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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 154, de 25/11/2008
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2008 IX Legislatura Núm. 154
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GUTIÉRREZ VEGARA
Sesión núm. 11 celebrada el martes 25 de noviembre de 2008


ORDEN DEL DÍA:

Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de Ley por la que se suprime el gravamen del impuesto sobre el patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el impuesto sobre el valor añadido y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria.
(Número de expediente 121/000008.)... (Página 2)

Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborada por la ponencia, del proyecto de ley por la que se suprime el gravamen del impuesto sobre el patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el impuesto sobre el valor añadido y se introducen otras modificaciones en la formativa tributaria. (Número de expediente 121/000008.)... (Página 2)

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Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE SUPRIME EL GRAVAMEN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO, SE GENERALIZA EL SISTEMA DE DEVOLUCIÓN MENSUAL EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO Y SE INTRODUCEN OTRAS MODIFICACIONES EN LA NORMATIVA TRIBUTARIA.
(NÚMERO DE EXPEDIENTE 121/000008.)

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. En primer lugar, hemos de ratificar la ponencia. (Asentimiento.) Consideramos ratificada la ponencia por asentimiento.


APROBACIÓN, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE SUPRIME EL GRAVAMEN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO, SE GENERALIZA EL SISTEMA DE DEVOLUCIÓN MENSUAL EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO Y SE INTRODUCEN OTRAS MODIFICACIONES EN LA NORMATIVA TRIBUTARIA. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 121/000008.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a desarrollar el debate como habíamos comentado en la reunión de Mesa y portavoces, de tal forma que cada grupo con un único turno de intervención, pero distribuyéndose el tiempo entre los portavoces que cada cual considere oportuno, agrupará los distintos bloques que contiene la ley. Empezaremos con el Grupo Popular, y, a continuación, Convergència i Unió, Izquierda Unida, Coalición Canaria y cerrará el Grupo Socialista. Estimando lo que puede durar más o menos el debate, y teniendo en cuenta intervenciones suficientemente amplias para que se pueda exponer bien la defensa de las enmiendas de cada cual, hemos considerado que se podría fijar como hora de votación las 12,30; para ser más flexibles diremos que no antes de las 12,30. Empezamos directamente con el Grupo Popular y su primer portavoz será el señor Tomé.


El señor TOMÉ MUGURUZA: Señor presidente, le anuncio que la defensa de las 40 enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular la vamos a dividir en dos bloques. Intervendré yo, en primer lugar, y, a continuación, lo hará mi compañera, la señora Madrazo. Quiero dividir mi intervención en tres tipos de argumentos. En primer lugar, me gustaría hacer una valoración general del proyecto de ley que nos ha presentado el Gobierno. En segundo lugar, haré una presentación general del sentido y alcance de nuestras enmiendas, la filosofía política y económica que las inspira y en tercer lugar me detendré en la explicación de alguna de estas enmiendas.


Como hemos tenido ocasión de comentar anteriormente, en opinión de nuestro grupo este proyecto de ley contiene algunas medidas convenientes, pero claramente insuficientes. Viene acompañando a un presupuesto que no es el momento de debatir aquí. Ha habido ocasión de hacerlo intensamente estas semanas en esta Cámara, pero, a juicio de todo el mundo, está ya desfasado en su cuadro macroeconómico y en sus cifras, en sus previsiones de ingresos y gastos. Además, desde el principio, el Gobierno renunció a acompañar el presupuesto del conjunto de medidas de naturaleza fiscal, tributaria y económica que permitiesen afrontar la actual situación de recesión económica. En eso el proyecto de ley define muy bien el estilo de hacer política económica del Gobierno, un estilo caracterizado por la complacencia y la improvisación. El Gobierno va detrás de los acontecimientos, y lo que estamos discutiendo hoy, hay que tenerlo muy presente -medidas como la supresión del impuesto sobre el patrimonio, o la posibilidad de que las empresas soliciten con carácter mensual la devolución del IVA- fue anunciado a bombo y platillo por el Gobierno el pasado mes de abril. Es mucho lo que ha llovido desde entonces y vemos que no se incorporan nuevas medidas.


Son tres las medidas principales que se contienen en el proyecto de ley.
En primer lugar, la supresión del impuesto sobre el patrimonio. Es una medida que nuestro grupo apoya y que figuraba en nuestro programa electoral, a la que luego se sumaron otros candidatos. En nuestra opinión, se elimina un impuesto que ha perdido su sentido originario de instrumento de control de rentas. Hoy es un impuesto obsoleto y desfasado que se ha suprimido en la inmensa mayoría de los países de la OCDE.
Actualmente solo dos países de la Unión Europea, Francia y Suecia, lo mantienen en vigor, con escalas y tipos de gravamen más reducidos que en España y en proceso de revisión. Hay que decir que el impuesto tiene graves problemas de equidad en lo que se refiere al carácter vertical y horizontal. Fue el Partido Socialista el que en su momento declaró exento del impuesto el patrimonio invertido en actividades empresariales, las participaciones accionariales que den posibilidad de control sobre sociedades anónimas, dejando entonces al margen del impuesto a un número muy significativo de grandes patrimonios. Hace tiempo que es urgente su reforma. El Partido Popular inició en el año 2000 la reforma de este impuesto con medidas que favorecían a sectores muy amplios de las clases medias, como fue la exención de la vivienda habitual hasta 25 millones de pesetas, pero hoy ya esta medida también es insuficiente y por eso apoyamos la supresión del impuesto sobre sociedades. También nos parece adecuada la medida de la devolución mensual del IVA pero no en los términos en los que está hecha. En ese sentido hemos presentado algunas enmiendas porque consideramos que se introducen una serie de requisitos de carácter administrativo

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y de exigencia de garantías que pueden frustrar el objeto de esta medida.


La adaptación de la ley del impuesto a las normas contables -que es la otra medida importante contenida en el proyecto- es algo que se hace con retraso y al margen de los principios de neutralidad y no aumento de la carga tributaria que deberían haberse tenido presentes a la hora de hacer esta adaptación. En ese sentido hay algunas enmiendas que luego les explicaré. Por lo demás, el proyecto se convierte en una miscelánea de medidas, aprovechando el momento para endurecer el régimen fiscal de las motocicletas, el impuesto de matriculación de vehículos a motor, ignorando las auténticas emisiones y el carácter menos contaminante de estos vehículos y su contribución a facilitar la movilidad urbana.
También se endurece el régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro.


Está claro que no es este el paquete de medidas fiscales y económicas que necesita la economía española en estos momentos. No son estas las prioridades que debería haber traído el Gobierno a esta Cámara. Se reduce la tributación de un millón de familias con mayores recursos, se evita el doble gravamen que supone el impuesto sobre el patrimonio, pero no se presentan medidas para aliviar la situación, por ejemplo, de 8 millones de familias con hipotecas, medidas que favorezcan a más de 3 millones de pequeñas y medianas empresas y autónomos, a la práctica totalidad del tejido productivo. En nuestra opinión, este proyecto tiene que ser una ocasión -todavía puede serlo y en ese sentido van dirigidas nuestras enmiendas- para impulsar medidas que ayuden a que España recupere la senda del crecimiento y la creación de empleo. A ello pueden ayudar bajadas de impuestos, bien diseñadas, selectivas y que favorezcan la inversión y el ahorro, como las que ha presentado el Partido Popular.
Este es un debate que queremos llevar a la opinión pública y esperemos que en esta ocasión no nos encontremos con la sorpresa que tuvimos cuando medidas de naturaleza similar fueron presentadas por mi grupo en la discusión de los Presupuestos Generales del Estado, cuando el Gobierno vetó el debate y votación de medidas fiscales para favorecer a las pequeñas y medianas empresas.


Las medidas que ha presentado mi grupo configuran una auténtica reforma fiscal; una reforma fiscal de carácter selectivo que atiende a la actual situación de la economía española, a la situación de recesión y aumento del paro. Son medidas que pretenden tener un alcance horizontal y general y que beneficien sin hacer distinciones a todos los sectores económicos; medidas para fomentar el ahorro y la inversión en un momento en el que España se enfrenta a un periodo de grave recesión, a un momento en el que aumenta el paro hasta niveles no habituales desde hace muchos años, en el que más de 800.000 españoles se han incorporado a las cifras del paro en el último año. Esta crisis se caracteriza, además, por algunos síntomas peculiares de la situación española, que revelan de manera muy clara los graves desequilibrios de la economía española que se han acumulado en los últimos años del Gobierno socialista. Ahora mismo España se enfrenta a un déficit exterior que supera todavía el 10 por ciento del producto interior bruto y a una deuda externa de más del 150 por ciento del producto interior bruto -que afecta fundamentalmente a familias y empresas-, que ponen a la economía española en una situación de vulnerabilidad y dan a la crisis económica de España unos rasgos peculiares que se pueden combatir con medidas como las que se proponen.
Nuestro objetivo es que en nuestro país se fomenten los niveles de ahorro e inversión, favorecer la creación de nuevas empresas, favorecer la financiación de los pequeños y medianos empresarios en momentos como los que se están viviendo y ayudar a las familias endeudadas. Se trata de medidas que van a ayudar al crecimiento en el medio y largo plazo, medidas que van a ayudar a la creación de empleo; en definitiva, se trata de auténticas reformas estructurales que afectan a la economía española.
Otros gobiernos están afrontando de manera selectiva bajadas de impuestos. Lo vemos en el Reino Unido donde el primer ministro ha anunciado bajadas de impuestos para favorecer el consumo o en Estados Unidos donde el presidente electo, el señor Obama, ha anunciado medidas que favorezcan fiscalmente a las clases medias y más desfavorecidas.
Obviamente, resulta más difícil abordar reformas estructurales como las que hacen falta en tiempos de crisis. El Partido Popular tiene experiencia en ello porque en 1996, cuando se enfrentó desde el Gobierno a la gestión de la crisis económica y de paro que había dejado el anterior Gobierno socialista, tuvo que asumir importantes reformas estructurales que dieron sus frutos. Hace falta tener el coraje para ello, hace falta no dejar que los acontecimientos desborden la situación ni ir por detrás de los mismos. Por eso yo pediría a los grupos de la Cámara presentes en esta Comisión que consideren desde ese punto de vista las enmiendas del Partido Popular.


En primer lugar, hemos presentado la enmienda número 103 que afecta al propio impuesto sobre el patrimonio. El proyecto de ley utiliza, desde nuestro punto de vista, una técnica tributaria y legislativa inadecuada, puesto que no se prevé la derogación de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio sino la bonificación de este impuesto en el cien por cien, dejando lo vigente sin obligación siquiera de declarar, perdiendo, por tanto, su naturaleza de control de rentas y esto se hace -se dice en la propia exposición de motivos del proyecto de ley- para compensar a las comunidades autónomas la pérdida de recaudación que les supone la supresión del impuesto. Pues bien, esta enmienda número 103, del Partido Popular, pretende, en primer lugar, la derogación de la Ley 19/1991, en la medida en que en esa ley se contienen normas de valoración que afectan a otros impuestos, pues habrá que aprobar los correspondientes textos refundidos, y, en segundo lugar, la compensación a las comunidades autónomas, conforme al principio de

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lealtad institucional y la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, de la pérdida de recaudación que se prevé por efecto de la supresión del impuesto sobre el patrimonio.


En segundo lugar, en lo que se refiere a la devolución mensual del IVA hemos presentado la enmienda número 110, que trata de evitar que, por efecto de las disposiciones que se contienen en el proyecto, esta medida -que en definitiva viene a facilitar la posibilidad de que las empresas se financien- se vea frustrada por la exigencia de cargas administrativas y garantías excesivas.


En lo que se refiere a otro de los objetos fundamentales de la ley, la adaptación del impuesto sobre sociedades a la nueva normativa contable, hemos presentado las enmiendas 89 y 90 porque, tal como está redactado el proyecto de ley del Gobierno, esta recepción de la nueva normativa contable en el impuesto sobre sociedades no es neutral, puede producir efectos sobre imposición desde el momento en que no se tienen en cuenta las provisiones que han podido hacer en el pasado las empresas conforme a la normativa contable y fiscal entonces presente y se obliga a la reversión y tributación de las mismas con carácter inmediato.


