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DS. Senado, Pleno, núm. 138, de 20/11/2007
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO

Año 2007 VIII Legislatura
Núm. 138
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 20 de noviembre de 2007


ORDEN DEL DÍA:

Previo

ACUERDO DE DELEGACIÓN DE LA COMPETENCIA LEGISLATIVA EN LAS COMISIONES

REVOCACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LA COMPETENCIA LEGISLATIVA

HABILITACIÓN DE LOS DÍAS Y HORAS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 76 Y 77 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA

Primero

ACTAS

Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 6 y 7 de noviembre de 2007.


Segundo

ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE

-- Elección de miembro titular y suplente de la Diputación Permanente del Senado. (Núm. exp. S. 560/000001).


Tercero

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

Página 8658


-- Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas y reformas ante el proceso de desaceleración de la economía española.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 826, de fecha 19 de noviembre de 2007). (Núm. exp. S.
671/000137).


Cuarto

MOCIONES

-- Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a aprobar un paquete de ayudas orientadas a facilitar la renovación del parque automovilístico de los vehículos más contaminantes.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 826, de fecha 19 de noviembre de 2007). (Núm. exp. S.
662/000203).


-- Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a continuar e intensificar una campaña de sensibilización sobre las consecuencias negativas del cambio climático. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 826, de fecha 19 de noviembre de 2007). (Núm. exp. S. 662/000202).


-- Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, por la que se insta al Ejecutivo a seguir negociando con el Gobierno de Aragón para fijar la deuda tributaria que la Comunidad Autónoma reclame con base en lo previsto en su Estatuto de Autonomía antes de la finalización del año 2007, así como a hacer efectivo el pago de una cantidad a cuenta del total de la misma.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 826, de fecha 19 de noviembre de 2007). (Núm. exp. S.
662/000201).


Quinto

CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

-- Declaración de aceptación por España de la adhesión de Ucrania al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 389, de fecha 8 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 610/000230) (Núm.
exp. C.D. 110/000226).


-- Protocolo de 2005 relativo al Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Londres el 14 de octubre de 2005.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 392, de fecha 15 de junio de 2007). (Núm. exp.
S. 610/000231) (Núm. exp. C.D. 110/000228).


-- Protocolo de 2005 relativo al Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, hecho en Londres el 14 de octubre de 2005. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 393, de fecha 15 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 610/000232) (Núm. exp. C.D. 110/000229).


-- Acuerdo entre el Reino de España y la República de El Salvador sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares, hecho en San Salvador el 27 de marzo de 2007. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 394, de fecha 15 de junio de 2007).
(Núm. exp. S. 610/000233) (Núm. exp. C.D. 110/000230).


-- Acuerdo General de Seguridad entre el Reino de España y la República Italiana relativo a la protección de la información clasificada intercambiada entre ambos países, hecho en Madrid el 19 de abril de 2007.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 395, de fecha 15 de junio de 2007). (Núm. exp.
S. 610/000234) (Núm. exp. C.D. 110/000231).


-- Acuerdo Marco de cooperación entre el Reino de España y la República de Níger, hecho en Madrid el 7 de marzo de 2007. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 397, de fecha 29 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 610/000235) (Núm. exp. C.D.
110/000232).


Página 8659


-- Acuerdo sobre privilegios y ventajas referidos a la celebración de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008, celebrado entre el Reino de España y la Oficina Internacional de Exposiciones (OIE), hecho en Madrid el 19 de abril de 2007. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 398, de fecha 29 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 610/000236) (Núm. exp. C.D. 110/000233).


-- Convenio de extradición entre el Reino de España y la República de Cabo Verde, hecho en Madrid el 20 de marzo de 2007. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 399, de fecha 29 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 610/000237) (Núm. exp. C.D.
110/000234).


-- Acuerdo Marco de cooperación en materia de inmigración entre el Reino de España y la República de Cabo Verde, hecho en Madrid el 20 de marzo de 2007. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 400, de fecha 29 de junio de 2007). (Núm. exp.
S. 610/000238) (Núm. exp. C.D. 110/000235).


-- Convenio entre el Reino de España y la República de Cabo Verde relativo a la asistencia judicial en materia penal, hecho en Madrid el 20 de marzo de 2007. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 401, de fecha 29 de junio de 2007).
(Núm. exp. S. 610/000239) (Núm. exp. C.D. 110/000236).


-- Convenio sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República de Cabo Verde, hecho en Madrid el 20 de marzo de 2007.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 402, de fecha 29 de junio de 2007). (Núm. exp.
S. 610/000240) (Núm. exp. C.D. 110/000237).


-- Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y Popular, hecho en Argel el 13 de marzo de 2007.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 403, de fecha 29 de junio de 2007). (Núm. exp.
S. 610/000241) (Núm. exp. C.D. 110/000238).


-- Protocolo número 12 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 2000. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 404, de fecha 29 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 610/000242) (Núm. exp. C.D. 110/000239).


-- Acuerdo entre el Reino de España y Nueva Zelanda sobre el ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares, hecho en Madrid el 12 de abril de 2007. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 405, de fecha 29 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 610/000243) (Núm. exp. C.D. 110/000240).


-- Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Kazajstán sobre transporte internacional de viajeros y mercancías por carretera, hecho en Madrid el 30 de octubre de 2000 y Canje de Notas. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 407, de fecha 6 de julio de 2007). (Núm. exp. S. 610/000244) (Núm. exp. C.D. 110/000241).


-- Acuerdo Euromediterráneo de Aviación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte y el Reino de Marruecos, por otra, hecho en Bruselas el 12 de diciembre de 2006. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 409, de fecha 13 de julio de 2007). (Núm. exp. S. 610/000245) (Núm. exp. C.D.
110/000242).


-- Acuerdo entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y Popular sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de servicio, hecho «ad referendum» en Argel el 13 de marzo de 2007.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 410, de fecha 13 de julio de 2007). (Núm. exp.
S. 610/000246) (Núm. exp. C.D. 110/000243).


-- Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones Unidas relativo a la remodelación y renovación de la Sala de Conferencias XX en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, hecho en Madrid el 28 de febrero de 2007.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 413, de fecha 7 de septiembre de 2007). (Núm.
exp. S. 610/000247) (Núm. exp. C.D. 110/000244).


Página 8660


-- Convenio entre el Reino de España y la República de Chipre sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Nicosia el 30 de abril de 2007. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 414, de fecha 7 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S. 610/000248) (Núm. exp. C.D.
110/000245).


-- Acuerdo de Cooperación sobre un sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) civil entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra, hecho en Kiev el 1 de diciembre de 2005. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 415, de fecha 7 de septiembre de 2007). (Núm.
exp. S. 610/000249) (Núm. exp. C.D. 110/000246).


-- Actas aprobadas por el XXIII Congreso de la Unión Postal Universal (UPU), hecho en Bucarest el 5 de octubre de 2004 y Declaración que España formuló en el momento de su firma. (Publicadas en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 416, de fecha 7 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S. 610/000250) (Núm. exp. C.D.
110/000247).


-- Acuerdo entre el Reino de España y la República Federal de Alemania sobre protección mutua de la información clasificada, hecho en Madrid el 21 de mayo de 2007. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 417, de fecha 7 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S. 610/000251) (Núm. exp. C.D.
110/000248).


-- Enmienda al Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, hecho en Sofía el 27 de febrero de 2001.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 418, de fecha 7 de septiembre de 2007). (Núm.
exp. S. 610/000252) (Núm. exp. C.D. 110/000249).


-- Canje de Notas, hecho los días 7 de octubre, 29 de noviembre de 2004 y 11 de enero de 2005, constitutivo de acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa por el que se establecen las modificaciones al Reglamento de caza en las aguas y márgenes del tramo internacional del río Miño. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 419, de fecha 7 de septiembre de 2007).
(Núm. exp. S. 610/000253) (Núm. exp. C.D. 110/000250).


-- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de San Marino al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 420, de fecha 7 de septiembre de 2007). (Núm.
exp. S. 610/000254) (Núm. exp. C.D. 110/000251).


-- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familias dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en Madrid 21 de junio de 2007.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 421, de fecha 7 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S. 610/000255) (Núm. exp. C.D. 110/000252).


-- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Letonia para la protección mutua de información clasificada, hecho en Madrid el 12 de junio de 2007. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 424, de fecha 14 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S. 610/000256) (Núm. exp. C.D.
110/000253).


-- Convenio entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 25 de junio de 2007. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 425, de fecha 14 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S. 610/000257) (Núm. exp. C.D.
110/000254).


-- Enmienda al Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la Justicia en materia de medio ambiente, hecho en Almaty (Kazajstán), el 27 de mayo de 2005.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 426, de fecha 14 de septiembre de 2007). (Núm.
exp. S. 610/000258) (Núm. exp. C.D. 110/000255).


-- Convenio entre el Reino de España y la República del Senegal para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia del impuesto sobre la renta, hecho en Dakar, el 5 de diciembre de 2006.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 427, de fecha 14 de septiembre de 2007).
(Núm. exp. S. 610/000259) (Núm. exp. C.D. 110/000256).


Página 8661


-- Acuerdo general de cooperación entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí, hecho en Madrid el 22 de febrero de 2007. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 428, de fecha 14 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S. 610/000260) (Núm. exp. C.D. 110/000257).


-- Acuerdo de Cooperación sobre un sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) civil entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos por otra, hecho en Bruselas el 12 de diciembre de 2006. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 430, de fecha 14 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S. 610/000261) (Núm. exp. C.D.
110/000259).


Sexto

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

-- De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural. (Núm. exp.
S. 621/000125) (Núm. exp. C.D. 121/000135).


-- De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley Orgánica complementaria del Proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural. (Núm. exp. S. 621/000126) (Núm.
exp. C.D. 121/000150).


Página 8662


SUMARIO

Se abre la sesión a las dieciséis horas.


ACUERDO DE DELEGACIÓN DE LA COMPETENCIA LEGISLATIVA EN LAS COMISIONES (Página 8667)

En la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, del Proyecto de Ley para la regulación del régimen de las empresas de inserción.


En la Comisión Constitucional, de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939.


En la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, del Proyecto de Ley por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.


La Cámara acuerda por asentimiento delegar la competencia legislativa para la tramitación de las iniciativas mencionadas en las correspondientes comisiones.


REVOCACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LA COMPETENCIA LEGISLATIVA (Página 8667)

En la Comisión de Sanidad y Consumo para la tramitación del Proyecto de Ley de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio.


La Cámara acuerda por asentimiento revocar la delegación de la competencia legislativa para la tramitación de la iniciativa mencionada en la Comisión de Sanidad y Consumo, y, en consecuencia, si no prospera la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se observará el procedimiento ordinario para la tramitación del citado proyecto de ley, correspondiendo al Pleno el examen y votación de las enmiendas y votos particulares presentados al mismo.


HABILITACIÓN DE LOS DÍAS Y HORAS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 76 Y 77 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA (Página 8667)

Habilitación de todos los días y horas de los meses de noviembre y diciembre de 2007 para la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.


Se aprueba la habilitación por asentimiento de la Cámara.


ACTAS (Página 8668)

Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 6 y 7 de noviembre de 2007 (Página 8668)

Se aprueban las actas.


ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE (Página 8668)

Elección de miembro titular y suplente de la Diputación Permanente del Senado.


Se aprueba por asentimiento de la Cámara la elección del excelentísimo señor don Daniel Sirera i Bellés como miembro titular y del excelentísimo señor don Juan José Ortiz Pérez como miembro suplente.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN (Página 8668)

Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas y reformas ante el proceso de desaceleración de la economía española (Página 8668)

El señor Gasòliba i Böhm defiende la moción.


La señora Angulo Martínez defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.


La señora Vicente González defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Gasòliba i Böhm expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas.


En turno de portavoces, intervienen los señores Gasòliba i Böhm, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Maqueda Lafuente, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, así como las senadoras Aroz Ibáñez, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Vicente González, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Angulo Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se aprueba la moción consecuencia de interpelación, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, por 130 votos a favor y 111 en contra.


MOCIONES (Página 8675)

Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a aprobar un paquete de ayudas orientadas a facilitar la renovación del parque automovilístico de los vehículos más contaminantes (Página 8675)

Página 8663


El señor Sopeña Velasco defiende la moción.


En turno de portavoces, intervienen los señores Melchior Navarro, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, y Companys i Sanfeliú, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; las señoras Loroño Ormaechea, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; Elices Marcos, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, e Iranzo Sánchez, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como el señor Sopeña Velasco, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se aprueba la moción por 124 votos a favor, 122 en contra y 1 abstención.


Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a continuar e intensificar una campaña de sensibilización sobre las consecuencias negativas del cambio climático (Página 8681)

El señor Bella Galán defiende la moción.


En turno de portavoces, intervienen los señores Mur Bernad, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Melchior Navarro, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; la señora Loroño Ormaechea, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; los señores Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Bella Galán, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Pagola Sáenz, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se aprueba la moción por asentimiento de la Cámara.


Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, por la que se insta al Ejecutivo a seguir negociando con el Gobierno de Aragón para fijar la deuda tributaria que la Comunidad Autónoma reclame con base en lo previsto en su Estatuto de Autonomía antes de la finalización del año 2007, así como a hacer efectivo el pago de una cantidad a cuenta del total de la misma (Página 8686)

El señor Mur Bernad defiende la moción.


La señora Gastón Menal defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Mur Bernad expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda.


En turno de portavoces, intervienen los señores Mur Bernad, por el Grupo Parlamentario Mixto; Ayala Fonte, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; Gasòliba i Böhm, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Maqueda Lafuente, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; las señoras Aroz Ibáñez, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y Gastón Menal, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como el señor Blasco Marques, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se aprueba la moción por 137 votos a favor, 95 en contra y 16 abstenciones.


CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 8696)

Declaración de aceptación por España de la adhesión de Ucrania al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980 (Página 8696)

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Protocolo de 2005 relativo al Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Londres el 14 de octubre de 2005 (Página 8696)

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Protocolo de 2005 relativo al Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, hecho en Londres el 14 de octubre de 2005 (Página 8697)

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo entre el Reino de España y la República de El Salvador sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares, hecho en San Salvador el 27 de marzo de 2007 (Página 8697)

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo General de Seguridad entre el Reino de España y la República Italiana relativo a la protección de la información clasificada intercambiada entre ambos países, hecho en Madrid el 19 de abril de 2007 (Página 8697)

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Página 8664


Acuerdo Marco de cooperación entre el Reino de España y la República de Níger, hecho en Madrid el 7 de marzo de 2007 (Página 8697)

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo sobre privilegios y ventajas referidos a la celebración de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008, celebrado entre el Reino de España y la Oficina Internacional de Exposiciones (OIE), hecho en Madrid el 19 de abril de 2007 (Página 8697)

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Convenio de extradición entre el Reino de España y la República de Cabo Verde, hecho en Madrid el 20 de marzo de 2007 (Página 8697)

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo Marco de cooperación en materia de inmigración entre el Reino de España y la República de Cabo Verde, hecho en Madrid el 20 de marzo de 2007 (Página 8697)

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Convenio entre el Reino de España y la República de Cabo Verde relativo a la asistencia judicial en materia penal, hecho en Madrid el 20 de marzo de 2007 (Página 8698)

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Convenio sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República de Cabo Verde, hecho en Madrid el 20 de marzo de 2007 (Página 8698)

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y Popular, hecho en Argel el 13 de marzo de 2007 (Página 8698)

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Protocolo número 12 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 2000 (Página 8698)

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo entre el Reino de España y Nueva Zelanda sobre el ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares, hecho en Madrid el 12 de abril de 2007 (Página 8698)

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Kazajstán sobre transporte internacional de viajeros y mercancías por carretera, hecho en Madrid el 30 de octubre de 2000 y Canje de Notas (Página 8698)

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo Euromediterráneo de Aviación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte y el Reino de Marruecos, por otra, hecho en Bruselas el 12 de diciembre de 2006 (Página 8699)

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y Popular sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de servicio, hecho «ad referendum» en Argel el 13 de marzo de 2007 (Página 8699)

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones Unidas relativo a la remodelación y renovación de la Sala de Conferencias XX en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, hecho en Madrid el 28 de febrero de 2007 (Página 8699)

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Convenio entre el Reino de España y la República de Chipre sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Nicosia el 30 de abril de 2007 (Página 8699)

Página 8665


Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo de Cooperación sobre un sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) civil entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra, hecho en Kiev el 1 de diciembre de 2005 (Página 8699)

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Actas aprobadas por el XXIII Congreso de la Unión Postal Universal (UPU), hecho en Bucarest el 5 de octubre de 2004 y Declaración que España formuló en el momento de su firma (Página 8699)

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo entre el Reino de España y la República Federal de Alemania sobre protección mutua de la información clasificada, hecho en Madrid el 21 de mayo de 2007 (Página 8699)

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Enmienda al Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, hecho en Sofía el 27 de febrero de 2001 (Página 8700)

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Canje de Notas, hecho los días 7 de octubre, 29 de noviembre de 2004 y 11 de enero de 2005, constitutivo de acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa por el que se establecen las modificaciones al Reglamento de caza en las aguas y márgenes del tramo internacional del río Miño (Página 8700)

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de San Marino al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980 (Página 8700)

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familias dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en Madrid 21 de junio de 2007 (Página 8700)

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo entre el Reino de España y la República de Letonia para la protección mutua de información clasificada, hecho en Madrid el 12 de junio de 2007 (Página 8700)

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Convenio entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 25 de junio de 2007 (Página 8700)

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Enmienda al Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la Justicia en materia de medio ambiente, hecho en Almaty (Kazajstán), el 27 de mayo de 2005 (Página 8701)

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Convenio entre el Reino de España y la República del Senegal para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia del impuesto sobre la renta, hecho en Dakar, el 5 de diciembre de 2006 (Página 8701)

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo general de cooperación entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí, hecho en Madrid el 22 de febrero de 2007 (Página 8701)

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo de Cooperación sobre un sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) civil entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y

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el Reino de Marruecos por otra, hecho en Bruselas el 12 de diciembre de 2006 (Página 8701)

Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 08701)

De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural (Página 8701)

De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el Proyecto de Ley Orgánica complementaria del Proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural (Página 8701)

Por acuerdo de la Junta de Portavoces, el debate de estos dos proyectos se realizará conjuntamente.


Al Proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural, el señor Companys i Sanfeliú defiende la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; la señora Loroño Ormaechea, la propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y el señor Montalvo Garrido, la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Popular.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Rodríguez Cantero.


En turno de portavoces, intervienen los señores Jorquera Caselas, por el Grupo Parlamentario Mixto; Belda Quintana, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, y Companys i Sanfeliú, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; la señora Loroño Ormaechea, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; los señores Batlle Farrán, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Rodríguez Cantero, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Pérez Lapazarán, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se procede a la votación de las propuestas de veto al Proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural.


Se aprueba la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 133 votos a favor, 109 en contra y 3 abstenciones.


En consecuencia, se dará cuenta de dicha aprobación al Gobierno y al Congreso de los Diputados y se pasa a debatir el Proyecto de Ley Orgánica complementaria del Proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural.


La señora Loroño Ormaechea defiende la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


El señor Batlle Farrán defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Rodríguez Cantero.


Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por 15 votos a favor, 213 en contra y 15 abstenciones.


Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés por 30 votos a favor, 211 en contra y 2 abstenciones.


Se aprueba el proyecto de ley por 122 votos a favor y 121 abstenciones.


El señor presidente anuncia que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales este proyecto de ley.


Se levanta la sesión a las veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos.


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Se abre la sesión a las dieciséis horas.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.


ACUERDO DE DELEGACIÓN DE LA COMPETENCIA LEGISLATIVA EN LAS COMISIONES

-- EN LA COMISIÓN DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, DEL PROYECTO DE LEY PARA LA REGULACIÓN DEL RÉGIMEN DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN (S. 621/000134).


-- EN LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL, DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 43/1998, DE 15 DE DICIEMBRE, DE RESTITUCIÓN O COMPENSACIÓN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE BIENES Y DERECHOS INCAUTADOS EN APLICACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DEL PERÍODO 1936-1939 (S.
624/000019).


-- EN LA COMISIÓN DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (S. 550/000046).


El señor PRESIDENTE: Antes de empezar con el orden del día, señorías, voy a dar lectura a una serie de acuerdos tomados en la Mesa, oída la Junta de Portavoces.


Acuerdo de delegación de la competencia legislativa en las comisiones. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 130, apartado 1 del Reglamento, la Mesa del Senado, oída la Junta de Portavoces, en las reuniones de los días 13 y 20 de noviembre de 2007, ha resuelto proponer al Pleno de la Cámara que se delegue en las comisiones correspondientes la competencia legislativa para la tramitación de las siguientes iniciativas: en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, del proyecto de ley para la regulación del régimen de las empresas de inserción; en la Comisión Constitucional, de la proposición de ley de modificación de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939; en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, del proyecto de ley por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.


¿Acuerda la Cámara la delegación de la competencia legislativa plena en dichas comisiones? (Asentimiento)

Queda delegada la competencia legislativa para la tramitación de las iniciativas mencionadas en las correspondientes comisiones.


REVOCACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LA COMPETENCIA LEGISLATIVA.


-- EN LA COMISIÓN DE SANIDAD Y CONSUMO PARA LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES EN LA CONTRATACIÓN DE BIENES CON OFERTA DE RESTITUCIÓN DEL PRECIO (S. 621/000122).


El señor PRESIDENTE: Habiéndose delegado la competencia legislativa en la Comisión de Sanidad y Consumo para la tramitación del proyecto de ley de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio, la Mesa del Senado, oída la Junta de Portavoces, en su reunión del día de hoy, de conformidad con lo previsto con el artículo 130.2 del Reglamento, ha propuesto que el Pleno decida respecto del mismo la observancia del procedimiento ordinario para el supuesto de que no prospere la propuesta de veto presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado y aprobada por la citada comisión.


¿Acuerda la Cámara por asentimiento dicha propuesta? (Asentimiento)

Queda revocada la delegación de la competencia legislativa para la tramitación de la iniciativa mencionada en la Comisión de Sanidad y Consumo. En consecuencia, si no prospera la propuesta de veto referida, se observará el procedimiento ordinario para la tramitación del citado proyecto de ley, correspondiendo al Pleno el examen y votación de las enmiendas y votos particulares presentados al mismo.


HABILITACIÓN DE LOS DÍAS Y HORAS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 76 Y 77 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA (S. 550/000047).


HABILITACIÓN DE TODOS LOS DÍAS Y HORAS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2007 PARA LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2008 (S. 550/000047).


El señor PRESIDENTE: Por otra parte, también se ha acordado la habilitación de los días y horas conforme a los artículos 76 y 77 del Reglamento de la Cámara.


La Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, en su reunión del día 13 de noviembre de 2007, ha acordado solicitar al Pleno la habilitación de todos los días y horas de los meses de noviembre y diciembre de 2007 para la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2008.


¿Se aprueba dicha propuesta por asentimiento? (Asentimiento)

Queda aprobada.


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ACTAS:

-- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES, CELEBRADAS LOS PASADOS DÍAS 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DE 2007.


El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: actas.


Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 6 y 7 de noviembre de 2007.


¿Podemos aprobarlas por asentimiento? (Asentimiento.)

Quedan aprobadas.


ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE:

-- ELECCIÓN DE MIEMBRO TITULAR Y SUPLENTE DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL SENADO (S. 560/000001).


El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: elección de miembros de la Diputación Permanente.


En aplicación de lo establecido en el artículo 46 de Reglamento, procede la cobertura de las vacantes de miembro titular y suplente de la Diputación Permanente del Senado.


El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha formulado la siguiente propuesta: como miembro titular, el excelentísimo señor don Daniel Sirera i Bellés, y como miembro suplente, el excelentísimo señor don Juan José Ortiz Pérez.


¿Lo acuerda la Cámara por asentimiento? (Asentimiento)

Queda aprobado por asentimiento.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN:

-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS Y REFORMAS ANTE EL PROCESO DE DESACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA (S.
671/000137).


El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: mociones consecuencia de interpelación. Moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas y reformas ante el proceso de desaceleración de la economía española.


A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Popular y otra del Grupo Parlamentario Socialista.


Para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Gasòliba.


El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gracias, señor presidente.


Señorías, la economía española ha mantenido un buen ritmo de crecimiento a lo largo de una década, pero las perspectivas económicas han cambiado debido a las turbulencias financieras del pasado verano provocadas por la crisis de las hipotecas subprime o «hipotecas basura». Todo ello ha repercutido muy negativamente en el sistema financiero internacional, provocando inquietud, desconfianza, una quiebra bancaria, sustanciales pérdidas en instituciones financieras, el encarecimiento de los créditos y la restricción en la concesión de los mismos, con claros efectos en el sector inmobiliario.


Esta situación ha provocado la revisión de las perspectivas de crecimiento a todos los niveles y en todas las áreas. Por ello, tal y como tuvimos oportunidad de debatir con el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, el señor Solbes, existe una tendencia clarísima hacia la revisión de las perspectivas de crecimiento de la economía española. Recordemos que las perspectivas de crecimiento para este año se sitúan entre el 3,7 y el 3,8 por ciento, y que en el último trimestre el crecimiento, según Eurostat, fue del 4 por ciento; actualmente, es del 3,8 por ciento, y las cifras de consenso económico se sitúan entre el 2,7 y el 3 por ciento. Únicamente, las previsiones que se mantienen en los Presupuestos Generales del Estado de 2008 establecen un 3,3 por ciento. El propio vicepresidente ya ha admitido en diversos foros, por ejemplo, en el celebrado ayer en el Cercle Financer, en Barcelona, que seguramente no se podrá llegar a esta cifra.


Evidentemente, nadie puede negar que hay una desaceleración y que esta puede ser acusada; sin embargo, también hay dos aspectos positivos: por un lado, el ritmo y la inercia del crecimiento económico aún sitúan en un nivel de crecimiento más que apreciable las estimaciones para el año 2008, aproximadamente un 3 por ciento. Y, por otro, contamos con unas economías públicas muy saneadas, gracias al cumplimiento de nuestros compromisos en la zona euro, que precisamente hace que la economía española presente una situación envidiable en sus grados de cumplimiento y en los objetivos realizados y establecidos en el seno del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.


Sin embargo, no compartimos con el Gobierno la idea de permanecer adormecidos, narcotizados en esta autosatisfacción, aprovechando la inercia que hay o pensando en las bondades de un marco en relación con otros más favorables. Nosotros consideramos que hay que actuar rápidamente en una serie de ámbitos, que son los que concretamos en nuestra moción, y no únicamente de manera inmediata y urgente, sino también pensando a medio y largo plazo, dado que la economía española presenta claras fragilidades, como lo demuestran sus tasas de inflación, su bajo nivel de productividad, un déficit exterior que solo es mayor en los Estados Unidos y es el segundo dentro de las economías desarrolladas.
Por tanto, hay signos preocupantes que señalan fragilidades claras en la economía española.


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Por todo ello, señorías, resumo: nosotros proponemos iniciar una reforma fiscal que sea más acorde y permita mantener unos niveles generalizados de consumo; revisar el Plan de estabilidad 2008...


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.


El señor GASÒLIBA I BÖHM: Concluyo inmediatamente, señor presidente.


Utilizar una parte de nuestro buen superávit en medidas de inversión; por tanto, revisar el Plan de Estabilidad y Crecimiento, como ya discutimos en su momento, y promover un apoyo, un estímulo al crecimiento de sectores de la economía española que puedan tomar el relevo del sector de la construcción. Y a más largo plazo son los que tratamos en el debate, que hacen referencia sobre todo a la flexibilización del mercado laboral, la mejora de las administraciones públicas en su nivel de prestaciones y aquellas medidas tendentes a favorecer un más alto grado de productividad y de competencia en la economía española.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Angulo para defender su enmienda.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


Intervengo para defender la enmienda que hemos presentado a esta moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


Entendemos que la moción es oportuna, aunque no debería serlo, porque a falta de escasos meses para terminar la legislatura definir una política energética, equilibrar la balanza exterior, la estabilidad en el empleo y estimular la actividad económica deberían ya formar parte de un balance de gestión y no de un recordatorio que hay que hacer al Gobierno en relación con todo lo que tiene pendiente y todo lo que le queda por hacer.


Asimismo, entendemos que la moción es necesaria, y tampoco debiera serlo, porque existen decenas de iniciativas aprobadas en esta Cámara que se refieren a muchos de los aspectos reflejados en esta moción y que siguen esperando no ya su cumplimiento, sino que el Gobierno se tome el más mínimo interés por ellas. El pasado 25 de septiembre, sin ir más lejos, el Grupo Parlamentario Popular presentaba una moción en la que instaba al Gobierno a adoptar las medidas económicas oportunas para dar solución a la pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas.


Por tanto, valorando la necesidad y la oportunidad de la moción, hemos presentado una enmienda dirigida fundamentalmente a concretar las medidas a corto plazo. Se trata de plantear al Gobierno una hoja de ruta para estos meses que permita, como dice la moción, frenar la desaceleración y, sobre todo, dar una respuesta inmediata a esas complicaciones e incertidumbres que se amontonan en nuestras familias y empresas. En esa agenda creemos necesario insistir en algunos aspectos urgentes en las dos figuras tributarias. En el apartado a), correspondiente al Impuesto sobre la renta, señalamos cuatro aspectos, a nuestro juicio, importantes: incentivar la generación de ahorro a medio y plazo largo, lo que nos parece inaplazable. Reforzar políticas de carácter fiscal de apoyo a la familia, mayores y discapacitados. Reducir la carga fiscal que, incumpliendo el compromiso del presidente del Gobierno, y de forma absolutamente injustificada, ha aumentado ya entre dos y tres puntos, por lo que entendemos que hay que reducirla y retomar el concepto de mínimos exentos que, desde luego, dan más garantías a las rentas más bajas, algo que entendemos que se hace especialmente importante y necesario cuando se pierde, como decía, poder adquisitivo, y es que los españoles comprueban cada día cómo sus salarios les permiten comprar menos y les obligan a privarse de más. Las subidas persistentes de precios llevan demasiado tiempo deteriorando la renta disponible y el bienestar de las familias españolas. Las subidas de tipos de interés están dificultando a muchas familias llegar a fin de mes. Y por si fuera poco, más impuestos, una mayor carga fiscal que como media le resta a cada familia 1.300 euros al año.


Con esta enmienda, por tanto, le estamos diciendo al Gobierno que tiene que tomar medidas en ese sentido y que tiene que hacerlo ya. La reforma fiscal que aprobaron en el año 2006 generó perdedores, y entre ellos los más perjudicados fueron las familias con una renta comprendida entre 18.000 y 21.000 euros, que son las que lo están notando de forma significativa. Asimismo, planteamos un aspecto no menos importante, como es generar las oportunidades necesarias para que el esfuerzo económico que los jóvenes tienen que hacer si optan por comprar o rehabilitar una vivienda sea posible y asequible, por lo que es preciso recuperar los porcentajes de deducción que existían antes y que han disminuido.
Recuperar los porcentajes especialmente altos para los jóvenes no sería una mala idea porque podrían deducirse hasta un 30 por ciento. En ese sentido, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado iniciativas en otras ocasiones.


A nuestro juicio, tampoco se entiende el empeño en mantener unos tipos considerablemente más altos que la mayoría de países de nuestro entorno en el Impuesto sobre Sociedades. Entendemos que esto nos cierra las puertas a la entrada de inversión extranjera directa, a la captación de nuevas inversiones y, sin embargo, abre puertas a nuevas pérdidas de competitividad, justo lo contrario de lo que necesita nuestra economía.
Menos aún se entiende el empeño del Gobierno por desmantelar -por limpiar, como decía el secretario de Estado de Hacienda, el señor Ocaña- de manera progresiva pero definitiva un sistema de deducciones que al final se traduce, si consideramos el Impuesto sobre Sociedades de una manera efectiva, en una rebaja cero. Entendemos, por tanto, que una verdadera apuesta por determinadas inversiones en las empresas, como puede ser la creación de empleo, la innovación, la internacionalización, las actividades de investigación y

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desarrollo, requiere los incentivos adecuados, y eso es lo que pretendemos asegurar con este apartado. Por eso lo ponemos en reformas urgentes, a corto plazo, porque entendemos que tiene que tener precisamente carácter inminente.


En cuanto al apartado 1 b), instamos al Gobierno a cumplir sus propias normas. Es en ese Plan de estabilidad 2008-2010 donde se dice que las previsiones de ingreso se establecerán considerando los efectos tendenciales y coyunturales de la economía. Pero el Gobierno sigue desde junio -como si esto no fuese con él-- insistiendo en una previsión de crecimiento que nadie más cree, ni con mucho. Incluso las estimaciones de los organismos internacionales, de los foros de análisis y de numerosos expertos andan seis décimas e incluso ocho por debajo de la previsión de crecimiento del Gobierno, con una estimación del precio del barril de petróleo muy por debajo de la que ya ha alcanzado, un Gobierno que sigue ignorando los efectos que puede tener la crisis financiera internacional.


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.


Y proponemos el escenario de gastos de acuerdo con unas previsiones reales de ingresos a fin de procurar un superávit suficiente que permita mantener la capacidad estabilizadora de la política fiscal en la fase baja del ciclo. En definitiva, un superávit suficiente que nos permita afrontar la desaceleración con las debidas garantías.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Vicente para defender su enmienda.


La señora VICENTE GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Voy a hacer uso de este turno para referirme a la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista a la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió sobre las medidas y reformas ante el proceso de desaceleración económica.


Lo que nosotros planteamos no es más que el modelo de política económica que está llevando a cabo el Gobierno que, como hemos podido comprobar, nos ha traído muy buenos resultados, usted mismo lo ha dicho antes. Tan buenos resultados que sitúa a España como país con mayor crecimiento económico de la zona euro. Tan buenos resultados que sitúa a España a la cabeza de los países industrializados de Europa. Les recuerdo que el crecimiento económico del PIB en el tercer trimestre de 2007 ha sido del 3,8 por ciento. Han sido tan buenos resultados que crecemos incluso más que Estados Unidos y Japón, para algunos modelos de crecimiento económico. Por cierto, Estados Unidos creció al 2,6 por ciento y Japón al 2,2. Tan buenos resultados han sido que la economía española tiene una gran fortaleza incluso aunque haya subidas de petróleo -que, es cierto, hay que reconocerlo- que no solo afectan a la inflación en España sino también a la del resto de los países de la zona euro y del resto de países occidentales. Tan buenos resultados son que según el barómetro del clima de negocios en España desde la perspectiva del inversor extranjero se puntúa en 3,4 sobre 5 la confianza que se tiene en nuestro país a la hora de invertir, y basta con ver el aumento de empresas extranjeras que se han establecido en España en los últimos años.


