y 7. Se trata de que se les contabilice a los militares de carrera el tiempo que sirvieron como militares de complemento o militares de tropa y marinería.


La enmienda número 94 pretende lo mismo, el reconocimiento a los militares profesionales, a la hora de pasarse a la reserva a petición propia, del tiempo que sirvieron como militares de complemento o como militares de tropa y marinería.


La número 95 es del mismo tenor que las anteriores. Todo este paquete es de enmiendas de carácter técnico. Entendemos que no es de recibo que cada vez que se cambie de escala se pierdan paralelamente algunos derechos.
Eso sería intolerable en la sociedad civil y creo que en las Fuerzas Armadas tendría que haber más sensibilidad a ese respecto.


La enmienda número 96 hace referencia a los oficiales psicólogos en el Cuerpo Militar de Sanidad. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)

Respecto a la número 99 se me ha ofrecido una transacción. El redactado no es el nosotros querríamos, pero entendemos que es dar un paso en esa línea. Por tanto, vamos a retirarla para introducir la enmienda transaccional que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.


Las enmiendas números 88, 89 y 98 no son de carácter técnico sino que son más de lógica. Con la número 88 queremos suprimir el Capítulo III, Título IV, donde se habla de reservistas obligatorios. No es posible que con cinco artículos se pretenda resolver la figura del reservista obligatorio en relación con la defensa nacional. Este es un tema de gran envergadura que va a afectar a muchísimos ciudadanos. Por consiguiente, antes de tomar esa decisión -por otra parte probablemente razonable- es necesario que exista un debate ciudadano al respecto en el que la sociedad tenga oportunidad de opinar. Entendemos, por tanto, que es precipitado tomar esa decisión en la presente normativa. Preferiríamos que para esa cuestión tan importante hubiera una ley especial, la del reservista obligatorio.


Respecto de la enmienda número 89, creemos que no es posible que en una sociedad democrática se puedan reservar ascensos al albur de la elección, ya que ello puede conllevar sumisión y amiguismo. Consideramos que habría que sustituir la elección que propone el proyecto de ley por un mecanismo basado en criterios públicos y en objetivos que garanticen la idoneidad de las personas.


En cuanto a la número 98, he de decir que no es lógico que en este momento tengamos sobre la mesa un proyecto de ley cuya parte nuclear, que es la que hace referencia a la integración de los diferentes cuerpos del Ejército, entre en vigor dentro de dos años. Si elaboramos una ley es para que se aplique de forma automática y obligatoria y no como opción.


La número 97 es una enmienda muy importante. Se refiere a una asignatura pendiente que el Gobierno no es capaz de resolver en este momento pero yo les aseguro que más pronto que tarde se resolverá. Se trata de una disposición adicional nueva en la que el Gobierno se obligue a presentar, antes de un año, un proyecto de ley orgánica del régimen disciplinario y un proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal Militar para que se desmilitarice la Justicia militar haciendo que ésta termine dependiendo del Consejo General del Poder Judicial. Entendemos que en un país no puede haber dos tipos de justicia. Por lo tanto, puede haber una sala especial de lo militar, pero siempre bajo la dirección del Consejo General del Poder Judicial.


Señorías, vamos a votar en contra de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, pues pretende eliminar la enmienda número 38 del Grupo Parlamentario Popular, aprobada en comisión. Creemos que la enmienda del Grupo Parlamentario Popular supone un paso adelante, aunque no suficiente, al reconocimiento del esfuerzo de quienes han hecho la mili voluntaria u obligatoriamente. Aunque no es exactamente lo que querríamos, estaremos vigilantes para que esta enmienda, aprobada en comisión, se termine aprobando en Pleno.


La enmienda número 100 trata de profundizar en una cuestión introducida ya en parte en el texto actual, a través de una enmienda de nuestro grupo parlamentario: el reconocimiento del derecho al honor y a la gratificación a quienes, formando parte del Ejército, ya sea como militares profesionales o como tropa, se vieron envueltos en conflictos bélicos, de forma especial a los que lucharon en Ifni-Sahara desde el año 1957 al año 1959. Me permitirá, señor presidente, que le dedique un tiempo especial a este tema en el turno de portavoces.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.


Enmiendas de la Entesa Catalana de Progrés.


El senador Aleu tiene la palabra.


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El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor presidente.


En la tramitación parlamentaria de esta ley, como ha ocurrido en otros casos, mi grupo ha presentado para su tramitación en el Senado las enmiendas que fueron defendidas por algunos de los grupos que forman la Entesa en el Congreso de los Diputados.


En este momento, las voy a dar todas por defendidas, anunciando la retirada de las siguientes: la número 45; de la número 48 a la 52; de la número 55 a la 61; de la número 67 a la 69; las números 73, 81 y 84.


Consideramos que todas y cada una de las enmiendas que han sido presentadas a este proyecto de ley pueden y deben ser debatidas en sede parlamentaria. Por lo tanto, independientemente de lo que cada parte de nuestro grupo vote sobre estas mismas enmiendas, la presentación y el debate son absolutamente legítimos, razón por la que las hemos presentado.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Caballero.


El señor CABALLERO MOYA: Gracias, señor presidente.


Paso a defender el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista al dictamen de la comisión sobre el proyecto de ley de la carrera militar por el que solicitamos la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 38 del Grupo Parlamentario Popular.


Señorías, me van a permitir que les recuerde que durante la tramitación en el Congreso de este proyecto de ley, se alcanzó un consenso respecto a este asunto a través de una enmienda transaccional a la enmienda número 391 del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que fue aprobada en comisión por 35 votos a favor, incluidos los del Grupo Parlamentario Popular, y dos abstenciones. Al aceptarse esta enmienda transaccional, el Grupo Parlamentario Popular retiró su enmienda, la número 226, que se refería a este asunto. Por lo tanto, no parece muy coherente que en el Senado se vuelva a reabrir una cuestión sobre la que fue complicado llegar a un acuerdo en el Congreso de los Diputados.


Según la redacción que quedó plasmada en el proyecto, las Cortes Generales expresan su reconocimiento a los que habían prestado el servicio militar.
Con la enmienda aprobada en comisión en el Senado se establece un mandato al Gobierno para que adopte medidas concretas; y la referencia a los que perdieron su vida se amplía a aquellos que vieron mermadas sus facultades físicas mediante la realización del servicio militar. A algún grupo no le gustaba la expresión «Cortes Generales», pero las Cortes Generales representan al pueblo español y pueden manifestar las orientaciones y tendencias dominantes entre los ciudadanos. Se trata de una declaración genérica, sin expresión concreta de prestaciones. Yo no sé qué es más adecuado: si que sean las Cortes quienes expresen el reconocimiento o que sea el Gobierno.


Además, entiendo que la ley de la carrera militar no parece el lugar más idóneo para afrontar aspectos concretos del reconocimiento del servicio militar que en la práctica afectan fundamentalmente a la repercusión en las pensiones públicas del tiempo de prestación. Por esta razón, se llegó al consenso de que si bien era fundamental disponer de una declaración de principios, el tratamiento de las pensiones debería derivarse a la legislación y medidas de aplicación enmarcadas en el Pacto de Toledo y en el diálogo social. Por ello, se ofreció una transaccional que hemos mantenido. No se llegó a un acuerdo y al introducirse esta enmienda solicitamos la vuelta al texto remitido por el Congreso.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor senador.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el senador Muñoz-Alonso.


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Señor presidente, señorías.


Esta no es nuestra ley. Empiezo así porque solo dejando esto claramente establecido desde el principio se puede entender nuestra postura a lo largo del procedimiento legislativo de este proyecto que ahora llega al Pleno del Senado.


