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DS. Senado, Pleno, núm. 25, de 16/12/2008
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO

Año 2008 IX Legislatura
Núm. 25
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 16 de diciembre de 2008


ORDEN DEL DÍA:

Primero

ACTAS

-- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día 9 de diciembre de 2008.


Segundo

PREGUNTAS

-- De D. ARTURO BAGUR MERCADAL, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la valoración y perspectivas del Gobierno en relación con los proyectos de rehabilitación mediante la figura de las Áreas de Rehabilitación Integral (ARI), particularmente en el caso de la isla de Menorca (Illes Balears).
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 144, de fecha 15 de diciembre de 2008). (Número de expediente 680/000183).


-- De D. LUIS MIGUEL SALVADOR GARCÍA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre los objetivos que establece el Gobierno acerca del desarrollo de la Estrategia Universidad 2015. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 144, de fecha 15 de diciembre de 2008). (Número de expediente 680/000202).


-- De D. ALFREDO BELDA QUINTANA, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre los motivos por los que no se ha instalado por parte del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) un equipo de reconocimiento no intrusivo de contenedores en el puerto de

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Santa Cruz de Tenerife. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 144, de fecha 15 de diciembre de 2008). (Número de expediente 680/000204).


-- De D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la valoración que realiza el Gobierno de las posibilidades de actuación de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado, definida en el artículo 90 del Estatuto de Autonomía de Aragón. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 144, de fecha 15 de diciembre de 2008). (Número de expediente 680/000205).


-- De D. IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre si considera el Gobierno que debería sugerirle al Embajador de Italia ante España, dado el malestar creado en Zaragoza, hacer un gesto igual al realizado por el Embajador de Alemania ante España en Gernika (Vizcaya). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 144, de fecha 15 de diciembre de 2008). (Número de expediente 680/000206).


-- De D. PERE SAMPOL I MAS, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las dificultades que impiden al Ministerio de Economía y Hacienda la firma del convenio con el Govern de las Illes Balears para la financiación del tranvía de la bahía de Palma de Mallorca (Illes Balears). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 144, de fecha 15 de diciembre de 2008). (Número de expediente 680/000207).


-- De D.ª JUDITH ALBERICH CANO, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre si tiene previsto el Ministerio de Economía y Hacienda permitir que los ayuntamientos se deduzcan el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) pagado en inversiones y obras públicas, siempre que lo reinviertan en nuevos proyectos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 144, de fecha 15 de diciembre de 2008). (Número de expediente 680/000208).


-- De D. JOAN JOSEP NUET I PUJALS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre si el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio tiene datos de los planes industriales de las empresas Sony España y Nissan España para poder realizar declaraciones sobre las decisiones de congelación salarial y expedientes de regulación de las mismas.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 144, de fecha 15 de diciembre de 2008). (Número de expediente 680/000209).


-- De D. RAMON ALTURO LLOAN, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la opinión del Gobierno en relación con el rechazo manifestado por la Generalitat de Cataluña y los representantes del comercio minorista del borrador del proyecto de ley de comercio.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 144, de fecha 15 de diciembre de 2008). (Número de expediente 680/000210).


-- De D.ª ROSA NURIA ALEIXANDRE I CERAROLS, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la opinión del Gobierno respecto a las propuestas de referéndum planteadas por los responsables universitarios de algunas Comunidades Autónomas para la adaptación de las titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), conocido como Proceso de Bolonia. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 144, de fecha 15 de diciembre de 2008). (Número de expediente 680/000211).


-- De D. ANSELMO FRANCISCO PESTANA PADRÓN, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las previsiones de inversión del Gobierno en materia de vivienda en la Comunidad Autónoma de Canarias. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 144, de fecha 15 de diciembre de 2008). (Número de expediente 680/000212).


-- De D. JUAN PASCUAL AZORÍN SORIANO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las medidas que va a poner en marcha el Gobierno para ayudar al sector del juguete. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 144, de fecha 15 de diciembre de 2008). (Número de expediente 680/000213).


-- De D. JUAN BAUTISTA CARDONA PRADES, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración del Gobierno acerca de la situación en la que se encuentra la comunidad educativa en la Comunitat Valenciana a raíz de la decisión del Gobierno de la Generalitat de impartir la asignatura de Educación para

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la Ciudadanía en inglés. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 144, de fecha 15 de diciembre de 2008). (Número de expediente 680/000214).


-- De D. FRANCISCO JAVIER ARENAS BOCANEGRA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la fecha prevista por el Gobierno para el cumplimiento de su compromiso en materia de financiación autonómica.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 144, de fecha 15 de diciembre de 2008). (Número de expediente 680/000215).


-- De D. JUAN JOSÉ ORTIZ PÉREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las razones por las que el Ministerio de Fomento ocultó a la opinión pública el hundimiento en uno de los túneles en construcción en la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Valencia.
(Número de expediente 680/000222).


-- De D. ANTONIO ALARCÓ HERNÁNDEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los motivos por los cuales los Cabildos, Diputaciones y Consejos Insulares han quedado fuera del Fondo Estatal de Inversión Local. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 144, de fecha 15 de diciembre de 2008). (Número de expediente 680/000217).


-- De D.ª MARÍA LUISA CEBALLOS CASAS, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la valoración del Gobierno en relación con las críticas del sector del comercio al Observatorio de Precios del Comercio Minorista. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 144, de fecha 15 de diciembre de 2008). (Número de expediente 680/000218).


-- De D.ª ENCARNACIÓN NAHARRO DE MORA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las razones del retraso en la publicación de la normativa española que regula la aplicación de la Organización Común de Mercado (OCM) del vino en nuestro país, que está creando tantas pérdidas al sector. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 144, de fecha 15 de diciembre de 2008). (Número de expediente 680/000219).


-- De D. MANUEL BLASCO MARQUES, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la intención del Gobierno en relación con la autovía A-40 en el tramo comprendido entre Cuenca y Teruel, tras la resolución negativa de la declaración de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 144, de fecha 15 de diciembre de 2008). (Número de expediente 680/000220).


-- De D. JOSÉ IGNACIO PALACIOS ZUASTI, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las razones del Gobierno por las que ha incumplido la promesa de firmar un convenio marco de colaboración con el Gobierno de Navarra para la construcción de la línea férrea de alta velocidad entre Zaragoza y Pamplona (Navarra). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 144, de fecha 15 de diciembre de 2008). (Número de expediente 680/000221).


Tercero

INTERPELACIONES

-- De D. ADOLFO ABEJÓN ORTEGA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la política que está llevando a cabo el Gobierno en relación con la integración de España en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), conocido como Proceso de Bolonia. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 144, de fecha 15 de diciembre de 2008). (Número de expediente 670/000028).


-- De D. JOSÉ CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la valoración del Gobierno y las consecuencias que se producirían en el sector agrario por el recorte previsto por la Comisión Europea de los fondos destinados a financiar la Política Agraria Común (PAC) para los ejercicios presupuestarios 2009 y 2010. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 144, de fecha 15 de diciembre de 2008). (Número de expediente 670/000029).


-- De D. JORDI VILAJOANA I ROVIRA, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre las actuaciones que piensa llevar a cabo el Gobierno para garantizar

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las emisiones de TV3 y Canal 33 en la Comunitat Valenciana. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 144, de fecha 15 de diciembre de 2008). (Número de expediente 670/000030).


Cuarto

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

-- De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria. (SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA). (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 7, de fecha 12 de diciembre de 2008). (Número de expediente Senado 621/000007 y número de expediente Congreso 121/000008).


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SUMARIO

Se abre la sesión a las dieciséis horas.


ENTREGA A LOS SENADORES EN EL TRANSCURSO DE LA SESIÓN PLENARIA DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2008 DE LA CINTA SOLIDARIA POR LA DISCAPACIDAD (Número de expediente 550/000014) (Página 1052)

El señor Presidente da la bienvenida a los presidentes de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica del Centro Especial de Empleo, presentes en la tribuna.


ACTAS (Página 1052)

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día 9 de diciembre de 2008 (Página 1052) )

Se aprueba el acta.


PREGUNTAS (Página 1052)

De D. ALFREDO BELDA QUINTANA, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre los motivos por los que no se ha instalado por parte del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) un equipo de reconocimiento no intrusivo de contenedores en el puerto de Santa Cruz de Tenerife (Página 1052)

El señor Belda Quintana formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Belda Quintana. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).


De D. PERE SAMPOL I MAS, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las dificultades que impiden al Ministerio de Economía y Hacienda la firma del convenio con el Govern de las Illes Balears para la financiación del tranvía de la bahía de Palma de Mallorca (Illes Balears) (Página 1053)

El señor Sampol i Mas formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Sampol i Mas. En turno de dúplica lo hace el señor Sampol i Mas.


De D.ª JUDITH ALBERICH CANO, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre si tiene previsto el Ministerio de Economía y Hacienda permitir que los ayuntamientos se deduzcan el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) pagado en inversiones y obras públicas, siempre que lo reinviertan en nuevos proyectos (Página 1054)

La señora Alberich Cano formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).


De D. FRANCISCO JAVIER ARENAS BOCANEGRA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la fecha prevista por el Gobierno para el cumplimiento de su compromiso en materia de financiación autonómica (Página 1055)

El señor Arenas Bocanegra formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Arenas Bocanegra. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).


De D. JUAN JOSÉ ORTIZ PÉREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las razones por las que el Ministerio de Fomento ocultó a la opinión pública el hundimiento en uno de los túneles en construcción en la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Valencia (Página 1056)

El señor Ortiz Pérez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ortiz Pérez. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


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De D. JOSÉ IGNACIO PALACIOS ZUASTI, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las razones del Gobierno por las que ha incumplido la promesa de firmar un convenio marco de colaboración con el Gobierno de Navarra para la construcción de la línea férrea de alta velocidad entre Zaragoza y Pamplona (Navarra) (Página 1058)

El señor Palacios Zuasti formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). En turno de réplica, responde el señor Palacios Zuasti. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


De D. JUAN BAUTISTA CARDONA PRADES, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración del Gobierno acerca de la situación en la que se encuentra la comunidad educativa en la Comunitat Valenciana a raíz de la decisión del Gobierno de la Generalitat de impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés (Página 1059)

El señor Cardona Prades formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora Ministra de Educación, Política Social y Deporte (Cabrera Calvo-Sotelo).


De D. IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre si considera el Gobierno que debería sugerirle al Embajador de Italia ante España, dado el malestar creado en Zaragoza, hacer un gesto igual al realizado por el Embajador de Alemania ante España en Gernika (Vizcaya) (Página 1060)

El señor Anasagasti Olabeaga formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Anasagasti Olabeaga. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé).


De D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la valoración que realiza el Gobierno de las posibilidades de actuación de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado, definida en el artículo 90 del Estatuto de Autonomía de Aragón (Página 1062)

El señor Mur Bernad formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora Ministra de Administraciones Públicas (Salgado Méndez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Mur Bernad. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Administraciones Públicas (Salgado Méndez).


De D. ANTONIO ALARCÓ HERNÁNDEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los motivos por los cuales los Cabildos, Diputaciones y Consejos Insulares han quedado fuera del Fondo Estatal de Inversión Local (Página 1063)

El señor Alarcó Hernández formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora Ministra de Administraciones Públicas (Salgado Méndez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Alarcó Hernández. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Administraciones Públicas (Salgado Méndez).


De D. ARTURO BAGUR MERCADAL, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la valoración y perspectivas del Gobierno en relación con los proyectos de rehabilitación mediante la figura de las Áreas de Rehabilitación Integral (ARI), particularmente en el caso de la isla de Menorca (Illes Balears) (Página 1064)

El señor Bagur Mercadal formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora Ministra de Vivienda (Corredor Sierra). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Bagur Mercadal.


De D. ANSELMO FRANCISCO PESTANA PADRÓN, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las previsiones de inversión del Gobierno en materia de vivienda en la Comunidad Autónoma de Canarias (Página 1065)

El señor Pestana Padrón formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora Ministra de Vivienda (Corredor Sierra).


De D. LUIS MIGUEL SALVADOR GARCÍA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre los objetivos que establece el Gobierno acerca del desarrollo de la Estrategia Universidad 2015 (Página 1067)

Página 1049


El señor Salvador García formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora Ministra de Ciencia e Innovación (Garmendia Mendizábal).


De D.ª ROSA NURIA ALEIXANDRE I CERAROLS, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la opinión del Gobierno respecto a las propuestas de referéndum planteadas por los responsables universitarios de algunas Comunidades Autónomas para la adaptación de las titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), conocido como Proceso de Bolonia (Página 1068)

La señora Aleixandre i Cerarols formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora Ministra de Ciencia e Innovación (Garmendia Mendizábal). En turno de réplica interviene de nuevo la señora Aleixandre i Cerarols. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Ciencia e Innovación (Garmendia Mendizábal).


De D.ª ENCARNACIÓN NAHARRO DE MORA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las razones del retraso en la publicación de la normativa española que regula la aplicación de la Organización Común de Mercado (OCM) del vino en nuestro país, que está creando tantas pérdidas al sector (Página 1069)

La señora Naharro de Mora formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Espinosa Mangana). En turno de réplica interviene de nuevo la señora Naharro de Mora. En turno de dúplica, lo hace la señora de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Espinosa Mangana).


De D. MANUEL BLASCO MARQUES, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la intención del Gobierno en relación con la autovía A-40 en el tramo comprendido entre Cuenca y Teruel, tras la resolución negativa de la declaración de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (Página 1070)

El señor Blasco Marques formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Espinosa Mangana). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Blasco Marques. En turno de dúplica lo hace la señora de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Espinosa Mangana).


De D. JOAN JOSEP NUET I PUJALS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre si el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio tiene datos de los planes industriales de las empresas Sony España y Nissan España para poder realizar declaraciones sobre las decisiones de congelación salarial y expedientes de regulación de las mismas (Página 1072)

El señor Nuet i Pujals formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Nuet i Pujals.
En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón).


De D. RAMON ALTURO LLOAN, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la opinión del Gobierno en relación con el rechazo manifestado por la Generalitat de Cataluña y los representantes del comercio minorista del borrador del proyecto de ley de comercio (Página 1073)

El señor Alturo Lloan formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Alturo Lloan. En turno de dúplica lo hace el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón).


De D.ª MARÍA LUISA CEBALLOS CASAS, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la valoración del Gobierno en relación con las críticas del sector del comercio al Observatorio de Precios del Comercio Minorista (Página 1075)

La señora Ceballos Casas formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón). En turno de réplica interviene de nuevo la señora Ceballos Casas. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón).


De D. JUAN PASCUAL AZORÍN SORIANO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las medidas que va a poner

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en marcha el Gobierno para ayudar al sector del juguete.


Esta pregunta ha sido retirada.


INTERPELACIONES (Página 1076) )

De D. ADOLFO ABEJÓN ORTEGA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la política que está llevando a cabo el Gobierno en relación con la integración de España en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), conocido como Proceso de Bolonia (Página 1076)

El señor Abejón Ortega expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde la señora Ministra de Ciencia e Innovación (Garmendia Mendizábal). Vuelve a intervenir el señor Abejón Ortega. Cierra el debate la señora Ministra de Ciencia e Innovación (Garmendia Mendizábal).


De D. JOSÉ CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la valoración del Gobierno y las consecuencias que se producirían en el sector agrario por el recorte previsto por la Comisión Europea de los fondos destinados a financiar la Política Agraria Común (PAC) para los ejercicios presupuestarios 2009 y 2010 (Página 1083)

El señor Pérez Lapazarán expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde la señora Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Espinosa Mangana). Vuelve a intervenir el señor Pérez Lapazarán. Cierra el debate la señora Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Espinosa Mangana).


De D. JORDI VILAJOANA I ROVIRA, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre las actuaciones que piensa llevar a cabo el Gobierno para garantizar las emisiones de TV3 y Canal 33 en la Comunitat Valenciana (Página 1089)

El señor Vilajoana i Rovira expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón). Vuelve a intervenir el señor Vilajoana i Rovira.
Cierra el debate el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón).


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 1093) )

De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria.
(SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA) (Página 1093)

En turno a favor hace uso de la palabra el señor Gordo Pérez.


En turno de portavoces interviene el señor Vilajoana i Rovira, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


Comienza el debate del articulado.


El señor Belda Quintana defiende la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor Pérez Bouza defiende la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor Vilajoana i Rovira defiende las enmiendas números 66 a 78, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas números 49 a 65, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.


El señor Gordo Pérez defiende las enmiendas números 41 a 48, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Angulo Martínez defiende las enmiendas números 3 a 40, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces, intervienen los señores Belda Quintana y Tuñón San Martín, por el el Grupo Parlamentario Mixto; Corcuera Muguerza, por el el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y Vilajoana i Rovira, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como la señora Alberich Cano, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; el señor Gordo Pérez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora

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Angulo Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL SEXAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (Página 1106)

El señor Presidente da lectura a la declaración institucional.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación.) (Página 1106) )

De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria.
(SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA). (Votación.) (Página 1106)

Comienza la votación.


Se aprueban por asentimiento de la Cámara las propuestas de modificación sobre la base de las enmiendas números 1, del Grupo Parlamentario Mixto, y 66, 67, 69, 70, 71 y 74, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


Se aprueba la propuesta de modificación sobre la base de la enmienda número 78, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 133 votos a favor, 3 en contra y 120 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 2, del el Grupo Parlamentario Mixto, presentada por el señor Pérez Bouza, por 8 votos a favor, 243 en contra y 6 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 68, 73 y 75, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 6 votos a favor, 131 en contra y 120 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 72, 76 y 77, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 127 votos a favor y 130 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 49 a 51, 54 a 57, 61 y 62, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 3 votos a favor, 124 en contra y 130 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 52, del mismo grupo parlamentario, por 5 votos a favor, 244 en contra y 7 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 53, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 7 votos a favor, 123 en contra y 127 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 63, también de este grupo parlamentario, por 5 votos a favor, 121 en contra y 131 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 58, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 122 votos a favor, 126 en contra y 9 abstenciones.


Se aprueban las enmiendas números 41 a 48, del Grupo Parlamentario Socialista, por 252 votos a favor, 4 abstenciones y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 3, 5, 6, 8 a 10, 12 a 18 y 20 a 38, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 123 votos a favor, 127 en contra y 6 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 19, 39 y 40, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 127 votos a favor y 130 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 4, 7 y 11, del mismo grupo parlamentario, por 123 votos a favor y 134 en contra.


Se aprueban las enmiendas técnicas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista en Comisión, por 255 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.


Se aprueba el resto del proyecto de ley por 131 votos a favor, 2 en contra y 124 abstenciones.


El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.


Se suspende la sesión a las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos.


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Se abre la sesión a las dieciséis horas.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.


ENTREGA A LOS SENADORES EN EL TRANSCURSO DE LA SESIÓN PLENARIA DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2008 DE LA CINTA SOLIDARIA POR LA DISCAPACIDAD (Número de expediente 550/000014).


El señor PRESIDENTE: Antes de comenzar con el orden del día permítanme que lea una declaración del Senado.


Tenemos el honor de contar hoy en la tribuna con la presencia de los presidentes de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica del Centro Especial de Empleo. El pasado día 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de la Discapacidad. Como ustedes saben, más de tres millones y medio de personas -un 9 por ciento de la población total española- tiene algún tipo de discapacidad que les dificulta el desarrollo de sus actividades en la vida diaria.


Como pueden comprobar, señorías, en sus escaños se encuentra la cinta solidaria de la discapacidad, un proyecto del Centro Especial de Empleo, Diseño y Gestión de Proyectos Sociales para minusválidos. Se trata de una acción conjunta del mundo de la discapacidad, la moda y la empresa que pretende sensibilizar a la sociedad respecto de la problemática de las personas con discapacidad, y lograr la consecución de recursos económicos que permitan la generación de iniciativas sociales en pro del colectivo de personas con discapacidad.


Esta institución siempre ha tenido una especial sensibilidad sobre todas estas cuestiones y, por tanto, nos honramos con dar la bienvenida a las personas que hoy se encuentran con nosotros en la tribuna.


Gracias, señorías. (Aplausos.)

ACTAS:

-- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL PASADO DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2008.


El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Actas.


Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día 9 de diciembre de 2008.


¿Hay alguna observación a la misma? (Denegaciones.)

Queda aprobada por asentimiento.


PREGUNTAS:

-- DE D. ALFREDO BELDA QUINTANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS QUE NO SE HA INSTALADO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT) UN EQUIPO DE RECONOCIMIENTO NO INTRUSIVO DE CONTENEDORES EN EL PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (Número de expediente 680/000204).


El señor PRESIDENTE: Preguntas.


La pregunta del senador Azorín Soriano ha sido retirada. Pasamos, por tanto, a la pregunta del senador Belda. Tiene la palabra, señoría.


El señor BELDA QUINTANA: Gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señor vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda. ¿Por qué motivos no se ha instalado por parte del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria un equipo de reconocimiento no intrusivo de contenedores escáner en el puerto de Santa Cruz de Tenerife?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señoría.


Es verdad que la utilización de los escáneres para control del fraude de los tráficos ilegales en los recintos aduaneros es un instrumento enormemente útil para agilizar las labores de reconocimiento de carga.
Como consecuencia de la constatación de ese hecho, se ha puesto en marcha un plan para dotar a los puertos de mayor tránsito del sistema de inspección no intrusiva de contenedores que permite, a través de los rayos X, detectar la presencia de drogas, armas o mercancías no declaradas. La Agencia Estatal de la Administración Tributaria ha puesto en marcha ya algunos de estos escáneres, concretamente en tres puertos, y hay otros tres adquiridos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Existe la previsión de adquirir seis sistemas más a lo largo del trienio 2008-2010 y uno de ellos está destinado al puerto de Santa Cruz de Tenerife.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra, senador.


El señor BELDA QUINTANA: Gracias, señor vicepresidente.


Desde marzo de 2007 se vienen realizando gestiones desde la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y otras administraciones e instituciones canarias para dotar al puerto de Santa Cruz de Tenerife de este escáner. Es más, en respuesta a esta demanda, desde el gabinete del director general de la Agencia Tributaria se confirmó por escrito, el 17 de abril de este año, que estaba prevista su instalación para finales de 2008 y en aquellos momentos, en abril, se afirmaba además por escrito que se estaba

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redactando el correspondiente pliego de prescripciones técnicas que regiría el concurso para su adquisición. En el mismo sentido se manifestó el delegado especial de la Agencia Tributaria en Canarias en mayo de 2008, insistiendo en la máxima prioridad que han concedido a este proyecto.


Señor ministro, Canarias y cada una de sus islas dependen del exterior para su abastecimiento y la instalación del escáner en el puerto de Santa Cruz de Tenerife agilizaría, como usted bien ha dicho, de forma importante el tránsito de mercancías en este puerto que en muchos casos sufre un estancamiento que repercute en el abastecimiento y en la actividad económica de la isla de Tenerife.


Usted seguramente no sabe que en muchos comercios de Tenerife y de Canarias, como no hay stock, se dice a los clientes que tal o cual producto hay que mandarlo a pedir y ello significa un período de uno o dos meses de espera y está demostrado que la inspección de contenedores por escáner reduce en 16 veces el tiempo empleado en la inspección física tradicional, es decir, lo que tardaría un mes en inspeccionarse, en apenas dos días podría estar inspeccionado por este sistema. También supone una eficaz herramienta en materia de seguridad, de lucha contra el fraude y contra el contrabando y además resulta imprescindible para que el puerto de Santa Cruz de Tenerife pueda formar parte de la iniciativa de Estados Unidos de seguridad en los contenedores, ya que en caso contrario, de no disponer de esta infraestructura, se impediría que cualquier barco con carga con destino a Estados Unidos o en tránsito que pase por puertos de Estados Unidos camino de Centro y Suramérica operase a través del puerto de Santa Cruz de Tenerife.


Señor vicepresidente, en las islas se aprecia con dureza la crisis económica y se percibe de manera especial en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine.


El señor BELDA QUINTANA: Concluyo ya, señor presidente.


Creemos que no se deben escatimar esfuerzos para mejorar el funcionamiento de la entrada de mercancías y para asegurar el futuro del puerto de Santa Cruz de Tenerife en el tráfico internacional. Y no queremos pensar que desde la Administración central se esté engañando a los ciudadanos ni a las administraciones canarias y tinerfeñas en particular con promesas vacías de contenido.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, de su larga pregunta sobraba el último comentario.


Dicho esto, la puesta en marcha de estos elementos exige, como usted bien ha referido, la redacción de un pliego de prescripciones, el concurso, el contacto con la Autoridad Portuaria para determinar el lugar concreto de su instalación, pero sobre todo es imprescindible contar con disponibilidades presupuestarias. El argumento a que usted ha hecho referencia sobre Estados Unidos es válido para Tenerife como lo es para otros puertos españoles en los que también tenemos prevista esa misma instalación.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE D. PERE SAMPOL I MAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS DIFICULTADES QUE IMPIDEN AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL GOVERN DE LAS ILLES BALEARS PARA LA FINANCIACIÓN DEL TRANVÍA DE LA BAHÍA DE PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS) (Número de expediente 680/000207).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Sampol. Tiene su señoría la palabra.


El señor SAMPOL I MAS: Muchas gracias, señor presidente.


Recientemente el Ministerio de Fomento, a través del subsecretario de Estado, ha manifestado que el convenio para la financiación del tranvía de la bahía de Palma no es de su competencia, remitiendo la posible responsabilidad al Ministerio de Economía y Hacienda. Pero dicho ministerio, en una respuesta escrita del pasado mes de noviembre sobre esta misma cuestión, se refirió al convenio ferroviario firmado entre el Govern de las Illes Balears y el Ministerio de Fomento, que ya tiene asignados dos proyectos a ejecutar sin que el tranvía esté entre ellos.


Señor vicepresidente, ¿acaso existe algún problema para que este proyecto estratégico para los municipios de la bahía de Palma reciban la financiación de su Gobierno?

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): En primer lugar quiero aclarar que no ha habido ni hay dificultades para la firma de ningún convenio en materia de infraestructuras del transporte con las Illes Balears. En el momento actual se encuentran en ejecución tres convenios para la realización de infraestructuras de carreteras y uno de ferrocarriles. Además, el pasado 24 de julio el Consejo de Ministros autorizó la suscripción de un nuevo e importante convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la comunidad autónoma en materia de ferrocarril, y cuyo presupuesto estimativo supone para la Administra-

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ción General del Estado un compromiso máximo de gasto de 444 millones de euros, que se financiará con cargo a las consignaciones de la ley de Presupuestos Generales del Estado dentro de cada ejercicio para la finalidad pertinente. Con ello, entre otras actuaciones, y siempre de común acuerdo con el Govern de las Illes Balears, se está dando puntual cumplimiento a lo establecido en el estatuto. Y precisamente en el preámbulo de este último convenio se alude al proyecto para la construcción de la línea de tranvía de la bahía de Palma, señalando que dicho proyecto no se recoge en el citado convenio sino que será objeto de formalización en un nuevo convenio pendiente de suscribir entre la Administración estatal y la autonómica.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Sampol.


El señor SAMPOL I MAS: Muchas gracias, señor presidente.


Señor vicepresidente, precisamente ese es el objeto de la pregunta puesto que se está demorando la firma de este segundo convenio en materia ferroviaria, que se enmarca dentro de la disposición adicional del estatuto de autonomía y que prevé una inversión de 2.700 millones de euros en un plazo máximo de siete años. Evidentemente, esta cantidad no nos compensa por el déficit de financiación autonómica aunque éste debió contribuir a la aprobación de esta disposición del estatuto de autonomía.
Pero lo que no se entiende es que existan tantas dificultades para convenir estas inversiones. No sé si se ponen objeciones a los proyectos que proponen desde el Govern de las Illes Balears y que son prioritarios en materia de transportes.


No se entiende que no se aceleren estas inversiones cuando estos días se están habilitando créditos extraordinarios para fomentar la inversión pública y, así, mitigar la pérdida de puestos de trabajo. Por cierto, en Baleares es donde más ha aumentado el paro estos últimos meses. En Baleares no entendemos que, aportando 3.000 millones de euros anuales al Estado, tengamos que mendigar una inversión de 400 millones de euros en un plurianual. Y lo que menos se entiende es que el Gobierno haya dejado transcurrir dieciocho meses de legislatura autonómica regateando unas inversiones al Govern de las Illes Balears, que es de mayoría progresista gracias a unas pocas decenas de votos.


Señor vicepresidente, si se pierde más tiempo, estos proyectos no se podrán ejecutar y se perderán inversiones y el progreso, y usted ya me entiende. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Como usted conoce bien, estamos llevando a cabo una actuación en un tema que es competencia autonómica o local. Es verdad que estamos dispuestos a apoyar estos elementos de movilidad urbana pero para eso es imprescindible concretar con las autoridades baleares los aspectos inherentes al proyecto, especialmente sus elementos técnicos y la participación de la propia comunidad autónoma.


Esos son los temas que se están discutiendo y tan pronto como estén definidos podrá suscribirse un convenio que debe también atenerse a las prescripciones que determinan el apoyo financiero del Estado. Desde luego, en este momento nada impide al ministerio abordar la posible realización del convenio si se plantea un proyecto que reúna todos los requisitos técnicos exigibles y se acuerda con el Gobierno de las Illes Balears los restantes aspectos precisos para seguir con esta colaboración.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE D.a JUDITH ALBERICH CANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE SI TIENE PREVISTO EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA PERMITIR QUE LOS AYUNTAMIENTOS SE DEDUZCAN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) PAGADO EN INVERSIONES Y OBRAS PÚBLICAS, SIEMPRE QUE LO REINVIERTAN EN NUEVOS PROYECTOS (Número de expediente 680/000208).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Alberich.


Tiene la palabra su señoría.


La señora ALBERICH CANO: Muchas gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señor vicepresidente. El pasado 28 de noviembre los y las responsables de los gobiernos locales nos levantamos con una muy buena noticia: el fondo de inversión municipal pone a disposición de los ayuntamientos 8.000 millones de euros para la ejecución de obras municipales en equipamientos, prevención del medio, creación de nuevas zonas verdes, conservación del patrimonio y mejoras en las redes básicas como la luz o el agua. Es decir, nos permite cumplir con nuestra responsabilidad y realizar las inversiones necesarias para nuestros municipios en un momento de serias dificultades económicas para las corporaciones locales.


El fondo de inversión municipal, además, da respuesta también a la creciente necesidad de generar empleo en el sector de la construcción y en los que derivan de este. La creación de más de 300.000 nuevos puestos de trabajo permite también que los ayuntamientos españoles demos respuesta a las largas colas que se producen en nuestros servicios de empleo.


En la misma línea el pasado 5 de diciembre su ministerio comunicó a la Federación Española de Municipios y Provincias que el Gobierno había decidido aplicar de forma flexible la ley de estabilidad presupuestaria y per-

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mitía a los ayuntamientos ampliar el límite del déficit para los años 2008 y 2009 hasta un máximo del 0,2 del PIB.


Señor Solbes, reconocemos que estas medidas demuestran que la acción del Gobierno para superar la crisis económica está siendo efectiva y que este es consciente del papel que deben jugar los ayuntamientos en una acción coordinada contra la misma. No obstante, al Gobierno aún le falta un pequeño paso para acabar de dotar de más capacidad económica a los ayuntamientos.


Como usted sabe, una de nuestras reclamaciones históricas, que yo misma le comenté en su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda del Senado del pasado 15 de septiembre a raíz de un documento que habían hecho público las dos entidades municipalistas catalanas -me refiero a la Federació Catalana de Municipis y la Associació Catalana de Municipis i Comarques-, es la posibilidad de que la devolución del IVA que todos los ayuntamientos pagamos y perdemos pudiera ser reinvertida.


Por eso, señor Solbes, le pregunto: ¿Tiene su ministerio previsión de permitir que los ayuntamientos se deduzcan el IVA pagado en inversiones y obras públicas siempre que lo reinviertan en nuevos proyectos?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.


Como usted sabe bien, el Impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo armonizado en el seno de la Unión Europea. La directiva comunitaria es transpuesta en cada uno de los 27 Estados miembros a través de una norma nacional, y cualquier modificación de la normativa nacional deberá respetar las previsiones de la directiva comunitaria.


Por esa razón, lo único que podemos hacer en la normativa nacional es recoger la normativa comunitaria, y por eso los ayuntamientos podrán deducir las cuotas soportadas del impuesto por la adquisición de bienes y servicios que se dediquen a la realización de una actividad empresarial, siempre que estos bienes y servicios tengan como destino la realización de operaciones sujetas y no exentas del impuesto.


Evidentemente, lo que no está previsto en la normativa europea y, por tanto, no puede estar en la nacional, es que si las inversiones se realizan en el ejercicio de las funciones públicas propias del ayuntamiento no cabe derecho alguno a la deducción de las cuotas soportadas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE D. FRANCISCO JAVIER ARENAS BOCANEGRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU COMPROMISO EN MATERIA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA (Número de expediente 680/000215).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Arenas.


Tiene la palabra su señoría.


El señor ARENAS BOCANEGRA: Gracias, señor presidente.


Señor vicepresidente, llevan ustedes varios años prometiendo un nuevo sistema de financiación autonómica. Han incumplido su programa electoral.
Han incumplido el estatuto, a nuestro juicio inconstitucional, de Cataluña. Han incumplido el Estatuto constitucional de Andalucía en la fecha de determinación de la memoria histórica. Han incumplido todos los plazos. El señor vicepresidente prometió una propuesta de acuerdo para el 1 de diciembre, que nunca ha llegado. Hoy nos hemos enterado de que el PSC pone como condición para mantener sus relaciones con el Partido Socialista Obrero Español un acuerdo antes del 31 de diciembre.


Señor Solbes, en nuestra opinión, se han cargado ustedes la unanimidad con que se apoyó el vigente modelo de financiación autonómica. La semana pasada anunció usted que no descarta un acuerdo antes de acabar el año.
¿Cuándo va a cumplir, señor Solbes?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Sí, señoría, llevamos varios años hablando de la modificación del modelo de financiación autonómica y en una parte muy sustancial, sobre todo en la primera legislatura, con la oposición total de su partido, contrario a cualquier modificación del sistema de financiación. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Ustedes consideraron siempre que el modelo que definían era permanente, y se cometió el error de establecer una consolidación de la población en función de la población del año 1999, no pudiendo tomar en consideración otros elementos. Ustedes se han negado permanentemente a cambiar ese elemento. Por tanto, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para subsanar esas anomalías.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Arenas.


El señor ARENAS BOCANEGRA: Gracias, señor presidente.


Nosotros hemos defendido siempre -y lo vamos a seguir defendiendo- que el sistema de financiación auto-

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nómica se debe acordar con todos, y nos hemos negado rotundamente a apoyar un pacto suyo con una comunidad autónoma para imponérselo al resto de las comunidades autónomas. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

Llevan varios años mintiendo sobre el sistema de financiación autonómica... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.


El señor ARENAS BOCANEGRA: En los presupuestos del año 2009 no aparece ninguna partida. Lo que sí aparecen son los recortes: recortes en el Fondo de Suficiencia por 1.000 millones de euros; recortes en el Fondo de Compensación Interterritorial; recortes en financiación sanitaria por 3.000 millones de euros; no aparecen los 2.000 millones de compensación de la supresión del impuesto de los ricos que ustedes han llevado a cabo; y el peor de los recortes es que llevan ustedes sin actualizar la población desde el año 1999; nuestra población se ha incrementado en 6 millones, y concretamente en Andalucía tenemos en la actualidad 900.000 andaluces fuera del sistema de financiación.


Señoría, yo le pregunto: ¿ha ofrecido toda la información a las comunidades autónomas? Según mis datos, sólo a algunas, a las de su partido. ¿Va a aportar 6.000 millones de euros mediante un crédito extraordinario? ¿Cuáles van a ser los criterios de distribución? Le pido que nos traiga de una vez por todas una propuesta seria y se deje de historias.