Las enmiendas que hemos presentado también contienen medidas para el fomento del ahorro por parte de las familias. En primer lugar, la enmienda 116 quiere introducir una nueva deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas del 10 por ciento de las cantidades que las familias dediquen a ahorrar mediante depósitos en entidades de crédito u otros instrumentos financieros a medio y largo plazo. En un momento en el que es fundamental que se reconstituyan y aumenten los niveles de ahorro de la economía española, el impuesto sobre la renta de las personas físicas tiene que premiar el ahorro, el esfuerzo ahorrador, buscando además la neutralidad en los instrumentos en los que se materializa este ahorro y no limitándose, como sucede ahora mismo, únicamente al ahorro en vivienda habitual.


Las enmiendas números 104 a 108 se refieren al régimen tributario aplicable a los planes y fondos de pensiones. La tributación de estos instrumentos de ahorro a largo plazo fue modificada en el año 2006, penalizándose en aquel momento estos instrumentos. Queremos que estos instrumentos ahora vuelvan a ser considerados desde el momento en que son instrumentos a largo plazo con rentas que se obtienen a largo plazo, renta irregular, y se beneficien del régimen tributario aplicable a las rentas irregulares, y que los rendimientos de los planes y fondos de pensiones tengan la naturaleza en la parte propia de rendimiento financiero de rentas financieras, de rentas de capital y tributen en igualdad de condiciones que estas rentas, sin verse penalizados como lo hacen al tributar como rentas del trabajo.


En las enmiendas 91, 92 y 93 hemos pedido que se recuperen las inversiones en inversión, desarrollo, innovación y formación profesional, que han sido suprimidas en nuestro ordenamiento jurídico, en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en el año 2006, a instancias del Gobierno socialista.
Se ha producido desde entonces una situación de clara inseguridad jurídica al establecerse un régimen regresivo de supresión de estas deducciones, una supresión que creemos que tiene efecto sobre los incentivos a la inversión en España, a la localización en España de actividades innovadoras, generadoras de alto valor añadido; una supresión que nunca compartió mi grupo puesto que se estaba renunciando a uno de los regímenes más favorables a este tipo de actividades, y así ha sido reconocido en varios informes por la propia OCDE, y además se renunció a este tipo de incentivos cuando es la senda que están recorriendo muchos otros países. Por ejemplo, ya son veinte de los treinta países de la OCDE los que han introducido incentivos a I+D+i, o seis los que lo han introducido en los últimos años a la formación profesional en las empresas. Hubo una proposición no de ley en la que se llegó a un acuerdo en esta Cámara para que se revisase esta materia para que se anticipasen los informes que tiene que elaborar el Gobierno en el año 2010 sobre los efectos de la supresión de los incentivos a I+D. Tuve ocasión de decir entonces que no es el momento de informes, es el momento de construir un consenso, de dar un mensaje claro a los inversores, y estas enmiendas son la oportunidad para que ahora este Parlamento pueda construir un consenso al respecto.


Hemos presentado también la enmienda 96, que aprobaría la libertad de amortización de las inversiones empresariales en todo tipo de activos materiales o inmateriales afectos a la realización de actividades económicas. Es un potente incentivo a la inversión que queremos circunscribir a dos años, 2009 y 2010, como medida de estímulo y fomento de la inversión en los momentos que se prevén más duros de la recesión económica. Es una medida de estímulo con carácter temporal, porque la medida estructural que nuestro grupo defiende es la reducción del tipo del impuesto sobre sociedades, que en las enmiendas 94 y 95 se materializaría, de aprobarse, para las pequeñas y medianas empresas. Se contienen aquí varios tipos de medidas. Por un lado, se ampliaría el concepto de pequeña y mediana empresa, empresas de reducida dimensión a efectos del impuesto sobre sociedades, de 8 a 12 millones. También se establecería un tipo de gravamen del 20 por ciento para los primeros 200.000 euros que ganen estas empresas de reducida dimensión y el 25 por ciento para el resto de la base imponible. Son dos modificaciones con respecto al régimen actual. Se amplía el tramo inferior de 120.000 a 200.000 euros y se reduce el tipo de gravamen del 25 al 20 por ciento.
Además -y esto hay que tenerlo presente-, la reducción del impuesto sobre sociedades no solamente va a favorecer las condiciones en que se financian las pequeñas y medianas empresas, sino que este tipo de gravamen reducido va a ser en buena medida el que se aplique a las nuevas empresas, a las nuevas iniciativas empresariales

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que, lógicamente, en la mayoría de los casos nacerán pequeñas para ir creciendo luego en el tiempo.


También hemos presentado las enmiendas 100, 101, 102 y 105, que contienen medidas que favorecen que las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, puedan adaptarse a las actuales circunstancias de aumento de la morosidad. La morosidad afecta a todos los sectores. Oímos hablar cotidianamente de la evolución de la morosidad en el sector financiero, en los grandes bancos, donde el Gobierno está tomando medidas como los avales, la compra de activos, etcétera, pero son muchas empresas las que se enfrentan a la necesidad de tener que financiar saldos morosos. Creemos que esto se debe tener en cuenta en la realidad del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre sociedades, reduciendo, por una parte, el plazo para poder hacer provisión de estas cantidades a los efectos del impuesto sobre sociedades de seis a tres meses, aumentando la deducción para saldos de dudoso cobro en las empresas de reducida dimensión del 1 al 3 por ciento, aumentando en el régimen de estimación directa simplificada del impuesto sobre la renta los gastos de difícil justificación del 5 al 8 por ciento o estableciendo también en el régimen de estimación objetiva una deducción por gastos de dudoso cobro. También en el IVA creemos que se debe reducir el plazo que ahora permite pedir la devolución de los IVA repercutidos ingresados y no cobrados por morosidad de dos a un año. Se trata de un conjunto de medidas que, junto con las que ahora les presentará la señora Madrazo, van a favorecer la inversión, el ahorro, la situación de las familias, la situación de las pequeñas y medianas empresas, y pueden contribuir de manera decisiva a que la economía española pueda recuperar la senda del crecimiento y la creación de empleo.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Madrazo.


La señora MADRAZO DÍAZ: El Grupo Parlamentario Popular, como bien decía mi compañero, ha presentado 40 enmiendas a este proyecto de ley de supresión del impuesto sobre el patrimonio, que demuestran que a una ley que solamente contiene diez artículos el Partido Popular quiere contribuir con algo más que medidas muy puntuales y hacer un auténtica alternativa de política económica, que ya presentamos a su vez en las enmiendas de los Presupuestos Generales del Estado, pero el Gobierno socialista no quiso atender nuestras peticiones no aprobando ninguna de ellas.
Realmente son medidas que consideramos esenciales para poder hacer frente a la crisis económica, a la recesión que actualmente padecen las familias y las empresas españolas. Por tanto, yo le pediría una vez más al Grupo Socialista que escuchen atentamente, porque frente a esa pasividad que está demostrando el Gobierno frente a la crisis económica gravísima que padecen las familias y las empresas, nosotros sí que tenemos muchas propuestas interesantes.


El Gobierno socialista parece ser el único que no se ha enterado de la que está cayendo en el mundo, en el sistema financiero, y de la crisis económica. ¿Por qué digo esto? Porque ayer curiosamente se publicaba una encuesta en un medio de comunicación, en la que un 70 por ciento de los ciudadanos consideraba que bajando los impuestos se generaba empleo, algo que nosotros venimos apoyando y defendiendo hace mucho tiempo y el Gobierno socialista, y el Grupo Socialista que lo apoya, se empeña en negar. Nos han anunciado muchos paquetes de medidas, nos han vendido más paquetes que El Corte Inglés, pero al final medidas reales y efectivas que realmente se hayan puesto en marcha tenemos muy pocas. Las familias españolas y las empresas están esperando todavía esas medidas fiscales.


Voy a defender las enmiendas que fundamentalmente hacen referencia al apoyo a las familias, a esas ayudas que les llegan de forma más cercana y más directa, sobre todo a esos 8 millones de familias, como decía mi compañero, que están pagando una hipoteca, que están sufriendo el aumento del coste de la vida, el aumento de los tipos de interés de las hipotecas y que no están viendo hasta el momento ninguna medida real, eficaz y efectiva por parte de este Gobierno. Por eso proponemos en la enmienda número 106 una reducción en el tipo de IVA, aplicar un tipo superreducido a las prestaciones de servicios para discapacitados físicos y psíquicos y personas mayores en centros residenciales. No es la primera vez que se presenta. Ya se aprobó una iniciativa en el Senado, que posteriormente fue rechazada por el grupo mayoritario en el Congreso, por el Grupo Socialista. Nosotros, el Grupo Popular, hemos presentado también una proposición no de ley para disminuir este tipo de IVA de los centros residenciales, pero el Grupo Socialista ha vetado el debate de esta propuesta en el Pleno del Congreso, aunque nosotros seguiremos, como siempre, insistiendo.


Presentamos también la enmienda número 108, que es equivalente a la número 2 del PNV, a la número 15 de Esquerra y a las 46, 47 y 48 de CiU, que hacen referencia a la supresión que se hace en este proyecto de ley para que las entidades de carácter social puedan solicitar su exención en el impuesto sobre el valor añadido. El proyecto de ley suprimía esa solicitud de un plumazo, lo cual nos parecía claramente discriminatorio y poco ventajoso para estas entidades de carácter social, que suelen prestar servicios -como su propio nombre indica- de carácter social.
Parece ser que se ha presentado una enmienda transaccional por parte del Gobierno suprimiendo los apartados 4, 5 y 6 del artículo 5.º del proyecto de ley. Por tanto, nosotros apoyaremos esta transaccional porque realmente creemos que todas las ventajas que se puedan dar a estas entidades de carácter social son pocas, y nos parecía que el proyecto de ley limitaba esas ventajas a estas entidades de carácter social.


Otra enmienda que nos parece también muy interesante es la presentada por mi grupo relativa a reactivar

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el mercado inmobiliario que, como sabemos, está dificultando enormemente, tanto las economías domésticas, a las que resulta dificilísimo el acceso a su primera vivienda habitual, como a los propios empresarios del sector, que están padeciendo una crisis sin precedentes. Este conjunto de enmiendas pretende ayudar a las familias y a las empresas del sector inmobiliario para poder superar esa crisis. En ese sentido, me gustaría resaltar la enmienda número 112, que propone un tipo de IVA reducido para los arrendamientos con opción de compra de viviendas. La fórmula del arrendamiento con opción de compra es una fórmula que cada vez se está utilizando más en el mercado inmobiliario, sobre todo por parte de sectores jóvenes. Nos parece muy interesante ir en la línea de reducir el tipo de IVA que, en definitiva, se supone que abarata el precio del alquiler que pagan mensualmente estas familias o estos jóvenes en los arrendamientos con opción de compra. Reducir este tipo de IVA del actual 16 por ciento al 7 por ciento, en el caso de que se trate de viviendas libres, o al 4 por ciento, que es el tipo superreducido, en el caso de que se trate de viviendas de protección oficial. Esta enmienda la han presentado también otros grupos, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y también Esquerra Republicana, y por tanto espero que entre todos podamos sacar adelante algo que nos parece esencial para reactivar este mercado y como fórmula casi única en la actualidad para los jóvenes que quieren acceder a una vivienda.


También me parece interesante la enmienda número 113, que propone incluir en el tipo reducido los productos especialmente concebidos para el uso de personas discapacitadas. Hasta ahora existe una lista de productos sanitarios que están incluidos tanto en la Sexta Directiva, que regula la armonización de los tipos de IVA en toda la Unión Europea, como en nuestra propia Ley del IVA. Nos gustaría ampliar ese concepto a todos aquellos que sean de uso especial para personas discapacitadas, como una medida social y de ayuda a este colectivo y de abaratamiento de costes, y en la misma línea -como decía antes también mi compañero- que ya están empezando a adoptar algunos países europeos, como la bajada de tipos del impuesto sobre el valor añadido que se ha anunciado en el Reino Unido.