Legislar sobre el personal militar tiene en España una larga tradición que arranca nada menos que de la Constitución de Cádiz, la de 1812, en cuyo artículo 359 se leía: Establecerán las Cortes por medio de las respectivas ordenanzas todo lo relativo a la disciplina, orden de ascensos, sueldos, administración y cuanto corresponda a la buena constitución de Ejército y Armada. Pero esta acreditada tradición no significa que cualquier proyecto sobre esta materia deba acogerse favorablemente. Dijimos desde el principio de este proceso legislativo que ahora culmina que este proyecto de ley no nos parecía ni necesario ni oportuno ni conveniente. Nos hallamos ante la tercera norma de rango legal en algo más de 15 años que pretende regular el régimen de personal de los militares profesionales, y ello sin incluir otras leyes similares aprobadas en este período: notablemente la Ley de Tropa y Marinería, a la que contribuimos con nuestras enmiendas y que nuestro grupo apoyó en ambas Cámaras, por no hablar de un sinfín de normas de carácter reglamentario.


En una materia tan delicada como la de personal, que afecta a miles de proyectos vitales y, por lo tanto, a miles de familias, se impone la cautela, no el legislar por legislar porque se pueden causar perjuicios no queridos -por decirlo con un término militar que ahora se usa bastante: muchos daños colaterales-. Esta compulsiva manía de legislar en una cuestión tan sensible como la de personal produce desconcierto e incertidumbre a cuantos afecta, esto es, a todos los militares. Ocurre que quienes inician su carrera militar con unas determinadas perspectivas y

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con un concreto proyecto personal pueden ver alteradas estas previsiones varias veces a lo largo de su trayectoria profesional, lo que solo produce desánimo e inquietud, con el consiguiente efecto negativo además sobre los candidatos profesionales a ingresar en las Fuerzas Armadas, que dudarán antes de dar el paso de integrarse en una institución de tan inciertas y cambiantes perspectivas.


Modificar cada poco el régimen de personal de una institución tan compleja como las Fuerzas Armadas atenta contra la necesaria estabilidad de la propia institución e introduce en sus componentes indeseables elementos de intranquilidad y de escepticismo. Sanos criterios de economía legislativa -es decir, no legislar atolondradamente y para dejar huella, sino solo cuando sea estrictamente necesario- son siempre útiles e incluso imprescindibles, sobre todo en este ámbito de personal, y especialmente en las Fuerzas Armadas, cuya máxima exigencia no es otra que lograr la excelencia en la selección y en la calidad de sus componentes, garantía de que la institución estará a la altura de sus obligaciones constitucionales y de las expectativas de la sociedad.


Nosotros creemos que lo lógico hubiera sido hacer un balance de la aplicación de la última ley relativa al personal militar, la Ley 17/1999 -que no se ha desarrollado todavía completamente-, analizar en qué aspectos ha sido un acierto y en cuáles no ha funcionado como se esperaba, sacar, en suma, el máximo partido de aquella norma y a partir de ahí proponer una serie de reformas parciales, reglamentarias o legales, para completar la regulación jurídica de la profesión militar.
Por el contrario, el Gobierno ha optado por el todo o nada, con una ambición -según se nos ha dicho- que a nosotros nos parece intempestiva.
Ha preferido afrontar imprudente e inoportunamente una vez más y sin que fuera estrictamente necesario la regulación total de lo que han llamado con discutible terminología «carrera militar».


En suma, señorías, con este proyecto el Gobierno ha abierto una peculiar caja de Pandora que ha provocado un extendido malestar entre los miembros de la institución militar del que es buena muestra la abrumadora cantidad de correos, cartas, faxes, llamadas telefónicas y visitas que hemos recibido los diputados y senadores que nos ocupamos del mismo.


En mi ya no corta trayectoria parlamentaria nunca había experimentado algo similar. La ya referida Ley 17/ 1999, predecesora de este proyecto no produjo nada parecido, quizás porque se consultó más y se abordó con las necesarias cautelas.


Este proyecto había suscitado amplias expectativas entre los militares, pero a medida que se iba conociendo el contenido la decepción y la frustración se hacían más perceptibles. El precepto que parecía favorable para una determinada categoría, cuerpo o escala, provocaba agravios comparativos en otros. Se explica así que el proyecto haya causado muchos resquemores entre diferentes componentes de las Fuerzas Armadas generando ese extendido malestar a que antes aludía.


No creo que se haya vivido nada similar en la institución militar en el último cuarto de siglo. La acreditada disciplina de nuestros militares no justifica que se les aplique una regulación que produce tanta frustración. Se explica también así que consciente de esta situación el Gobierno hasta última hora, hasta esta misma tarde, haya propuesto reformas de detalle en un intento laudable, pero no siempre eficaz ni oportuno, de acallar esas protestas y lograr nuevos consensos; unos intentos que demuestran que en la elaboración del proyecto ha faltado el estudio detallado, las consultas y la reflexión sobre efectos y consecuencias de las medidas que incluye.


El Gobierno envió el proyecto a las Cortes con una memoria justificativa que no justificaba nada y que era poco más que un preámbulo ampliado.
Resulta imposible saber a cuantos militares afecta cada una de las normas que contiene el proyecto ni que consecuencias puede producir. Se acompañaba un informe de impacto de género, pero no hay nada parecido a un estudio económico financiero que nos explique cómo va a repercutir la nueva regulación en los presupuestos de Defensa.


Señorías, así no se puede o, al menos, no se debe legislar en nuestra opinión. Además, desde el punto de vista de la mera técnica legislativa el proyecto está mal concebido y estructurado. Tiene unos contenidos que en ocasiones sobrepasan y en ocasiones no llegan a lo que debe ser la regulación de la carrera militar y difícilmente se puede decir que recoja las experiencias acumuladas por las últimas leyes, la del 89 y la del 99.
Una vez más se cae en la tentación adánica de partir casi de cero.


Por todas estas razones presentamos en el Congreso una enmienda a la totalidad que posteriormente retiramos por varias poderosas razones que sus señorías comprenderán. En primer lugar, porque al votarse la nuestra conjuntamente con las enmiendas a la totalidad de otros grupos cuyas justificaciones nos eran totalmente ajenas no queríamos inducir a confusión. Nuestro propósito es mejorar no erosionar a las Fuerzas Armadas.


En segundo lugar, porque el ministerio nos ofreció una negociación a fondo del proyecto que, efectivamente, ha sido intensa y fructífera, al menos parcialmente. Más vale tarde que nunca, ya que no se cumplió la inicial promesa de negociar el borrador antes de su envío a las Cortes, lo que habría facilitado todo el iter legislativo.


Aceptamos, por tanto, negociar teniendo a la vista como principio rector los intereses de la defensa de España y con la voluntad de lograr los máximos beneficios para nuestras Fuerzas Armadas y sus componentes.
Permítanme que añada que hace falta un enorme esfuerzo para negociar con un Gobierno que sistemáticamente en esta legislatura se ha dedicado a insultar a nuestro partido y a sus dirigentes gastando más tiempo en hacer oposición a la oposición que en explicar sus supuestos logros. Pero vencimos nuestra inicial resistencia, porque además parece que el ámbito de la defensa es más propicio al entendimiento, en aras de esos intereses superiores a los que acabo de aludir.


Reconozco, a pesar de todo, la buena disposición mostrada por el ministerio y por el Grupo Parlamentario Socialista que nos ha permitido llegar a algunos acuerdos,

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pero dada la diferencia de nuestras concepciones y de nuestros puntos de partida y quizás también de llegada no ha sido posible llegar a un acuerdo total y de conjunto. Fueron aceptadas algunas de nuestras enmiendas, pero no aquellas que se referían a lo que entendemos que son los aspectos más relevantes del proyecto.


Nuestro voto particular sobre la base de las enmiendas que no han sido aceptadas en ninguna de las fases del proceso se refiere fundamentalmente a dos aspectos del proyecto. En primer lugar, al modelo de enseñanza militar que se propone que obliga a los oficiales a cursar simultáneamente los cursos de formación militar en las academias y una carrera civil a través de unos llamados centros universitarios de la defensa adscritos a universidades públicas.