Señor ministro, faltan 14 días para terminar el año, incluidos Nochebuena y Nochevieja. ¿El señor ministro cree que va a pactar un nuevo sistema de financiación en 14 días con 17 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla? ¿O es que podemos esperar otra chapuza del señor ministro en 14 días? ¿Tiene el señor ministro previsto cerrar la negociación con Cataluña primero y después con el resto de las comunidades, y que aguanten?

Usted sabe como yo que de las comunidades autónomas depende la educación, depende la sanidad, dependen los servicios sociales, y los servicios sociales no pueden esperar a su oscurantismo.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.


El señor ARENAS BOCANEGRA: Por ello le pido, y termino señor presidente, que garantice la igualdad de todos los españoles ante los servicios públicos, que garantice la Ley de dependencia, que dejen de incendiar el sistema de financiación y que no sacrifiquen ni la cohesión nacional ni la solidaridad.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Aprecio el énfasis que pone en sus palabras y el interés que pone en el debate; sin embargo, es bueno también leerse los papeles y saber de lo que uno está hablando.


¿Vamos a negociar con todos? Evidentemente, sí. ¿Hemos mantenido la población en el año 1999? No. Es falso, y usted lo sabe. La financiación del sistema que ustedes establecieron fue en el año 2001 con el objetivo de ser permanente, y sólo se podría modificar la distribución de población... (El señor Arenas Bocanegra hace gestos negativos.) Sí, sí, léase lo que ustedes pactaron. Como decía, sólo cuando se modifique más del tres por ciento respecto a la evolución media.


¿Por qué no se ha incluido un incremento de financiación autonómica este año? Porque estamos aplicando el sistema que ustedes plantearon. (El señor Arenas Bocanegra hace gestos negativos.) Léase usted los papeles, que es de lo que estamos hablando, y sabrá usted perfectamente que estamos hablando de una participación en los ingresos del Estado, y si los ingresos del Estado son menores y además hay que realizar los ajustes, las cantidades serán inferiores. Es así, le guste o no.


Yo sí creo que es bueno antes de hablar y de tomar la palabra en esta tribuna, con independencia del énfasis que uno quiera poner, que se sepa de qué está hablando. Haremos todos los esfuerzos para conseguir un sistema de financiación con todos y cuanto antes. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Pasamos a la siguiente pregunta.


-- DE D. JUAN JOSÉ ORTIZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS RAZONES POR LAS QUE EL MINISTERIO DE FOMENTO OCULTÓ A LA OPINIÓN PÚBLICA EL HUNDIMIENTO EN UNO DE LOS TÚNELES EN CONSTRUCCIÓN EN LA LÍNEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE MADRID Y VALENCIA (Número de expediente 680/000222).


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Ortiz.


El señor ORTIZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, han pasado siete días desde el desprendimiento del techo de uno de los túneles de las obras del AVE entre Madrid y la Comunidad Valenciana; y la ministra de Fomento, es decir usted, hasta el día de hoy ha estado desaparecida, escondida, y lo que es peor, se ha quedado muda, negando la información como un flagrante episodio de ocultación de estos hechos a la opinión pública.


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Quiero dejar clara una cosa, que nosotros nos congratulamos de que no hayan tenido que lamentarse desgracias personales, pero como hoy la señora ministra parece que está decidida a hablar, le formulo la pregunta que figura en el orden del día.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.


Señoría, el lunes estuve en Tenerife; el martes, en Bruselas; el miércoles, en Bilbao; el jueves, en Valencia; el viernes, en Burgos; el sábado, en Málaga, y hoy estoy en Madrid. Les digo esto porque si se me quiere buscar, se me encuentra fácilmente. No hemos ocultado ninguna información. (Rumores.)

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Ortiz.


El señor ORTIZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, tiene siempre la costumbre de darme la espalda cuando me contesta, ahora parece que ha rectificado. Es de buena educación mirarnos a la cara, que no pasa nada. Estamos en una Cámara democrática. A mí no me ha convencido, y espero que no haya convencido a la mayoría de ciudadanos de este país, porque manteniendo este secreto no hace ningún favor a los ciudadanos.


Aparte de la ineficacia de la señora ministra en su gestión en el ministerio de Fomento, hay que sumar ahora la falta de transparencia; ineficacia, irresponsabilidad y oscurantismo son los calificativos que merece la señora ministra. Este es un nuevo incidente en su larga historia al frente del Ministerio de Fomento. Recuerde la llegada del AVE a Barcelona; los problemas de cercanías; el aeropuerto de El Prat; Air Madrid; las nevadas en las carreteras -algo a lo que la señora ministra ha quitado importancia- que ocasionaron que más de 600 personas estuvieran atrapadas más de 22 horas, y que estuvieran incomunicadas Asturias y parte de Castilla y León.


Los episodios que demuestran su incompetencia llevaron a la reprobación por esta Cámara de la titular de Fomento, la primera y única ministra en ser reprobada por esta Cámara en toda la historia de la democracia, sin que por decencia política la señora ministra le haya hecho el menor caso, manteniéndose aferrada al sillón, a pesar de su mala gestión.


Y lo más grave es que el señor Rodríguez Zapatero desprecia una vez más las decisiones democráticas de esta Cámara y la sigue manteniendo en el cargo.


Yo no le voy a pedir que dimita -sería perder el tiempo-; le exijo al presidente del Gobierno que la cese por el bien de los ciudadanos españoles. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Aunque no hay que olvidar que tanta culpa tiene quien lo hace como quien se lo permite. Su cese sería un buen regalo de Reyes para empezar con buen pie el año nuevo.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra de Fomento. (Rumores.)

Ruego silencio, por favor.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, le pido disculpas por haberle dado la espalda, aunque no he sido consciente de ello, porque nunca me atrevería a darle la espalda a ninguno de ustedes. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista. -Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Prefiero verles de cara.


Miren, el Ministerio de Fomento... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio, por favor. (Rumores.)

Silencio, por favor.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): ¿Usted me entiende lo que quiero decir? (Rumores. -Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡Dimisión, dimisión, dimisión!-La señora Quesada Bravo: ¡Demócratas!)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio, por favor. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Espere un momento, señoría.


Ruego silencio o, si no, no sigue hablando la ministra.


Si no hay silencio, no habla la ministra, así de claro. Tenemos toda la tarde. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: Que no hable.-Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: Señor presidente, para insultar, que no hable.)

Señorías, ruego silencio. (Pausa.)

Prosiga, señoría.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el Ministerio de Fomento es consciente del interés que suscita todo lo que sucede en torno a la alta velocidad en nuestro país, razón por la que continuamente suministramos información al respecto.


Efectivamente, se está acometiendo la obra de mayor envergadura en la historia del transporte en España, con el objetivo de transformar el mapa de nuestras comunicaciones. Y aunque no les detallaré los datos, sí les diré que somos el primer país del mundo en kilómetros de alta velocidad en construcción. Señorías, actualmente se encuentran en obra más de 2.000 kilómetros de línea de

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alta velocidad en España: en Galicia, Asturias, Cataluña, País Vasco, Valencia, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Murcia. Por lo tanto, señorías, es previsible que se produzcan incidentes durante el proceso de construcción de obras tecnológicamente tan complejas y que atraviesan distintos tipos de terreno. Y como tal, de incidente calificaron los técnicos a pie de obra el derrumbe que se produjo en el túnel del Regajal, actualmente en construcción. En ese momento, tanto la empresa constructora como Adif, valoraron las características del derrumbe y tomaron las medidas técnicas previstas en los protocolos de seguridad. De hecho, señorías, este incidente no va a afectar a los plazos previstos para la llegada del AVE a Valencia. Ahora bien, debido a la repercusión mediática, la empresa constructora y los técnicos implicados informaron puntualmente del alcance de este incidente el domingo día 14 de diciembre y, ayer mismo, el presidente de Adif reiteró y completó esta información. Igualmente, el presidente de Adif ha solicitado su comparecencia en la Comisión de Fomento para informar de lo ocurrido al Parlamento de forma detallada.


Señorías, ya nos hubiera gustado a muchos ciudadanos que en incidentes de mucho mayor alcance ustedes hubieran manifestado la misma o, incluso, la mitad de las diligencias y transparencia con que se ha reaccionado (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡Dimisión, dimisión, dimisión!)

El señor PRESIDENTE: Gracias señoría.


-- DE D. JOSÉ IGNACIO PALACIOS ZUASTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS RAZONES DEL GOBIERNO POR LAS QUE HA INCUMPLIDO LA PROMESA DE FIRMAR UN CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DE NAVARRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA FÉRREA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE ZARAGOZA Y PAMPLONA (NAVARRA) (Número de expediente 680/000221).


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Palacios.


El señor PALACIOS ZUASTI: Señor presidente, buenas tardes.


Doy por formulada la pregunta que está incluida en el orden del día.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Señoría, siento contradecirle, pero este Gobierno no ha incumplido ningún compromiso con el Gobierno de Navarra.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Palacios.


El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, es lo último que podíamos esperar de usted, y es lo único que nos faltaba. Porque, usted, señor ministra, tendría que recordar que después de la reunión que mantuvieron el presidente Zapatero con el presidente de Navarra, Señor Sanz, el 17 de octubre del año pasado, la ministra Salgado -que la tiene usted sentada a su izquierda-, en una rueda de prensa que dio en Moncloa dijo que antes de final del año 2007 se iba a firmar ese convenio. Pero no solo eso, sino que, además, dijo cuál iba a ser la fórmula de financiación, y la formula de financiación era que la obra la hacía Navarra y se detraía de la aportación en el convenio económico.


Pero es que, además, usted tendría que saber que el presidente del Gobierno, el pasado día 29 de junio, en Navarra, dijo que próximamente se firmará ese convenio y que iba a venir a Navarra a firmarlo. Usted tendría que saber que el día 10 de septiembre, el presidente Zapatero, en el Congreso de los Diputados, dijo que el tren de alta velocidad en Navarra era un compromiso político del Gobierno. Y usted tendría que saber que, el día 4 de octubre, la señora Pajín estuvo en Navarra y dijo que próximamente se va a firmar, va a venir el Gobierno a firmar este convenio a Navarra. Y usted tendría que saber que el secretario general del Partido Socialista de Navarra y el diputado señor Moscoso, un día sí y otro también, están diciendo que muy pronto se va a firmar ese convenio.


Señora ministra, ya está bien de que ustedes tomen el pelo a los navarros, ¡ya está bien! Cumplan con su palabra, cumplan con sus compromisos y realicen esta obra que es esencial y fundamental no solo para Navarra sino también para España.


Por eso les exigimos -porque creo que es el momento de exigir después de catorce meses de incumplimientos- que firmen ese convenio que el Gobierno de Navarra aprobó el pasado día 31 de diciembre de 2007. Señora ministra, cumplan, por favor, con su palabra y con sus compromisos. (Rumores.)

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Señorías, guarden silencio.


Tiene la palabra la ministra de Fomento.


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La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.


Señoría, me sorprende el interés repentino de su grupo por la línea de alta velocidad Zaragoza-Pamplona. Durante los ocho años en que ustedes gobernaron poco hicieron. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Es más, cuando dejaron el Gobierno, ningún kilómetro de esa línea tenía siquiera estudio informativo. Entre 2004 y octubre de 2008, ningún diputado o senador del Grupo Popular presentó iniciativa en Pleno o en comisión sobre la alta velocidad Zaragoza-Pamplona. Es a partir de la ruptura entre UPN y el PP cuando, en menos de un mes, ustedes han formulado dos preguntas; eso sí, iguales.
¿Para qué se van a molestar? Lo que me lleva a pensar que sus preguntas responden a la estrategia política de intentar superar el nulo protagonismo de su formación política en Navarra. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

No obstante, señoría, me alegro de que por fin se hayan dado cuenta de que la línea de alta velocidad Zaragoza-Pamplona es un eje ferroviario fundamental para Navarra, para su cohesión territorial, para su desarrollo económico y, particularmente, para la potenciación del transporte intermodal de mercancías. Por eso, desde que accedimos al Gobierno hemos trabajado para ampliar sus prestaciones, de forma que hemos duplicado las vías y ampliado sus servicios exclusivamente de pasajeros a tráfico mixto. Hemos avanzado en la conectividad con el resto de la red al incluirla en el PEIT dentro del corredor Cantábrico-Mediterráneo y conectarla con la «Y» vasca, así como con el corredor Mediterráneo, en lugar de plantear actuaciones inconexas en el tramo Pamplona-Zaragoza-Teruel.


Entre Zaragoza y Tudela hemos obtenido la declaración de impacto ambiental, aprobado los estudios informativos e iniciado los proyectos constructivos. Entre Tudela y Castejón, vamos a realizar un nuevo estudio informativo a petición del Gobierno navarro, ante el rechazo de Tudela al trazado de la línea por el centro de la localidad propuesta por el PP en su estudio informativo. Entre Castejón y Pamplona, hemos obtenido la declaración de impacto ambiental y aprobado los estudios informativos. En Pamplona, hemos redactado el proyecto de eliminación del bucle ferroviario y, además, estamos trabajando con las instituciones navarras para la ejecución del corredor y para su integración en Pamplona; será fruto de la colaboración entre administraciones. En el primer punto, ya hemos llegado a un acuerdo en cuanto a la distribución de responsabilidades, similar al convenio con el Gobierno vasco, y tan solo quedan por ultimar con el Ministerio de Economía y Hacienda algunos aspectos relacionados con la financiación. Asimismo, y en relación con el segundo punto, el acuerdo alcanzado se encuentra en la última fase de tramitación administrativa.


Espero haber aclarado sus inquietudes.


Muchas gracias. (El señor Palacios Zuasti hace gestos negativos.-Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡Dimisión! ¡Dimisión! -Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE D. JUAN BAUTISTA CARDONA PRADES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA COMUNITAT VALENCIANA A RAÍZ DE LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE LA GENERALITAT DE IMPARTIR LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN INGLÉS (Número de expediente 680/000214).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Cardona. Tiene la palabra su señoría.


El señor CARDONA PRADES: Buenas tardes, señora ministra.


Desde luego, no voy a pedir la dimisión de nadie, aunque como senador por la provincia de Castellón, del Partido Socialista, tengo motivos para pedir algunas dimisiones en esta provincia. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Desde que presenté la pregunta hace una semana hasta el día de hoy, algo han cambiado las cosas en la Comunidad Valenciana. En este momento, y después de un largo período de movilizaciones que culminaron el pasado 29 de noviembre con una gran manifestación contra la política educativa del señor Camps, parece que se vislumbra un atisbo de solución en la línea reclamada por la mayoría de la comunidad educativa.


Con el fin de paralizar la huelga prevista para mañana, el Consell ha propuesto una moratoria que permita impartir, durante el presente curso, Educación para la Ciudadanía en español, valenciano o inglés, en función de las posibilidades de los centros; esperemos que la propuesta sea real y no una triquiñuela para ganar tiempo.


En palabras del señor Camps, hemos pasado de decir que el inglés es un punto de inflexión innegociable, a que ahora no se dan las condiciones.
Sin embargo, habrá que convenir que si ahora no se dan las condiciones, menos se daban en el mes de junio, y que sus intereses referidos a la citada asignatura eran diferentes a los puramente educativos. En realidad, lo que debería hacer el Consell es retirar la orden lo más rápidamente posible, porque ni se daban ni se dan ni se darán las condiciones favorables para aplicar la orden con los criterios que establece el Consell. Además, hay que tener en cuenta los recursos que se destinan a la educación pública, que en la Comunidad Valenciana está sufriendo una grave agresión cuya expresión más esperpéntica ha sido la implantación de Educación para la Ciudadanía en inglés.


Con el objetivo de boicotear la asignatura y enfrentarse así al Gobierno central, el Consell no ha tenido otra ocurrencia que obligar a impartirla en inglés y regularla mediante una orden que incumple la normativa básica del Estado. La pretensión de que esta asignatura se imparta en

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inglés y que en cada aula haya dos profesores, uno que explique los contenidos y otro que haga la traducción simultánea al español, no es una idea discutible; es un exceso, una idea chabacana impropia de personas responsables del Gobierno de una comunidad. Es una idea que se sale de lo normal, de lo lícito y que no debería ser consentida por los perjuicios que está acarreando a todo el sector educativo y, especialmente, a los alumnos.


Estamos ante un conflicto ideológico importante que el Partido Popular quiere esconder en la Comunidad Valenciana bajo la cortina de humo de la modernidad, simulando el fomento del trilingüismo y diciendo que están poniendo los medios para que la enseñanza del inglés sea una realidad.


Es tan grande la preocupación del Consell por el fomento del inglés que el 70 por ciento de los centros de infantil no lo han podido implantar por falta de recursos; en la Escuela Oficial de Idiomas de Valencia, por falta de plazas, han quedado sin matricular el 90 por ciento de aquellos alumnos que pretendían iniciar filología inglesa; y de los diez cursos de formación específicos programados para profesores de historia y filosofía que imparten esta asignatura, no se prevé ni uno que se haga en inglés.


Señora ministra, en este momento la arbitrariedad administrativa y el disparate pedagógico -no son palabras mías, son palabras de 400 inspectores de Adide- preparado por el Consell ha tenido como finalidad la de desacreditar una asignatura que en la mayoría de países de la Unión Europea se cursa con normalidad y que nos ha llevado a ser el hazmerreír del sistema educativo de toda España y a una situación límite, por lo que debe desaparecer para dar paso a la racionalidad y al acuerdo.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.


El señor CARDONA PRADES: Como digo, deben desaparecer para dar paso a la racionalidad y al acuerdo. Por ello le pregunto ¿qué valoración hace el Gobierno acerca de la situación en que se encuentra la comunidad educativa de la Comunidad Valenciana a raíz de la decisión del Consell para impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la ministra de Educación, Política Social y Deporte.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE ( Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, como usted conoce bien, el Gobierno ha actuado en esta materia, como le corresponde en nuestro Estado de derecho, a raíz de la publicación de la Orden de la Consellería de Educación con fecha 20 de junio de este año. La Alta Inspección procedió a denunciar el incumplimiento de la ley básica del Estado, y el ministerio interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que fue parcialmente admitido. El Gobierno, señoría, es absolutamente escrupuloso con la ley y con el marco competencial autonómico. Y por ello, pensamos que la mejor forma de servir a los ciudadanos es cumplir con la normativa y exigir su cumplimiento a todas las administraciones educativas. Eso es lo que ha hecho el ministerio y lo que va a seguir haciendo.


Pero nos encontramos con un caso que, a mi juicio, ha ido más allá de la, por otro lado, deseable y conveniente distribución de competencias en materia de educación. Las medidas poco afortunadas de la Generalitat han provocado que la Plataforma por la Enseñanza Pública haya tenido que realizar movilizaciones, encierros, manifestaciones e, incluso, una convocatoria de huelga en defensa de la calidad y las buenas prácticas en materia de educación pública. Como ministra de Educación de España no puedo sino lamentar profundamente esta situación que está afectando a miles de alumnos y a sus familias, a profesores, docentes y a toda la comunidad educativa. Quiero decir a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y a todos los ciudadanos españoles que el Ministerio está cumpliendo con su obligación: desde el absoluto respeto a las competencias autonómicas, actuar con requerimientos y, eventualmente, con acciones judiciales cuando una norma autonómica no cumple con la normativa estatal de obligado cumplimiento.


Decía que el Gobierno cumple con la ley, y es deseable que todos los Gobiernos hagan lo mismo, no solamente con el articulado de una ley, sino también con su espíritu. Y a mi modo de ver, estamos ante un ambiente provocado por el Gobierno de la Generalitat, que ha intentado hacer política de oposición al Gobierno utilizando la educación y creando una enorme confusión. Señorías, la educación es una cosa muy seria y no puede utilizarse como un arma arrojadiza con una motivación partidista.


Hemos conocido que ayer mismo el Gobierno de la Generalitat ha empezado a rectificar y va a permitir a los centros impartir la asignatura en castellano y en valenciano. Nos felicitamos por ello. Confío en que impere el sentido común y en que esta medida sea el inicio a la vuelta a la normalidad en la comunidad educativa valenciana.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

-- DE D. IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE SI CONSIDERA EL GOBIERNO QUE DEBERÍA SUGERIRLE AL EMBAJADOR DE ITALIA ANTE ESPAÑA, DADO EL MALESTAR CREADO EN ZARAGOZA, HACER UN GESTO IGUAL AL REALIZADO POR EL EMBAJADOR DE ALEMANIA ANTE ESPAÑA EN GERNIKA (VIZCAYA) (Número de expediente 680/000206).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Anasagasti.


Tiene la palabra su señoría.


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El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, quizá le haya extrañado esta pregunta, pero tiene por causa una pregunta que formulé yo, como consecuencia de un impulso del Bloc Nacionalista Valencià, con motivo del 70 aniversario de los bombardeos en Alcoy. En aquella oportunidad me contesto el ministro de Cultura, el señor Molina, diciendo que se estudiaría la cuestión. Veo que no se ha hecho nada. Y posteriormente, el día 2 de noviembre, ha debido de haber un acto bastante chirriante en Zaragoza. Por eso la pregunta que nosotros le formulamos es si, dado el malestar creado en Zaragoza, considera el Gobierno que debería sugerirle al embajador de Italia ante España hacer un gesto igual al realizado por el embajador de Alemania ante España en Gernika, Vizcaya.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.


Señoría, gracias por su pregunta. Es cierto que con motivo de las informaciones que menciona su señoría sobre la participación del embajador de Italia en Madrid en una misa el día 2 de noviembre, en la iglesia San Antonio de Padua de Zaragoza, la propia Embajada de Italia ha hecho pública una nota de prensa que, si su señoría lo tiene a bien, puedo entregarle. En esa nota de prensa, confecha 28 de noviembre, se dice -cito textualmente-: El Sagrario italiano de Zaragoza está dedicado a todos los caídos italianos, puesto que en él han encontrado sepultura con igual dignidad tanto los pertenecientes al Cuerpo de misión voluntario que apoyó al General Franco, cuanto los de las Brigadas Internacionales que sostuvieron al bando republicano -cierro la cita.


Así pues, el embajador de Italia, como la propia nota de prensa indica, asistió a una conmemoración de todos los difuntos el día 2 de noviembre y depositó una corona de flores en honor de todos -resalto todos- los caídos, junto con el comandante de la Región Militar de Zaragoza.
Señorías, se trata de una tradición que el embajador de Italia cumplimenta por lo menos una vez en el curso de su mandato.


Finalmente, la Embajada de Italia afirma en su nota de prensa que, si posteriormente a la visita tuvo lugar una manifestación de núcleos nostálgicos, hay que condenarla rotundamente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor presidente.


La verdad es que es una exaltación un poco rara. Hay que recordar que el conde Chiano hablaba en sus memorias de la presencia italiana durante la guerra y, sobre todo, de los bombardeos indiscriminados sobre Barcelona, y dijo algo tan terrible como que había sido un éxito apoteósico.

Si cada embajador tiene que ir a Zaragoza, cuando tras el clima que se crea se da una manifestación de nostálgicos, creo que algo no está funcionando bien. Sobre todo, el embajador italiano no ha tenido la menor delicadeza cuando se le solicita algún gesto con motivo del 70 aniversario, tras la muerte de 64 personas en Alcoy, y, sin embargo, sí está presente en esa misa.


Simplemente, lo que hago es recordar. Ya sé que usted puede hacer relativamente poco, pero hay un tipo de diplomacia reservada que sí se podría realizar. El embajador alemán se fue a Gernika a pedir perdón por lo que había hecho la Legión Cóndor. ¿Por qué en este caso no se puede hacer algo parecido, alguna iniciativa con la Embajada de Italia para que no se produzcan estos hechos, y que con aquellas localidades que fueron bombardeadas por la legión italiana se tenga una mínima consideración y una mínima acción política?

Eso es lo que solicitamos, señor ministro, que usted impulse algún tipo de actividad, de acción próxima a la Embajada de Italia, para que no solo sea esa misa del 2 de noviembre.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.


Gracias, señoría. No cuesta nada y, desde luego, lo voy a hacer; voy a hacer esa gestión discreta, diplomática ante el embajador de Italia, que es una persona muy constructiva y muy comprensiva.


Quisiera quedarme con la segunda parte de su pregunta, señoría, ese recordatorio de lo que fue un acto de la propia Embajada de Alemania en Gernika, y en ese sentido asociarme a las palabras que se pronunciaron con motivo del 70 aniversario, y que quizá nos pueden ayudar a todos a celebrar ese acto de reconciliación en Alcoy, al que estaría dispuesto a sumarme.


Recordaré algunas palabras, entrecortadas por la emoción en el acto de Gernika, de Luis Elizondo, superviviente de la masacre, y que quisiera leer en esta Cámara porque llegan profundamente al sentimiento más ético de todos nosotros. Decía Luis Elizondo que ahora podemos hacer lo que entonces no pudimos, abrir nuestros brazos y decir al pueblo alemán: bienvenidos a Gernika, marchemos juntos en paz.


Con estas palabras de reconciliación me quedo. Con este mismo espíritu interpreto la nota de prensa de la Embajada de Italia y espero los próximos actos que lleve a cabo la Embajada de Italia en Alcoy para reconciliarse y mirar al futuro con esa visión.


Gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA VALORACIÓN QUE REALIZA EL GOBIERNO DE LAS POSIBILIDADES DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN BILATERAL DE COOPERACIÓN ARAGÓN-ESTADO, DEFINIDA EN EL ARTÍCULO 90 DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN (Número de expediente 680/000205).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Mur.


Su señoría tiene la palabra.


El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señora ministra.


¿Qué valoración hace el Gobierno de las posibilidades de actuación de la comisión bilateral, definida en el artículo 90 del Estatuto de Autonomía de Aragón?

Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra de Administraciones Públicas.


La señora MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Salgado Méndez): Gracias, señor presidente.


Señoría, como usted sabe, la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado es un mecanismo esencial para articular la relación entre las dos administraciones. Está desplegando su actuación en muchos ámbitos: suscripción de convenios de colaboración, prevención de conflictos competenciales, impulso a los traspasos de funciones y servicios o impulso a la participación del Gobierno de Aragón en la formación de la voluntad del Estado ante las instituciones de la Unión Europea.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Mur.


El señor MUR BERNAD: Gracias, señora ministra.


Usted sabe que nosotros queremos desarrollar el Estatuto de Autonomía que aprobamos en abril de 2007. Usted me ha relatado sucintamente las misiones que tiene encomendadas la Comisión Bilateral de Cooperación, que se perfila en el texto estatutario como el instrumento principal de relación entre la comunidad autónoma y el Estado. Hasta ahí perfecto, estamos de acuerdo. Lo que ocurre, como usted también sabe, es que los avances han sido bastante menores que las previsiones, y supongo yo que incluso los deseos, porque se constituyó en el mes de enero del año 2008 -hace ya un año de funcionamiento, entre comillas, de esta comisión-, y la verdad es que sus resultados, su balance es bastante escaso; es más, usted sabe que el artículo 90 dice que la presidencia rotatoria entre usted, en este caso, y el Gobierno de Aragón, va a cambiar el mes de enero próximo.


Por lo tanto, a mí lo que me gustaría, señora ministra, es que pudiéramos hacer un balance sobre tantas posibilidades como tiene esa comisión, porque efectivamente sirve para impulsar las relaciones entre la comunidad autónoma, para hacer propuestas sobre proyectos que nos interesen, para enseñar mecanismos de colaboración, para prevenir conflictos y todo aquello que sirva a la cooperación.


Pero desgraciadamente ¿cuántas veces se ha reunido? Una vez. ¿Para qué? Para decir que vamos a aprobar un reglamento de funcionamiento; se han creado cuatro grupos de trabajo, que yo estoy seguro de que han trabajado muchísimo, pero estoy ansioso por ver el resultado de ese trabajo. Y, sin embargo, no hemos avanzado en la gestión de la reserva hídrica, que está prevista en nuestro Estatuto de Autonomía y que debería ser objeto de trabajo de esa comisión; en la ejecución de las obras del pacto del agua; en la implantación de la policía autonómica, aunque sea mediante un convenio transitorio para adscribir una unidad. Mire que somos buena gente los de Aragón que no queremos implantar la policía autonómica de la noche a la mañana, sino de una manera transitoria, de una manera suave, mediante un convenio. Ni siquiera a eso responden ustedes. En materia de infraestructuras, han hecho ustedes unos presupuestos generales del Estado, y la comunidad autónoma no ha sido ni oída ni escuchada ni se le ha preguntado. Y se ha incumplido la disposición adicional sexta de nuestro Estatuto.


Y mire, yo creo que no es bueno que incumplamos una norma tan importante y que tanto nos costó sacar, como es el Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, señora ministra, yo lo que creo es que ahora que tenemos algunos conflictos, como es el caso de la autovía Teruel a Cuenca -que, como usted sabe, nos está costando mucho porque han surgido problemas por no haber colaboración, por no haberlo tratado en esta comisión mixta-, y otros muchos problemas que hay pendientes...


El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando, por favor.


El señor MUR BERNAD: ..., le sugiero que convoque usted, a la mayor brevedad, esta comisión para avanzar lo que no se ha avanzado en este año.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra, la señora ministra de Administraciones Públicas.


La señora MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, como usted ha dicho, los grupos de trabajo han venido funcionando para profundizar en la cooperación entre las dos administraciones, y se han logrado avances

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en materias de interés para la Comunidad Autónoma de Aragón, por ejemplo, en materia de agua, donde, como usted sabe, se han firmado importantes convenios de colaboración. Pero vamos a impulsar las negociaciones para acometer nuevas transferencias de funciones y servicios en profesores de religión, en formación continua, en sanidad penitenciaria, en instalaciones radiactivas y en medio ambiente. Y también se ha reunido ya, el pasado 15 de octubre, el grupo de trabajo de infraestructuras para mejorar las comunicaciones y la vertebración del territorio de Aragón y para paliar problemas de seguridad vial. El día 12 de noviembre se constituyó un nuevo grupo de trabajo de asuntos europeos y de acción exterior.


Pero, respondiendo a su pregunta concreta, le diré que la próxima Comisión Bilateral de Cooperación está convocada para el día 8 de enero. Espero que en esa Comisión Bilateral de Cooperación podamos conseguir los objetivos que usted plantea.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE D. ANTONIO ALARCÓ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES LOS CABILDOS, DIPUTACIONES Y CONSEJOS INSULARES HAN QUEDADO FUERA DEL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL (Número de expediente 680/000217).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Alarcó.


Tiene la palabra, señoría.


El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señora ministra. Yo estoy seguro de que usted en la contestación nunca descalificaría globalmente al grupo mayoritario de la oposición. Y estoy convencido, porque la conozco, de que yo a usted le puedo dar la espalda y nunca me pasaría nada, además, nunca lo haría porque es de mala educación. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

La pregunta es sobre los motivos por los cuales los cabildos, diputaciones y consejos insulares se han quedado fuera del Fondo Estatal de Inversión Local.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la ministra de Administraciones Públicas.


La señora MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Salgado Méndez): Gracias, señor presidente.


Señoría, la disposición de este Senado es la que usted conoce y, por tanto, habitualmente los ministros estamos sentados delante de los senadores, así que le ruego que me disculpe, porque para que me entienda toda la Cámara tengo que darle la espalda.


En relación con su pregunta le diré que, como vicepresidente del Cabildo de Tenerife, usted sabe perfectamente que no solo no se han dejado fuera los cabildos sino que, además, son parte fundamental en la gestión de este Fondo Estatal de Inversión Local, como recoge la disposición adicional cuarta del real decreto ley. Algunas diputaciones, cabildos y consejos han entendido perfectamente la importancia de su papel y están contribuyendo de manera extraordinaria a la finalidad que persigue este decreto ley.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


Tiene la palabra, señoría.


El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Gracias.


Precisamente por conocer el tema desde el cabildo, y tratándose de una iniciativa eminentemente dirigida a paliar el desempleo en el territorio nacional, no se entiende cómo se omite, deliberadamente o no, el criterio de nivel de desempleo -que por cierto ronda ya el 13 por ciento, con la dramática cifra de casi 3 millones de parados en toda España- y se opta por el nivel poblacional, que sin lugar a dudas sería uno de los factores, pero no el más importante, para repartir los fondos de inversión local. No se entiende, como decía, que un criterio como el paro no sea el fundamental para arbitrar la distribución del Fondo Estatal de Inversión Local, como recoge el Real Decreto Ley 9/2008, que está destinado a financiar actuaciones urgentes generadoras de empleo. Esto se traduce en un lamentable ejercicio de desigualdades que va en detrimento de la ciudadanía a la que el real decreto ley pretendía ayudar.


Con este criterio habrá ayuntamientos que ni tan siquiera sumándose al hecho del escaso margen de tiempo que poseen para ello puedan presentar proyectos que se acojan al Fondo Estatal de Inversión Local. Canarias, por ejemplo, empleando el criterio del nivel de desempleo, recibiría casi 200 millones de euros más sobre los 359 que tiene asignados. La desproporcionalidad, a la luz del objeto para el que ha sido proyectado este fondo, se manifiesta plausible. La ayuda, aunque oportuna, no responde a las necesidades de los ayuntamientos que demandan estabilidad financiera a largo plazo. Parece ir enfocada a paliar de manera mínimamente parcial el gravísimo problema del desempleo. Consideramos errónea, además, la exclusión de los órganos de coordinación municipal por excelencia, tales como los cabildos insulares, diputaciones y consejos insulares, de los fondos estatales de inversión local. Estas entidades, como bien saben, vienen desempeñando labores de cooperación municipal que son de gran utilidad en estos momentos en los que la prioridad es la generación de proyectos de creación de empleo con vistas a abril del 2009, como recoge el real decreto. Es un gran error no aprovechar las interesantes sinergias que entre administraciones locales, supramunicipales y estatales se podrían haber generado. Por tanto, limitar el papel de estas entidades a lo que su delegada del Gobierno en Canarias expuso -colaborar con la asistencia técnica que se precisa- es

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mutilar aún más la utilidad de este fondo estatal. Tendría que haber ejercido un papel más importante y decisivo en su gestión.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.


El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Termino enseguida.


Créame que concluyo mi intervención con una incertidumbre añadida al pensar que ustedes y solo ustedes -el Gobierno socialista- permiten que haya cuarenta y dos ayuntamientos gobernados por ANV que accedan a estos recursos en una cuantía aproximada de 23 millones de euros en el reparto de dicho fondo. Nos estremece el hecho de pensar que aquellos que no condenan la muerte de sus conciudadanos y son ETA según la sentencia del Tribunal Supremo, ahora sean los encargados de elaborar proyectos para la mejora de su inserción laboral. Esto, y no la orden ministerial -y estoy seguro de que coincidirán conmigo muchas señorías-, parece sacado de una de las novelas de Franz Kafka.


Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la ministra de las Administraciones Públicas.


La señora MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Salgado Méndez): Muchas gracias, señoría.


Le aseguro que hemos valorado criterios distintos del de la población, y en todas las simulaciones ese criterio era el más justo y el más equitativo con carácter general, porque no siempre las personas están registradas en las listas del paro en el municipio donde finalmente pueden trabajar. Eso sucede, por supuesto, en los cinturones de las grandes ciudades, pero ocurre también en muchas pequeñas poblaciones de España.


A mí me extrañan las reticencias de los senadores, de los diputados y de los representantes del Partido Popular, porque el alcalde de Fuensalida, del Partido Popular, por ponerles un ejemplo -por cierto, el primer peticionario del fondo-, lo resumía coloquialmente -así lo dijo y así se ha publicado en los medios de comunicación- con la siguiente frase: Los alcaldes están que dan palmas con las orejas. Es una medida excepcional en una situación excepcional destinada a crear empleo de la forma más directa posible y con una gestión lo más ágil posible. Por tanto, creo que hemos situado a diputaciones y cabildos en esa tarea de asistencia técnica y de asesoría que es la que más van a agradecer todos los ayuntamientos.