Pues bien, bajo este panorama presentamos nuestra propuesta, que tiene muchos puntos en común con la presentada en la moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Por tanto, entendemos que podemos llegar a un acuerdo para que de esta Cámara salga una moción en favor de la economía española, que es lo que tenemos que sacar adelante. También estamos de acuerdo en que es necesario impulsar medidas destinadas a estimular el crecimiento de aquellos sectores que deben tomar el relevo de la construcción, medidas que estimulen la actividad de la industria y de los servicios. Estamos totalmente de acuerdo, y en nuestra propuesta también se recoge. Como estamos de acuerdo también en incrementar la productividad. Es más, yo añadiría que uno de los ejes principales de la política económica de este Gobierno ha sido incrementar la productividad. Y también estamos de acuerdo en mejorar la formación de los trabajadores y la estabilidad del empleo, como no podría ser de otra forma, claro está, añadiendo, además, que se tiene que respetar el acuerdo dentro del marco de diálogo social tenido en cuenta por los interlocutores sociales.


Estamos también de acuerdo en la necesidad de un pacto de Estado sobre políticas de investigación y desarrollo. Es más, añadimos que ese pacto de Estado con las comunidades autónomas que se alcanzó en enero de este año en esta Cámara durante la III Conferencia de Presidentes Autonómicos mediante la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología tenemos que ponerlo en valor, como así lo decimos en nuestra propuesta. No lo dejemos caer en saco roto porque este pacto de Estado ya está realizado.


En cuanto a la política energética, es cierto que hay que definir una política energética que no sea dependiente, y así lo recoge también nuestra propuesta. Es cierto que España, desgraciadamente, depende mucho de los combustibles, del petróleo, por lo que hay que definir una política energética estable.


En relación con la fiscalidad, es necesario deflactar la tarifa del IRPF para el año 2008 -que no se hizo, por cierto, en otros tiempos-, que no es otra cosa que elevar los tramos de la tarifa del IRPF en consecuencia con la inflación y así evitar que los contribuyentes paguen más impuestos.


Esta es la propuesta del Grupo Socialista. Entendemos que hay muchos puntos en común, por lo que podemos llegar a un acuerdo. Esperamos que nuestra propuesta sea aceptada, porque de lo contrario los ciudadanos nunca van a entender que aunque la economía española vaya bien,

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los grupos parlamentarios, los partidos políticos no se pongan de acuerdo en un análisis común. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Gasòliba para manifestar su posición sobre las enmiendas que acaban de debatirse.


El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gracias, señor presidente.


Señorías, la posición del Grupo de Convergència i Unió, que me honro en representar, es favorable a aceptar la enmienda presentada por el Grupo Popular y, en cambio, contraria a aceptar la que propone el Grupo Socialista.


La enmienda que presenta el Grupo Popular es complementaria a las líneas maestras de nuestra moción y lo que hace es concretar algunos aspectos con los cuales estamos de acuerdo. Por ejemplo, pone el acento en precisar la rebaja del Impuesto sobre Sociedades cuando se habla de una revisión del régimen fiscal; cuando se habla de precisar algunos colectivos sociales que deben recibir una especial atención y se hace mención especial a las familias. También se han analizado los tramos de la sociedad que pueden salir más beneficiados, y que son aquellos que están más presionados en función de sus compromisos; pienso, por ejemplo, en uno clarísimo, que es la dificultad, en muchos ámbitos de nuestra sociedad, para acceder a la vivienda, dado su elevado coste y sobre todo después de que de forma progresiva el nivel de interés se haya ido incrementando, y también porque introduce un marco a medio plazo concordante con el que nosotros hemos propuesto. Por tanto, la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular detalla, precisa y va en la línea de lo que nosotros defendemos, no así la propuesta que acaba de defender la senadora Vicente.


Quiero dejar muy claro de nuevo, insisto, que no pongo en duda la buena evolución de la economía española, y se lo he reconocido al vicepresidente Solbes y lo he reconocido también al iniciar mi defensa de esta moción. El asunto no es este, no es autocomplacerse en el desarrollo de la economía pasada, incluso hasta hoy, pues ya he reconocido que aún tiene energía positiva. La economía, que durante este trimestre está creciendo -aunque hay una diferencia de apreciación- entre el 3,6 y el 3,8 por ciento, es una economía que muestra una buena dinámica. Pero también he explicado que al final del año que viene lo que este año cerramos entre un 3,6 y un 3,8 -y hay una coincidencia, incluso del Banco de España, ya no hablo del Fondo Monetario ni de la OCDE ni de lo que se llama el consenso económico de las diversas entidades independientes-, se situará entre el 2,7 y el 3 por ciento.


Por tanto, está claro que hay una desaceleración y nos hemos de enfrentar a ella, no de una manera genérica, como propone el grupo parlamentario.
Tomo un ejemplo, deflactación de la tarifa del IRPF para el 2008. Es verdad , hacen esto y dicen que no tomamos la medida de la inflación.
Pero lo que no tienen en cuenta -esto lo debatimos con el vicepresidente Solbes- es que en estos últimos años la presión fiscal ha aumentado. Por lo tanto, lo que hacen es mantener el nivel de presión fiscal que ha habido en los últimos años. O no tienen en cuenta mejorar el clima impositivo en las pequeñas y medianas empresas. Tampoco tienen en cuenta un tema que usted no ha mencionado y que para nosotros es fundamental, que es suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio.


Hay toda una precisión en la reforma fiscal que no se quiso hacer con la profundidad que nosotros reclamábamos cuando discutimos la nueva Ley de Reforma Fiscal y de Lucha contra el Fraude que se ha de tener en cuenta, al menos desde nuestro punto de vista, en un proceso de clara desaceleración.


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.


El señor GASÒLIBA I BÖHM: Acabo enseguida, señor presidente.


Por lo tanto, una declaración genérica como cuando usted dice «lucharemos para mejorar la productividad» nos parece muy bien, pero hay una cosa que la senadora Vicente también ha dicho, y es que hemos de considerar que la inflación también aumenta en otros países de la Unión Europea. No vale, mire el diferencial de inflación y verá que este se está agravando. Por lo tanto, la pérdida de competitividad se está agravando. Esto tiene una contrapartida que puede ver inmediatamente en la evolución del déficit exterior.


Por tanto, le agradezco la buena voluntad para intentar ofrecer un texto alternativo, pero no va en la dirección que nosotros proponemos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Mixto? (Pausa.)

¿Grupo de Coalición Canaria? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Gasòliba.


El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gracias, señor presidente.


Voy a acabar de desarrollar lo que quería tratar con más detalle a modo de síntesis porque luego ya no podré replicar.


Yo querría destacar que nuestra propuesta está hecha con ánimo constructivo. Nosotros no estamos criticando el desarrollo de la política económica. Hay algunos temas que nosotros hemos defendido y hemos mostrado nuestra discrepancia con el Gobierno. Por ejemplo, en la asignación y el establecimiento del superávit, no de que haya superávit, que estamos de acuerdo, sino del nivel de superávit en el Plan de Estabilidad y Crecimiento establecido con la Unión Europea.


Hay otros temas que no se han abordado a tiempo y lo hemos ido repitiendo: la necesidad de ser sensible a la inversión productiva, la necesidad de dar un marco mejor desde el punto de vista fiscal, la de no obviar y tomar en cuenta que ha habido una presión fiscal. Evidentemente,

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las lecturas de la senadora Vicente y las mías son diferentes. Si tuviese en cuenta el barómetro del clima de negocios en España, que lo ha hecho el Centro Internacional para la Competencia del IESE, que es una entidad que está considerada entre las cinco primeras del mundo en empresas de negocio y que está reconocida como una entidad objetiva, vería que esto no lo puede afirmar porque no es verdad. Nosotros estamos perdiendo posiciones en lo que podríamos decir que es la valoración internacional para atraer inversiones de otros países o de multinacionales.


Si lee el decálogo de recomendaciones no solo para atraer sino también para retener inversión extranjera en España hecha por la Cámara de Comercio Americana que quiere atraer inversiones norteamericanas a España, verá las lagunas que hay.


Y si hablamos de productividad, lea el último número monográfico de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, que tiene un título muy significativo: A la búsqueda de la productividad perdida. Por lo tanto, no leemos lo mismo; yo leo -creo- informes más objetivos que los que debe de leer la senadora Vicente.


Las propuestas que hago son para que la economía española continúe yendo bien, no con el deseo de que haya un freno, de que la desaceleración se pueda convertir en algo más grave. Mi tesis es: nosotros hemos tenido un buen nivel de desarrollo -no lo niega nadie-, tenemos una posición excelente dentro de la Unión Europea, pero tenemos fragilidades, y en ello coinciden los expertos y los analistas. Solo tienen que leer el informe de la Comisión Europea sobre España, o el informe anual del Banco Central Europeo, por no hablar de las recomendaciones que viene haciendo el propio Banco de España. Hasta ahora para atacar las acciones que están en esas recomendaciones había una especie de anestesia: como nos desarrollábamos muy bien, como el sector de la construcción iba muy bien, como el turismo iba muy bien, la pérdida de competitividad y la pérdida de puestos de trabajo, por ejemplo en la industria, no preocupaba, y la evolución del déficit exterior, tampoco. Pero cuando de un año que cerraremos al 3,6 o 3,8 por ciento pasemos a cerrarlo alrededor del 3 por ciento -pongamos una cifra de consenso-, nos hemos de preocupar.


E insisto: no considere que la inflación también crece en la zona euro, considere la diferencial de inflación entre España y la media de la zona euro, que es la que expresa y la que lleva la política monetaria del Banco Central Europeo para fijar los tipos de interés. Y cuando estos afectan a un sector como el de la construcción, que ha sido motor principal del crecimiento de la economía española, nos hemos de preocupar y hemos de hacer reformas fiscales, mejorar la productividad, introducir reformas en el mercado laboral, suprimir impuestos, etcétera.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor GASÓLIBA I BÖHM: Eso, en síntesis, es un deseo de mejora y de que la desaceleración sea lo más corta posible y volvamos a entrar en la senda del crecimiento.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Maqueda.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente. Arratsalde on.


Señorías, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos está totalmente de acuerdo con el espíritu de la moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Estamos seguros de que en estas fechas electorales el apoyar este programa, además con la enmienda incorporada del Grupo Parlamentario Popular, podría malinterpretarse, pero no se puede ni se debe discutir que existe una desaceleración en la economía española. Es un hecho que no lo discute nadie: ni los economistas, ni mucho menos los ciudadanos, que ven mermada su economía día a día y que les cuesta un tremendo esfuerzo llegar a final de mes.


Nosotros creemos que no se debe caer en la autocomplacencia ni mucho menos. La economía española va bien, se están creando puestos de trabajo -eso es un hecho-, pero también se ha dicho -aquí lo hemos repetido en más de una ocasión y lo dicen los organismos internacionales independientes que se han mencionado esta tarde- que existe una presión fiscal importante, que existe una presión a nivel de impuestos tanto para las pequeñas y medianas como para las grandes empresas, y que, en definitiva, baja el poder adquisitivo de los ciudadanos.


Nuestro grupo ha planteado en numerosas ocasiones la necesidad de una reforma fiscal; creemos que es necesaria y que el Gobierno debe asumirla cuanto antes. La crisis hipotecaria que están viviendo las familias también se está haciendo notar y, como decía anteriormente, los esfuerzos para llegar a fin de mes en las economías familiares y en las empresas son cada día mayores. En consecuencia, lo que pedimos es que el Gobierno haga un esfuerzo fiscal, un esfuerzo importante en economía, y en esta época de período electoral, con promesas de un tipo y de otro, proponemos dar soluciones entre todos para tratar de conseguir que los ciudadanos, empresas y particulares puedan vivir de una manera más holgada.


Repito, señor presidente, que nuestro grupo va a votar a favor de esta moción.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo de la Entesa tiene la palabra la senadora Aroz.


La señora AROZ IBÁÑEZ: Gracias, señor presidente.


Intervengo brevemente para anunciar el voto negativo de mi grupo parlamentario a esta moción que nos presenta el Grupo de Convergència i Unió.


Es una iniciativa que viene a anticipar el debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2008 tanto del análisis de la situación económica como del avance de determinadas propuestas, y por ello no voy a entrar en el

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contenido propiamente económico de la moción. Creo que será más adecuado hacerlo el próximo día 10, junto con el Gobierno. No obstante, quisiera hacer dos comentarios.


El primero está en relación con el cambio actual en la composición del modelo de crecimiento. Como he manifestado en otras ocasiones, este cambio no es fruto del azar ni de una desaceleración, ni tampoco de un cambio de ciclo, como decíamos hace pocas semanas en el debate de una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular sobre ese mismo tema. El cambio que se está produciendo en la composición del modelo de crecimiento es fruto de lo que ha impulsado el Gobierno, es fruto de la política económica del Gobierno, que busca un modelo de crecimiento más equilibrado una vez finalizado, acabado, agotado el modelo de crecimiento de la etapa anterior. Y es un cambio que está sostenido por el Programa Nacional de Reformas, que se va aplicando gradualmente con buenos resultados, como ha señado la senadora Vicente al hablar de determinadas cifras, tanto en términos de crecimiento como en términos de empleo; todo ello, naturalmente, sin perjuicio de que hay que tener en cuenta -espero que podamos debatirlo- los efectos que puede producir en nuestro crecimiento la crisis financiera internacional.


El segundo comentario que quería hacer es de carácter político. A mi grupo le parece muy destacable lo que ha venido expresando el grupo proponente de esta iniciativa, en particular, su portavoz, el senador Gasòliba, que ha hecho un reconocimiento expreso de la buena marcha de la economía. Lo hizo en el debate de la interpelación con el vicepresidente del Gobierno y ha vuelto a hacer valoraciones en el mismo sentido en la presentación de esta moción. Por ello, mi grupo parlamentario esperaba que, en coherencia con esa valoración, con ese reconocimiento de la buena marcha de la economía española y de la política económica del Gobierno, pudiese ser aceptada la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, lo que de alguna manera representaría reforzar esa línea de trabajo y la dirección que favorablemente valora el grupo proponente. No ha sido así, y entendemos que con la aceptación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, en caso de aprobarse la moción va a producirse una variación, un cierto cambio en esa orientación positiva de la política económica del Gobierno. En consecuencia -lo siento, senador Gasòliba-, mi grupo parlamentario no puede apoyar la moción con la modificación que supone la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, por lo que vamos a votar en contra de esta iniciativa.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Vicente.


La señora VICENTE GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Senador Gasòliba, me dirijo a usted, que es quien propone esta iniciativa esta tarde. Usted ha realizado un análisis de las economías europea y mundial y además ha propuesto un programa de gobierno, muy legítimo, por cierto. La cuestión es que parece que su actuación no tiene rumbo, porque, a pesar de que existen muchas coincidencias entre su propuesta y la mía, como he puesto de manifiesto en mi intervención anterior, da la sensación de que, por si acaso puede gobernar el Partido Popular -eso lo tendremos que ver-, acepta su enmienda por lo que pueda suceder. ¡Y vaya tela asumir la propuesta electoral del Partido Popular!

Además, me remito a los hechos. Ustedes asumen los postulados que en materia fiscal mantiene el Partido Popular en su programa, cosa que respeto, si bien no entiendo. Y digo esto, porque después de haber aprobado con este Gobierno una reforma fiscal del IRPF, por cierto con muchas de sus aportaciones, ahora echan marcha atrás y prefieren hacerse los longuis.


No sé si usted tiene un dato en cuenta, pero se lo voy a recordar. El Partido Popular ha manifestado que va a realizar una nueva reforma fiscal y que va a bajar los impuestos -parece que ese es uno de los diez puntos fundamentales de su nuevo programa electoral; es más, creo que no tiene ninguno más. (Rumores.) , pero quiero hacerle un recordatorio. Mientras que el Partido Popular manifiesta que va a reducir los impuestos, el periódico El Adelanto publicó el lunes que los vecinos de Salamanca estaban muy enfadados con el alcalde del Partido Popular porque estaba subiendo un 80 por ciento las tarifas de los impuestos municipales.
(Rumores. Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!) Y le recuerdo a usted, como persona inteligente que es, que tenga cuidado, no le vayan a engañar.


En cuanto a la estabilidad presupuestaria, señoría, ¿no le parece a usted que revisar las previsiones de estabilidad presupuestaria todos los días no haría más que crear inestabilidad en el propio mercado? Usted mismo ha dicho que hay que reconocer que este Gobierno ha tenido un superávit presupuestario, y es digno ese reconocimiento en su persona.


Usted ha manifestado que no solo se refiere al análisis del Fondo Monetario Internacional, y menos mal que no solo hace referencia a ese análisis, porque en los tres últimos años, desde 2005 hasta 2007, las previsiones de crecimiento económico anunciadas por el Fondo Monetario Internacional han sido erróneas, y se las puedo citar. El Fondo Monetario Internacional señaló que en 2005 la economía española iba a crecer a un 2,9 por ciento y lo hizo a un 3,6; en 2006 anunció que el crecimiento sería de un 3 por ciento y fue de un 3,9; y en 2007 adelantó que iba a crecer a un 3 por ciento pero se prevé que vaya a crecer a un 3,8 por ciento. Por tanto, como he dicho, es digno de usted reconocer que no solo se pueden tener en cuenta las previsiones del Fondo Monetario Internacional.


Pero remitámonos a la situación de la economía española. Antes le he recordado los datos económicos y macroeconómicos, que quizá pasen desapercibidos pero que yo quiero poner en valor. Además de que pasen desapercibidos, usted ha manifestado -es cierto, y yo

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también lo reconozco- que el incremento del precio del petróleo ha sido una de las causas por las que parece ser que el crecimiento económico ha sufrido un leve retroceso, pero tiene que reconocer que no es el Gobierno de España el causante de que el precio del petróleo aumente. (Rumores.)

Parece que les preocupa la productividad, y precisamente antes he manifestado que es uno de los ejes fundamentales de la política económica del Gobierno. Se busca aumentar la productividad y fortalecer el tejido productivo español en aras de un desarrollo de la economía y de conseguir unos mayores niveles de bienestar económico y de progreso social. Además, hay que ver el lado positivo: el 70 por ciento de las empresas extranjeras en España prevén que el próximo 2008 van a aumentar su inversión. Es un dato a tener en cuenta y también digno de reconocer.


Por cierto, no sé si lo saben sus señorías pero el Plan Nacional de Reformas, línea principal de la política económica de este Gobierno, va por ese camino, por el de incentivar la investigación y el desarrollo; y como antes he dicho en mi intervención, desde la Conferencia de Presidentes autonómicos celebrada en esta Cámara se ha impulsado esta medida.


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.


La señora VICENTE GONZÁLEZ: Sí, señor presidente, termino en seguida.


Quiero hacer un comentario sobre el empleo y la formación laboral. Es cierto que hay que mejorar la formación laboral de los trabajadores y la estabilidad en el empleo, pero hay que hacerlo en el marco del diálogo social.


Por último, voy a hacer una breve referencia a la inflación. Es cierto que en los últimos meses ha aumentado y que es difícil determinar exactamente cuál ha sido la causa fundamental de este incremento. Es cierto también que el precio del petróleo ha tenido mucha culpa de ello, como antes he manifestado, pero hay que tener en cuenta que eso no solo ha sucedido en España, por lo que, repito, no se puede decir que el Gobierno haya tenido la culpa. En todos los países occidentales la dependencia del petróleo ha hecho que aumente ligeramente la inflación. Yo creo que tenemos que tener en cuenta este análisis.


Por supuesto, no votaremos a favor de la moción o del programa electoral conjunto de Convergència i Unió y del Partido Popular porque, obviamente, no podemos estar de acuerdo con él. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Angulo.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario Socialista está pensando en marzo y no ve más allá, ni en la economía de las familias ni en ninguna otra cosa. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Empezaré por el principio, agradeciendo al senador Gasòliba la aceptación de nuestra enmienda a su moción.


Al senador Maqueda quisiera decirle que esto no puede dar lugar a malentendidos porque a lo largo de esta legislatura ustedes y nosotros hemos presentado numerosas iniciativas, y hoy somos coherentes con ellas.
Hemos hablado de corregir la inflación, y se lo hemos exigido al Gobierno desde el año 2004; hemos hablado de reducir impuestos; y hemos hablado de todo aquello de lo que hoy estamos hablando: de política energética y de estabilidad en el empleo, senadora Vicente. Y ustedes, o bien lo han rechazado, o el Gobierno lo ha metido en el cajón de los papeles porque no nos hace caso, ni a nosotros ni a ustedes. Ese es el problema de este Gobierno.


Usted habla de política económica como si la hubiera, y no es que nosotros queramos cambiarla, porque para ello primero habría que tenerla. El señor Zapatero no tiene una política económica, y ese ha sido el gran problema.
¿Cuál es la política económica del señor Zapatero? ¿La de su asesor económico, el señor Taguas, cuando cuestionó la sostenibilidad del sistema de pensiones, o la de los responsables del Ministerio de Trabajo, cuando calificaron ese artículo de falto de rigor?

¿La política económica es la de la oficina cuyo responsable, nuevamente el señor Taguas, apostaba por eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio, o es la suya de hoy, en que van a votar en contra de eliminar ese impuesto? ¿Cuál es la política del señor Zapatero? ¿La de la oficina, en este caso del señor Sebastián, que en unas jornadas presumía de aumentar la efectividad de los incentivos fiscales e incluso hablaba de que había creado un grupo de trabajo, o la del señor Solbes, que menos de un año después los desmanteló? ¿Cuál es la política económica del señor Zapatero? Esta es la historia de su política económica: mentidos y desmentidos; dicciones y contradicciones que al final nos están perjudicando a todos.


Por otro lado, ¿de verdad se han creído ustedes eso del cambio del patrón de crecimiento? La respuesta del señor Solbes al senador Gasòliba durante el pasado trámite de interpelación nos deja perplejos. Entonces dijo el señor Solbes lo siguiente: Simplemente tenemos una desaceleración que nos ayuda a modificar el patrón de crecimiento, que es lo que venimos intentando hacer desde el principio de la legislatura.


No se puede pedir más conformismo ni menos ambición, señorías. Es decir, que el señor Solbes lleva toda la legislatura intentando cambiar el patrón de crecimiento, y ha tenido que ser la desaceleración la que le eche una mano con lo que no sabía ni podía hacer. Eso es lo que nos dice el señor vicepresidente del Gobierno, señorías. Repito que no se puede tener menos ambición. Insisto, al final las familias tienen menos renta disponible, menos para gastar, menos para invertir y menos para ahorrar.
Pero eso a ustedes no les preocupa. La teoría del señor Solbes y la teoría del Partido Socialista sería, entonces, la siguiente: gastan menos, y así disminuye el consumo; invierten menos -tal y como aparecía hoy en la prensa, hay una caída de siete puntos en la contribución a la construcción del PIB-, y

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ahorran menos porque no llegan a fin de mes. ¿Es ese su patrón de crecimiento, señores del Grupo Parlamentario Socialista? Aunque más que una pregunta es una confirmación. Ese es su patrón de crecimiento: la despreocupación y el abandono de las familias españolas.


Hoy nos han dejado ustedes dos cosas muy claras con su enmienda y con la intervención de su portavoz. En primer lugar, que el PSOE no tiene como objetivo prioritario el pleno empleo, algo que es irrenunciable, y por ello es imposible un análisis común. Para nosotros es irrenunciable llegar al pleno empleo. Y el que aumente la productividad, no porque se innove, no porque haya una mejor regulación, no porque la educación mejore su calidad, no porque se gestionen bien las infraestructuras, sino porque hay una caída en el número de puestos de trabajo, porque hay un aumento del paro, es algo que ya inventaron ustedes hace muchos años; no es nada nuevo. Y no somos los del Partido Popular los que lo decimos, sino que el señor Solbes, el mismo día, hablando de la productividad, decía que es consecuencia de la caída del empleo. El vicepresidente lo confirmó el otro día en respuesta al señor Gasòliba. Fue muy elocuente, desde luego; nosotros no podemos explicarlo mejor.


Solo quiero recordarles que de esos 31.900 parados más del mes de octubre -de este octubre negro- más de un 41 por ciento son jóvenes entre 20 y 24 años. Así empezaron ustedes en los años noventa el declive, y parece que ahora vuelven a las andadas. Se va acabando la herencia. Va quedando al descubierto que los nuevos tiempos del PSOE nos traen al mismo ministro y las mismas recetas. Y lo más importante es que hoy nos han dicho ustedes que no quieren bajar los impuestos. Ya sabíamos que no quieren bajarlos.


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Que no tienen inconveniente en que siga aumentando la presión fiscal, que no quieren más deducciones ni para familias ni para empresas, que no quieren reducir el Impuesto sobre Sociedades, que no quieren eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio. Y, desde luego, todo eso es comprensible en ustedes; tienen muchos compromisos de gasto, y ser pródigos en el gasto requiere que sean voraces en la recaudación.


Y terminaba usted, senadora Vicente, hablando de credibilidad y de confianza. Pues los indicadores de confianza son muy claros: hemos perdido muchos puntos en los últimos meses y sobre todo hay incertidumbre, hay desconfianza y hay inquietud acerca de las expectativas de crecimiento de la economía familiar.


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.


Nosotros defendemos hoy nuestra enmienda. Vamos a votar a favor de la moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Y lo que pedimos al Gobierno es que la cumpla y que empiece por hacerse merecedor de esa confianza, porque la confianza y la credibilidad requieren cumplimiento y no sólo compromisos, y porque la confianza -usted antes decía: parece que van a ganar las elecciones- que ustedes mismos pueden tener en que ganemos las elecciones y en que de verdad reduzcamos esos impuestos nos la da la credibilidad. Porque cuando estuvimos en el Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino.


Cuando estuvimos en el Gobierno apostamos por la reducción de impuestos, hicimos dos reducciones de impuestos que contribuyeron al denominado milagro económico.


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Porque en la oposición hemos defendido las bajadas de impuestos.


El señor PRESIDENTE: Señoría, ha terminado. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, con la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 130 ; en contra, 111.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


MOCIONES:

-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A APROBAR UN PAQUETE DE AYUDAS ORIENTADAS A FACILITAR LA RENOVACIÓN DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO DE LOS VEHÍCULOS MÁS CONTAMINANTES (S. 662/000203).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al cuarto punto del orden del día: Mociones.


Del Grupo Parlamentario popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a aprobar un paquete de ayudas orientadas a facilitar la renovación del parque automovilístico de los vehículos más contaminantes.


Para la defensa de esta moción tiene la palabra el senador Sopeña.
(Rumores.)

Señorías, ruego abandonen el hemiciclo aquellos que no quieran escuchar.
(Pausa.)

Tiene la palabra, señoría.


El señor SOPEÑA VELASCO: Gracias, señor presidente.


Señorías, en 1997 se aprueba por ley el Programa Prever con la finalidad de modernizar el parque de vehículos

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y mejorar la seguridad vial y la defensa y la protección del medio ambiente mediante la reducción de emisiones contaminantes. Se decía en el texto de dicha ley que entre sus objetivos estaba la reducción de las emisiones de plomo, de azufre y de óxidos de nitrógeno y carbono.


Se aprobaron entonces una serie de ayudas al comprador de un automóvil de las que el concesionario se resarcía mediante deducciones en el Impuesto sobre Sociedades.


Desde 1997 hasta el día de hoy el plan ha sufrido una serie de modificaciones y prórrogas -la última durante 2006- anunciándose su fin el 31 de diciembre del presente año. Pese a todo, este plan ha tenido un éxito incuestionable y a él se le debe la renovación de un total de tres millones 300.000 vehículos.


Pero el problema de la contaminación atmosférica por el uso del automóvil está a día de hoy, y a pesar de este plan, lejos de su solución, por lo que entendemos que el mantenimiento de un plan Ecoprever, orientado a criterios de carácter medioambiental, sigue siendo una herramienta útil.


Los últimos estudios demuestran que cada año alrededor de 360.000 europeos mueren de forma prematura a causa de la contaminación atmosférica.
Asimismo, las enfermedades provocadas por los niveles actuales de partículas en suspensión en el aire causan 100.000 ingresos hospitalarios al año, con el consiguiente impacto no solo en la salud pública sino también en los presupuestos de las administraciones públicas.


Se sabe, por otra parte, que la Comisión Europea ha anunciado que iniciará acciones legales contra los Estados miembros que no consigan garantizar una calidad del aire adecuada a sus ciudadanos. En entornos urbanos, el dióxido de carbono, las partículas en suspensión, los óxidos de nitrógeno y el ozono son los contaminantes atmosféricos que suelen causar la mayor preocupación por su impacto para la salud y el medio ambiente. En concreto, las partículas en suspensión se inhalan con facilidad, penetran en lo más profundo de los pulmones y provocan graves enfermedades cardíacas y respiratorias. Y son los coches, señorías, los que circulan por nuestras ciudades y carreteras, los que más contaminan la atmósfera.
Se calcula que el parque español de turismos produce al año casi 50 millones de toneladas de C02. Se trata pues de una situación insostenible que hay que atajar cuanto antes. Consideramos, por tanto, indispensable adoptar medidas que ayuden al usuario a cambiar su coche por otro más ecológico.


Entendemos que con la mera modificación del Impuesto sobre Matriculación, sin un plan consecuente de renovación del parque con arreglo a criterios ecológicos, no se conseguirá en la práctica reducir sustancialmente los niveles de emisiones del parque total de vehículos. Y esto se debe, señores senadores, a que los vehículos de más de diez años de antigüedad son en gran medida los responsables de las emisiones de CO2 a la atmósfera, y España tiene un parque de vehículos muy antiguo.


Si tenemos en cuenta que en España más de 6 millones y medio de vehículos, el 32 por ciento de nuestro parque automovilístico, superan los diez años de vida y que un vehículo de esta antigüedad contamina mucho más que uno nuevo de cualquier cilindrada, convendrán conmigo en que la mejora en la calidad del aire necesita que se mantengan las medidas que incentiven la renovación de la flota de vehículos.


La edad media del parque de turismos en España es superior a la de los principales países de la Unión Europea, como Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. A esto hay que añadir que el 23,3 por ciento de nuestro parque no cumple con ninguna de las directivas medioambientales europeas, de la Euro 1 a la Euro 4; lo que en la práctica resulta es que el 20 por ciento de los vehículos en circulación en España produce en la actualidad el 80 por ciento de la contaminación; producen menos contaminación 100 coches nuevos que un vehículo fabricado antes de 1970.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular considera que hay que reorientar la renovación del parque mediante el incentivo de compra de vehículos menos contaminantes. A modo de ejemplo, en Italia, la compra de un turismo Euro 4 o Euro 5, con emisiones de hasta 140 gramos de CO2 por kilómetro, con entrega de un vehículo Euro 0 o Euro 1, recibe una ayuda de 800 euros, así como la exención del Impuesto sobre Circulación de 2 a 3 años, según el tipo de motor.


Por tanto, resulta imprescindible abordar de raíz el problema, localizado, como ya he dicho, en nuestro parque de vehículos de más antigüedad, mediante ayudas a su renovación y lograr que esta vaya dirigida a la compra de los vehículos menos contaminantes, cumpliendo las normas Euro 4 y Euro 5.


Señorías, lo que planteamos es acorde con la opinión de la ministra de Medio Ambiente, y así lo ha manifestado públicamente. La señora Narbona ha dicho el día 11 de agosto de este año que lo deseable es que se mantenga un Plan Prever, que haya más ayudas para comprar los vehículos más limpios de las distintas gamas. Como entiendo que quien va a manifestar la postura del resto de los grupos, me refiero en particular al Grupo Parlamentario Socialista, será una portavoz de medio ambiente, porque de medio ambiente estamos hablando, estoy seguro de que el Grupo Parlamentario Socialista, conforme a la idea declarada públicamente por la ministra Narbona, se mostrará a favor de esta moción.


El Grupo Parlamentario Popular no quiere concretar en esta proposición el contenido del plan ni la cuantía de las ayudas, aunque pensamos que estas podrían situarse en el entorno de los 750 euros. Que diseñe el plan el Gobierno y contará con nuestro apoyo.


Pido por tanto, señorías, su apoyo al contenido de esta moción para que el Senado inste al Gobierno a aprobar antes de diciembre de 2007 un paquete de medidas orientadas a facilitar la renovación del parque automovilístico de los vehículos más contaminantes mediante ayudas a la sustitución de los vehículos Euro 0 y Euro 1 por otros adecuados a las normas Euro 4 y Euro 5.


Gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Melchior.


El señor MELCHIOR NAVARRO: Muchas gracias, señor presidente.


Para Coalición Canaria todas las medidas que se puedan adoptar para disminuir la contaminación atmosférica, los gases de dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas, etcétera, de los que los automóviles tienen un alto porcentaje de culpa, son necesarias y positivas. Como dijo el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, aproximadamente un tercio de los vehículos que circulan producen las dos terceras partes de la contaminación. Eso quiere decir que es absolutamente necesario que ese tercio de vehículos sea sustituido y que exista un incentivo para conseguir reducir la contaminación, lo que supondría prácticamente reducir las dos terceras partes de la contaminación de CO2 que producen los vehículos, pues todos sabemos, además, su influencia en la capa de ozono y en el denominado cambio climático.


Por ello, cualquier medida ya se proponga, ya sea del Grupo Parlamentario Popular, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, o por cualquier grupo político de esta Cámara, siempre será apoyada por Coalición Canaria.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Companys.


El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Gracias, señor presidente.


Señor presidente, señoras y señores senadores, efectivamente, como ya se ha dicho de una forma clara, el nivel de desarrollo alcanzado en los países industrializados está haciendo que aumenten de una forma considerable los niveles de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, contribuyendo al conocido efecto invernadero, que ha hecho aumentar de una forma significativa la temperatura del planeta. Este cambio climático tendrá impactos perjudiciales para los fenómenos físicos y biológicos de todos los ecosistemas de la tierra.


El primer paso obligado para reducir estos niveles de emisiones a la atmósfera ha sido el Protocolo de Kioto, del Convenio Marco sobre el Cambio Climático de la ONU. El objetivo del Protocolo de Kioto es conseguir reducir un cinco por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero globales sobre los niveles del año 1990, para el período 2008-2012, siendo el objetivo el ocho por ciento en el marco de la Unión Europea. Los objetivos obligatorios a cumplir son que los países industrializados reduzcan las emisiones de los seis gases más importantes de efecto invernadero. La principal fuente de gases inductores de efecto invernadero proviene de los vehículos a motor. Por ello, las políticas en esta materia van encaminadas a la reducción del impacto ecológico de los vehículos que conducimos. Gracias al endurecimiento de las políticas comunitarias y al esfuerzo constante de los fabricantes de automóviles, los vehículos actuales consumen menos carburante y producen menos emisiones a la atmósfera que hace una década. Actualmente los vehículos ligeros, los turismos y las furgonetas, están regidos por la normativa Euro 4, que entró en vigor en el año 2005, estableciéndose los límites de emisiones de monóxido de carbono, hidróxidos, óxidos de nitrógeno y partículas sólidas. Como saben sus señorías, de la normativa Euro 3 a la Euro 4 se produce un salto cualitativo muy importante, exigiéndose la reducción del 50 por ciento en emisiones de hidrocarburos, óxidos, nitrógeno y partículas sólidas, y una reducción del 56 por ciento de CO2 en vehículos de gasolina.