Somos partidarios de que a los oficiales se les dé las máximas facilidades para que cursen la carrera civil de su elección, pero una vez que hayan terminado su formación militar, para evitar innecesarias y perjudiciales sobrecargas. El sistema que nosotros proponemos, mucho más flexible, se basa en convenios firmados entre el ministerio y las universidades. Se conseguiría así la misma finalidad y se evitarían los inconvenientes que, en nuestra opinión, tiene el modelo que se nos propone.


Además, en un momento en que la enseñanza universitaria española aspira a integrarse en el denominado Espacio Europeo de Enseñanza Superior, según los llamados criterios de Bolonia, pero sin que este ambicioso proyecto esté todavía bien definido, como muestran las dificultades con que se enfrentan actualmente las universidades españolas, este maridaje academias militares-universidades públicas previsto en el proyecto es algo así como un matrimonio por poderes y con persona desconocida.
Todavía más, las consecuencias son imprevisibles en un momento en que la enseñanza universitaria está transferida a las comunidades autónomas, cada una de las cuales tiene sus propias normas particulares.


Por otra parte, en la regulación de esta cuestión se percibe una soterrada supeditación de la enseñanza militar, en sentido estricto, a la enseñanza general, a la civil. Que los oficiales tengan un título universitario se puede aceptar, sin ninguna duda, como un objetivo deseable que, en todo caso, dependerá de los respectivos proyectos personales de cada oficial y que en muchas ocasiones completará, sin duda, su formación militar con evidentes ventajas para el servicio. Pero no se puede aceptar que para serlo, un oficial tenga necesariamente que obtener una titulación universitaria. Da toda la impresión de que se degrada la formación militar a la condición de complemento de la titulación universitaria, generándose una especie de híbrido que podría correr el riesgo de no ser una cosa ni la otra.


Parece que se quiere potenciar el componente civil de las Fuerzas Armadas, frase predilecta ahora de algunos responsables socialistas, un propósito que ya tiene una primera manifestación en la Unidad Militar de Emergencias y que necesariamente desembocará en un encubierto proceso de desmilitarización de las Fuerzas Armadas, lo que erosionará la irrenunciable naturaleza militar de las mismas.


Nuestras Fuerzas Armadas no necesitan incrustaciones civiles, les basta con ser plenamente constitucionales, y ya lo son. Nosotros no queremos hacer de las Fuerzas Armadas una benéfica ONG de uniforme, eso sería desnaturalizarlas. Hago mías, señorías, las palabras del militar inglés John Keegan, que dice así: La política debe continuar, la guerra, no, pero eso no quiere decir -continúa- que haya llegado el fin del papel del guerrero. La comunidad mundial requiere más que nunca guerreros hábiles y disciplinados dispuestos a ponerse al servicio de la autoridad. Unos guerreros -termina- que pueden, con rigor, considerarse protectores de la civilización, no sus enemigos.


Posiblemente, la motivación de los autores del proyecto es la de proporcionar a los oficiales un título que en caso de abandonar las Fuerzas Armadas les permita desarrollar una segunda actividad, un sistema que con muchos matices, y siempre con modelos bastante diferentes del que se nos propone, funciona en algunos países, sobre todo en los anglosajones.


Este tipo de copias son siempre peligrosas, y el hecho de que se hayan considerado útiles en otros países no quiere decir que necesariamente y sin más lo sean también en España. Ya que hablamos de enseñanza -y les habla un catedrático de universidad, ya que esa es mi profesión-, bastaría recordar que una gran parte de las dificultades y problemas que ha padecido la universidad española en los últimos lustros se debe a la poco reflexiva copia de modelos ajenos que aquí o no han funcionado o han tardado demasiado en aclimatarse.


Por otra parte, es un tanto ilusorio suponer que un militar que pase a la vida civil a los 30 o más años de haber terminado una carrera universitaria sin ningún tipo de experiencia en su ejercicio profesional, pueda iniciar este partiendo prácticamente de cero en la situación altamente competitiva de la sociedad actual y sin más base que un título adquirido en la juventud. No todas las medidas bien intencionadas, como sin duda lo es esta, son eficaces y funcionales.


Por lo que se refiere a los suboficiales, su verdadera formación profesional es la militar, la que les prepara para las funciones que deben desempeñar en las unidades militares a que se le destinen como mandos intermedios. Lo que hemos dicho antes de los oficiales y su salida a la vida civil vale, con las lógicas variantes, para los suboficiales.
Deben darse, por supuesto, todas las facilidades para que los militares se preparen para un ejercicio profesional en la sociedad civil, pero debe quedar claro que esa deseable formación no forma en sí parte integrante de la formación militar salvo en aquellos casos en que las tareas que se les encomienda en las unidades consisten precisamente en la aplicación de esos oficios o profesiones civiles aprendidos.


Por todas estas razones antedichas, estimamos que la nueva y detallada regulación de la enseñanza militar, Título IV, artículos 43 a 73 del proyecto de ley, está mal enfocada, es prematura y no ha valorado adecuadamente sus efectos, los queridos y los no queridos, en el conjunto de

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la institución militar. Aparte de que nos preguntamos si tiene sentido incluir en una ley que se llama «de la carrera militar» todo lo relativo a la enseñanza. No afirmo, pero sí me pregunto: ¿No es esta, la enseñanza militar, previa a la carrera propiamente dicha? ¿No tendría quizá más sentido hacer una ley específica sobre la enseñanza?

Nuestras enmiendas afectan en consecuencia al referido Título IV, así como a los apartados del preámbulo en los que se aborda esta cuestión de la enseñanza militar; no obstante, debo señalar que algunos de los preceptos concretos que se contienen en el citado título nos parecen aceptables y oportunos; tal es el caso de una buena parte de la regulación de los centros docentes militares de formación o de los de perfeccionamiento, así como la referencia que se hace en el proyecto a los centros de altos estudios de la Defensa, el Ceseden y la Esfas. Pero la imbricación en todo el texto del título del llamado sistema de centros universitarios de la defensa, que es el que no estimamos adecuado, nos impide dar una aprobación de conjunto.


Como ya he avanzado, nuestras enmiendas configuran un modelo diferente de enseñanza militar, que nos parece más flexible y más coherente con la naturaleza de las Fuerzas Armadas; de paso diré también que estimamos que nuestras academias militares pueden exhibir ya un alto nivel educativo del que las Fuerzas Armadas pueden sentirse legítimamente orgullosas.
Esto no quiere decir que no sea deseable un perfeccionamiento constante en cuestiones como planes de estudios, selección y formación del profesorado, etcétera; el sistema de convenios con las universidades que proponemos en nuestras enmiendas sería en este sentido una vía adecuada para la colaboración y el intercambio con las mismas, algo que sería beneficioso para ambas partes.


Nuestro segundo motivo principal de discrepancia con el proyecto, tal y como resulta del dictamen de la comisión, se refiere al artículo 4, que bajo el título de «Reglas de comportamiento del militar» introduce en el proyecto una materia que estimamos no cabe en una norma como la presente, sobre todo porque a la vez se deslegalizan las Reales Ordenanzas, que quedan relegadas a la condición reglamentaria; medida que ratifica la disposición transitoria undécima que con una discutible, dudosa e incluso chirriante técnica jurídica establece que hasta que se aprueben por real decreto las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas -y aquí viene una larga serie de artículos de la vigente ley- esos artículos tendrán el rango de real decreto; esto nos parece una grave aberración jurídica a la que no podemos dar nuestra aprobación.


Señorías, con toda esta confusa y discutible regulación de este último tema, el Gobierno está intentando encubrir el grave incumplimiento por su parte de un mandato legislativo. En la disposición final tercera de la Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional, de 17 de noviembre de aquel año, se establecía que el Gobierno en el plazo de tres meses debería remitir al Congreso de los Diputados un proyecto de ley reguladora de los derechos fundamentales de los militares profesionales. Han pasado ya casi dos años de aquella fecha y ese proyecto de ley no ha sido enviado a las Cortes, y obviamente ya no se enviará en lo poco que queda de esta legislatura.