En cuanto a los ayuntamientos gobernados por ANV, ya ha quedado de manifiesto la voluntad del Gobierno de que no haya ayuntamientos gobernados por ANV; mientras tanto, le diré que este fondo está dedicado a los ciudadanos y que el Ministerio de Administraciones Públicas va a estar extraordinariamente vigilante para que se cumplan todos los requisitos del fondo, que, por cierto, son muy estrictos.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE D. ARTURO BAGUR MERCADAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA VALORACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LOS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN MEDIANTE LA FIGURA DE LAS ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (ARI), PARTICULARMENTE EN EL CASO DE LA ISLA DE MENORCA (ILLES BALEARS) (Número de expediente 680/000183).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Bagur.


Tiene la palabra, senador Bagur.


El señor BAGUR MERCADAL: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, no diré nada nuevo si afirmo que en la actualidad el sector de la construcción está pasando por serias dificultades, por lo que es extremadamente importante impulsar la rehabilitación de las viviendas de segunda mano tradicionales. Esta actuación genera incentivos económicos para los propietarios y propicia la calidad de las instalaciones en edificios que por su antigüedad precisan de una actuación para mejorar su salubridad y confort. Asimismo, al margen de la rehabilitación prioritaria, que es la de las viviendas, en ocasiones las ciudades precisan actuar para rehabilitar determinados edificios que, por su especial labor arquitectónico-histórica y dentro de las disponibilidades presupuestarias, merecen tal actuación.


Uno de los instrumentos más relevantes dentro de la política de rehabilitación del Gobierno es la figura del Área de Rehabilitación Integral, conocida como ARI, declarada como tal por las comunidades autónomas a instancias de los ayuntamientos e impulsadas en algunos casos por administraciones supramunicipales, siempre sin suplantar a los ayuntamientos.


Estas actuaciones suponen una inyección de recursos económicos en forma de ayuda directa, tanto a particulares como a la Administración local, provenientes del Ministerio de Vivienda y de las comunidades autónomas.
Igualmente, suponen la colaboración económica de los ayuntamientos al hacer exención de tasas e impuestos, por lo que las citadas declaraciones de ARI y centros históricos están siendo instrumentos de dinamización de las ciudades, sobre todo en sus núcleos más tradicionales y deprimidos.
En el caso de Menorca, además, el conseil insular dispone de un equipo técnico de apoyo para la difusión y tramitación de las citadas ayudas.


Por eso pregunto a la señora ministra cuál es su valoración y, sobre todo, cuáles son las perspectivas de futuro que hace el ministerio sobre los proyectos de rehabilitación mediante las figuras de rehabilitación en general y, en particular, en el caso de Menorca.


Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora Ministra de Vivienda.


La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Corredor Sierra): Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.


Efectivamente, el sector de la construcción residencial está atravesando un momento muy difícil que no solamente tiene consecuencias en la economía en general y para las empresas en particular, sino, sobre todo, para las familias y para los ciudadanos, especialmente para los más vulnerables.


También somos conscientes de que no solo demandan una vivienda los ciudadanos que no la tienen, sino que también los que la tienen demandan una vivienda de calidad en un entorno y en una ciudad habitable y sostenible; es decir, quieren ir más allá del derecho a la vivienda para tener un derecho a la ciudad. Por eso, la sostenibilidad en el uso del territorio exige que se movilice el parque residencial existente, como usted decía, la renovación del tejido urbano degradado y la rehabilitación de lo ya construido. De esa forma, la actuación de rehabilitación es una potente herramienta de regeneración del territorio, pero además es que es intensiva en mano de obra, con lo que tiene una incidencia muy importante en la absorción del desempleo y en los materiales de construcción, con lo cual genera actividad económica y redistribución de riqueza.


Por eso, uno de los pilares tradicionales de la actuación del Ministerio de Vivienda ha sido la política de rehabilitación. Así lo venía siendo en el plan estatal 2005-2008, con importantes ayudas a través de distintas figuras, una de ellas las áreas de rehabilitación integral a las que usted se ha referido y que, además, son las que actúan en tejidos urbanos, zonas o barrios susceptibles de degradación física social o ambiental, así declarados por la comunidad autónoma correspondiente.


Así va a seguir siendo en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, aprobado el viernes en el Consejo de Ministros, que aumenta las ayudas en este tipo de áreas y, además, amplía su ámbito de actuación no solamente a centros históricos y barrios degradados, sino además a los núcleos rurales que, por primera vez, van a estar incluidos con áreas especialmente destinadas a los municipios de menos de 5.000 habitantes.
Se refuerzan las ayudas y, además, se introducen ayudas a las comunidades de propietarios y a cada uno de los propietarios de las viviendas, con lo cual queremos actuar de forma amplia y conjunta en todo el parque existente. En concreto, se van a acometer en el nuevo plan 470.000 actuaciones de rehabilitación, no solo para mejorar la habitabilidad de las viviendas sino sobre todo su eficiencia energética, la sensibilidad y la adaptación a las personas con discapacidad.


El fomento de la rehabilitación es especialmente importante en territorios como Menorca por sus circunstancias físicas, geográficas y económicas.
Desde 1991 se han venido realizando diferentes actuaciones en este ámbito, las más importantes de las cuales se firmaron el pasado 8 de agosto en la Comisión Bilateral de seguimiento del Plan, celebrada con el Gobierno balear. Allí se pactaron actuaciones en Alaior, Ciudadela, El Castell, Mercadal, Mahón y San Luís, afectando a casi 200 viviendas, y con una inversión de 1 millón de euros por parte del ministerio, que es el 50 por ciento de lo que se venía aportando hasta ese momento en Menorca, que es importante en el ratio de inversión por habitante.


Asimismo, quiero destacar el alto grado de ejecución de todos los convenios que en materia de colaboración se han firmado con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Por tanto, y como queda patente en los dos fondos de inversión estatal recientemente aprobados, la rehabilitación, en sentido amplio y en sentido estricto, en el ámbito de la vivienda y de los núcleos urbanos va a seguir siendo una política prioritaria. Se va a seguir invirtiendo en Menorca, por supuesto también en Baleares y en el resto de España, porque creemos que, aparte de disfrutar de una vivienda, los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor Bagur.


El señor BAGUR MERCADAL: Gracias, señor presidente.


Gracias, señora ministra.


Entiendo, por su contestación, que se seguirán impulsando los convenios entre comunidades autónomas y el Gobierno central. Espero que entre todas las administraciones, sobre todo la municipal, sean capaces de intensificar las colaboraciones que permitan una rehabilitación de los centros históricos de las ciudades, porque esto da un tejido y una calidad de vida de nueva dimensión y, sobre todo, nos proporciona a los que hemos sido alcaldes la satisfacción de ver cómo las ciudades prosperan y todos los ciudadanos tienen acceso a la vivienda.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE D. ANSELMO FRANCISCO PESTANA PADRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO EN MATERIA DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (Número de expediente 680/000212).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Pestana.


Su señoría tiene la palabra.


El señor PESTANA PADRÓN: Gracias, señor presidente.


Bienvenida, señora ministra.


La pregunta que formulo, relativa a cuáles son las previsiones de inversión del Ministerio de Vivienda en la Comunidad Autónoma de Canarias, viene motivada por las últimas reuniones bilaterales Gobierno de Canarias-Gobierno de España que en esta materia se han llevado a cabo, especialmente a partir del pasado verano.


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Señorías, Canarias, como realidad archipelágica y ultraperiférica, precisa de la atención especial del Gobierno de España por su propia fragmentación territorial, por su lejanía y, en definitiva por los sobrecostes que las actuaciones en materia de edificación y urbanización suponen. Por ello, siendo consciente de esa realidad, quiero expresar mi satisfacción por los importantes compromisos que se han hecho públicos por su ministerio y de los que espero informe en este Pleno.


Señora ministra, permítame hablarle, en particular, de los compromisos adquiridos por su ministerio con la isla a la que tengo el honor de representar en esta Cámara, La Palma , y con la ciudad en la que resido, Santa Cruz de La Palma, en concreto, con los vecinos de los barrios de Timibúcar y Mírca, inquilinos de cuarenta y dos viviendas, más bien infraviviendas, que se encuentran en pésimo estado. En su visita a la isla con ocasión de la inauguración del teatro Circo de Marte, tuvo ocasión de comprobarlo, comprometiéndose a dar prioridad a la inversión prevista para las áreas de renovación urbana entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias; un compromiso, además, cumplido, por eso nuestra satisfacción, pues creo que los próximos días se procederá a la firma del correspondiente convenio, que permitirá una inversión inmediata de unos 4 millones de euros, el acceso a una vivienda digna a cuarenta y dos familias, como decía antes, y la creación de empleo, además en un momento difícil para la economía de la isla de La Palma, pero, sobre todo, se hace justicia con esos vecinos.


Solo me queda recordar, señoría, que esa iniciativa se inició en el año 2003 por el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, y contó con el voto en contra de Coalición Canaria y del Partido Popular, por entonces, como ahora, cogobernantes en el Gobierno de Canarias, pero con otro Gobierno de España, y esa es la gran diferencia, señorías.


Fue a partir de 2005 cuando, contrariamente a ese acuerdo negativo, el Grupo Parlamentario Socialista, que también gobernaba en ese momento en el ayuntamiento, inició los trámites que permitirán en los próximos años esa inversión en la que no creyeron, por la que no trabajaron, con la que no se comprometieron con los ciudadanos de Santa Cruz de La Palma ni Coalición Canaria ni el Partido Popular. Por ello, por su labor de coordinación con el Gobierno de Canarias y las entidades locales, por el compromiso real de ese ministerio con nuestra tierra, y en particular con la isla a la que represento en este Senado, por la sensibilidad manifestada con hechos que permitirán en los próximos años hacer de la nuestra una sociedad más justa y solidaria, permítame transmitirle el agradecimiento del Grupo Territorial «Socialistas Canarios» en el Senado, que es allí mayoritario.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra de Vivienda.


La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Corredor Sierra): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.


Efectivamente, como acabo de decir, el objetivo del Gobierno de España es facilitar a los que lo necesitan una vivienda digna, pero también adecuada, sobre todo en un contexto como el actual. Hemos intentado, y conseguido, que la principal herramienta de que dispone el ministerio, que es el Plan de Vivienda, se haga realidad y sea un instrumento más de la política anticíclica con la intención, además, de generar inversión pública, crear empleo, distribuir riqueza y contribuir a la creación de ciudades más humanas y habitables.


Efectivamente, el esfuerzo que se ha hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias ha sido especial, no solo por ser una región ultraperiférica de la Unión Europea, sino porque en el período anterior a 2004 había sido bastante poco atendida. Por esta razón hemos reforzado de forma muy decidida los recursos y los esfuerzos necesarios, de lo que pueden dar fe más de 24.000 familias canarias que se han beneficiado del plan estatal 2005-2008, o 30.000 familias si tenemos en cuenta el plan de choque 2004.


Me pregunta por las previsiones de inversión, y quisiera dar cuenta de la reunión bilateral celebrada el 19 de septiembre entre el Gobierno canario y el Ministerio de Vivienda, en la que se acordó una inversión de 28 millones de euros en siete años para la rehabilitación y renovación de varios barrios, entre los que se encuentran Cuesta de Piedra y Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife; el grupo de viviendas General Moscardó, en Icod de los Vinos; Tamaraceite, en Las Palmas de Gran Canaria; y Francisco Javier Centurión, en San Cristóbal de la Laguna, junto con los barrios de Mícar y Timibúcar, que conozco, en Santa Cruz de La Palma. Estos últimos, junto con Cuesta de Piedra, son los que decidimos que fueran prioritarios para el primer ejercicio. Con respecto a Cuesta de Piedra quisiera anunciarle que el ministerio va a financiar el 50 por ciento de la renovación, puesto que consideramos que si no sería un agravio comparativo para con los vecinos de la primera fase.


El convenio al que usted se ha referido se firma mañana en el ministerio con la Comunidad Autónoma de Canarias. Además, se van a destinar casi 3 millones de euros para la rehabilitación de 600 viviendas en el barrio de Escaleritas, en las Palmas de Gran Canaria; la Verdellada, en San Cristóbal de la Laguna; San Sebastián de la Gomera y el área de rehabilitación del casco histórico-artístico de Vegueta-Triana y Las Palmas de Gran Canaria, además del área de urbanización prioritaria de Tacoronte. Todo esto sin olvidar las actuaciones en curso del plan estatal vigente, que afecta a 5.600 viviendas y moviliza otros 20 millones de euros.


Además SEPES, junto con el Cabildo de Gran Canaria, va a promover la construcción de 1.000 viviendas al año a través de la urbanización del suelo necesario, y se van a invertir 200 millones de euros, también a través de SEPES, en la creación del parque aeroportuario de Gran Canaria, generando 6.000 empleos y un importante pueblo

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logístico e industrial. Y, por supuesto, en el ámbito de rehabilitación no puedo dejar de mencionar el patrimonio cultural y artístico de las islas, que tengo el honor de conocer, puesto que tuve la oportunidad de asistir a la inauguración tanto del teatro Circo de Marte como del teatro Leal de La Laguna.


Vamos a seguir invirtiendo decididamente en Canarias y en el nuevo plan y facilitando el acceso a la vivienda, así como la mejora del patrimonio también para los canarios.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE D. LUIS MIGUEL SALVADOR GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS OBJETIVOS QUE ESTABLECE EL GOBIERNO ACERCA DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA UNIVERSIDAD 2015 (Número de expediente 680/000202).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Salvador.


Tiene su señoría la palabra.


El señor SALVADOR GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, estamos en una época clara de cambios en nuestra sociedad, unos por necesidad y otros por oportunidad, y a ambos su Gobierno da la respuesta de impulsar un nuevo patrón de crecimiento.


El uso trasversal de la tecnología, la sociedad global comunicándose y trabajando en red y el conocimiento compartido son tres de las principales características de esta época; cambios que refleja su Gobierno en la inclusión de la universidad en su Ministerio de Ciencia e Innovación; una universidad que cuide de las humanidades y que se muestre sensible para cultivar los mejores valores en nuestros jóvenes, pero que apueste por ser líder en el mundo y por que ese enorme capital de conocimiento y capacidad de investigación de la universidad revierta también en nuestra sociedad en forma de riqueza, empleo y bienestar; una universidad mejor financiada y capaz de dar verdaderas oportunidades laborales a los trabajadores, y no solo oportunidades en España, sino en Europa y en el mundo. Nuestro modelo productivo necesita de esa creatividad ingente que es y debe seguir siendo nuestra universidad, una universidad para una sociedad en red, apoyada en las enormes posibilidades que hoy nos muestran las TIC. Debe adaptarse también a los tiempos y realizar los cambios oportunos para seguir siendo el faro que guíe a nuestra sociedad en la búsqueda de su progreso y de su bienestar.


Por eso, señora ministra, quiero preguntarle sobre los objetivos que establece el Gobierno acerca del desarrollo de la Estrategia Universidad 2015.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la ministra de Ciencia e Innovación.


La señora MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN (Garmendia Mendizábal): Gracias, presidente.


Señoría, la Estrategia Universidad 2015 es una iniciativa del Gobierno de España que persigue la transformación y modernización del sistema universitario español mediante la promoción de la excelencia en formación e investigación, la internacionalización del sistema universitario y su conexión con la sociedad. Nuestro compromiso es contribuir a que la universidad española pueda responder mejor a los retos, las demandas y las necesidades de la sociedad del siglo XXI. La estrategia aspira a posicionar a nuestras mejores universidades entre las mejores de Europa, garantizando al mismo tiempo que el sistema universitario avance en su calidad y en su proyección internacional. Para lograr este objetivo y ayudar a cada universidad a consolidar sus fortalezas y trabajar en sus singularidades tenemos que promover también la eliminación de barreras y debilidades que caracterizan actualmente al sistema universitario español.


Más concretamente, los principales objetivos de esta Estrategia Universidad 2015 son los siguientes. En primer lugar, desarrollar plenamente la formación universitaria, incluida la formación en valores, atendiendo a los criterios de calidad y adecuación social en el contexto del marco europeo y de la nueva sociedad del conocimiento. En segundo lugar, buscamos incrementar la capacidad investigadora de nuestras universidades, incluidas su difusión y transferencia a la sociedad.
Igualmente, potenciaremos el papel de las universidades como espacios para la reflexión y el conocimiento humanístico, la creación artística y otras expresiones culturales. Incrementaremos la visibilidad y proyección internacional de las universidades y la movilidad de los colectivos que la conforman. Además, trabajaremos para establecer un marco de financiación para nuestras universidades que sea estable, compartido y sostenible y que incentive la mejora continua del sistema universitario.


En paralelo, continuaremos impulsando una política de becas y ayudas que garantice el acceso y permanencia en la educación superior de los estudiantes, independientemente de su situación socioeconómica. Además, se facilitarán los medios necesarios para mejorar la carrera profesional y el reconocimiento social del personal universitario. Finalmente, se dotará de más autonomía al sistema universitario, dejando a su criterio la especialización y planteamiento estratégico, pero asegurando al mismo tiempo mecanismos adecuados para la gobernanza y la rendición de cuentas.


Señoría, la Estrategia Universidad 2015 es una iniciativa del Ministerio de Ciencia e Innovación que busca en su debate la mejora, adecuación y apropiación por parte de la comunidad universitaria y de la sociedad española. Con este fin, hemos desarrollado mecanismos de coordinación y participación con las propias universidades y con las comunidades autónomas. Además, el pasado mes de octu-

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bre inicié, junto al secretario de Estado de Universidades, una serie de reuniones con las juntas de gobierno de las diferentes universidades españolas para explicar y debatir con profesores, estudiantes y personal de administración y servicios estas propuestas y facilitar de esta manera que el futuro de la universidad española se construya desde el mayor consenso posible.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE D.ª ROSA NURIA ALEIXANDRE I CERAROLS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LA OPINIÓN DEL GOBIERNO RESPECTO A LAS PROPUESTAS DE REFERÉNDUM PLANTEADAS POR LOS RESPONSABLES UNIVERSITARIOS DE ALGUNAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS TITULACIONES AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES), CONOCIDO COMO PROCESO DE BOLONIA (Número de expediente 680/000211).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Aleixandre.


Tiene la palabra, señoría.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.


Bienvenida, señora ministra.


Señora ministra, desde siempre Convergència i Unió ha apostado por las universidades, y en este caso las catalanas, para que se encuentre en el marco europeo el horizonte de desarrollo y cooperación que les permita una hoy indispensable internacionalización de nuestro sistema universitario. Prueba de ello fue la vigente Ley de Universidades de Cataluña, impulsada por nuestra coalición. CiU considera que el Espacio Europeo de Educación Superior es una oportunidad para los 47 países implicados para poner en marcha dos innovaciones concretas: favorecer la movilidad de los estudiantes y profesores dentro del espacio europeo y, por tanto, la cooperación internacional, de la que usted hablaba hace un momento, e innovar metodológicamente la educación universitaria para garantizar una mayor calidad docente y un mayor éxito académico tanto en la vida académica como en la profesional de estos estudiantes, objetivos que usted comparte, a juzgar por sus últimas palabras.


Sin embargo, hace tiempo que pedimos al ministerio -dos años en el caso de esta senadora- y ahora se lo exigimos, que presente acciones concretas.
Decíamos -y usted puede comprobarlo a través de las actas- que algo no estaba funcionando, que algo se estaba haciendo mal, que la información que llegaba a las universidades era preocupante, y que debido a ello el malestar dentro de la universidad era creciente. No se tomaban las decisiones que habían de tomarse ni en tiempo ni en forma.


Por desgracia teníamos razón, y a pesar de sus declaraciones hoy mismo en esta Cámara, esta misma semana asistimos a innumerables manifestaciones y ocupaciones en recintos universitarios en distintos puntos de nuestro territorio, especialmente en Cataluña, contra la adaptación de las universidades españolas al Espacio Europeo de Educación Superior, el llamado Proceso de Bolonia, manifestaciones y encierros que hoy por hoy no cejan. Pero algo que nos preocupa mucho más son las declaraciones de algunos miembros del Gobierno de una comunidad autónoma con responsabilidades en política universitaria sobre la realización de referendos vinculantes, que es lo que piden los estudiantes, para la adaptación de las titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior.


Por ello preguntamos al Gobierno, en este caso a usted, señora ministra: ante el descontento manifestado por la adecuación de las titulaciones al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior y la petición de estos referendos vinculantes, ¿tiene el Gobierno previsto realizar algún cambio en función de los resultados de estas consultas?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra de Ciencia e Innovación.


La señora MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN (Garmendia Mendizábal): Gracias, presidente.


Señoría, yo solamente puedo responsabilizarme de las declaraciones que hacen los altos cargos del ministerio o yo misma, y no me parece conveniente plasmar ni incluso reflexionar sobre valoraciones que hacen responsables de otras administraciones públicas.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Tiene la palabra la senadora Aleixandre.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias.


Señora ministra, yo no le pedía que se responsabilizase de las palabras que han dicho otras personas de otras administraciones. Lo que preguntaba es, frente a estas peticiones y a la cesión que por lo visto han hecho algunas de estas personas, qué harían ustedes delante de estos referendos. Lamentamos que hasta ahora el ministerio no haya hecho hasta ahora una apuesta clara por modelos flexibles europeos. Lamentamos que todavía no haya aclarado atribuciones profesionales de algunos de los nuevos títulos, lo cual supone más sectores en pie de guerra. Lamentamos que no haya prevista una financiación imprescindible para becas a pesar de lo que está diciendo usted ahora. Precisamente esto hace que las declaraciones, que se están tergiversando a través de los universitarios, le sean favorables. Exigimos una definición rápida de todos estos factores.


Señora ministra, usted conoce perfectamente lo que hay que hacer. En su equipo ha colocado usted personas con una amplia experiencia universitaria. Hágalo, y hágalo pronto, y si no puede, explíquelo. Todos queremos dotar a este país de una universidad que no solo se merece sino

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que necesita como nunca. Estamos a su lado, pero el retraso en la toma de decisiones, además de negativo, excita muchos más ánimos de los que debería calmar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN (Garmendia Mendizábal): Señoría, me temo que aquí estamos mezclando de nuevo conceptos que nada tienen que ver con la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, pero le diré que la implicación de España y del Gobierno de España en la construcción de dicho espacio europeo es un compromiso que está plasmado, ni más ni menos, que en una ley orgánica y cuya implementación se encuentra en un estado avanzado y desde luego irreversible. Pero aunque no fuera así, seguiríamos adelante, porque estamos convencidos de que este proceso, como usted acaba de decir, constituye una gran oportunidad, quizá la mejor de su historia, para que la universidad española; y particularmente la universidad pública, avance y alcance mayores cotas de calidad docente y mejore la movilidad internacional de sus estudiantes.


Nuestra política en este sentido es clara, y hoy volveré a explicarla en la interpelación que hace al Gobierno el senador Abejón, y lo haré cuantas veces me sea requerido. A día de hoy, 33 universidades españolas cuentan con títulos de grado, hasta 163, adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior, y la oferta de plazas para estas titulaciones asciende a 8.713. Adicionalmente, estimamos que más de 45.000 estudiantes están ahora mismo realizando en este curso estudios europeos de doctorado y de máster en nuestras universidades, y estimamos que en el próximo curso esta oferta será absolutamente extensiva prácticamente a todas las universidades españolas. Considerando, además, la mayor demanda de matriculación en estas nuevas titulaciones frente a las que todavía no están adaptadas, podemos deducir que la valoración mayoritaria de los estudiantes es fundamentalmente positiva sobre la nueva ordenación académica.


Pero, lejos de conformarnos con esta información, estamos dispuestos a mejorar; queremos conocer y resolver los posibles desajustes que sin duda se producirán en un proceso tan complejo y ambicioso como el que estamos viviendo ahora. Y estamos muy atentos a las sugerencias que nos llegan de los colectivos que componen la universidad: estudiantes, profesores y el personal de administración y servicios, a través de sus representantes electos.


Adicionalmente, habilitaremos nuevos canales de participación y diálogo, como con la creación del consejo del estudiante universitario. En paralelo, vamos a mejorar la comunicación dirigida a los futuros estudiantes y a sus familias para despejar dudas y desterrar presunciones erróneas, por lo que no debemos olvidar que el futuro de la universidad es un asunto que incumbe a toda la sociedad y no solamente a los que actualmente son usuarios.


Espero que, ante un desafío tan importante como es la construcción de la Europa del conocimiento, podamos contar con la colaboración y participación de todos los grupos políticos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE D.ª ENCARNACIÓN NAHARRO DE MORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS RAZONES DEL RETRASO EN LA PUBLICACIÓN DE LA NORMATIVA ESPAÑOLA QUE REGULA LA APLICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN COMÚN DE MERCADO (OCM) DEL VINO EN NUESTRO PAÍS, QUE ESTÁ CREANDO TANTAS PÉRDIDAS AL SECTOR (Número de expediente 680/000219).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Naharro.


Tiene la palabra su señoría.


La señora NAHARRO DE MORA: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, hace exactamente tres meses, y en este mismo salón de Plenos, tuve la oportunidad de preguntarle qué medidas iba a tomar el Gobierno ante la gravedad, de la situación que atravesaba el sector vitivinícola; gravedad, porque no conocía las reglas del juego sobre la aplicación de la nueva OCM en España.


Entonces, señora ministra, no me contestó, pero hoy sé la respuesta: ninguna. No han hecho nada desde entonces, y la situación sigue igual o peor. Hoy espero que me conteste sobre cuáles son las razones del retraso en la publicación de la normativa española y si usted considera que es justo que el sector siga esperando, que continúe con la confusión en la que actualmente se encuentra.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO: (Espinosa Mangana): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, supongo que usted hace referencia a la normativa vinculada a la OCM del vino. En este sentido, quiero decirle que se está aplicando en nuestro país desde el 30 de junio de este mismo año.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


Tiene la palabra su señoría.


La señora NAHARRO DE MORA: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, a ustedes todo les da igual. Desde agosto los viticultores se encuentran ante una inseguridad jurídica sin precedentes.
No saben cómo se va a aplicar la

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legislación. Solo tenemos una ficha financiera, la que ustedes mandaron a Bruselas, y ya tres borradores de real decreto sobre la aplicación de esta OCM; tres borradores, que se dice pronto.


A esto podemos añadir una promesa, la de su ministerio, para dedicar 700 euros por hectárea a la ayuda para el alcohol para uso de boca en Castilla-La Mancha; 700 euros por hectárea para 176.000 hectáreas. Pero señora ministra, los agricultores están hartos de promesas. No quieren promesas incumplidas, sino que esto se plasme en el Boletín Oficial del Estado y saber a qué atenerse. Por tanto, le pido que en esta sede parlamentaria me diga si ese compromiso es firme, si lo van a cumplir; si va a haber 700 euros por hectárea para esas 176.000 hectáreas.


En esta campaña la producción ha sido bastante inferior a la pasada y los precios de la uva en origen han sido mucho más bajos que en la pasada, con las consiguientes repercusiones negativas. Los viticultores necesitan ayuda, y a la mala gestión del ministerio se une la falta de normativa, lo que ha producido una parálisis absoluta en el sector. Los viticultores están totalmente desprotegidos, y muchos han vendido su uva a elaboradores privados y dependen de su buena voluntad para poder cobrar las ayudas directas que les corresponden.


No sé qué piensa, pero le insto a que hoy, y en esta sede parlamentaria, me diga cuáles son las causas de esa situación. Le pido que por una vez me conteste, aunque solo sea hoy. Dígame cuáles han sido las causas de ese retraso y para cuándo esperan que se publique ese real decreto.


Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO: (Espinosa Mangana): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, sepa que inseguridad, ninguna. Estamos hablando, y usted misma lo ha dicho, de tres borradores. Eso significa que se negocia con el sector, que se atienden a sus reivindicaciones y que vamos planteando la solución en función de las demandas que nos propone.


Tiene que entender además que, afortunadamente, en nuestro país el sector vitivinícola es muy rico, y no solamente hablamos de vinos sino de otros productos derivados de la uva, como pueden ser el mosto o los productos destilados.


Me gustaría decirle de dónde partimos. Le recuerdo que el acuerdo político sobre la OCM del vino alcanzado el 19 de diciembre de 2007 fue publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas el 6 de junio del presente año. Por otra parte, el Reglamento 555/2008, de 27 de junio, también de la Comisión Europea, que se publicó el 30 de junio, establece las normas de desarrollo de la citada OCM.


El retraso en la adopción de los reglamentos comunitarios que recogían la reforma impidió, lógicamente, que se terminaran a nivel nacional los trabajos necesarios para la elaboración de un proyecto de real decreto.
No obstante, mediante reuniones constantes con el sector, mientras la Unión Europea no publicaba su reglamento el ministerio estuvo trabajando en la elaboración del programa de apoyo, que fue presentado en plazo y que tenía un periodo de tres meses para su aprobación definitiva en la comisión. Es lo que usted llama tabla financiera, pero le recuerdo que era algo más.


La normativa nacional para la aplicación de la OCM del vino requiere rango de real decreto, lo que implica su tramitación administrativa, que, como también le he dicho, exige diálogo no solo con el sector sino también con las comunidades autónomas, así como con el sector transformador, incluidos los destiladores.


Actualmente, esa normativa está pendiente del dictamen del Consejo de Estado para su posterior aprobación en Consejo de Ministros. El proyecto de real decreto para la aplicación de las medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola español, que desarrolla la normativa comunitaria, será aprobado inmediatamente dispongamos del informe del Consejo de Estado.


Señoría, ante la inseguridad de la que usted ha hablado, quiero recordarle que el 19 de julio de 2008 publicamos en el Boletín Oficial del Estado un real decreto que establecía la normativa básica en materia de potencial vitivinícola. Además, se difundieron circulares a través del FEGA, acordadas con las comunidades autónomas y el sector, sobre la eliminación de subproductos y la destilación de alcohol para uso de boca, que figuran en la página web del ministerio.


Por tanto, señoría, debe usted reconocer que la normativa es conocida y que, desde luego, queda un tema muy concreto que pronto será una realidad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE D. MANUEL BLASCO MARQUES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA INTENCIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA AUTOVÍA A-40 EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CUENCA Y TERUEL, TRAS LA RESOLUCIÓN NEGATIVA DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO (Número de expediente 680/000220).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Blasco.


Tiene la palabra su señoría.


El señor BLASCO MARQUES: Señora ministra, dada la proximidad entre usted y yo, casi podríamos no utilizar los micrófonos; pero así podrán escucharnos los españoles.


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Quiero preguntarle sobre la intención del Gobierno en relación con la autovía A-40 en el tramo comprendido entre Cuenca y Teruel, tras la resolución negativa de la declaración de impacto ambiental de su ministerio.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Señoría, permítame que no mire hacia usted, porque entonces tendría que dar la espalda al señor presidente y a los demás componentes de la Mesa.


Contestando a su pregunta, he de decirle que es intención del Gobierno, tras la declaración de impacto ambiental desfavorable con relación al tramo comprendido entre Cuenca y Teruel de la A-40, continuar trabajando para la mejora de la conexión entre ambas ciudades con diversas alternativas, como la construcción de un tercer carril en la N-330, la recuperación de parte del trazado de la A-40 entre Libros y Teruel, y la conexión por el norte de la autovía A-23.


Paralelamente a estas alternativas, el Gobierno se compromete a estudiar otras que permitan conectar Teruel con Cuenca, siempre que sean compatibles con la declaración de impacto ambiental.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra su señoría.


El señor BLASCO MARQUES: Gracias, señor presidente.


Es decir, señora ministra, que ustedes acaban de enterrar un proyecto del que yo venía a hablar esta tarde. Esta infraestructura es el tramo de la A-40 entre Cuenca y Teruel, pero es una parte de la carretera Nacional 420, que nace en Córdoba y termina en Tarragona; por tanto, es una gran infraestructura, importante para Castilla-La Mancha, Aragón y la Comunidad Valenciana, pero también para la economía nacional, porque es una alternativa para las mercancías que cruzan toda la península ibérica, desde Andalucía y Extremadura hasta Cataluña, pasando por Aragón, y no colapsando la ya colapsada ciudad de Madrid.


El tramo Cuenca-Teruel, que nos ocupa esta tarde, afecta a tres comunidades autónomas: Castilla-La Mancha, en la provincia de Cuenca, la Comunidad Valenciana, por el Rincón de Ademuz, y Aragón, en la provincia de Teruel. Por ello, las tres comunidades autónomas han elaborado sus informes de impacto ambiental que, no siendo vinculantes, sí son importantes y a tener en cuenta.


Señora ministra, leídos en profundidad los informes, especialmente el de la Comunidad Valenciana, al que ustedes responsabilizan de la declaración negativa, son en principio preocupantes en el año 2003. Pero no han atendido ustedes su redacción en 2007 o 2008, cuando hacen a su ministerio unas recomendaciones interesantes para la protección del medio ambiente con las que el Partido Popular, aunque nos parezcan excesivas, puede estar de acuerdo, y entendemos que son perfectamente asumibles por su ministerio, y también por el de Fomento. Pero en ningún caso obligan a su ministerio, y ni siquiera le recomiendan hacer una declaración negativa de impacto ambiental, como la que concluye la Secretaría de Estado de Cambio Climático, que usted dirige.


Señora ministra, cumpliendo las recomendaciones y prescripciones de las propuestas de las tres comunidades autónomas, la declaración de impacto ambiental podría ser perfectamente positiva. Este es un compromiso de los Gobiernos de Aznar y de Zapatero. Está incluida en el plan específico de Zapatero para Teruel. Está incluida en el PEIT, del que tanto habla la ministra de Fomento. Por tanto, es interesante para toda España. Y la han defendido el Partido Socialista y el Partido Popular.


Por tanto, le pido al Gobierno que reconsidere la declaración de impacto ambiental porque, repito, leídas las declaraciones de impacto ambiental de las tres comunidades autónomas, su departamento no tiene argumento alguno para concluir con una declaración negativa; cumpliendo las prescripciones, la declaración podría ser positiva. Y lo que usted esta tarde aquí, o la ministra de Fomento mañana, en el Congreso de los Diputados, deberán aclarar a las Cámaras es por qué el Partido Socialista ha cambiado ahora de criterio, y lo que antes era un compromiso ahora es un problema. Explique por qué en vez de querer ver la botella medio llena insisten en verla medio vacía. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO (Espinosa Mangana): Gracias.


Señoría, somos conscientes de la importancia de la infraestructura a la que usted ha hecho referencia, y yo siempre veo la botella más que medio llena.


Quiero hacer algunas apreciaciones sobre lo que usted ha dicho respecto de los informes. Le recuerdo que una declaración de impacto ambiental es un trámite reglado y no sujeto a discrecionalidad política alguna. En el caso que nos ocupa, el tramo Cuenca-Teruel de la A-40, en la tramitación realizada se formuló DIA en sentido desfavorable, concluyéndose que dicho proyecto causaría efectos negativos sobre el medio ambiente, y considerándose que las medidas previstas no son garantía suficiente de su completa corrección o su adecuada compensación.


Para dicha resolución, en línea con lo advertido por los diferentes informes emitidos al respecto por los órganos competentes de Castilla-La Mancha y Valencia, la Secretaría de Estado de Cambio Climático ha considerado que se causarían impactos negativos e irreversibles para el medio ambiente. La orografía y las características litológi-

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cas del ámbito limitan de manera importante la capacidad de las medidas correctoras para anular los impactos previstos, por lo que correspondía actuar de acuerdo con lo previsto en la Ley 42/2007 y aplicar el principio de precaución formulando una declaración de impacto negativa.
Léase, por favor, todos los informes; también el de Valencia.


Nosotros queremos seguir trabajando y estudiar otras opciones que, dando satisfacción a las necesidades existentes, eviten los impactos que se producían con el actual proyecto sobre el paisaje, la conectividad ecológica, la vegetación, la flora, la fauna, el Complejo lagunar de Fuentes, los ecosistemas fluviales y los lugares de la Red Natura 2000.
Esta DIA desfavorable hace inviable e incompatible la construcción de ese tramo si aplicamos la legislación vigente.