Hay una enmienda que nos parece esencial, que también presentamos en la Ley de Presupuestos Generales para 2009 y que una y otra vez vamos a presentar, porque actúa en dos direcciones: primero, ayudando enormemente a los 8 millones de familias que actualmente están endeudadas, que están pagando una hipoteca para poder comprarse una vivienda y para las que se han encarecido los tipos de interés que pagan; y, segundo, ayudando a reactivar ese sector inmobiliario que está generando una cantidad de desempleo tremenda en los últimos meses. Me gustaría mucho recalcar esta enmienda -y recabar el apoyo de los otros grupos, especialmente el del grupo mayoritario- que se refiere a la elevación de la deducción por adquisición de vivienda habitual. La última reforma del Gobierno socialista del año 2006 redujo este tipo de deducción del 25 al 15 por ciento, y nosotros proponemos aumentarlo nuevamente al 25 por ciento; aumentar 10 puntos la deducción por adquisición en vivienda, y asimismo ampliar la base de esta deducción por adquisición de vivienda -que está actualmente en 9.000 euros- a 10.000 euros. Esto es algo -como ya digo- que nos parece fundamental para las familias, para facilitar su acceso a la vivienda, porque todos sabemos que cualquier familia debe acudir a una hipoteca para poder pagarse esa vivienda, especialmente los jóvenes, y cualquier ayuda fiscal que se pueda hacer y se les pueda dar nos parece importantísima. Además, proponemos en esta enmienda aplicar a esta deducción efectos inmediatos, en el sentido de que se aplique ya en las tablas de retención del impuesto sobre la renta de las personas físicas, de tal manera que a aquellos trabajadores que tengan derecho a esta deducción por adquisición en vivienda habitual se les tenga en cuenta para calcularles el tipo de retención y, por tanto, vean ya directamente reflejado en su nómina un aumento de la cantidad líquida que perciben.
Esto va también en la línea de una medida que ha anunciado el Gobierno, y es que la deducción por adquisición de vivienda tenga efectos en el tipo de retención. Pero, como he dicho antes, nos están vendiendo muchos paquetes, nos están vendiendo paquetes de medidas todos los días, pero la realidad es que esas medidas ni se aprueban en un proyecto legislativo ni están llegando todavía a las familias. Ahora es el momento de apoyarlo.
Si el Grupo Socialista considera esta medida oportuna y adecuada, sería el momento de ayudar hoy, en esta Comisión, a las familias apoyando esta enmienda del Partido Popular.


La enmienda número 117 también nos parece fundamental en la ayuda a las familias, especialmente a los jóvenes que tienen que adquirir por primera vez una vivienda habitual, y que supone su forma de iniciar un nuevo proyecto de vida; si no tienen una vivienda donde poder iniciar su nuevo proyecto de vida es imposible iniciar ese camino. Por tanto, nos parece fundamental la ampliación del plazo de ahorro de las cuentas vivienda.
Actualmente, el dinero depositado en cuentas vivienda deduce por adquisición de vivienda habitual, pero solamente hay un plazo de cuatro años para poder invertir todo el dinero depositado en esas cuentas en la compra de la vivienda. Con la actual situación del sistema financiero, que impide a muchos de estos jóvenes poder acceder a un crédito hipotecario, en muchas ocasiones se ven imposibilitados para poder invertir ese dinero depositado en la cuenta vivienda en ese plazo de cuatro años. Por tanto, proponemos ampliarlo de cuatro a seis años. Esto, vuelvo a repetir que también se ha copiado -por llamarlo de alguna manera- por parte del Gobierno, porque nosotros ya lo habíamos anunciado en las enmiendas que presentamos a los presupuestos generales, pero vuelvo a decir que, en la práctica, las familias no han visto llegar esta ayuda; los jóvenes no han visto llegar esta ayuda, y no se ha plasmado -que yo sepa, luego me lo dirá la portavoz del Grupo Socialista- en

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ningún proyecto de ley. Así que hoy sería el momento de apoyarlo.


Hay otra enmienda interesantísima, en la misma línea de la que comentaba antes sobre rebajar el IVA de los arrendamientos con opción de compra, que supone tener derecho a la deducción por adquisición de vivienda, no solamente en la compra de la vivienda sino también en el arrendamiento con opción de compra. Como decía cuando defendí la enmienda de disminución del tipo de IVA aplicable a estos arrendamientos, es una fórmula cada vez más utilizada, especialmente por los jóvenes, que no pueden permitirse el lujo de comprarla en firme por las actuales condiciones y suelen acogerse a un arrendamiento con opción de compra, que supone alquilarla durante una serie de años y al final de esos años ejercitar la opción de compra y adquirir su propiedad. Nos parece interesantísimo, en esta enmienda número 123, aplicar la deducción por adquisición de vivienda también a la parte de la cuota del arrendamiento con opción de compra que supone la recuperación del coste de la vivienda.


También quería hacer referencia a la enmienda número 124, en la que el Grupo Popular pide aumentar el porcentaje de capitalización de la prestación por desempleo, del 40 por ciento existente en la actualidad al 60 por ciento, para aquellos desempleados que establezcan un negocio o una actividad por cuenta propia como una manera de incentivar el inicio de nuevos proyectos empresariales. Esta medida ya fue presentada por nuestro grupo en el Pleno del Congreso a través de una PNL, que fue apoyada por los grupos, incluido el Grupo Socialista. En este sentido se viene anunciando una vez más por parte del Gobierno aumentar el porcentaje de capitalización de la prestación por desempleo del 40 al 60 por ciento, y ya me dirá después algo al respecto la portavoz del Grupo Socialista, porque hasta el momento, que yo sepa, esto no se ha traducido en la aprobación de un real decreto, con lo cual, a pesar de que el Gobierno ha dado luz verde a esta cuestión, todavía no lo hemos visto traducido en un proyecto legislativo, por lo que una vez más seguimos insistiendo en que esta enmienda podría ser aprobada hoy mismo con el apoyo del grupo mayoritario, así como el del resto de grupos.


Otra enmienda que me parece interesantísima para abaratar el coste de adquisición de las viviendas habituales y al mismo tiempo intentar reactivar el mercado inmobiliario es la número 125, en la que el Grupo Popular propone que los contribuyentes se puedan deducir el 50 por ciento de la cuota que hayan pagado, bien a través de IVA o bien por impuesto sobre transmisiones patrimoniales, en la anterior transmisión de la vivienda habitual. Es muy frecuente que al comprar viviendas de segunda mano estas se transmitan tres, cuatro o cinco veces a lo largo de su existencia, lo cual a través del impuesto sobre transmisiones patrimoniales va encareciendo el coste de adquisición de la vivienda.
Nosotros proponemos que el 50 por ciento de la cuota que se haya pagado por dicho impuesto o por IVA en la anterior transmisión de la vivienda sea deducible de lo que tengamos que pagar actualmente por la compra de esta vivienda en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. En este sentido, me parece muy interesante que atiendan, escuchen y si es posible apoyen la enmienda número 125.


Por último, me gustaría hacer referencia -por eso llevo puesta esta pegatina- a la enmienda número 126, que propone la supresión de los nuevos tipos que ha establecido el Gobierno en el impuesto de matriculación para las motos. Esta medida nos parece grave y discriminatoria para un sector como es el de las motos, que, en primer lugar, son menos contaminantes que los coches, pero además en el modelo europeo cada vez se está imponiendo más el uso de estas motos como medio que proporciona una mayor movilidad en las grandes ciudades. Señorías, con este proyecto de ley se penaliza a este sector introduciendo en el impuesto de matriculación el máximo tipo aplicable en el caso de las motos que tengan una potencia superior a 100 caballos de vapor, pero todavía nos parece más grave que el Gobierno lo justifique como una medida para intentar paliar la siniestralidad de las motos. Para paliar la siniestralidad de las motos habrá que establecer medidas de tipo educativo, de seguridad vial, una mayor seguridad en las carreteras o una mayor educación vial, pero en ningún caso creando un impuesto prohibitivo para este sector, el máximo tipo aplicable dentro del impuesto de matriculación, porque es claramente discriminatorio. Por tanto, el Grupo Popular a través de esta enmienda pretende que se suprima ese apartado que hace referencia al impuesto de matriculación de las motos y que no se penalice a este sector. No solamente los usuarios se verían claramente afectados sino también los sectores industrial y auxiliar que se dedican a las motos y que verían una caída importante de su negocio con la adopción de esta medida fiscal. Señorías, con esto he dado un repaso a las enmiendas presentadas por el Grupo Popular para ayudar a familias y especialmente para reactivar el mercado inmobiliario.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de Convergència i Unió. Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado alrededor de sesenta enmiendas al proyecto de ley por la que se suprime el gravamen del impuesto sobre el patrimonio, ya que esta era una ley apropiada para intentar resolver algunos de los aspectos que hoy inciden negativamente en el desarrollo de la economía productiva. Pensábamos que quizás era en esta ley y en este proceso de negociación que hemos mantenido con el Grupo Parlamentario Socialista donde deberíamos implementar una serie de acciones dirigidas básicamente a incentivar la economía productiva y a impulsar la inversión, ya que en estos momentos es

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fundamental garantizar la inversión empresarial en activos fijos productivos y que al mismo tiempo esto pueda contribuir al mantenimiento de los puestos de trabajo. Por tanto, eran aspectos fundamentales sobre los que llegar a un acuerdo dentro de este proceso de negociación que hemos mantenido con el Grupo Parlamentario Socialista.


Señorías, la verdad es que consideramos satisfactorio el resultado ya que hemos conseguido acordar determinados aspectos que van en esta dirección, es decir impulso de la economía productiva, impulso de la inversión, mantenimiento de puestos de trabajo, etcétera. También hemos incorporado algunas enmiendas que van en la dirección de luchar contra la morosidad, una de las reivindicaciones que había planteado Convergència i Unió. Otro aspecto que afecta globalmente a la ley y que considerábamos nuclear era intentar llegar a un acuerdo con el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno en el sentido de que si es cierto -siempre lo hemos planteado y reivindicado desde hace bastantes legislaturas- que el impuesto sobre el patrimonio era un impuesto altamente confiscatorio y afectaba negativamente a todas las rentas y a todos los contribuyentes españoles que tenían que pagar renta y patrimonio, una vez que se ha eliminado este impuesto, consideramos que las comunidades autónomas no deberían verse perjudicadas por la eliminación de este impuesto y tendría que quedar perfectamente reflejado en la ley el abono por parte del Estado a las comunidades autónomas por la pérdida de este ingreso. Por este motivo repito que la enmienda 67 de Convergència i Unió era nuclear y también es bien cierto que hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno en el sentido de transaccionar un texto positivo para no lesionar los intereses y los recursos de las comunidades autónomas, que dice lo siguiente: El Gobierno, de conformidad con el principio de lealtad institucional, procederá a evaluar bilateralmente en el marco de las reformas del sistema de financiación el importe correspondiente a las pérdidas de ingresos que suponga la supresión del impuesto sobre el patrimonio y a hacer efectiva la compensación correspondiente. Esta era una cuestión nuclear para Convergència i Unió y, finalmente, repito, hemos acordado transaccionar una enmienda que va en esta dirección.


Otro aspecto que consideramos altamente positivo para garantizar la inversión y el mantenimiento de los puestos de trabajo, generando al mismo tiempo confianza entre los agentes económicos y sociales, es el contenido en la enmienda número 39 de Convergència i Unió, que intenta consensuar con el Gobierno un mecanismo que consideramos fundamental, dada la actual coyuntura económica por la que está atravesando España, que es la libertad de amortización. Entendemos que la libertad de amortización ha de constituir un mecanismo efectivo para generar confianza, para que pueda haber inversión en activos fijos productivos y, al mismo tiempo, mantener el empleo; por ello hemos planteado la enmienda 39 para que en todas aquellas empresas que para los ejercicios 2009 y 2010 puedan generar inversión, estos activos fijos orientados directamente a la inversión gocen de libertad de amortización, de este beneficio fiscal importantísimo. Al mismo tiempo, hemos acordado que para que estas inversiones puedan gozar de estos beneficios fiscales, se adquiera el compromiso del mantenimiento de la plantilla en función del promedio de los doce últimos meses. Repito que este es un elemento importantísimo desde la óptica de Convergència i Unió para poder garantizar confianza, generar inversión y mantener los puestos de trabajo, para que nuestras economías productivas puedan modernizarse adecuadamente y no perder competitividad. Vuelvo a insistir en que para nosotros esta es una enmienda muy importante.