Con las normas a que he aludido introducidas en este proyecto de ley de la carrera militar el Gobierno trata de paliar, por lo menos en parte, ese incumplimiento, forzando una norma que tiene otras finalidades, y no es la primera vez que se utiliza tan rechazable procedimiento; esperamos que sea la última, aunque hoy mismo se nos ha presentado un proyecto de modificación del dictamen que repite un poco la promesa de enviar una ley, esta vez sin un plazo concreto.


En nuestra opinión, derechos y deberes de los militares, reglas de comportamiento y Reales Ordenanzas constituyen un paquete diferenciado de la legislación de Defensa que estrictamente nada tiene que ver con la carrera militar, y nos parece muy poco serio que el Gobierno quiera redondear, por así decirlo, su balance legislativo en materia de Defensa con una chapuza como esta regulación, un tanto insólita, que diríamos que como de matute se ha introducido en este proyecto.


Estamos de acuerdo, señorías, en que la Ley 85/1978, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, requiere una actualización; somos propicios a llevarla a cabo, pero de una manera correcta y no aprovechando una coyuntura que no es la adecuada.


Estamos incluso de acuerdo con el contenido básico de lo que el Gobierno estima como núcleo fuerte de las Reales Ordenanzas, aunque sea demasiado reducido, y que está constituido por las 15 reglas básicas que han introducido en el artículo 4, pero no podemos aceptar la deslegalización de las Reales Ordenanzas, de tanta tradición en nuestras Fuerzas Armadas; como he señalado al principio de esta intervención, ya la Constitución de 1812 llama Ordenanzas a las normas militares aprobadas por las Cortes, no a las disposiciones de carácter reglamentario. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Por ello, la fórmula que proponemos en nuestra enmienda número 39 es una nueva disposición final, por medio de la cual introducimos esas 15 reglas básicas en la vigente Ley de Reales Ordenanzas. Asimismo, y por medio de nuestra enmienda número 36, derogamos una buena parte de los artículos de la misma ley, todo ello desde el supuesto de que en su momento esta ley debe ser sometida a una amplia reforma. Estas enmiendas son un intento de aproximarnos a la posición mantenida por el Gobierno que, desgraciadamente, ha sido rechazada hasta ahora.


Señorías, están a tiempo de valorar y aceptar lo que proponemos. Ahora que al Gobierno le gusta tanto jugar con las letras del alfabeto, le diré que nuestra enmiendas se basan en la «R» de razón, que es también la inicial del apellido del presidente de mi partido.


Brevemente, me referiré a otra de nuestras enmiendas, la número 18, por la cual nos oponemos a que, como ambiguamente se da a entender en el artículo 18.2, un alumno de la academia que ha superado los planes de estudios pueda quedarse sin plaza de acceso.


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En suma, señorías, entendemos que no se ha logrado elaborar un modelo de carrera militar innovador y modernizador, que diera satisfacción a las múltiples expectativas suscitadas en una materia tan compleja, que afecta a tantos proyectos personales, y que es un factor clave en el ámbito de la seguridad y la defensa.


Señorías, vivimos en un mundo inseguro, plagado de riesgos múltiples, en el que la paz, como la libertad, exige una vigilancia permanente, y esa es la misión que corresponde a las Fuerzas Armadas; una situación que requiere de todos nosotros la máxima atención, pues la institución militar ni es una supervivencia del pasado ni ha perdido su razón de ser.
Todos aspiramos a la paz, pero no basta quererla para conseguirla. Como dice un proverbio indio: el árbol quiere la paz, pero el viento no se la concede, por eso, necesitamos a nuestros soldados. Como escribe un especialista, Angelo Codevilla, el mundo de hoy está lleno de más gente animada por mayor odio y en posesión de más medios para hacer la guerra que en ningún otro momento anterior, y eso exige unas Fuerzas Armadas bien estructuradas, capaces de cumplir con las misiones que se les asignen.


Entendemos que con este proyecto el Gobierno se ha quedado a medias.
Nuestro voto particular intenta mejorarlo al servicio de la defensa nacional. Sus señorías tienen la palabra y el voto. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


¿Turno en contra?

Tiene la palabra el senador Uzquiza González.


El señor UZQUIZA GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista voy a utilizar este turno para valorar los votos particulares incorporados al dictamen de la comisión.


En primer lugar, quiero resaltar el alto grado de consenso alcanzado en torno a este proyecto de ley. Ya en su primera fase de tramitación en el Congreso de los Diputados se aceptaron y acordaron más de la mitad de las enmiendas presentadas, lo que indica la magnitud del trabajo realizado. Y ahora en el Senado el Gobierno quiere dar satisfacción a todos los colectivos afectados, incorporando nuevas iniciativas y negociando con los grupos parlamentarios.


Todos hemos recibido multitud de correos electrónicos, cartas, escritos, llamadas de colectivos militares afectados explicándonos sus demandas.
Pues bien, me atrevo a decir que hemos hablado, que hemos escuchado y que hemos conseguido dar satisfacción razonable a las demandas de la inmensa mayoría.


Con este proyecto de ley, señorías, nadie podrá decir que ha salido perjudicado, más bien al contrario. Esta ley pretende solucionar problemas que venían planteándose desde hace ya mucho tiempo. Por ello me atrevo a afirmar, aunque no le guste al Grupo Parlamentario Popular, que este proyecto, que ha presentado el Gobierno socialista, es ya en buena medida un proyecto de todos, pues todos los grupos pueden ver reflejados en él sus propias contribuciones. Y cuando digo un proyecto de todos también incluyo, por supuesto, al Grupo Parlamentario Popular, a pesar de que el senador Muñoz-Alonso no lo tenga tan claro, pues como reconocía el senador Sacristán, ponente en el debate de comisión, ya en el Congreso se aceptaron el 72 por ciento de las enmiendas, a las que hay que sumar ahora los acuerdos aquí alcanzados. No digo, señorías, que no haya discrepancias, que ahora pasaré a analizar, pero afirmo que con esta ley se da satisfacción a las Fuerzas Armadas, avanzando en su modernización, y que con esta ley gobernaremos los socialistas, y también algún día, que supongo lejano, gobernará el Partido Popular porque, señorías, hemos hecho entre todos una buena ley con mucho futuro por delante.


Entrando ya en el debate y en el detalle de las enmiendas, voy a empezar por las cuatro presentadas por el Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Parlamentario Mixto, que son las únicas que no se aceptaron en el trámite del Congreso de los Diputados. Hacen referencia, entre otras cosas, al idioma oficial, al juramento o promesa ante la bandera y al concepto de la nación española, donde aparecen términos como honor, entrega, abnegación, que son muy sentidos por las Fuerzas Armadas aunque quizá a otros les puedan parecer anacrónicos. Por ello, precisamente respetando el sentimiento de nuestras Fuerzas Armadas hacia estos términos y valores, no pueden ser aceptadas. De todas formas, quiero recordar a este grupo que de la veintena de enmiendas que presentó en el Congreso de los Diputados se aceptaron o transaron una quincena, lo que indica el importante grado de aproximación conseguido.


El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria presentó tres enmiendas, que han sido transadas en comisión. Por eso, quiero agradecerles su aportación positiva, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.


Por su parte, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió presentó en el Senado 16 enmiendas, que en su mayor parte se refieren a temas que ya enmendaron en el Congreso de los Diputados y que no prosperaron, y ahora igualmente las rechazamos. A pesar de que haya algunos desacuerdos, la verdad es que hemos tenido con Convergència i Unió un diálogo fluido y la voluntad de alcanzar acuerdos, y con eso me quedo porque es lo realmente importante.


Hay muchos aspectos de esta ley, señorías, que se deben a la contribución positiva de este grupo. La situación de los militares de complemento de la escala auxiliar es uno de los temas donde ha habido acuerdo y lo mismo cabe decir del caso concreto de los militares combatientes en Ifni, del que Convergència i Unió hizo cuestión desde el primer momento y que ahora se resuelve favorablemente. También quiero señalar el acuerdo obtenido en el Congreso de los Diputados sobre el reconocimiento de los que realizaron el servicio militar cuando este tenía carácter obligatorio, entendiendo que es un tema a debatir y resol-

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ver definitivamente en el seno del llamado Pacto de Toledo, como así reconoció explícitamente el representante de este grupo en el Congreso de los Diputados.