Para conseguir los objetivos marcados en cuanto a emisión de gases, además del importante control en los vehículos en circulación habrá que seguir legislando sobre los vehículos a motor de nuevas fabricaciones. Y seguramente unas de las medidas que se deberán poner en marcha serán aquellas que desde el punto de vista fiscal favorezcan a los que hacen un esfuerzo más grande por no contaminar La posibilidad de la sustitución del actual impuesto de circulación por otro que, sin incrementos en los impuestos actuales, aplique deducciones importantes en función de la reducción del nivel de contaminación, podría ser una posibilidad. Quizá es el primer paso que se da tras la aprobación hace pocos días de la Ley de la Calidad del Aire.


Por todo eso, nuestro grupo parlamentario está interesado en que haya un debate continuo sobre un tema tan importante como es la contaminación atmosférica, pero nosotros en este momento vamos a hacer un acto de fe en la aplicación de la Ley sobre la Calidad del Aire esperando que tenga sus efectos.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores senadores.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta tarde en el seno de esta Cámara una moción por la cual pretende volver a implantar -dejando en manos del Gobierno los criterios y mecanismos para ello- un nuevo Plan Prever.


Señorías, nadie cuestiona el éxito del Plan Prever vigente hasta el momento, que concluirá el 31 de diciembre de 2007. Sin embargo, debemos tener en cuenta cambios recientes como la aprobación de la Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera, ley que durante su trámite en el Congreso introdujo una disposición adicional octava, según la cual se establecía una impuesto especial sobre

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determinados tipos de transporte, que gravaba en función de la cantidad de CO2 emitida a la atmósfera por kilómetro recorrido. No obstante, la plasmación de dicha medida se hizo realidad en el Senado, mediante la incorporación de una enmienda que sustituía dicha disposición adicional octava por una modificación de la Ley de impuestos Especiales, concretamente en el ámbito del Impuesto de matriculación, de forma que se pasaba de dos tipos impositivos -el 7 y 12 por ciento- a cuatro tipos impositivos, en función del volumen de CO2 emitido por kilómetro recorrido. De esta forma, los vehículos con emisiones oficiales de CO2 no superiores a 120 gramos por kilómetro no tributarían, mientras que los que superaran los 120 pero no los 140 gramos por kilómetro recorrido lo harían al 4,75 por ciento, así como al 9,75 por ciento los que estuvieran entre los 160 y los 200 gramos por kilómetro recorrido y, por último, los vehículos con emisiones superiores a los 200 gramos por kilómetro recorrido tributarían al 14,75 por ciento.


Señorías, a través de la modificación del impuesto de matriculación se está instando a la renovación del parque automovilístico, dado que, incluso en relación con el volumen de emisión del CO2, el tipo impositivo de cada uno de los vehículos difiere sustancialmente de los que han estado en vigor hasta el momento, todos ellos únicamente bajo dos tipos impositivos: el 7 y el 12 por ciento.


Esta modificación que les acabo de mencionar llevaba aparejado otro aspecto que también ha sido objeto de la moción: la supresión del artículo 70 bis del Impuesto de matriculación, deducción en la cuota, de acuerdo con lo previsto en el párrafo a) del apartado 4 de la disposición derogatoria única de la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado del año 2000, según la redacción dada por el Real Decreto-Ley, de 29 de diciembre de 2006. En ella se establecían medidas urgentes en relación con el Plan Prever, elaborado en su día para modernizar el parque de automóviles, incrementar la seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente, tal y como bien señalaba el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Sopeña. En una palabra, el Plan Prever se suprime, dado que tenía fecha de caducidad.
Aunque inicialmente nació con vigencia indefinida, después se estableció su vigencia hasta el 1 de enero de 2004, trasladándose después al 1 de enero de 2007, para finalmente concluir con él el 1 de enero de 2008.


Lo cierto es que la modificación del impuesto de matriculación, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2008, sí está propugnando la adquisición de vehículos menos contaminantes. Sin embargo, quienes adquieran vehículos con emisiones inferiores a 200 gramos por kilómetro de CO2 no tributarán o lo harán al 4,75 por ciento, frente al 7 por ciento anterior. Por tanto, a juicio de nuestro grupo parlamentario, se han establecido medidas que promueven los mismos objetivos que inicialmente planteaba el Plan Prever: renovación, seguridad vial y menos contaminación.


Sin embargo, también es cierto que el Reglamento europeo y el Consejo del 20 de junio de 2007 se refieren a la homologación de vehículos en función de las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros a través de la puesta en marcha de los modelos Euro 5 y Euro 6, en los que, además de tener en cuenta la emisión de CO2 por kilómetro recorrido, se tiene en cuenta también el volumen de partículas en suspensión, o la emisión de partículas en suspensión PM, y los precursores del ozono, como son los óxidos de nitrógeno e hidrocarburos.


En el Capítulo IV del Reglamento se prevén las obligaciones de los Estados miembros, recogiendo los distintos apartados del artículo 10 los diferentes efectos de la homologación, tipo y fechas. En el artículo 12 incluso habla de la posibilidad, a la que se podría acoger esta Cámara teniendo en cuenta la moción que plantea el Grupo Parlamentario Popular, de que los Estados miembros, si así lo deciden, introduzcan incentivos financieros a los vehículos producidos en serie que cumplan lo establecido en el Reglamento y sus medidas de aplicación, así como los vehículos que se vayan a adquirir; sin embargo, indica que los incentivos económicos aplicados exclusivamente a los vehículos que cumplan los valores límite de emisiones establecidos en el anexo del propio Reglamento podrán concederse a partir de las fechas recogidas en ese artículo 10.3, que son las siguientes: 1 de enero de 2011 para los vehículos categoría N1, clases II y III, y 1 de enero de 2012 para los vehículos categoría N2, y con anterioridad al 1 de enero de septiembre de 2015 y 1 de septiembre de 2016, respectivamente.


Por tanto, señorías, aun compartiendo en parte la idea que subyace en la propuesta, entendemos que en estos momentos ya se ha producido un incentivo al modificarse los tipos impositivos del impuesto sobre matriculación orientados hacia los vehículos menos contaminantes, y si se pusiera en marcha un nuevo Plan Prever, se estaría incentivando por dos vías e incluso nos estaríamos anticipando en relación con el Reglamento referente al Euro 5 y al Euro 6.


Por ello, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, compartiendo la filosofía con que nació el Plan Prever en su momento, considera que la propuesta no es oportuna, y no vamos a apoyarla porque en estos momentos somos quizás más partidarios de que esa posible vía de financiación se oriente incluso, como ya hicimos en el debate de la Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera, a la adquisición de vehículos por parte de las familias numerosas, no con el 50 por ciento de bonificación, tal y como prevé el artículo 66.4 del impuesto sobre matriculación, sino con una total exención.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Elices.


La señora ELICES MARCOS: Gracias, señor presidente.


Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés para exponer nuestro posicionamiento en relación con la moción que nos ocupa, relativa a la renovación del parque automovilístico.


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Mi grupo parlamentario siempre ha estado a favor de la potenciación de medidas destinadas a la renovación del parque automovilístico mediante la sustitución de los vehículos más antiguos por vehículos nuevos o seminuevos, que cumplan las nuevas normas de emisión y que incorporen los nuevos dispositivos de seguridad existentes. De este modo, se beneficia la reducción de la siniestralidad y se disminuye la emisión de CO2 a la atmósfera que, sin duda, es una preocupación de todos los gobiernos europeos, y muy especialmente del nuestro.


No dudamos de que en su momento el Plan Prever diera sus buenos resultados, que se cumplieran los objetivos de renovación de flotas de turismo y que en la actualidad se pueda evaluar como un buen plan y se puedan cuantificar sus resultados. En los últimos años, el 17 ó 18 por ciento de los nuevos vehículos matriculados con más de 10 años de antigüedad se acogieron al Plan Prever; no obstante, hoy por hoy, y a pesar de que este plan sigue en vigor, consideramos que es muy pequeño, por no decir prácticamente nulo, el número de personas que se deciden a cambiar su vehículo simplemente por la aportación del Gobierno.


Cabría preguntarse también a estar alturas si no es cierto que muy pocos vehículos se compraron durante estos años simplemente por el Plan Prever.
Por ello, estamos de acuerdo con el Ministerio de Economía cuando comenta que este tipo de incentivos ya está agotado y que se necesita otro tipo de régimen impositivo para evitar que los vehículos que más contaminen sean los que menos impuestos paguen, que es lo que ocurre en la actualidad.


Estamos de acuerdo con el nuevo régimen de impuestos destinados a premiar a los conductores con vehículos menos contaminantes, a marcar excepciones de matriculación a los vehículos que menos contaminan y a graduar la tributación de los demás en función de estas emisiones.


Programas como el Plan Prever -que es lo que ahora solicitaría la moción-, que en su día dio resultados, consideramos que hoy están ya agotados y se ha de caminar hacia un nuevo régimen de tributación relacionado siempre con la contaminación que los vehículos provoquen en el medio ambiente.
Por esto es vital que el parque móvil se modifique y que lo haga para cumplir las exigencias europeas. Consideramos que la entrada en vigor el día 1 de enero próximo de la nueva tributación para vehículos es la mejor aportación que desde el Gobierno de España se puede hacer para ayudar a la modernización del parque de vehículos móviles. Por lo tanto, nuestro voto será negativo a la presente moción.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Iranzo.


La señora IRANZO SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, para el Grupo Parlamentario Socialista la contaminación atmosférica es un serio motivo de preocupación. No podemos obviar, como ha puesto de relieve el senador Sopeña, que en nuestro país y en el resto de Europa existen niveles de contaminación con efectos adversos muy significativos para la salud y para nuestro medio ambiente, particularmente en las aglomeraciones urbanas.


Según un reciente estudio de la Comisión Europea, coincidimos en que la contaminación atmosférica causa en Europa 350.000 muertes prematuras al año, de las que 16.000 corresponden a nuestro país.


Tanto desde el Gobierno como desde el Grupo Parlamentario Socialista somos conscientes de ello, y esta es, como usted muy bien sabe, y ha sido una prioridad durante toda la legislatura, y como muestra podemos citar la Ley de calidad del aire y de protección de la atmósfera que se aprobó el 15 de noviembre de este mes.


Con esta norma se refuerza la capacidad de acción frente a esa contaminación atmosférica. Esta norma constituye, además, una de las principales iniciativas emprendidas por este Gobierno para alcanzar niveles saludables en la calidad del aire. Este texto contribuye a alcanzar y mantener un nivel de protección elevado para las personas y para el medio ambiente frente a los efectos adversos anteriormente citados.


Señorías, desde la puesta en marcha del programa Prever las matriculaciones y adquisiciones de vehículos han sido numerosas, y desde esta perspectiva debe señalarse que el programa ha cumplido sus objetivos. Así, desde 1997 hasta finales de 2005 se habían dado de baja para desguace, amparándose en los incentivos de este programa, aproximadamente 2.900.000 vehículos, de los cuales los automóviles turismo representaban el 91 por ciento. Es significativo resaltar que las matriculaciones de vehículos turismos nuevos que se han beneficiado del programa en los tres últimos ejercicios han descendido de 246.00 en 2003 a 240.000 en 2005. Esta tendencia descendente parece evidenciar una menor incidencia del programa en las matriculaciones de vehículos nuevos, quizá debido al agotamiento de sus planteamientos iniciales y a la propia renovación del parque automovilístico español.


En este sentido, el porcentaje de vehículos con más de diez años de antigüedad en España representaba en el año 2005 el 33 por ciento del total, un valor muy cercano a la media comunitaria. Debemos considerar que, superado su impacto inicial, la permanencia de beneficios fiscales como los que contiene el Plan Prever no parece ser vinculante, como decía la senadora Elices, en la decisión de los compradores a la hora de adquirir un vehículo. Una decisión tan importante para una economía familiar como ésta no se toma exclusivamente en función de un incentivo fiscal que, en términos porcentuales, podría representar un escaso 3 por ciento del precio medio del vehículo. Por tanto, en la mayor parte de los casos la adquisición del vehículo no se habría producido aunque el incentivo no existiera. Es más, la práctica comercial del mercado del automóvil dice que los vehículos se suelen ofertar a los compradores a un precio global, por el vehículo matriculado, que comprende impuestos, tasas, gastos accesorios a la matriculación, lo que incide en la dificultad de percibir individualmente el beneficio del Plan Prever.


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El Real Decreto 13/2006 que establecía medidas urgentes en relación al Plan Prever, en su disposición derogatoria única establece la finalización del Plan a partir del 1 de enero de 2008. Pero, señoría, este Real Decreto anunciaba ya que en un futuro próximo -otro cumplimiento más- se llevaría a cabo una reestructuración -es lo más importante- desde la perspectiva medioambiental de la fiscalidad que incide sobre los medios de transporte. Es muy importante, senador Sopeña, señorías, y debemos tener en cuenta que la prórroga de la vigencia del Plan Prever durante el año 2007 se realizó con un carácter puramente transitorio para evitar la supresión de este beneficio fiscal en tanto en cuanto no se aprobara una reforma del impuesto especial sobre determinados medios de transporte. Y así ha sido.


Como decía, hace escasos días se aprobó la Ley de calidad del aire y de protección de la atmósfera. En su disposición adicional octava, a la que ha hecho referencia la senadora Loroño, se establecen los principios generales en torno a los cuales ha de modificarse el impuesto especial sobre determinados medios de transporte. Son los siguientes: en primer lugar, los tipos de gravamen se establecen en función de las emisiones de CO2 por kilómetro recorrido. En segundo lugar, el tipo para los vehículos menos emisores es igual a cero. En tercer lugar, el tipo para los vehículos más emisores será superior al tipo más alto vigente el día 30 de junio de 2007. En cuarto lugar, las motos acuáticas y los quads tendrán el tipo más alto de los considerados.


Esta ley establece a partir del día 1 de enero, cuando acabe el programa, un sistema, como se ha visto en el impuesto de matriculación, que tome en consideración criterios ambientales en lugar de la potencia de cilindrada, que es lo que rige actualmente. Es, en definitiva, una reforma esencialmente medioambiental. Y así, de acuerdo con los criterios establecidos, la propuesta del Gobierno consiste en aplicar los siguientes baremos, unos baremos que sus señorías conocen perfectamente y que que tan ampliamente hemos debatido en la Ley de calidad del aire: menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro, cero en el impuesto de matriculación; mayor o igual a 120 gramos y menos de 160 gramos de CO2 por kilómetro, 4,75 en el impuesto de matriculación; mayor o igual a 160 gramos y menor de 200 gramos de CO2 por kilómetro, 9,75 en el impuesto de matriculación; mayor o igual a 200 gramos de CO2 por kilómetro, motos acuáticas y quads, 14,75 en el impuesto de matriculación.


Por este modelo, que establece tipo impositivo cero a los vehículos menos contaminantes y que gradúa la tributación de los demás en función de sus emisiones, apuesta el Grupo Parlamentario Socialista. Entendemos que modelos como el Plan Prever, que tan bien han funcionado y resultado en su momento, pudieran ser entonces un instrumento eficaz, pero hoy podrían considerarse agotados.


Por otra parte, la configuración de los tipos impositivos del nuevo impuesto especial sobre determinados medios de transporte se ha realizado bajo la premisa de la neutralidad impositiva. Por tanto, los nuevos tipos producirán una recaudación igual a la que resulta de la aplicación de los tipos anteriores tras deducir de la misma el coste recaudatorio que suponía la deducción en la cuota que representa el Plan Prever.


Señorías, a día de hoy, con la Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera aprobada, entendemos que la creación de un incentivo similar al Plan Prever, como propone la moción planteada por el Grupo Popular, obligaría a cambiar los nuevos tipos impositivos por otros más elevados, o bien supondría -piénselo- una pérdida de recaudación neta, lo cual, independientemente de los efectos presupuestarios, afectaría al principio de lealtad institucional al estar la recaudación del impuesto -y esto usted lo conoce bien- cedida totalmente a las comunidades autónomas. De todos modos, señorías del Grupo Popular, bienvenidos sean si han pasado a entender que la calidad del aire y el cambio climático son y deben de ser una prioridad para cualquier gobierno.


Por parte del Grupo Parlamentario Socialista entendemos que el apoyo a esta moción no es compatible con la nueva estructura del impuesto especial sobre determinados medios de transporte, que está respaldado por criterios ambientales y, como muy bien usted matizaba, estamos hablando de medio ambiente. Además, consideramos que tampoco es compatible desde el punto de vista de la neutralidad recaudatoria...


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.


La señora IRANZO SÁNCHEZ: Termino, señor presidente.


Por último, no queremos pensar que la aprobación de esta moción pretende la modificación de una ley aprobada recientemente. Por tanto, señorías, no podremos apoyar la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular.


Gracias, señoría. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Popular tiene la palabra el senador Sopeña.


El señor SOPEÑA VELASCO: Gracias, señor presidente.


Voy a ser muy breve porque creo que está todo dicho en el debate que nos ha ocupado. Se ha mencionado continuamente la Ley de calidad del aire y se han mencionado determinados artículos de esta ley, donde se bonifica, a través del impuesto de matriculación, a los vehículos menos contaminantes. Estamos de acuerdo. Nosotros apoyamos esa ley y nosotros apoyamos esos artículos. Lo que estamos diciendo hoy es que entendemos que eso no es suficiente para proceder a la renovación del parque automovilístico español; entendemos que no es suficiente. Nadie ha dicho nada aquí en contra de la ley, que, repito, han sido artículos que hemos apoyado casi por unanimidad en esta Cámara. Por tanto, creo que este es el mensaje que intentamos trasladar a la Cámara a través de la moción y esta ha sido la parte troncal de la intervención,

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-porque así lo han entendido- de los portavoces de Coalición Canaria y de Convergència i Unió.


Con respecto a la intervención de la senadora Loroño, portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, seguimos todos estando de acuerdo, seguimos todos queriéndonos, seguimos participando en lo mismo, pero no apoya nuestra propuesta. Compartimos la misma filosofía, senadora Loroño. También estoy de acuerdo en que el artículo de la Ley de calidad del aire fue un paso importante, pero pensamos que hay que dar alguno más. Y no entiendo muy bien que usted me participe que su apoyo ha sido a los vehículos necesarios para las familias numerosas. Así le quise entender yo, aunque usted sabe que nosotros apoyamos su enmienda.


En cuanto a las manifestaciones que ha hecho la portavoz de Entesa Catalana: por un lado, certifica el éxito del Plan Prever y, por otro, me dice que a partir del 31 de diciembre misteriosamente ya no va a tener éxito; esto lo he oído varias veces hoy. Me gustaría saber en qué datos se apoya alguien para decir que lo que funcionó bien hasta el 31 de diciembre o va a funcionar bien teóricamente hasta el 31 de diciembre de este año va a funcionar fatal a partir del año que viene. Lo que sí es un hecho es que ha supuesto la renovación de más de 3 millones de vehículos viejos y contaminantes en nuestro país.


Estoy de acuerdo con lo que manifestó la portavoz de Entesa y con lo que dijo la portavoz del Grupo Socialista, pero ese no es el único motivo para que alguien cambie un coche, nunca lo fue. Cuando se daban 750 euros, 400 euros, la gente cambiaba el vehículo, pero no lo hacían sólo por eso. Evidentemente, nadie cambia un vehículo porque el Gobierno lo incentive o le anime con 400 ó 700 euros, pero sí anima y sí incentiva y ése fue, precisamente, el éxito del Plan Prever.


La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista una vez más es consciente del problema, una vez más me dice que qué buena fue la Ley de calidad del aire, pero una vez más se queda ahí. Mire, cuando nosotros en agosto de este año leímos las manifestaciones de la señora Narbona, ministra de Medio Ambiente del Gobierno socialista y del señor Zapatero, que -repito- dijo que lo deseable era que se mantuviera un Plan Prever, que hubiera más ayudas para comprar vehículos más limpios de las distintas gamas, pensamos en que iba a haber un punto de encuentro con el Grupo Parlamentario Socialista, en una actividad que es fundamental y en la que estamos todos de acuerdo como es vamos a luchar contra el cambio climático; aquí estamos de acuerdo. Bien, yo pensé que hoy iba a salir un portavoz o una portavoz de la ministra de Medio Ambiente. Evidentemente, la persona que estuvo aquí no era portavoz de la ministra de Medio Ambiente, era el portavoz del ministro de Economía y Hacienda. Entiendo que puedan ser otros planteamientos.


Por lo tanto -ya termino, señor presidente- veo que una vez más nos hemos quedado en la retórica. Hay gente, hay grupos y hay partidos que son unos maestros en fabricar discursos y lo hacen mejor que nadie, mejor que nadie, y pueden hacer uno cada día, pero cuando se plantean medidas concretas como esta, -llevamos hablando de cambio climático meses- hay conciencia de decir está muy bien lo que usted dice, lo que usted plantea, la lucha contra cambio climático, pero no le voy a apoyar porque recaudaría menos impuestos. Esto es lo que hemos escuchado aquí y esta es la disposición del Grupo Parlamentario Socialista en este tema en concreto para luchar contra el cambio climático.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción defendida por el Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 247; a favor, 124; en contra, 122; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CONTINUAR E INTENSIFICAR UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO (S. 662/000202).


El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a debatir la moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a continuar e intensificar una campaña de sensibilización sobre las consecuencias negativas del cambio climático.


Para su defensa tiene la palabra el senador Bella.


El señor BELLA GALÁN: Gracias, señor presidente.


Señorías, la actualidad del tema por una parte, la cantidad de medidas adoptadas al respecto por otra y el intento de encontrar posiciones comunes en un tema tan importante como este es lo que nos hace al Grupo Parlamentario Socialista presentar esta moción ante el Senado.


Permítanme que en primer lugar intente situar el problema. No es baladí para eso recordar aquella definición que de cambio climático hizo la Convención Marco de las Naciones Unidas allá por el año 1992 y que decía que el cambio climático es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad climática natural observada durante períodos de tiempo comparables. En definitiva, nos venía a decir que frente a un cambio del clima normal, natural, hay que añadir una serie de circunstancias que lo hace más anticipado. El cambio climático es, por tanto, un hecho social, lo cual localiza el problema en la sociedad misma. No en vano, el cambio climático hoy forma parte prioritaria de todas las agendas políticas porque se trata de un cambio global interconectado a otras cuestiones globales y que sin duda

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debe ser abordado con herramientas que permitan observar su carácter complejo. La confirmación de que existen otras maneras de entender la relación entre la naturaleza y la sociedad evidentemente puede ayudar a solucionar el problema de forma integral e interdisciplinar.


Señorías, no les quepa duda de que estamos en pleno proceso de cambio climático. En lo que escasamente ha transcurrido de este siglo se ha pasado de considerar el cambio climático como un asunto solo y exclusivamente de ecologistas catastrofistas a situarlo como uno de los problemas centrales de las agendas políticas nacionales y mundiales.


Conviene aclarar en este momento que el cambio climático es uno más de esos cambios globales que están ocurriendo en el sistema de la Tierra, en los componentes básicos de la vida, en los ciclos ecológicos básicos, en los intercambios de materia: -carbono, nitrógeno, oxígeno-, y en los intercambios de la propia energía, que sin duda actúan como ciclos de regeneración, de disminución de biodiversidad, de pérdida de productividad de los ecosistemas tanto terrestres como acuáticos y como grandes transformadores de los usos del suelo.


El cambio climático debe ser analizado y entendido como cambio global, de forma interconectada a los otros problemas también globales y mediante herramientas que den cuenta de ese carácter complejo, no lineal, de las actuales transformaciones.


Ocurre que los problemas del medio ambiente no pueden ser resueltos por el propio medio ambiente, sino por la sociedad. Por eso, los desafíos del cambio climático son fundamentalmente sociales. Y hay que abordar dos cambios fundamentales, uno de los cuales tendrá que ver con el cambio del modelo socioenergético, un modelo hegemónico actual basado en el agotamiento de los recursos fósiles, en el uso intensivo de la energía, en estructuras económicas oligopólicas que actúan sobre ello y en una desigualdad social muy clara y evidente -sepan ustedes, por ejemplo, que más de 2.000 millones de personas en el mundo aún no disfrutan de energía eléctrica-, y habrá que cambiar este modelo por otro nuevo, el denominado modelo de las energías renovables. No obstante, el paso de uno a otro se hace tan lentamente que no va a ser posible frenar este cambio climático.
En muchas ocasiones, señorías, las barreras no solo son tecnológicas, ni siquiera económicas, sino, sobre todo, sociales. Políticas tardías, la falta de visión empresarial en general y una cultura tradicional escasamente innovadora suponen barreras para que este cambio se pueda producir. Al mismo tiempo, también habrá que provocar otro cambio en el que actualmente también es hegemónico en el uso de los suelos.
Acostumbrados a usar un suelo sin la compactación y el sellado actual, a un desarrollo agrícola que en muchas ocasiones va en detrimento de los bosques, a una canalización de cursos de agua inadecuada, a un urbanismo disperso que provoca más gastos de energía como en transportes, etcétera, el desafío, señorías, está en conseguir una ordenación del territorio que, dirigido al desarrollo humano, se adapte a los requerimientos de la naturaleza. En definitiva, se trata de cambiar de estilo de vida, de estilo en el consumo, probablemente uno de los desafíos más difíciles. No se trata tanto de disminuir el consumo, que ya sería pedir demasiado, pero sí de disminuir el despilfarro, lograr una mayor eficiencia y ahorro en los recursos.


Como cambio global que es, el cambio climático requiere políticas globales y mundiales. Un régimen político e institucional a nivel mundial para afrontar el problema es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. La agenda política y científica del cambio climático no solo no está propiciando apoyar el desarrollo de muchos países empobrecidos, sino que, por el contrario, puede estar siendo un instrumento de ampliación de las diferencias sociales entre los distintos países. La pobreza navega a su antojo en medio de toda la polémica del cambio climático. El desafío de movilizar a una sociedad que ha de ser cómplice en esta línea requiere una sociedad civil concienciada y organizada, una clase política emprendedora y una economía innovadora. En definitiva, un consenso democrático para combatir el cambio climático; un diálogo democrático que plantea la necesidad de incluir a agentes sociales de todo tipo en las discusiones y decisiones sobre el desarrollo, el diseño y la implementación de planes concretos de desarrollo sostenible; en definitiva, mucha más participación.


Dado su grado de complejidad, su importancia y hasta cierto punto su novedad, pues no es mucho lo que se conoce al respecto, no pueden pretenderse resultados inmediatos. Sin embargo, las sociedades que vienen desarrollando acciones en este sentido están viendo con satisfacción que vale la pena y que es una alternativa para generar soluciones que benefician tanto a su entorno como al resto del mundo. Se trata de ir de lo local a lo global y, en este caso también, de lo global a lo local.


En conclusión, he de decir que estamos comprometidos con la recuperación de una conciencia humana que acceda a entender que sin la naturaleza, -con mayúsculas- acaban desapareciendo la voluntad y la capacidad de poder escoger. Hablamos de la salud humana, del medio ambiente y de la economía, en definitiva, de sostenibilidad, y la receta para abordar el cambio climático es aplicar un desarrollo sostenible.


En nuestro país se han adoptado importantísimas medidas, políticas y legislativas, pero es necesario insistir en la concienciación ciudadana.
Los líderes políticos y de opinión han de tenerlo claro sin banalizarlo, hay que contribuir al entorno medioambientalmente sostenible.


Nuestra propuesta, por tanto, es continuar e intensificar esas campañas de sensibilización para concienciar a la población y evitar las consecuencias negativas del cambio climático. Hay que impulsar conductas responsables que trasladen ese cambio a los hábitos de consumo y permitan reducir las emisiones de CO2 y, sobre todo, su impacto en la vida de las personas. Esa es la propuesta que hoy el Grupo Socialista trae a esta Cámara.


Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Mur.


El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo brevemente en esta moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para anunciar nuestro voto favorable; voto favorable que se basa, evidentemente, en la coincidencia de criterios. Comprenderán sus señorías que, desde la Comisión de Medio Ambiente, seguimos con mucho interés todas estas cuestiones relativas al cambio climático y lo que suponen las emisiones de CO2.


Evidentemente, las medidas legislativas que se están tomando no son suficientes, hay que hacer pedagogía, hay que concienciar a los ciudadanos. Señorías, si los ciudadanos de este país se dieran de baja en la mitad de la ponencia instalada en sus casas, es decir que limitáramos el consumo eléctrico a la mitad, y fuéramos capaces de utilizar el automóvil solamente la mitad de los días que lo empleamos, seguramente se podría conseguir un buen avance en lo que pretende esta moción en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero.


Como eso no es posible o quizá no sea conveniente regularlo -porque vivimos en un Estado en el que debe primar la libertad de los individuos haciendo una llamada a la responsabilidad de cada uno-, es bueno que las medidas que se vayan adoptando sean pedagógicas y de sensibilización. Se trata, en definitiva, de que las cosas se hagan por convencimiento.


En esa línea creo que el Gobierno está llevando a cabo acciones muy positivas, aunque seguramente podría hacer algo más. Debería ser un poco más valiente y adoptar alguna otra medida, pero en este momento nos encontramos ante una buena iniciativa y un avance: la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.


En todo caso, no vamos a solucionar esta cuestión en un día ni en un mes ni seguramente en varios años, pero bueno es que se empiecen a tomar medidas. Desde una Cámara como el Senado manifestamos nuestra aprobación a la sensibilización del público, a que el Gobierno esté vigilante, tome medidas, sobre todo que impida ciertas cosas que aumentan la emisión de gases de efecto invernadero.


Por tanto, señor presidente, con nuestro voto vamos a apoyar esta moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el senador Melchior.


El señor MELCHIOR NAVARRO: Gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria también va a apoyar esta moción con el firme propósito de que entre todos intentemos que la campaña de sensibilización sea efectiva. Es absolutamente necesario que, además de hacer una campaña de sensibilización, esta sea efectiva y evite el despilfarro energético. Para evitarlo, tanto en el consumo doméstico, como en la planificación y planeamientos urbanísticos, en el transporte y en el agua, que en muchos lugares de nuestro país es también fuente de consumo energético -en otros es fuente de energía-, hay que penalizar a quien despilfarra y premiar a quien ahorra.


En otros países de la Unión Europea y del resto del mundo tenemos ejemplos de ello y podemos contemplar la efectividad de las diferentes campañas.
Por este motivo aplaudo esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, siempre y cuando no se continúe con lo que ya existe, sino que se intensifique el esfuerzo para conseguir entre todos una campaña efectiva.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra la senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.


Ciertamente en estos momentos sí se puede decir que hay un consenso en la mayoría de la comunidad científica sobre la existencia de un calentamiento global del planeta.


La radiación infrarroja procedente del sol es nuestra principal fuente de energía; una vez que llega a la superficie terrestre, se redistribuye por la circulación atmosférica y oceánica y es posteriormente devuelta al espacio. El equilibrio entre las radiaciones recibidas y las devueltas permite mantener unas condiciones adecuadas para la vida, sin embargo también hay que reconocer -porque es nuestra realidad actual- que el progreso, el desarrollo y las nuevas tecnologías han llevado aparejado un aumento importante de concentraciones de gases efecto invernadero, limitándose de esta forma la irradiación de energía al espacio y provocando un mayor calentamiento de la atmósfera inferior y de la superficie. Eso es lo que en estos momentos denominamos como calentamiento global del planeta que está propiciando un cambio climático.


Negar que actualmente se está produciendo en mayor o menor medida un cambio climático es querer ignorar las evidencias, y creo que más que preguntarnos en estos momentos si existe o no ese cambio, deberíamos empezar a pensar qué se puede hacer para minimizar sus efectos e intentar combatirlo en la medida de lo posible con actuaciones que todos y todas podemos llevar a cabo.


El Grupo Parlamentario Socialista presenta una moción que ha defendido en esta tribuna su portavoz, el senador Bella, con la que insiste en la necesidad de concienciar a los ciudadanos y ciudadanas sobre las consecuencias negativas del cambio climático y sus posibles repercusiones, así como promover conductas responsables en los hábitos de consumo que contribuyan a reducir el impacto de las emisiones de CO2.


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Estamos de acuerdo en que es importante promover conductas responsables en los hábitos de consumo, pero no lo es menos erradicar determinadas pautas de comportamiento no responsables que inciden de forma directa, aunque no nos demos cuenta, en ese nivel de emisiones de gases efecto invernadero.
Está bien promover la adquisición de vehículos menos contaminantes -y aquí hemos mantenido hace poco un debate al respecto-, pero también deberíamos evitar celebrar -entre comillas- eventos deportivos no autorizados con ellos. Está bien promover el ahorro de energía, pero eso de poco sirve si los sistemas de aislamiento en edificación son ineficaces.

Es necesario actuar en conjunto y con convencimiento, sumando esfuerzos y transmitiendo a la sociedad y a todos y a todas que cada uno de nosotros, a nivel personal, individual y profesional, empresarial o institucional, desde el ámbito que cada uno de nosotros y de nosotras ocupamos, puede hacer mucho en pro de la lucha contra el cambio climático. Sirvan de ejemplo las campañas que en el caso de las comunidades autónomas, por ejemplo, y en el de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a la que pertenezco, vienen desarrollándose a través de las distintas campañas de sensibilización y divulgación y de las medidas y acciones ya recogidas en el Plan vasco de lucha contra el cambio climático 2008-2012, que contempla cuatro programas: menos carbono; adaptación; conocimiento y ciudadanía, y administración ejemplar; programas suponen una coordinación interinstitucional y participación de todo el entramado socioeconómico y de toda la sociedad.


Su moción, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, es una propuesta a la que no puede decirse que no, pero que carece del aspecto fundamental que en la cuestión que nos ocupa debe primar: sumar esfuerzos, actuar conjuntamente y en colaboración, entramado institucional, agentes sociales y económicos y ciudadanía en general.


Voy a concluir esta intervención haciendo uso de unas palabras del premio Nobel de Economía, Jan Tinbergen, que decía: Hay dos cosas que carecen de límite: el número de generaciones por el que debemos sentirnos responsables y nuestra capacidad de inventiva. La primera nos plantea un reto: alimentar y mantener no solo a las actuales, sino a todas las generaciones futuras mediante el flujo limitado de los recursos naturales de la tierra. La segunda, nuestra inventiva, puede crear ideas y políticas que contribuirán a hacer frente a ese reto. En ese sentido creo que, individualmente, podemos hacer mucho y que cada uno de nosotros puede colaborar algo para frenar el cambio climático teniendo en cuenta actuaciones puntuales y responsables que podemos hacer, sobre todo, en materia de agua, por poner un ejemplo, en materia de energía, en materia de transporte, incluso, en la compra de determinados productos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.


Mi grupo votará que sí pues es una moción positiva, con pocos secretos, también creo que poco ambiciosa, ya que el que la primera moción que presenta el partido del Gobierno sobre cambio climático tenga un único punto que hable exclusivamente de sensibilizar a la opinión pública sobre los efectos del cambio climático sabe a muy poco, especialmente después del encuentro de las Naciones Unidas, celebrado estos días en Valencia, donde se ha alertado de la gravedad del problema y al que han acudido premios Nobel como Al Gore o Clinton. Es decir, estamos frente a un problema de civilización de unos retos gigantescos; estamos frente al problema de que en España las cosas no van bien; y encuentro, insisto, que sabe a muy poco que el grupo del Gobierno presente una moción tan escueta.