Dentro del grupo de enmiendas que hemos presentado, hay algunas que van orientadas a poder establecer un sistema fiscal efectivo, similar al que gozan diferentes países anglosajones, que permita iniciar en España unos planteamientos fiscales modernos orientados básicamente a que puedan ponerse en marcha los business angels, que son todos aquellos emprendedores que no disponiendo de patrimonio pueden juntar sinergias con personas o grupos empresariales dispuestos a poner a disposición de estos emprendedores su patrimonio y que, al mismo tiempo, estas personas que arriesgan su patrimonio basándose en ideas -diría- relevantes y tecnológicamente avanzadas puedan gozar de los correspondientes beneficios fiscales. Nosotros proponíamos que se pudieran obtener los beneficios fiscales correspondientes, pero la verdad es que aquí no hemos encontrado una posición favorable a aprobar directamente la enmienda de Convergència i Unió, pero sí hemos obtenido en esta ley para la eliminación del impuesto sobre el patrimonio el compromiso por parte del Gobierno de que va a analizar todas las fórmulas que existen en diferentes países anglosajones, de la Unión Europea y norteamericanos, para poder recoger este mismo sistema de bonificaciones fiscales para los business angels. Esperamos que esta vez, ya que es una ley y no una moción, finalmente el Gobierno cumpla con lo previsto en la misma y que goce del visto bueno del resto de los grupos parlamentarios.


Siguiendo con los acuerdos a los que hemos llegado con el Gobierno, hemos conseguido también que el Grupo Parlamentario Socialista nos apruebe la enmienda número 25. Con la adaptación del nuevo Plan contable, existían disfunciones en algunas empresas que se habían acogido a la reforma de dichas modificaciones contables. En cuanto a los aspectos que hacen referencia a la implementación de la nueva normativa contable, existían diferencias sustantivas para Convergència i Unió sobre los resultados de su aplicación. En ese sentido hemos llegado a un acuerdo en las enmiendas números 24 y 41, que hacen referencia a una serie de compañías, algunas de las cuales se han internacionalizado y otras no, que han planteado provisiones por depreciación, sobre la base del antiguo Plan contable, ya que con la aplicación

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del nuevo existían grandes diferencias negativas que afectaban a las cuentas de explotación de estas compañías, algunas de las cuales habían comprado participaciones y filiales en el extranjero, ya que se habían internacionalizado, y a otras les afectaba en la aplicación normal de sus planes contables. Repito que había divergencias y hemos acordado unas enmiendas transaccionales, que nos harán llegar al resto de diputados, que van en la dirección de corregir esta fiscalidad negativa en contra de estas compañías. Parece que finalmente vamos a conseguir aquello que acordamos todos los grupos políticos cuando modificamos el Plan contable y es que con la aplicación del nuevo pueda existir realmente una neutralidad fiscal. Por tanto, repito, de entrada hay acuerdo en las enmiendas números 24 y 41. La enmienda número 42 de Convergència i Unió se refiere a que la aplicación de la nueva normativa contable comporta grandes disfunciones fiscales a determinadas empresas que tienen que plantear forzosamente unos stocks de seguridad. Hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista para poder diferir estos costes fiscales a lo largo de los siguientes periodos impositivos.


Dentro de este bloque presentamos la enmienda número 35, que consideramos relevante, fundamental y muy importante. Para todos aquellos procesos de consolidación de nuevos grupos empresariales, a través de fusiones o adquisiciones, en nuestra opinión no tendría que extinguirse, desde ningún punto de vista, el régimen de consolidación fiscal de grupos determinados por la adquisición de la sociedad dominante. Repito que esta es una cuestión muy importante para Convergència i Unió, porque en el caso de que se aprobara esta enmienda evitábamos un trato desigual en la adquisición de grupos consolidados en función de que el adquirente sea residente en España o en un tercer Estado. También en este aspecto hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista a través de una transaccional que espero que nos hagan llegar a todos los grupos parlamentarios para votarla favorablemente.


Dentro asimismo de las enmiendas en las que hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista, está la número 44, que plantea una cuestión que considerábamos relevante, como es evitar penalizar todas aquellas fusiones de entidades que no tengan la posibilidad de deducirse el IVA al cien por cien; básicamente nos estamos refiriendo a entidades sanitarias, universitarias y financieras, ya que estarían gravadas por un IVA que no sería deducible. En esta enmienda número 44 excluimos todas aquellas operaciones que se efectúan al amparo del régimen de fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canjes de valores y cambio de domicilio fiscal de una sociedad europea o de una sociedad cooperativa europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea. Esto nos ha dado ocasión de poder consensuar una enmienda transaccional con el Grupo Socialista, que junto con la enmienda número 35 va en la dirección de fomentar todas aquellas fusiones de compañías o grupos empresariales españoles para que no tengan un trato discriminatorio en función de que el adquirente o el que va a fusionarse con la entidad española no fuera residente del Estado español. Por tanto, recalco nuevamente la importancia de esta enmienda número 44.


Las enmiendas 45 y 52 plantean una legislación más efectiva desde un punto de vista impositivo para la rehabilitación de viviendas. Dichas enmiendas coinciden con algunas del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Hay que reconocer que algunas enmiendas del Grupo Popular van en la misma dirección que otras que han sido motivo de acuerdo entre el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y el Grupo Socialista. En cuanto a las enmiendas 45 y 52 nosotros, para facilitar que el stock de viviendas que están construidas en España pudiera ser susceptible de arrendarse rápidamente, planteamos una serie de medidas, de acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno, y hemos llegado a una transacción por la cual el Gobierno se compromete ante este grupo parlamentario y el resto de los grupos que van en la misma dirección a elaborar una legislación efectiva para facilitar que, por ejemplo, a los contratos de arrendamiento con opción de compra se les pueda aplicar un IVA, de acuerdo con el establecido en el caso de que pudiera arrendarse o comprarse, muchísimo más reducido, como puede ser el 4 o el 7. Con el fin de poder plantear esta agilización sería interesante, con esta transacción que nos plantea el Grupo Parlamentario Socialista, implementarlo a lo largo del próximo periodo de sesiones, ya que el sector nos demanda en gran medida que sea una realidad muy pronto.


Por lo que se refiere a las enmiendas que también han podido gozar de un consenso con el Grupo Parlamentario Socialista, tengo que decir que nosotros desde hace bastantes legislaturas planteábamos que la morosidad de veinticuatro meses, que es el límite fijado por la ley, en todos aquellos aspectos que hacen referencia al IVA de deudas no cobradas era un plazo demasiado largo y que afectaba muy negativamente a las tesorerías de nuestras compañías. Ahora hemos conseguido llegar a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista mediante la enmienda 49 para que pueda plantearse el IVA correspondiente a una cantidad incobrable no a los veinticuatro sino a los doce meses. Entendemos que esta va a ser una medida que va a dotar de más liquidez a nuestro sector productivo.


Las enmiendas números 46, 47 y 48 las presenta Convergència i Unió sobre la base de unas demandas que nos habían planteado los colegios profesionales, las cámaras oficiales de comercio, los organismos patronales y las federaciones empresariales, sociales y también las entidades de carácter social. Pues bien, hasta que no estuvo redactado este proyecto de ley que estamos debatiendo en estos momentos no cabía la posibilidad de que dichas entidades sociales, colegios profesionales, cámaras de comercio, organismos patronales y federaciones

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empresariales pudieran renunciar a la exención del IVA de sus cotizaciones correspondientes. Ahora, a través de estas enmiendas, vamos a posibilitar que la renuncia de la exención del IVA por cotizaciones a todos estos organismos y entidades sea una realidad, que estas puedan pagar el IVA correspondiente y, al mismo tiempo, puedan repercutir este IVA a sus abonados, socios o respectivas funciones sociales que puedan plantearse determinadas entidades sociales sin ánimo de lucro, con el fin de que, pudiendo pagar el IVA, lo puedan recuperar y que estos IVA soportados no constituyan un coste para sus actividades sin ánimo de lucro. Aunque no parezcan importantes, damos mucha importancia a estas enmiendas porque vamos a plantearles la posibilidad de no tener como coste de explotación en sus actividades no lucrativas el IVA que soportaban hasta la fecha y que no lo podían repercutir en sus operaciones cotidianas.


También hemos conseguido un acuerdo muy importante, al menos para este Grupo de Convergència i Unió, con la transacción a que hemos llegado en la enmienda número 69, enmienda transaccional que hemos planteado a todas las formaciones políticas y que hemos transformado en una disposición final que va a gozar de la aprobación del Grupo Parlamentario Socialista, y espero que también sea extensivo al resto de los grupos parlamentarios de esta Comisión, en el sentido de que sea una realidad que se puedan aplicar todos aquellos beneficios fiscales que podrían incorporarse al simposium conmemorativo del 90.º aniversario del Salón del Automóvil de Barcelona para el año 2009. Por las razones coyunturales económicas por las que está atravesando la economía española, existen grandes dificultades para que este salón sea una realidad y con la aprobación de esta enmienda y los beneficios fiscales que se van a poder aplicar a partir de la aprobación de esta enmienda, probablemente el Salón del Automóvil de Barcelona sea una realidad. Por este motivo Convergència i Unió va a pedir el apoyo y el soporte, si es posible por unanimidad, de todos los grupos que conforman la Comisión de Economía y Hacienda.


Las enmiendas 62 y 64 van en la dirección de beneficiar fiscalmente a todo el parque automovilístico de autocaravanas, en el sentido de que la sujeción al impuesto se limite al conjunto de motor y bastidor, sin que quede sujeto el módulo vivienda. Aquí había un tratamiento fiscal discriminatorio para todo este sector de autocaravanas, que también está padeciendo una crisis importante. En la anterior legislatura llegamos a un acuerdo que después fue imposible materializar por una cuestión técnica en el debate de presupuestos, pero aquí hemos conseguido la misma bonificación fiscal del 30 por ciento que logramos con el resto de los grupos de la Cámara y que también esperamos que pueda gozar de su aprobación a lo largo de esta tramitación parlamentaria.


Hay dos enmiendas que pretenden revitalizar el mundo del motor y de la industria de motocicletas en España. Hemos presentado las enmiendas números 63 y 65. La enmienda 63 persigue la exención de la tributación del impuesto de matriculación de los cuadriciclos. El Grupo Parlamentario Socialista nos ha planteado una enmienda transaccional que va en la misma dirección, pero no hemos podido consensuar la enmienda número 65, que pretendía subsanar la desproporción entre los tipos impositivos aplicables a los vehículos y los aplicables a las motocicletas marcada por la redacción que propone el Gobierno. Esta medida es desproporcionada y desde nuestro punto de vista no contribuye a tener en cuenta a la motocicleta como medio de transporte ventajoso que favorece la movilidad, tal como marca el libro verde de la Comisión Europea. No hemos podido llegar a un acuerdo sobre esta enmienda, pero seguiremos insistiendo en el próximo periodo de sesiones para ver si es posible encontrar alguna complicidad que vaya en la dirección que había marcado mi grupo y que iba un poco más allá de la que había el Grupo Parlamentario Popular.