O sea, hemos trabajado y hemos acordado mucho con el grupo catalán de Convergència i Unió y en el Senado alcanzamos en comisión una transaccional de gran importancia sobre la constitución de escalas, que permite que la integración de la antigua escala de oficiales y de la escala superior de oficiales se haga de forma proporcional, dando así respuesta a una demanda que nos habían trasladado gran número de oficiales afectados. Por lo tanto, es una satisfacción haber alcanzado este acuerdo, como otros muchos que hemos logrado con el grupo catalán de Convergència i Unió.


Por otro lado, el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés ha formulado un voto particular manteniendo sus enmiendas; de ellas, la mitad ya fueron presentadas por el Grupo Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, donde fueron rechazadas, y ahora lo son igualmente. La otra mitad de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés las incorpora Iniciativa per Catalunya, con quien hemos alcanzado el importante acuerdo con la transaccional sobre la constitución de escalas que ya he mencionado antes; transacción esta que se añade a los numerosos acuerdos obtenidos en el trámite del Congreso de los Diputados y que permiten a la coalición Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ver reflejadas, en parte, sus posiciones en el texto de este proyecto de ley. Por otro lado, quiero también agradecer que muchas de las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés hayan sido retiradas en el trámite del Pleno.


Finalmente, me queda el Grupo Parlamentario Popular, que mantiene vivas 28 enmiendas y se le han aceptado tres. Le proponemos varias transaccionales que mi compañero, el senador Caballero, detallará después en el turno de portavoces. El mayor número de enmiendas, 21, hacen referencia a la enseñanza militar; tema en el que las discrepancias ya se pusieron de manifiesto en el debate del Congreso de los Diputados, pues estamos ante dos modelos diferentes de entender la enseñanza militar.


Estamos convencidos de que mantener la actual estructura de centros educativos diferenciados del conjunto de la universidad es un error. Los socialistas apostamos con este proyecto de ley por la homologación y la normalización de la enseñanza militar, a través de centros adscritos a las universidades. Queremos que estas enseñanzas estén bien encajadas en la universidad y que los alumnos que cursen estos estudios, que por cierto seguirán impartiéndose en las actuales academias militares, sean universitarios a todos los niveles y que los títulos que obtengan sean oficiales y homologados dentro de España y Europa y de igual validez que los títulos civiles.


Por tanto, la diferencia con los demás alumnos de la universidad es que estos, los alumnos militares, recibirán, además de las enseñanzas civiles, la formación militar adecuada para desempeñar su cometido como oficiales de nuestras Fuerzas Armadas. Señorías, hemos hablado sobre este tema con muchos militares y hemos constatado que la inmensa mayoría está de acuerdo con un sistema abierto y homologado como el que se propone, que, además, nos acerca a los modelos de los países de nuestro entorno, los países aliados de la Unión Europea o de la OTAN, que tienen modelos similares a los que aquí proponemos. Nuestros oficiales tienen cada día mayor contacto con nuestros aliados europeos y americanos, y es bueno que tengan una formación similar y compatible para llevar adelante trabajos en común.


Señorías, estamos seguros de que el modelo que hoy vamos a aprobar es un modelo de futuro, y no habrá vuelta atrás cuando corresponda gobernar al Partido Popular, pues le resultará muy difícil explicar las ventajas de volver a un sistema de formación específico y aislado del conjunto de nuestros estudiantes universitarios.


Otro bloque importante de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular se refiere a las reglas de comportamiento del artículo 4, que pretenden suprimir. Proponen mantener con rango de ley todas las reglas contenidas en las Reales Ordenanzas vigentes, y no solo las consideradas esenciales y que aparecen en el artículo 4 de este proyecto de ley.


Señorías, las Reales Ordenanzas, actualmente en vigor, se aprobaron en 1978, después de una tramitación parlamentaria coincidente en el tiempo con la de la Constitución. Ha pasado mucho tiempo y es hora de actualizarlas. Lo razonable, y así está previsto en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional que hemos aprobado en esta legislatura, es que se regulen por ley las reglas esenciales que definen el comportamiento de los militares, en especial la disciplina, la jerarquía, los límites de la obediencia, así como el ejercicio del mando militar, como hacemos en el artículo 4 de este proyecto de ley; y que se dejen para su regulación mediante reglamento las adaptaciones a las distintas situaciones que se vayan produciendo. En suma, lo lógico es regular mediante ley lo esencial y permanente, y dejar para el reglamento lo que exija cambios y necesite de frecuentes actualizaciones con el paso del tiempo.


No entiendo que estos argumentos, que me parecen absolutamente razonables, tengan una contestación tan rotunda por parte del Grupo Parlamentario Popular. Supongo que en el fondo subyace su desconfianza en que el Gobierno socialista elabore un reglamento actualizando, poniendo al día las Reales Ordenanzas; pero no se preocupen, pues saben que este Gobierno siempre hace bien sus deberes, y más cuando afecta a temas de Estado como la política de Defensa.


Termino señalando que, a pesar de las discrepancias que he ido valorando, el nivel de acuerdo afecta a más del 80 por ciento de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, y lo mismo sucede con las de los restantes grupos parlamentarios. Señorías, es difícil encontrar un consenso tan amplio en una ley de esta envergadura, lo cual es motivo de satisfacción para todos, y es lo que quiero destacar de este debate para que nuestras Fuerzas Armadas sepan que en asuntos tan importantes los grupos parlamentarios

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logramos, aun con discrepancias, llegar a importantes acuerdos.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-El señor Muñoz-Alonso Ledo pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Muñoz-Alonso.


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Gracias, señor presidente.


Con toda brevedad voy a consumir un turno en contra del voto particular del Grupo Parlamentario Socialista.


En la defensa que hemos hecho de nuestro voto particular hemos explicado nuestra posición respecto del conjunto del proyecto y las razones de nuestras enmiendas, de ahí se deduce también nuestra posición en relación con las enmiendas presentadas por otros grupos. Las que nos parecían más razonables han sido incorporadas al dictamen en el trámite de comisión con nuestro voto favorable, en tanto que las que no están incluidas en ese paquete no nos parecen adecuadas, y por tanto, no vamos a apoyarlas.
Sin embargo, sí quiero defender el mantenimiento de la disposición final séptima del dictamen, basada en nuestra enmienda número 38, que fue aceptada en comisión, relativa al reconocimiento del servicio militar, sobre la que ha hablado el senador Caballero y que ha sido objeto de ese voto particular. Desde nuestro punto de vista, el texto procedente del Congreso de los Diputados era de tan extraordinaria vaguedad que se quedaba en pura retórica y creemos que es elemental no introducir en los textos legislativos afirmaciones puramente declamatorias, carentes de efectos prácticos y, en mi opinión, el texto del Congreso de los Diputados encaja en esta categoría.


Con nuestra petición de que el Gobierno, en el plazo de seis meses -momento en el que muy probablemente haya otro gobierno- adopte medidas de reconocimiento a todos los que sirvieron a España, no prejuzgamos el tipo de medidas que se puedan proponer; además, algunas posibles medidas, como el reconocimiento del tiempo efectivo del servicio militar a efectos de plazos de cotización a la Seguridad Social, ya están siendo consideradas, según se nos ha dicho. Incluso, es posible que tales medidas desborden obviamente la competencia del Ministerio de Defensa y hasta se nos ha dicho que algunas de ellas podrán ser consideradas en el Pacto de Toledo. Abórdese esta cuestión donde corresponda; nuestra misión consiste y termina en exigir y establecer un reconocimiento efectivo de quienes cumplieron el servicio militar obligatorio.