En cualquier caso, señorías, insisto en la voluntad política de este Gobierno para poner en marcha las alternativas que he citado en mi primera intervención y cualquier otra que conecte Cuenta con Teruel, siempre compatible con el medio ambiente.


Muchas gracias. (Un señor senador: ¡Muy mal!)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señoría.


Gracias, señora ministra.


-- DE D. JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE SI EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO TIENE DATOS DE LOS PLANES INDUSTRIALES DE LAS EMPRESAS SONY ESPAÑA Y NISSAN ESPAÑA PARA PODER REALIZAR DECLARACIONES SOBRE LAS DECISIONES DE CONGELACIÓN SALARIAL Y EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE LAS MISMAS (Número de expediente 680/000209).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Nuet.


El señor NUET I PUJALS: Bona tarda, senyor ministre.


Buenas tardes.


El director de Sony en España ha afirmado recientemente que la compañía apuesta por una congelación salarial que afectaría más o menos a 1.300 trabajadores y trabajadoras, para mantener la plantilla actual. Por otro lado, fuentes del sindicato mayoritario en la empresa, Comisiones Obreras, han replicado que esta medida no asegura que no se lleven a cabo despidos. De hecho, señor ministro, esta misma mañana -por tanto, después de la presentación de esta pregunta- nos hemos desayunado con la propuesta de la empresa de despedir a 275 hombres y mujeres trabajadores con un expediente de regulación de empleo.


Últimamente, empresas como Nissan, con su ERE de 1.680 trabajadores, reconvertido después a uno temporal de 3.350, o Seat, que hoy mismo ha presentado un expediente de regulación de empleo temporal de 5.300 empleos, plantean cada día medidas de estas características. En ambos casos, tanto en el de Sony como en el de Nissan, las propuestas se han realizado sin la presentación de un plan industrial que ponga sobre la mesa la hoja de ruta de estas compañías para mantener un empleo de calidad, basado en una alta cualificación, innovación, investigación y desarrollo; al menos, en pleno proceso de negociación los sindicatos desconocen ese plan industrial.


Por lo tanto, y sin aparente conocimiento de estos planes industriales, sorprenden unas declaraciones del ministro de Industria, Turismo y Comercio calificando el anuncio de Sony como una decisión acertada y en el camino correcto.


Señor ministro, la pregunta que quiero hacerle es la siguiente: ¿Tiene el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio datos sobre los planes industriales a corto, medio y largo plazo de las citadas empresas multinacionales para poder realizar afirmaciones públicas que sean comprensibles con las decisiones de congelación salarial, expedientes de regulación o similares, manifestadas por estas empresas?

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, disculpe que le dé la espalda.


El Gobierno sigue con preocupación la evolución de todos los sectores industriales y, en particular, los casos de Nissan y Sony, a los que se refiere su señoría. Asimismo, mantiene contactos con el sector y también con los agentes sociales con el objetivo de evitar la destrucción de empleo. En este sentido, en el marco del diálogo social estamos trabajando en coordinación con las comunidades autónomas, con Europa, con las entidades locales y, por supuesto, con el sector empresarial.


En estos momentos la estrategia es reforzar los cauces de diálogo y hacer que el sentido común y la ponderación imperen en la toma de decisiones empresariales. En particular, el Gobierno ha dejado bien claro que no se destinarán ayudas públicas a aquellos sectores que apliquen ERE con carácter extintivo, con carácter definitivo, porque el objetivo fundamental es preservar los puestos de trabajo.


Respecto de la declaración a la que ha aludido su señoría, se referie a un día en que se comunicó que Sony estaba dispuesto a no destruir empleo a cambio de la congelación salarial, y este ministro dijo que si eso estaba pactado con los sindicatos nos parecería una opción acertada, ya que el objetivo es mantener el empleo dentro del diálogo social. Por lo tanto, hoy mantengo las declaraciones de ese día.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Señoría, tiene 23 segundos.


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El señor NUET I PUJALS: Señor ministro, hoy podemos comprobar que la empresa utilizaba una táctica negociadora y, según sus declaraciones, me da la impresión de que usted cayó un poco en la trampa de esa táctica negociadora, pues no sé si usted sabía que la empresa iba a anunciar hoy el despido de 275 trabajadores.


La empresa Sony en España no es una empresa en crisis; es una empresa que tiene beneficios. El año pasado dicha empresa ganó 23,4 millones de euros. El problema que tenemos, señor ministro, es que ganó algo menos que el año anterior; por tanto, el debate no es si una empresa tiene beneficios o tiene pérdidas, el problema es que la empresa quiere muchos beneficios, no solo beneficios...


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine.


El señor NUET I PUJALS: ... y ahí está el problema del expediente de regulación de empleo que ha presentado, porque parece ser que ganar casi 30 millones de euros no es suficiente; y dicen que en Eslovaquia van a ganar muchísimo más que en España.


Ante esa situación, señor ministro, lo que pensamos es que, en primer lugar, hay que defender el empleo, y defender el empleo es defender a los hombres y a las mujeres que trabajan en Sony y no a la empresa multinacional, que está actuando de una forma absolutamente...


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.


El señor NUET I PUJALS: Termino.


Señor ministro, debo decir que nosotros estamos pensando en este momento que esta empresa debe aplicarse el convenio provincial del sector del metal...


El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya.


El señor NUET I PUJALS: Termino, señor presidente.


Estamos hablando de sueldos de 1.100 y 1.300 euros; cobrar limpios 800, 900 o 1.000 euros en España, señor ministro, no puede de ninguna forma contribuir a la crisis empresarial.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro de Industria, Turismo y Comercio.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señor presidente.


Nosotros hemos reiterado varias veces -y hoy lo vuelvo a hacer- que no va a haber ayudas públicas a empresas que opten por expedientes extintivos, por expedientes de empleo definitivos, es decir, que opten por la vía de la destrucción de empleo. Eso se lo hemos comunicado a todas las empresas. En el caso de Sony, dijimos que la congelación salarial sería una solución razonable si se cumplían dos requisitos: primero, que estuviera pactada con los sindicatos, y segundo, que no hubiera destrucción de empleo. Sony no ha cumplido con esas condiciones y, por tanto, hoy podemos expresar nuestro rechazo y nuestro disgusto por esa decisión.


Por supuesto, nuestra decisión es para todas las empresas: no va a haber ayudas públicas a aquellas empresas que destruyan empleo.


Usted se ha referido al caso de Nissan, y se ha mostrado sorprendido de que Nissan, que anunció inicialmente un expediente extintivo de 1.600 personas ahora lo haya reconvertido -mágicamente- en un expediente temporal. Pero no ha sido el resultado de que los ejecutivos de Nissan hayan sido inspirados por unas zarzas ardiendo en el desierto; le puedo asegurar que algo ha tenido que ver este Gobierno.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE D. RAMON ALTURO LLOAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LA OPINIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL RECHAZO MANIFESTADO POR LA GENERALITAT DE CATALUÑA Y LOS REPRESENTANTES DEL COMERCIO MINORISTA DEL BORRADOR DEL PROYECTO DE LEY DE COMERCIO (Número de expediente 680/000210).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Alturo.


Tiene la palabra su señoría.


El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, ¿cuál es la opinión del Gobierno sobre el rechazo manifestado por la Generalitat de Catalunya y los representantes del comercio minorista al borrador del proyecto de ley de comercio?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Gracias, señor presidente.


Señoría, en el ejercicio de nuestras responsabilidades normativas actuamos siempre bajo dos premisas que consideramos que son sinónimo de buen gobierno, la primera, el respeto y el acatamiento a las normas y principios que vinculan al Estado en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas; y la segunda, la participación de todos los agentes implicados en la elaboración de unas normas que, una vez aprobadas, han de regular una actividad concreta.


El borrador de la Lorcomin, Ley de Ordenación del Comercio Minorista, no es un caso excepcional. Todas las comunidades autónomas, y también las asociaciones

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representativas del sector, han participado en la elaboración de un texto que ha sido consensuado -por lo menos lo más consensuado posible- y que, a fecha de hoy, se encuentra todavía en fase de deliberación antes de su elevación al Consejo de Ministros; un texto que, por otra parte, hay que recordar que nace de la obligación legal de transponer una directiva de servicios del mercado interior europeo que tiene por objeto eliminar todas las trabas y barreras administrativas injustificadas a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios. Siguiendo los parámetros marcados en dicha directiva, se ha redactado ese texto con un escrupuloso respeto a las competencias constitucional y estatutariamente establecidas en las comunidades autónomas.


Mediente su aprobación, pretendemos también mejorar las condiciones en las que se establece y ejerce el pequeño y el gran comercio en beneficio de comerciantes, de autónomos, pero especialmente en beneficio de los consumidores.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Tiene la palabra su señoría.


El señor ALTURO LLOAN: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, el pasado viernes día 5 usted pretendía llevar al Consejo de Ministros el anteproyecto de la nueva ley del comercio, que debe adaptarse a la Directiva de Servicios de la Unión Europea, sin el consenso de la mayoría de las comunidades autónomas, de los sectores minoristas y de la Confederación Española de Comercio, por poner algunos ejemplos, por lo que la señora vicepresidenta primera de su Gobierno frenó dichas expectativas ante las presiones del sector.


El comercio ha funcionado bien con la Ley de 1996, de Ordenación del Comercio Minorista, ya que contaba con amplios consensos políticos y del sector pues permitía que dentro del concepto comercio de proximidad coexistieran de forma pacífica el pequeño comercio con el mediano y con las grandes superficies. Repito el concepto, señor ministro: comercio de proximidad, que crea ciudad, crea pueblo y crea cohesión social, lo contrario que sacar a la gente de las ciudades, quitar vida en las calles de las ciudades y pueblos; en definitiva, vaciarlos.


El redactado que ahora se plantea suprime el punto 3 del artículo 2, es decir, el reconocimiento a las comunidades autónomas de la potestad de establecer los requisitos en virtud de los cuales se otorgará la calificación de gran establecimiento comercial.


El artículo 6, relativo a la instalación de grandes establecimientos, en su primer punto establece que la apertura de grandes establecimientos comerciales estará sujeta a una licencia comercial específica, cuyo otorgamiento corresponderá a la Administración autonómica, sin perjuicio de que esta pueda también someter a autorización administrativa otros supuestos relacionados con la actividad comercial. Si este redactado fue considerado suficiente en el año 1996 para el establecimiento de la legislación básica en el ejercicio de los títulos competenciales del Estado, el redactado que ahora se plantea supone un posicionamiento político distinto, con el único objetivo de favorecer a las grandes empresas de distribución.


Así pues, en modo alguno se puede considerar que la directiva exija que la determinación del concepto de gran establecimiento comercial corresponda exclusiva e íntegramente a la legislación estatal, y no se puede utilizar la transposición de la directiva de servicios para cambiar, por la puerta de atrás, aspectos de gran calado con la invasión flagrante de competencias de las comunidades autónomas o la implantación de grandes superficies sin licencia específica, lo que supone un proyectil en la línea de flotación del modelo vigente, que ha permitido crear un sector comercial potente.


Señor ministro, y para ser positivos, si usted busca el consenso real con las distintas fuerzas políticas y con los distintos representantes del sector, respetando los diferentes modelos que hasta ahora han funcionado bien, como le decía antes, y por lo que se refiere a Cataluña, el modelo de comercio de proximidad, tendrá a su lado a mi grupo parlamentario y estamos dispuestos a la colaboración.


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.


El señor ALTURO LLOAN: Termino, señor presidente.


De lo contrario, estaremos enfrente.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Gracias, señor presidente.


Su señoría se refiere a unos hechos que recoge un diario digital y que no son correctos. En cualquier caso, no voy a dedicar ni un segundo de mi tiempo a desmentir a un digital que, por lo visto, su señoría lee con mucho afán.


El Gobierno tiene la obligación de trasponer esa directiva y ha elaborado un texto en consenso con el sector, con las comunidades autónomas y con las entidades locales. Lógicamente, nuestro objetivo es alcanzar el máximo consenso posible, y por ello vamos a abrir una nueva ronda de consultas con las comunidades autónomas para profundizar en ese consenso.


Su señoría sabe que ese texto ha sido consensuado con el sector, que es un texto beneficioso para el pequeño comercio, que cumple con las instrucciones de la directiva, y es que hay que eliminar las barreras al establecimiento y el funcionamiento de las grandes y pequeñas superficies de comercio.


Sin embargo, como su señoría nos ha invitado al diálogo, estaremos encantados de volver a sentarnos, una vez más, con todas las comunidades autónomas, con todas las fuerzas políticas y buscar el máximo consenso para un texto que, lógicamente, tendremos que aprobar lo antes posible por imperativo legal europeo.


Muchas gracias, señor presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE D.a MARÍA LUISA CEBALLOS CASAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LAS CRÍTICAS DEL SECTOR DEL COMERCIO AL OBSERVATORIO DE PRECIOS DEL COMERCIO MINORISTA (Número de expediente 680/000218).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Ceballos.


Tiene la palabra su señoría.


La señora CEBALLOS CASAS: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, en el mes de junio, y como primicia de la iniciativa legislativa que ahora comienza, usted dijo que iba a crear el Observatorio de Precios del Comercio Minorista, que se ha puesto en marcha a partir del mes de septiembre. Todo esto -no dudando de las buenas intenciones de su departamento- lo cierto es que ha sido objeto de críticas por parte de varios de los sectores de la distribución comercial en España. Por esto le preguntamos en este momento: ¿cuál es la valoración que realiza de las críticas vertidas por el sector?

Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro de Industria, Turismo y Comercio.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señor presidente. Pido disculpas por darle la espalda, señoría.


El Gobierno y, lógicamente, este ministerio están siempre atentos a las críticas, lo mismo que también valoran los comentarios positivos.
Escuchamos las críticas para evaluar y, en su caso, mejorar el funcionamiento o efectividad de las medidas que ponemos en marcha -y creo que este ministerio lo ha demostrado en otras ocasiones-, es decir, flexibilidad a la hora de reconocer si alguna de las medidas no funciona o no ha tenido los efectos esperados; y también escuchamos las valoraciones positivas, y este es el caso del Observatorio de Precios del Comercio Minorista, con el que tenemos que mostrar nuestra satisfacción porque todas las asociaciones de consumidores se han dirigido a nosotros para agradecernos y mostrar su entusiasmo por la transparencia, por la mejora de la competencia que ha supuesto este observatorio de precios en interés de los consumidores.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra, señoría.


La señora CEBALLOS CASAS: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, si accedemos a la página de Internet de su ministerio nos encontramos con una nota en la que se aclara que el estudio compara únicamente precios, sin tener en cuenta otras variables como atención al cliente, calidad del producto, etcétera. Y uno se pregunta si sólo hace falta tener en cuenta esta variable, el precio. Sinceramente, creo que este es un estudio que nace en un momento en el que los índices de precios de consumo iban mal, base en la que se mantuvo y se llevó a efecto en el último momento, lo cual nos puede llevar a una máxima prácticamente del absurdo o de lo que es grave, a una consigna que puede causar muchos perjuicios al sector comercial, que ya los tiene.


Señor ministro, llevamos años diciéndole a los comerciantes que tienen que apostar por la calidad, por el servicio, por la diferencia de los formatos comerciales. Ahora no podemos hacerles esto y plantear que el único elemento a tener en cuenta a la hora de hacer la cesta de la compra es el precio. Entre los consumidores nos encontramos con múltiples realidades, pero lo cierto es que en este caso estamos interviniendo y condicionando el mercado.


Ante las críticas vertidas por el comercio, usted ha respondido de nuevo sobre la base de la necesidad de incrementar la competitividad. De acuerdo, señor ministro, pero en igualdad de condiciones. A la hora de la información no podemos meter en el mismo saco a hipermercados, grandes superficies, supermercados, mercados de barrio, y todo ello unido a diferentes territorios. Desde nuestro punto de vista esto no es competir porque nos llevaría a una situación completamente irreal e injusta.
Tenemos que ahondar en un estudio de costes de los productores teniendo en cuenta los múltiples factores y variables. Todo ello nos hará llegar a la conclusión de que no se le puede decir a un pescadero, como ocurre en la actualidad, que tiene que incrementar o disminuir el precio según lo que diga el observatorio, y a una familia que tiene que ir al hipermercado en vez de a la pescadería porque el observatorio dice que el precio del pescadero es un 70 por ciento más caro. Esto lo único que puede provocar es que el pescadero tenga que cerrar su negocio. Ahondemos en un estudio de costes.


Estamos con usted en que se tiene que modificar este observatorio. Por favor, haga el trabajo que tiene que hacer su ministerio, que es conseguir que los comerciantes no tengan más dificultades de las que tienen hoy en día. Si existen problemas en la distribución comercial, vamos a detectarlos, vamos a ponerles remedio entre todos, pero no condicionemos la realidad del comercio en toda España a un observatorio de los alimentos basado solamente en el precio del producto. Como he dicho anteriormente, creo que esto es absurdo, irreal e injusto para el sector del comercio.


Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor ministro.


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El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, nosotros gobernamos para los ciudadanos -que no se nos olvide esto-, y los ciudadanos valoran positivamente tener información sobre los precios, dónde pueden comprar más barato, dónde puede ahorrar en la cesta de la compra y qué medidas les pueden hacer más fácil llegar a fin de mes. Lo hemos hecho con las gasolinas, con los hidrocarburos, con las telecomunicaciones y, ahora, con el Observatorio de Precios del Mercado Minorista, y los ciudadanos lo valoran positivamente. En apenas 14 días la página web, www.observatoriodeprecios.es ha recibido 102.000 visitas.
¿Y sabe su señoría por qué? Porque poner a disposición de los consumidores, de los ciudadanos información comparativa de precios es mejorar la competencia y ayudarles en la cesta de la compra y a llegar más cómodamente a fin de mes. Estamos hablando de ahorros que pueden llegar a 100 euros, a 120 euros en la cesta de la compra, y creo que ese es un buen servicio para los ciudadanos.


Creemos que la competencia no es mala para el sector. Los comerciantes más eficientes están encantados con el observatorio, saben que dar a conocer sus precios estimula las ventas, ha ocurrido con las telecomunicaciones.
Esto es bueno para los comerciantes más eficientes y es bueno para los consumidores. Por tanto, si ustedes están deseando defender al sector, nosotros también. Apúntense a mejorar el observatorio de precios y a extenderlo. Por supuesto, todos los consumidores están encantados con la medida.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Finalizado el punto orden del día referido a preguntas, pasamos al siguiente, interpelaciones.


INTERPELACIONES

-- DE D. ADOLFO ABEJÓN ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA POLÍTICA QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA INTEGRACIÓN DE ESPAÑA EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES), CONOCIDO COMO PROCESO DE BOLONIA (Número de expediente 670/000028).


El señor PRESIDENTE: Interpelación del senador Abejón Ortega, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la política que está llevando a cabo el Gobierno en relación con la integración de España en el Espacio Europeo de Educación Superior, conocido como proceso de Bolonia.


Tiene la palabra el senador Abejón.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Gracias, señor presidente.


Señorías, buenas tardes.


Señora ministra, estamos en la recta final del proceso de integración de la universidad española en el Espacio Común Europeo de Educación Superior, que culminará en el curso 2010-2011, un proceso que lleva un importante retraso en su implantación y que además tiene manifestándose en la calle a los alumnos de la educación universitaria y no universitaria para protestar por la política educativa del Gobierno socialista y por el tratamiento que pretende dar el Gobierno a determinadas carreras, las cuales pueden quedar desvirtuadas y devaluadas si su implantación se lleva a cabo con las previsiones que su ministerio tiene actualmente. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.) Como bien sabe su señoría, ha habido encierros de alumnos en ocho universidades públicas. Algunos llevan semanas durmiendo en diversas facultades y en dos rectorados, el de la Complutense y el de Barcelona. La CRUE reclama hoy en la prensa una solución dialogada.
También los alumnos y profesores, así como titulados de ingeniería informática se vienen manifestando porque estas titulaciones no están teniendo las mismas oportunidades ni consideraciones que tienen el resto de las ingenierías y, lo que es peor, temen que estas carreras no queden como el resto de las nuevas titulaciones oficiales que configuran la nueva estructura universitaria española en el proceso de Bolonia.


Nos encontramos ante una situación única en el mundo, que supone un grave desagravio para nuestros informáticos. No existe ningún país desarrollado que tenga una ingeniería informática, clave para el desarrollo económico y social, en una situación como la nuestra, que provoca para muchos de nuestros mejores estudiantes no solamente desánimo, sino la posibilidad de acabar desarrollando su trabajo fuera de nuestros territorios.


Sabe usted, señora ministra, que los ingenieros informáticos tienen dos problemas importantes. Por un lado, producto de los treinta y un años de vida de estos estudios, los 130.000 titulados existentes no tienen una ley que regule sus atribuciones profesionales, como sucede con otras carreras. Esto es competencia del Gobierno -nos acompaña el ministro de Industria-, que debe ser quien elabore y traiga al Parlamento una ley que regule las atribuciones del sector, eso sí, previa autorización del señor Solbes. También es tarea y competencia del Gobierno incluir en la transposición de la Directiva Europea de Servicios las profesiones de ingeniero técnico y de ingeniero en Informática. Señora ministra, este es el primer paso que debe dar su Gobierno para que las ingenierías informáticas sean profesiones reguladas. Esta condición también es previa para resolver el segundo problema: el Ministerio de Ciencia e Innovación debe elaborar las fichas de competencia de grado y máster en ingeniería informática en las mismas condiciones que el resto de las ingenierías que ya usted ha elaborado. Estas fichas establecerán las condiciones comunes para estos títulos que las universidades tendrán que cumplir en sus planes de estudios si quieren que sus

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títulos de grado y máster proporcionen la capacidad efectiva y reconocida por ley para ejercer su correspondiente profesión.


En definitiva, señora ministra, hasta ahora los estudios estaban regulados y la profesión, no. A partir de ahora ninguno de los dos están. Por esta razón, 95.000 estudiantes en informática están muy preocupados y protestan en la calle para que usted realice un triple esfuerzo: en primer lugar, convencer al señor Solbes -ya sabe usted, nada fácil, que lo estará intentando, y donde tiene el conflicto en estos momentos-, para que sea una profesión regulada por ley; en segundo lugar, que su buen amigo y compañero ministro de Industria nos traiga al Parlamento la ley de competencias profesionales; y, en tercer lugar, que usted elabore las fichas de competencia académica o docente en igualdad del resto de las ingenierías.


Por otra parte, los ingenieros químicos tienen la ficha de grado en ingeniería química, con la que, por cierto, algunos no están especialmente contentos por considerarla demasiado general, pero no la del máster en ingeniería química. La razón de que exista una ficha para los graduados, en este caso, de ingeniería química, es porque sí tienen una profesión regulada por ley -bien es cierto que procede de la ingeniería técnica industrial química-. Así que la creación de la ficha que usted ha hecho de competencias se aviene correctamente a lo establecido en el artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, sin embargo, no hay ficha de máster, porque la profesión a la que se referiría el máster sería la de ingeniero químico, que no existe legalmente por no estar regulada.


En este sentido, señora ministra, el día 12 esta Cámara aprobó en la Comisión de Ciencia e Innovación por unanimidad una moción instando al Gobierno a que se dé el mismo trato a estas ingenierías que al resto en el proceso de elaboración de los planes de estudio y en el reconocimiento por ley de sus atribuciones profesionales.


Cabe preguntarse, señora ministra, si cumplirá esta moción el Gobierno o, como casi todas o todas que se aprueban en este Parlamento, pasará al baúl de los recuerdos, o, en el mejor de los casos, al archivo de la Memoria Histórica de Salamanca. Yo espero, desde luego, de su responsabilidad y que esta vez sí que cumpla el ministerio con esta moción.


Paso a continuación a analizar la problemática derivada de la elaboración de los planes de estudio de los títulos oficiales como consecuencia del modelo establecido por el Gobierno de todo a cuatro, es decir, todas las titulaciones a 240 créditos o, lo que es lo mismo, cuatro años de duración con una troncalidad de 60 créditos.


El Grupo Parlamentario Popular en el Senado no está de acuerdo con que todas las titulaciones tengan cuatro años de duración. Este modelo hecho a escuadra y cartabón no satisface al principio de realismo ni de las exigencias formativas de muchas carreras que piden una mayor flexibilidad en cuanto al tiempo de duración. Es un modelo que de hecho derrumba tradiciones académicas muy consolidadas en la Universidad española, tradiciones que en otros países europeos están conservando, pero que aquí parece que queremos entrar como un elefante en una cacharrería.


Señora ministra, ¿qué está pasando en Europa? Tenemos una comparecencia el día 23. No conozco ningún país, de los cinco grandes, que haya adoptado este criterio. Gran Bretaña ha dicho que para ellos Bolonia es más o menos lo que tenía y han seguido adelante sin modificar absolutamente nada. En Francia hacen una licencia con 180 créditos, pero mantienen las grandes escuelas, que hacen una especie de máster integrado en cinco años. Además, las grandes ingenierías, veterinaria, medicina, odontología y farmacia siguen como siempre, por la normativa europea, sin adaptarse a la licencia de tres años. Por lo tanto, es un modelo mixto, flexible, con unas carreras de tres años, y otras, las grandes escuelas, con cinco años y máster integrado.


¿Qué hace Italia? Italia ha estructurado el modelo en dos ciclos; un grado de 180 créditos de tres años, que es lo que llaman la laurea, pero han creado también la laurea magistrale, que se puede unir al grado con 300 créditos. Por lo tanto, hay dos tipos de laurea: una de grado, de 180 créditos y otra que es continuación de estudios en aquellas carreras, que necesitan una mayor intensidad; y crean el máster con dos niveles, el de primer nivel que se hace después de la laurea de tres años, con un año más, y el otro, el del segundo nivel, después de la laurea magistrale.
Por lo tanto, han planteado un esquema flexible sin ese uniformismo cabezón de todo a cuatro que pretende el Gobierno de España.


Alemania ha adoptado también un esquema flexible de dos ciclos, con mucha prudencia. Habrá escuchado usted como yo recientemente que el Gobierno alemán, hace poco, también ha sacado al derecho de la reforma de Bolonia por considerar que podía ser afectado en la duración de la docencia.


Ya le dijimos a su antecesora, la señora Cabrera, que se iban a producir tensiones muy fuertes cuando llegase la hora de aplicar este modelo, como así está sucediendo. Hay malestar en el profesorado y alumnado, con huelgas y manifestaciones en la calle, porque ya le he dicho antes que el sistema todo a cuatro devalúa carreras de gran prestigio y tradición, como es el caso de las ingenierías y las titulaciones de ciclo largo.
Usted lo sabe porque tiene en el despacho toda la problemática y ha recibido a los ingenieros superiores, pero también es consciente de que después de conocer básicamente la reforma de los títulos de ingeniería adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior, elaborados por las comisiones técnicas de rectores de universidad a propuesta del Consejo de Universidades, los ingenieros técnicos y los ingenieros superiores han sido muy críticos al respecto. La propuesta elaborada por estas comisiones y no cabe duda de que en principio asumida por el Ministerio de Ciencia e Innovación supone, según ellos, una auténtica estafa social, y apostillan: Nada más alejado de la ingeniería que necesita la realidad empresarial y social española que el proyecto de la pretendida reforma plasmado en esos documentos. Y en una carta que le habrán dirigido a usted y que nos han dirigido a todos los grupos continúan: El futuro ingeniero de grado

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queda absolutamente disminuido en su formación y en sus competencias, por debajo incluso del actual ingeniero técnico, reduciéndolo a un nuevo técnico especialista, que en el desarrollo de su profesión no podrá llevar a cabo las competencias que la ley le confiere y precisará de otras profesiones que le auxiliarán en sus tareas.


Señora ministra, ¿cuál ha de ser el objetivo final de Bolonia? Muy sencillo: la calidad y excelencia de nuestras universidades se medirá por lo que aprendan los alumnos, eso es lo fundamental. Ante esta situación cabe preguntarle si con la doctrina Cabrera, asumida en su totalidad por ahora por la ministra Garmendia, los alumnos saldrán mejor preparados que en la actualidad para desempeñar la profesión a la que aspiran. Este senador piensa que muchos no, al resultar insuficiente la duración de cuatro años para carreras que en la actualidad es de cinco o seis años, y va a tener aquí la oportunidad de explicarnos cómo van a dar en cuatro años más de lo que están dando ahora en seis, teniendo en cuenta, además, que el crédito europeo de 25 a 30 horas es mucho menor que el crédito actual de nuestras universidades ya que a la docencia hay que sumar las horas de estudio, de seminario y de trabajo de los alumnos.


Todo ello exige de una reflexión profunda por parte de su ministerio; reflexión que han de compartir con las comunidades autónomas y con la comunidad universitaria antes de tomar la decisión final sobre el grado y el máster de las ingenierías y de otras titulaciones de ciclo largo.


Señora ministra, el proceso planteado por su Gobierno en la integración de España en la educación superior europea no ha sido el adecuado, y por esta razón debe abrir con carácter urgente un período de diálogo e información con todas las partes implicadas, incluido el Parlamento español, porque la queremos ayudar -no vea en mis palabras algo que no sea ayudar al ministerio-, y fíjese lo que voy a decirle ahora. Bolonia exige cosas claras y sencillas, transparencia en los estudios universitarios, comparación de estos estudios en el ámbito europeo para el mercado profesional, una estructura basada en dos ciclos y unos nuevos métodos docentes por parte de los profesores. En definitiva, lo que pretende la reforma es crear un Espacio Europeo de la Enseñanza Superior como medio privilegiado para fomentar la movilidad y empleabilidad de los ciudadanos y el desarrollo global de nuestro continente, Europa.


Bolonia, señora ministra, no exige reducción del número de titulaciones, no exige uniformismo, no exige la misma duración de las titulaciones de grado; en definitiva, no exige las reglas rígidas que ha tomado el Gobierno de España. Suya es en estos momentos la responsabilidad, señora ministra, y en ella está el futuro de muchos jóvenes y el de nuestro país.


Otro problema que nos preocupa es el retraso que lleva la reforma de Bolonia. Este proceso se inició hace casi ahora diez años, pero las universidades han iniciado una carrera contrarreloj para la implantación de los nuevos grados que, además, debe finalizar en el curso 2010-2011.


Las universidades españolas se encontraban hace poco más de un año con las nuevas normas marcadas por el Gobierno central para la implantación de los grados. Hubiera sido deseable, señora ministra, haber tenido esta regulación mucho antes y, sin duda, el tiempo perdido entre los años 2004 y 2007 es una factura que está pagando usted, pero también la están pagando los estudiantes y las universidades. Es la factura que dejó sin pagar la ministra Cabrera, que se dedicó a deshacer en una gran parte de su Gobierno o destejer, lo que más la guste, todo lo que había hecho la ex ministra Sansegundo -y eran del mismo Gobierno-. Pero es que no dejó nada de la ex ministra Sansegundo; luego, un tiempo para deshacer y otro tiempo para llegar a donde estaba la ministra Sansegundo.


La realidad es que en el presente curso -ya lo he dicho hace un momento- están impartiendo sólo 163 nuevos grados adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior de los 2.000 que constituyen el Catálogo Oficial de Títulos. Queda, por tanto, casi el 92 por ciento de planes de estudio pendientes de diseñar por parte de las universidades y de verificar posteriormente por las mismas.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, le ruego que termine.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Termino, señor presidente.


Ante esta situación cabe preguntarle: ¿qué medidas va a tomar el Gobierno para resolver esta avalancha de titulaciones que se avecinan y que, de no hacerlo así, desde luego, crearía gravísimos problemas a las universidades y están esperando de usted una solución urgente?

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.


(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


Para contestar a la interpelación, tiene la palabra la señora ministra de Ciencia e Innovación.


La señora MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN (Garmendia Mendizábal): Gracias, señor presidente.


Señorías, respondo a la interpelación que el Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara hace al Gobierno sobre el papel de España en la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior o el mal llamado a nuestro entender plan o proceso de Bolonia.


Señorías, quiero decir en primer lugar que este proceso no nace ni se detiene -para ponerlo en su contexto- en la Declaración de Bolonia, que es un hito muy importante -fundamental de hecho- pero no el único. Como usted ha señalado, desde el año 1999, año en que se produjo esta declaración, el proceso de construcción de este espacio común del conocimiento se ha visto reforzado con otras declaraciones igualmente importantes, consecuencia de las cumbres bianuales de ministros responsables de educación celebradas en Praga, Berlín, Bergen y Londres, esta

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última en el año 2007. Y fíjese, como usted ha señalado, senador Abejón, si tiene recorrido la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior que cuando se produjo esta primera Declaración de Bolonia, el máximo representante del Gobierno en materia de educación universitaria era el señor Rajoy, el entonces ministro de Cultura y Educación.


Por aquel entonces, el señor Rajoy nos instruía con sus tesis educativas basadas en la resignación y la dureza de la vida, unas reflexiones que, sin duda, le debieron de mantener muy ocupado a él y a su sucesora en el cargo porque durante los años de Gobierno del Partido Popular, cuatro años más tarde, en 2004, la aportación de España al Espacio Europeo de Educación Superior era prácticamente nula y no se pudo avanzar definitivamente hasta que hubo un cambio en el Gobierno.


Por este motivo, señor Abejón, debe comprender nuestro asombro al escuchar acusaciones sobre la existencia de incertidumbre e inquietud en amplios sectores del sistema universitario y también espero que entienda que interpretamos estas acusaciones como una maniobra oportunista para buscar el desgaste del Gobierno a cualquier precio, incluso aunque esto suponga poner en riesgo el futuro de la universidad española, y dar alas a los colectivos antisistema, que de forma minoritaria tratan de bloquear la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior.


No quiero que se sienta aludido con estas palabras, señor Abejón, usted no. Estoy segura de que usted, como profesor que es y como gestor educativo que ha sido, no va a acusarnos explícitamente de mercantilizar la universidad ni de negar que el hijo del obrero pueda acceder a la educación universitaria, sin embargo, sí ha realizado una serie de apreciaciones injustas a las que me gustaría responder amable pero firmemente.


Afirma usted en la exposición de motivos de la presente interpelación que el proceso de integración de España en el Espacio Europeo de Educación Superior, tal y como lo está llevando a cabo este Gobierno, está generando una gran incertidumbre e inquietud en amplios sectores de la comunidad universitaria, principalmente en los alumnos y profesores. No es la primera vez que escucho este mensaje, cuya finalidad es justamente provocar en los ciudadanos aquello de lo que se advierte, la incertidumbre y la inquietud. Ya me lo trasladó su portavoz en el Congreso en la primera pregunta que me planteó, el señor Vázquez. Más adelante espero convencerle de que ambos están errados en su apreciación.


Continúa diciendo que las reiteradas movilizaciones y huelgas de los estudiantes para mostrar su oposición a la incorrecta aplicación que el Gobierno quiere hacer del proceso de Bolonia ponen de manifiesto los graves problemas que puede originar en muchas de las carreras universitarias existentes en España.


Permítame que discrepe de nuevo, porque de esta afirmación deduzco que está intentando vincular a los grupos anti-Bolonia con las demandas sobre atribuciones profesionales de algunos colectivos, como los ingenieros informáticos, y ya veo que ha hecho una exposición principal dentro de su interpelación. Yo no sé si ha decidido erigirse como portavoz de los colectivos -yo también quiero serlo, de éste y de todos-. Sabe usted que estamos en conversación con ellos, no solo estamos dispuestos sino que es nuestra obligación dar una respuesta que atienda a sus inquietudes dentro del marco global que estamos construyendo.


Esta es una estrategia meditada, pero no debería usted profundizar en ella porque podría estar adulterando el espíritu de las reclamaciones de los ingenieros, que nada tienen que ver con la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, como sabe usted muy bien, y estos colectivos no deberían sentirse manipulados con la mezcla entre sus reivindicaciones y la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior.