Hay dos enmiendas sobre las que no hemos conseguido llegar a un acuerdo, pero que vamos a someter a votación, que son las enmiendas números 82 y 83. Estas enmiendas favorecerían que lo distribuidores de automóviles no estuvieran tan presionados por los stocks que obligatoriamente han de tener a su disposición por cada vehículo que venden a lo largo de su ciclo empresarial. Dado que con la actual coyuntura económica les es totalmente imposible quedarse con todos los stocks que les obligan a tener las marcas distribuidoras por cada automóvil vendido -no solamente les obligan a tenerlos en stocks de seguridad, sino también a hacer una compra en firme-, entendíamos que con la enmienda de Convergència i Unió se podía conseguir una reforma de los contratos de agencia para los productos que tengan un determinado costo. Nosotros fijábamos la cifra de 6.000 euros porque lógicamente todos los coches cuestan muchísimo más de 6.000 euros, aunque podríamos llegar a un acuerdo sobre la cantidad. Esta enmienda no ha contado con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, pero sí hemos conseguido un compromiso para poder debatirla durante la tramitación de la modificación de la Ley del Comercio Minorista que llegue a esta Cámara. Por este motivo vamos a seguir luchando y vamos a pedir la aprobación por el resto de los grupos de la Cámara para llegar a una solución para esta cuestión tan importante como es la de la distribución de los automóviles.


Finalmente está la enmienda número 84, que va a aceptar el Grupo Parlamentario Socialista, que se refiere a la simplificación de las reglamentaciones fiscales para que las diferentes entidades españolas puedan plantear las suscripciones de obligaciones preferentes, a fin de que puedan competir con el resto de países de la Unión Europea para mantener el mismo régimen fiscal para todas aquellas operaciones que sean adquiridas por no residentes.


Hemos explicado global y muy rápidamente el acuerdo al que hemos llegado con el Grupo Parlamentario Socialista. Procederíamos a la retirada del resto de enmiendas,

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excepto de las números 82 y 83, de aquellas que no hemos defendido o que no han sido objeto de aceptación a través de enmienda transaccional y que haré llegar a la Mesa rápidamente para que no surjan dudas en el momento de la votación.


El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al señor Herrera, de Iniciativa per Catalunya Verds.


El señor HERRERA TORRES: Voy a centrar mi intervención en la enmienda que plantea que no se suprima el impuesto sobre el patrimonio, para seguir con las enmiendas que también hemos incorporado en el trámite de este proyecto de ley. Empiezo diciendo que el presidente Zapatero después de la cumbre de Washington explicaba que la opción del Gobierno iban a ser las políticas anticíclicas antes que la reducción de impuestos o incluso la eliminación de los mismos. Dichas declaraciones llaman poderosamente la atención si las contrastamos con la práctica del Gobierno Zapatero en el trámite, sin ir más lejos, de este proyecto de ley, en el que se suprime un impuesto, el impuesto sobre el patrimonio, con argumentos más que discutibles, y en el que se deja de ingresar unos recursos, seguramente por el hecho de haber realizado una promesa electoral, pero sin la capacidad, la inteligencia y la flexibilidad de entender que en un contexto como el actual la supresión del impuesto sobre el patrimonio, y por tanto de más de un millar de millones de euros, es una propuesta no solo atípica sino muy poco progresista y en clara contradicción con lo que el mismo presidente Zapatero anunciaba hace apenas unos días.


El proyecto de ley menciona textualmente que la vigente ley del impuesto se estableció con el triple objetivo de efectuar una función censal y de control del IRPF, conseguir una mayor eficacia en la utilización del patrimonio y la obtención de una mayor justicia redistributiva complementaria a la aportación del IRPF, pero las transformaciones del entorno económico y las modificaciones del tributo han hecho que pierda su capacidad para conseguir de manera eficaz los objetivos por los cuales fue diseñado. Nos parece que en un contexto como el actual en el que nuestros países vecinos -Francia, sin ir más lejos- se plantean establecer impuestos sobre las grandes fortunas, es disparatado proceder a la supresión del impuesto sobre el patrimonio y no encarar la modificación y actualización del impuesto, que sería lo oportuno en este contexto y de acuerdo con lo expuesto en la ley.


Nosotros creemos que hay una interpretación política clara y es que el Gobierno está renunciando -y después explicaré por qué- a un instrumento en la lucha contra el fraude fiscal y que además hay una tendencia clara a priorizar la imposición indirecta y a centrar toda la imposición directa en el IRPF, renunciando a otros instrumentos de los que se había dotado nuestro sistema fiscal. Por ello hemos presentado una enmienda -no solo nosotros; también otros grupos parlamentarios como el Grupo Parlamentario Mixto- para garantizar que se mantenga el gravamen del impuesto sobre el patrimonio y para que, en cualquier caso, se proceda a su modificación. Se nos ha dicho que el impuesto sobre el patrimonio se suprimía para evitar gravar a las clases medias, pero lo cierto es que el 60 por ciento de su recaudación procede de patrimonios superiores al millón de euros. Se nos ha dicho que hacía falta suprimirlo porque las grandes fortunas ya no tributaban, pero la realidad es que precisamente ha habido una elusión fiscal de este impuesto con instrumentos que se incorporaron, cómo no, por parte de Convergència i Unió en modificaciones legislativas anteriores, y lo que debería haber hecho el Gobierno en este contexto es precisamente proceder a modificaciones fiscales que permitiesen que esas grandes fortunas que no tributan en el impuesto sobre el patrimonio pasasen a tributar tapando esos agujeros que se crearon y que permitieron la elusión fiscal.


Hoy los inspectores de Hacienda del Estado se manifiestan en contra de la supresión del impuesto sobre el patrimonio ya que dicha medida, dicen, perjudica la lucha contra el fraude fiscal. Y manifiestan que se carece de justificación por parte del Gobierno con los argumentos dados para su supresión y que dicha medida va a suponer un avance más hacia la primacía de los impuestos indirectos. Nuestro grupo, de forma sorpresiva incluso, diría yo, es el único que está de acuerdo con este planteamiento. Los inspectores proponen modificaciones en la normativa del impuesto, pero nunca su supresión, nunca su supresión. Entendemos que es paradójico como en un contexto como el actual, con la necesidad de multiplicar instrumentos de lucha contra el fraude, el proyecto que hoy se va a aprobar plantea la eliminación de la obligación de declarar. La semana pasada estuvimos hablando y discutiendo sobre la Ley de Incompatibilidades que lideró el ministro Sevilla y que además supuso un avance sustancial. Uno de los artículos de esa Ley de Incompatibilidades mencionaba la necesidad de que se entregase la declaración del impuesto sobre el patrimonio. Con posterioridad, en la Ley de Suelo, aprobada en el último año de la legislatura anterior, se planteaba la necesidad de que los concejales presentasen la declaración de patrimonio para poder saber cuál era el patrimonio del que disponían y tener mejores instrumentos para garantizar esa transparencia y así se hace a día de hoy.


Pues bien, esta ley va a suponer que estas declaraciones no se hagan porque dejarán de ser obligatorias. Creemos paradójico que cuando existe un problema de elusión por parte de las grandes fortunas solventemos la elusión fiscal suprimiendo el impuesto cuya tributación eluden. Es más, entendemos que el argumento de que existe una doble imposición en el IRPF y en el impuesto sobre el patrimonio no se aguanta por ningún lado ya que son tributos de características distintas y, además, el impuesto sobre el patrimonio coincide plenamente con el mandato constitucional, con el artículo 31 de la Constitución,

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un sistema tributario basado en la progresividad y en la tributación de acuerdo con la capacidad económica. Por todo ello entendíamos que se debía modificar la normativa, pero nunca hacer lo que el Gobierno Zapatero ha planteado contradiciéndose con lo que mandan las políticas mínimamente keynesianas en un contexto como el actual muy complicado. Eso acaba suponiendo que hoy la fiscalidad tribute cada vez más sobre impuestos indirectos, impuestos que en un contexto de crisis hacen que los ingresos de las diferentes administraciones sean mucho más vulnerables, y eso representa que la única imposición directa, después del trámite de esta ley, acabe siendo el IRPF y que, por tanto, la fiscalidad se centre básicamente en las rentas del trabajo en un 80 por ciento. Además, entendemos que la garantía de lealtad institucional con las comunidades autónomas no se solventa con la fórmula que planteaba el señor Sánchez i Llibre y, obviamente, tal y como he planteado antes, creemos que hay un perjuicio claro para la lucha contra el fraude fiscal, contra el blanqueo de capitales y contra la corrupción urbanística, porque se está eliminando un instrumento muy útil para poder descubrir las variaciones anormales de patrimonio que se suelen producir, por ejemplo, cuando se ponen bienes a nombre de testaferros o cuando se producen circunstancias de delitos fiscales como los relativos a blanqueo de capitales o corrupción urbanística.


¿Qué hubiese tenido que plantear un gobierno mínimamente progresista y qué es lo que hemos trasladado nosotros en las enmiendas? Primero, la necesidad de reflejar en la declaración todos los bienes a partir de un valor individual significativo. Segundo, declarar los bienes y derechos en su valor real. Tercero, si ustedes quieren, establecer un mínimo exento, pero en ningún caso eliminar el impuesto. Por último, hacer realidad aquello que se planteaba en la Ley de Suelo aprobada en la pasada legislatura. Por todo ello nuestra postura está radicalmente en contra de lo que el Gobierno viene a plantear en esta ley. Encontramos grave, gravísimo la eliminación del impuesto sobre el patrimonio y también grave, gravísima la tendencia en política fiscal radicalmente contradictoria con lo que hoy se reclama a nivel planetario o con lo que hoy están haciendo no ya los gobiernos socialdemócratas sino los mínimamente progresistas. Es más, creemos que esa eliminación del impuesto sobre el patrimonio coincide precisamente con las alianzas sobre las que va a pivotar la ley. El señor Sánchez i Llibre ha hecho un relato de enmiendas, una serie de ellas si quieren positivas, pero algunas introducen elementos de desfiscalización. La libertad de amortización que se propone en las enmiendas 21, 22 y 23 es un buen ejemplo, pero podríamos poner alguno más.


Por el contrario, el proyecto no trae propuestas que intenten dar respuesta inmediata a sectores estratégicos que se están viendo afectados por la crisis económica, y aquí voy a entrar en la segunda parte de mi intervención para acotar el tiempo y para intentar llegar a otra Comisión en la que también estoy participando -igualmente hay un elemento práctico en la brevedad de mi intervención-. La segunda parte de mi intervención va a explicar el resto de enmiendas que hemos presentado centrándome básicamente en cinco, pero entendiendo que nuestras enmiendas intentan dar respuesta a un sector, el de la construcción, que necesita políticas fiscales que le permitan salir del atolladero en el que está, de la sangría en la que está, de pérdida de ocupación y en definitiva de pérdida de oportunidades, intentando además que las medidas fiscales supongan una reconversión del sector, no dando un cheque en blanco, y entendiendo que el sector debería pivotar hacia la rehabilitación y que las medidas fiscales que aprobemos deberían conseguir que el acceso a la vivienda se centrase en el alquiler, ayudando al cambio cultural que necesita nuestra sociedad para pasar de una sociedad que prima básicamente la compra a una sociedad que cuida el alquiler.


En la enmienda número 5 planteamos homogeneizar la bonificación del IRPF de todos los contratos de alquiler. En la propuesta hablábamos del cien por cien, pero trasladamos al Grupo Socialista que podía ser del 75 por ciento, porque en definitiva lo que no tiene sentido son las desgravaciones por sectores, destinadas solo por ejemplo a las personas jóvenes, porque en realidad en el acceso al alquiler existen problemas transversales, en las personas que se divorcian, en aquellos jóvenes que han perdido la categoría de jóvenes por edad pero no por el tipo de ocupación que tienen -personas de 34, 35, 37 ó 44 años en condiciones de precariedad que necesiten de esta desgravación-, entendiendo por tanto que la bonificación del IRPF se tenía que extender a todos los contratos de alquiler, incluso -y esto no lo planteábamos en la enmienda pero estaríamos dispuestos a hablarlo- a partir de una reducción moderada pero continuada en las desgravaciones del IRPF en el acceso a compra que hoy han dejado de tener sentido y que se ha demostrado que son una transferencia de capital del Estado al promotor, como anunciamos nosotros en la legislatura anterior y no se nos quiso hacer caso.


La segunda enmienda que planteábamos, relevante, era una mejora del IVA en la rehabilitación porque un sector que tiene que pivotar hacia la rehabilitación de edificios y hacia la rehabilitación energética necesitaba esa mejora del IVA para que el sector se centrase en un aspecto sobre el que tiene que trabajar prioritariamente, que es la rehabilitación; ese era el sentido de nuestra enmienda número 9.