Señorías, en estos tiempos de cheques-bebe y demás generosas promesas, no vemos por qué han de quedar fuera de esta peculiar rueda de la fortuna quienes dedicaron unos meses de su vida al servicio de España. Además, el plazo que proponemos es tan amplio que no trata de acogotar al Gobierno sino que, después de marzo, el gobierno que salga elegido cumpla con este compromiso.


Esta misma mañana, decía un periódico francés que el presidente del Gobierno español parecía una especie de Santa Claus por sus dádivas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Sólo pedimos que esas larguezas se extiendan a los antiguos reclutas de una institución, el servicio militar obligatorio, que ya no existe. Bebés seguirán naciendo, y ojalá que sean muchos; reclutas obligatorios, ya no vamos a tener en un horizonte previsible y, por lo tanto, nos saldrán mucho más baratos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Mi intervención será muy breve, señor presidente, ya que he dicho que no iba a consumir el turno de portavoces, pero he de hacer dos precisiones al senador Uzquiza.


En primer lugar, he comenzado mi intervención, en el turno de defensa de enmiendas, explicando que se habían incorporado muchas propuestas del BNG en el Congreso de los Diputados, saludando ese esfuerzo de transacción y las mejoras que se han introducido en la ley, que justifican que el BNG sólo mantenga vivas cuatro enmiendas.


En segundo lugar, quiero aprovechar este turno para hacer una matización, que espero que el senador Uzquiza tome en consideración, sobre todo si tenemos en cuenta que una de las enmiendas hacía referencia al respeto a la pluralidad lingüística existente en el Estado español y su reflejo en las Fuerzas Armadas; simplemente, senador Uzquiza, y sin pretender imitar al señor Carod-Rovira en el programa Tengo una pregunta para usted, soy senador del Bloque Nacionalista Galego y no del Bloque Nacionalista Gallego, en Galicia, en Madrid y en Valladolid.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervendré brevemente para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria en relación con este proyecto de ley.


Sus señorías conocen la posición del Grupo de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados. Una reflexión de nuestro diputado, don Luis Mardones, hablaba de las razones del desacuerdo con el proyecto de ley de la carrera militar, que llevó al grupo parlamentario a presentar 127 enmiendas.


Sin embargo, en el trámite en el Congreso, tal y como hemos mencionado en esta sesión, se han producido aproximaciones transaccionales que dieron como consecuencia que en el Senado sólo se presentasen tres enmiendas, que ni siquiera están vivas en este trámite porque fueron incluidas en transaccionales que se aprobaron en comisión. Por tanto, estamos en una situación completamente

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diferente en relación con el proyecto de ley, ya que desde una posición totalmente en contra del proyecto, con 127 enmiendas, hemos pasado a una posición de apoyo que manifestamos en el día de hoy, en este salón de Plenos.


Sin embargo, aprovechando esta intervención quiero manifestar nuestra posición a favor de algunas enmiendas que han sido defendidas en la sesión de esta tarde, concretamente, la enmienda número 100, de Convergència i Unió. También manifestamos nuestro voto en contra del voto particular número 4, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la aceptación por parte de la comisión de la enmienda número 38 del Grupo Parlamentario Popular. Se han explicado aquí -en una buena intervención del portavoz, en este caso, del Grupo Parlamentario Popular- las razones que llevaron a la presentación de esta enmienda y al voto favorable en comisión. Por tanto, nosotros no vamos a estar de acuerdo con el voto particular que lleva este proyecto de ley al texto del Congreso de los Diputados, suprimiendo de él mismo la enmienda número 38 aprobada en comisión. En definitiva, vamos a apoyar el proyecto de ley en su extensión, entendiendo estas particularidades que hemos manifestado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Companys.


El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores senadores, voy a intervenir en nombre de Convergència i Unió para fijar la posición de nuestro grupo parlamentario respecto al proyecto de ley de la carrera militar que estamos debatiendo. Señor presidente, me hubiese gustado que estuviera hoy aquí el ministro de Defensa porque me hubiese permitido no sólo oír su presentación, sino, incluso, debatir con él.


Nosotros hemos hecho aportaciones importantes a un proyecto de ley que intenta encontrar los mecanismos que faciliten la reconversión del Ejército actual en uno más moderno, mucho más reducido, polivalente, dotado de la máxima movilidad y, sobre todo, capaz de actuar en escenarios lejos de nuestras fronteras, cuya actuación pueda ser tanto en gestión de crisis como en materia humanitaria, en misiones de paz y, si me lo permiten, en operaciones de fuerza. Por lo tanto, estamos trabajando en la modernización de un Ejército que, además, tendrá que irse adaptando a las nuevas necesidades y, en consecuencia, es imprescindible una ley al respecto.


En este proyecto de ley hay dos asuntos que nos parecen importantes. En primer lugar, el que se refiere a la enseñanza militar de los oficiales y suboficiales que, desde nuestro punto de vista, es un elemento básico para la configuración de un Ejército moderno y, por tanto, abierto a las universidades. Entendemos que esta es una materia positiva. Otro asunto que también nos parece muy importante es la adecuación de una parte de las Reales Ordenanzas a la Constitución. Las Reales Ordenanzas no son anticonstitucionales, pero son preconstitucionales, y este es un camino importante en esa línea.


Señor presidente, señoras y señores senadores, como he dicho antes, me hubiese gustado que estuviese aquí el ministro, pero básicamente me dirijo a los visitantes que tenemos hoy en este hemiciclo. Se trata de veteranos de las campañas de Sidi Ifni y Sáhara. Desde aquí les mando mi más cordial saludo. Hay que resaltar que a esos ciudadanos que hoy están aquí con nosotros, siendo soldados de reemplazo, nadie les preguntó si querían alistarse al Ejército, y un sorteo les llevó muy lejos de su casa. Se encontraron solos, mal pertrechados, un Mauser en mal estado y en medio del desierto, lejos de los suyos y con la sensación de abandono total. No obstante, lucharon con honor, se comportaron como siempre con lealtad, y 300 muertos y más de 500 heridos demuestran lo cruento de la guerra -ahora le llamaríamos conflicto-. Un buen día alguien desde un confortable despacho decidió que el final del conflicto se resolvía con el repliegue, que es una forma elegante de abandonar, y les enviaron de regreso a su casa, sin que nadie hasta hoy les haya explicado por qué soportaron tanto sacrificio. Y lo que es peor, la principal obsesión de los años posteriores fue negar lo que sucedió, pasar un tupido velo y esa estrategia pasa naturalmente por el más absoluto olvido de los soldados que sufrieron y de los que murieron lejos de su patria.


El próximo año se cumplirán cincuenta años y no se puede seguir admitiendo ni por parte del Ejército, ni del Estado, ni de estas Cortes Generales que se continúe actuando como si no hubiera ocurrido nada, mirando hacia otro lado, como si nos avergonzásemos de esos hombres que lucharon con honor. Es la hora de reconocer públicamente a los veteranos de Sidi Ifni y Sáhara, su magnífico comportamiento y, de forma especial, la lealtad y la dignidad con que actuaron. Y hoy por primera vez en un proyecto de ley de las Cortes Generales hacemos un mínimo gesto de reconocimiento. Somos poco sensibles con los humildes y a veces nos olvidamos de ellos con demasiada facilidad.


Señoras y señores senadores, ¿creen ustedes que España, el Ministerio de Defensa, el Ejército y, si me lo permiten, estas Cortes Generales han cumplido adecuadamente con lo que dice el apartado segundo del artículo 7, respecto de los veteranos? ¿Creen que, siendo como eran soldados de reemplazo y, por lo tanto, no profesionales, se les ha agradecido en realidad y se les ha premiado su entrega y valor? Creo que no y, por tanto, que no se han hecho bien las cosas.