Finalmente, en el enunciado de su interpelación se refiere a una cuestión que ya me planteó -las líneas generales- en mi comparecencia ante la comisión de esta Cámara. Me refiero a su afirmación de que el hecho de que las actuales licenciaturas y diplomaturas pasen a tener 240 créditos -es decir, cuatro años de duración- debilita -dice usted- gravemente a carreras de gran prestigio como las ingenierías, derecho, etcétera, que no solo verán reducido su tiempo de duración, sino también los contenidos en detrimento del contenido actual.


Nos queda claro que no le gustan los cuatro años de duración del grado, y esto, evidentemente, es una opinión respetable, pero en el espacio europeo, como usted muy bien ha enunciado, coexisten este y otros modelos. Creo que no debemos permitir que se traslade a la ciudadanía la peligrosa idea de que este modelo afecta a la calidad de la formación universitaria y a la cualificación de nuestros graduados, porque sabemos que no es así, y, sinceramente, creo que usted también lo sabe.


Permítanme, por tanto, señorías, comenzar a puntualizar algunas cuestiones del plantamiento de la interpelación con el ánimo de aclarar algunos conceptos que se manejan, insisto, creo que de forma errónea.


No estamos ante ningún proceso de integración de nuestro sistema universitario en el sistema europeo. No nos vamos a integrar en ninguna organización o estructura con reglas del juego establecidas por otros, simplemente estamos participando en un proyecto compartido por 46 países europeos sobre la base de acuerdos y compromisos de todos; un proceso nacido de un compromiso entre gobiernos, pero abierto a la participación de muchos y muy distintos colectivos, empezando por los que componen la comunidad universitaria, y extendiendo este debate a todos los agentes sociales puesto que la universidad es un patrimonio de la sociedad.


El punto de partida de este espacio es el reconocimiento de la diversidad -como usted muy bien ha descrito- de los sistemas universitarios de cada país, diversidad que los hace difícilmente comparables, además siendo esta diversidad precisamente una de las fortalezas de Europa.


Estamos construyendo el Espacio Europeo de Educación Superior desde la autonomía institucional, la libertad académica, la igualdad de oportunidades y los principios

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constitucionales. Lo hacemos, además, partiendo de culturas y sistemas universitarios diferentes que van a preservar sus señas de identidad, puesto que no hay ninguna intención de fusionarlos en un sistema homogéneo y sin referencias culturales.


Para lograrlo todos los países hemos propuesto conjuntamente medidas que favorezcan la compatibilidad y la comparabilidad de los títulos. De esto se trata, de poder comparar y compatibilizar los títulos; no de hacer los sistemas homogéneos. Se trata de que cada país establezca la forma que considere oportuna. Quisiera recordar que la decisión de ir a un sistema de construcción de grados en cuatro años no es una ocurrencia del Gobierno, sino que se ha adoptado previo debate con la comunidad universitaria y con los máximos representantes de las universidades: los rectores.


Este marco de compatibilidad y comparabilidad está basado en un acuerdo en cuanto a la estructura de estudios y en un lenguaje común, que creo es muy importante, a todas las enseñanzas universitarias, como son los créditos FPS, que suponen un lenguaje que entierra definitivamente el complejo, y muchas veces injusto, sistema tradicional de convalidación para sustituirlo por un modelo basado en el reconocimiento de estudios en base a sistemas comparables que garanticen la calidad y la idoneidad de las enseñanzas cursadas.


Señorías, esta es la realidad del Espacio Europeo de Educación Superior.
Dicho esto, el Gobierno va a respetar, escuchar y valorar todas las opiniones o manifestaciones que critiquen esta realidad, porque es un proceso complejo y de una dimensión sin precedentes que requiere, sin duda, de múltiples ajustes sobre la marcha, y que debe realizarse con el mayor consenso posible.


Permítanme que les indique que, desde luego, no se trata de un proceso fácil ni sencillo que pueda culminarse por la vía ejecutiva en un espacio temporal corto, sino que, al contrario, va a llevar su tiempo. Pero pueden estar tranquilos, las cuestiones de naturaleza estructural se están resolviendo bien y cumpliendo los plazos establecidos. Y deseo informarle, senador Abejón, de que, además de esas 163 titulaciones, estamos ahora mismo estudiando 500 más. Vamos bien; no vamos mal con los plazos, y también cumpliremos en lo que se refiere a nuevas metodologías docentes.


Adicionalmente, y en respuesta a posibles dudas que surgen y que son inherentes a todo gran cambio, vamos a intensificar nuestros esfuerzos para informar a los estudiantes, a los profesores, al personal de administración y servicios, y a la sociedad en general sobre qué es y qué no es en modo alguno el Espacio Europeo de Educación Superior.


No sorprendo a nadie si afirmo que todas las transformaciones de calado conllevan algunos riesgos derivados del mal uso, o incluso del abuso en algunos casos, de los instrumentos básicos articulados para el cambio.
Por esta razón estamos siendo especialmente cuidadosos con la forma en la que se producen estos cambios, y lo estaremos también en su seguimiento para garantizar que el sistema universitario cumple aquellos objetivos que se han fijado de forma consensuada.


Los estudiantes y otros miembros de la comunidad universitaria hacen bien en señalarnos lo que, desde su punto de vista, siempre respetable, son algunos de estos riesgos, pero no podemos confundir un riesgo, que es en todo caso un escenario futuro más o menos probable, con un problema real y mucho menos con un problema grave.


Según nuestro análisis en estos momentos, y desde algunos colectivos minoritarios, se denuncian riesgos percibidos, que pueden tener más o menos fundamento, como si fueran problemas reales. Le diré algo más, si fueran ciertas algunas acusaciones sobre que el Espacio Europeo de Educación Superior mercantiliza, privatiza, subyuga a la Universidad pública y la hace más elitista y menos humanista, no le quepa la menor duda de que este Gobierno no solamente no sería cómplice de tales despropósitos, sino que se sumaría a esos colectivos anti Bolonia.


Por el contrario estamos totalmente convencidos de que este proceso va a redundar precisamente en una universidad pública de mayor calidad y más equitativa; una universidad que debe ocupar un papel central en la sociedad española y en la construcción de una Europa más social, más culta y más unida.


Por otro lado, señor Abejón, no es justo que minimice el impacto del Espacio Europeo de Educación Superior, asociándolo exclusivamente al cambio de las licenciaturas y diplomaturas actuales hacia el esquema de titulaciones europeas, y no puedo aceptar bajo ningún concepto la afirmación de que este cambio debilita o empobrece la educación universitaria. Yo creo que no hay que jugar con las cifras ni con los conceptos. Las licenciaturas -que, por cierto, muchas de ellas ya eran de cuatro grados- y las diplomaturas desaparecen y en su lugar aparece un nuevo sistema estructurado en tres ciclos sucesivos: en primer lugar, el grado, que permitirá al estudiante adquirir una formación integral en conocimientos y valores, pero también en habilidades y destrezas que le preparen para su futuro desarrollo profesional y para involucrarse en un esquema de formación a lo largo de la vida.


A continuación, el máster, cuya finalidad es la de ofrecer estudios especializados o de alto nivel, dirigidos a mejorar las competencias específicas en algún ámbito profesional o disciplinar o bien a promover la iniciación de la actividad investigadora. Este título, el título de máster, se configura, y en esto quiero ser muy clara, como un valor añadido al título de grado y debe suponer un mérito y en ningún caso un requisito.


Finalmente, el doctorado, una enseñanza dividida en dos períodos: uno primero formativo, donde el estudiante deberá obtener una formación avanzada en las técnicas de investigación, y uno posterior que incluirá la elaboración y presentación de la correspodiente tesis doctoral, consistente en un trabajo original de investigación,

Por tanto, se trata de diseñar desde las universidades y con este esquema la mejor oferta formativa. Lejos de debilitar las carreras, estamos ante un nuevo sistema reforzado por la vía estructural, pero sobre todo por la vía de reno-

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vación de las metodologías docentes en las citadas carreras; y aprovecho para señalar, señorías, que todas ellas son de prestigio y no solamente unas pocas, como se afirma en la interpelación.


Se están configurando títulos con objetivos de aprendizaje claros y con un reconocimiento internacional, títulos que facilitan una mayor movilidad, con mayor atención a las prácticas y un mayor énfasis en la adquisición de capacidades y habilidades; un enfoque que en ningún caso sustituye las vías clásicas de adquisición de conocimientos, sino todo lo contrario, puesto que las refuerza.


Nuestros egresados tendrán al salir de las facultades una formación conceptual y en valores sólida, pero también una mejor preparación para la vida laboral. Habrán disfrutado de una planificación basada en la definición de las competencias del perfil profesional correspondiente, consecuencia de unos mejores y más ajustados contenidos y con sistemas de garantía de calidad bien definidos y contrastados. Todo esto, señorías, en un marco que garantiza la dimensión social del proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, un compromiso que ha sido progresivamente reforzado en las sucesivas declaraciones firmadas por los responsables de las políticas de educación superior de los diferentes países europeos, así como las políticas...


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señora ministra, vaya concluyendo, por favor.


La señora MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN (Garmendia Mendizábal): Termino.


... implantadas por los gobiernos.


Como les decía al comienzo de mi intervención, el 2010 no es el punto de llegada, sino más bien el punto de partida. Queremos un sistema moderno, de calidad y atractivo para estudiantes y profesores de todo el mundo.
Este ha sido el motivo esencial para el nacimiento de la Estrategia Universidad 2015 que, como sabe, es una hoja de ruta para el futuro de nuestro sistema universitario. Esta es la razón por la cual la Estrategia Universidad 2015 ha incorporado los desarrollos normativos fundamentales que emanan, por un lado, de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Universidades y, por otro, de la línea de reforma y modernización de la educación superior.


Espero, senador, haberle contestado.


En lo que se refiere al tema de la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, estoy convencida de que aquí al Gobierno, al Grupo Socialista, al Grupo Popular y al resto de los grupos representados en esta Cámara nos unen más cosas de las que nos separan. Me atrevería incluso a decir que está usted muy de acuerdo con algunos de los impulsos que está realizando ahora mismo el Gobierno, más allá de lo que ha dicho exactamente en la interpelación.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


Senador Abejón, tiene la palabra.

El señor ABEJÓN ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, espero que con el tiempo de que disponemos podamos abordar dos o tres cuestiones que me preocupan.


Una cuestión de gran trascendencia que ha de resolver la universidad española se refiere a la calidad y a la excelencia para poder colocarnos en el ranking mundial en que tiene que estar España, es decir, tanto en el ranking anglosajón como en el de Shangai. En cuanto al ranking anglosajón, sabemos que tenemos una universidad que está entre las 180 primeras, y en lo que se refiere al ranking de Shangai sabemos que no tenemos ninguna universidad que esté entre las 200 primeras. Por tanto, es algo que tenemos también que mejorar. En ese sentido, una parte importante de ese reto ha de recaer en la movilidad y en la selección de los mejores profesores para la docencia.


El modelo de concurso-oposición de Pilar del Castillo para la primera fase de rehabilitación fue eliminado por la ministra Cabrera, pero era un intento serio de seleccionar a los mejores y de introducir rigor y competencia. El modelo Cabrera, el de eliminar la oposición en la primera fase de acreditación y dejar en manos de las universidades la selección del profesorado, tiene el riesgo de seleccionar a los profesores locales en detrimento de los mejores. Por tanto, un reto que también ha de plantearse el ministerio es el de contar con los mejores docentes en la docencia. En consecuencia, algo tiene que ver el proceso de selección de los mejores en el campo de las universidades.


Y viene esto a colación, señora ministra, porque según el libro de Víctor Pérez Díez, la endogamia en España se cifra en un 95 por ciento, nivel que no tiene precedente en Europa. En Francia no pasa del 50 por ciento, en el Reino Unido es inferior al 17 por ciento, en Estados Unidos es el 7 por ciento y en Alemania no llega al 1 por ciento.


Otra cuestión fundamental para mejorar la calidad y la excelencia de nuestras universidades, así como el éxito de las reformas de Bolonia, la constituyen las becas de ayudas al estudio. La política de becas es uno de los grandes fracasos del Gobierno socialista, como veremos a continuación. Según datos publicados por el propio Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, por su compañera Cabrera, -léaselos, señora ministra-, el importe de las becas en enseñanza universitaria ha crecido desde el curso 2003-2004 hasta el curso 2006-2007 un 16,5 por ciento, cifras corroboradas por su secretario de Estado, no vaya yo a meter la pata.


La suma del crecimiento económico y del PIB en este período ha sido superior, ésta es la realidad. El número de becarios se ha reducido en este intervalo de tiempo en 6.518 alumnos al pasar de 201.318 en el curso 2003-2004 a 194.800 en el curso 2006-2007. La misma suerte han corrido las ayudas a familias numerosas para el pago de las tasas de matrícula, que también se han visto disminui-

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das en 25.660 en este periodo. Lo más grave es que el Gobierno del señor Zapatero no nos ha dado ninguna explicación -ni usted tampoco- sobre el compromiso adquirido en la pasada legislatura, que pretendía garantizar que el 40 por ciento de los alumnos universitarios tuviesen una beca.
Nada más y nada menos prometió incrementar el número de becarios en 354.000, y la realidad se la acabo de decir: descienden en más de 32.000.


Usted nos ha dicho que el objetivo para esta legislatura es incrementar en un 30 por ciento los alumnos universitarios que disfruten de una beca para permitir la equidad y la movilidad que exige Bolonia. Y mire por dónde, señora ministra, el señor Solbes la congela en los presupuestos para 2009, y además tiene prevista una reducción del número de becarios.
Porque, señora ministra, como se habrá leído usted los Presupuestos Generales del Estado como yo, sabrá que se prevé una reducción en 2009 respecto de 2008 de 13.816 becarios y una disminución de los beneficiarios de familias numerosas que reciben una ayuda para el pago de la tasa de matrícula de 18.134. Señora ministra, en un momento de crisis económica, cuando las familias necesitan la ayuda del Gobierno para llevar a sus hijos a la universidad o para que sigan permaneciendo en ella, este les da la espalda, porque es una política antisocial, señora ministra -y no me diga que no-. Ustedes elevan el umbral de la renta para que muchas familias tengan derecho a una beca en un 13 por ciento, pero suben ustedes la cantidad de las becas solo en un 1 por ciento. Eso es imposible. ¿Cómo van a recibir un 13 por ciento más de familias una beca si solo suben los presupuestos un 1 por ciento?

Señora ministra, para terminar...


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, está usted acertado, termine.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Termino.


Otro aspecto clave de la reforma, pero no tenemos tiempo, lo constituye la financiación universitaria. Usted tiene la oportunidad de contestarme en estos momentos, pero ya le he dicho antes que quiero dejar muy claro que el Partido Popular cree en Bolonia y no duda de que se trata de una gran oportunidad. Mejoremos el proceso entre todos, y la sociedad española, los estudiantes y la comunidad universitaria nos lo agradecerán.


Muchas gracias, señor presidente, señora ministra, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN (Garmendia Mendizábal): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, le voy a dar a usted y creo que al resto de la Cámara y de la sociedad una buena noticia: estamos totalmente de acuerdo, y esto es importante. El Gobierno y el Grupo Popular, y estoy segura de que el Grupo Socialista también se suma, están plenamente de acuerdo en la necesidad de trabajar en la calidad, la selección de profesores, la política de becas y la financiación de la universidad. Estamos totalmente de acuerdo, y sabe que en todos estos parámetros estamos trabajando.


Me va a permitir, porque creo que es muy oportuno, comentar la cita de un senador en la sesión de la Comisión de Ciencia e Innovación del pasado 23 de junio de 2008, y lo cito textualmente porque me sirve para hacer un repaso de algunos de los temas que usted ha comentado. Decía: «... para que Bolonia funcione los estudiantes deben poder elegir aquello que más conviene a sus intereses, moverse entre universidades y centros universitarios a la búsqueda de lo mejor, de la excelencia, de la competencia, a adquirir conocimientos básicos, pero también diferenciaciones y formaciones complementarias que le den singularidad a su formación, y para ello es necesario propiciar la movilidad interior de los alumnos por las comunidades autónomas y la movilidad exterior por Europa y el mundo.»

Señoría, como le he dicho, suscribo todos estos requisitos, y el Gobierno de España, en el ejercicio de sus competencias pero sobre todo de su responsabilidad, los está teniendo en cuenta, y se lo voy a demostrar.


En primer lugar, voy a centrarme en la posibilidad de elección de los estudiantes. Como saben sus señorías, el sistema de ordenación de las enseñanzas universitarias se concretó mediante el desarrollo reglamentario recogido en la LOM-LOU, a través del Real Decreto 1393/2007. De acuerdo con este decreto, se ha procedido a la tramitación de las memorias de solicitud de títulos presentados por las universidades. Por otra parte, mediante el Real Decreto 1509/2008, se ha creado el registro de universidades, centros y títulos, que asegura la mejor información para los estudiantes, sus familias y la sociedad en general. Este sistema transparente es la mejor garantía para comparar nuestras enseñanzas; un instrumento con el que facilitaremos que el estudiante elija aquella titulación que más se adapta a sus demandas.


Además de estar informado para poder elegir adecuadamente sus estudios -como decía este senador-, el estudiante ha de contar con recursos que garanticen su movilidad. Solo de esta manera podremos asegurar que este derecho a elegir pueda ejercerse con independencia de la situación económica del estudiante. En este sentido, ya que usted ha hablado de la política de becas, quiero recordarle que el Programa Séneca, de becas para la movilidad de los estudiantes en el seno del sistema universitario español, ha crecido desde el 2004 un 50 por ciento y para el 2009 está previsto que vuelva a hacerlo en un diez por ciento adicional.


Como ve, señoría, me preocupa mucho la libertad de elección del estudiante pero también prestamos mucha atención a nuestras políticas de igualdad de oportunidades, que no se corresponden exactamente con los números que ha reflejado usted sino más bien con los datos que yo le voy a dar.


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Respecto a la búsqueda de la excelencia y la garantía de la calidad del sistema universitario, me va a permitir que no enumere todas las iniciativas que estamos poniendo en marcha porque me extendería mucho, pero sí quiero afirmar que todas nuestras políticas están orientadas a tal fin. Este es, de hecho, el espíritu que nos ha animado en la descripción de la Estrategia Universidad 2015, que tiene como objetivo global garantizar que el sistema universitario español siga avanzando hacia la excelencia y se consolide en el contexto internacional, de tal manera que podamos ver a nuestras mejores universidades en esos rankings que las sitúa entre las mejores universidades del mundo.


Finalmente, en relación con la movilidad internacional, quiero recordarle que el Programa Erasmus se ha incrementado un 10 por ciento en estos presupuestos, pasando de 60 millones a los 66 previstos para el año 2009; una cifra destacable, sobre todo si se compara con los 4,6 millones de euros que dedicó a este importantísimo instrumento de internacionalización el Gobierno del Partido Popular en su último ejercicio presupuestario.


Obviamente, las becas del Programa Erasmus no han crecido de forma aislada y su incremento forma parte de un compromiso decidido del Gobierno de España con las becas y ayudas universitarias. Permítame que le dé un dato que creo que es de gran relevancia: desde el 2004 los créditos presupuestarios dedicados y destinados al fomento de becas y ayudas públicas universitarias han crecido un 57,75 por ciento. Además, esta significativa mejora ha venido acompañada de la creación de nuevos instrumentos, como son los préstamos renta, que dotan de mayor autonomía al estudiante.


Por tanto, en este sentido también puedo afirmar que cumplimos el requisito exigido por aquel senador que en el mes de junio enunciaba los que, desde su punto de vista, debían ser los principios guía de la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior.


Señor Abejón, al final de mi primer turno de respuesta le trasladaba la sensación de que nuestros puntos de coincidencia son más de los que posiblemente ha indicado en su intervención, y le decía esto porque, como usted ha podido comprobar, esta cita ha sido extraída de su intervención en mi comparecencia ante la Comisión de Ciencia e Innovación...


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señoría, vaya concluyendo, por favor.


La señora MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN (Garmendia Mendizábal): Termino, señor presidente.


...Quizá aquella intervención fue menos crítica y se situaba en la senda del consenso. Estoy segura de que vamos a establecer los canales que nos devuelvan a esa senda en la que Gobierno y oposición nos comprometamos a actuar con suma responsabilidad y sentido de Estado.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.


-- DE D. JOSÉ CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO Y LAS CONSECUENCIAS QUE SE PRODUCIRÍAN EN EL SECTOR AGRARIO POR EL RECORTE PREVISTO POR LA COMISIÓN EUROPEA DE LOS FONDOS DESTINADOS A FINANCIAR LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC) PARA LOS EJERCICIOS PRESUPUESTARIOS 2009 Y 2010 (Número de expediente 670/000029).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Interpelación de don José Cruz Pérez Lapazarán, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno y las consecuencias que se producirían en el sector agrario por el recorte previsto por la Comisión Europea de los fondos destinados a financiar la PAC para los ejercicios presupuestarios 2009 y 2010.


Tiene la palabra su señoría.


El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señora ministra. Bienvenida a esta Cámara.


Hace escasos días, en concreto el 1 de diciembre, nos encontramos con una noticia en los medios de comunicación que decía -y leo textualmente-: La Unión Europea pretende recortar el gasto agrario en 5.000 millones de euros. Un segundo titular decía: Los fondos se destinarían a poner en marcha diferentes medidas contra la crisis.


Señora ministra, cuando una noticia se publica en un medio de comunicación español, muchas personas que seguimos en nuestro país la evolución, la puesta en práctica y la aplicación de la política agraria comunitaria lógicamente nos preocupamos; no en balde España es uno de los principales receptores de fondos, y en el caso de producirse este recorte nos afectaría en torno a los 600 millones de euros para los años 2009 y 2010.
Son fondos que se dedican habitualmente a las rentas agrarias, a las infraestructuras agrarias y también a financiar desarrollo rural, independientemente de otras muchísimas cuestiones que se financian con la política agraria comunitaria.


En definitiva, si se llegan a consumar estos recortes, estaremos todos de acuerdo en que pueden afectar de manera muy negativa a todo el sector alimentario español. Me imagino que usted me contestará que esto no es así, pero ya lo debatiremos posteriormente.


Quiero resaltar también que afectaría sobre todo a un sector que, como usted bien sabe aunque no lo quiera reconocer, está atravesando una crisis muy profunda; crisis que, repito, su Gobierno no reconoce, pero que se siente en sectores tan importantes como pueden ser el ganadero, incluido el lácteo, el citrícola, el cerealista y

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el del vino -precisamente hoy se ha formulado una pregunta referente al vino- que también padece esta serie de recortes.


Señora ministra, lamentablemente, su Gobierno parece ignorar esta situación y vive más pendiente de su imagen, por lo que publican las notas de prensa, que de tomar medidas que puedan ayudar a resolver los problemas que padecen la agricultura y la ganadería, en definitiva, los alimentos que se producen en nuestro país, y de defenderlo adecuadamente en los foros de la Unión Europea.


Otra cuestión que quiero resaltar, que a mi juicio es importante y preocupante, es que de producirse este recorte se sumaría a otros que se han venido soportando y sufriendo a lo largo de los últimos años; insistiré en ello más adelante.


Volviendo al fondo de la noticia publicada, y enlazándola con el resultado del Consejo Europeo celebrado la pasada semana, concretamente el jueves y viernes, es decir, los días 11 y 12, hemos conocido los acuerdos que se produjeron entre los 27 países de la Unión Europea; acuerdos sobre diferentes cuestiones que se han calificado de históricos. Los más importantes, y que afectan a su ministerio son: los planes de protección del clima y de reducción de emisiones de C02; un plan de reactivación de la economía europea, cuestión que también es muy importante para todo el sector económico español y europeo; una tercera cuestión, sobre el Tratado de Lisboa, y diversos acuerdos sobre los planes europeos de seguridad y defensa.


En lo que se refiere a la reactivación de la economía europea, el acuerdo viene a equivaler a que los 27 países de la Unión Europea van a movilizar aproximadamente un 1,5 por ciento de su producto interior bruto; más o menos pretenden movilizar 200.000 millones de euros para reactivar esta maltrecha economía europea que también afecta a nuestro país.


En cuanto a su financiación, se habla de que 170.000 millones se realizarían con cargo a los presupuestos de los 27 países y los 30.000 restantes saldrían de los presupuestos de la Unión Europea. Con estas cantidades de dinero, la Unión Europea se plantea un plan conjunto en un marco conjunto, uniendo los esfuerzos de los 27 países, encarrilándolos en el mismo sentido, y potenciando de esta manera de una forma más eficaz la economía europea.


Dentro del cuadro de las medidas de relanzamiento, el plan propone mejorar las interconexiones energéticas y las infraestructuras de banda ancha, liberando unos fondos suplementarios de 5.000 millones de euros, a los que hace alusión esta interpelación. Lo sorprendente de la propuesta no es lo que se pretende, ya que las interconexiones energéticas y las infraestructuras de banda ancha son buenas tanto para Europa como para España, sino la revisión que se ha propuesto para financiar estas medidas.


Se propone modificar el cuadro financiero aprobado en 2006, que discutimos también en esta Cámara. Y llama poderosamente la atención que en esos 5.000 millones de euros se habilite una posibilidad y una propuesta, que es pasar de la rúbrica 2, es decir, política agraria comunitaria, a la rúbrica 1a, lo que se ha denominado competitividad para el crecimiento y el empleo. Por tanto, se trata de modificar los presupuestos ya menguados de la política agraria contenidos en aquellas perspectivas financieras 2007-2013 -que en las discusiones que mantuvimos aquí se reconoció que fueron reducidos en su día con respecto a períodos anteriores-, que van a decrecer a lo largo de los próximos años.


Señora ministra, esto es lo que se propone la Unión Europea, y a mí me gustaría formularle una serie de preguntas. La primera cuestión es qué va a hacer España ante esta propuesta de descuento de 5.000 millones de euros de una de las políticas europeas más importantes para España, como es la política agraria comunitaria.


Una segunda cuestión a la que me gustaría que me contestase es qué va a hacer el Gobierno y, sobre todo, qué les van a decir a sus eurodiputados y qué van a votar los miembros de su Partido en el Parlamento europeo. Ya de paso, nos podría contar si su Gobierno va a actuar y va a proponer otras fórmulas para financiar estos 5.000 millones de euros que no sean detraerlos de la política agraria comunitaria. En definitiva, señora ministra, mi pregunta es si van a viajar a Europa para proponer otras fórmulas para financiar estos objetivos que, como le he dicho, el Grupo Parlamentario Popular asume y acepta.


De manera muy resumida, estos son los antecedentes de lo que ha ocurrido en la Unión Europea en cuanto al fondo de la interpelación. Queremos saber si ustedes están de acuerdo con esta fórmula de financiación y si la van a apoyar, no con respecto al fondo de la cuestión con la que, como ya le digo, estamos todos de acuerdo, sino en cuanto a financiar este aspecto suplementario con fondos PAC de la Unión Europea.


Por ello la interpelamos para que nos explique qué van a hacer y, sobre todo, cómo valora el Gobierno este asunto y qué consecuencias puede tener para nuestro país un descuento tan importante, que afectaría -si los datos de su ministerio son fiables- un 11,3 por ciento, es decir, en 600 millones aproximadamente. También queremos saber cuál va a ser el posicionamiento futuro de España y qué medidas piensan adoptar si se consuma esta decisión en nuestro país. Son preguntas sobre las que nos gustaría obtener respuestas asumibles y aceptables para el sector agroalimentario español.


Quisiéramos, además, hacerle una serie de reflexiones sobre un recorte de estas características que, a nuestro juicio, nos afectaría de una manera importante. En caso de producirse, este recorte se sumaría a una serie de recortes producidos dentro del sector agrario a lo largo de los últimos años, relacionados con una serie de fracasos cosechados por su Gobierno en las negociaciones que han tenido lugar en la Unión Europea. Le recuerdo el fracaso que supusieron para nuestro país las perspectivas financieras negociadas por ustedes, y aprobadas en el año 2006, en las que España perdió, nada más y nada menos, que 31.793 millones de euros, casi 32.000 millones de euros en Fondos de Cohesión en relación con el periodo anterior, fondos que han sido muy importantes en periodos anteriores porque eran fondos estructurales. Con estas negociaciones

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nuestro país ha ido perdiendo, simplemente en pagos directos, entre un 6 y 7 por ciento en relación con el periodo anterior. Si esto se consolida a lo largo del septenio 2007-2013, supondrá una pérdida próxima a 2.896 millones de euros en pagos directos, es decir, en rentas directas de agricultores y ganaderos.


Y qué quiere que le diga sobre sus negociaciones en materia de desarrollo rural. Según la publicación del día 13 de septiembre de 2006, nuestro país perdía un 23 por ciento de fondos de desarrollo rural; éramos el país que más fondos para desarrollo rural perdía de toda la Unión Europea, frente a países como Francia -que no perdía-, Italia -que ganaba un 1 por ciento- e, incluso Portugal, que ganaba un 6 por ciento. Aunque usted no lo quiera reconocer, hemos perdido en las sucesivas reformas de la PAC que se han ido negociando a lo largo de los últimos años: en la de 2007, pero también en la de 2003, esa que hemos denominado como reforma a medio camino. También hemos perdido, aunque usted sonría, en el chequeo médico aprobado el mes pasado. Es decir, que donde ustedes ponen la mano o negocian, al final, hay fracaso seguro. Lamentablemente, todo esto ha supuesto recortes para el sector agrario español, pérdida de rentas, pérdida de dinero para infraestructuras y pérdida de dinero para el desarrollo rural.


Y aunque a la salida de todas las negociaciones sus valoraciones sean siempre muy positivas, podríamos recordarle también valoraciones positivas relativas al algodón, al azúcar y al vino que, al cabo de los años -aplicados todos esos recortes y reformas- se convierten en cierre de desmotadoras de algodón, de fábricas productoras de azúcar y, en definitiva, en pérdidas para el sector industrial de nuestro país. Esta es la auténtica realidad.


Por lo tanto, si el sector agrario va a perder fondos de la Unión Europea -tal y como se vislumbra de lo publicado en este medio de comunicación y de las propuestas que en estos momentos se debaten en el Parlamento Europeo para financiar esos 5.000 millones-, mucho me temo que vamos a seguir perdiendo.


Cuando se ha aprobado este chequeo médico, los sindicatos han pedido la renacionalización de la PAC, es decir, pérdida de fondos de la Unión Europea y más renacionalización de la política, es decir: financiación con los presupuestos generales de los países. Sin embargo, solo hay que ver los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año -rechazados en esta Cámara por ser malos-, para saber que, en definitiva, tampoco traen nada bueno para el sector agrario español. Baste un botón de muestra: el Plan de seguros agrarios, pese a la solicitud de mi grupo -planteada aquí en una pregunta, y manifestada en varias ocasiones- de mantener los mismos porcentajes de subvención, simplemente para no subir el coste del seguro. Sin embargo, ustedes han mantenido su propuesta, aprobada en Consejo de Ministros el 5 de diciembre, consumando una reducción de entre 1 y 10 puntos porcentuales en las diferentes líneas de seguro, a lo que hay que añadir los recortes adicionales en las subvenciones por renovación de contrato de hasta cinco puntos en líneas tan importantes como, por ejemplo, el cereal de invierno, lo cual pone en riesgo el sistema español de seguros agrarios. Con todo ello se pone de manifiesto que, a este paso, incluso les van a sobrar lo que han consignado en los Presupuestos Generales del Estado, porque no va a haber quien contrate un seguro agrario, a pesar de que diga usted que las cosas van para arriba y que todo es muy positivo.


Volviendo al tema del recorte de fondos de la política agraria comunitaria, en el caso de aprobarse, y si prospera lo que en estos momentos está en el Parlamento Europeo, ¿sabe lo que ocurriría? Si los datos no fallan, España perdería -según la última nota de prensa de fondos comunitarios y de valoración del chequeo médico de la PAC- el 11,3 por ciento de esos 5.000 millones de euros; es decir, que perdería 567 millones de euros para los años 2009 y 2010. No me diga que son no gastados -ya hablaremos luego de ello-, porque me va a decir que son de presupuestos no gastados de 2008, pero eso lo vamos a tener que ver.


Y ante unas noticias como las que se han publicado y que nos preocupan, queremos saber qué va a hacer su Gobierno, qué va a hacer su ministerio.
Hasta ahora, lo que hemos conocido de su ministerio y de su Gobierno han sido silencios. Y mucho me temo -y conociéndoles como les conocemos- que son capaces de decir que este recorte es incluso muy positivo para nuestro país; y son capaces de decir también que son muy beneficiosos para el sector agrario ya que, ante cualquier noticia que se produce en la Unión Europea, ustedes siempre salen con esa valoración tan positiva.


Termino pidiéndole lo que le pido en la interpelación: que nos informe sobre el fondo de la cuestión que le he preguntado, pues estamos ante una situación que nos preocupa y de la que nada dicen y de la que solo conocemos lo que han sido las notas de prensa y los posicionamientos del señor Rodríguez Zapatero después de finalizada esta importante reunión en la Unión Europea la semana pasada.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Señoría, como usted señalaba, los 5.000 millones de euros a los que hace referencia en su interpelación se recogen en la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativa a la revisión del marco financiero plurianual 2007-2013, de conformidad con los apartados 21 a 23 del Acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 2006, sobre disciplina presupuestaria y la buena gestión financiera.


La Comisión presentó, el pasado 26 de noviembre, una propuesta global de plan europeo de reactivación econó-

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mica encaminada a movilizar y coordinar el conjunto de las herramientas a disposición de la Unión Europea y sus Estados miembros para contrarrestar la recesión que amenaza a la economía europea tras la crisis financiera internacional.


Yo creo que sí es conveniente poner en valor los acuerdos de ese Consejo Europeo -sobre los que, por cierto, usted ha pasado muy por encima y que a mí me gustaría señalar en esta Cámara-. Son acuerdos trascendentales alcanzados para poner en marcha un plan de reactivación económica, reducir las emisiones de dióxido de carbono y desbloquear el Tratado de Lisboa en el Consejo Europeo, celebrado los días 11 y 12 de diciembre en Bruselas y que, brevemente, paso a comentar.


El presente plan propone una respuesta macroeconómica anticíclica a la crisis mediante un ambicioso conjunto de acciones destinado a apoyar la economía real y evitar una profunda recesión. Los objetivos estratégicos del plan de recuperación son: Estimular la demanda con celeridad y aumentar la confianza de los consumidores, amortiguar el coste humano del bache económico y su incidencia en los más vulnerables, contribuir a que Europa esté preparada para sacar ventaja cuando se reanude el crecimiento y que la economía europea se adapte a las exigencias de competitividad y necesidades de futuro; acelerar la transición hacia una economía con bajo nivel de emisiones de carbono, preparando a Europa en buenas condiciones para aplicar su estrategia de lucha contra el cambio climático y fomento de la seguridad energética. El plan incluye medidas para sostener la demanda, agilizar el crédito a las familias y empresas y ayudar al sector bancario. En particular, destacan los recortes fiscales y se deja libertad a cada país para optar, según su situación, por aumentos del gasto público, revisión de la presión fiscal, disminuciones de las cargas sociales o incluso apoyos a determinadas categorías de empresas o a las familias más vulnerables.


En cuanto a las medidas de apoyo a la demanda, se especifica que deben buscar un efecto inmediato, tener un límite temporal y centrarse en los sectores más afectados y los más importantes para la estructura de la economía.


Finalmente, se pide una aplicación flexible del pacto de estabilidad, que limita al 3 por ciento el déficit público de los Estados, aunque también una rápida vuelta al equilibrio.