En la enmienda número 11 planteábamos aplicar un IVA del 4 por ciento a las viviendas de régimen general, entendiendo que se tenía que reducir el IVA en aquellas viviendas de protección oficial que cumplen una función social y además de acuerdo con lo que se está haciendo en la totalidad de los países de la Unión Europea. Se nos dijo cuando lo discutíamos que la Unión Europea no lo permite. Pues bien, la práctica absoluta de la Unión Europea es el IVA reducido en las viviendas de protección oficial.


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En la cuarta enmienda, la número 13, planteábamos aplicar un tipo de IVA del 4 o del 7 por ciento en el alquiler con opción a compra. Tengo que decirles que nos parece bien que la solución que nos ofrece el Grupo Socialista se transaccione con Convergència i Unió, pero no sirve porque necesitamos una respuesta inmediata. Ayer me reuní con grupos de pequeños y medianos promotores y me explicaban el stock que hay en el área de Barcelona de viviendas que no se pueden ofrecer; en el conjunto de España hay más de un millón de viviendas en estas circunstancias. ¿Es razonable que esas viviendas se quieran intentar vender? No, no se van a vender.
Tampoco se puede adquirir la totalidad de esas viviendas por parte de la Administración para que pase a ser vivienda protegida, porque lo que estaríamos haciendo es pagar, en definitiva, el desajuste del sector; puede haber una parte, no digo que no, pero no puede ser en su totalidad.
En esas viviendas lo que tiene que haber es una opción para que entren precisamente en el mercado del alquiler, y la solución no es el desahucio exprés, porque el promotor lo que quiere es estabilidad. La solución para ese parque de viviendas es garantizar que haya una opción, como nosotros decíamos, de alquiler con derecho a compra por la que vamos transitando de una cultura de la compra a una cultura del alquiler, pero de forma no traumática y entendiendo que hay un horizonte de compra para aquellas personas que quieran apostar por esa vía.


Señores diputados, y me dirijo en este caso especialmente al Grupo Parlamentario Socialista, no es posible esperar tres meses, porque lo que está pasando es dramático y porque podemos pasar de la desaceleración a la depresión. Lo dice hoy Antón Costas, y les recomiendo el artículo, en la edición de Cataluña de El País, y Antón Costas no pasa precisamente por ser un economista radical. Lo digo sin alarmismo, pero haciendo un análisis realista de la situación. En un contexto como el actual son necesarias respuestas ágiles. Esperar tres meses a ver qué pasa con el parque inmobiliario vacío, en un contexto en el que el alquiler está subiendo -y contrasta, en este caso, con la bajada de los precios en la compra de viviendas- es un lujo asiático. No digo en un contexto distinto, pero en este contexto es un lujo asiático. Espero que se lo piensen para el Senado, porque nosotros entendíamos y entendemos que decidir -y puede ser a través de esta enmienda o de otra- qué hacemos con estas viviendas y cómo solventamos el régimen fiscal de las viviendas en alquiler con opción a compra es urgente, porque es una salida inmediata.


En la quinta enmienda planteábamos la desgravación en el IRPF de las ayudas a las familias para pagar el alquiler, de las ayudas sociales a aquellas familias que no llegan a final de mes y que no pueden alquilar.
Pedimos que se las puedan desgravar; y ahora les traslado el número de la enmienda. ¿No es razonable que las familias que reciben esa ayuda social se la puedan desgravar? Además, habíamos planteado también enmienda, es decir hay transacción posible, pero no ha habido la flexibilidad por parte en este caso de un ministerio muy poco sensible desde el punto de vista social -y quiero enfatizarlo-, que es el Ministerio de Economía y Hacienda, para que esta enmienda se incorporase. ¿No es razonable que esas personas puedan desgravarse en el IRPF cuando además esas ayudas se están multiplicando por parte de las comunidades autónomas porque tenemos situaciones dramáticas? Y más las vamos a tener cuando las personas que hoy cobran el paro dejen de cobrarlo. Nosotros creíamos que sí, pero no ha sido posible. Tendríamos que añadir además un compromiso para la adopción de una decisión por parte del Ministerio de Economía y Hacienda en un corto periodo de tiempo respecto al conjunto de enmiendas relativas a las sociedades o personas dedicadas al alquiler -son las enmiendas números 6, 7, 10 y la enmienda a una adicional nueva- y las relativas a las ejecuciones de obras de viviendas protegidas. No me voy a extender en ellas. Son complejas, pero creemos que son enmiendas bien trabajadas y nos hubiese gustado una mayor sensibilidad.


Acabo ya diciendo que lamentamos que no haya habido mayor flexibilidad.
Valoramos como un pasito adelante la transacción planteada, aunque ya está bien de que planteen la transacción con Convergència i Unió.
Nosotros vamos a mantener estas enmiendas, porque son de sentido común y porque el hecho de no haberlas incorporado expresa una miopía no política, sino miopía económica, y una falta de sensibilidad social.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Oramas, de Coalición Canaria.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: En primer lugar, quiero decir que en nombre del Grupo Parlamentario Mixto se mantienen las enmiendas planteadas por doña Rosa Díez -la número 1- y el Bloque Nacionalista Galego -la número 4-, habiendo sido retirada la enmienda a la totalidad.
Primero voy a hacer una valoración general de cuál es la posición de Coalición Canaria ante este proyecto de ley, que fundamentalmente viene, por un lado, para suprimir el gravamen del impuesto sobre el patrimonio y, por otro, para generalizar el sistema de devolución mensual del impuesto sobre el valor añadido, con la intención también de hacer pequeños ajustes en la situación económica que tenemos. Quiero valorar que esta vez sí se pidió el informe preceptivo al Parlamento de Canarias.
Recuerdo sobre todo a la parte jurídica de la Comisión la necesidad de volver a pedir ese informe preceptivo al Parlamento si se introduce cualquier enmienda, no sé si en la fase previa al Senado o en la vuelta del Senado, pero dada la urgencia y la necesidad de aprobación de esta ley y de la implantación de las medidas de la misma, quiero recordarlo para que no suponga a su vez un retraso en la aprobación y en la entrada en vigor definitiva.


Desde Coalición Canaria creemos que en este momento tenemos la intención planteada por el Gobierno en el proyecto de ley y dos posturas distintas, una la del

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Grupo Popular, que puede ser muy respetable, que es una modificación integral -como han dicho sus portavoces- y una reforma fiscal importante atendiendo a la situación puntual de la economía española y a su propio programa político. Eso nos parece legítimo, pero no lo compartimos.
Después hay otra propuesta de CiU con una batería de medidas, algunas sobre temas puntuales que afectan a la crisis económica y otras en la línea del Grupo Popular de una reforma fiscal importante. Nosotros compartimos la idea que plantea el Grupo Parlamentario Socialista de la urgencia de determinadas medidas, que tienen que ser muy rápidas. Eso exige la tramitación de un proyecto en unos plazos y en unos tiempos, y una auténtica reforma fiscal integral no parece lógico que tenga que verse agobiada por los plazos de un proyecto que viene en este momento, algunas de cuyas medidas necesitamos que entren urgentemente en vigor, como pueden ser las devoluciones del impuesto sobre el valor añadido. Por eso decimos que los plazos de estas medidas impiden el debate sereno de posibles consensos de una reforma del eje troncal o de una reforma total del sistema fiscal. También creemos que la reforma integral del sistema fiscal en España no se puede dar sobre la base de una situación coyuntural. Eso tiene que tener su eje troncal en una proyección que dé estabilidad a la reforma fiscal, porque afecta a planificaciones y otras muchísimas cosas, como el impuesto sobre sociedades o el impuesto sobre la renta. Una cosa son medidas de ajuste coyunturales y otra es una reforma global, que tiene que tener los consensos políticos e ir más allá de una situación coyuntural económica de un año o de seis meses. Creemos también que en este momento, cuando se está discutiendo el marco de financiación de las comunidades autónomas, hay determinados aspectos que se plantean sobre los que no parece lógico tomar decisiones ahora hasta que esté despejada absolutamente la negociación de la futura financiación de las comunidades autónomas. Por eso, volvemos a ratificar que nos parecen mucho mejor las modificaciones reducidas en cuanto a la desaparición del impuesto sobre el patrimonio y la devolución del IVA y en aquellos temas puntuales que no afectan al eje troncal del sistema fiscal español.


Respecto a la vivienda, en Coalición Canaria creemos que no podemos estar con parches que al final no encajan, porque la vivienda implica medidas que afectan a los promotores, a los constructores, al alquiler, al alquiler con opción de compra, a la venta, al pase de VPO, a la desgravación por las hipotecas, al nuevo acceso a la política de rehabilitación, etcétera. Al final, estamos haciendo desgravación a todos sin tener realmente una prioridad o un análisis de si esos fondos que deja de percibir el Estado o que afectan a empresas y ciudadanos debemos monopolizarlos de cara a tres problemas generales. Primero, hay un stock inmobiliario; segundo, el paro, que afecta a la financiación de empresas de la construcción y que va a generar más paro en las próximas fechas, y tercero, el problema que afecta a los ciudadanos, desde aquellos que ya no pueden pagar su hipoteca hasta aquellos que no pueden acceder a la vivienda. Parece lógico que todo el tema fiscal que afecta a la vivienda venga con un análisis de las consecuencias y de las prioridades y que podamos analizarlo de forma urgente, pero no de forma precipitada, sobre todo en un sector que necesita reconducir su planificación no en un mes ni en dos, sino en los próximos dos o tres años, y donde las instituciones tenemos que definir caminos y también dar mensajes muy claros a los ciudadanos y al sector empresarial y decidir cuál es la prioridad, cuánto cuesta y a qué se van a dedicar los fondos que se decida que se dejen de percibir por el Estado o que puedan ingresarse a las familias. En ese sentido, creemos que es urgente y prioritario, pero que se debe ver como un conjunto global que afecta -como digo- a empresas, a ciudadanos y a instituciones.


Quería referirme también a dos asuntos más. No definiría a las motos de gran cilindrada precisamente como ecológicas ni sociales. Todos los que sabemos qué cuesta una moto de gran cilindrada y el perfil del usuario de las mismas, no creemos que a ese prototipo de comprador le disuada de comprar una moto de gran cilindrada el tema de la carga fiscal. Como es importante esa distorsión que había en el hueco que se había dejado anteriormente, hay que valorar que no es lo mismo una Vespino, una pequeña moto para moverte por la ciudad, que beneficia a las ciudades y que beneficia la movilidad, que un elemento de lujo ostensible, que debe ir a la fiscalidad normal y que no afecta al consumo ni al sector productivo. Porque, como ustedes comprenderán, para el usuario de motos de gran cilindrada el precio que supone un impuesto de matriculación como ese, seguramente es como el del cortado que se toma en alguna de sus salidas. Por tanto, no afecta ni al consumo ni al sistema productivo, pero sí tiene que ser un elemento acorde con la normativa que tienen los elementos de lujo y, como digo, las de gran cilindrada que compartiendo lo que dijo la portavoz del Partido Popular, no encajan dentro de ese concepto, y no va a haber una caída del negocio por una exención a determinado tipo de vehículos de gran cilindrada. Sí hay que considerar vital que ha habido un enriquecimiento en esas medidas puntuales, que no afectan al sistema de reforma fiscal completa con las aportaciones que ha hecho el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y que va a aceptar el Grupo Socialista, porque son temas muy puntuales que matizan, enriquecen y ayudan al sistema contable fundamentalmente y a determinada planificación de actuación, sin cambiar el sistema fiscal global, como digo, que a lo mejor hay que asumirlo, pero no con una visión de coyuntura económica sino del sistema estructural definitivo. Nos parece fundamental -para nosotros era una exigencia- la aceptación de la enmienda número 67 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que garantiza la compensación a las comunidades autónomas por aquellos ingresos que deje de percibir. Respecto al resto, estamos a la espera, como digo, de que podamos tener un análisis global del tema de vivienda,

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de traerlo rápidamente para dar seguridad a los ciudadanos y al sector y de que podamos hacer una planificación en los próximos años. Me parece prioritario que este proyecto de ley entre en vigor en la fecha en que se necesita fiscalmente, sobre todo para poder realizar esas devoluciones del IVA.