Hoy podemos rectificar. Efectivamente, presentamos la enmienda número 100, donde se expresa un reconocimiento al respecto. Ciertamente, la grandeza de las instituciones y de las personas se mide básicamente por la magnanimidad en reconocer a los más débiles, y esos veteranos, soldados en su mayoría, están reclamando con todo derecho salir del más ignominioso anonimato y que su servicio y entrega les sean reconocidos por las Cortes Generales, el Ministerio de Defensa y el Estado.


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Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores senadores.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, no se hace uso de la palabra.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Caballero.


El señor CABALLERO MOYA: Gracias, señor presidente.


Me gustaría hacer alusión a algunas de las cuestiones que ha planteado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, sobre todo, respecto a la necesidad de esta ley y cuáles han sido los cambios experimentados, a lo que ya hice referencia durante el debate en comisión, y cómo a veces se han hecho planes que han sido insuficientes, pero, evidentemente, el tiempo es poco -cinco minutos- y tengo que optar por entrar en los temas de enseñanza o dejar para constancia de todos los grupos que se ha estado intentando negociar no porque la ley tuviese defectos, sino porque se ha tratado de aproximar posiciones constantemente en todos los temas -ciertamente, había una línea roja respecto de unos de ellos que no hemos podido traspasar porque el modelo era diferente, que es el de la enseñanza- tanto con el Grupo Popular como con el resto de los grupos.


Quiero dejar constancia de que el Grupo Parlamentario Popular ha tenido ofertada durante toda esta tramitación en el Senado una enmienda transaccional sobre su enmienda número 39 y otras complementarias que hacían referencia a las Reales Ordenanzas. Como decía mi compañero, el senador Uzquiza, este es un tema que también fue debatido en el Congreso de los Diputados y, aunque hubo un intento de llegar a acuerdos, no se pudo concretar. La posición del Grupo Parlamentario Popular se resume en la idea de suprimir las reglas de comportamiento expresadas en el artículo 4 y convertirlas en modificaciones parciales de diversos artículos de la Ley 85/1978, la Ley de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, con objeto de que estas mantengan rango de ley, con un contenido y una extensión semejantes a los de las vigentes.


Su propuesta de mantener con rango de ley todas las reglas contenidas en las Reales Ordenanzas vigentes, y no solo las esenciales, ya señalaba mi compañero que no nos parece adecuada. Al igual que las reglas esenciales se han actualizado con la redacción que figura en el proyecto, las demás también deben adecuarse a la nueva realidad de las Fuerzas Armadas, tal como está previsto que se efectúe por el Gobierno mediante un real decreto a partir de la entrada en vigor de la ley.


No parece procedente que muchos de los artículos de la actual ley de Reales Ordenanzas mantengan rango de ley, por ejemplo, senador Muñoz-Alonso, el que dice que desempeñarán con interés y diligencia cuantos trabajos y cometidos relacionados con el servicio se les confiera, asistirán a la revistas, formaciones y demás actos que señale el régimen interior de la unidad, extremando en todo la puntualidad y policía; o el relativo a que los trabajos y servicios mecánicos se realizarán con igual diligencia que los de las armas. Estos preceptos deben ser convenientemente matizados y algunos deben desaparecer, como los que se refieren a las prestaciones del servicio militar. Insisto en que han tenido una transaccional durante toda la tramitación que, por las consideraciones que ustedes han hecho, no han aceptado.


Había también una enmienda que quiero poner de relieve al Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que tampoco ha sido aceptada. Es una enmienda que pretende adaptar la situación de excedencia voluntaria por interés particular a lo dispuesto en la disposición transitoria quinta, que se refiere a los militares de complemento de la Ley 17/1999.
Es una enmienda en sí misma contradictoria ya que propone incluir en el articulado un régimen calificado como transitorio y en el que expresamente se especifica en el apartado 7 de esta disposición que le será de aplicación las situaciones administrativas reguladas para los militares de carrera y, en el apartado tres, que podrán firmar un compromiso de larga duración con el régimen establecido para la tropa y marinería. Por consiguiente, la propuesta de la enmienda, por lo que se refiere a los militares de complemento anteriores a la entrada en vigor de la nueva ley, está plenamente recogida en el proyecto.


Hay una enmienda transaccional, que ha sido aceptada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y que por lo tanto pasaremos a votar, para que a los militares de complemento que posean las titulaciones exigidas para el ingreso en los centros docentes militares de formación para el acceso a las escalas de oficiales de los cuerpos comunes de la defensa o de los cuerpos de ingenieros de los Ejércitos se les reserven plazas específicas en las previsiones anuales.


Había también una enmienda transaccional, que no ha sido aceptada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió pero que ha sido ofrecida, en lo que respecta a la Ley Orgánica de los Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas para trasladar a esta disposición final el objetivo que ya figura en el apartado 9 del preámbulo de dar un paso imprescindible para completar el régimen de personal de las fuerzas armadas.


En relación con la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario, se pretendía adaptarla a la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas, la organización y misiones que vienen señaladas en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, la regulación de los derechos fundamentales derivada de la nueva ley orgánica que se refiere esta nueva disposición y las Reales Ordenanzas.


El proyecto de ley orgánica de reforma del Código Penal...


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.


El señor CABALLERO MOYA: Voy terminando, señor presidente.


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...deberá servir para adaptarlo y hacerlo complementario del Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre

También hay una propuesta de modificación del dictamen, firmada por todos los grupos parlamentarios, para adelantar un año la aplicación de las condiciones más favorables para el acceso de los tenientes y los alféreces de las escalas de oficiales de los cuerpos generales y de especialistas de los Ejércitos de Infantería de Marina a los empleos de capitán y de teniente, respectivamente.


Termino, señor presidente. Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, yo creo que en el único tema donde no se ha podido hacer una oferta ha sido en el de la enseñanza, ya que, como le decía, el grado universitario, el sistema de centros universitarios, era uno de los objetivos irrenunciables de este proyecto. Pero no me deja de sorprender el que se refiera a prisas en la elaboración y en la tramitación -ya lo hizo también su compañero en su intervención en la Comisión de Defensa- porque le voy a referir el calendario básico que se ha seguido en esta ley: En enero del año 2005 se inician los trabajos por un grupo en el que estaban incorporados miembros de los órganos centrales del ministerio y de los cuarteles generales. En noviembre de 2006 se aprueba por el Consejo de Ministros. En julio de 2007 se aprueba por el Congreso de los Diputados; y en octubre -está prácticamente al límite del tiempo reglamentario- se está debatiendo en el Senado. Es decir, estamos hablando de casi tres años. Por lo tanto, no se compadece en modo alguno con lo que usted decía.


Para terminar, señor presidente, respecto de la última intervención del senador Companys sobre su enmienda número 100 tengo que decirle que en el trámite del Congreso de los Diputados se llegó a un acuerdo sobre la base de la enmienda 390 de este grupo que quedó reflejada en la disposición final octava del proyecto, aprobada también con 35 votos a favor y dos abstenciones, y con esta nueva enmienda 100 se pretende añadir un tercer apartado instando al Gobierno a presentar un nuevo proyecto de ley, cuestión que consideramos innecesaria y más allá del acuerdo que se cerró en el Congreso de los Diputados.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Muñoz-Alonso.


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Gracias, señor presidente.


A estas alturas del debate yo creo que están muy claras cuáles son las posiciones de cada uno de los grupos parlamentarios y, desde luego, está perfectamente explicada, -creo yo-, la posición que mantiene el Grupo Parlamentario Popular.


Me dirijo al senador Caballero para decirle que las últimas transaccionales que propone no es que lleguen tarde -también algunas han llegado muy tarde-, sino que no podemos estar de acuerdo con sus puntos de partida, no coincidimos con ellos. Son unas cuestiones de principio y no voy a aburrir a sus señorías repitiendo los argumentos que ya he expuesto anteriormente.


Por lo que se refiere a las Reales Ordenanzas, en las que su señoría ha vuelto a insistir, solo le diré -y ahí sí repito-, que compartimos la necesidad de una actualización de las Reales Ordenanzas, pero pensamos que este no es el momento legislativo adecuado, que no es esta la coyuntura en la que debamos abordarla. Estamos de acuerdo en que eso habrá que reformarlo, pero en otro momento.