Desde luego, si hay que sensibilizar a la opinión pública, por supuesto que vamos a votar a favor de esa sensibilización. ¡Faltaría más! ¿Por qué lo digo? Porque, señorías, de 1990 a 2005 la emisión de gases de efecto invernadero en España ha sido del 48,05 por ciento, es decir, que hemos triplicado los límites de Kioto. Es cierto que en el año 2006, por primera vez en esta legislatura, hubo datos positivos, pues se redujeron en un 4,1 por ciento y el consumo de energía primaria bajó 1,3, mientras que el PIB creció un 3,9, es decir, en 2006 mejoró la eficiencia energética y el desacoplamiento de la economía española de las emisiones de efectos invernadero, pero este buen resultado, a nuestro entender, ha sido gracias a dos variables, la primera, innegable, una acción de Gobierno concreta -Plan nacional de asignación, Plan de acción de las acequias de ahorro y eficiencia energética, Plan de fomento de las energías renovables, control técnico de la edificación, etcétera-, pero también a fenómenos coyunturales, como ha sido el aumento de la producción hidráulica y, sobre todo, el aumento de los precios del petróleo y otros combustibles.


Sin embargo, a pesar de que 2006 fue un año bueno -en esta legislatura es la única excepción en el sentido de una lucha efectiva positiva en lo que afecta al cambio climático-, insisto en que la variable española es muy negativa, triplicamos la emisión de gases con efecto invernadero, incumplimos el Protocolo de Kioto y, desgraciadamente, 2007 no apunta bien. Ya aparecen informaciones que indican que vamos a incumplir también este año el Protocolo de Kioto, como mínimo el 1 por ciento.


Un dato: la producción de electricidad con carbón ha crecido casi un 5 por ciento. Esto supondrá que las emisiones suban a final de año un 1 por ciento, con lo que emitiremos respecto a 1990 un 50 por ciento más de gases de efecto invernadero.


La moción incorpora este elemento de sensibilización de la opinión pública, de comprometer a la ciudadanía con un reto tan importante, pero habría sido positivo introducir aspectos como la necesidad de una próxima estrategia española en el cambio climático y energía limpia que

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introdujera los cambios necesarios para poder cumplir los compromisos de Kioto.


Señorías, señor Bella, el día que tengamos a la opinión pública sensibilizada, si esta no cuenta con un sistema de transporte ferroviario adecuado tendrá que coger el coche y seguirá emitiendo. El día que tengamos a la opinión pública sensibilizada, si esta no cuenta con un sistema de construcción de la vivienda que elimine la emisión de gases de efecto invernadero, seguiremos teniendo el problema. El día que tengamos una opinión pública sensibilizada, si no se llevan a cabo actuaciones concretas y precisas que el Gobierno debe desarrollar, difícilmente vamos a corregir un problema, en el que ya casi no hay tiempo porque su gravedad se incrementa de forma exponencial.


Por ello habría sido muy importante que en esta moción, que es suya, que es su moción, que es la moción del grupo que apoya al Gobierno -y no me digan que podía introducir enmiendas- hubieran introducido otros aspectos que hubieran dado mayor contundencia y eficacia al compromiso del Senado en la lucha contra el cambio climático, como decía el presidente de la comisión, el señor Mur.


El problema -y disponemos de experiencias concretas- es que nuestras empresas tienen que ligar competitividad con medio ambiente, es un problema de modelo, y la crisis de Cercanías de Barcelona pone en evidencia. Hay que empezar a sacar coches de la carreteras y de las calles, hay que intentar mejorar el transporte público, hay que invertir más en transporte ferroviario, especialmente hay que emprender una acción decidida, discriminatoria en negativo respecto a lo que contamina y positivo respecto a lo que ahorra contaminación, para hacer frente a un gravísimo problema que tiene nuestra sociedad y que no se puede superar solo comprando derechos de emisión. Esta es una de las grandes trampas en que hemos incurrido en esta legislatura, y en el futuro habrá que ver cómo lo solucionamos.


Con todo, hay que ser constructivo y positivo, y más desde el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por lo que vamos a votar afirmativamente la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Bella.


El señor BELLA GALÁN: Gracias, señor presidente.


En mi anterior intervención no quise hablar de datos porque la moción va encaminada a un aspecto para nosotros fundamental, que es la concienciación de los ciudadanos, sobre todo convertir a los ciudadanos en cómplices de toda la estrategia en contra del cambio climático.


España ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en un 4 por ciento en el año 2006. Se puede crecer económicamente y reducir emisiones. Es un cambio de tendencia magnífico el que se ha producido en nuestro país -evidentemente, estamos por encima de los compromisos para cumplir con el Protocolo de Kioto-, y en el último año hemos asistido a ese cambio de tendencia.


Hay que tener en cuenta que muchas de las medidas que ya están en marcha aún no han tenido tiempo ni plazo para rendir lo suficiente en este aspecto, y también hay que tener en cuenta que hay un reconocimiento internacional del papel que España está teniendo en todo lo relacionado con el cambio climático.


La estrategia española para el cambio climático, después de cinco años, aparece con un plan de medidas urgentes que incorpora más de 180 aportaciones en ese camino, que, por cierto, vienen de la participación de muy distintos agentes, que conforman un plan de acción que tiene como objetivo asegurar la reducción de las emisiones, impulsar la reducción de los sectores difusos, aplicar el Plan nacional de adaptación al cambio climático, aumentar la conciencia pública y el uso responsable de la energía. Son más de 198 medidas y 75 indicadores repartidos entre el área del cambio climático y el de la energía limpia, y pienso que en este país hay suficientes medidas adoptadas a este respecto. Pero, además, está el esfuerzo adicional que deben hacer las comunidades autónomas y que empiezan a hacer también las corporaciones locales y, sobre todo, aquellas medidas que están contempladas en ambos capítulos y que de manera transversal forman parte de ellas: las relativas al transporte, a la energía limpia, a la investigación, a la información, a la sensibilización y a los mecanismos flexibles.


Este plan de medidas urgentes es más que conocido y es el que va a hacer posible que este cambio de tendencias se siga dando. Se va a acabar una legislatura, es cierto, con un Gobierno que ha cumplido con sus compromisos de modificar el cambio climático en nuestro país. Pero necesitamos cómplices; cómplices que han de venir de las empresas, de los hogares y, por tanto de los ciudadanos, del resto de administraciones públicas y de la capacidad que todos tenemos de proyectar una nueva mentalidad.


La lucha contra el cambio climático es sin duda una de las prioridades del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Emitimos bastante menos que otros países de nuestro entorno en la Unión Europea y sinceramente no es fácil conjugar el mercado del carbono, de los derechos de emisión, la demanda industrial y la del transporte, el precio internacional del carbón o del petróleo, la sequía, las políticas hidráulicas, etcétera. Pero, en general, estamos ante un 4 por ciento de baja, resultado del año 2006; hemos cambiado la tendencia, lo cual es un indicador, y el objetivo fundamental tiene que ser en estos momentos concienciar a la gente para que en esta aventura vayamos todos unidos.


Como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista quiero agradecer los apoyos recibidos en esta moción y , aunque pudiéramos banalizar sobre ella, el Gobierno ha cumplido su papel dentro de la transformación de este cambio climático, y ahora ha de sensibilizar a la población para que lo ayude en esa iniciativa.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Pagola.


El señor PAGOLA SÁENZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular apoya la moción sobre el cambio climático presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y votará a favor.


Me encanta ver que hoy nos visita en el hemiciclo un grupo de jóvenes, y os digo que vosotros sí que tenéis que estar concienciados, mucho más todavía que nosotros, para conseguir esa lucha contra el cambio climático.


Está claro que el Grupo Parlamentario Popular está muy interesado en la lucha contra el cambio climático, y nuestro interés no es repentino sino que quedó más que demostrado cuando el Partido Popular gobernó España.
Quiero recordar dos acciones que por su trascendencia confirman este interés. En primer lugar, el Partido Popular fue el creador del Ministerio de Medio Ambiente, inexistente hasta que no llegamos al Gobierno central. En segundo lugar, España firmó el Protocolo de Kioto con un Gobierno del Partido Popular, del cual formaba parte el presidente actual del partido, el señor Mariano Rajoy, algo que no hizo Estados Unidos cuando Al Gore era vicepresidente, que firmó el Protocolo pero no lo ratificó.


Quiero dejar bien claro también algo que es importante: la vieja costumbre de los partidos de izquierda de monopolizar determinados asuntos puede hacer mucho daño a su aceptación por la opinión pública. Mucha gente de buena fe está dispuesta a cuidar la naturaleza, pero no le gusta que nadie se aproveche de las causas que pertenecen a todos. Considerar el cambio climático como el icono de la progresía es un profundo error.
Países como Francia y Alemania, con dirigentes cuya duración del mandato es muy inferior a la del señor Rodríguez Zapatero, ya lideran en Europa la lucha contra el cambio climático con rigor y sin demagogia. Ángela Merkel ya ha presentado un catálogo de 30 medidas y Nicolás Sarkozy también ha anunciado medidas para frenar el cambio climático, como la creación de una ecotasa, la reducción del consumo energético en los edificios, la ecopastilla, etcétera.


Creo que todos estaremos de acuerdo en que el cambio climático es el gran desafío global del planeta en el siglo XXI, y como tal requiere de una respuesta colectiva de la comunidad internacional. Es un problema que afecta a la humanidad y merece una respuesta también global. No es un tema político, ni ideológico, ni partidista; es un tema global, a pesar de que se está utilizando como asunto central de algunos partidos políticos y eje principal de las críticas contra el Partido Popular. Ahí se confunden absolutamente.


Para abordar este gran desafío, como es la lucha contra el cambio climático, es fundamental el consenso y la cooperación. Tenemos que estar todos juntos contra el cambio climático. Todos estamos de acuerdo en que lo que hay que hacer es debatir y opinar sobre las soluciones para evitar o reducir los efectos negativos que está produciendo el cambio climático y que en un futuro, de no modificarlos, se intensificarán. Está más que demostrado que el cambio climático es una emergencia global, y debemos actuar de inmediato, diseñando, planificando políticas de mejoras contra el calentamiento global del planeta. Es evidente y está científicamente demostrado que el planeta se calienta y que el clima cambia. Esto lleva a unas dramáticas consecuencias para el mundo. El informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático así nos lo ha confirmado. Entre las soluciones posibles es primordial sensibilizar y concienciar a la ciudadanía, pero sin caer en el mensaje del alarmismo y del catastrofismo, informar y concienciar con rigor y sentido común, no de un modo victimista y tremendista. Muchos pequeños gestos de cada persona se convierten en una gran acción, por lo que esta campaña de sensibilización que proponen tiene que ir dirigida a concienciar sobre los pequeños gestos como reciclar, usar bombillas de bajo consumo, potenciar el uso del transporte público; es decir, qué podemos hacer cada uno de nosotros en la lucha contra el cambio climático.


Desde luego, el Partido Popular, si en marzo ganamos las elecciones y gobernamos España, ya tiene prevista una ley integral de la lucha contra el cambio climático. Es una ley que trasciende la legislación vigente en España sobre las reducciones de emisiones de CO2 derivadas de la firma del Protocolo de Kioto. Tiene una doble vertiente política y económico-energética. Pretende, por una parte, un nuevo modelo energético basado en las energías renovables y, por otra, la reducción de las emisiones de CO2. Se trata de elaborar una ley de consenso, y creo que es posible hacerlo entre todos los grupos políticos españoles, pero fundamentalmente, señor Bella, entre los grupos mayoritarios, y creo que es necesario excluir este asunto del debate partidista. Además, trata de crear un marco legal para la transición del actual modelo energético, y sobre todo económico, basado en el petróleo y sus derivados, a uno más sostenible e independiente basado en energías renovables: solar, eólica, biodiesel, hidrógeno.


Estamos a tiempo de evitar el desastre si se establece una alianza mundial basada en una nueva economía. Es un problema grave, el peligro es real, pero existen medidas reales y asequibles para combatirlo. Yo deseo que dentro de dos semanas la cumbre que se va a celebrar en Bali lo mejore sustancialmente y se llegue al compromiso de todos los países del mundo para mejorar la actual situación y superar el Protocolo de Kioto.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Finalizado el debate, después de escuchar a todos los portavoces, se entiende que se puede aprobar por asentimiento. (Asentimiento.)

Queda aprobada.


-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, POR LA QUE SE INSTA AL EJECUTIVO A SEGUIR NEGOCIANDO CON EL GOBIERNO DE ARAGÓN PARA FIJAR LA DEUDA TRIBUTARIA QUE LA COMU-

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NIDAD AUTÓNOMA RECLAME CON BASE EN LO PREVISTO EN SU ESTATUTO DE AUTONOMÍA ANTES DE LA FINALIZACIÓN DEL AÑO 2007, ASÍ COMO A HACER EFECTIVO EL PAGO DE UNA CANTIDAD A CUENTA DEL TOTAL DE LA MISMA (S. 662/000201).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la moción del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Ejecutivo a seguir negociando con el Gobierno de Aragón para fijar la deuda tributaria que la Comunidad Autónoma reclame con base en lo previsto en su Estatuto de Autonomía antes de la finalización del año 2007, así como a hacer efectivo el pago de una cantidad a cuenta del total.


A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Mur.


El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, buenas tardes, los voy a poner en situación. Hace un mes, en las Cortes de Aragón, en una sesión de control, el presidente del Gobierno aragonés, cuando le decían que tenía que reclamar con más energía la deuda tributaria que el Gobierno central tiene con Aragón, con mucho sentido común decía: No puedo armar un ejército para reclamar la deuda tributaria. Yo estoy totalmente de acuerdo con él: no podemos armar un ejército para reclamar la deuda tributaria. Tenemos aquí estos dos documentos: el Estatuto de Autonomía de Aragón de 1982 y el Estatuto vigente, aprobado hace poco tiempo aquí, mediante Ley Orgánica de 20 de abril de 2007. Estos son, señorías, los argumentos jurídicos que voy a utilizar esta tarde y que espero que sean todavía más fuertes que ese hipotético ejército que había que armar para venir a reclamar la deuda tributaria.


Señorías, si leyes orgánicas como los estatutos de autonomía son ignorados, no sirven para nada y, sin saber por qué -dando largas en negociaciones y comisiones-, no podemos llegar a un final feliz, ya me dirán ustedes para qué sirven las leyes orgánicas, los estatutos de autonomía y el bloque de constitucionalidad. Esto es más importante que la deuda que en este momento se tiene con Aragón. Se trata de entender o no entender lo que significa el Estado de las autonomías, de respetar o no los estatutos de autonomía.


Señorías, estoy seguro de que ustedes, que tienen buena memoria, saben que el Gobierno aragonés lleva varios años reclamando al Ejecutivo central el pago de la deuda que tiene contraída con la Comunidad Autónoma de Aragón por las pérdidas de ingresos derivados de las modificaciones normativas sobre los impuestos cedidos. Saben ustedes muy bien que una parte importante de la financiación de las comunidades autónomas la forman los impuestos cedidos a los gobiernos regionales. Sin embargo, leyes del Gobierno central, aprobadas en el Congreso y en el Senado, establecen posteriormente modificaciones, normalmente a la baja. Es fácil quedar muy bien con los ciudadanos diciéndoles que se les rebajan los tributos, cuando es a la comunidad autónoma a la que se le rebaja la recaudación del tributo cedido. Eso es lo que nos ha sucedido.


Estas mermas en los ingresos, debidas a decisiones unilaterales del Gobierno central, han sido denunciadas en numerosas ocasiones y en distintos foros. Incluso, para evitar las prescripciones legales, ha sido planteada una reclamación formal por parte del Gobierno de Aragón ante los tribunales de justicia, para el caso de que las iniciativas políticas no resuelvan el problema creado. Sin embargo, señorías, todavía tengo fe en la iniciativa y la negociación política; tengo fe en el pacto y en la razón con que cuenta Aragón en estos momentos.


Señorías, la reclamación tiene una base legal. Ustedes mismos lo pueden comprobar examinando nuestro Estatuto de Autonomía que, desde el año 1982 hasta ahora -no es algo sobrevenido, que se haya aprobado últimamente o que forme parte de las llamadas concesiones del Gobierno central a las autonomías-, es una constante en el Estatuto de Autonomía de Aragón.


Desde el punto de vista político, la llegada al Gobierno del Estado del Partido Socialista en el año 2004 -cuando en Aragón gobernaba desde el año 1999 una coalición del Partido Socialista con mi partido, el Partido Aragonés- nos hacía presagiar una pronta resolución de este conflicto. En las Cortes de Aragón -y aprovecho para saludar a mis compañeros de las Cortes de Aragón que se encuentran esta tarde en la tribuna de invitados- han sido numerosas las iniciativas que se han debatido y aprobado por unanimidad, con lo que se concluye la necesidad de solucionar este problema, porque cada día que pasa aumenta su cuantía.


El senador que suscribe esta moción ya presentó otra iniciativa en noviembre de 2005, con motivo del debate sobre el Estado de las Autonomías, que fue aprobada y que instaba a iniciar un proceso de negociación. Además, el 8 de marzo de 2006 tuve la oportunidad de presentar en el Pleno una interpelación al señor vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda sobre el mismo tema, que dio lugar a una moción, votada el día 21 de marzo de 2006, que fue aprobada, y en la que se decía que había que seguir negociando para avanzar en la resolución del problema. Como ven, señorías, no he sido especialmente rápido, porque desde noviembre de 2005 hasta esta fecha han pasado dos años. Es verdad que periódicamente hemos ido presentando iniciativas, pero nadie me podrá acusar de prisa, urgencia o precipitación.


Sin embargo, ante la falta de resultados, este senador preguntó en el Pleno al señor presidente del Gobierno -cuando el cupo de las preguntas me dio la oportunidad-, el 8 de noviembre de 2006, hace más de un año, sobre el grado de cumplimiento de la moción que se había aprobado, y es que, señorías, ya vemos cuál es el destino de las mociones que se aprueban en este Senado, por lo menos en lo que hace referencia a esta cuestión: no ser cumplidas.


El señor presidente del Gobierno, con su habilidad dialéctica, entendió nuestro problema y dijo que se seguía avanzando, que había voluntad política, lo cual siempre

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está bien. Pero, señorías, el tiempo agrava un problema sensible para los intereses generales de Aragón, pues cada día que pasa sin solución la deuda aumenta, y en este momento puede alcanzar ya la cifra de 700 millones de euros.


No debemos confundir esta deuda tributaria, fundada en preceptos estatutarios, con la llamadas deudas históricas que reclaman otras comunidades y por cuyo concepto, por ejemplo, Andalucía, ya ha recibido 300 millones de euros como anticipo a cuenta de esa deuda histórica que ni siquiera discuto en este momento. Con respecto a la deuda histórica de Aragón, podríamos abrir otro debate, señorías, pero ahora solo hablamos de las mermas en los ingresos tributarios, perfectamente calculadas y jurídicamente respaldadas. Varios pronunciamientos políticos se han hecho últimamente anunciando que la solución llegará dentro de pocos meses. El pasado día 29 de octubre, sin ir más lejos, con motivo de la visita a Zaragoza del vicepresidente, señor Solbes -y el señor Solbes no es precisamente proclive a halagar al auditorio con promesas que no se van a cumplir-, manifestaba con respecto a la cancelación de la deuda: Está establecido un procedimiento que es la negociación bilateral entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Hacienda, y en eso estamos. Pues, como dicen en mi pueblo, señorías, vamos a ver si estamos estando, en el tiempo del verbo; estando, es decir, avanzando. Al día siguiente, el secretario de organización del PSOE, el señor Blanco, a quien también tuvimos el honor de tener en Zaragoza, antes de reunirse con el presidente de la comunidad y hablar de este asunto, porque es algo que preocupa, manifestaba textualmente: Hay un proceso abierto, y seguro que se alcanzará un acuerdo satisfactorio.


Ante tantas manifestaciones de buena voluntad, tras las numerosas actuaciones, como ha quedado de manifiesto desde noviembre de 2005,después del tiempo transcurrido, y visto que solamente hay buena voluntad, hay reuniones, hay comisiones pero no avanzamos, es por lo que he presentado la moción que en este momento paso a leerles, y para la cual pido el voto afirmativo de sus señorías: El Senado insta al Gobierno de España a seguir negociando. ¡Claro que a seguir negociando! Hay que negociar con el Gobierno de Aragón para fijar la deuda tributaria que Aragón reclama sobre la base de lo previsto en el Estatuto de Autonomía.
No estamos aquí buscando nuevos argumentos, nuevas circunstancias, nuevas motivaciones, sino lo que dice el Estatuto de Autonomía, y antes de que finalice el actual año 2007. Habrá que poner una fecha porque, señorías, saben ustedes que cuando acabe este año se disuelven las Cámaras, y ya te veré. Luego vienen unas elecciones, y ya veremos con quién tenemos que negociar, ¿verdad? Por eso pedimos que hagan efectivo el pago de una cantidad a cuenta. Porque, señorías, estoy seguro de que ustedes saben que cuando uno tiene que negociar con un moroso, y en este caso el Gobierno es un moroso, hay que darle facilidades de pago -ya ven que ni siquiera he puesto una cantidad-, y hay que darle hasta plazos, si hace falta. Por tanto, lo que pido es que fijen la deuda y que, como prueba fehaciente de que se va a pagar, den una cantidad, un anticipo, lo que presupuestariamente se pueda y, como parece que vamos tan bien en la economía, estoy seguro de que no habrá problemas presupuestarios ni de dotación para pagar una cantidad. Esa sería la mejor demostración de que estamos avanzando en esta cuestión, que dejaríamos ya arreglada para la legislatura próxima, y, por tanto, este senador no tendría que volver a aburrir a sus señorías una vez más cuando comience el nuevo período de sesiones.


Por consiguiente, por economía procesal, por razón, porque estamos cargados de argumentos, porque llevamos dos años negociando, hablando, presentando mociones, y porque espero que esta moción, en el caso de que sus señorías así lo quieran, me apoyen y se apruebe, espero que se cumpla para que no se diga que las mociones que aprobamos en este Senado son papel mojado y que no sirvan para nada.


Señor presidente, todavía creo en este Senado, en esta Cámara; creo todavía en el Parlamento; creo en los instrumentos parlamentarios, y por ello, señorías, les pido que apoyen esta iniciativa esta tarde.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la senadora Gastón para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista.


La señora GASTÓN MENAL: Gracias, señor presidente.


Señorías, como bien ha dicho el senador Mur, no es esta ni con mucho la primera vez que este tema forma parte del debate parlamentario en esta Cámara, pero estaremos de acuerdo, señor Mur, en que habrá que reconocer que las circunstancias desde la última vez que lo debatimos, el 21 de marzo del año pasado, han cambiado, fecha en la que usted presentó una moción consecuencia de interpelación al vicepresidente Solbes.


Desde el Grupo Parlamentario Socialista agradecemos la presentación de la actual moción porque nos permite poner en valor una serie de cosas. En primer lugar, nos permite reincidir en la constatación de la existencia de las mermas tributarias una vez más, derivadas de las modificaciones introducidas de forma unilateral por el Gobierno de España en los impuestos cedidos.


En segundo lugar, nos permite también reincidir en la necesidad de resolver la reclamación que parte del Gobierno de Aragón, insisto, desde las legislaturas de los gobiernos del Partido Popular.


En tercer lugar, nos permite constatar que tenemos un amparo jurídico, como usted ha dicho, que por aquel entonces, en la última moción debatida en esta Cámara, era nuestra disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía del año 1982 y que hoy día se ve reafirmada por el nuevo Estatuto vigente desde el pasado 20 de abril. Se ve reafirmada a través de su artículo 107, en su apartado cuarto, en cuanto a medidas de compensación a adoptar en lo referente a este tema; en el artículo 109 del Estatuto con la creación de la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros y, sobre todo, en la disposición

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transitoria primera, cuyo tenor literal refleja lo siguiente: Si en la fecha de entrada en vigor de este estatuto no estuviera resuelto el contencioso sobre lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 8/1982, nuestro anterior Estatuto, la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros examinará el objeto de litigio con el fin de resolverlo.


Nos permite también poner en valor el hecho de que se están cumpliendo en tiempo y en forma primero, aunque a usted le parezca lo contrario, las resoluciones que desde esta Cámara se han aprobado, recordando además que el mayor impulso a su cumplimiento ha venido amparado en la unanimidad de su aprobación.


En segundo lugar, nos permite comprobar y constatar que el redactado de nuestro nuevo estatuto de autonomía, tramitado con la negociación parlamentaria de los distintos grupos aquí presentes con representación aragonesa, también refleja que se han venido cumpliendo en tiempo y en plazo los requerimientos. Al leer el redactado del nuevo estatuto vemos que se van cumpliendo los compromisos en tiempo y en forma, pero que por más vueltas que uno le dé al estatuto no encontramos, senador Mur, una fecha límite, ni un calendario, ni un plazo para que el cometido específico del pago que su moción plantea sea constatado.


Por otro lado, la presentación de esta iniciativa también nos permite constatar que existe un proceso de negociación ya en marcha a través de la negociación bilateral desde la creación de la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros creada el pasado mes de octubre con la finalidad, como así viene recogido en nuestro nuevo Estatuto, de disponer de un canal de comunicación que permita una relación más fluida y más ágil entre ambas administraciones para este y para otros temas.


Por último, también me gustaría recalcar que nos permite la presentación de esta iniciativa reincidir en que deben seguir negociando antes de que finalice el 2007 y lo que haga falta, porque los socialistas lo que queremos, y más en concreto los socialistas aragoneses, es que se llegue a un buen fin, a un buen acuerdo, pero sin presiones.


Lo que no pretendemos en ningún caso es atosigar a los interlocutores, ni queremos entrometernos en el procedimiento ya establecido en nuestro Estatuto, y les recuerdo a todas sus señorías que ese procedimiento fue aprobado por todos los grupos de esta Cámara.


Tampoco queremos entrometernos en la metodología que los interlocutores, en el seno de la comisión mixta creada el pasado mes de octubre, como he dicho, vean la más adecuada para llegar al acuerdo más eficaz, porque así lo decidimos en esta Cámara el pasado 18 de abril con la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía, y ahora, seis meses después, no terminamos de entender la aparición de novedades, presiones y originalidades en el procedimiento.


La presentación de esta iniciativa también nos plantea unos puntos en los que esperemos que estemos de acuerdo. El primer punto es la firmeza desde el Gobierno de Aragón, sin decaer en su empeño, por la reclamación y la búsqueda de la resolución de este asunto. El segundo, la voluntad negociadora por ambas partes. El tercero, el cumplimiento en contenido y plazos de los requerimientos estatutarios -como vengo reiterando- y de las iniciativas aprobadas en esta Cámara al respecto. El cuarto, reconocer que siempre es preferible el acuerdo y la resolución positiva -espero que estemos de acuerdo en ello- a la vía del contencioso-judicial y también a las imposiciones atosigadoras. El quinto recalcar que en el Grupo Parlamentario Socialista creemos que la clave no está en las prisas repentinas sino en una buena negociación, recordando que así lo decidimos también en esta Cámara.


El señor PRESIDENTE: Termine, por favor, señoría.


La señora GASTÓN MENAL: Voy concluyendo ya, señor presidente.


Como digo, no entendemos estas prisas repentinas. Si no vinieran de quien vienen, con la presentación de esta moción podría parecer que son prisas electoralistas y oportunistas, pero conociendo al senador Mur y la responsabilidad de quien parte la iniciativa, consideramos que no lo serán o al menos no deberían ser ésas las motivaciones de su presentación. Los socialistas aragoneses siempre hemos...


El señor PRESIDENTE: Le ruego termine, señoría.


La señora GASTÓN MENAL: Voy concluyendo, señor presidente.


Los socialistas aragoneses siempre hemos estado a la cabeza de la búsqueda de una resolución positiva del asunto. Espero no tener que discutir este punto. Apoyamos todo lo que impulse la negociación; apoyamos todo lo que pueda impedir que los interlocutores se pudieran dormir o relajar en busca de esta solución y reivindicamos una resolución positiva de la demanda. Por ello, como digo, no acabamos de entender el contenido de esta moción con tantas prisas, pareciendo que...


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor. Tiene después el turno de portavoces.


La señora GASTÓN MENAL: Concluyo ya.


Permítame simplemente, señor presidente, recordar que tenemos el amparo de nuestra disposición transitoria primera del nuevo estatuto, que tenemos el colchón de la seguridad de la vía judicial, que tenemos abierto el proceso de negociación que entre todos hemos acordado y seguimos apoyando. No estamos por la labor de buscar nuevos procedimientos para llegar a un buen acuerdo, definitivo y a una solución satisfactoria.


Por ello, senador Mur, presentamos esta enmienda y solicitamos que la acepte para que sigamos unidos en la reclamación por la vía acordada hasta la fecha por todos los grupos. Y también le pedimos que se relaje de las prisas que parece presentar ahora. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Para manifestar su posición sobre la enmienda de la senadora socialista tiene la palabra el senador Mur.


El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, senadora Gastón, yo le agradezco su intervención porque veo que sigo teniendo una aliada aunque no en este momento. (Risas.) Espero que en el futuro -usted seguirá en esta Cámara- continuará usted apoyando la justa reivindicación aragonesa.


Senadora Gastón, yo ya sé que, como dice la canción, tiene usted el corazón partío porque por una parte tiene que defender al Gobierno del Partido Socialista, y por otra usted quiere decirles a los aragoneses que estamos aquí defendiendo esta cuestión. Pero, señora senadora, no me acuse usted de prisas repentinas. Yo empecé esta historia en noviembre de 2005, cuando ya gobernaban ustedes. He interpelado al vicepresidente económico, al señor presidente del Gobierno, he traído aquí una moción, es decir, éste no es un asunto que se me haya ocurrido ahora. Pero es que usted, que estoy seguro que sigue los debates de las Cortes de Aragón, sabrá que éste es un tema que allí se repite una semana sí y otra también. Y además hay unanimidad y todo el mundo está de acuerdo en que hay que reclamar a Madrid.


Señoría, pongamos las cosas en sus justos términos. Usted dice que en nuestro Estatuto, que es nuestra base jurídica, no hay fecha límite.
¡Claro, ya lo sé! ¡Hubiera sido ya para nota que hubiéramos puesto una fecha límite en el estatuto para un asunto circunstancial! Eso no se puede poner en una ley, en un Estatuto que tiene vocación de pervivencia.
Por eso, señoría, la fecha se la pongo yo. Y fíjese qué fecha le he puesto. Le he dicho que antes de finalizar este año, que es antes de finalizar la legislatura, se lo recuerdo por si acaso, cuando hay que fijar la deuda. Pero, senadora Gastón, ¡si eso nos vendría bien! Imagínese usted por un momento -sé que usted no lo imagina- que el próximo Gobierno fuera del PP. ¡Pues con su teoría estamos perdidos! Porque entonces dirán: cuatro años que han pasado y el Partido Socialista no ha hecho nada,... y nosotros tenemos otros cuatro años. Si fijamos la deuda ahora eso obligará al que venga, eso espero. Por tanto, en primer lugar eso ya es bueno. Y en segundo lugar, le pido un anticipo a cuenta antes de final de año. Fíjese que no le he pedido ni cantidad. Que de los 700 millones de euros que puede ser la deuda, que puede ser lo que venga bien en este momento, lo que en las arcas rebosantes del Estado quede, que seguro que antes de final de año veremos regalos, anuncios, anticipos, regalos de Navidad y de Reyes... Esto no es un regalo, esto es lo que nos toca, una cantidad a cuenta, que sería la demostración palpable de que se ha aceptado nuestra tesis y de que se empezaba un plan de pagos, que es lo que pactan siempre el acreedor con el deudor.


¿Hostigar a los interlocutores? Dios mío, no me hable usted así, yo no soy hostigador, soy una persona bastante correcta, además procuro ser amable y si hace falta, le puedo asegurar que cambio hasta de tono con tal de que los interlocutores puedan hablar con tranquilidad. Pero no lo fíe todo a la famosa comisión mixta que creamos en nuestro Estatuto. Le voy a leer una cosa. El Heraldo de Aragón el día 9 de octubre, después de la reunión de la comisión mixta, decía lo siguiente: la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros entre el Ministerio de Economía y la DGA se constituyó ayer en una reunión de media hora.


El retraso en crearla -nuestro Estatuto se aprobó en abril, había un plazo de seis meses y casi se agota; se pudo haber constituido en mayo, señora Gastón, si hubiera habido un poco de urgencia- impide que se trate la inversión para Aragón en los presupuestos de 2008. Ya nos los pasamos, como ya estaban hechos, no llegó a tiempo la comisión. ¡Qué mala suerte! Ya sé que queda el Senado y que aquí vamos a negociar estupendamente con el Grupo Socialista y con el Gobierno y algo podremos arreglar. Ayer no se abordó el pago de la deuda tributaria. Se constituye la comisión y no se aborda el pago y se dice que el único acuerdo que tomó esa comisión en esa reunión larga y profunda de media hora fue aprobar la redacción de un reglamento.


¿Qué les parece, señorías? Nos hemos reunido para decir que ya nos hemos constituido y que ahora nos constituimos para redactar un reglamento.
¿Sabe usted la fecha que tiene esa comisión para redactar el reglamento? ¿Usted me puede decir si en el acta dice que antes de tal fecha habrá un reglamento para que la comisión sea operativa? No existe fecha y le puedo augurar una cosa: salvo por este debate -a lo mejor alguno dice: vamos a llevar la contraria al senador Mur y vamos a poner fecha y vamos a acabar con el reglamento-, tendremos un reglamento y cuando lo tengamos nos volveremos a reunir y habrá más reuniones. Señora Gaston, se acaba la legislatura, dejemos este asunto cerrado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Turno de portavoces.


Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el senador Mur.


El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.


Brevemente y desde el escaño, porque quiero contestar a la senadora Gastón, a su amable enmienda, que no puedo aceptar porque es una enmienda de más de lo mismo. Siento no podérsela aceptar. Pero ya que tengo un turno más -el Reglamento de nuestro Senado es generoso-, voy a aprovechar este turno de portavoces para hablar de algo que a alguna de sus señorías que me está escuchando sé que le gusta mucho: de la lealtad institucional. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)

Nosotros, además de todo lo que les he dicho a sus señorías, desde las Cortes de Aragón hemos enviado aquí dos proposiciones de ley muy interesantes, y una es sobre solidaridad financiera y modificación de la ley que regula los Fondos de Compensación Interterritorial. Se calificó el 26 de octubre de 2004, en el Congreso de los Diputados se

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aprobó, vino al Senado, empezó el plazo de enmiendas, terminó el plazo de enmiendas en septiembre de 2006, se designó la ponencia para esta ley y duerme el sueño de los justos. No quieren tramitar esta ley en el Senado, que algo arreglaría de los problemas financieros.