Señoría, paso ahora a centrarme en lo que usted planteaba. Efectivamente, en esa comunicación se habla de un desembolso presupuestario de 200.000 millones de euros, de los cuales 170.000 serán aportados por los Estados miembros. Asimismo, he de hacer una puntualización a lo que usted decía, los 30.000 millones de euros en acciones de la Unión Europea son financiados por el presupuesto comunitario y el Banco Europeo de Inversiones.


En cuanto a la contribución de la Unión Europea a esas medidas de reactivación y con cargo al presupuesto comunitario, el plan propone la mejora de las interconexiones energéticas transeuropeas, a la que usted también hizo mención, mediante un sobre suplementario de 5.000 millones de euros para los años 2009 y 2010, que además también indicó usted las rúbricas de las que saldrían.


Se lo voy a explicar, para que pueda entenderlo perfectamente. Para proceder a dicha financiación, la Comisión ha propuesto, de conformidad con el Acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 2006, una modificación de las Perspectivas financieras 2007-2013 actualmente en vigor.


Tras comprobar, conforme a lo previsto en el punto 23 del citado acuerdo, que no era posible cubrir este importe mediante una reasignación de los gastos dentro de la propia rúbrica 1a, de competitividad para el crecimiento y el empleo, la Comisión ha propuesto al Parlamento y al Consejo una revisión de las perspectivas financieras consistente en incrementar la anterior rúbrica 1a, con cargo a los márgenes previstos en la rúbrica 2, de conservación y gestión de los recursos naturales, que incluye los gastos de la política agraria común.


En definitiva, la propuesta consiste en incrementar los techos anuales de crédito de compromiso de la rúbrica 1a en 3.000 millones de euros en 2009 y 2.000 millones de euros en 2010, siendo esta subida compensada a su vez con la reducción de los techos presupuestarios de la rúbrica 2 en 3.500 millones de euros en 2008 y 1.500 millones de euros en 2009. No obstante, es preciso aclarar que la reducción de un techo presupuestario en las perspectivas financieras no tiene por qué afectar al volumen de gasto previsto en los respectivos presupuestos anuales si los presupuestos aprobados se sitúan, como es el caso, por debajo de los techos o importes máximos.


Quiero que aprecie la primera diferencia en relación con lo que usted subrayó, porque hasta aquí posiblemente estuviéramos de acuerdo, pero es que una cosa es el techo presupuestario y, otra, el gasto de la PAC al que hacía referencia. Le daré datos concretos. Para el año 2008, y piense en el día que estamos, con el año prácticamente finalizado, el margen disponible en el presupuesto aprobado para la rúbrica 2 y el techo de las perspectivas financieras se sitúa en torno a 3.600 millones de euros, que superan los 3.500 millones previstos para este año. Para el ejercicio 2009, el margen existente entre las últimas estimaciones presupuestarias y el techo fijado por las perspectivas financieras para la rúbrica 2 supera los 3.100 millones de euros. Este margen tan importante para 2009 resulta principalmente de niveles muy elevados de recaudación por el presupuesto; ingresos asignados como tasas lácteas, correcciones financieras, recuperación de irregularidades, etcétera. Y todo ello junto a un nivel reducido de los gastos de regulación de mercado. Insisto en esta explicación, tenemos un techo presupuestario y unos gastos. Esa diferencia es la que se puede dedicar al acuerdo adoptado en el pasado Consejo. Y es más, quiero reiterar una vez más la cifra, estamos prácticamente finalizando el año 2008 y tenemos un excedente de 3.600 millones de euros que supera los 3.500 millones previstos. Por tanto, estamos hablando de utilización de márgenes respecto a techos presupuestarios que no afectan para nada al volumen de fondos previstos en los respectivos presupuestos.


No puede hablarse, en absoluto, de recorte, y no puede hablarse de menos recursos para los agricultores o ganade-

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ros españoles, que contarían exactamente con los mismos recursos en cualquiera de las dos situaciones.


La propuesta de modificación de las perspectivas financieras presentada por la Comisión incluye, por tanto, plenas garantías de que dicha decisión no prejuzgaría la financiación de los gastos de la PAC y el respeto de los acuerdos adoptados en el reciente chequeo médico de la misma. Las repercusiones para el futuro de nuestro sector agrario, por las que usted se interesa, por tanto, en ningún caso serían negativas.


En consecuencia, voy a intentar contestarle a las preguntas que usted planteaba: ¿qué va a hacer España ante el descuento? No hay descuento, señor Pérez Lapazarán, como le he dicho, es utilización de los márgenes que tenemos. Y la posición final del Gobierno de España sobre una eventual modificación de las perspectivas financieras en el sentido propuesto por la Comisión, se adoptará teniendo en cuenta siempre los intereses generales, sin que ello suponga ningún perjuicio o pérdida de recursos de cualquier índole para nuestros agricultores y ganaderos.
Espero que coincida usted conmigo en que si tenemos disponibilidad de fondos en la Unión Europea, podamos ayudar también a mejorar las interconexiones y, con ello, mejorar nuestra economía, por qué no utilizarlos si son compatibles, pues, de lo contrario, nunca se utilizarían para el sector.


Respecto a las consecuencias, otra de las cosas a las que se refería, absolutamente ninguna, señor Pérez Lapazarán. Y en cuanto a reflexiones sobre el recorte, no hay recorte. Creo que los únicos recortes que puede haber son los que usted pueda hacer del periódico y de las notas de prensa a las que hacía referencia. Me gustaría que leyese su primera intervención aquí porque ha dicho una gran verdad: que la reforma a medio camino del 2003 tuvo recortes. Recuerde que en el año 2003 gobernaba el Partido Popular.


Y le voy a decir más, cuando habla de azúcar, podemos hacer cuentas, pero de momento quiero que me diga las fábricas y las azucareras que cerraron en Castilla y León. Por cierto, creo que en esta sala todavía está el que fue consejero de Castilla y León. Y por si usted no lo recuerda porque no es de la misma comunidad, que se lo cuente él; cierre de azucareras a cambio de nada, señor Pérez Lapazarán; y este Gobierno negoció una OCM del azúcar que trajo cantidad de fondos para que en aquellos casos en los que el sector decida abandonar, tenga alternativas en la multifuncionalidad y no salgan perjudicados ni los trabajadores de las azucareras ni, desde luego, los agricultores.


Pero le puedo seguir poniendo ejemplos. En el año 2003, cuando ustedes aprobaron una modulación en esa reforma a medio camino a la que usted hacía referencia, debo decirle que los fondos se detraían de los agricultores, iban a la Unión Europea y la Unión Europea los devolvía a los países con criterios de cohesión. En esta reforma a medio camino, primero, los fondos se quedan en cada país. Segundo, esos fondos llevan una cofinanciación del 90 por ciento y 75 por ciento de la Unión Europea en función de que estemos hablando de regiones Objetivo 1 o fuera de Objetivo 1.


Por otra parte, aunque vayan al pilar 2, hemos asegurado que puedan seguir utilizándose para los sectores agrícolas y ganaderos. Es más, si hace las cuentas, encontrará un mecanismo parecido al que usted indica en esta interpelación. Determinado dinero de las dotaciones no se consume en cada país y hasta la fecha se estaba perdiendo. Nuestras estimaciones son próximas a los 200 millones de euros, que, por primera vez, se quedarán en este país y podrán ser utilizados por el sector.


Quiero finalizar diciendo que no entiendo por qué le gustan tanto los recortes, senador Pérez Lapazarán, no lo puedo entender, y que constantemente esté hablando de ellos, porque, si usted lee los reglamentos, se dará cuenta de que no se trata de recortes. En algunos casos pueden ser redistribuciones y en este caso concreto hemos aprovechado al máximo el margen que nos da la Unión Europea, margen que también queremos que pueda aprovechar nuestra economía, porque, de lo contrario, no tendría ninguna aplicación. Sería como lo de ni comer, ni dejar comer.


Señoría, con la seguridad de que nuestros sectores agrícolas y ganaderos no van a perder nada, le pido que su grupo apoye lo que se propone en ese Consejo Europeo respecto a las perspectivas financieras. Si no, resultará muy vacío su discurso cuando hablen de crisis y de ayudar a sectores industriales, a las familias y a los sectores bancarios europeo y español.


Y no quiero recordarle nada más, porque no pretendo que lo interprete con acritud. Solo las palabras del señor Aznar cuando decía que se alegraba mucho de que España creciese y, como consecuencia, recibiese menos ayudas de la Unión Europea. Recibiremos las mismas ayudas y seremos solidarios con los demás. Y ustedes, por favor, colaboren en ello.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señora ministra.


Tiene la palabra el senador Pérez Lapazarán.


El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, cada vez que usted o el señor Rodríguez Zapatero suben a esta tribuna para hablar de los fondos europeos me sorprenden, porque ustedes hacen la cuadratura del círculo, todo lo valoran positivamente.


Tengo la comunicación de la Comisión al Parlamento y hay algo que me deja sorprendido. Dice que no vamos a perder. Señoría, las perspectivas financieras, la rúbrica 2, lo que se aprobó en 2006 son 411.000 millones de euros y en medidas de mercado, 330.000. ¿Sabe cómo ha sido la revisión? Se ha bajado de 411.000 a 365.000 millones y de 330.000 a 293.000. Esta es la verdad, señora ministra, y son documentos del Parlamento Europeo. ¿Qué me quiere decir usted, que vamos a tener menor techo y con ello más fondos? No me cuente batallitas, a estas alturas no estamos para recibir lecciones suyas. Siempre que han ido a la Unión Europea han negociado a la baja y nuestro país ha

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perdido. Y en esto también. Y va a perder. ¿Ysaben qué es lo más preocupante de las posiciones mantenidas por España la semana pasada? Que estaban hasta de acuerdo con los países que querían recortar dinero a la PAC. ¿Y sabe lo que pasa en la política comunitaria? Dinero que se detrae, bajada de techo presupuestario, luego ya no se recupera. Se consolida esa bajada. Y esto va en contra no solo de los agricultores españoles, sino de todos los agricultores europeos. Eso es lo que está ocurriendo, señora ministra. No venga con otro tipo de interpretaciones.


Por lo tanto, a mí me sorprende y, sobre todo, me preocupa que usted como representante del sector agrario español tenga este posicionamiento que va en contra del sector agroalimentario español. Y me preocupa sus valoraciones y sus calificaciones. Usted dice que el consejero de Castilla y León perdió cuota. Gobernando el Partido Popular no se perdió ni un solo kilo de cuota de azúcar, incluso se aumentó. Con usted, negociando en la Unión Europea, estamos produciendo la mitad. No me venga usted con batallas de que hemos podido cuota de azúcar.


Ustedes han perdido, van a seguir perdiendo y, sobre todo, faltan a la verdad. La última nota de prensa o al menos una de las que yo tengo de su ministerio, de 20 de diciembre, ¿sabe lo que dice? Al mismo tiempo ha añadido Elena Espinosa: Se ha conseguido que la PAC mantenga su presupuesto, mejore el aprovechamiento de los fondos y ofrezca un marco de estabilidad para los profesionales de la agricultura en el marco de las actuales perspectivas financieras. Pero si la semana pasada las estaban cambiando. No son creíbles ni sus notas de prensa. Ustedes hacen brindis al sol.


¿Y sabe lo qué ocurre? ¿Cuál es el problema de todo esto? Que en España tenemos una gran crisis dentro del sector agrario. Se lo venimos diciendo y lo venimos planteando en este Senado y también en el Congreso de los Diputados: Las diferencias de precio que hay entre origen y destino, los problemas que tienen los sectores cárnico, ovino, caprino, vacuno de carne y lácteo. Si hasta la semana pasada se le manifestaron 5.000 agricultores frente a su ministerio y todos con la misma cantinela. Y ustedes siempre también con la misma cantinela: valoración positiva de nuestras negociaciones en la Unión Europea; venimos con muchísimos fondos; España no va a sufrir etcétera. Nos alineamos con los países que están en contra de la política agraria comunitaria. Y, sobre todo, también faltan a la verdad en estas cuestiones: las superficies de algodón y de remolacha se han reducido a la mitad con su Gobierno. Y todo ello frente a las políticas del Partido Popular que financiaron, incluso indujeron a las Cajas de Ahorro de Castilla y León a comprar cuota.


Y esta es la realidad, señora ministra. Preocúpese; leáse los documentos; tenga en cuenta a las organizaciones agrarias y también a las cooperativas, porque con respecto al chequeo médico decían que había sido un enorme fracaso. Su nota de prensa decía: España considera satisfactorio el acuerdo sobre el chequeo médico de la política agrícola común -el último, el del mes pasado-. ¿Sabe qué dicen las cuatro organizaciones agrarias? También se lo voy a leer: COAG muestra su más contundente rechazo a una reforma de la PAC que deja la alimentación europea en manos de un mercado desregulado y de las importaciones de terceros países. COAG rechaza el radical recorte en las ayudas directas.
El tijeretazo del 10 por ciento se une a la congelación de las mismas hasta el 2013 -y ahora ustedes proponen que incluso se bajen-, lo que junto a la inflación hará que el recorte alcance un total del 35 por ciento.


UPA:, rechazo total de la UPA-País Valenciano al chequeo médico por avanzar en el desmantelamiento de la PAC.


Incluso ASAJA denuncia que la revisión esconde una reducción presupuestaria de 262 millones. Incluso ASAJA-Extremadura solicita su dimisión como ministra, porque es que no sabe negociar en la Unión Europea, es que estamos perdiendo fondos. Cada vez que salen ustedes, perdemos un dinero. Y esta es la auténtica realidad.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, por favor termine.


El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Termino, señor presidente, recomendándole a la señora ministra que vaya más preparada a la Unión Europea porque en definitiva, así nos va; siempre perdemos en la Unión Europea y nuestro país pierde imagen.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


Señora ministra, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Señoría, en primer lugar, me gustaría manifestar en esta Cámara que yo no falto a la verdad. Pero sí me gustaría reiterarle lo que dijo el señor Aznar, que si España dejaba de recibir fondos era porque había mejorado, iba bien. Los datos a los que usted alude se refieren a cambios que se produjeron afortunadamente en nuestra situación y en nuestro país. Pero desgraciadamente usted no sé si no quiere entenderme, si no quiere ayudar al resto de la economía o si simplemente quiere tener sus minutos de gloria de vez en cuando en esta Cámara porque ha hablado de menor techo.
Yo no he dicho menor techo. Usted ha hablado de mayores fondos. Yo no he hablado de mayores fondos. No tergiverse mis palabras y como consecuencia después diga que falto a la verdad. Yo he dicho que los fondos que se iban a utilizar era la diferencia que se producía entre el techo financiero y el gasto real y que yo aseguraba aquí que se mantenía el mismo gasto. Por lo tanto, me reitero en que la PAC, de acuerdo con la revisión intermedia que se hace, afianza las perspectivas hasta el año 2013.


Quiero insistir mucho en que no se va a producir una reducción de las cantidades previstas de la PAC para la aplicación de las políticas que tenemos en marcha ni se va

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a reducir nada a nuestros agricultores. Por favor, señor Lapazarán, ¿qué día del mes es hoy? Nos sobran 3.600 millones de euros. ¿Qué quiere usted, que se queden en los fondos comunitarios y no ayudemos a la economía europea? Conteste, por favor, con toda sinceridad. ¿Quiere que perdamos 3.600 millones de euros de este año o quiere que los dediquemos a lo que podemos dedicarlos? Eso es lo que tiene que responder aquí.


No se trata, no lo olvide, de créditos disponibles -no confundamos términos- que, de otro modo, no se utilizarían. Se respetarán, y lo reiteraré mil y una vez, los gastos necesarios para la financiación de la política agraria común de acuerdo con los resultados del chequeo médico donde se mantiene el presupuesto; se mejorará el aprovechamiento de fondos -usted no quiere reconocer que vamos a aprovechar 200 millones de euros-, y se ofrecerá un marco de estabilidad para la agricultura.


Por último, haré referencia al Consejo extraordinario de agricultura del pasado 28 de noviembre, centrado en el debate sobre el futuro de la PAC más allá del año 2013. En el Consejo, 24 países de la Unión Europea, incluida España -porque, según usted, aunque seamos muy malos negociadores nos equivocamos cogidos de la mano con otros 23 Estados miembros-, apoyamos un documento para el futuro de la política agraria común en el que se pone de manifiesto la importancia del sector agrario, la necesidad de doblar la producción de alimentos en el horizonte 2050 y el papel estratégico para mantener y conservar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático, para lo que se necesita una PAC fuerte y sólida. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

La PAC, en su diseño y aplicación, ha ido evolucionando y adaptándose a los compromisos externos, a las sensibilidades, a los condicionantes internos, anticipándose también al futuro en muchas ocasiones, pero siempre garantizando la modernización, la viabilidad y el desarrollo sostenible de nuestro sector agrario.


Hay sectores que tienen algún problema y les estamos ayudando, aunque usted no se lo crea, pero me gustaría que también reconociésemos que posiblemente hoy es uno de los sectores menos afectados en esta situación de crisis, sobre todo la parte de transformación de la industria agroalimentaria. El Gobierno siempre estará con ellos, aunque usted no lo crea porque le gustaría que lo que nosotros negociásemos fuera realmente un fracaso -eso es lo que a lo mejor le gustaría a su grupo-, y yo le pido una vez más que, no dejando de ayudar a la agricultura, no dejando de ayudar a la ganadería, ayudemos a otros sectores que afectan a otras áreas, como las del ministro de Industria, que está aquí, porque si no, ustedes también serán responsables de que no podamos salir más rápido de esta crisis económica en la que estamos metidos a nivel internacional.
Piénselo porque si no será su responsabilidad y la de su grupo, señor Lapazarán.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-DE D. JORDI VILAJOANA I ROVIRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LAS ACTUACIONES QUE PIENSA LLEVAR A CABO EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LAS EMISIONES DE TV3 Y CANAL 33 EN LA COMUNITAT VALENCIANA (Número de expediente 670/000030).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la siguiente interpelación, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las actuaciones que piensa llevar a cabo el Gobierno para garantizar las emisiones de TV3 y Canal 33 en la Comunidad Valenciana.


Tiene la palabra el senador Vilajoana.


El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, señorías, desde el año 1986, es decir, hace sólo 22 años, TV3 se emite en la Comunidad Valenciana. Seis años más tarde, hace sólo 16 años, se iniciaron las emisiones de Canal 33. Unos años después, no muchos, se empezó a emitir en Cataluña el Canal Nou, de la misma forma que TV3 y Canal 33 desde hace muchos años se emite en las Islas Baleares y en estos momentos en Cataluña se está viendo la televisión autonómica balear IB3.


Esta es una filosofía, señor ministro, que nuestro grupo y nuestra federación de Convergència i Unió ha defendido siempre, tanto cuando estaba en el Gobierno como ahora en la oposición. Nos parece positivo, señor ministro, que las televisiones autonómicas de comunidades como Valencia, Islas Baleares y Cataluña, que compartimos lengua, historia y cultura, puedan compartir e intercambiar recíprocamente sus canales de televisión. El Parlamento de Cataluña, señor ministro, ha aprobado recientemente por una clara mayoría esta reciprocidad de las televisiones autonómicas.


Ahora toda esta fructífera y larga historia está en riesgo. El 9 de diciembre de 2007, por orden judicial, se cerró el repetidor de la Carrasqueta, Alacant. El 28 de noviembre de 2008 se cerraron dos nuevos repetidores: el de Alginet , en la comarca de la Ribera Alta, y el de Llosa de Ranes, en la comarca de La Costera. De momento, el juez ha denegado el cierre de los repetidores de El Montdúver, en La Safor, el Bartolo, en Castelló, y el Perenchiza, en Valencia.


¿Por qué ocurre todo esto, señor ministro? Todo comienza en otoño de 2005 cuando se aprobó en el Congreso, y en el Senado más tarde, la Ley de impulso de la televisión digital terrestre. Yo personalmente, señor ministro, fui ponente de esta ley, la apoyé y creo que al final salió adecuadamente. Esta ley establecía y establece que si el espacio radioeléctrico lo permitía, se podía conceder otra emisión de canal analógico a nivel estatal, siempre que tuviera una cobertura mínima del 80 por ciento. En

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función de esto se dio una concesión a la Sexta que le permitió emitir por un canal analógico y que, además, tenía cuatro canales digitales.


En relación con ello el ministro de Industria, señor Montilla en aquel momento, tuvo una reunión con el señor Eliseo Climent, presidente de la Acció Cultural del País Valencià, fundación que gestiona y que invirtió en estos repetidores que permiten ver el Canal 33 y TV3. El ministro le pidió que dejaran los canales que actualmente estaban utilizando TV3 y Canal 33 para que la Sexta pudiera emitir en la Comunidad Valenciana en analógico y, en compensación, se le ofreció para TV3 y Canal 33 los canales digitales 47 y 55.


Lógicamente estos canales, señor ministro, son del Estado porque si no no tendría sentido que le ofrecieran unos canales que no fueran del Estado.
Por tanto, yo no tengo ninguna duda de que los canales 47 y 55 son del Estado. Pero es que además, según el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre, Real Decreto 944/ 2005, de 29 de julio, se ve claramente que los canales 47 y 55 no figuran como atribuidos a la Comunidad Valenciana ni a ninguna comunidad autónoma. Por tanto, las competencias en cuanto al otorgamiento de concesiones para la gestión, control e inspección de los canales corresponden al Estado y, en concreto, a la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones.


¿Dónde está el conflicto? El conflicto está en que la Comunidad Valenciana y su Gobierno solicita un múltiple añadido al que ya tiene; igual que lo tiene TV3 en Cataluña y otras televisiones autonómicas. El debate está en que el Gobierno de Valencia lo ha llevado ante el juez argumentando que estos canales que se emiten en Valencia y que están en su comunidad son suyos. Y ha habido un juez que les ha dado la razón y otro juez que no les ha dado la razón. En cualquier caso, señor ministro, nosotros estamos preocupados por este tema desde hace tiempo, y concretamente, el 25 de abril del año 2007, hace más de un año, el señor Durán, en una comparecencia, en una sesión de control del Congreso, le pidió al presidente explicaciones al respecto y el presidente dijo que el problema se resolvería.


El 8 de mayo de 2007, en una comparecencia del ministro Clos en el Congreso, yo le planteé esta cuestión, pidiéndole, por favor, que hiciera algo en este sentido, y el señor Clos ese mismo día decía -y tengo aquí la transcripción del Congreso-: esto se arregla estableciendo una solución adecuada para el segundo múltiplex autonómico. Seguía: hay dos temas que debemos resolver, uno es el de la televisión digital de movilidad. Y añadía: para la televisión digital móvil necesitamos una banda de espectro que sea lo más común posible sobre todo el territorio.
También existe el compromiso de que todas las comunidades autónomas tengan el segundo múltiplex. Decía el señor Clos, ministro de Industria en aquel momento: por aquí proponemos que se resuelva el tema. Buscaremos este segundo múltiplex para Valencia y resolveremos el tema.


El debate ahora es éste: el Gobierno Camps en el fondo ¿qué está diciendo? Les está presionando para que le den el segundo múltiplex y, mientras tanto, consigue que algún juez le vaya cerrando repetidores.


Comprendo que esto a usted le ha tocado de rebote, pero le ha tocado, señor ministro, con todo el afecto del mundo, este es un marrón que le ha tocado, y me parece lo suficientemente serio e importante como para que yo le interpele y le plantee una serie de cuestiones que me parecen fundamentales y unas preguntas que me surgen, y espero su respuesta.


Tenemos un problema, que es una batalla alrededor de un múltiplex, tenemos dos canales que se emiten desde hace 22 años, un Canal Nou que se emite en el múltiplex de TV3, en Cataluña, y estamos emitiendo en reciprocidad con las Baleares y con Cataluña; por tanto, estamos en una situación razonable. Mi pregunta es: ¿los canales 47 y 55 son del Estado o son de la Comunidad Valenciana? Hay un informe técnico que dice claramente que son del Estado. Yo creo que son del Estado porque si no el señor Montilla no hubiese ofrecido unos canales que no eran suyos. Por tanto han de ser del Estado, pero se lo pregunto.


En segundo lugar, si realmente son del Estado, pregunto, señor ministro, ¿por qué no recurren las sentencias del juez, que, basándose en que son de la Comunidad Valenciana, da la orden de cortar los repetidores? ¿Qué hacemos en este sentido señor ministro? Finalmente, quiero saber su opinión sobre lo que sería la gran solución.


Es cierto que Televisión Española tiene dos múltiplex, que televisión de Cataluña tiene dos múltiplex y que hay comunidades que tienen dos múltiplex. ¿Qué vamos a hacer con el múltiplex de Valencia? En cualquier caso, señor ministro, entendemos la historia de estos canales y su eficacia en el sentido de la relación entre comunidades, que además se producen con otras televisiones, no es que tengamos obsesión los catalanes de comunicarnos entre comunidades, está ocurriendo lo mismo con Telemadrid, que está emitiendo en Castilla-La Mancha; con Canal Sur, de Andalucía, que está emitiendo en Extremadura, y con la televisión vasca, que está emitiendo en Navarra. Creo que estos reboses de señal se están produciendo. En el caso de Baleares, Cataluña y Valencia esto ocurre desde hace más de veinte años.


Señor ministro, lamento que usted haya heredado este asunto, pero le toca a usted y yo le pido que se lo tome en serio y que nos dé una solución.


Gracias, señor ministro, señorías y señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Gracias, señor presidente.


A este Gobierno, al contrario que a otros, no le gusta colgarse medallas que no le corresponden, pero convendrá usted conmigo en que precisamente en capacidad de decisión, en impulso y en apuesta por un nuevo modelo audiovisual, plural, territorial y competitivo, no estamos a la zaga de nadie, ni aquí, ni mucho menos en el resto de Europa.


Su señoría ha mencionado los antecedentes; vayamos pues a ellos. Desde 1998 -año en que, por cierto, dicho

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sea de paso, no gobernábamos nosotros sino que lo hacía el Partido Popular con el apoyo de su grupo- hasta el año 2004, en el que asumimos la responsabilidad de gobernar, ya se disponía de la cobertura legal necesaria para adecuar nuestro modelo audiovisual a un futuro digital que ya estaba presente en Europa. Y ¿cuál fue el resultado de ese largo periodo? Más de un lustro perdido y una estéril travesía por el desierto, caracterizada por unos índices de penetración de la TDT y de la oferta de servicios asociada a ella que eran impropios de un país desarrollado.
Probablemente su señoría se acuerda de la experiencia de Quiero TV.


Superar esa difícil y lastrada situación no ha sido fácil. Para ello, el Gobierno, consciente de la necesidad de apostar por un nuevo modelo de televisión en beneficio de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, puso en marcha en diciembre de 2004 el Plan de impulso a la TDT. Cuatro años después de ese plan creemos que los resultados son prometedores.
Gracias al Plan Nacional de Transición a la TDT, que fue aprobado en septiembre de 2007, y a los esfuerzos que le precedieron, hoy en España la TDT es una realidad más que tangible.


En este sentido, quiero recordar a su señoría que actualmente la TDT cuenta con más de 30 canales gratuitos y en abierto, alcanzando en este momento su ámbito de cobertura al 89,15 por ciento de la población total, con un grado de penetración del 50 por ciento de los hogares y una audiencia que llega al 20 por ciento. Realidad que, por otra parte, traerá en abril de 2010, y adelantándonos a Europa en cuanto a los plazos establecidos, el salto cualitativo tecnológicamente hablando más importante y transformador de las últimas décadas en lo que se refiere a la esfera audiovisual a todos los españoles.


¿Y por qué hemos actuado así? Porque para este Gobierno el garantizar a los ciudadanos una oferta televisiva plural, competitiva y de calidad, que garantice la libertad de elección y de información, es una prioridad que siempre hemos materializado con hechos en el ejercicio de nuestras responsabilidades públicas. Sabíamos y sabemos que para estar a la cabeza de Europa y del progreso, y para impulsar hacia el futuro a España y a las nacionalidades que la integran, la apuesta por la TDT debía ser decidida y segura. Así lo hemos hecho, y creo que su señoría no me lo puede negar.


Pero déjeme que le añada algo más: de ningún modo pretendemos arrogarnos este éxito como propio o exclusivo del Gobierno. Es cierto que hemos liderado e impulsado la puesta en marcha de estas iniciativas, algo que hace cuatro años parecía imposible, pero es justo y me complace reconocer públicamente que ha sido la colaboración con las comunidades autónomas la que ha hecho posible este tránsito. Por ello, y porque el Gobierno ha entendido siempre que la televisión es un elemento cultural que, además de aunar valor informativo, de entretenimiento y de divulgación, entraña elementos de cohesión social y territorial, hemos planificado, a través del Plan técnico de la TDT, doce múltiplex: once para la TDT y uno para la TDT móvil. Creo que no hay un mayor ejemplo en Europa de pluralidad y competencia en el sector audiovisual.


Les recuerdo que los múltiplex planificados en España son más del doble que los planificados en los principales países europeos. Le pondré algunos ejemplos. En Italia hay siete múltiplex planificados; en Francia seis; en Reino Unido otros seis, y reitero que en España doce. Como usted sabe, de los múltiplex planificados, las comunidades autónomas disponen de dos. Hay un segundo múltiplex que en algunos casos hemos anticipado al apagón analógico a solicitud de los gobiernos autonómicos, pese a los problemas técnicos que esta circunstancia entraña. Nuestro interés es lógicamente el interés ciudadano, y por ello, siempre que nos ha sido posible, y a requerimiento de la comunidad autónoma respectiva -y esto es importante-, hemos procurado colaborar para dotar de una oferta televisiva más plural y competitiva a todos los territorios.


Además, y en el caso de comunidades autónomas colindantes, como es Cataluña y la Comunidad Valenciana, nuestro interés de que los canales autonómicos de uno y otro territorio puedan ser disfrutados sin fronteras digitales por los residentes de ambos entes territoriales es un hecho.


Sospecho que las razones que nos mueven a usted y a mí hacia ese objetivo común son bien diferentes. En nuestro caso entendemos que generar espacios sin fronteras digitales, también en el ámbito audiovisual, y hacer partícipes a los ciudadanos de un determinado territorio de la oferta televisiva de otro, es una apuesta firme por la cohesión, por la integración y por el enriquecimiento cultural mutuo. Por ello, hemos planificado los múltiple, de tal manera que todas las comunidades autónomas dispongan de canales suficientes como para habilitar, siempre que lo considere necesario, alguno para que sus residentes puedan disfrutar de la oferta televisiva de las comunidades autónomas colindantes.


Nosotros, señoría, hemos puesto los medios, pero tienen que ser las comunidades autónomas quienes pongan la voluntad política para que el enriquecimiento digital que supone disfrutar de las emisiones de sus homólogos públicos autonómicos vecinos, se haga extensivo a sus respectivos territorios. Insisto, es una decisión de la propia comunidad autónoma. Precisamente en el caso que usted me plantea no es por falta de medios. Estoy seguro, señoría, de que usted está perfectamente informado, pero aun así me permito recordárselo: Cataluña dispone de tres múltiple y la Comunidad Valenciana de dos, y el hecho de que Cataluña y la Comunidad Valenciana dispongan respectivamente de tres y dos múltiple no es fruto del azar, sino de la voluntad política del Gobierno central porque así sea.


Los medios están ahí. Ahora son los responsables políticos de esas comunidades quienes deben decidir cómo utilizarlos y, sinceramente, tal y como ya le he dicho, creo que su responsabilidad es hacerlo en beneficio y provecho de los ciudadanos de sus respectivos territorios, pero no es potestad de este Gobierno tomar esa decisión, sería, de hecho, una invasión de competencias, y lo último que quiere hacer este ministerio es invadir competencias de las comunidades autónomas, como ha quedado claro anterior-

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mente en la discusión de la Lorcomin. Así lo dice la legislación vigente, que habilita a las comunidades autónomas a suscribir convenios de colaboración que permitan la emisión de uno o varios programas de su televisión autonómica en el ámbito geográfico de otra, siempre que los espacios radioeléctricos de sus ámbitos territoriales sean colindantes, y así deben proceder la comunidad autónoma de Valencia, por un lado, y la de Cataluña, por el otro, si hay un interés recíproco, que por lo visto y por lo menos por parte de Cataluña sí lo hay, para que su oferta televisiva digital evolucione en este sentido.


Señoría, nosotros no podemos ir más allá, en primer lugar, porque es nuestra obligación respetar el marco competencial vigente y no podemos subrogarnos en el ejercicio de las potestades que por ley tienen atribuidas las comunidades autónomas, y, en segundo lugar, porque desde un punto de vista estrictamente técnico y para el caso que su señoría plantea -la Comunidad Valenciana-, si es intención de la Comunidad Valenciana, ya dispone de los medios necesarios para proceder en el sentido que su señoría sugiere si lo considerara oportuno. Sepa su señoría que la Comunidad Valenciana dispone a fecha de hoy en su segundo múltiple del excedente digital necesario para atender, si así lo considera oportuno, al requerimiento que su señoría plantea. Por tanto, basta con que las autoridades valencianas, la Comunidad Valenciana, así lo determinen y sigan al efecto el cauce legalmente establecido para que la posibilidad de que en el territorio de la Comunidad Autónoma de Valencia pueda visionarse TV3 y el Canal 33 sea una realidad.


Señoría, sé que hasta las elecciones autonómicas y locales de mayo de 2007, y gracias a la asociación Acció Cultural del País Valencià, los valencianos tenían la oportunidad de disfrutar de los canales públicos de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, y sé que esta situación cambió en virtud de un expediente incoado por la Comunidad Autónoma de Valencia a dicha asociación y que supuso el cierre de estas emisiones, así como una sanción económica.


Conozco esa situación, que momentáneamente priva a los ciudadanos de la comunidad levantina de la posibilidad de disponer entre su oferta televisiva de las emisiones públicas catalanas. La conozco y no la comparto, pero de la misma forma entiendo que la solución a este problema pasa por un acuerdo entre las respectivas comunidades autónomas, acuerdo que están en disposición de alcanzar porque tienen, reitero, los medios necesarios para ello. Por tanto, es ahora a otros a quienes les toca mover ficha, porque lo dice la ley y porque lo demanda la ciudadanía.
Mientras tanto, nosotros seguiremos defendiendo el interés general, practicando la pedagogía política que observa el pluralismo televisivo y la libertad de elección informativa como valores prioritarios de nuestro modelo audiovisual. Asimismo, implantando un futuro que ya es presente, con la ayuda de todos, en un entorno digital, moderno y transformador.


Muchas gracias, presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Tiene la palabra el señor Vilajoana.


El señor VILAJOANA I ROVIRA: Señor ministro, en primer lugar he de decir que me ha hecho toda una entrada, pero le diré que yo estoy encantado con la TDT funcione. Fui ponente de la ley, intentamos aportar enmiendas a la ley, y creo que la mejoramos. Tenemos una buena ley, y ya era yo diputado. Y además tengo que decirle que he dirigido una televisión pública durante cinco años. Es decir, en este sentido, todo fantástico.


Respecto a lo del PP, tengo que decir que el primero que intentó cerrar TV3 y Canal 33 en la Comunidad Valenciana fue el ministro señor Barrionuevo. Lo digo porque todos tenemos un pasado, pero no ocurre nada.
Además creo que es una magnífica persona a la cual aprecio y valoro.
Dicho esto, usted ha manifestado algo que siempre me parece magnífico: respetar competencias. Lo que me temo y le he preguntado es lo siguiente: ¿En el momento en que un ministro de Industria, que casualmente era el señor Montilla, le dice a la asociación Acció Cultural del País Valencià: oye, deja estos canales que tienes ahora y pasate al 47 y al 55, ¿de quién era el canal? Y le he preguntado: ¿Estos canales son estatales o son de la comunidad? Usted me dice que respeta competencias, y según la ley le corresponde al Estado tener estos canales. Y esta es mi pregunta concreta que no me ha contestado: ¿Estos canales son de la comunidad? Si lo son, tiene razón Valencia. Si son del Estado, no tiene razón Valencia, y usted lo que tiene que ejercer es su obligación como ministro de defender los canales del Estado.