Quisiera hacer una última matización -no está el diputado Joan Herrera- sobre el impuesto de patrimonio. Hay que mantener que en este país el tema del impuesto del patrimonio es terrible en los centros históricos y los edificios que tienen cierto grado de protección. Nos encontramos con jubilados, pensionistas, que tienen un edificio importante, con un patrimonio importante, pero que no tienen renta con capacidad para asumirlo. En esta sociedad de hoy en día la gente que tiene patrimonios importantes tiene sociedades; la gente que quiere ocultar su renta a través del patrimonio tiene los artilugios, los asesores legales. El impuesto del patrimonio está degradando muchísimo en este país nuestro patrimonio histórico, muchísimos de nuestros centros históricos, cuyos propietarios no tienen capacidad económica. Algún día tendremos que hablar incluso del problema tan grave que supone el mantenimiento de ese tipo de vivienda para un sector que no tiene renta. Yo tuve ya una discusión con el secretario de Estado, señor Ocaña, porque las subvenciones de las instituciones para la rehabilitación se están computando como renta, cuando realmente para la subvención que se da para rehabilitación -es terrible- exigimos un nivel de renta bajo. Nos estamos encontrando con que se levantan actas de Hacienda en todas las ciudades de este país a personas con una renta muy baja por haber tenido una subvención para arreglar las cubiertas de su casa, la instalación eléctrica. No tiene sentido. Creo que en esas posibles modificaciones legislativas de vivienda tendremos que contemplar también las subvenciones a rehabilitaciones de vivienda en centros históricos, que es una carga excepcional para un cierto perfil de ciudadanos.


Les emplazo a que podamos asumir pronto la reforma integral en materia de vivienda, que es vital para este país en esta situación económica.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Colldeforns.


La señora COLLDEFORNS I SOL: Después de haber escuchado a todos los portavoces espero que tenga usted la misma amabilidad en dejarme el tiempo necesario para responder a todos ellos, en la medida en que pueda y lo consideremos conveniente para lo que nos ocupa hoy, que es el texto de esta ley. Esta ley responde a tres finalidades muy concretas. Ya se ha dicho pero voy a aprovechar para señalar cada una de ellas. La primera es suprimir el impuesto del patrimonio. No voy a repetir los argumentos que ya expresamos en el Pleno -los doy por repetidos-, pero no puedo dejar pasar dos errores que han sido expresados por el señor Herrera. Por cierto, se ha disculpado por no poder estar aquí -le ocurre lo mismo que a todos los que tenemos que estar en tres comisiones a la vez-, pero me ha prometido que va a leer mi intervención, y aprovecho para felicitarle y animarle en su nuevo cargo de secretario general y desearle toda la energía posible. Pero precisamente por ser el nuevo secretario general deber cuidar y ser muy claro en su pedagogía respecto a lo que significa esta ley. Por tanto, no puedo dejar pasar estos dos puntos. Uno es el relativo a la renuncia a la lucha contra el fraude. El Gobierno no renuncia a la lucha contra el fraude fiscal. Es más, hemos demostrado nuestro compromiso en la pasada legislatura y en esta. No en vano, parte del aumento en la recaudación era debido a esta actitud. Estoy de acuerdo con la señora Oramas en que no se puede confundir patrimonio con renta.
Además, no puedo dejar pasar otro error relativo a que, tal como está en la ley la supresión del impuesto de patrimonio, los altos cargos no van a poder hacer su declaración. Nada más falso. Todos los que estamos aquí la hemos hecho y muchos de nosotros no estamos obligados a ello, ni tan siquiera a declarar el impuesto del patrimonio, lo que no nos ha impedido realizar nuestra declaración. Y lo mismo pasa con todos los altos cargos de todas las administraciones que, cumpliendo la ley, en este momento la tienen presentada. Debía dejar estos dos puntos muy claros, máxime cuando es un tema que preocupa a los ciudadanos.


Respecto al impuesto sobre el patrimonio, quisiera manifestar que estamos de acuerdo con la enmienda 67 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que propone el reconocimiento de la compensación a las comunidades autónomas. Les recuerdo que solo han presentado esta enmienda el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario Popular, y quiero pensar que es porque el resto de los grupos confiábamos, y el Grupo Socialista confía, en la palabra del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, que repetidas veces, tantas como preguntas le han hecho sobre esta cuestión, ha respondido afirmativamente. Por tanto, no creo que haya ninguna sorpresa por el hecho de que aceptemos ponerlo por escrito. Desde luego nosotros confiábamos en que así iba a ser y estoy segura de ello.


La segunda finalidad de esta ley, que es también importante, es establecer la base legal necesaria para que el 1 de enero esté implantado el nuevo sistema de devolución mensual del IVA. Muchos grupos están de acuerdo con ella. Quiero agradecer los esfuerzos que puedan hacer ahora y en el Senado para que esto sea así. Me consta que hay un número de empresas que ya lo tienen incorporado a sus previsiones para 2009, espero que vayamos rápido en esta cuestión y agradezco los esfuerzos que puedan hacer los grupos aquí y en el Senado. La tercera finalidad es la de introducir algunas modificaciones de carácter técnico, pero otras quizá no tanto.
Quiero señalar algunas que nos parecen importantes. Por ejemplo, cumplir el compromiso con las

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asociaciones de transportistas que se acordó con ellos el verano pasado.
Era un acuerdo que respondía a sus preocupaciones por el aumento del precio del petróleo. A pesar de que ahora ha vuelto a bajar ha sido una realidad y, por tanto, ha habido unos costes para los transportistas durante este periodo. Esta enmienda del Grupo Socialista, que es la 131 y que espero que voten favorablemente, recoge precisamente la agilización de esta bonificación. En este conjunto de pequeñas modificaciones está también -creo que es importante y me sirve para el argumento al que después me referiré- adecuar la normativa fiscal española al marco comunitario, bien porque teníamos resoluciones de sentencias en contra o bien por la aplicación de nuevas directivas que, como ustedes saben, afectan sobre todo al IVA, pero que también atañen al impuesto sobre sociedades, a las deducciones en el impuesto sobre sociedades y al impuesto sobre actos jurídicos documentados. Debo señalar que todas estas modificaciones, sobre todo, las relativas a actos jurídicos documentados, se han realizado de acuerdo con las comunidades autónomas. Por consiguiente, aprovecho ya para decir que esta es una de las razones por las que vamos a rechazar cualquier enmienda de modificación, sobre actos jurídicos documentados, que propongan los grupos parlamentarios. No consideramos razonable aceptar enmiendas sin que las comunidades autónomas, que son las que van a tener los ingresos cedidos, puedan opinar alguna cosa.


Quiero señalar y subsanar un objetivo de esta ley que tiene que ver con el impuesto sobre matriculación, puesto que la señora Madrazo lleva una pegatina. Yo llevo moto desde los 18 años y saben que vengo de Barcelona, que es una ciudad donde siempre ha habido gran cantidad de motos. No estamos haciendo ninguna discriminación; ha dicho un error y hay que dejar esto bien claro. Además coincide con que conozco el tema, puesto que como portavoz de Medio Ambiente, en la anterior legislatura, fue una de las modificaciones que introdujimos. Nos parecía que era un primer paso en la modificación de la imposición que tuviera algo que ver en trabajar a favor de la lucha contra el cambio climático, y había que subsanar un error. No es que las motos, los vehículos de dos ruedas, estuvieran exentos y ahora vayan a tener impuesto. No es eso y lo saben muy bien porque hemos hablado con la Asociación de Moteros y con la asociación de empresas. Las motocicletas, los vehículos de dos ruedas, pagaban, lo que pasa es que se encontraron con un error del Gobierno -lo reconozco- que redactó mal una enmienda porque tuvo muchos trajines, idas y venidas, en el Senado. Fue un error con el que se encontraron casi sin saberlo y sin darse cuenta, que hacía parecer que a partir de enero no tenían que tributar, que es algo muy distinto. Ellos pagaban y se encontraron con que no tenían que pagar. Ahora rectificamos el error y vuelven a pagar, con el compromiso de las comunidades autónomas -que me parece muy razonable- de que no se va a perder recaudación fiscal. Por tanto, la familia de motoristas, o nuevos motoristas que compren, va a seguir pagando lo mismo que pagaba. Del mismo modo que la familia de automovilistas va a seguir pagando lo mismo que pagaba, en proporción a las emisiones de CO2, y la familia de motos también pagará en proporción a la emisión de CO2.


Debo añadir algo que parece ser les preocupa a los amantes de las grandes motos. Estoy totalmente de acuerdo en que la gran lucha a favor de la seguridad en la circulación de motos no es fiscal, pero también debo decir que del mismo modo que en el espíritu de la ley estaba enviar una señal clara al mercado -por ejemplo, los vehículos quads no son vehículos ecológicos ni seguros e incitan a gastar un recurso como es la gasolina porque sí- de que las grandes motos no pueden circular en España a más de 120, que yo sepa, de que no son vehículos que se adecuan al nuevo estilo de vida que nosotros pensamos que todos tenemos que llevar y ser muy conscientes de que debemos llevar. Me he alargado en explicar estos errores que ha expresado la señora Madrazo, porque me parece muy importante decir que aquí no hay un aumento de impuestos ni tampoco hay una discriminación, porque el conjunto de la familia motorista sigue pagando lo mismo que pagaba, al igual que el conjunto de la familia de los automovilistas sigue pagando lo mismo que pagaba antes, pero en proporción diferente. Por esta razón, no hemos podido aceptar ni su enmienda ni la enmienda de Convergència i Unió.


Quiero defender, si me lo permiten, dos enmiendas. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado cinco enmiendas, aunque en realidad son tres porque dos son consecuencia de estas tres, que suponen modificar la exposición de motivos y la fecha de entrada. Ya he hecho referencia a la enmienda 131 relativa a los compromisos del Gobierno con las asociaciones de transportistas. La enmienda 129 propone una corrección en el impuesto sobre sociedades, puesto que tal como está redactado en la actualidad podría infringir normas comunitarias en materia de libertad de movimiento de capitales y, por tanto, la corregimos. La enmienda 130 plantea ampliar marginalmente el concepto de innovación tecnológico; como SS.SS. saben se pactó que incluyera los muestrarios textiles y de calzado, para que también se incluya los de marroquinería, juguete, el mueble y la madera.
Para ello se exige el informe motivado y vinculante del Ministerio de Ciencia e Innovación, pero nos ha parecido que en estas circunstancias esta era una pequeña modificación permitida por la Unión Europea que podíamos aprovechar.


Voy a referirme al conjunto de enmiendas que ha presentado Izquierda Unida, aunque también hay otros grupos que han manifestado su preocupación y han presentado enmiendas, en relación con la fiscalidad de la vivienda. He escuchado con mucha atención la defensa que ha hecho el señor Herrera y no puedo hacer más que compartir sus preocupaciones. No en vano, el excesivo protagonismo de la construcción en nuestro modelo de crecimiento fue ya una preocupación del Partido Socialista en 2004. A lo largo de la anterior legislatura ya

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introdujimos una serie de medidas de ayuda a la vivienda dirigidas a los jóvenes que quieren emanciparse, con ayuda al alquiler, lo que demuestra que esta es una de nuestras grandes preocupaciones. Queremos y necesitamos un conjunto de medidas relacionadas sobre todo con el derecho a que la vivienda digna sea una realidad, sea de alquiler o de compra.
Además, somos conscientes de que debemos reanimar el sector. Yo diría que en su espíritu, por decirlo así, el conjunto de enmiendas que nos han presentado los distintos grupos, sobre todo, Izquierda Unida, nos parecen una buena propuesta, no en su literalidad ni en su alcance. Como ustedes saben, lo hemos debatido en el Pleno varias veces, ha habido bastantes proposiciones no de ley relativas al tema propuesto en esta enmienda y en todas hemos expresado que el Gobierno está trabajando junto con las comunidades autónomas, codo a codo con las comunidades autónomas. Si el señor Herrera me lee sabrá que una de las comunidades autónomas que más está trabajando con el ministerio es la Comunidad Autónoma de Cataluña, junto con las demás, pero que tienen grandes ámbitos de acuerdo y consenso y comparten visión e instrumentos. El II plan de vivienda que está preparando el Gobierno es un plan comprensivo que incluye aspectos fiscales, económicos y regulatorios. Tenemos delante el reto de establecer lo que en inglés se llaman los REIT, las sociedades de cotización de inmuebles, algo así como Socimin. Este es un paquete comprensivo que debemos tratar como un todo para que sea más eficaz y más potente.