No se puede jugar a esto, no se puede tener casi tres años una proposición de ley aprobada a bombo y platillo en el Congreso de los Diputados, y no quiero recordar lo que se dijo en aquel momento de lo maravilloso, de lo bondadoso, de que ese era el camino de exigir a través de modificaciones de las leyes etcétera. Las Cortes de Aragón la trajeron aquí, a las Cortes Generales, que son las competentes, y está atascada -y permítame la expresión de atascada, que es la más bondadosa que puedo decir- en esta Casa desde ese tiempo que acabo de decirles, desde el 12 de septiembre de 2006, que fue cuando acabó el plazo de enmiendas, y estamos en noviembre de 2007.


No conozco muchas leyes que terminado el plazo de enmiendas estén un año sin debatirse. Es más, en esta Cámara estamos acostumbrados a que termine el plazo de enmiendas hoy y mañana reunamos la comisión, rápidamente, sin haber podido ni siquiera leer y estudiar las enmiendas. En este caso, señorías, se las pueden saber de memoria. Pero desde la Comunidad Autónoma de Aragón, leales como somos con la Constitución y con el Estado, se presenta otra ley en el Congreso de los Diputados sobre equilibrio financiero y cooperación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Vamos a cooperar y a negociar, señora Gastón.
Llega allí el 24 de mayo de 2004. Se abre el período de enmiendas el 20 de diciembre de 2006. Lleva 33 ampliaciones el plazo de presentación de enmiendas en el Congreso de los Diputados. Esto quiere decir que se cerrará la legislatura, que no se verá y que decaerá la iniciativa; y que las Cortes de Aragón ya tienen otra vez tarea para que cuando empiece otra vez la legislatura volver a debatir estas dos proposiciones de ley que se aprobaron allí por unanimidad, que han venido aquí, que se han aprobado en el Congreso de los Diputados y que han dormido en el cajón de la deslealtad institucional.


Señorías, con este último argumento me parece que no hace falta que les diga más para ver cómo van las cosas en esto de los dineros y en esto que es la verdadera política: las cuentas del Estado porque lo demás es poesía, discursos políticos, pero la realidad de la política se hace con la economía, se hace con el presupuesto, y con los 700 millones de euros que se nos debe a Aragón estoy seguro de que el Gobierno de Aragón, señora Gastón, del Partido Socialista, del suyo, y del mío, haría maravillas, como las está haciendo sin tener esas partidas presupuestarias.


Por lo tanto, les pido una vez más que apoyen esta moción.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.


Por Coalición Canaria tiene la palabra el senador Ayala.


El señor AYALA FONTE: Gracias, señor presidente.


Brevemente voy a manifestar la posición de mi grupo sobre esta iniciativa del senador Mur. Se trata, como bien ha dicho el senador proponente, de que el Gobierno del Estado siga negociando con el Gobierno de Aragón la compensación por las mermas tributarias producidas como consecuencia de modificaciones normativas del Estado que han supuesto sobrecostes importantes que van sangrando poco a poco a las comunidades autónomas, impidiendo la ejecución de las competencias transferidas por el Estado a las comunidades autónomas.


Nos parece justa esta petición del senador Mur porque aunque sea un asunto general que afecta -como dije antes- a todas las comunidades autónomas y que, por tanto, debería dar lugar a una solución global en el marco del Consejo General de Política Fiscal y Financiera se trata, también, como ha explicado el senador Mur, de que se cumplan las leyes, en este caso una ley tan importante como es el Estatuto de Autonomía de Aragón; y se trata también de que el Gobierno acate los mandatos de esta Cámara como es la moción aprobada por todos los grupos en marzo del año pasado.


Por todas estas razones el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria apoyará esta iniciativa del senador Mur del Grupo Parlamentario Mixto.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Gasòliba.


El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gracias, señor presidente.


Señorías, quiero manifestar, en nombre de mi grupo, que apoyaremos la moción del senador José María Mur.


Nosotros somos muy sensibles a los incumplimientos del Gobierno central en materia de financiación. Tengo un conocimiento directo en relación con tales incumplimientos por parte del Gobierno respecto de Cataluña.
También recuerdo muy bien las intervenciones que hubo en el debate sobre el estatuto de autonomía hoy en vigor. Recuerdo el posicionamiento del actual ministro de Economía y del conseller Castells, precisamente sobre estas insuficiencias. Recuerdo, incluso, cuando el Gobierno central se compromete a la realización de infraestructuras, al menos en Cataluña -esto lo acaba de estudiar y publicar la patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional-, de manera que una cosa es presupuestar y otra ejecutar, y en el camino resulta que el Gobierno se ahorra un año entero cada cuatro años en inversiones no realizadas.


Con todos estos precedentes comprenderán que la reivindicación que plantea en esta moción el senador Mur la entienda perfectamente y que me sienta muy solidario con la misma porque empiezo a pensar que el famoso superávit que exhibe el vicepresidente y ministro, señor Solbes, lo hace a base de no aplicar los fondos a los cuales se compromete en las comunidades autónomas.


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Y, finalmente, si alguna duda tenía para apoyar esta moción, la posición expresada por el Grupo Parlamentario Socialista -que es no dar una fecha, sino decir: continuaremos como hasta ahora, con lo cual perpetuando la indefinición y el incumplimiento- aún me ha reforzado más en mi criterio, que es el de mi grupo, de apoyar esta moción.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Maqueda.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente.


Retomando las palabras con las que terminaba el señor Gasòliba, no nos parece de recibo la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en la que se insta a seguir trabajando en el cumplimiento de lo establecido en la disposición transitoria primera del Estatuto de Aragón. Claro que estamos de acuerdo en que se siga trabajando, como no podía ser de otra manera, pero lo que le hemos entendido al senador Mur es que lo que se está pidiendo ya es una reclamación antigua y, en consecuencia, consideramos que esta demanda que presenta el Grupo Parlamentario Mixto en la tarde de hoy es justa.


La reclamación tiene una base legal, como se ha explicado, en el Estatuto de Autonomía de Aragón y ya desde noviembre de 2005, en el propio seno de la Comisión General de Comunidades Autónomas se ha reclamado esta negociación con el Estado. Caben las dudas, efectivamente, de qué pueda pasar de aquí al final de la legislatura, que está muy cercana, y qué pueda pasar en el futuro. Es una deuda cuantificada en 700 millones de euros la que el Gobierno del Estado debe al Gobierno de Aragón y en estos dos años de negociación nos parece razonable que se establezca un anticipo a cuenta, como se solicita en la moción, que se haga efectivo antes de final de este año. Eso sería un gesto de buena voluntad por parte del Gobierno en el sentido de que se va a acceder a lo que los aragoneses están solicitando.


Termino, señor presidente, indicando que nuestro Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos considera justa esta reivindicación de los aragoneses y, en consecuencia, va a votar a favor de esta moción y esperamos, como bien decía el senador Mur, que se cumpla esta moción por parte del Gobierno, que se haga caso de la misma, no como ha sucedido con otras mociones, que tenemos experiencia tristemente de que no han sido oídas y han sido aprobadas por mayoría en esta Cámara.


Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Aroz.


La señora AROZ IBÁÑEZ: Gracias, señor presidente.


Quisiera referirme, al igual que han hecho otros portavoces, al antecedente parlamentario inmediato a este con carácter general, que no ha sido particular, del senador Mur -ha habido otros, como él ha señalado, pero este es importante porque fue un debate general y dio como resultado un acuerdo unánime en relación con el tema que ahora se vuelve a plantear por parte del senador Mur-. En concreto, lo que estamos debatiendo -lo debatimos entonces y lo debatimos ahora- es la compensación a la Comunidad Autónoma de Aragón, en aplicación de lo dispuesto en su estatuto de autonomía, de los impactos de los efectos recaudatorios que tiene la acción legisladora del Estado con respecto a los impuestos cedidos a esta comunidad autónoma.


Pero como dije entonces, señorías, y vuelvo a decir ahora, más allá de que el Estatuto de Autonomía de Aragón recoja este compromiso, estamos hablando de una cuestión que es general, que afecta a todas las comunidades autónomas en aplicación del principio de lealtad institucional. Me ha sorprendido que entre las muchas referencias que se han hecho a distintos ámbitos legislativos nadie se haya referido al aspecto más importante, que es el que lleva a la obligación de cumplir este principio de lealtad institucional y de compensar a las comunidades autónomas por las mermas recaudatorias que tienen por las modificaciones tributarias del Estado. Esta ley, las más importante desde mi punto de vista, es la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.


En diciembre de 2001 se aprobó una modificación de la Ley en vigor de 1980 en la que se incluía este principio, que además tiene una traducción muy concreta, de modo que, como dice la ley, la lealtad institucional determinará la valoración del impacto positivo o negativo que puedan suponer las actuaciones del Estado legislador en materia tributaria o la adopción de medidas de interés general que eventualmente puedan hacer recaer sobre las comunidades autónomas obligaciones de gasto no previstas a la fecha de aprobación del sistema de financiación vigente, pero, a la vez, también nos dice la ley que la valoración de este impacto tendrá lugar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esto no es señorías, contradictorio con que las instituciones bilaterales que en el caso de Aragón, así como de otras comunidades se han establecido o deben establecerse como consecuencia de las reformas legislativas, de las reformas de los estatutos de autonomía, no es contradictorio con el trabajo de estas instancias bilaterales que pueden ir definiendo los efectos recaudatorios para cada una de las comunidades autónomas, no es contradictorio -insisto- con lo que dice la ley, es decir, que la valoración debe hacerse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y, señorías, añado otro dato también muy fundamental y es que estamos en puertas de una reforma del sistema de financiación, que está comprometido para principios de la legislatura próxima, para el año 2008.


Por tanto, mi grupo parlamentario no puede dejar de estar de acuerdo con la reclamación que plantea el senador Mur. Por supuesto, creo que todos los grupos parlamenta-

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rios están de acuerdo en que debe aplicarse la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas y también en este caso está contemplado de manera particular en el Estatuto de Autonomía de Aragón, pero también, atendiendo a que deben seguirse unos cauces que están previstos en el sistema de financiación de las comunidades autónomas y que estamos en vísperas de una reforma del sistema de financiación, por lo que a mi grupo le parece que sería oportuno que esta reclamación se insertase en esa reforma del sistema de financiación próxima, sin perjuicio de que en la comisión bilateral se avance en definir el impacto recaudatorio concreto que ha tenido para la Comunidad Autónoma de Aragón.


Por tanto, señorías, teniendo en cuenta este horizonte, que a mi grupo parlamentario le parece razonable, que obligará a que en poco tiempo se dé solución a la reclamación que se plantea, insisto en que nos parece que debería remitirse a esa reforma, de modo que mi grupo parlamentario va a abstenerse en la votación de esta iniciativa.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la senadora Gastón tiene la palabra.


La señora GASTÓN MENAL: Gracias, señor presidente.


Comenzaré matizando, porque a lo mejor es que he vocalizado mal, senador Mur, pero en ningún caso esta senadora le ha llamado hostigador, ni ha sido esa su intención; en todo caso, le he llamado atosigador.


Y le matizaré también que no es el caso de que se dé en mi persona tener el corazón partío. Más bien, lo que tengo son las ideas claras, al igual que el Grupo Parlamentario Socialista y, en particular, los socialistas aragoneses; ideas claras en cuanto a que seguimos estando a la cabeza de la reivindicación por el concepto específicamente tipificado sobre mermas tributarias, y estamos a la cabeza de la reivindicación porque consideramos que es un derecho que tienen los aragoneses y que su defensa es lo que se debería esperar desde un principio por parte de todos nosotros, sobre todo porque se contempla en una ley orgánica desde el año 1982.


Pero permítame también, señoría, que le explique que no estamos de acuerdo con una modificación en el procedimiento, puesto que fundamentalmente somos consecuentes con lo que queremos que figure en las leyes, en este caso en el estatuto; sobre todo porque debemos ser consecuentes, después de tan laborioso trabajo, con aquello que todos los grupos parlamentarios desde Aragón y todos los grupos con representación aragonesa en esta Cámara hemos querido que se introdujese en el Estatuto de Aragón aprobado el día 18 de abril en esta Cámara, y, por tanto, como se ha aprobado con el trabajo de todos, somos consecuentes con los procedimientos que todos nosotros hemos aprobado, y en esos procedimientos no aparecen ni plazos ni fechas ni calendario ni anticipos a cuenta.


Lamentamos que no haya aceptado la enmienda propuesta porque, sin duda, en ella se aborda el marco que debemos considerar todos aquellos que trabajamos y aprobamos el Estatuto de Autonomía de Aragón. Debemos dejar que sean ellos los que vean cuáles son la metodología y el procedimiento más eficaces y no entrometernos.


Senador Mur, consideramos que aceptándola facilitábamos aunar de nuevo voluntades, como en las mociones que sobre este asunto ha traído a esta Cámara, y de esta forma quizá era más fácil impulsar una más rápida resolución.


Aceptándola, favorecíamos el hecho de que la voz de los aragoneses volviese a reivindicar de forma conjunta el cumplimiento de lo que nuestro Estatuto reconoce como derecho propio.


Aceptándola, cumplía con lo que su propio partido, así como el mío, han estipulado en la aprobación de este nuevo Estatuto, respetando el procedimiento y la metodología que la propia comisión mixta entendiese más eficaz. La comisión mixta se ha creado en plazo, por más que usted diga que hay un retraso, y se ha reunido en tiempo y en forma.
Lógicamente, como viene recogido también en nuestro nuevo Estatuto, lo primero que ha hecho ha sido poner en marcha el reglamento, y consideramos que es consecuente con lo que hemos trabajado para que viniese reflejado en el Estatuto.


Aceptando nuestra enmienda, senador Mur, hubiera sido patente el apoyo al Gobierno de Aragón, y le recuerdo que se trata de una coalición formada por su partido y por el mío. Apoyo y respeto a su reivindicación y a sus actuaciones utilizando todas las herramientas que le permite el Estado de derecho, como usted sabrá, incluida en su reclamación la demanda judicial ante los tribunales.


En definitiva, senador Mur, le planteábamos una salida en busca de una nueva unanimidad que reflejara que seguimos todos ahí, en el empeño por una resolución en positivo; que reflejara que apoyamos los cumplimientos que han tenido lugar también hasta la fecha.


Desde luego, buscábamos impulsar y seguir negociando, y eso lo apoyaremos.
También queremos evitar que cualquiera de los ejecutivos, el central o el aragonés, se duerma ante la resolución, sin lugar a dudas, pero vuelvo a insistir en que las prisas repentinas, máxime con el plazo de un mes vista, en absoluto podemos apoyarlas.


Lamentamos que no haya sido aceptada, fundamentalmente, porque abría la vía a nuevas puertas, unanimidades y empujes, pero de esta forma quizá abra la vía a la división en la búsqueda del procedimiento de reclamación unánime, hasta ahora algo compartido por su partido, el mío y todos aquellos que tienen representación aragonesa en esta Cámara.


Agradecemos, y lo quiero poner de manifiesto, el apoyo del resto de los grupos a la reivindicación de todos los aragoneses en este tema: el reconocimiento y la resolución en positivo del asunto de las mermas tributarias, a pesar de que no compartimos el procedimiento porque la finalidad que buscamos todos, sin duda, es la resolución en positivo.


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Mantenemos este convencimiento en una resolución positiva, eficaz y lo más rápida posible en este asunto, y en este interés por llegar al acuerdo queremos dejar claro que nunca nadie ha marcado un calendario, ni nunca se ha pretendido el atosigamiento, y menos cuando es fruto de unas prisas oportunistas. Así lo vemos.


Mantenemos el convencimiento aludido porque el Grupo Parlamentario Socialista tiene confianza en los ejecutivos aragonés y central, y también en la justicia, senador Mur. Tenemos todo el interés en recibir la cuantía de las mermas tributarias; interés por cerrar el asunto de forma satisfactoria.


Mantenemos todo nuestro empeño por la defensa de los intereses de nuestra tierra, de ahí nuestra buena disposición y voluntad negociadora.


Tenemos interés en mantener el procedimiento que los interlocutores que forman parte de la comisión bilateral creada el pasado mes de octubre marquen, pues consideramos que es el serio y razonable. Respetamos el ámbito del grupo de trabajo que todos nosotros pedíamos en el Estatuto para definir la metodología a aplicar. Y no tenemos -quiero dejarlo claro- ningún interés en confundir a los aragoneses, ese interés es de algún otro grupo. Me explico: comparar este tema, como ha hecho algún grupo parlamentario, con el de la deuda histórica de alguna otra comunidad como la andaluza, consideramos que es manipular a la opinión pública. No informar sobre las diferencias entre una reclamación, la andaluza, y nuestra reclamación, la de la comunidad autónoma aragonesa, tiene un interés muy claro: el de confundir.


Hay que dejar claro que la deuda histórica andaluza estaba ya cuantificada y reconocida en 1995. Entonces se reconoció ya una cantidad a cuenta porque este procedimiento vino recogido en sus estatutos tanto en el anterior como en el vigente, y acordado en la comisión mixta que se creó al efecto, y ya había un anticipo a cuenta reconocido en los presupuestos generales de 1995 para el ejercicio de 1996.


¿Pero qué ocurrió? Pues que llegó el Gobierno del señor Aznar y se negó a entregar lo reclamado por Andalucía, se negó a convocar la ya por entonces creada comisión mixta para dialogar y llegar a acuerdos, e incluso se negó a aceptar la sentencia de la Audiencia Nacional que dio la razón a la Junta de Andalucía en este asunto. Y en ese punto sí actuó el Gobierno del Partido Popular con igual rasero en Andalucía y en Aragón, negándonos a todos un espacio para el diálogo y la negociación. Y ustedes, señores del Grupo Parlamentario Popular, reconozcan que en aquel momento estaban calladitos y asumiendo de forma contemplativa este empecinamiento del Gobierno Popular en no negociar y no dialogar, dando a Aragón la callada por respuesta.


El 21 de marzo de 2006, en el debate de la moción presentada por el senador Mur sobre este mismo tema, nos vimos sorprendidos por un cambio en su actitud, con una reacción reivindicativa, e incluso les felicitamos y les dimos la bienvenida a la defensa de los intereses de Aragón y de los aragoneses. En su día ya dejé claro que ese cambio nos extrañaba, y coincidió casualmente con un cambio en el Ejecutivo que pasaba al Partido Socialista con el presidente, don José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza.


Veo, dado que se van a manifestar a favor de la moción presentada por el senador Mur, que mantienen ese espíritu reivindicativo en defensa de los intereses de nuestra tierra, y nos parece bien, pero lo que el Grupo Parlamentario Socialista les pide es que sean capaces de extender ese espíritu a la totalidad de los intereses de nuestra tierra, no sea que la semana que viene tengamos otro disgustillo en el Senado, como ya lo tuvimos en el Congreso, con alguna enmienda a los Presupuestos Generales del Estado.


Dado que no tendré turno de réplica a lo que digan ustedes desde esta tribuna, y dado que en este asunto podemos decir con todo cariño que ustedes son bastante previsibles y que van a seguir las consignas de sus portavoces en las Cortes de Aragón y en nuestra tierra, les voy a pedir que no utilicen el argumento de la comparación entre comunidades, no utilicen el argumento del agravio, porque afortunadamente existen las hemerotecas y existe la memoria.


Insisto en que el caso de nuestra comunidad autónoma no es comparable con el de otras comunidades aludidas, y tampoco...


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señoría, le ruego que termine.


La señora GASTÓN MENAL: Voy terminando, señor presidente.


Como digo, tampoco son ustedes precisamente quienes pueden sacar pecho en este asunto con argumento semejante ni pueden pretender darnos lecciones de cómo llevar a cabo una buena negociación porque en su momento ni siquiera estuvieron dispuestos a iniciarla.


Insisto en que el Grupo Parlamentario Socialista no tiene ningún interés en desconfiar del cumplimiento del nuevo Estatuto de Autonomía aragonés, no tenemos ningún interés en desconfiar de las instituciones, ni del Ejecutivo aragonés ni del central ni de los tribunales.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señoría, termine, por favor.


La señora GASTÓN MENAL: Termino ya, señor presidente.


Y desde luego no tenemos ningún interés en hacer ruido con este tema, un ruido que pudiera frenar los intereses que desde hace muchos años venimos reclamando. Somos los primeros interesados en que se llegue a acuerdos satisfactorios, pero no compartimos este procedimiento planteado con presión y con plazos tan cortos.


Consideramos que la posición razonable es la del respeto al procedimiento iniciado en la lealtad...


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señora, senadora concluya.


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La señora GASTÓN I MENAL: Ahora sí le aseguro que acabo, señor presidente.


Y la lealtad a lo que nosotros mismos pedimos viniera contemplado en nuestro Estatuto, unida a la confianza...


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora senadora. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Blasco.


El señor BLASCO MARQUES: Gracias, señor presidente.


Senador Mur, llegamos al final de la legislatura y usted ha terminado llamando moroso al Gobierno, y yo lo comparto; usted lo ha dicho, y creo que tiene motivos porque realmente no es una moción oportunista; es una moción que llega aquí cuando termina la legislatura, cuando ya no queda más que mes y medio para tomar algún tipo de acuerdo. Y le recuerdo, como ha dicho la senadora Gastón, que usted pertenece al partido que da sustento al Gobierno socialista en Aragón y habitualmente ha apoyado aquí al partido socialista en esta legislatura. Pero quiero destacar que ha terminado -y tiene razón- llamando moroso al Gobierno de España. No sé si volveremos a debatir a lo largo de la próxima legislatura; usted supongo que sí porque ya está designado, por cierto, en representación de las Cortes de Aragón y designado por el partido socialista.


No le voy a negar el tesón que ha tenido en esta legislatura tanto en este como en otros asuntos, pero en este especialmente. Quizá podemos discutir la eficacia de sus intervenciones, mejor dicho, la eficacia del Partido Socialista al resolver los problemas que usted ha planteado.


Bien, al final, después de toda una legislatura, usted ha presentado hasta seis iniciativas con ésta. Pero yo le diría, senador Mur, que el Gobierno tampoco le ha engañado. Si analizamos bien lo que le dijo el ministro Solbes en la interpelación, si analizamos lo que le contestó el presidente del Gobierno a la pregunta que le formuló o en el debate sobre el Estado de las Autonomías, yo no tengo claro que el Gobierno le haya engañado. Le han dicho desde el primer momento que esto era muy difícil, que todo era interpretable, que la disposición adicional del estatuto anterior era interpretable también y que había que crear una comisión. Y el ministro Solbes -que es como el ministro algodón, que nunca o casi nunca engaña- se lo dijo a usted claro.


Le pudimos oír a usted en el debate sobre el Estado de las Autonomías donde le dijo al presidente del Gobierno de España algo como que se congratulaba de que se produjera el debate, y él le contestó que es importante que nos oigamos, para añadir a continuación: y, si es posible, que nos escuchemos. Parecía una cosa de Perogrullo, aunque al final de la legislatura se ha visto que quizá le oyó, pero realmente no le escuchó ni le ha escuchado durante estos cuatro años el Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara.


Usted también dijo: no sería bueno que este asunto llegara a los tribunales. Y ha llegado. Y, además, remató: sería una muestra de incapacidad política. Y tenía también usted razón. Ya ha llegado. Ahora se ha demostrado que ha llegado a los tribunales y, por tanto, que había incapacidad política, pero especialmente incapacidad política, a mi modo de ver, del Gobierno de Aragón. Usted ha hecho aquí lo que ha podido, y no le voy a discutir sus gestiones, pero ha habido una incapacidad total por parte del Gobierno de Aragón y, especialmente, por parte de su presidente que, además, se ha convertido en uno de los barones del PSOE, que debe servir internamente, porque externamente -y ahora lo iré desgranando- no ha servido para nada.


Presentó usted, después, como consecuencia del debate sobre el Estado de las Autonomías, unas resoluciones o unas mociones que se aprobaron por unanimidad, sobre las mermas tributarias que hoy nos ocupan, sobre las conexiones transfronterizas por Aragón, sobre la política del agua y sobre reformas territoriales. Se hablaba entonces de si eran 428 millones en 2005, 500 en 2006. Usted ha dicho esta tarde que en 2007 ya son cerca de 700, y el presidente del Gobierno le contestó exclusivamente, con el talante habitual, que había que seguir dialogando.


En marzo, ya concretando un poco más, usted interpeló al ministro Solbes.
Volvió usted a preguntarle al Gobierno y Solbes le volvió a contestar que esto tenía muy difícil arreglo. Le llegó a decir que, tras los acuerdos de financiación del Consejo de Política Fiscal y Financiera, no tiene demasiado sentido hablar de una revisión. Eso se lo dijo Solbes. Le dijo también claramente que no había ninguna forma de arreglar este asunto fuera de los cauces generales para toda España, que lo acordado con Aragón era la Ley del Régimen de Cesión de Tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón y que aceptar este acuerdo implicaba no invocar en este asunto el Estatuto. Lo he leído en declaraciones del ministro Solbes en la Cámara o en prensa.


En marzo del año 2006 usted volvió a presentar una moción consecuencia de interpelación que incluso coincidió con el resto de grupos de la Cámara.
En noviembre le preguntó al presidente Zapatero sobre el cumplimiento de las mociones, y Zapatero le volvió a dar otra larga cambiada y otra demostración de talante, pero ninguna concreción.


Senador Mur, después de esta legislatura, este asunto verde y con asas. El Gobierno no ha tenido en ningún momento voluntad de plasmar algo concreto ni de aportar cantidad alguna.


En toda esta tramitación parlamentaria en el Senado usted ha dicho, entre otras muchas cosas, y quiero repetirlo, que no sería bueno llegar a los tribunales, y se ha llegado, y se ha llegado también a esa incapacidad política, que la hay, especialmente en el Gobierno de Aragón. Repito que en el Gobierno de la nación lo que no ha habido ha sido voluntad.


Senador Mur, el Gobierno de España no ha tenido ninguna intención, o por lo menos no ha hecho ningún avance en los 4 ó 5 asuntos importantes que ha tenido Aragón en esta legislatura y que usted planteó a las mociones y resoluciones del primer debate. Mientras tanto, el Gobier-

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no de Aragón mira para otro lado en materia de financiación, mira para otro lado en materia de conexiones transfronterizas, igual que mira para otro lado -y eso es para otro día- en el aprovechamiento de las aguas de Aragón, que tanto han dado que hablar en este Parlamento, en el otro, en los partidos y en la prensa, y el Gobierno de España no ha tenido ninguna voluntad de llevar adelante las obras del Pacto del Agua, pero, como digo, eso es para otra ocasión.


Al final me pregunto, ¿qué capacidad negociadora ha tenido el Gobierno de Aragón con el Gobierno del Partido Socialista ahora que termina la legislatura? Ninguna.


Senador Mur, el presidente del Gobierno le ha engañado a usted, como a tantos dirigentes autonómicos, en cuestiones que han afectado a partidos que esta tarde están aquí: a Convergència i Unió, al PNV, a Entesa, a sus propios socios de Gobierno, a Coalición Canaria, y, evidentemente, a los gobiernos del Partido Popular; ha estado constantemente dando una larga cambiada en todos los asuntos y no concretando nada. En ese sentido le diría, senador, que han tomado el pelo a los aragoneses, no a usted, que cumple con su obligación, igual que nosotros, apoyando estas mociones; insisto, han tomado el pelo a los aragoneses. En ese sentido, bienvenido al club. En Teruel sabemos de esto, el presidente del Gobierno ya tomó el pelo a los ciudadanos y a las plataformas con el Plan específico para Teruel.


También le recuerdo la famosa historia del Fondo de Compensación Interterritorial. Ahora ya La Rioja se ha subido al carro, y creo que Baleares con una enmienda también se quiere subir al carro, pero en la proposición que vino de las Cortes de Aragón hace ya 5 ó 6 años el Partido Socialista ha agotado todas las posibilidades de ampliación de enmiendas. A continuación, nosotros presentamos nuestra enmienda y el Grupo Parlamentario Socialista siguió presentando ampliación de enmiendas hasta que finalmente, por vergüenza torera, dejaron de hacerlo; ahora lleva año y medio esperando a que se comience su tramitación; ahora, cuando queda mes y medio de legislatura, nada hay que hacer.


Finalmente, hoy, después de cuatro años de decirle que sí en el Senado, senador Mur, esta tarde el Grupo Parlamentario Socialista se ha quitado la careta; (El señor presidente ocupa la Presidencia.). En cuanto ha finalizado la legislatura y usted le pone plazos, se les cae el equipo.
¿Y ahora qué? Ahora hay que empezar a acusar al Partido Popular, que no había intervenido hasta este momento. Así pues, la legislatura se termina, y va a volver usted a contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular.


Pero antes de irnos, quiero decir al Grupo Parlamentario Socialista y a su portavoz lo siguiente: -y para que conste en el Diario de Sesiones-: Me parece grave que en el Senado la portavoz socialista termine diciendo que confía en los tribunales de justicia para arreglar este asunto, cuando el presidente del Gobierno es socialista, el presidente de Aragón es socialista, y cuando el ministro, que dijo que la financiación era un sudoku imposible, ahora está intentando cuadrar ese sudoku imposible, negando, en este caso a Aragón, algo en lo que todos estamos de acuerdo.


Senadora Gastón, le ha tocado lidiar un asunto complicado...


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.


El señor BLASCO MARQUES: Termino, señor presidente.


Y el Grupo Parlamentario Socialista ha quedado evidenciado. Senador Mur, tendrá el apoyo del Grupo Parlamentario Popular a esta iniciativa, como lo ha tenido a lo largo de toda la legislatura.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción del Grupo Parlamentario Mixto, defendida por el senador Mur.


Se inicia la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 248; a favor, 137; en contra, 95; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

-- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE UCRANIA AL CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980 (S. 610/000230) (C.D.
110/000226).


El señor PRESIDENTE: Pasamos, señorías, al punto quinto del orden del día: Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados.


Declaración de aceptación por España de la adhesión de Ucrania al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.


No se han presentado propuestas. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

Entiendo que no. ¿Se puede entender concedida su autorización? (Asentimiento.)

Se autoriza.


-- PROTOCOLO DE 2005 RELATIVO AL PROTOCOLO PARA LA REPRESIÓN DE ACTOS ILÍCITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LAS PLATAFORMAS FIJAS EMPLAZADAS EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL, HECHO EN LONDRES EL 14 DE OCTUBRE DE 2005 (S.
610/000231) (C.D. 110/000228).


Página 8697


El señor PRESIDENTE: Protocolo de 2005 relativo al Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Londres el 14 de octubre de 2005.


Tampoco se han presentado propuestas. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender concedida su autorización? (Asentimiento.)

Se autoriza.


-- PROTOCOLO DE 2005 RELATIVO AL CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DE ACTOS ILÍCITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA, HECHO EN LONDRES EL 14 DE OCTUBRE DE 2005 (S. 610/000232) (C.D. 110/000229).


El señor PRESIDENTE: Protocolo de 2005 relativo al Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, hecho en Londres el 14 de octubre de 2005.


Tampoco se han presentado propuestas. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender concedida su autorización? (Asentimiento.)

Se autoriza.


-- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR SOBRE EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS CONSULARES, HECHO EN SAN SALVADOR EL 27 DE MARZO DE 2007 (S. 610/000233) (C.D. 110/000230).


El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Reino de España y la República de El Salvador sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares, hecho en San Salvador el 27 de marzo de 2007.


Tampoco se han presentado propuestas. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender concedida su autorización? (Asentimiento.)

Por tanto, se autoriza.


-- ACUERDO GENERAL DE SEGURIDAD ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ITALIANA RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA INTERCAMBIADA ENTRE AMBOS PAÍSES, HECHO EN MADRID EL 19 DE ABRIL DE 2007 (S. 610/000234) (C.D. 110/000231).


El señor PRESIDENTE: Acuerdo General de Seguridad entre el Reino de España y la República Italiana relativo a la protección de la información clasificada intercambiada entre ambos países, hecho en Madrid el 19 de abril de 2007.


Tampoco se han presentado propuestas. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)

Se autoriza.


-- ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE NÍGER, HECHO EN MADRID EL 7 DE MARZO DE 2007 (S. 610/000235) (C.D.
110/000232).


El señor PRESIDENTE: Acuerdo Marco de cooperación entre el Reino de España y la República de Níger, hecho en Madrid el 7 de marzo de 2007.


Tampoco se han presentado propuestas. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender concedida su autorización? (Asentimiento.)

Por tanto, se autoriza.


-- ACUERDO SOBRE PRIVILEGIOS Y VENTAJAS REFERIDOS A LA CELEBRACIÓN DE LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ZARAGOZA 2008, CELEBRADO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA OFICINA INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES (OIE), HECHO EN MADRID EL 19 DE ABRIL DE 2007 (S. 610/000236) (C.D. 110/000233).


El señor PRESIDENTE: Acuerdo sobre privilegios y ventajas referidos a la celebración de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008, celebrado entre el Reino de España y la Oficina Internacional de Exposiciones (OIE), hecho en Madrid el 19 de abril de 2007.


No se han presentado propuestas. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender concedida su autorización? (Asentimiento.)

Por tanto, se autoriza.


-- CONVENIO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CABO VERDE, HECHO EN MADRID EL 20 DE MARZO DE 2007 (S. 610/000237) (C.D.
110/000234).


El señor PRESIDENTE: Convenio de extradición entre el Reino de España y la República de Cabo Verde, hecho en Madrid el 20 de marzo de 2007.


Tampoco se han presentado propuestas. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender concedida su autorización? (Asentimiento.)

Se autoriza.


-- ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE INMIGRACIÓN ENTRE EL REINO

Página 8698


DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CABO VERDE, HECHO EN MADRID EL 20 DE MARZO DE 2007 (S. 610/000238) (C.D. 110/000235).


El señor PRESIDENTE: Acuerdo Marco de cooperación en materia de inmigración entre el Reino de España y la República de Cabo Verde, hecho en Madrid el 20 de marzo de 2007.


Tampoco se han presentado propuestas. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender concedida su autorización? (Asentimiento.)

Se autoriza.


-- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CABO VERDE RELATIVO A LA ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL, HECHO EN MADRID EL 20 DE MARZO DE 2007 (S. 610/000239) (C.D. 110/000236).


El señor PRESIDENTE: Convenio entre el Reino de España y la República de Cabo Verde relativo a la asistencia judicial en materia penal, hecho en Madrid el 20 de marzo de 2007.


Tampoco se han presentado propuestas. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender concedida su autorización? (Asentimiento.)

Señorías, se autoriza.


-- CONVENIO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CABO VERDE, HECHO EN MADRID EL 20 DE MARZO DE 2007 (S. 610/000240) (C.D. 110/000237).


El señor PRESIDENTE: Convenio sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República de Cabo Verde, hecho en Madrid el 20 de marzo de 2007.


Tampoco se han presentado propuestas. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender concedida su autorización? (Asentimiento.)

Se autoriza.


-- ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ARGELINA DEMOCRÁTICA Y POPULAR, HECHO EN ARGEL EL 13 DE MARZO DE 2007 (S.
610/000241) (C.D. 110/000238).


El señor PRESIDENTE: Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y Popular, hecho en Argel el 13 de marzo de 2007.


Tampoco se han presentado propuestas.


¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)

Se autoriza.


-- PROTOCOLO NÚMERO 12 AL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES, HECHO EN ROMA EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2000 (S. 610/000242) (C.D. 110/000239).