Segunda cuestión. ¿Cómo puede ser que le den a la asociación Acció Cultural del País Valencià unos canales que no son suyos? No lo entiendo.
Yo no quiero que invada competencias, porque, por otra parte, el conseller de Medios de Comunicación de la Generalitat ya se ha reunido con el valenciano. ¿Cuál es el gran problema? Que Valencia entiende que tiene que tener canales. Dicho de otra forma, usted ha dicho: Cataluña tiene tres múltiplex. Dos los tiene televisión de Cataluña y uno lo gestiona por concurso una entidad privada. Pues bien, Valencia pide un tercero. ¿Por qué el ministro Clos dijo en el Congreso hace un año que lucharía para que hubiera un múltiplex adicional? Me gustaría que me contestara a todo esto. Yo estoy encantado con la televisión digital que tenemos. Es cierto que se ha ido de un modo muy acelerado -felicidades-, pero tenemos un problema que hay que resolver. Y en cuanto a decir que el problema es de ellos y que usted no tiene competencias, quiero que me lo aclare seriamente. Porque tengo la sensación de que estamos hablando de unos canales cuando en realidad es el ministerio el que se lo entrega a la asociación Acció Cultural del País Valencià. ¿Ya no son del ministerio? ¿Son ya de la comunidad estos canales? Si son de la comunidad, tendremos que buscar una solución, pero hemos hecho aquí un juego extraño. Se le da a esta asociación, se empieza a emitir, y a partir de esos momentos desaparecen y no tienen derechos.


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Señor ministro, de verdad, este es un tema serio que preocupa a mucha gente en Cataluña. Y tengo que decirle una cosa. Yo estoy de acuerdo con usted, si es que yo quiero emitir allá porque entiendo que culturalmente es una gran riqueza compartir lenguas, culturas e historias. Esto es positivo, y no lo hago para separar sino para unir y cohesionar. Por tato, estamos de acuerdo usted y yo. El problema que tenemos es que esto, que iba muy bien y que funcionaba durante veinte años, se está rompiendo.
Es cierto que ahora mismo la Comunidad Valenciana está ejerciendo una presión sobre este tema, ¿pero tiene razón o no en ejercerla? Hay jueces que le dan la razón y otros que no le dan la razón. El ministerio lo mira desde arriba, pero ¿por qué no entramos, por qué no defiende sus derechos que son los de los ciudadanos?

Señor ministro, en el mes de febrero le plantearé una moción, pero yo le pido, por favor, que le dé usted a esta cuestión la máxima prioridad. No se trata de que tenga usted la razón o de que la tenga yo, sino de intentar buscar una solución para que en un asunto como éste, que un ministro de este Gobierno, el señor Clos, se comprometió a arreglar, y que el presidente del Gobierno en una sesión en el Congreso de los Diputados dijo que había que arreglarlo, usted pasa el paquete hacia afuera. Si es así, me lo dice: es que el paquete no es nuestro; estos canales son de la Comunidad Valenciana. Me sorprenderá por un motivo.
¿Cómo puede ser que ustedes al señor Climent le dieran unos canales que no eran suyos?

Quiero que me aclare esto y, repito, en función de lo que usted me conteste, en la moción le plantearemos unas propuestas concretas de actuación.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señor presidente.


Desde nuestro punto de vista, gobernar es practicar un ejercicio de responsabilidad, y esto se demuestra de tres formas. La primera, respetando los marcos competenciales que, tanto la Constitución como los estatutos, atribuyen a los distintos entes territoriales. La segunda, habilitando a dichos entes territoriales para que puedan tomar sus propias decisiones en el ejercicio de estas competencias. La tercera, gestionando y salvaguardando el interés general con rigor, eficiencia y pulcritud. Creemos que así hemos actuado en este caso.


El Gobierno pone los medios, que existen, y la prueba es -y su señoría lo sabe- que en el caso de la Generalitat de Cataluña y de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares hay un acuerdo para que se pueda visionar esta oferta plural territorial. Por lo tanto, existen los medios a disposición de la Comunidad Valenciana para dar cumplimiento a ese deseo que compartimos, aunque me temo que por diferentes motivos. Si la Comunidad Valenciana no desea ejercer esa cuestión, no es un problema del Gobierno de la nación. Creo que su señoría está intentando trasladar un problema que no es nuestro a un Gobierno que lo único que hace es lo que le corresponde: consolidar una realidad que ahora mismo es inexistente -la TDT-, de forma ágil, eficiente y anticipada a todo el territorio español.


Señoría, le repito que ningún país de Europa -ninguno- va a disponer de una oferta televisiva en la TDT tan amplia como la nuestra. En el ámbito de la TDT y el digital también vamos a ser líderes a nivel europeo. Si su señoría no está satisfecho dese una vuelta por Europa y compruebe cuál es la situación en la que se encuentran el resto de los países europeos a nivel territorial.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

-- DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE SUPRIME EL GRAVAMEN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO, SE GENERALIZA EL SISTEMA DE DEVOLUCIÓN MENSUAL EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO Y SE INTRODUCEN OTRAS MODIFICACIONES EN LA NORMATIVA TRIBUTARIA. (SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA). (Número de expediente Senado 621/000007 y número de expediente Congreso 121/000008).


El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate de las interpelaciones, pasamos al cuarto punto del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.


De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de ley por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria.


Para la presentación del dictamen, tiene la palabra su presidente.
(Denegación.)

Si no va a haber presentación del dictamen, pasamos al turno a favor del proyecto de ley.


Tiene la palabra el senador Gordo.


El señor GORDO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el proyecto de ley que hoy debatimos se enmarca dentro del conjunto de medidas que el Gobierno de España está adoptando para estimular la economía y el empleo y hacer frente a la crisis económica.


Las principales medidas que incorpora este proyecto de ley están concebidas para ayudar a las familias y a las empresas mediante la supresión del gravamen del Impues-

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to sobre el Patrimonio, que supondrá un estímulo fiscal para las familias de más de 1.800 millones de euros y la devolución voluntaria mensual anticipada de 6.000 millones de euros para las empresas.


Este proyecto de ley tiene por objeto introducir diversas medidas fiscales en la normativa fiscal. En total, son diez tributos los que se ven afectados: el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Actividades Económicas, el Impuesto sobre el Valor Añadido, el Impuesto General Indirecto Canario, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los impuestos especiales, el Impuesto sobre las Primas de Seguros y, por último, la Ley General Tributaria.
Gran parte de las modificaciones responden a la adecuación de la normativa interna, al ordenamiento y a la jurisprudencia comunitaria.


A su vez, el proyecto incorpora las medidas que desarrolló el Gobierno con el sector del transporte por carretera para paliar los efectos de la subida del precio de los combustibles y la bonificación sobre las primas de seguro relacionadas con el transporte público y por carretera de mercancías o viajeros para cubrir los daños por accidente, siempre que dichas primas se devenguen en los ejercicios 2008 y 2009.


Señorías, las medidas que hoy aquí se debaten se encuadran en el grupo de actuaciones que ha puesto en marcha el Gobierno para hacer frente a la mayor crisis económica que se ha conocido desde la segunda guerra mundial. El Fondo Monetario Internacional así lo ha puesto de manifiesto al prever que se produzca la primera contracción del PIB en las economías desarrolladas desde esa época. España, al igual que ha ocurrido en el Reino Unido, en Estados Unidos y en otras economías occidentales, ha experimentado un crecimiento negativo de su riqueza a lo largo del tercer trimestre de este año, aunque con menor intensidad.


La política económica del Gobierno se ha orientado y se sigue orientando desde el primer momento a suavizar la crisis, pero también a establecer un modelo de economía más equilibrada que nos permita crecer a medio y largo plazo. En estos momentos de especial dificultad económica nos importan las familias, y especialmente los parados y aquellos que han perdido su empleo, así como las empresas que están atravesando dificultades. Las instituciones internacionales apuestan por llevar a cabo medidas de estímulo fiscal. Las conclusiones de la Cumbre de Washington hablaban de que los países dieran un impulso fiscal que superase el 2 por ciento del PIB; pues bien, en España estamos ya por encima del 1,5 por ciento del PIB.


En este mismo hemiciclo, la pasada semana el vicepresidente Solbes anunció que se había inyectado liquidez a la economía por valor de 40.000 millones de euros, de los cuales las medidas de política fiscal suponen 21.000 millones. El real decreto ley convalidado la pasada semana en la Cámara Baja ha instrumentalizado una serie de medidas por valor de 11.000 millones de euros.


Señorías, la rigurosa política presupuestaria nos está permitiendo adoptar estas medidas. Nuestro nivel de deuda en relación con el PIB es 20 puntos inferior a la media europea. Esta situación nos permite hacer frente al déficit coyuntural de las cuentas públicas, actuaciones que se complementan con las nuevas medidas en el orden fiscal que presenta este proyecto de ley.


En primer lugar, quiero hacer referencia a la supresión del gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, con efectos desde el 1 de enero de 2008. El artículo tercero incluye las modificaciones relativas al Impuesto sobre el Patrimonio. Este impuesto se estableció en el año 1977 como un tributo de carácter extraordinario y complementario; sin embargo, en 1991 se estableció en régimen ordinario; su tipo máximo se fijó en un 2,5 por ciento, y desde 1991 se han establecido distintas exenciones orientadas a mejorar el tratamiento fiscal de los patrimonios afectos a las actividades económicas, lo que ha llevado a una pérdida de neutralidad fiscal del tipo de bienes sobre los que recae el impuesto, y supone también un incentivo a la creación de mecanismos de elusión. En este sentido, se ha considerado conveniente la supresión del gravamen, pero manteniendo formalmente la exanción de este tributo para impedir la creación de otros gravámenes que pudieran llegar a sustituirlo, impidiendo así su eliminación final. Por tanto, se ha establecido una bonificación estatal del cien por cien sobre el gravamen, que debe contribuir a la reactivación de la economía, especialmente en el sector inmobiliario de segunda vivienda, y se mantienen todas las reglas de valoración.


El proyecto establece un nuevo sistema de devolución del IVA sustancialmente diferente del actual. Se mantiene el actual sistema de devolución. Sin embargo, con la nueva redacción se permite que los sujetos pasivos, con independencia del volumen y tipología de las operaciones que realicen, puedan optar por la devolución del saldo a su favor al final de cada período de liquidación, teniendo en cuenta que, en este caso, dicho período de liquidación pasa a ser mensual, y para ello deja de ser necesaria la inscripción en registro alguno. Se estima que dicha medida va a suponer una inyección de liquidez, de disponibilidad para las empresas de 6.000 millones de euros.


También se introducen modificaciones en los aspectos fiscales del régimen económico y fiscal de Canarias al objeto de introducir diversos cambios en el IGIC para mantener el paralelismo con el IVA.


La ley recoge también la introducción de cambios en la Ley de Impuestos Especiales que regula las franquicias a la importación, con efectividad desde el día 1 de enero de 2008. Se mantienen los actuales límites establecidos para la franquicia del tabaco y se modifican los límites para las bebidas alcohólicas.


Además, se modifica la base imponible sobre el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte para adecuarla a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y se establecen niveles de emisiones de CO2 que delimitan la categoría de tributación especial aplicable.


También se incide en los cambios en el Impuesto sobre Sociedades en relación con la reforma contable de armo-

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nización internacional y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, derivados de la mejora y simplificación de la gestión del impuesto.


El proyecto de ley, en su trámite en el Congreso de los Diputados, ha incluido diversas disposiciones adicionales transitorias y finales. Cabe destacar el compromiso del Gobierno para incentivar la promoción de viviendas en alquiler con opción a compra y para fomentar la rehabilitación, así como el compromiso de compensar a las comunidades autónomas por la pérdida de ingresos que puede suponer la supresión del gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio.


Señorías -insisto-, este proyecto de ley complementa las actuaciones que el Gobierno socialista viene poniendo en marcha para dinamizar la actividad económica y contribuir a mejorar la liquidez de las familias y las empresas en el mismo contexto que vienen trabajando otros países de la OCDE. Se produce un alineamiento de la jurisprudencia y el sistema fiscal europeo. Será una ley que contribuirá, sin duda, a generar confianza en nuestro sistema económico y a dotarlo de más solidez, una vez que los preceptos del marco fiscal se encuentran más armonizados con los distintos países de la Unión Europea y una vez incorporadas las modificaciones en la línea que señalan las diversas directivas en vigor aún no trasladadas al marco normativo español. Será una ley para dar consistencia a nuestra economía, que es tanto como decir al bienestar de todos los españoles.


Por ello, esperamos contar con su apoyo y con el respaldo de todos los grupos parlamentarios. Todos hemos de arrimar el hombro para salir de la crisis; un reto colectivo que hemos de afrontar entre todos. La respuesta, sin duda, ha de ser colectiva y la solución, de todos.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Gordo.


A continuación, pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.)

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Denegación.)

¿Grupo Parlamentario de Convergència i Unió? Tiene la palabra el senador Vilajoana.


El señor VILAJOANA I ROVIRA: Señor presidente, señorías, esta ley nos parece importante. Hemos trabajado en ella fuerte y duro con el Partido Socialista en el Congreso para acabar de afinar ciertos temas con la portavoz socialista en la Comisión de Economía del Senado, y hemos conseguido avanzar. Consideramos importante esta ley porque suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido e introduce una serie de modificaciones en la normativa tributaria que nos parecen significativas e importantes.


Nuestro grupo apoya la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, medida que hemos solicitado desde hace mucho tiempo, porque consideramos que este impuesto había perdido su sentido originario, es decir, servir de instrumento de control de la renta. Este impuesto no tenía sentido en estos momentos, pues está prácticamente obsoleto; solamente dos países de la Unión Europea, Francia y Suecia, lo mantienen, pero con tipos muy bajos y muy reducidos, mientras que todos los países se están planteando su eliminación. Por lo tanto, esta es una buena noticia. En esta coyuntura de crisis económica que estamos viviendo nos parece adecuada la aportación de casi 1.800 millones de euros a los ciudadanos y ciudadanas de este país, pues les proporcionará liquidez.


En la misma línea, nos parece adecuada la medida de la devolución mensual del IVA. Siempre nos ha parecido adecuado, pero más aun en estos momentos, cuando las empresas de este país tienen problemas de liquidez, sobre todo las pequeñas y medianas. Mientras la banca no sea capaz de llevar liquidez al sistema, un buen mecanismo automático es esta devolución mensual, que permitirá tener liquidez a las empresas, lo cual les viene muy bien en estos momentos. En cualquier caso, es algo muy positivo, y por ello lo hemos solicitado; incluso queríamos llegar más lejos, aunque hemos alcanzado a esta solución que nos parece positiva.


Por otra parte, esta ley aporta un conjunto de medidas relativas a su adaptación a la normativa contable del nuevo Plan General de Contabilidad. En el momento en que apoyamos y aprobamos este plan, ya pedimos en cierta forma su neutralidad fiscal. Por lo tanto, consideramos que esta ley resuelve algunas disfunciones, cosa que consideramos positiva.


Nuestro grupo ha consensuado con el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado -algo que agradecemos profundamente- siete de las enmiendas que hemos presentado y que aún permanecían vivas. Hemos consensuado las enmienda números 66, 67, 69, 70, 71, 74 y la 78, que retiramos, pues entendemos que las transacciones que nos ha ofrecido el Grupo Parlamentario Socialista cubren nuestros objetivos. Quedan vivas las enmiendas números 68, 72, 73, 75, 76 y 77, que ya defenderé en el turno de defensa de las enmiendas.


Me gustaría señalar también que nuestro grupo defiende la enmienda número 19, del Grupo Parlamentario Popular, relativa al Impuesto de matriculación de motocicletas, pues consideramos que gravar ese impuesto sería un error. En el caso de Cataluña -esta es una Cámara territorial y yo tengo que hablar de mi territorio, Cataluña-, que cuenta con un grupo de fábricas, teniendo en cuenta que no solo han caído las ventas del automóvil sino también las de la motocicleta, nos parece un error estratégico incrementar en estos momentos el impuesto de matriculación sobre estos vehículos. Además, el argumento de la contaminación no es real, pues las motos contaminan menos que los coches por dos motivos: porque tienen menos centímetros cúbicos y porque se mueven con más rapidez, y con ello no me refiero a más velocidad, sino a que tienen más movilidad y, por tanto, están menos tiempo contaminando. Para los que tenemos la suerte o la desgracia de

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vivir en grandes ciudades, la moto es un elemento de circulación y movilidad fundamental. En Barcelona, por ejemplo, si las motocicletas desaparecieran, sería imposible moverse. Después de Bangkok somos la ciudad del mundo con más motocicletas, y este senador también la utiliza para moverse confortablemente por Barcelona. En estos momentos estoy seguro de que incrementar este impuesto de matriculación no aportaría ingresos y es un error.


Por este motivo vamos a defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, y defendemos las motocicletas por razones económicas e industriales. En este momento es un sector económico que en Cataluña tiene sus fábricas implementadas, pero en otras zonas de España somos unos buenos fabricantes. En estos momentos, por ejemplo, el programa estrella de Televisión Española es el Mundial de Motociclismo y no tiene sentido que pongamos un impuesto en una coyuntura como esta, cuando esta industria está pasando por problemas serios.


Solo me queda expresar la satisfacción por que hayamos conseguido avanzar todos en este proyecto de ley. Estamos satisfechos con la redacción del Congreso; quedan algunos flecos que nos gustaría arreglar en este rato que nos queda. En cualquier caso, defenderemos unas enmiendas que mantenemos vivas. Repito que estamos satisfechos con este mecanismo de acuerdo en leyes importantes. Saben que Convergència i Unió tiene por norma participar, y nos sentimos muy contentos con el nivel de acuerdo al que se ha llegado tanto en el Congreso como en el Senado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, ¿desea intervenir la senadora Alberich? (Denegación.)

¿Grupo Parlamentario Socialista? (Denegación.)

¿Grupo Parlamentario Popular? (Denegación.)

Pasamos al turno de defensa de las enmiendas.


Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el senador Belda.


El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente

Anuncio que en esta enmienda hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista. Por lo tanto, está transada, pero sus argumentos están recogidos en la propia transacción. Se refiere a la aplicación del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario y a las ejecuciones de infraestructuras ferroviarias que se introdujeron desde el año 2002 por la Ley 53/2002, cuando comenzaron a ejecutarse este tipo de infraestructuras en Canarias. Se hacía necesario aclarar que, por el tipo de gestión acordado por las administraciones competentes, no solo iba a aplicarse este tipo cero a las obras ejecutadas por la Administración directamente, sino también a aquellas que se ejecutaban indirectamente a través de sociedades de economía mixta y con un título habilitante que encargaba la ejecución de la obra y la posterior explotación del servicio público a estas empresas. Esto ha sido aceptado, e incluso está propuesto en el informe aprobado por unanimidad por el Parlamento de Canarias el 11 de diciembre pasado, que es preceptivo en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Constitución y del artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias.


Agradecemos que se haya incluido, tal y como ha propuesto el Parlamento de Canarias, en la enmienda transaccional acordada.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Para la defensa de la enmienda número 2, del Grupo Mixto, tiene la palabra el senador Pérez Bouza.


El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, señor presidente.


Quiero comenzar mi intervención diciendo que el BNG valora positivamente algunas de las propuestas que en materia tributaria recoge este proyecto de ley, tales como la devolución mensual del IVA.


Sin embargo, nos oponemos frontalmente a la medida de mayor calado que se introduce en este proyecto, esto es, a la supresión encubierta del Impuesto sobre el Patrimonio. Lo hacemos porque, a nuestro juicio, se trata de un tributo de carácter directo y naturaleza personal que grava el patrimonio neto de las personas. Por lo tanto, el objetivo de este impuesto, según la exposición de motivos de su ley, es gravar la capacidad de pago adicional que supone la posesión de un patrimonio, además de intentar conseguir una mayor eficacia en la utilización de los patrimonios y ser un complemento del IRPF.


En consecuencia, señorías, el tributo tiene un marcado carácter progresivo, que es un hecho que el BNG considera positivo, y su supresión implica renunciar a aplicar un instrumento recaudatorio y redistribuidor.
En el BNG consideramos que la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio se enmarca en un contexto en el que se pretende reducir a la mínima expresión la tributación directa que, como es bien sabido, es la mejor garantía de equidad y de progresividad del sistema tributario.


La reducción de la imposición directa implica o bien compensar la disminución de ingresos mediante la tributación indirecta, con la pérdida del principio de progresividad que eso supone, o bien no compensar esa reducción de ingresos, lo que equivale a perder la capacidad de mejora de las políticas activas de desarrollo o de bienestar social. Además, señorías, ante esta fiebre de reducir impuestos -muchas veces propuesta para buscar un rédito electoral a corto plazo-, es necesario recordar que el Estado español es uno de los que tienen los índices más bajos de la Unión Europea en cuanto a la presión fiscal, lo que imposibilita, entre otras cosas, elevar los índices de prestaciones sociales, que se encuentran muy lejos de los países más avanzados de Europa en materia de bienestar social.


Por lo tanto, en el BNG consideramos que es necesario tener presente la componente distributiva que poseen los impuestos, no solo en cuanto al carácter progresivo en su recaudación sino también en la componente del gasto, ya

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que para conseguir unos buenos servicios sociales, sanitarios y una educación pública de calidad es necesario disponer de los recursos precisos, sobre todo por la vía tributaria directa y progresiva, máxime en un contexto de grave crisis económica, ante la cual el Estado debe obtener recursos suficientes para adoptar políticas activas que contribuyan a combatir o cuando menos a amortiguar sus efectos. Pero además de una figura impositiva, señorías, me gustaría recordarles que, a mi juicio, el Impuesto sobre el Patrimonio es un valioso instrumento para obtener información que permita destapar fraudes fiscales, al poder detectarse a través de la declaración del patrimonio fugas de renta y viceversa. Por lo tanto, el hecho de suprimir este impuesto tendrá como consecuencia la desaparición de un instrumento que proporciona importante información para luchar contra el fraude fiscal.


Desde el punto de vista del BNG no solo es grave el fondo sino también la forma mediante la cual se suprime el Impuesto sobre el Patrimonio, al llevarse a cabo a través de la modificación de determinados artículos de la Ley 19/1991. En realidad, no se está suprimiendo el Impuesto sobre el Patrimonio sino que se está aplicando una bonificación del cien por cien en la cuantía de la cuota íntegra del impuesto.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.


El señor PÉREZ BOUZA: Termino, señor presidente.


De esta manera, se evita modificar la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, que regula las medidas fiscales y administrativas del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, puesto que cualquier modificación de esta ley, como bien se recuerda en la propia exposición de motivos de este proyecto, debe ser objeto de un examen conjunto en el marco del proceso de reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas.


Por lo tanto, el BNG mantiene esta enmienda y solicita el apoyo de la Cámara. En consecuencia, votaré a favor de la enmienda número 52, presentada por Entesa Catalana de Progrés.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas números 66 a 78, tiene la palabra el senador Vilajoana.


El señor VILAJOANA I ROVIRA: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo solamente para dar por defendidas las enmiendas números 68, 72, 73, 75, 76 y 77, en los términos en que han sido presentadas.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas números 49 a 65, de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.


Señorías, Iniciativa Verds-Esquerra Unida ha presentado una serie de enmiendas que tienen como objetivo dos grandes cuestiones. La primera es la mejora del texto del proyecto de ley para intentar hacer más eficaces todas aquellas medidas fiscales orientadas a dinamizar el sector de la construcción, hoy inmerso en una profunda crisis. Por ello, hemos presentado las enmiendas números 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58 y 61. En ellas planteamos la homogeneización de todos los contratos de alquiler, mejoras del IVA en la rehabilitación de edificios, y su rehabilitación energética. En segundo lugar, la reducción del IVA en las viviendas de protección social, precisamente por esa función social. En tercer lugar, estimular el paso de la compra de viviendas al alquiler con opción a compra, viviendas hoy por hoy invendibles o impagables dada la crisis, una situación que está estrangulando a los promotores y causando graves problemas sociales.


Quisiera detenerme especialmente en mi intervención en la enmienda número 52, una enmienda de supresión muy clara, igual que la número 2, presentada por el BNG. Con ella pretendemos suprimir la propuesta de modificación presentada por el Gobierno, del siguiente tenor: Artículo 33. Bonificación general de la cuota íntegra. Sobre la cuota íntegra del impuesto se aplicará una bonificación del cien por cien a los sujetos pasivos por obligación personal o real de contribuir.


Técnicamente, lo que el Gobierno quiere que el Senado apruebe es dejar el Impuesto sobre el Patrimonio como un impuesto fantasma con el que nadie paga y nadie declara.


¿Qué representa hoy el Impuesto sobre el Patrimonio? En el año 2006 representó unos ingresos tributarios de aproximadamente 1.661 millones de euros. Y la previsión de ingresos para la actual campaña 2007 es de 2.075 millones de euros, previa presentación de 1.050.000 declaraciones. Dicho en pesetas, para que todos nos entendamos, en el 2006 se ingresaron casi 280.000 millones de pesetas, y para el ejercicio del 2007 se prevé ingresar 345.000 millones de las viejas pesetas. En medio de una fuerte crisis económica ¿es razonable renunciar a estos ingresos? Yo creo que no. Por mucho que sea una promesa electoral, hecha en unas circunstancias económicas diferentes, ¿es razonable intentar mantenerla con la que está cayendo? Yo creo que no es razonable ni socialmente justo. Y más aún, ¿cómo se puede pretender que frente a tanto sacrificio social hoy en día se nos plantee reducir un impuesto con unos tipos de gravamen ya de por sí muy reducidos. Estamos hablando de que el más alto corresponde al 2,5 por ciento para un patrimonio superior a los 10.695 millones de euros, que se tributa de forma individual a partir de un patrimonio de 182.000 euros, estando exenta de tributar la vivienda habitual hasta un determinado importe.


¿Cómo se puede entender que desaparezca un tipo de impuesto como este? Para nosotros es una medida incomprensible, y más aún desde un punto de vista progresista. Creo que es una medida antisocial, incomprensible en

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plena crisis económica, y que se inscribe en esta conservadora corriente de desfiscalización y de primacía de los impuestos indirectos sobre los directos y progresivos que, señoras y señores defensores de la Constitución, es aquello a lo que nos obliga el artículo 31 de la Constitución cuando habla de la necesidad de una justa, progresiva y redistributiva carga fiscal.


En la exposición de motivos el Gobierno argumenta que el actual impuesto ha perdido capacidad para alcanzar de forma eficaz los tres grandes objetivos para los que fue diseñado: función de carácter censal y de control del IRPF, en segundo lugar, conseguir una mayor eficacia en la utilización de los patrimonios, y en tercer lugar, la obtención de una mayor justicia redistributiva complementaria a la aportada por el IRPF.
Si así fuera, lo lógico sería reformar el impuesto, no suprimirlo de facto, ya que las tres grandes razones que lo justifican siguen vigentes; la censal y de control sigue más vigente que nunca, dado el agravante fraude fiscal presente en España, al igual que el objetivo de conseguir una mayor eficacia en la utilización de los patrimonios, por no hablar de la justicia redistributiva complementaria que representa.


Me preocupa la regresión fiscal que estamos sufriendo, y no solo por culpa de la derecha, sino también del Partido Socialista Obrero Español. En el año 1986 los impuestos directos representaban el 64 por ciento y los indirectos, un 32 por ciento de lo recaudado. En el año 2006 los porcentajes son: impuestos directos, un 51 por ciento, y los impuestos indirectos, un 47 por ciento, es decir, ha habido un crecimiento de quince puntos en estos 20 años. Todos ustedes saben que los impuestos directos gravan la renta de forma progresiva y los indirectos el consumo de forma indiscriminada. Si eliminamos el Impuesto sobre el Patrimonio, con la constante supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que están realizando las comunidades autónomas, y con especial entusiasmo las comunidades autónomas del PP, la cruda realidad es que el único impuesto directo es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que se ha convertido principalmente en un impuesto sobre las rentas del trabajo, que representan hoy un 80 por ciento de su base imponible. Y qué decir del impacto que representa la supresión de este impuesto sobre los ingresos de las comunidades autónomas, ya que su recaudación está cedida, o los perjuicios que puede representar en la lucha contra el fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción urbanística. Insisto: para nuestro grupo, para nosotros, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida, modificar, actualizar, hacer más eficaz ese impuesto, sí; suprimirlo, no.


Senadoras y senadores socialistas, no entiendo por qué debemos suprimir, eliminar un impuesto en el que el 60 por ciento de su recaudación procede de patrimonios superiores al millón de euros. Y no entiendo cómo desde el Partido Socialista, por mucha promesa electoral que fuera, repito, en unas circunstancias económicas determinadas, hoy en día se nos puede plantear la supresión de este impuesto, que grava directamente a los más ricos y representa unos ingresos para el Estado aproximadamente de unos 2.000 millones de euros. Y como no lo entiendo, les pido que reflexionen, porque cuando afirmábamos desde la izquierda la supremacía de la política sobre el mercado, teníamos razón; cuando afirmamos la necesidad de control y regulación, tenemos razón; cuando exigimos y reclamamos un mayor Estado del bienestar, tenemos razón, y cuando exigimos y reclamamos una fiscalidad justa, progresiva y realista, tenemos razón. Por tanto, no entiendo que a estas alturas ustedes se puedan plantear disminuir un impuesto directo que grava a los que más tienen y representa unos importes tan cuantiosos y significativos como estos.


Por ello, les pido que voten a favor de la enmienda número 2, del BNG, y de la enmienda número 52, que presenta Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida, dentro del Grupo Entesa Catalana de Progrés.


Por otro lado, retiraremos las enmiendas de Esquerra Republicana números 59, 60, 62, 64 y 65.


El resto de las enmiendas siguen vivas.


Gracies, senyor president. Gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas números 41 a 48, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Gordo.


El señor GORDO PÉREZ: Gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario Socialista presenta ocho enmiendas al articulado de este proyecto de ley. Fueron cinco las que se presentaron en el Congreso de los Diputados, y con ellas sin duda el proyecto mejoró en consistencia y llega a esta Cámara con mayor calidad.


El Grupo Parlamentario Socialista ha manifestado en todo momento su voluntad de acuerdo y diálogo para incorporar mejoras al texto que hoy debatimos. Prueba de ello son las numerosas enmiendas transaccionadas con los distintos grupos en el Congreso de los Diputados y las que hasta el momento hemos transaccionado en esta Cámara.


Nuestras enmiendas se dividen en dos bloques. Por una parte, hay un conjunto de enmiendas técnicas, las números 41, 42, 43, 45 y 46, en relación con el devengo del impuesto repercutido sobre el IVA -enmienda 42-, para dar consistencia a los cómputos temporales -enmienda 43-, o para hacer una mención especial al capital social, que no se había incluido por un error de transcripción -enmienda 45-. El resto de las enmiendas se orientan a recoger adiciones o modificaciones que permiten una mejor aplicación del Impuesto General Indirecto Canario en la gestión tributaria en las islas por parte del Gobierno autónomo, que, como ustedes conocen muy bien, es de coalición entre el Partido Popular y Coalición Canaria.


El Grupo Parlamentario Socialista quiere poner de manifiesto mediante estas enmiendas su compromiso en la mejora del bienestar de la sociedad canaria y su contribución a la gobernabilidad de las islas. (Aplausos.) Los socialistas tenemos un sentido de Estado que hoy más que nunca echamos en falta en el principal partido de la oposición y que nos lleva a anteponer los intereses de la ciu-

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dadanía por encima de todo, aunque sea facilitando la gestión tributaria de un gobierno autonómico en el que se encuentra al frente un consejero del principal partido de la oposición en esta Cámara. Eso es hacer política de altas miras, y no sembrar la duda y la desconfianza en la economía española, a lo que ya nos tienen acostumbrados otros. Pero les recuerdo que están ustedes perfectamente legitimados para votar en contra de estas enmiendas. No nos va a sorprender mucho, dada la inconsistencia política que se viene demostrando día a día en las últimas votaciones que se han producido.


Y paso a referirme al fin al que se orientan las enmiendas 44, 47 y 48. La enmienda número 44 suprime la tributación indirecta general sobre los biocarburantes. Para ello iguala la tributación de la entrega o importación del petróleo y sus productos derivados al tipo cero desde el año 2002, con los biocarburantes. Se propone igualar ambas tributaciones al tipo cero. Lógicamente, corresponderá al consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias regular el procedimiento y requisitos para la aplicación de este tipo.


La enmienda número 47 añade una disposición transitoria nueva. A través de ella se ofrecen garantías a los sujetos pasivos del IVA y del Impuesto General Indirecto Canario para que en la reducción de la base imponible de ambos tributos, como consecuencia de los créditos total o parcialmente incobrados en los plazos establecidos no se produzca ninguna pérdida en la posibilidad de minorar dicha base.


La enmienda 48 tiene como finalidad incluir entre las comunidades autónomas con régimen obligatorio de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a la comunidad canaria. De ahí que, una vez que se ha constatado que cuenta con un servicio de asistencia al contribuyente, la comunidad puede regular los aspectos de gestión y liquidación. Así pues, Canarias se añade a la lista de las comunidades autónomas que disponen de este régimen de autoliquidación obligatoria, en las que ya se encuentran siete comunidades de régimen común.


El Grupo Parlamentario Socialista también ha llegado a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Mixto, en concreto con Coalición Canaria, como ya se ha comentado aquí, para transaccionar la enmienda número 1, una enmienda que plantea considerar como equipamiento comunitario la entrega de bienes y servicios destinados a la construcción de infraestructuras ferroviarias ya señaladas por la Administración, ya sean gestionadas por la Administración de forma directa o indirecta. La consideración de tales operaciones como equipamiento comunitario va a permitir la aplicación del tipo cero en el ámbito del Impuesto General Indirecto Canario.


Señorías, como manifestaba al principio de esta intervención, nuestro posición ha sido de acuerdo y diálogo ante las distintas enmiendas presentadas; de ello pueden dar testimonio los distintos grupos parlamentarios por las transacciones que se han realizado.


Ahora bien, el proyecto de ley que hoy presentamos no es una ley escoba, como a las que antes nos tenían acostumbrados. Por eso, no es de extrañar que las enmiendas que se presentan por parte de algún grupo, como el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobrepasen ampliamente los objetivos que establece el espíritu de la norma, entre las cuales se encuentran las ya mencionadas. Por tanto, vamos a rechazar todas las enmiendas que no se ajusten a esta línea de trabajo. En este sentido, agradecería al Grupo Parlamentario de Convergència i Unió que retirase las enmiendas números 76 y 77; seguro que con ello damos la importancia que se merece a esta Cámara y al sector del automóvil, que está pasando por un momento de especial dificultad y que lo va a agradecer.


Señorías, no se trata de innovar el proyecto de ley para disponer de un texto repleto de medidas administrativas, fiscales y del orden social asociado a la gestión del proyecto del presupuesto para 2009 o, lo que es lo mismo, un cajón de sastre donde cabe todo, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid; y claros ejemplos de ello tenemos en esta Cámara. El proyecto de ley que hoy se debate en esta Cámara tiene otra naturaleza, como se ha puesto de manifiesto en su articulado, y es en ese contexto en el que el Grupo Parlamentario Socialista entiende que se han de incorporar las distintas enmiendas.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, y para la defensa de las enmiendas números 3 a 40, tiene la palabra la senadora Angulo.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, subo a esta tribuna para defender las 38 enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado al proyecto de ley por el que se introducen modificaciones en nuestra normativa tributaria.


En este proyecto de ley es más notorio lo que le falta que lo que contiene, y son muchas más las situaciones y circunstancias que obvia que las que contempla. Al final, como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, resulta que tienen más contenido, las enmiendas que el propio proyecto de ley.