El hecho de que muchos de los grupos hayan propuesto enmiendas relativas al impuesto sobre la renta de las personas físicas, al impuesto sobre sociedades, al IVA, a actos jurídicos documentados, demuestra que los grupos parlamentarios son conscientes de la complejidad de la fiscalidad de la vivienda. Como bien ha dicho la señora Oramas, ahí inciden muchísimos aspectos y no se puede tocar un aspecto sin tener en cuenta cómo va a repercutir en los promotores, en los arrendadores, en los arrendatarios, en los trabajadores de la construcción, etcétera. Por eso, nosotros hemos manifestado -para que conste en la ley y además ya lo saben- nuestro firme compromiso de tener cerrado en muy poco tiempo el gran paquete, para animar y, sobre todo, para responder al reto de la vivienda en España. Por esta razón, no por otra, nos oponemos a estas enmiendas. Además, debo señalar que algunas de las enmiendas que SS.SS.
han planteado van directamente en contra del marco comunitario del IVA.
Algunas no, otras sí, y desde luego aquellas que van en contra del marco comunitario del IVA no pueden ser contempladas en este plan de vivienda que está preparando el Gobierno y del cual ustedes son perfectamente conscientes; me consta. El hecho de que el IVA tenga un marco comunitario explica también nuestra oposición a algunas de las enmiendas que nos proponen modificarlo unilateralmente.


Antes de referirme a las enmiendas sobre las que hemos llegado a acuerdos con Convergència i Unió, algunas de las cuales responden también a intereses del Grupo Popular y supongo que serán aceptadas por los otros grupos a pesar de que no hayan presentado enmiendas en este sentido, quiero dejar claro que nuestras transacciones incorporan el requisito de que debe modificarse también el impuesto general canario. En cualquier caso, pido a SS.SS. que sean conscientes de que estas enmiendas suponen también una modificación y hemos intentado en la medida de lo posible, creo que bien, incorporarlas ya directamente a las transacciones para que pueda seguirse el procedimiento de información con el Parlamento canario.


Hay una enmienda que hemos transaccionado con Convergència i Unió, que creo que el Grupo Popular también tenía presentada, que es la relativa a la libertad de amortización. Esta es una enmienda importante, pero debo explicarla bien. Hemos propuesto una libertad de amortización para dos años y exigimos que además haya mantenimiento de empleo. En este sentido, responde a las condiciones que puso el vicepresidente segundo en esta misma Comisión cuando dijo que seguramente habría pocas medidas fiscales -fiscales en el sentido de los ingresos, no del gasto-, pero que deberían cumplir las siguientes condiciones: ayudar a la liquidez, ser temporales, estar en el marco de los acuerdos de la Comunidad Europea y ayudar al empleo. Esta transacción que hemos ofrecido a Convergència i Unió, pero que responde también a la propuesta que el Partido Popular hace en su enmienda 96, entra perfectamente en este contexto condicional que expresó el vicepresidente segundo en esta misma Comisión.


Quiero explicar también el acuerdo en relación con el IVA de las entidades sociales. Responde a la enmienda número 2 del Partido Nacionalista Vasco, a la enmienda 15 del Grupo de Esquerra Republicana, a la 108 del Grupo Popular y 46, 47 y 48 de Convergència i Unió. A estos grupos les hemos ofrecido el mismo acuerdo que a Convergència, que ya conocen y que consiste en dejar la ley como estaba y no modificarla. También quiero señalar que la transacción que tiene que ver con la adecuación al Plan General Contable -enmiendas 41, 42 y 43 de Convergència, pero creo que también podrían sumarse a este acuerdo el Grupo Popular con las enmiendas 89 y 90, que van en la misma dirección- se ha hecho con un principio de base que quiero que quede muy claro, y es que la base fiscal y la base contable deben coincidir. Aquí hay muchos diputados que somos economistas y que estudiamos contabilidad, y yo de lo poco que me acuerdo es de que la contabilidad era el reflejo fiel -creo que lo decía así el manual- de la realidad económica de la empresa. Pues bien, el objetivo básico, lógico, necesario es que el reflejo fiel de la actividad económica de la empresa sea también su base fiscal. No puede haber dos reflejos: uno a efectos fiscales y otro a efectos contables. Este es un principio que nosotros, el Grupo Socialista, defendemos hasta el final y, por tanto, estas modificaciones que hemos acordado no suponen ninguna separación de la base. Suponen que, puesto que el primer periodo de adecuación al Plan General Contable puede suponer para las empresas, sobre todo para las que tienen

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stocks obligatorios, un pago -puesto que ahora la base fiscal y la base contable dicen lo mismo- que no responde a ninguna ganancia especial, estamos de acuerdo en que este pago lo puedan realizar durante tres años.
Es decir, estamos ayudando a las empresas a que esta obligación, que deben cumplir, la cumplan durante un periodo de tiempo. Creemos que es absolutamente razonable, no solo en unas circunstancias como estas, que también lo sería, pero más en unas circunstancias como las que estamos viviendo.


Perdón, pero tengo tantas notas porque han explicado muchas cosas y tan distintas que no quiero dejarme ninguna en el tintero. Convergència i Unió ha dicho que hay unas enmiendas que no puede retirar, que son las números 82 y 83, correspondientes a una modificación de la Ley del Comercio Minorista, y quiero dejar claro por qué nos vamos a oponer. Hay varias razones y una de ellas es que quieren modificar la Ley del Comercio Minorista cuando en este momento está precisamente en redacción una modificación de esta ley. Nos ha parecido que el lugar idóneo para tratar el tema que plantean corresponde al marco de discusión de esta ley y no aquí. Respecto al problema que planteaba el señor Sánchez i Llibre en relación con los problemas del sector del automóvil, este grupo parlamentario y el Gobierno son sensibles a ellos, pero no nos parece que una modificación de algo que son contratos privados pueda hacerse a través de una enmienda adicional a una ley que no tiene nada que ver con el tema. Entendemos que el marco es el correspondiente al nuevo redactado de la Ley Orgánica del Comercio Minorista.


La señora Madrazo me ha hecho algunas preguntas, a algunas le puedo contestar, a otras no estoy segura. En cuanto a la capitalización, no estoy absolutamente segura -si hubiera sabido que me iba a hacer estas preguntas, me hubiera preparado para el examen, pero no lo sabía-, creo que lo aprobamos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Las otras dos cuestiones que planteaba sobre retenciones y sobre periodos, que fue anunciado por el presidente del Gobierno hace poco, creo que tienen que plasmarse en un real decreto que, por lo que yo sé, está prácticamente a punto de ser aprobado, si es que no lo está, porque la verdad es que no sé si se aprobó o no el viernes pasado. En cualquier caso, no dude de que se va a aprobar en seguida.


Quisiera llamar la atención para terminar, si me lo permiten, sobre que por fin las señorías del Partido Popular han cambiado un poco su mantra, que era que el Gobierno no hace nada. La señora Madrazo ha repetido varias veces que ustedes presentan muchos paquetes. Pues es verdad. Es una expresión que no me gusta, pero es popular y es así. Hemos presentado desde el primer día medidas para apoyar al sistema financiero y al crédito, medidas para aumentar la liquidez de las empresas, medidas para las familias, medidas de apoyo a las familias, a todas, a su renta disponible, con especial sensibilidad para los más necesitados. El Gobierno tiene ahora un objetivo que espero que el presidente del Gobierno nos explique el jueves, que es frenar la progresiva pérdida de empleo en nuestro país. Este es un compromiso que creo que todos los españoles ya conocen, pero está bien que repitamos. Por último, debo recordar que no nos olvidamos de las medidas de fondo que este país necesita, porque son las que nos van a permitir, cuando salgamos de la crisis, hacerlo en mejores condiciones.


Si me he olvidado alguna cosa y los grupos parlamentarios quieren alguna aclaración, en la medida en que el presidente me lo permita la daré. En cualquier caso, adelanto que le pediré un pequeño receso para ordenar las transaccionales y para que los otros grupos las puedan conocer.


El señor PRESIDENTE: Como la señora Colldeforns acaba de sugerirnos, serán convenientes unos minutos para ordenar las votaciones.


Señor Tomé.


El señor TOMÉ MUGURUZA: Nos gustaría también que nos diesen relación de las enmienda que quedan vigentes y sobre las que se va a votar a continuación, además de las transaccionales.


La señora COLLDEFORNS I SOL: Vamos a rechazar las enmiendas pendientes.


El señor PRESIDENTE: Suspendemos la sesión durante unos minutos. (Pausa.)

Una advertencia previa. Se ha comunicado a la Mesa que se mantenía la enmienda número 2, del Partido Nacionalista Vasco, que a su vez ha sido objeto de transacción.


Pasamos a votar. En primer lugar, la enmienda número 1, presentada por la señora Díez González.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 36.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 4, de la señora Fernández Davila.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 36.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Nos advierten que se retira la enmienda número 15 de este grupo.


En primer lugar, votaremos las enmiendas 5 y 6, agrupadas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 19; abstenciones, 16.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 8.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 13.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el resto de las enmiendas de este grupo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 19; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán. En primer lugar, votamos la enmienda número 25.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmiendas números 82 y 83.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Convergència i Unió retira el resto de sus enmiendas, salvo las transaccionadas que vamos a ir votando sucesivamente. En primer lugar, enmienda transaccional a la 2 del PNV, a la 15 de Esquerra Republicana de Cataluña, a las números 46, 47 y 48 de Convergència i Unió y a la 108 del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional a las enmiendas números 21, 22, 23 y 39 de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, uno; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Transaccional a la enmienda número 35 de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, uno; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional a las enmiendas números 41 y 42 de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Transaccional a las enmiendas número 44 de Convergència i Unió y 104 del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Transaccional a las enmiendas 45 y 52 de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 16; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Transaccional a la 49 de Convergència i Unió y 105 del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Transaccional a la 55 de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, uno; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Transaccional a la 56 de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Transaccional a la 62 y 64 de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dijo

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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Transaccional a la 63 de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Transaccional a la 67 de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Transaccional a la 69 de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Transaccional a la 84 de Convergència i Unió. Se advierte de que esta enmienda aparecerá en dos hojas consecutivas del cuadernillo que tienen ustedes.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, uno; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Transaccional a las enmiendas 28, 73 y 77 de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Retira las enmiendas 104, 105 y 108. Pasamos a votar los diferentes bloques de enmiendas. En primer lugar, enmiendas 91, 92 y 93.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 94.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 95.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 96.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 100, 101 y 102.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor HERRERA TORRES: Quisiera pedir votación separada de las 112, 123 y 125 en un solo bloque.


El señor PRESIDENTE: Según el orden que acaba de pedir el señor Herrera votaremos las enmiendas 112, 123 y 125.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 115 y 117 del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 116.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 118 a 122, ambas inclusive.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 126.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, dos.


Página 21


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de enmiendas del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Socialista. En primer lugar votaremos las enmiendas 130 y 131.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmiendas 129, 132 y 133.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 16; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Debemos votar ahora el informe de la ponencia de conformidad con el texto del proyecto de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, uno; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Ha sido aprobado el informe de la ponencia. Hemos aprobado la ley con competencia legislativa plena.


Se levanta la sesión.


Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.


Corrección de error.-En el "Diario de Sesiones" número 144, correspondiente a la sesión celebrada por esta Comisión el día 18 de noviembre, página 14, primera columna, líneas 54 y 55, donde dice:"segunda mal llamada vigencia" debe decir:"segunda mal llamada licencia" y donde dice"primera vigencia de ocupación", debe decir:"primera licencia de ocupación".

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