El señor PRESIDENTE: Protocolo número 12 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 2000.


Tampoco se han presentado propuestas.


¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)

Se autoriza.


-- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y NUEVA ZELANDA SOBRE EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS CONSULARES, HECHO EN MADRID EL 12 DE ABRIL DE 2007 (S.
610/000243) (C.D. 110/000240).


El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Reino de España y Nueva Zelanda sobre el ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares, hecho en Madrid el 12 de abril de 2007.


Tampoco se han presentado propuestas.


¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)

Se autoriza.


-- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE KAZAJSTÁN SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS POR CARRETERA, HECHO EN MADRID EL 30 DE OCTUBRE DE 2000 Y CANJE DE NOTAS (S. 610/000244) (C.D. 110/000241).


El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Kazajstán sobre transporte internacional de viajeros y mercancías por carretera, hecho en Madrid el 30 de octubre de 2000 y Canje de Notas.


Tampoco se han presentado propuestas.


¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

Página 8699


¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)

Se autoriza.


-- ACUERDO EUROMEDITERRÁNEO DE AVIACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE Y EL REINO DE MARRUECOS, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 12 DE DICIEMBRE DE 2006 (S. 610/000245) (C.D.
110/000242).


El señor PRESIDENTE: Acuerdo Euromediterráneo de Aviación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, hecho en Bruselas el 12 de diciembre de 2006.


Tampoco se han presentado propuestas.


¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)

Se autoriza.


-- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ARGELINA DEMOCRÁTICA Y POPULAR SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y DE SERVICIO, HECHO «AD REFERENDUM» EN ARGEL EL 13 DE MARZO DE 2007 (S.
610/000246) (C.D. 110/000243).


El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y Popular sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de servicio, hecho «ad referendum» en Argel el 13 de marzo de 2007.


Tampoco se han presentado propuestas.


¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)

Se autoriza.


-- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LAS NACIONES UNIDAS RELATIVO A LA REMODELACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA SALA DE CONFERENCIAS XX EN LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN GINEBRA, HECHO EN MADRID EL 28 DE FEBRERO DE 2007 (S. 610/000247) (C.D. 110/000244).


El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones Unidas relativo a la remodelación y renovación de la Sala de Conferencias XX en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, hecho en Madrid el 28 de febrero de 2007.


Tampoco se han presentado propuestas.


¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)

Se autoriza.


-- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CHIPRE SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN NICOSIA EL 30 DE ABRIL DE 2007 (S. 610/000248) (C.D. 110/000245).


El señor PRESIDENTE: Convenio entre el Reino de España y la República de Chipre sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Nicosia el 30 de abril de 2007.


Tampoco se han presentado propuestas.


¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)

Se autoriza.


-- ACUERDO DE COOPERACIÓN SOBRE UN SISTEMA MUNDIAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE (GNSS) CIVIL ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y UCRANIA, POR OTRA, HECHO EN KIEV EL 1 DE DICIEMBRE DE 2005 (S. 610/000249) (C.D. 110/000246).


El señor PRESIDENTE: Acuerdo de Cooperación sobre un sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) civil entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Ucrania, por otra, hecho en Kiev el 1 de diciembre de 2005.


Tampoco se han presentado propuestas.


¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)

Se autoriza.


-- ACTAS APROBADAS POR EL XXIII CONGRESO DE LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL (UPU), HECHO EN BUCAREST EL 5 DE OCTUBRE DE 2004 Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA FORMULÓ EN EL MOMENTO DE SU FIRMA (S. 610/000250) (C.D. 110/000247).


El señor PRESIDENTE: Actas aprobadas por el XXIII Congreso de la Unión Postal Universal (UPU), hecho en Bucarest el 5 de octubre de 2004 y Declaración que España formuló en el momento de su firma.


Tampoco se han presentado propuestas.


¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)

Se autoriza.


-- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA SOBRE PROTECCIÓN MUTUA DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 21 DE MAYO DE 2007 (S. 610/000251) (C.D. 110/000248).


Página 8700


El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Reino de España y la República Federal de Alemania sobre protección mutua de la información clasificada, hecho en Madrid el 21 de mayo de 2007.


Tampoco se han presentado propuestas.


¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)

Se autoriza.


-- ENMIENDA AL CONVENIO SOBRE EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE EN UN CONTEXTO TRANSFRONTERIZO, HECHO EN SOFÍA EL 27 DE FEBRERO DE 2001 (S. 610/000252) (C.D. 110/000249).


El señor PRESIDENTE: Enmienda al Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, hecho en Sofía el 27 de febrero de 2001.


Tampoco se han presentado propuestas.


¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)

Se autoriza.


-- CANJE DE NOTAS, HECHO LOS DÍAS 7 DE OCTUBRE, 29 DE NOVIEMBRE DE 2004 Y 11 DE ENERO DE 2005, CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CAZA EN LAS AGUAS Y MÁRGENES DEL TRAMO INTERNACIONAL DEL RÍO MIÑO (S. 610/000253) (C.D. 110/000250).


El señor PRESIDENTE: Canje de Notas, hecho los días 7 de octubre, 29 de noviembre de 2004 y 11 de enero de 2005, constitutivo de acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa por el que se establecen las modificaciones al Reglamento de caza en las aguas y márgenes del tramo internacional del río Miño.


Tampoco se han presentado propuestas.


¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)

Se autoriza.


-- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE SAN MARINO AL CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980 (S.
610/000254) (C.D. 110/000251).


El señor PRESIDENTE: Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de San Marino al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.


Tampoco se han presentado propuestas.


¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)

Se autoriza.


-- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA SOBRE EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIAS DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS CONSULARES, HECHO EN MADRID EL 21 DE JUNIO DE 2007 (S. 610/000255) (C.D. 110/000252).


El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familias dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en Madrid el 21 de junio de 2007.


Tampoco se han presentado propuestas.


¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)

Se autoriza.


-- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE LETONIA PARA LA PROTECCIÓN MUTUA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 12 DE JUNIO DE 2007 (S. 610/000256) (C.D. 110/000253).


El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Reino de España y la República de Letonia para la protección mutua de información clasificada, hecho en Madrid el 12 de junio de 2007.


Tampoco se han presentado propuestas.


¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)

Se autoriza.


-- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN MADRID EL 25 DE JUNIO DE 2007 (S. 610/000257) (C.D. 110/000254).


El señor PRESIDENTE: Convenio entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 25 de junio de 2007.


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Tampoco se han presentado propuestas.


¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)

Se autoriza.


-- ENMIENDA AL CONVENIO SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO EN LA TOMA DE DECISIONES Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, HECHO EN ALMATY (KAZAJSTÁN), EL 27 DE MAYO DE 2005 (S.610/000258) ( C.D. 110/000255).


El señor PRESIDENTE: Enmienda al Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la Justicia en materia de medio ambiente, hecho en Almaty, Kazajstán, el 27 de mayo de 2005.


No se han presentado propuestas.


¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)

Se autoriza.


-- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DEL SENEGAL PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, HECHO EN DAKAR, EL 5 DE DICIEMBRE DE 2006 (S.
610/000259) (C.D. 110/000256).


El señor PRESIDENTE: Convenio entre el Reino de España y la República del Senegal para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia del Impuesto sobre la Renta, hecho en Dakar, el 5 de diciembre de 2006.


No se han presentado propuestas.


¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)

Se autoriza.


-- ACUERDO GENERAL DE COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE ARABIA SAUDÍ, HECHO EN MADRID EL 22 DE FEBRERO DE 2007 (S. 610/000260) (C.D. 110/000257).


El señor PRESIDENTE: Acuerdo general de cooperación entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí, hecho en Madrid el 22 de febrero de 2007.


No se han presentado propuestas.


¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)

Se autoriza.


-- ACUERDO DE COOPERACIÓN SOBRE UN SISTEMA MUNDIAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE (GNSS) CIVIL ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y EL REINO DE MARRUECOS, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 12 DE DICIEMBRE DE 2006 (S. 610/000261) (C.D. 110/000259).


El señor PRESIDENTE: Acuerdo de cooperación sobre un sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) civil entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, hecho en Bruselas el 12 de diciembre de 2006.


No se han presentado propuestas.


¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.)

¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)

Se autoriza.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.


-- DE LA COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL (S.
621/000125) (C.D. 121/000135).


-- DE LA COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO DE LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL (S. 621/000126) (C.D.
121/000150).


El señor PRESIDENTE: Finalizado este punto del orden del día, pasamos al sexto: Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.


De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el proyecto de ley para el desarrollo sostenible del medio rural.


Y de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con el proyecto de ley orgánica complementaria del proyecto de ley para el desarrollo sostenible del medio rural.


Por acuerdo de la Junta de Portavoces de 13 de noviembre, el debate de estos dos proyectos de ley se realizará conjuntamente.


Para la presentación de los dictámenes, tiene la palabra el senador Companys.


El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Señor presidente, solo quiero hacer una aclaración: no quiero intervenir para la presentación del dictamen, sino para la defensa del veto que presentó nuestro grupo parlamentario.


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El señor PRESIDENTE: Señoría, la defensa del veto es después.


¿Por parte de la comisión no hay nadie que presente el dictamen? (Pausa.)

Por tanto, pasamos a debatir los vetos.


En primer lugar, la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, aprobada por la comisión.


Tiene la palabra el senador Companys. (Rumores.)

Señorías, les ruego silencio.


El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Señor presidente, señoras y señores senadores, iniciamos el debate en relación con el dictamen de la Comisión General de las Comunidades Autónomas relativo al proyecto de ley para el desarrollo sostenible del medio rural.


Mi primera intervención está destinada a la defensa del dictamen de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, al que se incorpora el veto de mi grupo parlamentario, y por tanto la devolución del proyecto de ley al Congreso de los Diputados. Como el tiempo es limitado, haré unas breves reflexiones que motivaron la presentación de este veto.


En primer lugar, y muy importante, es que a nuestro entender, señor presidente, esta normativa pretende articular las políticas sobre el entorno del medio rural y comete un grave error: no tener en cuenta que el principal elemento dinamizador del medio rural desde hace dos mil años es la agricultura en su más amplio sentido. Y este proyecto de ley le dedica solo un artículo. Por tanto, ordenar el medio rural y, paralelamente, no diseñar políticas agrarias sobre la premisa de nuestro grupo parlamentario, que no es otra que la de que no es posible un medio rural sostenible a medio y largo plazo si no va acompañado de una agricultura viable, nos aboca al fracaso.


En segundo lugar, desde mi punto de vista esta ley no se adapta suficientemente a la normativa europea, que es la que regula la aplicación de los fondos Feader, los Fondos Europeos Agrícolas de Desarrollo Rural; por tanto, estamos hablando de una política de carácter agrario. Posteriormente se ha dicho que no tiene nada que ver con la orientación agraria, pero lo cierto es que la financiación proviene en gran medida de fondos del sector agrario.


Esta ley no es capaz de hacer suya la decisión del Consejo, que fija las principales directrices estratégicas comunitarias del desarrollo rural para el período 2007-2013, y manifiesta de forma clara que dichas directrices estratégicas deberán reflejar el papel multifuncional que desempeña la actividad agraria en la riqueza y diversidad de los paisajes, de los productos alimenticios y del patrimonio cultural y natural de la comunidad.


La normativa europea también indica que esos fondos van en la línea de potenciar la reestructuración y la modernización del sector agrario, mejorar la integración de la cadena agroalimentaria, impulsar el espíritu empresarial dinámico y buscar nuevas salidas a los productos agrarios y selvícolas, teniendo en cuenta que pueden tener un alto valor añadido, en especial los productos de calidad.


Por tanto, señor presidente, señoras y señores senadores, entendemos que el proyecto de ley sí se financia con fondos agrarios, pero no incorpora las medidas de potenciación y modernización de la estructura agraria. En consecuencia, sí la financiamos, pero la agricultura queda, como se dice ahora, invisible.


Por otro lado, en nuestra opinión esta es una ley absolutamente invasora desde el punto de vista competencial. Solo hace falta recordar algunas de las sentencias que durante este tiempo ha dictado el Tribunal Constitucional. Tuvimos la oportunidad, en vez de hacer el debate en el marco de la Comisión de Agricultura, que a petición del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió se hiciese en el marco de la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, tuvimos la posibilidad de que los consejeros interesados pudiesen estar presentes; de hecho, eso reforzó alguno de los posicionamientos que teníamos antes de entrar en ese debate. Por ejemplo, el consejero de Galicia dijo que este proyecto permite una injerencia competencial que puede suponer el volver a panoramas competenciales ya superados. El consejero de La Rioja dijo, entre otras lindezas, que el proyecto llega tarde y mal, a destiempo, yerra el tiro y parece que la Administración central no se quiera dar cuenta de que no tiene competencias en esta materia. La consejera de Valencia dijo que nos encontramos frente a un proyecto de ley que supuestamente trata de conseguir una agricultura y un medio rural multifuncional a través de un modelo de desarrollo caracterizado por la indefinición, la falta de concreción y, sobre todo, la invasión competencial. Y es cierto que algunos consejeros de agricultura, exactamente dos, que eran del Partido Socialista Obrero Español, lo encontraron muy bien porque creen que es el Estado el que tiene que hacer esas políticas y no su consejería. Esos son puntos de vista que se pueden debatir; y entiendo que haya consejerías que no quieren ejercer sus competencias, pero eso es fácil de resolver simplemente no ejerciéndolas y que las asuma el Estado.


El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, refiriéndose a las medidas que se incorporan al Programa de Desarrollo Rural Sostenible, dijo textualmente: lo aprueba el Gobierno por decreto, y una vez aprobado las comunidades autónomas lo podrán ejecutar en aquellas medidas que les sean propias.


Este es uno de los argumentos con los que no puedo estar de acuerdo, ya que básicamente se aplica en él el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que no es un artículo uniformador, como sí se pretende en esta ley, sino que su uso está restringido a casos extraordinarios, y en todo caso el desarrollo por parte del Estado de cualquier competencia que se apoye en ese artículo nunca se podrá hacer mediante normativas que no tengan rango de ley. No le se puede dar más vueltas: tenemos la Constitución que tenemos, las normativas y los estatutos que tenemos; por lo tanto, no se podrá desarrollar mediante real decre-

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to, como prevé esta ley, sino que tendría que hacerse mediante normas de carácter básico, lo que no es posible, o mediante normativas de las comunidades autónomas.


El portavoz del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés también decía textualmente: Si ustedes se toman la molestia de ver las aportaciones que fueron aceptadas en el trámite de discusión en el Congreso de los Diputados, van a ver que esta invasión de competencias ha quedado muy minimizada.


Estoy de acuerdo. Había muchos puntos en los que la invasión competencial era brutal, pero desde nuestro punto de vista ha quedado presente la invasión y, por lo tanto, aunque sea mínimamente, creo que nosotros estamos aquí, entre otras cosas, para que se aplique la Constitución y, sobre todo, para que se apliquen los estatutos de autonomía de las diferentes comunidades autónomas, que son leyes orgánicas de obligado cumplimiento. Eso quiere decir que, efectivamente, se podría estar de acuerdo con el proyecto de ley que invade competencias del Gobierno de Cataluña, pero como he dicho antes, nosotros estamos en contra y por eso vamos a mantener el veto al presente proyecto de ley.

Nos dijo también el señor Rodríguez Cantero -efectivamente, es algo que forma parte de la ley y, por tanto, no descubro nada nuevo- que eso está pensado para que el Estado pueda actuar en cualquier sitio y sobre cualquier tema. Pero yo no puedo estar de acuerdo con ello. El Estado puede actuar en cualquier sitio y en cualquier tema referido a sus competencias, pero no en aquello que no sean sus competencias propias.
Sin embargo, esta ley sí lo hace, es decir, intenta que el Estado pueda estar presente en todas partes, y me parece muy bien, pero en todo caso tendremos que repensar si nuestro Estado, el Estado autonómico, el Estado de las comunidades autónomas es o no el bueno, y si no es el bueno, modifiquemos la Constitución, quitemos los estatutos y tengamos un Estado centralizado en el que sí sería posible hacer estas cosas.


Pero si me lo permiten diré que lo más grave es que se afirme -Entesa lo hace- que esta no es una ley agraria, ni agrarista ni medioambientalista sino una ley -según se ha dicho- de orientación territorial muy clara. Y es entonces, desde luego, cuando comienzan a sonar todas las alarmas, porque una ley de orientación territorial quiere decir que mira, que orienta el territorio y, en definitiva, que lo ordena. Y, efectivamente, una ley de ordenación del territorio es aquella en la que las comunidades autónomas en general, y de forma especial en Cataluña, tienen competencias exclusivas. Por tanto, en este punto tampoco podríamos llegar a un acuerdo.


Creo que estamos en esta Casa para debatir aquí, en el hemiciclo, desde un punto de vista político, las distintas posiciones; entiendo que estamos aquí para defender, efectivamente, la Constitución, pero también de forma especial las competencias que se derivan de las leyes que, a través de largas negociaciones, se aprobaron, unas leyes que regulan las autonomías, los estatutos de autonomía, algunos de ellos, como es el caso de Cataluña, refrendados por la ciudadanía.


Por tanto, tenemos un proyecto de ley para el desarrollo sostenible del medio rural que, según parece, no es ni agrarista ni medioambientalista, repito, pero sí financiado básicamente con los fondos del sector agrario, del FEOGA. Y parece ser que también se van a aplicar los fondos de la modulación. Recuerdo un debate en el marco de la Comisión de Agricultura en el que hablamos de la modulación. Yo me opuse a ello, pero no porque creyera que la modulación no pudiese ser buena, sino porque los dineros de la modulación terminasen aplicándose a lo rural, que no sabíamos exactamente lo que era.


Por tanto, renta agraria-modulación es algo que desaparece del pilar número uno, que es modulación, y se va a otros espacios en que ya veremos cómo se aplica. Porque tampoco ha sido consensuado con las comunidades autónomas. Yo no sé qué podrá decir la ministra, pero en todo caso a los consejeros no se les consultó, y cuando se les dio tiempo para presentar enmiendas se les dio un plazo de cuatro días, y parece ser que no tuvieron mucho éxito.


Está claro también que esta ley invade competencias, ya que no es posible, como he dicho antes y vuelvo a repetir, que el desarrollo de una ley se soporte básicamente sobre el artículo 149.1.13.ª de la Constitución. Es decir, de los 40 artículos de esta ley tres de ellos se soportan sobre artículos determinados -y no estoy de acuerdo en ello-, pero los 37 restantes son todos de bases y se aplican, como he dicho, sobre la base del artículo 149.1.13.ª de la Constitución. Eso es un atraco a mano armada a las competencias de las comunidades autónomas.


A este proyecto de ley, de 40 artículos, se mantenían vivas 300 enmiendas en comisión -en este momento no sé si se han retirado-. Pues bien, no se puede decir que en un proyecto de ley de 40 artículos y con 300 enmiendas se haya debatido, negociado y requerido voluntad de participación de las fuerzas políticas. Pero eso es más evidente aún cuando en este proyecto de ley, 80 de las enmiendas que se presentaron en comisión, que no se pudieron debatir porque el veto prosperó, eran de los grupos parlamentarios que dan soporte al Gobierno. Por tanto, dado que esos grupos presentan un 30 por ciento de las enmiendas, no es un proyecto de ley en el que se haya buscando el consenso ni un proyecto bien hecho puesto que continúan vivas un exceso de enmiendas.


Ya dije, y vuelvo a repetir, porque mis argumentos van a ser muy similares a los de la semana pasada en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, puesto que no he cambiado de opinión, que no soy enemigo de lo rural, que me gusta lo rural y que creo que lo rural es bueno, pero no a cuenta de lo agrario, no lo rural financiado por lo agrario. Esa es la gran diferencia. Por tanto, estoy de acuerdo en que hagamos políticas sociales ruralistas, pero busquemos dinero en los Presupuestos Generales del Estado y no, como siempre termina sucediendo, en los fondos que van directamente a la agricultura.


Por consiguiente, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió utiliza en este caso el veto y su defensa como una cosa absolutamente excepcional. En 18 años que llevo de parlamentario es la primera vez

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que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió presenta de mi mano un veto en materia de agricultura, y lo hemos presentado no tanto porque estuviésemos más o menos de acuerdo con la ley -que es muy mejorable-, sino porque desde nuestro punto de vista, como ya he dicho, es un ataque frontal y en toda regla a las competencias de las comunidades autónomas.
Ese es un camino que no estamos dispuestos a recorrer. Seguramente en ese camino van a encontrar compañeros que les van a dar soporte. Pero como quiero decir las cosas por su nombre, también les puedo anunciar que el día que se apruebe la ley el Grupo de Convergència i Unió en el Parlamento de Cataluña lo va a someter al Consultiu, y seguramente después al Constitucional. Ya sé que el Constitucional va a tardar en pronunciarse tres o cuatro años, pero el Consultiu nos va a dar su visión en poco tiempo y probablemente el tiempo nos dé la razón en este asunto.


Señor presidente, señoras y señores senadores, en la Comisión General de Comunidades Autónomas, gracias a la benevolencia del presidente, tuvimos unos tiempos de intervención muy largos. Hoy voy a aprovechar los 14 segundos que me quedan para decir que mantenemos la posición que mantenemos porque esta ley no nos gusta, porque no está consensuada, porque no se habla con las comunidades autónomas, porque no se resuelve el problema de la agricultura, porque la agricultura no es el centro que tendría que ser en la ley, porque afecta a las competencias de las comunidades autónomas.


Por ese motivo, señor presidente...


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.


El señor COMPANYS i SANFELIÚ: Con esto termino, señor presidente.


Por ese motivo, no solo mantenemos el veto a la ley, que se podrá levantar en el Congreso de los Diputados, sino que además pedimos a todos los grupos parlamentarios, a todas las señoras y todos los señores senadores de esta Cámara que tengan una mínima sensibilidad desde el punto de vista de las competencias y pensando que el campo tiene futuro, porque esta ley no puede prosperar tal como está.


Muchas gracias, señor presidente y señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Pasamos a debatir la propuesta de veto del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


Tiene la palabra la senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.


Quiero iniciar mi intervención dándole la bienvenida a la señora ministra al debate sobre estos dos proyectos de ley presentados por su ministerio: el proyecto de ley para el desarrollo sostenible del medio rural y el proyecto de ley orgánica complementaria del proyecto de ley para el desarrollo sostenible del medio rural.


En comisión el otro día prosperó el veto presentado por Convergència i Unió, con lo cual en estos momentos el dictamen de la comisión sería la devolución del texto remitido por el Congreso de los Diputados a esta Cámara. Pero este grupo parlamentario mantiene para su debate en el Pleno el veto que presentó, que no fue sometido a votación al prosperar el primero, que, como digo, es de Convergència i Unió.


El proyecto de ley para el desarrollo sostenible del medio rural, junto con el proyecto de ley orgánica complementaria, pretenden poner en valor el medio rural. Sin embargo, señorías, las zonas rurales se caracterizan por una gran diversidad de situaciones, y es que en un mismo territorio podemos tener zonas totalmente despobladas en la actualidad y zonas rurales influenciadas directamente por el crecimiento de zonas urbanas relativamente próximas a ese entorno rural. Por tanto, aunque en principio haya situaciones similares en algunas ocasiones, hay gran variedad de circunstancias y peculiaridades que hacen necesarias intervenciones totalmente diferenciadas y dispares.


El reto de poner en valor el medio rural para las personas que, generación tras generación, han mantenido su vida ligada a su desarrollo es tarea de todas las administraciones junto a quienes hasta estos momentos, y en estos momentos, hacen del medio rural y de su entorno su desarrollo vital.


Por tanto, debemos garantizar todos los aspectos que inciden en la vida de esas personas, así como el desarrollo y pervivencia sostenible del medio en el que viven. De ahí que sea necesario incidir en los ámbitos de educación, sanidad, vivienda, atención social, transporte, infraestructuras, servicios básicos, etcétera.


Sin embargo, el proyecto de ley que persigue impulsar una política estatal en materia de desarrollo rural para todo el Estado siguiendo las líneas estratégicas definidas en el marco comunitario y, a juicio de este grupo parlamentario, tomando como referencia la decisión del Consejo de 20 de febrero de 2006, lo que hace es invadir por completo competencias que son exclusivas de las comunidades autónomas.


Durante el debate en el seno de la Comisión General de Comunidades Autónomas, y tal como ha manifestado el portavoz de Convergència i Unió, el senador Companys, se dijo por parte de algunos portavoces por activa y por pasiva que esta no era una ley agraria ni era una ley medioambiental ni tenía como fin una orientación agraria. El propio título de la ley despeja esa duda. Es el proyecto de ley para el desarrollo sostenible del medio rural. Por lo tanto, hablamos de propiciar condiciones de vida idóneas, adecuadas para que las personas puedan vivir en el medio rural con calidad de vida y en igualdad de condiciones para el acceso y trato en los servicios a los que como ciudadanos o ciudadanas tienen derecho con independencia del lugar en que vivan.


Sin embargo, a juicio del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, con independencia de que estamos de acuerdo con el objetivo y las premisas que

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plantea este proyecto de ley, creemos que en su elaboración el Gobierno ha cometido el error de extralimitarse en sus competencias, menoscabando de forma clara el ejercicio competencial en ámbitos competenciales exclusivos de las comunidades autónomas.


Está claro que el Estado, basándonos en el artículo 149.1. 13.a, está facultado para fijar las bases y llevar a cabo la coordinación de la planificación general de la actividad económica. Ese título competencial, sin embargo, no habilita al Estado para diseñar las políticas de sectores económicos concretos, competencia que reside en las comunidades autónomas, sino que únicamente le permite fijar una serie de principios a seguir y objetivos comunes a lograr a nivel de Estado, en este caso en materia de desarrollo rural sostenible.


Las vías e instrumentos que la comunidad autónoma escoja para implementar su política de desarrollo rural sostenible pueden ser territorialmente distintas en función de las necesidades de cada ámbito territorial y únicamente deben de estar condicionadas por el logro de los objetivos que a nivel estatal se establezcan en el marco de las directrices comunitarias.


La debilidad del fundamento competencial escogido, es decir, el artículo 149.1. 13.a, ha sido incluso denunciado por el informe del Comité Económico y Social, que en este sentido señala que la adopción de directrices estratégicas territoriales de ordenación rural debe efectuarse en todo caso teniendo presentes las leyes y competencias autonómicas vigentes en esta materia.


El proyecto de ley aborda materias tan diversas como ordenación del territorio, medio ambiente, protección social, empleo, educación, sanidad, urbanismo, vivienda, competencias de comunidades autónomas y que en el proyecto de ley se articulan como competencias del Estado según el artículo 149.1.13.a.


La política de desarrollo rural sostenible viene definiéndose desde Europa a través de distintos reglamentos comunitarios. En el año 2006 el Consejo ha dictado una decisión de carácter vinculante para los Estados miembros en la que se establecen las directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural. Señorías, estamos de acuerdo en que el desarrollo sostenible del medio rural implica intervenciones en distintos ámbitos y áreas recogidas en el proyecto de ley, pero no desde la injerencia ni la imposición a las comunidades autónomas, que son las competentes.


El proyecto de ley es centralista, y además ignora la diversidad del medio rural, su heterogeneidad y su evolución. Establece criterios en el marco del Programa de Desarrollo Rural Sostenible estatal que se centran en la generalidad y en la aplicación de esta al conjunto de las comunidades autónomas incidiendo en áreas de actuación competencialmente propias de ellas. Por ello, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha presentado un veto a este proyecto de ley que tiene su reflejo en las 50 enmiendas parciales, presentadas en lógica coherencia a este proyecto de ley y orientadas precisamente en ese sentido.


Y hay cuestiones que sí me gustaría resaltar antes de terminar esta mi primera intervención en defensa del veto en nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Sabemos que un proyecto de ley para el desarrollo sostenible del medio rural es necesario, y lo es precisamente para la pervivencia del medio rural, y es obligación de los responsables políticos responder a las demandas y necesidades que en estos momentos nos están planteando quienes viven o desean vivir en él.
Es más, diría -y no con animosidad, ni mucho menos, sino todo lo contrario- que la pervivencia de las señas de identidad de un pueblo se la debemos en gran medida al medio rural y a quienes generación tras generación han vivido en él. Y en estos momentos nosotros, como responsables políticos, les debemos a ellos poner en marcha medidas y mecanismos que permitan la pervivencia de ese medio.


Sin embargo, señora ministra, tengo que decirle que leyendo el preámbulo del proyecto de ley, una se queda perpleja cuando en cierto modo se dice que prácticamente no se ha hecho nada y estamos en pleno siglo XXI, que la ley parte de cero en ese sentido. Y eso no es cierto, las comunidades autónomas han desarrollado, a lo largo de su ejercicio competencial y en el ámbito de ese Estado de autonomías del que nos hemos dotado, programas de desarrollo rural, han legislado en materia de desarrollo rural y han puesto en marcha dinámicas, mecanismos, programas orientados no solo a la pervivencia de ese medio, sino a la mejora de las condiciones de vida de quienes habitan en él y en las distintas zonas rurales.


Hay que decir clarísimamente que el proyecto de ley obvia la diversidad territorial e incluso la necesidad de adaptar las dinámicas a características y especificidades propias de cada territorio, así como la necesidad de incluir el factor de la heterogeneidad a la hora de plantear medidas y actuaciones. Y yo diría más -aunque me duela hacerlo-: niega la mayor, que es la mayoría de edad de las comunidades autónomas y su responsabilidad.


Sobre la base de todo ello este grupo parlamentario ha presentado este veto y lo mantiene para su votación.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Propuesta de veto del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el senador Montalvo.


El señor MONTALVO GARRIDO: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar saludo a la ministra. Buenas tardes, señora ministra.


Señorías, el pasado jueves día 15, ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas, el Grupo Parlamentario Popular defendió la propuesta de veto a este proyecto de ley de desarrollo sostenible del medio rural. Basábamos la defensa en cuestiones de insuficiencia de tiempo para el estudio de la citada ley, falta de claridad y poca transparencia en la forma de financiación tanto de la ley como de los distintos planes o programas de desarrollo rural, bien a nivel nacional o de las distintas comunidades autónomas. Hoy me atrevería a decir que

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el planteamiento realizado por nuestro grupo a lo largo de la defensa efectuada el citado día se ha visto reafirmado y reforzado tras oír a los seis representantes de las distintas comunidades autónomas que asistieron a esa comisión; en concreto lo hicieron Galicia, la Comunidad Valenciana, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. Voy a tratar de explicarlo por segunda vez -ya que lo hice el otro día en la comisión- en este breve espacio de tiempo, justificando la necesidad de que este veto prospere ante el Pleno de esta Cámara con la intención de que este proyecto de ley sea rechazado.


Señorías, que el mundo rural atraviesa momentos muy difíciles es algo ya archisabido para muchas personas; testigos directos son los que viven el día a día de ese mundo rural, y otros muchos lo sufren indirectamente. El medio rural se encuentra en un estado que algunos han calificado de preagónico. Es cierto que durante las últimas décadas ha conocido avances muy notables en cuanto a niveles de renta y bienestar, pero una parte muy significativa de este mundo rural padece un atraso económico y social debido a causas más bien ajenas a él.


Desde nuestra adhesión a la Unión Europea ha sido muy importante el impulso socioeconómico experimentado por los españoles, pero ese desarrollo se ha centrado principalmente en el medio urbano, quedando atrás determinados territorios rurales, a pesar de haber realizado estos también determinados avances. Nuestro medio rural sufre los efectos del problema endémico que supone el abandono del campo por parte de las generaciones más jóvenes, atraídas por la ciudad y por la falta de perspectivas atrayentes que las retengan en su lugar de origen.


Este senador que les habla recordaba la tarde del jueves en la comisión que en estos últimos cuarenta años los habitantes de los municipios españoles de menos de 10.000 habitantes han pasado de suponer el 57 por ciento de la población española a tan solo el 20 por ciento, mientras que la superficie de las zonas rurales abarca más del 80 por ciento del total del país, el 90 si consideramos las zonas periurbanas; datos, por otra parte, reforzados por el consejero de medio ambiente de la comunidad autónoma a la que pertenezco, Castilla-La Mancha, el cual puso de manifiesto en su comparecencia que el 47 por ciento de la totalidad de los municipios españoles tienen menos de 500 habitantes, y en el caso de Castilla-La Mancha la cifra es más llamativa, pues el 54 por ciento de nuestros municipios tienen menos de 500 habitantes. Frente al 72 por ciento de los municipios que a nivel estatal son inferiores a 2.000 habitantes, en Castilla-La Mancha esta cifra se eleva hasta el 80 por ciento.


La convergencia e interrelación de los espacios rurales y urbanos debe ser una prioridad para cualquier sociedad moderna y desarrollada que se precie. Ese debe ser el objetivo primordial de cualquier ley de desarrollo sostenible para el medio rural. Y para tratar de luchar contra este problema y ofrecer soluciones, ¿qué es lo que nos ofrece el actual Gobierno del Partido Socialista? Señorías, ante este reto, el actual Gobierno nos trae para su aprobación una ley que ha sido tramitada deprisa y corriendo tanto en esta Cámara como en el Congreso de los Diputados, donde finalizó el plazo de presentación de enmiendas cuando aún estaban compareciendo representantes de las organizaciones agrarias y del sector, por lo que de ninguna manera pudieron realizarse aportaciones a esta ley, aunque, a decir verdad, algunas de esas opiniones o aportaciones han podido verse reflejadas en las diversas enmiendas presentadas por nuestro grupo en su tramitación en el Senado. Y de las prisas e improvisaciones también hemos sido testigos en esta Casa, sobre todo lo han sido las distintas comunidades autónomas invitadas a participar en la sesión de la comisión celebrada el pasado jueves, a las que se les comunicó sin plazo y sin tiempo para que pudieran realizar las aportaciones que considerasen necesarias. Ese y no otro fue el motivo de la presencia tan solo de seis comunidades autónomas de las 17 existentes, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.


Por cierto, le voy a leer un párrafo del dictamen del Consejo Económico y Social emitido en abril de este año y referido a este proyecto de ley.
Dice así: ADada la amplitud y transversalidad del anteproyecto, el Consejo Económico y Social quiere poner de manifiesto el escaso tiempo de que ha dispuesto para dictaminar un texto de tanta transcendencia para el futuro socioeconómico del país, especialmente por el retraso en la recepción de la memoria económica, pieza clave del anteproyecto, ya que el conocimiento de la provisión de recursos y la financiación del programa de desarrollo rural sostenible es fundamental para poder establecer sus garantías de desarrollo y aplicación.


Es una ley que no ha sido estudiada ni debatida en el plazo y en la forma que la importancia del tema merece. A decir de entendidos y profesionales del sector, se trata de una ley que poco más o menos que nos viene impuesta, al tiempo que es muy intervencionista. En palabras del propio portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en ponencia y en comisión, no se trata de una ley agrarista, sino transversal y multisectorial. Por cierto, que también nos decía que algunos no sabemos lo que es el mundo rural y que esa tarde se nos iba a impartir una lección magistral o ex cátedra.