En relación con la enseñanza, me dice que la necesidad de un título universitario está compartida universalmente. Estamos de acuerdo. Ahí compartimos el punto de llegada, queremos llegar a tener unos oficiales con un título universitario, pero el camino que propone el proyecto para lograrlo, el que ustedes defienden y el que proponemos nosotros es distinto. A nosotros nos parece que el nuestro es un camino más flexible y que, llegando al mismo objetivo, da muchas más facilidades y supone muchas menos sobrecargas, como he dicho, para los oficiales.


Me dice que no le diga que este ha sido un proyecto hecho deprisa y corriendo porque llevamos tres años. Reconozco eso y lo respeto mucho, sabe que lo digo muy sinceramente, pero hay que ver la cantidad de olas que han suscitado ustedes en estos tres años. Algo ha pasado. Han sido tres años, pero tres años, sobre todo en la última etapa, extraordinariamente agitados.


En este último turno de portavoces quiero decir que lamento muchísimo y muy de veras que la normativa de votación de la Cámara nos impida votar algunas partes del dictamen de una manera separada, porque hemos contribuido a muchas partes de ese dictamen y nos gustaría votarlas separadamente. No se nos permite por la dinámica de la votación y vamos a tener que recurrir a ese sí y ese no, que a mí no me gusta nada, que es la abstención.


Por otra parte, diré que vamos a votar favorablemente la enmienda presentada por CiU, concretamente la enmienda número 100, relativa a los que combatieron en Sidi Ifni.


En lo relativo a la disposición transitoria cuarta, que es la que habla de la integración de escalas, reconocemos que a lo largo de este proceso se han ido introduciendo mejoras, pero nos sigue pareciendo que sus disposiciones no resuelven totalmente las aspiraciones y expectativas de amplios sectores de las Fuerzas Armadas. Por eso, tampoco merece para nosotros una aprobación.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Vamos a proceder a la votación del proyecto de ley de la carrera militar.


En primer lugar votamos las enmiendas números 1 y 3, del Grupo Parlamentario Mixto.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 10; en contra, 224; abstenciones, una.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Mixto, enmiendas números 2 y 4.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, tres; en contra, 230; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, en concreto las números 85 a 95.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, nueve; en contra, 224; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación las enmiendas números 96 y 97, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a favor, ocho; en contra, 109; abstenciones, 117.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Seguidamente votamos la enmienda número 100, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 126; en contra, 109.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Pasamos ahora a las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. En primer lugar, votamos las enmiendas números 40, 41, 47, 62, 63, 76, 77, 79 y 80.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 12; en contra, 221; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos ahora las enmiendas números 42, 43, 44 y 54, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a favor, cinco; en contra, 224; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, cuatro; en contra, 228; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda socialista. Vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 38 del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 106; en contra, 128; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números 8 a 16, 18, 21 a 37 y 39.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 117; en contra, 117; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Señorías, repetimos la votación.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 117; en contra, 117; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Ante el empate, volvemos a votar.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 117; en contra, 117; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación, señorías, la propuesta de modificación del dictamen con el número de registro 99801.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 117; en contra, tres; abstenciones, 115.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos a continuación las correcciones técnicas, con el número de registro 99802. Ha sido firmada por todos los grupos parlamentarios.


¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento.) Queda aprobada.


Votamos a continuación la propuesta de modificación con el número de registro 99803.


Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a favor, 116; en contra, uno; abstenciones, 117.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos a continuación, señorías, el dictamen. En primer lugar votamos aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión que no han sido votadas en lo que hemos venido haciendo hasta ahora.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 231; en contra, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Resto del proyecto de ley.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 113; en contra, cinco; abstenciones, 117.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Señorías, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, daremos traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas de forma previa a la sanción de Su Majestad el Rey.


INFORME SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES.


-- INFORME SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES EN EL PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES FEBRERO-JUNIO DE 2007, APROBADO POR LA COMISIÓN EN SU SESIÓN DEL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2007 Y EMITIDO EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 195 DEL REGLAMENTO DEL SENADO (S. 871/000007).


El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al quinto punto del orden del día: Informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones. Informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones en el período ordinario de sesiones febrero-junio de 2007, aprobado por la Comisión en su sesión del día 8 de octubre de 2007 y emitido en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 195 del Reglamento del Senado.


Para su presentación, tiene la palabra la senadora Granado. (Rumores.)

Rogaría silencio, señorías.


La señora GRANADO PANIAGUA: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores senadores, en primer lugar, permítanme agradecer a todos los miembros de la Comisión de Peticiones, y muy especialmente a su presidente, la deferencia que han mostrado hacia esta senadora, encargándome por unanimidad la presentación ante el Pleno del último informe de actividades de esta legislatura. Muchas gracias.


Señorías, en el curso de la sesión celebrada por la Comisión de Peticiones el 8 de octubre de 2007, se aprobó por unanimidad el informe de actividades correspondiente al periodo de sesiones comprendido entre los días 1 de febrero y 30 de junio del presente año.


Conforme a lo que dispone el artículo 195 del Reglamento del Senado, la Comisión de Peticiones acordó en dicha sesión elevar a la Presidencia de la Cámara el informe de referencia, donde se ofrece relación de las peticiones presentadas, de las decisiones que se adoptaron sobre las mismas y de las contestaciones recibidas por las autoridades a que se trasladaron.


Durante el periodo de sesiones al que se refiere el presente informe, la Comisión ha recibido un total de 61 peticiones. Como en informes anteriores, se acompaña la relación nominal de las peticiones, número de peticionarios e indicación sumaria de su contenido. Dichas peticiones han dado lugar a los siguientes trámites, cuya totalidad no coincide con las peticiones presentadas, puesto que una misma petición da lugar, en algunos casos, a dos o más trámites simultáneos o sucesivos.


Como antes aludía, las peticiones presentadas han dado lugar a distintos trámites. Así, se ha acordado el archivo de 15 peticiones, sin perjuicio de ponerlo en conocimiento de los peticionarios si hay datos suficientes que lo permitan. Los motivos que nos han llevado a su archivo son, entre otros, no tener carácter de petición, faltar indicaciones indispensables para conocer su objeto, no tener otra finalidad que su conocimiento por la comisión o por tratarse de la reiteración de temas ya resueltos con anterioridad por esta Comisión, sin que se aporten nuevos elementos de juicio.


Se han trasladado 10 peticiones a los grupos parlamentarios del Senado y se han trasladado 30 peticiones a departamentos ministeriales. Asimismo, 16 peticiones se han trasladado a otros organismos: 10 al Defensor del Pueblo, 2 al Fiscal General del Estado, 4 a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones; y, por último, 5 a la Generalitat de Cataluña.


Además, durante el periodo de tiempo que comprende el presente informe, se ha recibido respuesta a 29 peticiones que habían sido tramitadas remitiéndolas a distintos organismos.


Dado el número de peticiones que deben trasladarse a otros organismos, la Comisión se ha preocupado de su seguimiento y, a estos efectos, cuenta con expedientes individualizados de cada petición, siempre actualizados, que permiten consultar y conocer en todo momento el estado de su tramitación.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Una vez presentado el informe, ¿algún grupo desea intervenir?

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El senador Benet tiene la palabra.


El señor BENET CAÑETE: Gracias, señor presidente.


Como presidente de la Comisión de Peticiones durante esta legislatura, quiero agradecer a la senadora Granado su extraordinaria amabilidad. Esta ha sido una comisión donde no ha habido grupos políticos, sino personas.


Presidente, después de 22 años aquí puedo decir que no he visto una persona más exquisita que la que fue vicepresidenta de la Comisión de Peticiones y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que hoy ha presentado el informe. La caballerosidad que ha existido en la comisión por parte de todos los grupos parlamentarios debe honrar a toda la Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Se levanta la sesión hasta mañana a las nueve y media.


Eran las veintidós horas y quince minutos.

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