Presentamos una colección de enmiendas que, en su conjunto, son una auténtica reforma fiscal. Son enmiendas que en algunos casos no representan ninguna novedad porque las hemos presentado, e incluso en algunos casos las hemos aprobado, en diferentes iniciativas en el Congreso y en el Senado, algunas ya en la anterior legislatura. Pero sí representan una oportunidad para hacer frente a la tremenda crisis que estamos padeciendo y, sobre todo, representan una auténtica hoja de ruta para el Gobierno.


Empezaré refiriéndome, como indica el propio título de la ley, a la supresión del gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio. En eso nuestra propuesta es muy clara: abogamos por la supresión del impuesto y no, como hace el texto, por bonificar la cuota, aunque sea al cien por cien. Por eso, en la enmienda número 7 defendemos la deroga-

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ción de la Ley 19/1991 y contemplamos, además, la necesidad de aprobar en un plazo máximo de seis meses los textos refundidos de otros impuestos que resultan afectados por normas contenidas en dicha ley. Asimismo, defendemos la necesaria compensación a cargo de los Presupuestos Generales del Estado por la disminución de ingresos que se produzca en las diferentes comunidades autónomas.


En segundo lugar, presentamos varios bloques de enmiendas dirigidas a recuperar la senda del crecimiento y de la inversión y a frenar, como decía, en la medida de lo posible la drástica destrucción de empleo que estamos viviendo, una destrucción de empleo que el Gobierno prácticamente se limita a contemplar.


También hay enmiendas dirigidas a aliviar la situación de dificultad en que se encuentran muchas empresas, no solo por unas mayores dificultades financieras, que también, sino por el incremento desmesurado de la morosidad, o sencillamente por la resistencia del Gobierno a bajar un impuesto como el de Sociedades, que grava la actividad económica.


En este sentido, destacaría cuatro temas en los que se engarzan dichos bloques de enmiendas. En primer lugar, pensando en mejorar la financiación de las empresas, planteamos en la enmienda número 11 unas reglas a la hora de que la Administración tributaria exija garantías para la devolución mensual del IVA a fin de evitar que la exigencia de unas garantías excesivas pueda frustrar la efectividad de esta medida. En segundo lugar, proponemos medidas específicas para que las empresas, sobre todo las de menor dimensión, puedan afrontar con mayores garantías los problemas crecientes de morosidad que, como decía, están padeciendo.
Todos los indicadores sobre impagados y el crecimiento tremendo del número de empresas en situación concursal hacen ver que es necesaria la adopción de medidas en este sentido. Por eso creemos que es necesario aumentar los gastos deducibles por posibles insolvencias de deudores, y proponemos en la enmienda número 5 la reducción del plazo de seis a tres meses para considerar fiscalmente deducibles en sociedades las pérdidas por deterioro derivadas de posibles insolvencias de deudores.


Con la enmienda número 6 pretendemos incrementar el porcentaje de deducción para saldos de dudoso cobro en las pequeñas y medianas empresas desde el 1 al 3 por ciento, y planteamos que en un plazo de tres meses el Gobierno modifique el reglamento del Impuesto sobre la Renta en el régimen de estimación directa para elevar el porcentaje correspondiente a gastos y provisiones de difícil justificación en un 3 por ciento como mínimo, y en el régimen de estimación objetiva para introducir una posibilidad de deducción para gastos de dudoso cobro pensando en que esos problemas de morosidad están llegando y afectando también de manera importante a los pequeños empresarios y a los autónomos, así como a los propietarios de inmuebles en alquiler. De ahí nuestra enmienda número 27.


En tercer lugar, me refiero a las enmiendas 14, 23 y 24, dirigidas específicamente a mejorar la tributación de las pequeñas y medianas empresas. Son propuestas que hemos hecho de forma reiterada, pero en este caso consideramos que la insistencia está absolutamente justificada porque no se entiende de ninguna manera que el Gobierno mantenga contra viento y marea para estas empresas, para las pequeñas y medianas empresas, uno de los tipos de sociedades más elevados de la Unión Europea, incluso de toda la OCDE, un tipo de sociedades que está lastrando nuestra competitividad y dificultando la entrada de inversión, además de las consecuencias derivadas para nuestras pymes, que conforman de manera importantísima nuestra estructura productiva.


Son propuestas, además, que se hacen desde numerosos foros, no solo desde el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, pero que nosotros hemos traído hoy aquí como enmiendas -también las presentamos como enmiendas a los presupuestos- y asimismo en proposiciones de ley que no hemos tenido la oportunidad de debatir ni siquiera en su fase de toma en consideración, porque el Gobierno ha mostrado de forma reiterada su disconformidad con ellas.


Proponemos ampliar el ámbito de empresas de reducida dimensión hasta un volumen máximo de facturación de 12 millones de euros, desde los ocho millones actuales, extendiendo además dicho concepto a otros impuestos y en particular en relación con el IVA y la obligación de presentar declaraciones mensuales. Y proponemos, sobre todo, aplicar un tipo especial de gravamen para esas pequeñas y medianas empresas, un tipo del 20 por ciento para los 300.000 primeros euros de base imponible.


Tratamos con estas enmiendas de que las pequeñas empresas de nuestro país no solo tengan más liquidez, sino que también tengan más recursos y puedan afrontar con mayor confianza el futuro y tomar también con mayor confianza y menos incertidumbres las decisiones de creación de empleo o de inversión correspondientes. Por eso, proponemos también la libertad de amortización para elementos nuevos, pretendiendo que se contemple además el inmovilizado intangible, algo que no se contempla en la transaccional que hemos firmado; y apoyaremos en ese sentido las enmiendas de otros grupos.


Se trata, además, de frenar el proceso de destrucción de empresas y de caída en la creación de otras nuevas y, con ello, la destrucción alarmante de empleo. Se trata también de propiciar el inicio de nuevas actividades y nuevos proyectos empresariales, y en esa línea va una enmienda interesante referida al aumento del porcentaje de capitalización de la prestación por desempleo hasta el 60 por ciento para aquellos desempleados que decidan iniciar un negocio por cuenta propia o que decidan de alguna manera establecerse. Eso es lo que propone nuestra enmienda número 37.


En un cuarto grupo de enmiendas, las números 20, 21 y 22, dentro de este mismo apartado, planteamos otra cuestión importante, como es la recuperación de determinadas deducciones en el Impuesto sobre Sociedades.
Si estamos de acuerdo en que la pérdida de competitividad de nuestras empresas es un auténtico talón de Aquiles en nuestra economía; si estamos de acuerdo en que es necesario pro-

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mover y favorecer inversiones en áreas con alto valor añadido, inversiones en materia de innovación; si estamos de acuerdo en que una parte de esas inversiones en I+D+i deben hacerse desde el sector privado -de hecho, el objetivo del Lisboa era que fuesen de dos tercios para el año 2010-; y si el sistema de incentivos fiscales que existía en 2005, antes de la reforma fiscal que aplicó el Gobierno socialista, había sido calificado por la propia patronal europea como uno de los más avanzados y uno de los mejores de toda la OCDE, no entendemos y nunca hemos entendido la decisión, absolutamente incomprensible, del Gobierno de desmantelar de forma progresiva pero firme ese sistema de deducciones. Por tanto, lo que proponemos con nuestras enmiendas es recuperar esos incentivos fiscales para favorecer el proceso de innovación de la economía española; y pretendemos suprimir la derogación definitiva que se plantea en 2012 de dichos incentivos, una derogación que podría estar ya echando directamente a empresas que pudieran en este momento estar planteándose implantar actividades o realizar inversiones I+D+i en España.


Proponemos también recuperar los incentivos fiscales en formación profesional, porque entendemos la necesidad, que ha sido ampliamente reconocida, desde luego yo creo que con carácter unánime, de aumentar el capital humano en nuestro país.


En tercer lugar, planteamos enmiendas de apoyo no solo a las pequeñas y medianas empresas sino también a las familias, para las que, a la pérdida de poder adquisitivo derivada de la subida de los precios de todos los productos básicos, del encarecimiento en la cuota hipotecaria de los últimos años y del incremento de la presión fiscal, se añade ahora la incertidumbre que está atenazando a muchas de ellas con el efecto devastador sobre el empleo que está teniendo esta crisis.


Aunque desde algún grupo se nos ha criticado y se nos ha dicho que nos extralimitamos, a nosotros nos parece absolutamente evidente que en un proyecto de ley de estas características, que se presenta coincidiendo casi en el tiempo con una ley de presupuestos, no debemos desaprovechar la oportunidad para introducir las reformas necesarias que puedan suponer un alivio en la situación de todas esas familias. Entendemos que es importante aprovechar el debate de esta ley para introducir mejoras en su situación, y eso es lo que pretendemos con otros bloques de enmiendas que paso a exponer.


En primer lugar, nos parece importante aprovechar cualquier reforma para introducir mejoras fiscales a favor de esas familias, y en ese sentido se dirigen la enmienda número 13, que pretende incluir en el tipo reducido los productos especialmente concebidos para su uso por personas discapacitadas, y la número 8, que pretende aplicar un tipo superreducido del IVA, del 4 por ciento, a la prestación de servicios a personas mayores y discapacitados físicos y psíquicos en centros residenciales.
Tengo que recordar que en el mismo sentido ya en el año 2005 aprobábamos en esta Cámara la toma en consideración de una proposición de ley precisamente para aplicar ese tipo superreducido a la prestación de servicios en centros residenciales, algo que fue después rechazado en el Congreso por la oposición del grupo que sustenta al Gobierno, por la oposición del Grupo Parlamentario Socialista. Es un tipo superreducido que muchas familias siguen esperando en la medida en que podría suponer un abaratamiento significativo en la prestación de esos servicios.


Me gustaría destacar en este punto otra enmienda interesante, la número 38, orientada a la exención en el Impuesto sobre la Renta de las becas y ayudas al estudio, concedidas para estudios tanto en España como en el extranjero, porque la referencia de la ley actual a la enseñanza reglada hace que muchas becas queden finalmente sujetas al impuesto, desvirtuando además el carácter de gratuidad que se le presume a cualquier ayuda a la formación, con independencia del lugar donde esta se desarrolle.


En segundo lugar, estamos también hablando de apoyo a las familias cuando planteamos enmiendas dirigidas a generar las oportunidades necesarias para que el esfuerzo económico que tienen que hacer los jóvenes para comprar o rehabilitar una vivienda sea asequible. Con las enmiendas dirigidas a mejorar esas oportunidades podríamos además reactivar un sector, como el inmobiliario, que está en caída libre, con las consiguientes y tremendas cifras de desempleados que comprobamos mes a mes.


Por eso insistimos desde el Grupo Parlamentario Popular en iniciativas dirigidas a incrementar las deducciones por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual, aumentando la parte estatal de la deducción en diez puntos, hasta el 20,05 por ciento, alcanzando así una deducción total del 25 por ciento, y a aumentar asimismo la base de la deducción hasta 10.000 euros.


Proponemos también incrementar en diez puntos las deducciones correspondientes a las inversiones en vivienda habitual para mejorar la accesibilidad de personas discapacitadas, en este caso pudiendo llegar las deducciones hasta un 30 por ciento y ampliando la base hasta los 13.500 euros.


A esto se refiere la enmienda número 28, que coincide con iniciativas con carácter no de ley que hemos presentado de forma reiterada tanto en el Congreso como en el Senado y a las que el Gobierno se resiste, a pesar de que son absolutamente necesarias para los jóvenes. Como también es necesario, y por eso presentamos la enmienda número 30, ampliar el plazo de las cuentas vivienda de cuatro a seis años.


Proponemos además que la deducción por vivienda tenga efectos inmediatos y que se aplique ya en las tablas de retención, con el fin de dejar más dinero disponible en manos de esas familias.


Desde el Partido Socialista nos dicen hoy que nos extralimitamos. También podrán decirnos en algunos casos que están en ello, pero lo cierto es que en el año 2006, prácticamente nada más llegar al Gobierno, redujeron de forma importante las deducciones por vivienda; y en esas estamos, con familias que, como decía, tienen serias dificultades para hacer frente a las hipotecas, y con jóvenes que en muchos casos desisten de comprar una vivienda, aunque esa fuera su primera intención.


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Si de verdad el Gobierno pretende favorecer el acceso a los colectivos con menos ingresos, como anunciaba la semana pasada al presentar el nuevo Plan Estatal de Vivienda, no me cabe duda que el Grupo Parlamentario Socialista reconsiderará su postura y prestará su apoyo a estas enmiendas que acabo de exponer. Y si de verdad el Gobierno pretende, como también dijeron hace solo una semana, reforzar la figura del alquiler con opción a compra -una fórmula por cierto cada vez más utilizada especialmente por el colectivo de jóvenes-, el Grupo Parlamentario Socialista apoyará nuestras enmiendas números 12 y 36 que van dirigidas a reducir el tipo de IVA al 7 por ciento en el caso de viviendas libres y al 4 por ciento en las de protección oficial y apoyarán la posibilidad de tener derecho a la deducción en el IRPF también para quienes optan por el arrendamiento con opción de compra.


Hemos presentado, además, enmiendas para promover el ahorro a medio y largo plazo por parte de las familias, introduciendo una nueva deducción del 10 por ciento, con un límite de 10.000 euros anuales, y mejorando la tributación aplicable a los fondos y planes de pensiones como instrumentos de ahorro a largo plazo, evitando la penalización que supone la tributación como rentas del trabajo. Esto es lo que pretendemos con las enmiendas números 29 a 35.


Por último me referiré a la enmienda número 19, con la que proponemos la supresión de los epígrafes sexto a noveno del apartado 5.1 del artículo 8. Decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que al presentar este catálogo de enmiendas nos estamos extralimitando, pero lo cierto es que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, tal y como él mismo decía, han endurecido el régimen fiscal para el tema de las motocicletas o el de las entidades sin fines de lucro, es decir que se han extralimitado para subir impuestos. Permítannos al menos que si nosotros nos extralimitamos, sea para bajarlos.


Parece incomprensible -y vuelvo a la enmienda número 19- que el Gobierno se niegue a adoptar tantas medidas necesarias para impulsar nuestro crecimiento y sin embargo aproveche este proyecto de ley para introducir un elemento discriminatorio para quienes eligen la motocicleta como sistema de transporte. Choca, además, con el avance de la motocicleta como transporte más económico y sostenible, así como con los criterios actuales en temas de movilidad urbana.


Solicitamos, pues, el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista para todo este bloque de enmiendas a nuestro proyecto de ley.


Nada más, y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


A continuación pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Belda.


El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente.


Coalición Canaria -luego intervendrá otro representante del Grupo Parlamentario Mixto- va a apoyar este proyecto de ley y sus diversas medidas tributarias, pues entendemos que sirven para reactivar la actividad económica. En concreto la bonificación del cien por cien de la obligación personal y real de contribuir en el Impuesto sobre el Patrimonio hace que este impuesto, que nació con carácter extraordinario y con objetivos censales, se convirtiera en recaudatorio, formando parte hoy día de la financiación de las comunidades autónomas. Con esta bonificación disminuye esta financiación, con lo cual, y de acuerdo con el artículo 2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, esta recaudación ha de ser compensada por el Estado, entendiendo que no se pretende subordinar esta compensación en relación con el proceso de reforma del sistema de financiación de comunidades autónomas, sino que ha de ser una medida unilateral del Estado y con carácter inmediato para no crear problemas de tesorería a las comunidades autónomas.


Nosotros vamos a apoyar las modificaciones que afectan al régimen económico y fiscal de Canarias, dado que el Parlamento de Canarias ha manifestado su informe favorable, al menos en relación con la enmienda que ha sido transada y presentada por Coalición Canaria. También vamos a apoyar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista relativas al régimen económico y fiscal de Canarias, pero asimismo entendemos que, una vez aprobadas, deberían solicitarse nuevos informes al Parlamento de Canarias, de conformidad con lo que dispone la disposición adicional tercera de la Constitución y el artículo 46.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias. Por todo ello, vamos a apoyar este proyecto de ley. Me gustaría decir, para finalizar, que ese deseo expresado por el portavoz del Grupo Socialista de colaborar en la gobernabilidad de Canarias fuera una realidad, porque sinceramente no creo que esa sea la actitud que sus propios compañeros de partido están manteniendo en Canarias, a diferencia de lo que responsablemente sí hacemos desde Coalición Canaria en las Cortes Generales cuando es necesario colaborar en la gobernabilidad del Estado. (Rumores.)

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Tuñón.


El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Buenas noches, señor presidente.


Voy a hacer una defensa del Impuesto sobre el Patrimonio porque creo que todavía tiene actualidad, y voy a intentar explicarlo muy brevemente.


El Impuesto sobre el Patrimonio es el impuesto, como bien saben ustedes, tenaza o de control, cuya finalidad no es estrictamente recaudatoria, sino facilitadora de la gestión del IRPF y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Por ello es preciso que se crucen efectivamente los datos entre los tres impuestos para que sea eficaz.


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Creo que hay muchas dudas sobre este impuesto, y algunos ya lo han dado como un impuesto obsoleto, y muchas veces la primera duda viene de su propia existencia y su posible carácter confiscatorio, en la medida que se arguye que se grava al mismo tiempo la renta y la fuente de la renta.
Yo aquí objeto que resulta un axioma, creo que indestructible, la existencia de una capacidad económica añadida por el mero hecho de la posesión de un patrimonio. Yo creo que la estructura de este impuesto hubiera necesitado una adecuación -que no necesariamente pasa por la supresión- a la realidad económica y social de nuestros tiempos.


La tenencia de un patrimonio demuestra una capacidad económica adicional a la derivada de la obtención de unos rendimientos. Mantener vivo este impuesto se ajusta perfectamente a los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad. Pienso que debería analizarse un aumento de los mínimos exentos en este impuesto combinados con una reducción de la tarifa, de tal modo que se dirigiera hacia los patrimonios más elevados.
El impuesto quedaría convertido, como se ha hecho en otros países como Francia, en un impuesto sobre las grandes fortunas, y además ese impuesto con esto apenas perdería su capacidad recaudatoria. Considero esta medida más progresista que la supresión de este impuesto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Corcuera.


El señor CORCUERA MUGUERZA: Gracias, señor presidente.


Voy a ser breve. Simplemente quiero decir que mi grupo no ha presentado enmiendas a este proyecto porque el aprobado en el Congreso ya recogía una enmienda del grupo nacionalista, transaccionada y aprobada por todos los grupos parlamentarios. Por eso, vamos a aprobar este proyecto de ley, más las enmiendas transaccionadas y aprobadas por todos los grupos en el Senado.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.


El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, solamente quiero confirmar lo que he dicho en mi intervención anterior. Vamos a apoyar este proyecto de ley porque entendemos que es positivo globalmente y en un momento específico como el de ahora, en el que estamos viviendo la situación económica que estamos viviendo.


Dicho esto, a pesar de que hemos llegado a acuerdos muy amplios con el Grupo Socialista, mantenemos vivas seis enmiendas, que pondremos a votación para intentar sacarlas adelante, y acabamos de complementar una serie de elementos que entendemos importantes que podrían mejorar esta ley.


Nada más, y muchas gracias, señor presidente, y señoras y señores senadores.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Entesa, tiene la palabra la señora Alberich.


La señora ALBERICH CANO: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, como saben, el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés es heterogéneo, dentro del cual se integran diferentes sensibilidades de la política de izquierda catalana.


En el turno de defensa de las enmiendas han podido escuchar una de ellas, y yo voy a tratar de explicarles la posición de la mayoría del grup en este turno de portavoces. Al finalizar mi intervención expondré cuál es nuestra posición en función de las enmiendas y del proyecto de ley del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.


Pues bien, señorías, más allá de las adecuaciones de normativas y directivas europeas, este proyecto de ley nace de los compromisos adoptados por el Gobierno en el Plan de Estímulo Económico y que en materia tributaria contenía tres propuestas clave: la deducción de 400 euros del IRPF, la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio y la modificación de la Ley del IVA para permitir su devolución mensual. Con la primera, el Gobierno inyectó 16.500 millones de euros a las familias para potenciar su consumo privado; con la segunda, que hoy ratificaremos en este proyecto de ley, los contribuyentes se ahorrarán 1.800 millones de euros al año. ¿Por qué eliminar el impuesto? Porque ya no cumple el objetivo con el que se creó, porque no es un buen sistema censal ni de control del IRPF, ni consigue una mayor eficacia en la utilización de los patrimonios. Pero desde una posición ideológica lo más importante es que en estos momentos el Impuesto sobre el Patrimonio grava a las clases medias y no a las más pudientes, es decir, a aquellas clases medias que ahorran, que pagan por sus ahorros, que serán más o menos modestos, pero seguramente no excesivos, y aquellas grandes fortunas eluden sus compromisos y sus responsabilidades. Pero además, porque, como ya he dicho y vale la pena repetir, añadimos 1.800 millones de euros a la renta disponible de las familias.


Desde abril de 2008, el Gobierno ha aprobado en la deducción del IRPF -que ya ha beneficiado y beneficiará en 2009 a 8,5 millones de hogares- la actualización de mínimos personales en este impuesto, que está suponiendo un ahorro de 400 millones de euros, y las deducciones fiscales en el mismo impuesto, que empezarán a recibir las familias en el próximo año.


La eliminación de este impuesto ya anticuado y carente de significación es la aplicación efectiva de una medida de entre las que ya he comentado forman parte del Plan de Estímulo Económico del Gobierno. Dentro de ellas también se encuentra otra de las modificaciones que hoy aprobaremos y es la de los plazos en la devolución del IVA. Con la aprobación de este proyecto todas las empresas podrán

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optar a la devolución del IVA mensualmente. Se calcula que podrán avanzar 6.000 millones de euros y entre 1,2 millones de empresas. Esta medida es, sin duda, un apoyo más a la pequeña y mediana empresa en nuestro país.


Como les decía, para nosotros estos serán los puntos más destacables de este proyecto de ley. No obstante, quiero reseñar dentro de la misma línea y refiriéndome a las medidas anticrisis que el proyecto incorpora también las medidas pactadas por el Gobierno con el sector del transporte por carretera, con el objetivo de paliar los efectos de la subida del combustible.


Estos días, señorías, estamos viviendo reacciones lógicas al retraso que está teniendo la propuesta de nueva financiación de las comunidades autónomas. Afortunadamente, este texto incorpora ya una enmienda introducida en el Congreso, en la que se pedía reflejar el compromiso de compensación de las comunidades autónomas del Impuesto sobre el Patrimonio. Esta es una mejora que Entesa Catalana de Progrés valora muy positivamente porque en estos momentos, que, como decía antes, están siendo duros para las cuentas públicas, es importante que el Gobierno se comprometa a compensar el menor ingreso en todas las comunidades.


Como decía al principio, esto es lo que piensa la mayoría del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. La mayoría del grupo va a aprobar la totalidad del texto, pero como saben ustedes, seguido de enmiendas presentadas, que paso a comentar.


El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés retira las enmiendas números 59, 60, 62, 64 y 65 que había presentado Esquerra Republicana de Catalunya y mantiene vivas las números 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61 y 63, y pide votación separada de las enmiendas números 53 y 63 del resto de las enmiendas que se mantendrán vivas.


Muchas gracias, señorías. Espero haber aclarado la posición de mi grupo parlamentario.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Gordo.


El señor GORDO PÉREZ: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular no ha venido a este hemiciclo a debatir el fondo del proyecto de ley que discutimos. Ha escenificado su reforma fiscal a bombo y platillo y ha hecho un conjunto de guiños a distintos sectores. Desde luego, si tuviesen ustedes la posibilidad de aplicarla, llevarían al Estado a la quiebra, especialmente en lo referente a todas las políticas de bienestar social.


Con estas propuestas ustedes demuestran su falta de sentido de Estado, y, además, parten de la premisa de que bajando los impuestos la inversión empresarial será mayor. No se ha constatado que esto sea así, y ahí están los datos de la Agencia Tributaria y también del Fondo Monetario Internacional, que hasta hace pocos días presidía el anterior vicepresidente Rato, que hacen mención especial a no aplicar las deducciones de impuestos como una medida para avanzar en la consistencia del sistema fiscal.


Señorías, no es el momento de hacer experimentos fiscales, pero sí de dar confianza a la economía, de eso que pide de palabra el señor Cristóbal Montoro pero que después ustedes, en una y otra transacción, hacen todo lo contrario.


El otro día se nos habló del presupuesto y de la referencia a este que hacía Fuentes Quintana como la expresión cifrada de ingresos y gastos.
Con el conjunto de medidas que ustedes han puesto aquí de manifiesto, sin duda, habría una importante reducción de los ingresos. Pero cuando estos se reducen y hay que mantener el equilibrio con los gastos, habrá que reducir gastos. ¿Dónde los van a reducir? Si hay algo que nosotros, los socialistas, llevamos a gala es la defensa de las personas más desfavorecidas y con un planteamiento como el que ustedes hacen, sin duda, salen perdiendo las personas con menos ingresos. Prueba de ello es que en sus propuestas plantean una reducción del 4 por ciento del IVA para asistencia y servicio a discapacitados, pasando del 7 por ciento actual para entidades públicas y entidades de servicios sociales a un 4 por ciento; plantean también equiparar el arrendamiento con opción a compra en la vivienda libre, así como reducir la base y el tipo de deducción de la vivienda habitual, cuando hace prácticamente dos años hicimos una reforma fiscal que ha permitido esta reducción y, recientemente, en el Reglamento hemos reducido un 2 por ciento para aquellos que ganan menos de 33.000 euros.


Señorías, hemos avanzado en enmiendas transaccionales y hemos conseguido un acuerdo sobre libertad de amortización. Quiero hacer referencia a que el Gobierno se ha comprometido a analizar la integración de las bases imponibles de los ajustes contables y a reducir el concepto de pérdidas por deterioro de valores representativos.


En relación con las enmiendas sin acuerdo, he de decirles que la supresión del gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio es una medida obligada. En este momento el Impuesto sobre el Patrimonio ha perdido su neutralidad fiscal al haberse introducido distintas exenciones con respecto a aquellos patrimonios que están afectos a la actividad económica. Con la supresión del gravamen damos un paso importante y, al mismo tiempo, mantenemos las reglas de valoración.


Tengo que decirles también que consideramos importante la retirada de la enmienda relativa al comercio minorista, entre otras cosas porque no hay ninguna razón en estos momentos para no respetar una negociación libre entre partes, que es una de las cuestiones que afecta esta enmienda.


Del mismo modo pensamos que el Impuesto de las motocicletas grava en función de la emisión de CO2, pero al mismo tiempo también contribuye a disminuir la siniestralidad. Estamos teniendo muchos accidentes, especialmente en aquellas motocicletas con una potencia superior a 100 caballos.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Angulo.


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La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


Empezaré por el final, contestando al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Decía que hemos presentado nuestra reforma fiscal. Sí, señor portavoz, porque la tenemos, porque tenemos una propuesta fiscal que ofrecer y porque no nos han dejado presentarla -le vuelvo a decir- en proposiciones de ley, y el Gobierno, mostrando su disconformidad, ha impedido que esta Cámara debata siquiera su toma en consideración, y hemos tenido que aprovechar hoy la oportunidad para hacerlo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista nos ha dicho también que nadie dice que bajando impuestos se pueda conseguir más recaudación y dar solución a una parte importante de la crisis. Sí, señor portavoz, lo dice la experiencia. El Partido Popular bajó los impuestos, bajó el IRPF de manera importante en los años 1998 y 2001, aplicó un tipo reducido en el Impuesto sobre Sociedades (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.), y no nos llevó a la quiebra, señor portavoz, sino a lo que fue considerado el milagro económico español.
(Rumores.) Esa es la diferencia entre nosotros y ustedes.


El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Pero no es solo la experiencia, lo ha dicho también esta misma semana el director gerente del Fondo Monetario Internacional. El señor Strauss-Kahn dice que no está convencido de que las políticas que se están implantando en España para encarar la crisis sirvan para impulsar el crecimiento; sin embargo, recomienda aplicar estímulos fiscales, sobre todo a la vivienda -como nosotros proponemos hoy-, a los hogares con ingresos más bajos -como nosotros proponemos hoy-, y habla de recorte de tasas impositivas a las empresas -como propone hoy el Grupo Parlamentario Popular.


Mi grupo ha apoyado ya de hecho con nuestra firma una serie de enmiendas transaccionales. Anteriormente se decía que había que hacer una política del Estado y arrimar el hombro. Desde luego, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado está siempre apoyando todas aquellas propuestas que considera positivas y que pueden dar salida a un sector o soluciones a determinados problemas. Por ello, apoyamos la enmienda transaccional del senador Belda, que hemos firmado al final.


La enmienda número 60, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, relativa al gasóleo agrícola y ganadero, se ha retirado.


Vamos a apoyar también las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, porque hacemos una política de Estado y no decimos hoy lo contrario de lo que decíamos ayer ya que coinciden exactamente con enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado presentó hace escasamente unos meses a los Presupuestos Generales del Estado y a las que seguramente ustedes, no haciendo en absoluto política de Estado, votaron en contra.


Vamos a apoyar también las enmiendas números 76 y 77, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, coincidentes con nuestras enmiendas números 39 y 40, relativas a los contratos de distribución. Como digo, apoyamos todo aquello que consideramos necesario para proteger a un sector en esta situación de crisis. Pero tenemos que decir que no nos resignamos a insistir y a pedir su apoyo para la aprobación de enmiendas que consideramos importantes. Importante es aprobar hoy un tipo reducido en el Impuesto sobre Sociedades para las pequeñas y medianas empresas.


La crisis de competitividad que están padeciendo las empresas -de la que el Gobierno ya pasó palabra durante los cuatro años anteriores-, la crisis financiera y las consiguientes restricciones al crédito y los problemas de morosidad derivados están provocando un deterioro de nuestro sector productivo que es absolutamente necesario corregir. (Rumores.) Puede que ustedes no lo consideren importante y que nos extralimitamos, pero entendemos que un millón de parados más solo en un año y una Seguridad Social que ha perdido cerca de 700.000 afiliados justifican de sobra esa bajada del tipo en el Impuesto sobre Sociedades, así como de forma absolutamente clara la recuperación de un sistema de incentivos fiscales, que eliminaron sin motivo y que podría estar provocando, como he manifestado en mi primera intervención, que empresas que pudieran estar pensando invertir en España en actividades de I+D+i ya no lo hagan yse vayan fuera de España a invertir en otra parte, porque aquí no ven un Gobierno que reaccione, un Gobierno que reconsidere el error que cometió.


Por ello, decimos que echamos de menos medidas que incentiven la inversión, medidas que reduzcan la fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas, que favorezcan a los pequeños ahorradores o que contribuyan a aliviar la situación de las familias.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya. (Rumores.)

Silencio, por favor.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.


Esta misma semana, en la agencia de noticias económicas Bloomberg podíamos leer: «Zapatero condena a su mejor generación a la bancarrota». Y es verdad, hoy, con su negativa a apoyar nuestras enmiendas, el Gobierno está dando la espalda a los jóvenes en materia de empleo, en materia de vivienda y en tantas otras que podrían haber sido una apuesta de verdad en el proyecto de ley que aprobamos esta tarde.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Pasamos a votación. (La señora Alberich Cano pide la palabra.)

Tiene la palabra su señoría.


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La señora ALBERICH CANO: Gracias, presidente.


Quiero plantear una cuestión de orden simplemente para pedir la votación conjunta de la enmienda número 2, del BNG, y de la enmienda número 52, del Grupo Parlamentario Catalán Entesa Catalana de Progrés, y la votación separada de las enmiendas números 53 y 63, del Grupo Parlamentario Catalán Entesa Catalana de Progrés. (Pausa.)

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL SEXAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS. (Número de expediente 630/000003).


El señor PRESIDENTE: Antes de proceder a la votación, voy a leer la declaración institucional -se me ha pasado- con motivo del sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, firmada por todos los grupos parlamentarios.


Señorías, hace 60 años se pusieron los cimientos de las normas internacionales de protección de los derechos humanos, con la aprobación de la Declaración Universal. En este acto se afirmó de forma universal y por primera vez en la historia que la dignidad y la igualdad son caracteres inherentes a los seres humanos. Seis décadas después, el contenido de la Declaración Universal se ha convertido en un referente de la sociedad internacional contemporánea, consagrando una serie de valores que día a día se han hecho universales a pesar de los ataques sufridos bajo la excusa del relativismo.


La Declaración Universal ha servido de inspiración para muchas constituciones que, como la española, sitúan la igualdad, la libertad y la justicia en lo más alto de la escala de valores que inspira su ordenamiento jurídico. Sin embargo, aún no se ha conseguido el objetivo que se propusieron los redactores de la Declaración. Todavía millones de personas siguen viviendo con temor y en la miseria y, en definitiva, sin ver reconocida su dignidad como seres humanos. Por ello, es necesario redoblar los esfuerzos para lograr que todos conozcan y comprendan cuáles son sus derechos y cómo pueden defenderlos. Así, el Senado de España insta al Gobierno a que reafirme su compromiso con la defensa de la dignidad e igualdad de todos los seres humanos, continúe con su política de refuerzo de los instrumentos de promoción y defensa de los derechos humanos, a fin de que estos sean conocidos y comprendidos por todos sus beneficiarios y participe activamente en los procesos de negociación de todos aquellos instrumentos internacionales relacionados con la protección de los derechos humanos.


Gracias, señorías. (Aplausos.)

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Continuación.)

-- DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE SUPRIME EL GRAVAMEN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO, SE GENERALIZA EL SISTEMA DE DEVOLUCIÓN MENSUAL EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO Y SE INTRODUCEN OTRAS MODIFICACIONES EN LA NORMATIVA TRIBUTARIA. (SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA) (Número de expediente Senado 621/000007 y número de expediente Congreso 121/000008).
(Votación.)

El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a la votación del proyecto de ley por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el valor añadido y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria.


Votamos la propuestas de modificación sobre la base de las enmiendas números 1, 66, 67, 69, 70, 71 y 74, firmadas por todos los grupos parlamentarios.


¿Se pueden aprobar por asentimiento? (Asentimiento)

Quedan aprobadas.


Asimismo, sometemos a votación la propuesta de modificación sobre la base de la enmienda número 78 de Convergència i Unió, firmada por cinco grupos parlamentarios, a excepción del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 256; a favor, 133; en contra, tres; abstenciones, 120.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos a continuación las enmiendas.


En primer lugar, la número 2 del Grupo Parlamentario Mixto.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 257; a favor, ocho; en contra, 243; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos, en primer lugar, las enmiendas números 68, 73 y 75 de Convergència i Unió.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 257; a favor, seis; en contra, 131; abstenciones, 120.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas número 72, 76 y 77 de Convergència i Unió.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 257; a favor, 127; en contra, 130.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos, a continuación, las enmiendas del Grupo Parlamentario de la Entesa.


En primer lugar, las números 49 a 51, 54 a 57, 61 y 62.


Se inicia la votación. (Pausa)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 257; a favor, tres; en contra, 124; abstenciones, 130.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos, a continuación, la número 52.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 256; a favor, cinco; en contra, 244; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la número 53.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 257; a favor, siete; en contra, 123; abstenciones, 127.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos, a continuación, la número 63.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 257; a favor, cinco; en contra, 121; abstenciones, 131.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la número 58 del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 257; a favor, 122; en contra, 126; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, votamos, a continuación, las enmiendas números 41 a 48 del Grupo Parlamentario Socialista.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 257; a favor, 252; en contra, cuatro; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, las números 3, 5, 6, 8 a 10; de la 12 a la 18 y de la 20 a la 38.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 256; a favor, 123; en contra, 127; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos, a continuación, las números 19, 39 y 40, del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 257; a favor, 127; en contra, 130.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos, a continuación, las números 4, 7 y 11 del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 257; a favor, 123; en contra, 134.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A continuación, votamos las enmiendas técnicas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista en comisión.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 257; a favor, 255; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos el resto del proyecto de ley.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 257; a favor, 131; en contra, dos; abstenciones, 124.


El señor PRESIDENTE: Señorías, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, daremos traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas de forma previa a la sanción del texto definitivo por su majestad el Rey.


Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve y media de la mañana.


Eran las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos.

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