Para el Partido Popular, como para todos los miembros de la comisión, el mundo rural es de sobra conocido. Y para nosotros, el medio rural es agricultura, ganadería, selvicultura, artesanía, industria, pesca, actividades cinegéticas, etcétera. Por cierto, es curioso el párrafo tercero de las conclusiones de la ponencia aprobadas esta mañana, donde se dice que la política agraria debe situarse en el contexto de un desarrollo rural sostenible que sea reconocido como necesario y naturalmente complementario, sin llegar a subordinarse al medio urbano.
No sabemos si es agrarista o no, pero ahí está.


Además, como ya indiqué la otra tarde, flaco favor se le hace al medio rural con declaraciones de ciertos miembros del Gobierno, como las realizadas hace poco por la ministra Narbona sobre la caza, o las efectuadas hace unos meses por la entonces ministra de Sanidad, la señora Salgado, en relación al consumo del vino.


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Por cierto, agrarista o no agrarista, les voy a leer otro párrafo del citado informe del Consejo Económico y Social. Dice así: Por lo que respecta al sector agrario, el anteproyecto incorpora definiciones que no responden a la necesidad de fomentar explotaciones viables. Es necesario impulsar un debate en este sector a efectos de garantizar el empleo y el mantenimiento de rentas suficientes para que los agricultores y sus entidades asociativas titulares de las explotaciones, entre ellas las comunidades de montes, permanezcan y gestionen el territorio de forma sostenible.


Es una ley que no se ha querido someter a diálogo, debate y posterior consenso, calificativos estos de los que hace gala una y otra vez nuestro Gobierno. El ejemplo más claro es el número de enmiendas presentadas tanto en el Congreso como en el Senado. En el Congreso se presentaron aproximadamente 400, de las cuales solo fueron aceptadas seis de nuestro grupo y se alcanzaron algunas transaccionales; y aquí se han presentado 297, de las cuales 111 corresponden al Grupo Parlamentario Popular. En caso de no salir este veto o cualquiera de los otros adelante, vamos a ver cuántas enmiendas nos aceptan, aunque por las manifestaciones que realizó el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en ponencia y comisión está claro que prácticamente no nos van a aceptar ninguna; dijo -y son palabras textuales- que las enmiendas de tipo técnico bien, pero que las otras podían cambiar el sentido y el objeto de la ley.


Es una ley que no deja nada claro cuál y cómo va a ser su financiación. La memoria económica que la acompaña ofrece bastante confusión y poca claridad, y aparte de lo indicado en el primer apartado, el informe del Consejo Económico y Social, insiste en lo siguiente: El mencionado retraso de la recepción de la memoria económica no ha posibilitado al CES realizar un análisis en profundidad. No obstante, el CES considera que sería conveniente que se clarificaran las fuentes de financiación de cada partida presupuestaria utilizada para determinar el alcance de la aportación adicional de la Administración General del Estado.


Es una ley que contempla el traspaso de competencias a las comunidades autónomas y, como consecuencia de ello, puede originar más de un conflicto competencial. Perdonen mi insistencia pero una vez más, y ya van cuatro, he de hacer referencia al dictamen del Consejo Económico y Social. Dice así: El fundamento competencial del anteproyecto no ha quedado sólidamente definido. Dada la amplitud de ámbitos que confluyen en el anteproyecto, que aborda materias tan diversas como ordenación territorial, medio ambiente, protección social, empleo, educación, urbanismo, vivienda, etcétera, sería conveniente precisar la adecuada articulación entre el desarrollo de las competencias del Estado y las que corresponden a las comunidades autónomas en la aplicación de las políticas relativas a las materias anteriormente citadas. El anteproyecto requiere de la acción concertada de todas las administraciones públicas en su aplicación y debería también contemplar su participación en su diseño y desarrollo, favoreciéndose así el principio constitucional de solidaridad interregional.


Es una ley con la que no se garantiza una adecuada prestación de los servicios públicos y la igualdad que se preconiza en ella. Nadie pone en duda que las poblaciones de nuestras zonas rurales necesitan mejorar su situación socioeconómica y tener acceso a unos servicios públicos suficientes y de calidad. Este es el principal objetivo del proyecto de ley presentado por el Gobierno, y el Partido Popular está totalmente de acuerdo. En concreto, pretende mantener y ampliar la base económica del medio rural, asegurar unos servicios públicos básicos y conservar y recuperar el patrimonio y los recursos naturales y culturales del medio rural. En definitiva, el desarrollo sostenible de nuestro medio rural.


El problema surge cuando el proyecto concreta una serie de medidas para alcanzar la mejora de la calidad de vida de los habitantes del medio rural en materia de infraestructuras; materias que en gran parte son competencia de las comunidades autónomas pero que, si se quieren desarrollar tal y como preconiza la ley, necesitan fondos, y ahí es donde la memoria económica resulta frustrante para estos objetivos. Ante esto, el CES propone clarificar la composición del consejo para el medio rural y el establecimiento y creación de la comisión interministerial para el desarrollo y la mesa de asociaciones, de la que se debería determinar su composición y funcionamiento. Señorías, yo me pregunto para qué se solicitan los informes del Consejo Económico y Social si luego no se tienen en cuenta.


Antes de terminar quisiera reproducir algunas de las frases dichas por los representantes de las comunidades autónomas que asistieron a la comisión.
Así, el representante de Galicia dijo que este proyecto de ley deja abierta la puerta a la injerencia competencial en materias que son competencia exclusiva de la Xunta de Galicia. Asimismo dijo que las políticas concretas para el medio rural deben ser decididas por las comunidades autónomas, y que el Estado solamente deberá articular las bases de coordinación.


El representante de La Rioja dijo que esto no se había tratado ni consensuado con las comunidades autónomas, que le habían citado deprisa y corriendo y que no podía aportar las opiniones necesarias, y que si la Administración central quería de verdad potenciar una política de desarrollo rural debería dedicar más fondos a los programas elaborados por cada comunidad autónoma, que -al menos en el caso de La Rioja- han tenido que realizar un esfuerzo extra para compensar la rebaja de los fondos europeos que viene motivada por la nefasta negociación del Gobierno central y de su injusto reparto posterior entre las comunidades autónomas.


Por su parte, el representante de mi comunidad, la de Castilla-La Mancha, dijo entre otras cosas, que deben ser las comunidades autónomas las que elaboren la hoja de ruta en materia de desarrollo rural, pero que esto no es óbice para que la Administración del Estado haga dejación de funciones. Y otra de las cosas que indicó fue que una de las cuestiones que la comunidad castellano-manchega se planteaba rebajar en esta ley la cifra de 30.000 habitantes para adaptarala a lo que es por definición el medio rural.


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Y resulta una paradoja, señorías, porque en el proyecto de ley inicial el número de habitantes que se contemplaba era de 20.000, y fue una enmienda del Grupo Socialista la que en el trámite parlamentario del Congreso la elevó a 30.000, enmienda que, además, defendió un consejero de Agricultura que lo fue de nuestra comunidad.


Señorías, no voy a dar más razones que las expuestas, pues la referencias serían interminables, y por otro lado, consideramos que todo lo ya indicado son razones más que suficientes para justificar la presentación de este veto. Es triste ver cómo uno de los proyectos bandera de esta legislatura, según dijo el presidente Rodríguez Zapatero en el debate de investidura, se queda, como vulgarmente decimos, en agua de borrajas; un proyecto que de salir adelante lo hará solo con un apoyo parlamentario de poco más del 50 por ciento.


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine ya, por favor.


El señor MONTALVO GARRIDO: Termino, señor presidente.


Antes de finalizar mi exposición quisiera defenderme de los calificativos que hemos recibido, tanto nacionalistas como populares, del Partido Socialista, que manifestaba hace unos días ante algún medio de comunicación que estábamos boicoteando una ley de Estado de gran interés para el medio rural. A este respecto quisiera decirles simplemente que nuestro grupo parlamentario está simplemente realizando una labor de oposición, que es donde nos encontramos desde las pasadas elecciones.


Este boicot al que ustedes aluden es sencillamente consecuencia de la falta de diálogo, debate y consenso que ustedes no han querido mantener, pero quédense tranquilos, porque a partir del próximo mes de marzo, en que el Partido Popular ganará las próximas elecciones y empezará a gobernar, derogaremos esta ley y elaboraremos otra bien distinta y mucho mejor a través del diálogo y con el consenso necesario, porque para eso lo vamos a ofrecer, y todo ello se hará en pro y a favor del desarrollo sostenible de nuestro medio rural, que se lo merece.


Y ya para finalizar quisiera solicitar el apoyo de todos los grupos parlamentarios a nuestro veto.


Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


En turno en contra tiene la palabra el senador Rodríguez Cantero.


El señor RODRÍGUEZ CANTERO: Gracias, señor presidente.


Señorías, senador Montalvo, noto que es usted una persona optimista, pero el optimismo llevado a su extremo acaba en la ilusión. Consérvela usted, y en marzo probablemente será usted un desilusionado.


Señorías, se han defendido tres vetos prácticamente -no podía ser, quizá, de otra manera- con los mismos argumentos que se dieron en la Comisión General de Comunidades Autónomas. Hay dos vetos, de los grupos Catalán en el Senado de Convergència i Unió y Senadores Nacionalistas Vascos, que argumentan fundamentalmente la invasión de competencias y también, sobre todo el de Nacionalistas Vascos, hacen una referencia a la legislación comunitaria, a directrices comunitarias, entendiendo que este proyecto de ley de desarrollo sostenible del medio rural que hoy debatimos ni las respeta ni las traslada. Eso son dos vetos muy claros en su planteamiento, con una argumentación que nosotros, lógicamente, no compartimos y que, al igual que hicimos en la Comisión General de Comunidades Autónomas, hoy trataremos de rebatir y de convencer a los enmendantes de que ningún recelo deben tener de esta ley en cuanto a su invasión de competencias. Luego, hay un tercer veto, en este caso del Grupo Parlamentario Popular, que ni entendimos en la comisión ni hemos vuelto a entender hoy, senador Montalvo, a pesar -y usted me conoce y sabe la simpatía y el respeto personal que yo le tengo- del esfuerzo de atención que por mi parte he hecho. Es un tótum revolútum. En la comisión dijo usted: Le voy a dar siete razones. Efectivamente, dio usted siete razones, ni una sola de ellas se refería a competencias y, a continuación, usted y su grupo votaron un veto que tiene como fundamento la invasión de competencias ante un estatuto, el catalán, que ustedes tienen recurrido en el Tribunal Constitucional. Sinceramente, yo no entiendo nada, por más que me esfuerce. Y hoy no ha detallado usted las siete razones, pero ha dado una serie de argumentaciones, que luego comentaré brevemente, porque sinceramente su posición no es de veto a la ley. Una ley no se puede vetar sencillamente porque la oposición crea que los ritmos del Gobierno no se adecuan a su conveniencia, a sus intereses o a su intención. Lo que ocurre es que su veto no es un veto a la ley, sino que es un veto permanente a la acción de Gobierno, es un no permanente a la acción de Gobierno, se hable de lo que se hable, se diga lo que se diga. Unas veces porque llegan tarde, otras porque vienen temprano, unas veces por pitos y otras por flautas. Lo cierto es que el Grupo Parlamentario Popular -y pruebas hay en esta Cámara y en el Congreso de los Diputados más que suficientes- a todo se opone y, cuando no lo consigue con los votos, lo recurre al Constitucional.


Ustedes entienden que las Cámaras no están legitimadas en la medida que no cumplen con sus condiciones y con sus proposiciones, y a partir de ahí, todo lo boicotean; no me retracto de la palabra boicot, por su parte, por parte del Grupo Parlamentario Popular, a una iniciativa y a un proyecto de ley que viene a dar respuesta a una demanda unánimemente expresada y sentida por el medio rural, por las organizaciones agrarias, por los sectores económicos y sociales que han pasado por el Congreso de los Diputados, por los consejeros a los que usted ha hecho referencia, incluso por los grupos parlamentarios, que todos han tenido buen cuidado en decir que esta es una ley necesaria; sí, pero. Así como el pero de los grupos Nacionalistas Vascos y de Convergència i Unió yo lo entiendo, aunque no lo comparto; el suyo, sinceramente, no lo puedo compartir ni mucho menos entender.


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Respecto al tema competencial, es muy simple el planteamiento del veto: las únicas que pueden tener competencias para políticas sectoriales son las comunidades autónomas. El Estado no puede. Ya está. Ahí se resume todo. Lo demás será un debate académico o de juristas, y como yo no lo soy, no voy a entrar en ese debate. Para mí es muy simple y muy elemental lo que ustedes plantean.


Y no hay necesidad de citarles -como hice en comisión- el artículo 131 de la Constitución, que faculta al Estado para la planificación general, la sectorial y la regional; ni el artículo 149.1.13.ª -que ustedes han citado-, según el cual el Estado está facultado para sentar las bases y coordinar esa planificación económica que incluye el desarrollo rural. En la comisión acudí a lo mismo a lo que acudo hoy, al sentido común que, al menos en la pequeña parte que todavía me queda después de estos debates, me indica que no es posible que el Estado no tenga competencia para llevar a cabo una política propia sectorial, en este caso una política estatal propia de desarrollo sostenible del medio rural. No es posible; se pongan como se pongan, eso no es así.


Incluso aceptando los recelos, fíjese que ustedes dicen que en el Congreso se presentaron 400 enmiendas, pero callan que se transaccionaron o aceptaron más de 100, y la mayoría de ellas vinieron a perfilar esa competencia estatal y a poner coto allí donde aparecía la sospecha de que se pudiera invadir competencias de las comunidades autónomas. Lean ustedes la cantidad de referencias que hay a comunidad autónoma competente, a administración competente; siempre competente. Por tanto, hay un celo extremo por parte del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista para que esa invasión de competencias no se produzca.


La Ley de desarrollo sostenible del medio rural no invade competencias, convénzanse, no hagan una lectura un tanto vidriosa de la cuestión, y, sobre todo, no juzguen intenciones. No viene a potenciar el centralismo del Ministerio de Agricultura -¡qué ocurrencia!- como indica alguna justificación de vetos, ni mucho menos viene a arrinconar ninguna legislación sectorial de las comunidades autónomas. La Ley de desarrollo sostenible del medio rural viene, primero, a llenar un vacío legal y político, avalado por la demanda del medio rural, de todos los sectores, económico, social, organizaciones profesionales agrarias, de todo el mundo que ha tenido participación y ha conocido la elaboración del texto de esta ley. Viene a convivir con la legislación sectorial de las comunidades autónomas y con la correspondiente de la Comunidad Europea en materia de desarrollo rural.


No es contradictoria, en absoluto, con la legislación sectorial de las comunidades autónomas y sí es complementaria de ella. A partir de la aprobación de esta ley, si sus señorías entienden lo injustificado de sus vetos, pasaremos a debatir las enmiendas, y ya les adelanto que el Grupo Parlamentario Socialista está abierto a la negociación. Lamentablemente, hasta ahora no ha sido posible, porque todos los requerimientos que este portavoz ha hecho a los distintos grupos siempre han encontrado una sonrisa displicente o un «luego hablamos», pero no han encontrado ninguna disposición a hablar seriamente de cuáles son las mejoras que a través de sus enmiendas se pudieran incorporar.


Ya les adelanto que estamos dispuestos a hablar de enmiendas, pero de enmiendas que no desvirtúen, enmiendas que no contradigan los pilares básicos de la ley. Se me ha achacado en esta tribuna que he dicho que esta ley tiene un fundamento y que de ahí no pasamos. Lógicamente, no vamos a aceptar ninguna enmienda que suponga negarle al Estado la competencia para tener una política de desarrollo rural propia, por la misma razón que rechazamos el veto. No vamos a aceptar ninguna enmienda que suponga que esta ley deje de ser una ley de desarrollo rural, deje de ser una ley territorial, a pesar de que alguno vea ahí un problema, deje de ser una ley multisectorial y transversal, una ley que tiene como objetivo fundamental reconocer el derecho que todos tienen de vivir en el pueblo, y para ello mejora las condiciones de vida, la calidad de vida, los servicios, las infraestructuras y los equipamientos. Nosotros no podemos aceptar ninguna enmienda que desvirtúe eso. A partir de ahí, hay un bloque de enmiendas que marca las líneas, las directrices y los objetivos.


Estamos abiertos a cualquier mejora, y de hecho, insisto, en el Congreso de los Diputados se presentaron 400 enmiendas y se aprobaron más de 100, y en el Senado se han presentado 300 enmiendas, la mayoría repetición de las del Congreso. No es que la ley sea mala ni buena, es la necesaria y la conveniente, lo que ocurre es que existe la obstinación, por un lado, de quienes intentan recortar competencias del Estado legítimamente, y la obstinación, por otro, de quienes quieren hacer de esta una ley agrarista, que no lo es, lo cual no quiere decir que no entienda que la agricultura es una actividad primordial. Lean ustedes el artículo 2, el artículo 16 u otros muchos que hacen referencia a la actividad agrícola, ganadera, forestal y pesquera. En ese terreno y en esas enmiendas, repito, estamos abiertos a cualquier participación.


Señorías, la aplicación de la ley para el desarrollo del medio rural hará que en el medio rural vasco, catalán, del resto de las comunidades autónomas los ciudadanos sientan un incremento de la atención pública, al igual que viene ocurriendo con la aplicación de las normativas comunitarias. ¿Por qué esta ley va a ser perjudicial para el medio rural y la comunitaria, a la que ustedes hacen permanente referencia, es beneficiosa, cuando esta lo que hace es complementar aquella, aumentar las oportunidades que los ciudadanos del medio rural tienen para mejorar su calidad de vida? Sinceramente no entiendo cuál es el miedo.


Señorías, también se dice que la ley es buena, es necesaria, pero el problema está cuando se baja al terreno de concretar las medidas porque es ahí donde se produce la invasión de competencias. Y quiero decir dos cosas a esa argumentación: una, ya he hecho referencia al artículo 149.1.13 de la Constitución española, que establece muy claramente que la exclusividad de las competencias que recogen los estatutos de autonomía tienen que someterse,

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aceptar y cumplir la normativa básica del Estado, como en este caso, dictada al amparo del artículo 149.1.13a, de esto no debe quedar la menor duda. Pero hay más y es que la ley recoge una serie de medidas indicativas para que el programa de desarrollo rural sostenible que se ha de elaborar en coordinación con las comunidades autónomas -no enfrentando ni arrinconando a las comunidades autónomas sino en coordinación con ellas- recoja aquellas que el Estado y las comunidades autónomas entiendan necesarias y convenientes. Pero hay más todavía: a partir de ese programa de desarrollo rural sostenible cada comunidad autónoma elaborará y aprobará un plan rural de zona y ese plan rural de zona, elaborado y aprobado voluntariamente por cada comunidad autónoma, podrá o no, según quiera, concertar su financiación con el Estado. Y más aún: una vez concertada la financiación con el Estado, será la comunidad autónoma en la materia de su competencia la que ejecute ese programa rural de zona, una zona rural que ella ha establecido y ha dicho cuál es.


Entender que esto es un atraco a las competencias de las comunidades autónomas, como ha dicho un portavoz... Si fuera andaluz, le diría: ¡Qué andaluz es usted!, pero como no es andaluz, le tengo que decir: ¡Qué exageración la suya y qué desmesura!, porque de atraco, nada, de complementariedad, de convivencia, de ejercer una capacidad y una obligación que el Estado tiene, todo lo que pudiera.


Otro de los temas que se plantean con frecuencia en el debate de los vetos es el posible incumplimiento que esta ley aboca en las directrices comunitarias. No insistan en ese tema, lo intenté aclarar en la comisión y vuelvo sobre ello porque veo que mis dotes de persuasión son nulas. En fin, me debo explicar muy mal porque ustedes siguen erre que erre, siguen confundiendo el marco comunitario 2007-2013 de desarrollo rural y siguen confundiendo los planes regionales de desarrollo rural, por cierto, todos mandados a Bruselas y, desde luego, mucho antes en el tiempo en cuanto a los meses de su publicación, su aceptación y su aprobación por el Gobierno del Partido Popular. Esos planes de desarrollo rural no se van a ver afectados, en absoluto, por esta ley. Díganme ustedes en qué se van a ver afectados. Cuando dicen eso, desconocen o quieren desconocer -yo creo que lo conocen, lo que pasa es que en la argumentación les interesa no tenerlo en cuenta-, que esas directrices comunitarias se están cumpliendo. Y que en nada afecta, pero es que, además, este proyecto de ley impulsa una política rural que va más allá de las nuevas directrices comunitarias o de los meros reglamentos comunitarios y un programa de desarrollo rural sostenible que viene a complementar en todos aquellos aspectos que no recoge las directrices comunitarias; y además, es una política que se eleva, que tiene una visión mucho más integral de mayor amplitud para conseguir un armónico desarrollo de las zonas rurales de España, en las que el Estado, junto con la colaboración y en coordinación con las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el sector privado, tiene que actuar. Si no se quiere ver eso, efectivamente, se dan vueltas y vueltas y todos son problemas de competencia, problemas de cumplimiento de legislación comunitaria o problemas de financiación que también se ponen sobre la mesa.


Vuelvo a insistir sobre la financiación: por primera vez en los Presupuestos Generales del Estado, y con cargo a partidas propias, existe un programa que tiene nombre y apellidos, programa de desarrollo sostenible del medio rural, con 112 millones de euros; hay una Memoria económica que también suelen sacar y enseñar, que ustedes dicen que no se entiende, pero, paradójicamente no la entienden, y luego la descalifican.
¿En qué quedamos, o no la entienden o la descalifican? Si no la entienden, la explicación es muy simple: señorías, el Estado compromete 3.000 millones de euros en el período 2008-2013, más la aportación de las comunidades autónomas, más la aportación de los ayuntamientos, más la aportación del sector privado. Estimación: unos 12.000 millones de euros en el período. No me digan que no tiene definida la financiación. Ustedes podrán decir que no se fían, pues si ustedes no se fían y quieren ser como Santo Tomás, metan los dedos en los Presupuestos Generales del Estado para 2008, allí encontrarán ya los 112 millones de euros, con programa propio, más otras cantidades que están, lógicamente, sin especificar a esas alturas, cuando la ley todavía corre el peligro y está al albur de que un veto prospere y tengamos que ir al Congreso a ver qué pasa; no pedirán ustedes que haya programas específicos para actuaciones que todavía no están ni siquiera pensadas por las comunidades autónomas.
Esa es la cuestión.


Y hay un asunto que es también recurrente. Dicen que no se negoció, que las comunidades autónomas se enteran de un día para otro que, los consejeros vienen aquí poco menos que abrochándose todavía los zapatos porque estaban ajenos a todo esto. Señorías, un poco de seriedad. Las comunidades autónomas la conocen desde febrero del año 2006 en conferencias sectoriales, en comisiones sectoriales -al menos seis reuniones, entre unas y otras-, han tenido reuniones técnicas con la Dirección General de Desarrollo Rural, ha habido en el Congreso comparecencias múltiples de la ministra y altos cargos. En el Congreso ha habido debates a la totalidad y a las enmiendas, sin embargo, en el Senado, tanto el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió como el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos plantean, a bote pronto, que esta cuestión se discuta en la Comisión General de Comunidades Autónomas. Pues bien, aunque estaba previsto que fuera a la Comisión de Agricultura, sin embargo, se debate en la Comisión General de Comunidades Autónomas, y a partir de ahí, me imagino que los mecanismos de la Cámara se ponen en comunicación.


Una cosa está clara: que la mayoría de los consejeros de las comunidades autónomas han presentado sugerencias y alegaciones, luego ya lo conocían perfectamente. Es verdad que algunas de ellas esperaron prácticamente a la noche del día 26 de abril para mandar por fax sus alegaciones, siendo conscientes -porque así se les había dicho-, de que en el Consejo de Ministros del día 27 -es decir, a las nueve de la mañana del día siguiente-,

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el Gobierno aprobaría el proyecto de ley. Por lo tanto, difícilmente tenían ningún interés en que esas alegaciones fueran contempladas cuando las mandaron a una subdirectora general por fax la noche del día 26; difícilmente. En todo caso, no es válido el argumento de que no han sido consultadas.


Señorías, me gustaría comentar una última cuestión -y voy terminando, señor presidente- referida al Reglamento comunitario 1698/2005 y es que parece haber cierta preocupación en cuanto a su cumplimiento. El Reglamento comunitario 1698/2005 tiene fundamentalmente carácter agrario y escasamente carácter multisectorial, como corresponde a su inclusión en la PAC. Precisamente por eso, porque ese Reglamento relativo a la ayuda al desarrollo rural tiene un escaso carácter multisectorial, países como Francia, el Reino Unido o Alemania cuentan con políticas de desarrollo rural propias; y no me digan que Alemania, que es un Estado Federal, cuenta, ni mucho menos, con una ley centralista que ataque a los Länders.
Lo que ocurre es que se han dado cuenta de por dónde va la aguja de marear en Europa y han observado que el desarrollo rural necesita cada vez más de políticas propias de los Estados miembros y ellos ya la tienen.


Por lo tanto, espero que sus señorías reposen el contenido de esta ley y no vean todo desde el prisma de la oportunidad electoral o como el último combate de la legislatura y que reconozcan a España la misma facultad que tienen Francia, el Reino Unido o Alemania y, en consecuencia permitan que el trámite de esta ley, absolutamente necesaria y conveniente, que supone la convivencia y no la contradicción y que viene a complementar, una ley que ha sido demandada por el conjunto del medio rural, por organizaciones profesionales, por sectores sociales y económicos, continúe esta tarde en esta Cámara que pasemos al trámite de enmiendas, y hagan ustedes en ese momento las aportaciones que crean convenientes y necesarias. Por nuestra parte estaremos abiertos a ello, aunque, lógicamente, no podemos estar a favor de unos vetos que, insisto -y no lo retiro-, vienen a boicotear una ley que necesita y demanda el medio rural.


Por lo tanto, retiren ustedes sus vetos, sean ustedes leales con los intereses del medio rural y dispónganse a acordar enmiendas que mejoren el texto y no lo desvirtúen. Quien eche de menos la agricultura o lo agrario en esta ley, primero, es porque no se la ha leído muy bien -porque esto es algo que se encuentra permanentemente presente en la misma- y, segundo, porque confunde el desarrollo agrario con el desarrollo rural, que son dos cosas distintas. Léanse ustedes la ponencia aprobada esta mañana en comisión y verán cómo de ahí se deduce que la agricultura tiene que estar subsumida en el marco de un desarrollo rural sostenible. Lean ustedes bien aquello que leía el senador Montalvo, además de otras conclusiones, que dice que la agricultura -se lo recuerdo al senador Companys- es un instrumento de ordenación del territorio, aunque a usted no le guste y crea que invade las competencias catalanas.


Repito, señorías, retiren el veto. Señores de la derecha, sean ustedes consecuentes y coherentes con sus planteamientos respecto a determinados estatutos de autonomía y no apoyen un veto que, sin duda, viene a boicotear una buena ley para el medio rural.


Señora ministra, al principio de mi intervención no la he saludado, usted me perdonará, porque estaba concentrado en el debate. Ahora le saludo, le doy la bienvenida y le deseo que esta tarde pueda escuchar, además de críticas, alguna que otra alabanza.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, señorías, en primer lugar, quiero hacer una aclaración prácticamente de una forma recurrente. Intervengo para explicar la posición del Bloque Nacionalista Galego dado que el BNG fue la única fuerza de las que compone el Grupo Parlamentario Mixto que ha presentado enmiendas a este proyecto de ley y nuestra posición con respecto al veto no tiene por qué ser compartida con el resto de los compañeros de grupo.
Por tanto, por respeto a ellos, considero necesario introducir este matiz.


Voy a procurar no reiterar muchos argumentos ya expuestos en la Comisión General de Comunidades Autónomas a la hora de explicar nuestra posición.
Quiero decir que el BNG discrepa en muchos aspectos con el encaje que se le da en este proyecto de ley a las comunidades autónomas y a sus competencias. Consideramos que el proyecto de ley es demasiado ambiguo, por lo que su redacción -desde nuestro punto de vista excesivamente genérica-, puede conducir a una interpretación abusiva cuando se elabore y apruebe el programa de desarrollo rural sostenible, a una interpretación que suponga de facto una reducción o un recorte de las competencias autonómicas en esta materia. Pensamos, y en esto coincidimos con la fundamentación de algunos de los vetos presentados, que la competencia estatal para fijar las bases y llevar a cabo la coordinación de la planificación general de la actividad económica habilita al Estado para fijar una serie de principios y de objetivos comunes que serán necesario alcanzar, pero no lo habilita para diseñar políticas sectoriales cuya competencia está residenciada en las comunidades autónomas.


El proyecto de ley contempla medidas, además en materia de agricultura, de ganadería y de montes, en los que Galicia tiene competencias exclusivas, en un sinfín de materias que afectan de lleno a competencias exclusivas previstas en nuestro Estatuto de Autonomía. Desde nuestro punto de vista, esta interpretación abusiva de la legislación básica del Estado puede reducir la autonomía política a una simple descentralización administrativa obstaculizando el diseño de políticas propias.


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Señorías, si el BNG disiente profundamente de esta visión reductora de la autonomía política, más aún cuando hablamos del desarrollo del medio rural pues si el Estado español es plural, esa pluralidad es aún mucho mayor si al medido rural nos referimos, y consideramos que la aplicación de las mismas recetas a realidades distintas puede producir efectos políticos enormemente perversos.


Por estos motivos, compartimos en gran medida la fundamentación de los vetos presentados por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; de hecho, estos fueron los motivos que hicieron que el Bloque Nacionalista Galego presentase en el Congreso de los Diputados, en la Cámara Baja, una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley, enmienda que el BNG acabaría por retirar ante la disposición a negociar del partido del Gobierno.


Fruto de esa negociación, se aceptaron en el Congreso de los Diputados enmiendas parciales que introdujeron mejoras en aspectos esenciales del texto. Así, se modificó el artículo 5, que supone, desde nuestro punto de vista, el elemento central de la ley en tanto que define y delimita competencialmente la elaboración y aprobación de los programas de desarrollo rural sostenible.


Fruto de una enmienda del BNG, el programa de desarrollo rural sostenible se elaborará en coordinación con las comunidades autónomas, un cambio que, a nuestro juicio, introduce mayores garantías de respeto a las competencias autonómicas, puesto que estas decidirán sobre las actuaciones en su comunidad. Aun así, señorías, el texto remitido por el Congreso está aún muy lejos de merecer nuestra valoración positiva. El Estado sigue reservándose la potestad de aprobar el programa y sus posteriores modificaciones, aspectos que el BNG aspira a corregir si se entra en el debate de las enmiendas parciales. Y es esta aspiración, señorías, lo que motiva que el Bloque Nacionalista Galega se vaya a abstener en esta votación.


Compartimos en gran medida, como he dicho, la fundamentación del veto presentado tanto por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió como la fundamentación del veto presentado por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, pero, por congruencia con la línea de trabajo seguida por el BNG, el BNG opta por abstenerse.


Manifesté con anterioridad que el BNG retiró la enmienda a la totalidad presentada en el Congreso ante la disposición al diálogo del partido que da soporte al Gobierno, diálogo que fructificó en la incorporación de varias enmiendas introducidas por nuestra formación política. Tengo que manifestar con la misma sinceridad que esa disposición a buscar los puntos de encuentro y a hacer esfuerzos de transacción no la hemos encontrado pese a lo que acaba de afirmar el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Rodríguez Cantero, en el trámite en el Senado. Pero esa actitud de no querer buscar realmente los puntos de encuentro y de no hacer esfuerzos de transacción, lejos de hacernos reconsiderar nuestra posición, nos reafirma en ella. Pensamos que al partido del Gobierno le resultará más fácil levantar en el Congreso un veto del Senado que levantar modificaciones parciales a aspectos relevantes de este proyecto de ley, sobre todo si estas modificaciones introducidas por el Senado cuentan con un amplio apoyo en esta Cámara.


Señorías, si votásemos a favor del veto, estaríamos renunciando a la posibilidad de que prosperasen las enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego, y por paradójico que resulte, teniendo en cuenta la argumentación anterior, podríamos estar contribuyendo a la hora de la verdad a mantener el proyecto de ley inalterado. Por ese motivo, y pese a compartir en gran medida la fundamentación del veto y pese al respeto que me merecen las posiciones manifestadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, el Bloque Nacionalista Galego se abstendrá en la votación del veto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria tiene la palabra el senador Belda.


El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señora ministra.


Intervengo para manifestar nuestro acuerdo, el acuerdo del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, con los vetos planteados tanto por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió como particularmente con el del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en tres aspectos fundamentales: en primer lugar, porque pensamos que, efectivamente, con esta iniciativa hay una extralimitación competencial por parte del Estado; en segundo lugar, porque con esta iniciativa existe una concepción centralista de las políticas públicas y es contraria al principio de gobernanza local y al principio de eficacia que persigue la propia normativa comunitaria; y en tercer lugar, por lo inadecuado del instrumento normativo elegido -una ley- para implementar unas medidas de un período de planificación con una fecha determinada, 2007-2013.


En nuestra opinión, señorías, el Estado está utilizando un cajón de sastre constitucional -el artículo 149.1.13.a- para abordar materias que la mayor parte de los estatutos de autonomía atribuyen a las comunidades autónomas como son agricultura, empleo, educación, cultura, sanidad, protección social, vivienda, etcétera, como bien dice el propio veto del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que igualmente apoyaremos.


En nuestra opinión, existe una indudable debilidad en los títulos competenciales invocados por el propio proyecto de ley que no se corresponde ni con la distribución constitucional y estatutaria de competencias ni con el propio espíritu del Título VIII de la Constitución. Señorías,

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desde nuestro punto de vista, los títulos competenciales en que se basa el proyecto de ley no solo chocan con todos esos preceptos estatutarios de muchas comunidades autónomas, que en el caso de Canarias son, entre otros, el artículo 30 y más concretamente, sus apartados 6, 9, 13, 15, 16, 18, 26, el apartado 1 del artículo 31, el apartado 1 del artículo 32 y el apartado 10 del artículo 32, sino que también colisionan con el propio texto constitucional en su artículo 148.1, materias 3.a, 4.a, 5.a, 7.a, 8.a, 9.a, 10.a, 13.a, 17.a, 20.a y 21.a, en la medida en que las comunidades autónomas han asumido competencias en esas materias que menciona la propia Constitución.


Señorías, parece mentira que el propio Gobierno no aprenda de los errores cometidos en anteriores normas legales, por ejemplo, en la Ley del Suelo o en la Ley de Parques Nacionales, que, por cierto, todos sabemos cómo acabaron en el Tribunal Constitucional. Y es que, en nuestra opinión, esta iniciativa es tan homegeneizadora y centralista que impide a las comunidades autónomas desarrollar sus propias políticas en materias que son de su competencia. Por ejemplo, en el caso de Canarias, si no existe ninguna previsión en el artículo 18 respecto de las infraestructuras de interés general en los territorios insulares, dicho artículo sería materialmente imposible de aplicar en esa comunidad autónoma por la sencilla razón de que, por ejemplo, las carreteras no salen de Canarias, los sistemas eléctricos son aislados, el agua para consumo humano o agrícola no sale de cada isla ni pasa por otra comunidad autónoma, el tratamiento de residuos se ha de realizar a nivel insular y no abarca a ninguna otra zona de ningún otro territorio rural contiguo, y así, podríamos seguir con un largo etcétera de peculiaridades que afectarían a los territorios insulares, no solo a Canarias sino también a Baleares.
Nuestro sistema de transporte entre islas y entre el archipiélago y el exterior va por mar y aire, y estos sistemas de transporte dentro del propio archipiélago no afectan a ninguna otra comunidad autónoma, caso, como digo, de las infraestructuras de transportes.


Voy terminando, señor presidente.


Finalmente, y como colofón de esta serie de despropósitos, en nuestra opinión también se vulnera la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la aplicación del derecho comunitario, en concreto el criterio reiterado del Tribunal Constitucional, según el cual, la aplicación interna del derecho de las comunidades europeas corresponderá al Estado central o a las comunidades autónomas según la distribución interna de competencias porque la satisfacción de los intereses generales ha de materializarse a través de y no a pesar de dicha delimitación, tal y como se dice en las sentencias 146/1986, 152/1988, 75/1989 ó 103/1989, entre otras muchas.


En resumen, y tal y como decíamos en comisión, señorías, esta es una iniciativa que ha puenteado a las administraciones competentes en muchas de las materias que abarca -a la Comunidad Autónoma de Canarias y los cabildos insulares en el caso de Canarias-, no se ha negociado ni pactado con las autonomías y se percibe, desde luego, un cierto tufo centralizador que espanta. Esta, señorías, no es la manera de solucionar el desarrollo sostenible del medio rural.


Por todas estas razones, por las anteriormente señaladas y no solo por nuestras percepciones olfativas votaremos a favor de los vetos presentados y, consecuentemente, a favor del dictamen de la comisión. Y es que esto, señorías, es lo contrario de la España plural que tanto ha defendido, aparentemente, el señor Rodríguez Zapatero.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Companys.


El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Muchas gracias, Señor presidente.


Voy a intervenir desde el escaño porque creo que es la tercera o cuarta vez que repetimos los mismos argumentos. No voy a buscar argumentos nuevos. Los que no han estado en la Comisión General de Comunidades Autónomas se pueden leer las actas. Como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, mantenemos los mismos argumentos, y eso es positivo. Lo que pasa es que uno tiene la sensación de que este es un debate de sordos, porque cada uno repite lo mismo y no hay movimiento en las posiciones.
Aquí hay unos posicionamientos claros. Mi grupo parlamentario no ha entrado en el debate detallado del articulado de la ley, lo podíamos haber hecho, pero no lo hemos hecho porque queríamos decir alto y claro que esta ley, por encima de todo, afecta de una forma clara a las competencias de las comunidades autónomas. Mientras no se solucione eso, entendemos que el mecanismo no es intentar cambiar la coma en un artículo o en otro, porque afecta a cuestiones vitales, a leyes orgánicas aprobadas en las Cortes Generales y en los parlamentos autonómicos.


Ahora no voy a repetir mis argumentos, porque el compañero de Coalición Canaria lo ha hecho mucho mejor que yo y, además, a él no le pueden decir que es un nacionalista. A mí me descalifican con cierta facilidad. Para mí es un honor que lo hagan, por otra parte, cuando dicen que esos nacionalistas lo que buscan siempre es la confrontación con el Estado.
Pues bien, ahora un canario, que no tiene una posición nacionalista -en realidad no sé si la tiene- dice claro que esto está afectando de una forma clara a las competencias y que, además, ataca a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Deja claro que el artículo 149.1.13.a de la Constitución no sirve para todo y que no se pueden aplicar 37 artículos igual a todos. No puede ser. Además, el Tribunal Constitucional deja absolutamente claro que el desarrollo de esos artículos, que son extraordinarios, se tiene que hacer mediante una ley y, por tanto, no se pueden desarrollar mediante un real decreto, como dice la propia ley.


Cuando el portavoz del Grupo Socialista nos invita, y es cierto, a analizar las enmiendas, lo primero que nos dice es que los temas básicos y competenciales no se van a tocar. Le agradezco muchísimo la voluntad de diálogo, pero la capacidad que tenemos para dialogar es pequeña.


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Señor presidente, señoras y señores senadores, no sé que va a pasar con el veto porque los números están muy apretados, pero el debate ha sido difícil, hemos tocado asuntos muy sensibles, pero hasta este momento hemos sido capaces de llevarlo por un camino de señorío. Sería bueno continuar así, sin llegar a descalificaciones personales, porque eso no lleva a ningún sitio. La gente tiene la posibilidad de defender sus posiciones sin entrar en la descalificación. Si alguien no está de acuerdo con lo que debe hacer o con lo que el Gobierno de su comunidad autónoma cree que debe hacer, tiene la posibilidad de dar soporte al veto que hoy ha mantenido el Grupo de Convergència i Unió.


Muchas gracias, señor presidente, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.


Iba a intentar ser breve, pero después de haber oído la intervención del portavoz socialista, el senador Rodríguez Cantero -y se lo digo con todo el cariño del mundo y con todo el respeto-, la verdad es que hay cuestiones que sí quisiera matizar. En cierto modo venía a decir que hemos empleado los mismos argumentos que utilizamos en su día en la Comisión General de las Comunidades Autónomas a la hora de defender el veto y que lo que planteaba el veto de los nacionalistas era en cierto modo una invasión de competencias, y se cuestionaba el respeto a las directrices comunitarias.


La verdad, señorías, es que invasión de competencias la hay; y si no lean ustedes la disposición final quinta, título competencial; y con la salvedad de los artículos 19, 31, 18 y 27, que se dictan al amparo de determinados preceptos constitucionales en los cuales es competencia del Estado, todos los demás artículos de este proyecto de ley, hasta un total de 40, se dictan al amparo del precepto constitucional 149.1.13.a No me diga que eso no es invasión competencial cuando algunos de esos artículos hablan de sanidad, de protección social, de urbanismo, de vivienda. No me digan que no hay invasión competencial.


En esos artículos se plantean medidas concretas. Usted decía que en cierto modo interpretábamos la concreción de medidas como invasión de competencias. ¿Cómo no la vamos a interpretar cuando, de hecho, se está diciendo que se dictan al amparo del 149.1.13.a y están recogidas como competencias exclusivas de las comunidades autónomas al amparo del 148? Por lo tanto, hay una contradicción total hasta en el mismo planteamiento que ustedes están haciendo sobre los vetos que los nacionalistas planteamos respecto a la invasión competencial. La hay, y eso no se puede negar.


También hay un uso yo diría que abusivo del 149.1.13.a para legislar todo y, al final, basándose en bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica podemos intervenir en todas aquellas cuestiones que pueden diseñar una política, una política sectorial, en este caso, en la cual lo que pretendemos lograr entre todos, porque ese es el título de la ley, es el desarrollo sostenible del medio rural.


Usted decía que la ley llena un vacío legal y un vacío político y viene a cubrir una demanda. Será el vacío de que no ha habido una ley estatal, que a mí me parece que es un instrumento equivocado para diseñar una política -permítame que se lo diga con toda humildad y sin ánimo de generar conflictos-, pero como venimos diciendo que las comunidades autónomas también son Estado, la comunidad autónoma del País Vasco tiene una ley de 1998 de desarrollo rural, tiene un decreto que establece el régimen específico de las asociaciones de desarrollo rural, tiene, en concreto, un programa de desarrollo rural del País Vasco 2007- 2013 al cual ha precedido previamente una evaluación a priori de cuál era la situación del ámbito rural en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Por tanto, no se llena ni un vacío legal ni un vacío político porque las comunidades autónomas, en su ejercicio competencial, han hecho los deberes, y con responsabilidad absoluta de las competencias que tienen en virtud del artículo 148.


Concluyo, señor presidente, diciendo que si lo que se pretende con la ley es tener una política propia y reconocer que el Estado tenga una política propia, el instrumento utilizado y elegido para legislar y hacer ley no nos parece entonces adecuado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Batlle.


El señor BATLLE FARRÁN: Gracias, señor presidente.


Antes de la intervención de defensa del veto que ha planteado el señor Companys en nombre de Convergència i Unió tenía mis dudas. Ahora no tengo ninguna. Creo que en Convergència i Unió no han entendido ni el proyecto de ley, ni el objeto, ni los objetivos que persigue. (Rumores.)

Por lo tanto, nuestra postura va a ser en contra de los tres vetos, porque pensamos que es compatible con la legislación comunitaria y con la de las comunidades autónomas; porque pensamos que es necesaria y oportuna; porque esta discusión nos ofrece la posibilidad de iniciar un amplio, complejo, profundo y necesario debate social y territorial que nos permita abordar de forma decisiva, con una visión transversal e integral, la participación del Gobierno del Estado, de las comunidades autónomas y de las administraciones; porque tiene en cuenta a los colectivos sociales que mantienen y han mantenido vivo y activo el mundo rural, y porque plantea políticas claramente favorables a hombres y mujeres que viven y trabajan en pueblos, villas y ciudades, donde la actividad agraria, ganadera y el concepto de ruralidad deben ser beneficiarios aunque no deben ser los únicos beneficiarios.


El medio rural es multifuncional y muy diverso; lo es en conceptos de territorialidad, lo es también por dimensión

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y configuración de sus hábitats y por grupos sociales de edad y de condición laboral. La ley habla sin tapujos y sin complejos de agricultura y de diversificación económica del sector primario, de infraestructuras y equipamientos, de servicios públicos, de medio ambiente, de urbanismo y turismo rural, de sanidad y educación, de vivienda y políticas de juventud, del papel de la mujer como factor esencial en la pervivencia de los pueblos, y aparte reconoce y facilita, refuerza incluso, el papel de la mujer emprendedora que, en múltiples actividades empresariales, está liderando proyectos ilusionantes e importantísimos en el mundo rural.


Además, la ley plantea políticas que permiten corregir las deficiencias que en el mundo rural encuentra la gente que tiene capacidad de movilidad reducida. En el medio rural viven cada día más personas que no están vinculadas con la agricultura -eso seguro que lo sabemos todos- y, por tanto, su futuro no pasa exclusivamente por la aplicación de políticas agrarias; la actividad agroganadera ha de seguir siendo un pilar fundamental y el factor esencial del mantenimiento de la población, que genera trabajo y ordena y equilibra el territorio.


Los dos grandes objetivos de la ley son: ampliar la base económica de la población del medio rural y garantizar el derecho a servicios públicos suficientes y de calidad. Por ese motivo aborda dos ámbitos de actuación paralelos y por ese motivo precisamente no entendemos ninguno de los vetos presentados.


Apuesta de forma clara por un modelo social de agricultura que da prioridad a la diversificación económica. Fomenta la agroindustria, el agroturismo, impulsa las producciones ecológicas y de calidad, incentiva las iniciativas que mejoran los controles de calidad, trazabilidad y seguridad y, al tiempo, reconoce el innegable papel de los profesionales de la agricultura y la ganadería en la función ambiental de garantizar la preservación de la biodiversidad del patrimonio natural y cultural, del que el medio rural es la gran reserva y el único que lo mantiene en condiciones de productividad. No es justo que el 20 por ciento de la población, que gestiona adecuadamente más del 80 por ciento del territorio y que soporta un incremento en los costes de producción que en ningún caso puede repercutir en la cadena de distribución, no reciba la compensación y la consideración social de la sociedad que, en cambio, sí que disfruta de todas esas externalidades que en el mundo rural se producen y que solo el mundo rural produce.


El segundo gran ámbito de acción de la ley es el que ha de garantizar las condiciones de vida digna a ciudadanos que, sin estar vinculados a la actividad agraria, han hecho del medio rural su hábitat, profesionales de actividades diversas que comparten con agricultores y ganaderos espacios y servicios básicos que han de hacer posible la sostenibilidad del medio rural en el aspecto económico y social. Plantea mejoras en infraestructuras de comunicación y equipamientos, en servicios públicos, acercando al ciudadano la sanidad, los servicios sociales y los educativos, y haciendo posible el derecho a la obtención de una vivienda digna y a trabajar en el medio rural, aspectos que no deben representar en ningún caso disculpa ni discriminación en comparación con el ciudadano del medio urbano.


La generación de valor añadido en las producciones del sector primario, las nuevas tecnologías en las comunicaciones, el fomento de la investigación y la innovación son los activos. La modernización y la incorporación de mujeres y jóvenes a las diferentes actividades económicas son la apuesta para el futuro. Esta ley responde al compromiso social que los ciudadanos tienen con el medio rural como suministrador de alimentos que llenan las despensas de nuestras casas y los lineales de los supermercados, una actividad que también responde y se obliga a mantener el territorio limpio, productivo y respetuoso con el patrimonio natural y cultural. Es esta ley una oportunidad que no deberíamos perder.


Lógicamente, nos hallamos ante una nueva situación. Algunos no se han enterado, aunque tampoco es de extrañar: el desarrollo rural nunca ha sido una prioridad para muchos de ellos. El proyecto reconoce que la política agraria tradicional no es suficiente para mantener los núcleos rurales, porque se quiera reconocer o no, estamos ante una nueva realidad agraria, en la que decrece la presencia de la agricultura familiar. No es ningún secreto para nadie que cada vez son menos los miembros de la estructura familiar que colaboran en la actividad agraria.


Es necesario abordar con perspectivas de futuro, como plantea la ley, una nueva realidad rural, con una creciente demanda social de nuevas funciones y servicios, lo que requiere una nueva política respecto a acciones y medidas multisectoriales, que necesitan de la cooperación entre administraciones públicas y una elevada participación del sector privado, cuya aplicación es de base territorial según tipos de zonas y que define la importancia de la agricultura territorial. Es cierto, es un concepto nuevo, a tener en cuenta, que va dirigido al colectivo formado por profesionales de la agricultura, a titulares de explotaciones territoriales en zonas prioritarias, y de eso hemos hablado mucho aquí.


Por lo tanto, la ley define prioridades, que no excluyen ningún tipo de agricultura, ni explotación, ni territorio, y reconoce el factor creciente de la actividad agraria, ganadera y forestal a tiempo parcial; y cada día más parcial, con menos horas dedicadas a la actividad agraria, y eso deberíamos saberlo todos, aunque tengo mis dudas. Por eso, la ley define un orden prioritario que garantiza máximos niveles de apoyo a profesionales titulares de una explotación territorial que lo sean a título principal, a mujeres o jóvenes si son titulares o cotitulares de explotaciones, a cooperativas y SAT. Y seguro que esto a los senadores del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió les suena, porque hemos aprobado mociones en este sentido.


El problema no está en la invasión de competencias, senador Companys. El problema es la política de alianzas que ustedes tienen con el Partido Popular. Y el problema es que la complementariedad de esta ley permite al nuevo Gobierno de la Generalitat llevar a cabo un programa de

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desarrollo rural hecho con criterios territoriales y sobre actividad económica.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.


El señor BATLLE FARRÁN: Termino en un segundo, señor presidente.


A diferencia de los pocos programas de desarrollo rural de Convergència i Unió, que eran clientelares, exclusivos y dirigidos a mantener el voto fijo de aquellos profesionales de cualquier sector y no solo del agrícola, se presenta este programa rural al que ustedes se oponen, y lo entiendo, porque eso les dará mucho de qué hablar en Cataluña y mucho juego a la hora de plantear un auténtico programa de desarrollo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Cantero.


El señor RODRÍGUEZ CANTERO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, la verdad es que en este turno de portavoces casi todo está dicho, lo cual no quiere decir que casi todo haya sido entendido.
(Rumores.)

Empezaré por la afirmación rotunda de la senadora Loroño o del senador Companys sobre que esto invade competencias, porque nosotros seguimos pensando que no es así. Nosotros nos hacemos una pregunta. Las comunidades autónomas sí pueden tener una política propia de desarrollo rural, de hecho han relatado ustedes todas las que tienen; en el caso de Cataluña, no le he oído nada al respecto, porque una ley de orientación agrícola no es lo mismo. Y el Estado, ¿no puede tenerlas? ¿Ustedes le niegan al Estado esa posibilidad? En todo caso, ¿en qué les perjudica a ustedes o a sus competencias que el Estado tenga esta ley de desarrollo sostenible del medio rural?

Se trata de una ley que tiene como columna vertebral un programa de desarrollo rural sostenible que se ha de elaborar en coordinación con las comunidades autónomas; los territorios o su delimitación por zonas han de decidirlo las comunidades autónomas, si quieren; la elaboración y aprobación de un plan de desarrollo rural para esas zonas rurales queda en manos de las comunidades autónomas; voluntariamente, conciertan o no con el Estado la financiación, y repito: voluntariamente. En último caso, de ese programa que ellos mismos han elaborado y aprobado para las zonas que han determinado, ejecutan aquellas medidas que son de su competencia.
¿Me quiere ustedes decir a mí en qué invade esta ley esas competencias tan celosamente guardadas por ustedes? Yo creo que en nada. En el peor de los casos, si la comunidad autónoma no quiere que esta ley se aplique en su territorio tiene esa posibilidad: con no concertar, con no determinar zonas y con no aprobar un plan, lo tiene arreglado. Puede seguir con sus programas de desarrollo rural acogidos al reglamento comunitario y con absoluto respeto de los fondos comunitarios que tiene en este momento atribuidos para el periodo 2007-2013.


Por cierto, antes de que algún portavoz utilice el último turno para quedar por encima, vuelvo a recordarles que en ese marco hay 2.000 millones de euros más de inversión pública de los que había en el marco gestionado por el Gobierno del Partido Popular, exactamente el compromiso que la ministra una y otra vez ha venido expresando en esta Cámara y que me temo que mañana va a tener que volver a repetir. De ahí que nosotros no compartamos esa posibilidad de invasión de competencias.


Por el contrario, creemos que esta ley no invade competencias y no arrincona la legislación autonómica referida al sector ni es contradictoria con ella. Pero sí llena un vacío legal y político, claro que sí. Desde el punto de vista del Estado, este no tenía una política rural propia, y ahora pretende tenerla y llenar el vacío político. El Estado está obligado a hacer política de desarrollo rural, eso sí, con absoluto respeto a las competencias de las comunidades autónomas. Sí cubre una necesidad unánimemente demandada por el medio rural y sí convive con la legislación autonómica y comunitaria.


Por último quisiera hacer una pequeña reflexión. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir: los ciudadanos del medio rural vasco, catalán y de las demás comunidades autónomas solo pueden esperar de este proyecto de ley beneficios para mejorar sus servicios, sus infraestructuras, su calidad de vida y sus oportunidades. No pueden esperar ninguna otra cosa, y no tengan ustedes la menor duda al respecto.


También ha salido el tema de la modulación, y me gustaría cerrarlo si es posible, porque es muy recurrente. La modulación no tiene absolutamente nada que ver con la financiación de esta ley; no hay ninguna transferencia a esta ley del primer pilar ni del segundo; todos son fondos propios del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales y del sector privado. No tengan ese temor y no mezclen las cosas, porque nada tiene que ver una cosa con la otra. En cuanto a los fondos Feader, cada Estado va a tener sus fondos repartidos, y punto. No insistan, porque generan confusión. Si de verdad se creen eso, desengáñense, y si no lo creen, no enreden; ya que no ayudan, por lo menos no enreden ustedes, porque no tiene absolutamente nada que ver.


Y tampoco es verdad esa acusación reiterada que hacen de que esta es una ley que ignora a la agricultura. No la ignora, la tiene presente; lo que ocurre es que tiene presente una agricultura de futuro, la agricultura de la que hoy se habla en la Unión Europea, una agricultura territorial.
Este es un nuevo modelo que comprendo que algunos nostálgicos y con dificultad para evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos encuentren un poco raro, pero voy a tratar de aclararles algunas cuestiones de forma muy breve.


Se trata de un nuevo modelo de agricultura territorial que se basa fundamentalmente en dos cosas: en un titular de explotación agraria, que es una persona física o entidad asociativa, que sea un profesional de la agricultura, y eso lo define la ley en el artículo 16, apartados 3 y 4; y, además, se basa en una explotación territorial menor de una

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determinada dimensión económica y localizada en una zona rural prioritaria, y eso también lo define la ley en el artículo 16, apartados 3 y 4, y en el artículo 9.2.


Ese es el nuevo modelo. ¿Y qué objetivo tiene? El de promover una atención prioritaria en la aplicación de la política agraria y rural relacionadas con la agricultura, lo cual implica dos cosas: concentrar las ayudas en los profesionales de la agricultura que realmente lo necesitan para seguir ejerciendo la actividad y ocupando el territorio, y concentrar las ayudas en aquellas zonas rurales prioritarias para que superen ese atraso socioeconómico relativo que sufren.


Yo aceptaría que la derecha objetara esta ley porque es progresista, solidaria y de izquierdas; entendería ese reproche, pero no entiendo otros que hacen. Esta es una ley que viene a reconocer un derecho, el que tienen todos a vivir en los pueblos, una ley que viene a apostar por la igualdad entre medio urbano y medio rural, y una ley que es solidaria con aquellos del medio rural que, por el atraso socioeconómico relativo que sufren, necesitan de una prioridad y necesitan unas ayudas. Y todo ello es consecuencia de que existe una nueva realidad agraria.


El portavoz del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés decía que la tradicional agricultura familiar está hoy en tela de juicio, entre otras cosas, porque la familia se ocupa cada vez menos de la explotación, habiendo cada vez más asalariados provenientes fundamentalmente de la emigración, porque hay una nueva realidad rural donde la renta y el empleo agrario y rural no son sinónimos, nos guste o no -quienes se empeñan en el agrarismo a ultranza desconocen esa nueva realidad rural-, y porque hay una nueva política rural que no debe ser la suma de 17 planes regionales de desarrollo rural sin más visión de conjunto.


Por esas razones consideramos que esta ley merece seguir su trámite y merece ser apoyada por sus señorías, y no encontramos justificación a los vetos. Ni esta ley invade competencias ni desconoce la agricultura.


Y quiero añadir una última cuestión. Esta mañana hemos aprobado en la Comisión de Agricultura una rica ponencia que ha supuesto trabajo y esfuerzo, y deseo agradecer aquí a los participantes y al señor letrado el trabajo y la labor de síntesis que han desarrollado. Leánselo ustedes.
Lean con detenimiento todas las conclusiones que esta mañana hemos aprobado por unanimidad, sin ni un solo pero ni objeción; lean ustedes las conclusiones segunda, tercera, novena y décima. Yo me voy a atrever, para finalizar, a leerles la décima -es un resumen de lo que se dice en todas ellas-: Finalmente, la política de desarrollo rural, en la que sin merma de su identidad, se integra la política agraria por su inequívoca dimensión territorial, constituye una estrategia eficaz para articular la ordenación del territorio del Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, así como para equilibrar a través de una política territorial compartida el espacio de la Unión Europea de la que formamos parte.


Hagan ustedes honor a esta conclusión que acaban de aprobar, retiren su veto y apoyen esta ley.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Pérez Lapazarán.


El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Gracias, señor presidente.


Quisiera en este turno de portavoces fijar la posición de mi grupo. Es bien cierto que cada uno de los grupos ha fijado su posición con respecto a los vetos, y yo anuncio que nosotros, en principio, vamos a apoyar a los tres vetos. Nosotros consideramos que el Senado se tiene que posicionar y manifestar... Disculpe, señora ministra, le doy la bienvenida en este momento. Hay que contestar a tantas cosas que se han dicho que se me ha olvidado. Pido disculpas, y le doy la bienvenida a esta sesión.


Yo quisiera decir que el Senado se tiene que manifestar aunque sea testimonialmente en contra de este proyecto de ley. Se han dicho aquí muchas cosas y muy inteligentemente: Es una ley que no ha tenido consenso; es una ley que ha fallado en la forma de tramitarse; es una ley que no articula instrumentos clarificadores en todo lo que tiene de condensado y comprimido 39 artículos y que afecta a 11 ministerios y a más de 150 consejerías de las comunidades autónomas. Por lo tanto, no ha tenido en cuenta a las comunidades autónomas ni a su marco competencial, las formas no han sido las más adecuadas y los mecanismos de articular la colaboración entre las comunidades autónomas también brillan por su ausencia.


Pero hay una cuestión también muy importante, y es que no asegura fondos y se sospecha que los pocos fondos que se puedan añadir -aunque el portavoz del Grupo Socialista diga lo contrario- es vía modulación. Que renuncie a aplicar la modulación voluntaria y a incrementar la modulación obligatoria, tal y como en una moción que se aprobó aquí en el Senado se le dijo al Gobierno.


Y hay una cuestión muy importante: Es una ley confusa que no da soluciones a todas las cuestiones que se han puesto de manifiesto tanto en la Comisión General de Comunidades Autónomas, como a lo largo de la tarde en este plenario.


Por lo tanto, es una ley que tiene gravísimas carencias, independientemente del talante que se haya tenido por parte del Gobierno en la tramitación del proyecto que, si tengo tiempo, al final se lo comentaré.


Es decir, que son cuestiones que no están ni claras, son erróneas; no tienen compromiso de financiación y, lo que es más preocupante -y se ha puesto aquí de manifiesto y lo viene diciendo el portavoz del Grupo Socialista-, es que generan falsas expectativas.


Yo les quisiera preguntar: Si es una ley tan buena, ¿por qué viene al final de la legislatura? Si es una ley tan buena ¿por qué no la han presentado al principio, antes de programar todo el desarrollo rural que en estos momentos está en ejecución -programación 2007-2013-, y que tiene más de 15.000 millones de fondos? Es una cuestión

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que no tiene sentido. La presentan al final de la legislatura para que el siguiente Gobierno sea el que programe en base al artículo 5.


Y hay una cuestión que es bien clara: No tiene ningún compromiso con el sector agrario. Fíjense si es así que la financiación -y me referiré a ella al final- es hasta dudosa. Fíjense cuál es la comparación con el compromiso del Partido Popular en materia de desarrollo rural: Una planificación 2000-2006 modélica con 16.000 millones de euros.
Actualmente en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular han tenido en todos los programas de desarrollo rural que se han ido aprobando y se han ido elaborando más fondos que en la anterior planificación. Por lo tanto, en las comunidades autónomas del Partido Popular hay un gran compromiso en materia de desarrollo rural.


Y entrando en el fondo de la cuestión y acelerando, yo creo que hay tres cuestiones que son evidentes en cuanto a la injerencia competencial, en cuanto a la falta de financiación y en cuanto a cuestiones técnicas y financieras. El señor Montalvo ya lo ha dicho: el marco competencial.


Es una ley que afecta a 11 ministerios y a más de 150 consejerías. ¿Qué mecanismo se ha introducido en la ley para coordinar a estos 11 ministerios? Una comisión interministerial que no establece ni jerarquías ni mecanismos de colaboración ni quién es el que al final dirige toda esta planificación. No son las formas las que esta ley introduce para coordinar a los 11 ministerios, y lo mismo ocurre con la coordinación con las comunidades autónomas. Por tanto, puede provocar un importante conflicto competencial.


No me digan ustedes que no hay una injerencia en las competencias de las comunidades autónomas cuando la memoria económica de este proyecto de ley señala en su página 9: En conclusión, la nueva ley implicará una inversión por parte de la Administración General del Estado próxima a los 24.900 millones. De los 24.900 millones 11.000 se encuentran incluidos en los Presupuestos Generales del Estado como medidas asimilables. Pero hay más, 15.500 millones son de la actual programación y tienen fondos de las comunidades autónomas y de la Unión Europea. Por tanto, se está planificando en la Administración General del Estado con fondos de las comunidades autónomas, con PDR que en estos momentos se están ejecutando e incluso con fondos de la Unión Europea. Por tanto, a mi juicio hay una grave cuestión competencial que no está resuelta ni muchísimo menos con este proyecto de ley.


Yo les preguntaría ¿Cómo quieren coordinar todo esto? ¿Cómo quieren planificar el PDR que figura en el artículo 5 si lo único que hacen las comunidades autónomas es coordinar, pero en la planificación lo único que hace una comisión del medio rural es elaborar un informe no vinculante? Es decir, que a las comunidades autónomas se las deja relegadas a que emitan a través de la comisión Interministerial para el medio rural un informe no vinculante y eso que la planificación general del Estado tiene fondos de las comunidades autónomas y de la Unión Europea. En definitiva, hay muy poco compromiso por parte del Gobierno. Por tanto, creemos que es una grave injerencia en las competencias de las comunidades autónomas.


Respecto a la Unión Europea, ustedes obvian que es una ley que está legislando en materia de desarrollo rural y hay que decir que hay una primacía de la legislación comunitaria. Esta ley en este campo y en las demás cuestiones que afectan a las competencias en materia de desarrollo rural, de la Unión Europea y de reglamentación comunitaria lo contempla de pasada, y tampoco incluye cuestiones como el Plan Estratégico Nacional.


Las cuestiones técnicas se han puesto en evidencia. La propia definición de medio rural es contradictoria con el Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural. La definición de municipios rurales es sorprendente, hasta muchas de nuestras ciudades pudieran entrar en la definición de mundo rural. La clasificación de municipios rurales impide un encuadramiento adecuado de los municipios españoles. Las zonas a revitalizar intermedias y periurbanas, según los informes técnicos de que disponemos indican que en estos momentos con la redacción de la ley es imposible encuadrar a los municipios.


No se sabe cómo se va a articular el Programa de Desarrollo Rural Sostenible en relación con las comunidades autónomas. Por un lado es un instrumento de planificación de la Administración General del Estado, pero por otro, no concreta los objetivos y planes de la Administración General del Estado.


En materia de agricultura, es sorprendente que el portavoz del Grupo Socialista haya leído un texto, porque creo que no lo ha entendido ya que en la ponencia de esta mañana se decía: la política de desarrollo rural en la que sin merma de su identidad se integra la política agraria, y ustedes en relación al Programa de Desarrollo Rural dicen que no es ni agrarista ni medioambientalista, y la ponencia que nosotros hemos aprobado dice que, sin merma de su identidad, se integra toda la política agraria, y ustedes eso no lo contemplan.


El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha dicho muchas cosas que yo creo que son una ofensa a la razón y a todo lo que se ha dicho aquí a lo largo de la legislatura. Dicen: veto permanente a la acción del Gobierno por parte del Partido Popular. Yo les diría que no han tenido en cuenta al Partido Popular para nada, ni en las mociones que se han debatido y se han aprobado en este Senado, ni en las recomendaciones que les han hecho a través de las comunidades autónomas.


Pero hay un tema más complicado, complejo y preocupante. Les decimos que no han querido consensuar con el Partido Popular y algo más, tampoco han querido explicar nada. Tengo hasta seis solicitudes de comparecencia desde hace año y medio, no atendidas por el Gobierno; no han querido explicar la planificación ni el reparto de fondos; es decir, en este sentido, el Gobierno no ha querido estar con el Partido Popular.


Han dicho que el PSOE ha estado abierto a la negociación, y yo les pregunto, ¿dónde, cuándo, en qué foro y de qué manera? Porque aquí no lo hemos visto y si nos han

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llamado alguna vez para hablar de la ley de desarrollo rural era justo cuando estaba en vísperas de aprobación.


Fíjense, señorías, si ha sido chapucera la tramitación que el día 1 de marzo del presente año, en base a una encomienda de gestión, le encargan a la empresa pública Tragsa la redacción de una ley. El 1 de marzo, y a los 40 días les dan el proyecto de ley a las comunidades autónomas. Y a los 17 días lo aprueban en Consejo de Ministros, y no tienen en cuenta ni las recomendaciones ni las explicaciones de las comunidades autónomas.
Pero es que tampoco tienen en cuenta lo que ha dicho el Consejo Económico y Social, cuyo informe termina el día 26. Y el Consejo de Ministros, con prisa y nocturnidad lo aprueba el día 27.


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine por favor.


El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Termino, señor presidente diciendo que hay una cuestión que nos preocupa, y es el progresismo del Partido Socialista en materia de desarrollo rural. Creo que el progresismo se demuestra andando, programando y planificando, y yo les quiero decir que podrían haber aprobado esta ley al principio, que podrían haber planificado y tenido desarrollo rural, que podían haber tenido en cuenta las recomendaciones en materia de planificación y competencias que pudiera tener la Administración General del Estado; y no han tenido en cuenta cuestiones de desarrollo rural como los incendios de Guadalajara, como los incendios de Sevilla, como la reestructuración del sector de la remolacha, como la reestructuración del sector del azúcar...


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine por favor.


El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Termino, señor presidente.


En definitiva, es una ley que ni nos gusta ni nos apetece que se apruebe y pedimos una posición, aunque sea testimonial, en contra de esta ley, que lo único que hace es ir en contra del mundo agrario y del mundo rural.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)

Empezaremos con las propuestas de veto del proyecto de ley para el desarrollo sostenible del medio rural. En primer lugar, vamos a votar la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 133; en contra, 109; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el veto. (Aplausos.) Por tanto, daremos cuenta de dicha aprobación al Gobierno y al Congreso de los Diputados.


Pasamos a debatir el proyecto de ley orgánica complementaria del proyecto de ley para el desarrollo sostenible del medio rural.


Señorías, se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Para su defensa tienen la palabra la senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha presentado una enmienda al proyecto de ley orgánica complementaria del proyecto de ley para el desarrollo sostenible del medio rural, en la que planteamos que en materia de seguridad pública se tenga en cuenta la legislación estatal y autonómica vigente y, por tanto, lo que establece la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco. En ese sentido va orientada nuestra enmienda, y no vamos a decir nada más respecto a ella porque ya la debatimos el otro día con suficiente amplitud.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


A continuación, para la defensa de su enmienda tiene la palabra el senador Batlle, del Grupo de la Entesa Catalana de Progrés.


El señor BATLLE FARRÁN: Gracias, señor presidente.


Nuestra enmienda va dirigida en los mismos términos o en términos semejantes a la del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por entender que, en este caso sí, se trata de una competencia de la Generalidad de Cataluña en cuanto a la coordinación de las políticas locales y de las políticas de policía autonómica en materia de seguridad, en el caso de municipios que no tengan capacidad suficiente por sí solos y requieran de sistemas de coordinación para establecer mecanismos de protección o sistemas de seguridad. Por lo tanto, damos por defendida nuestra enmienda que mantenemos en sus justos términos.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Turno en contra. Tiene la palabra el senador Rodríguez Cantero, del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor RODRÍGUEZ CANTERO: Señor presidente, intervengo para fijar la posición de mi grupo parlamentario de rechazo a ambas enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.)

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.)

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)

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¿Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.)

¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)

¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)

Señorías, vamos a pasar a la votación. En primer lugar, votamos la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos al proyecto de ley orgánica complementaria del proyecto de ley para el desarrollo sostenible del medio rural.


Se inicia la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 15; en contra, 213; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos a continuación la enmienda del Grupo Parlamentario de la Entesa.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor,30; en contra, 211; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, votamos el dictamen del proyecto de ley.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 122; abstenciones, 121.


El señor PRESIDENTE: Señorías, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de Ley Orgánica complementario al proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural.


Se levanta la sesión hasta mañana a las nueve y media de la mañana.


Eran las veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos.

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